En la que ya parece una de las novelas del verano, la causa en la que se investiga un presunto espionaje ilegal dentro del gobierno santafesino sumó un nuevo capítulo esta semana. Es que luego de que trascendieron algunos nombres de las supuestas víctimas, se conoció un listado de 661 personas, sobre las que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández pidieron información al fiscal regional Carlos Arietti, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad.

Los nombres, apellidos y números de identificación de las 661 personas constan en un oficio, fechado el pasado 15 de diciembre, al que tuvo acceso este medio. En él hay figuras de la política, referentes del sistema judicial, abogados, policías, empresarios y algunos periodistas. También hay CUITs de industrias, medios, cooperativas, clubes, municipalidades, sindicatos, concesionarias y constructoras.

Entre esa nómina, aparecen el actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna; el ex titular de esa misma cartera y hoy diputado, Maxi Pullaro; dos hermanos de Pullaro; la Municipalidad de Venado Tuerto; y el asesor, Daniel Di Lena.

¿El padre la polémica? Ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain

Se infiere que el listado -que los fiscales definen como el primero de otros que podrían agregarse- surge como resultado de las pesquisas realizadas por los fiscales, pero en rigor de la verdad, tanto Jiménez como Hernández no han revelado mayor información sobre su investigación. Tras la irrupción en la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario a fines de noviembre, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solo se limitaron a decir -a través de un comunicado difundido días después- que se corroboró “gran cantidad de evidencia”, pero no mucho más.

Por su parte, los funcionarios implicados siempre señalaron que nunca se realizó ningún tipo de tarea de espionaje o ilícito similar, sino que siempre se trató de búsqueda de información -dentro del marco de la ley- para investigaciones criminales. En su momento, en una entrevista con El Litoral, Sain negó la acusación, y además de definirse como víctima de “lawfare”, aseguró que todas las investigaciones se hicieron en el marco de asistencia a la Justicia, en el caso de personas involucradas en causas judiciales. “Otra cosa es decir ‘vamos a hacer el perfilamiento de determinada persona’ y buscar información de sus cuentas, de sus propiedades, eso es ilegal. Y negamos rotundamente ese tipo de actividades”, sostuvo.

De la política al mundo empresario

El lector puede recorrer por sí mismo el listado de 661 nombres, que se deja como elemento agregado al final de esta nota. Como se comprueba, hay figuras relevantes de la política, como el ex gobernador Antonio Bonfatti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el diputado nacional Roberto Mirabella, y los diputados provinciales Paco Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro. Pero también varios integrantes del propio gobierno santafesino: desde el presidente del directorio de la EPE Mauricio Caussi hasta funcionarios de tercera línea del Ministerio de Seguridad, pasando por el ex titular de Asuntos Penitenciarios Jorge Bortolozzi (hoy secretario de Seguridad Pública).

También se incluyen importantes referentes del sistema judicial. Se puede visualizar el nombre de los fiscales Matías Edery, Adrián Spelta, Aquiles Balbi y Gabriela Lema, así como también del juez federal Marcelo Bailaque y la ex magistrada Laura Cosidoy. Está asimismo la jefa de la Policía Emilce Chimenti.

Varios abogados penalistas están en la nómina. Entre ellos el defensor de Luis Peiti, Luis Rossini, y el de varios integrantes de la banda Los Monos, Carlos Varela. También sus colegas Gustavo Feldman, Jorge Bedouret y Paul Krupnic.

El rubro de los negocios también está presente. La nómina muestra al titular del Grupo Oroño Roberto Villavicencio, la familia Quaranta -dueña del Sanatorio de la Mujer-, el ex líder del Cordón Industrial Herme Juárez, el metalúrgico Orlando Castellani y el gastronómico Roberto Dutra, entre otros.

Ni confirman ni desmienten

“No vamos a confirmar ni desmentir oficialmente esa lista”, señalaron importantes fuentes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, luego de que se difundiera un listado de 661 nombres de personas, instituciones y empresas que podrían haber sido investigadas en forma ilegal durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad provincial.

Si bien es cierto que existe una causa penal que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos de la Regional Nº 1, también es claro que ninguno de los dos, ni de su superior, el fiscal Regional Carlos Arietti, accedieron a ampliar ni confirmaron la información en danza.

No obstante, fuentes de su entorno recordaron que “la hipótesis de trabajo es sobre la recopilación de información de personas, instituciones y empresas sin un justificativo legal” y que para ello “estamos chequeando si esas personas y empresas fueron o no víctimas”. Es así que “si eso se confirma, esas personas se van a enterar” a su debido tiempo.

“Con lo cual, a la preocupación de algún empresario o directivo de firmas que tengan la sospecha de que han sido investigados, que esperen; tenemos que chequear si son o no víctimas”, reiteraron.

Violación de secreto

En tanto, como es de público conocimiento, puertas adentro de la fiscalía, confirmaron que tras conocerse algunos nombres de funcionarios apuntados en la lista “hubo dos presentaciones”, en referencia a las realizadas por el diputado Maximiliano Pullaro y el ex funcionario del Socialismo, Pablo Cococcioni. “Pudo haber habido otras que no fueron publicadas todavía”, previnieron.

Y si bien la fuente fue contundente al reiterar que “la investigación está bajo reserva”, confirmó a su vez que “se inició una investigación penal preparatoria por violación de secreto”. En tal sentido aclararon que “no es contra los periodistas” que difundieron la lista “sino contra el funcionario público” que podría haberla filtrado.

A propósito, aclararon que “hubo una diligencia investigativa que implicó verificar en toda la provincia si esas personas e instituciones eran objeto de una investigación” y por ende “dada la magnitud de la investigación hay otra gente que accede”.

Modus operandis

Por otra parte, fueron contundentes al destacar que la investigación no trata sobre “escuchas ilegales” sino que refiere a otras formas de recopilación de información, ya sea personal y de vida social (a través de redes sociales); patrimonial (mediante la incursión en asientos del Registro de la Propiedad); contratación de servicios (como la EPE, etc); sobre viajes y salidas del país (Oficina de Migraciones) y otros ítems por el estilo.

Recientemente, el MPA recibió informes del Registro de la Propiedad y de Catastro provincial, a cuyos organismos se les requirió “conocer desde qué claves se hicieron consultas puntuales” para luego determinar “desde qué usuarios e IP se hicieron y cuál fue la finalidad”.

Marco legal

La investigación fiscal se enmarca en la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional; así como por los delitos de “asociación ilícita”, “malversación de caudales públicos” y “violación de secreto”.

Puntualmente, la ley de Inteligencia Nacional prescribe en su Artículo 4to. Inciso 2do. que “ningún organismo de inteligencia podrá” (…) “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

En tanto, el artículo 43 ter del mismo cuerpo legal reprime “con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520”.

Además señala que “Incurrirán en el mismo delito quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que realicen acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520”, según artículo incorporado por art. 23 de la Ley N° 27.126 B.O. 05/03/2015.

Sur 24 / El Litoral / Julian Salerno / Juan Chiummiento

Por Emerio Agretti e Ivana Fux (El Litoral)

El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain negó “rotundamente” que en la cartera que encabezó hasta marzo se hayan llevado operaciones de recolección de datos por fuera de causas judiciales. Dijo que se trató claramente de un operativo en su contra, y reivindicó al gobernador Omar Perotti.

En una entrevista con El Litoral, Sain descartó por completo que en su gestión se hayan producido “carpetazos”, entiendo por tales “seguimiento físico e informático de empresarios, dirigentes políticos, periodistas, para despues apretarlos, extorsionarlos. Eso es violatorio de la ley de Inteligencia nacional, está procesado el ex presidente Mauricio Macri por ese delito”.

– ¿Pero se hacía recopilación de datos?

– Lo que nosotros hemos hecho desde el Ministerio de Seguridad, que está dentro de sus funciones, es analizar las problemáticas criminales, para dos cosas fundamentales. Una es formular políticas de seguridad. Si uno no conoce el ámbito criminal, dificilmente pueda elaborar estrategias. Y en segundo lugar, y esto ya más vinculado a las causas judiciales, para abastecer a la Justicia de los requerimientos que la Justicia hace a las distintas reparticiones.

Muchas de las investigaciones sobre estructuras criminales complejas, han tenido la intervención de la Policía provincial a traves de distintas unidades: Asuntos Internos, Agencia de Investigacion Crimanal, Agencia de Control Policial. A veces de manera conjunta con el Organismo de Investigaciones, a veces con otras fuerzas federales. Todo eso requiere un análisis, tareas de perfilamiento, eso es parte de la función propia de la investigación criminal. Pero eso no es espionaje ilegal. Espionaje ilegal sería el seguimiento de personas en un sentido integral por razones ajenas a una causa judiciales.

-¿O sea que sí se hacían perfilamientos de personas, pero siempre vinculados a causas judiciales?

– Pero es que tiene que ser así. Cuando uno tiene una orden judicial, y se investiga a un determinado número de personas, eso es lo que hay que hacer: qué propiedades tiene, si tiene armas, conocer el recorrido de policías que eran investigados por hechos de corrupción o abusos. Datos que además se recaban sin necesidad de autorización judicial. Éso es investigar, si no ¿qué es investigar?. En cambio, si hay que acceder a las cuentas de una persona o interceptar el teléfono, éso sí solo puede ser hecho con autorización judicial.

– Y estos perfilamientos no incluyeron a personas no vinculadas a causas judiciales…

– Para nada. Siempre en el marco de asistencia a la Justicia. Otra cosa es decir “vamos a hacer el perfilamiento de determinada persona” y buscar información de sus cuentas, de sus propiedades, eso es ilegal. Y negamos rotundamente ese tipo de actividades.

– Usted habló de “lawfare”, de persecusión política, de un intento de “golpe blando” contra el gobierno provincial. ¿Cuál es la causa de todo ésto?

– Es el vuelto por las grandes investigaciones que nosotros llevábamos adelante. ¡Si fue la gestión ministerial y la gestión dentro del Organismo de Investigaciones que hizo las más importantes investigaciones de los últimos tiempos!. Yo fui el denunciante de la causa Oldani, por intermediación financiera ilegal, que es un delito federal, y operaciones de lavado de dinero. Y hoy hay procesamientos firmes. Entonces, no estábamos tan equivocados cuando decíamos que ahí había algo más complejo que una agencia de viajes. Y a esa investigación la tuvo la Fiscalía Regional de Santa Fe durante seis meses, sin avanzar en nada, no secuestraron el dinero que estaba allí. Pero después en la investigación terminan apresando a un farmacéutico inocente, al que quisieron presentar como el autor intelectual del homicidio.

– Usted habló de enemistad manifiesta del fiscal regional Carlos Arietti. ¿Lo mismo corre para los fiscales Hernández y Jiménez, que llevaron a cabo el operativo?

– Son fiscales que responden a Arietti, y sin dudas también tienen una enemistad manifiesta. Lo que han hecho el viernes es un allanamiento ilegal, sin orden judicial y sin testigos, requisando teléfonos, carteras y maletines, y secuestrando bienes personales de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad. Eso da cuenta de una ilegalidad flagrante. Allanaron las oficinas contiguas a las del ministro, en un lugar que no es restringido, donde estaban “funcionarios de Sain”. Pero yo no soy ministro desde marzo. El ministro es Jorge Lagna, que durante el allanamiento estuvo reunido con los fiscales en la oficina de al lado. La pregunta es, si ahí funcionaba una central de inteligencia: ¿por qué no le secuestraron el teléfono al ministro? Él estuvo ocho meses circulando por esas oficinas donde supuestamente se hacía espionaje ilegal. Si ahí se estaban rompiendo pruebas, lo estaban haciendo en la cara del ministro. Entonces, ¿por qué no le secuestraron el teléfono a él? Es una pregunta técnica. Pero lo que pasa es que ésto fue claramente un operativo perfilado contra Marcelo Sain, un lawfare contra mí, que hace meses que no entro ahí. Y aparte, por una cuestión de sentido común: si hubiésemos montado una central de inteligencia, no lo húbieramos hecho a 20 metros de la oficina del gobernador, en una oficina pública y despúes ‘uy, nos olvidamos las carpetas allí’.

– ¿El gobernador estaba al tanto de todo lo que usted hacia como ministro?

– Por supuesto, yo no hice nada que no estuviera dentro del marco de los lineamientos de política pública y de las directivas del gobernador, como todos los ministros.

– ¿Como vio el hecho de que el gobernador deje todo en manos de la Justicia, y abra una investigación interna? ¿Esperaba una mayor defensa?

– Yo creo que lo que Perotti dijo es correcto, lo que hizo es correcto. También se debió haber hecho en otras ocasiones, como en el caso del senador Armando Traferri, que se niega a ser imputado pese a la enorme cantidad de pruebas que hay en contra de él y denuncia a los fiscales. Yo creo que el gobierno debería haber sido contundente en la condena a esa actitud.

– ¿Cómo tomó la renuncia masiva de sus funcionarios?

– Ellos son gente grande, que decidió respaldar a la gestión de Perotti quedándose después de mi renuncia para asistir al ministro Lagna. Y esto fue algo aceptado y convenido con el gobernador Perotti, sobre quien tenemos un enorme cariño y reconocimiento personal y político. Es una buena persona, una persona honesta, a la que vale la pena apoyar. Lo que pasa es que en los últimos meses se había construido la tesis del complot. Y la verdad es que estos funcionarios estaban haciendo un sacrificio enorme en el Ministerio de Seguridad, que no era la embajada argentina en Noruega, sino un trabajo con salarios iguales a los de la universidad pública, y donde hay que poner el pecho a cuestiones complejísimas por las que no tiene que atravesar ninguna otra cartera de Seguridad. Ese enorme sacrificio no puede ser interpretado como que está desestabilizando la gestión gubernamental. Entiendo que sintieron que estaba agotada la gestión y ya había decidido dejar los cargos, no hay nada extraño allí. Ya estaban ordenando los papeles para irse.

Luis Rodrigo

El Litoral

Consultados por El Litoral, cuatro senadores provinciales aceptaron brindar expresiones sobre la noticia de la investigación que llevan adelante los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, en la que esta semana se desarrollaron una suerte de allanamientos en las sedes del Ministerio de Seguridad en busca de pruebas por la existencia de carpetas con perfiles personales de dirigentes políticos, empresarios y periodistas que provendrían de la gestión de Marcelo Sain.

Los fiscales del MPA explicaron que no fueron allanamientos sino “recabación de documentación” en el ámbito público. El Ministerio de Seguridad ya para entonces contaba con una docena de funcionarios menos que renunciaron ante la investigación.

La búsqueda de documentación del MPA se precipitó porque los ahora ex funcionarios investigados estaban destruyendo documentación con la trituradora o directamente con fuego: esos despojos en papel fueron también parte del material incautado, así como celulares.

Tal como informó este diario se encontraron carpetas con datos de personalidades de distintos ámbitos de la provincia, con datos abiertos, pero también encriptados.

La acusación de espionaje sobre un gobierno provincial es inédita en la historia reciente de Santa Fe. Si se prueba que se ha violado la ley la ley nacional 25.520 que castiga con prisión el espionaje, y que define que esas acciones son incompatibles con las prácticas democráticas, más allá de lo que pueda suceder con los responsables materiales directos, la crisis institucional será aún mayor.

Contactos de barbijo a barbijo A los periodistas santafesinos que cubren la actividad política provincial les consta que, desde enero o febrero de 2020, hubo un cambio que algo indicaba en los habituales contactos extraoficiales o en las conversaciones en off que mantienen con dirigentes políticos.

Un cuidado extremo, extraño para Santa Fe, comenzó a ganar terreno entre legisladores opositores primero y de todos los signos políticos después. De pronto todos comenzaron a mantener unas condiciones de alerta y máxima prudencia en sus comunicaciones personales, como si hubiera micrófonos por todas partes…

Desde hace casi un par de años, como nunca antes, los dirigentes políticos santafesinos dejaron de hablar de temas espinosos en llamadas convencionales por teléfono. Ya casi no usan esa función del celular y mucho menos las viejas líneas telefónicas fijas. Cuando el tema es controversial se prefiere el contacto personal, la llamada por telegram, whatsapp o algún otro sistema similar. En medio de una pandemia que imponía la virtualidad, curiosamente se pedía hablar cara a cara, barbijo a barbijo.

En este espacio se dan a conocer las posiciones de quienes aceptaron hablar sobre el tema. Otros senadores también fueron consultados pero interpretaron que todavía no hay elementos informativos suficientes como para emitir una opinión o prefieren guardar silencio para que sus palabras no sean eventualmente mal interpretadas como alguna forma de presión a la actuación judicial. De todas formas, coincidieron en que con el correr de los días habrá un debate público respecto de un tema tan grave.

Michlig: “Este gobierno ha traspasado todos los límites”

El jefe del interbloque del radicalismo, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), dijo que está “muy preocupado por la situación que es de una gravedad institucional extraordinaria, a la que nos ha llevado el gobierno de Omar Perotti, con la conducción del ex ministro Sain”.

“A todos nos asombraba y nos alarma que esta gestión haya traspasado todos los límites: no se discute si hubo o no escuchas ilegales, sino que se haya hecho un espionaje ilegal para amedrentar, para intimidar, a periodistas empresarios, dirigentes políticos y dirigentes general”.

“Esperamos que el gobernador tome las medidas que correspondan y que encauce su gestión, que de verdad dialogue con la oposición y que comprenda que lo que estamos viviendo nunca nunca pasó en Santa Fe. No solo me refiero a esta causa de una gravedad institucional extraordinaria, también a la que investiga la justicia sobre la licitación para la compra de armas”.

“Lamentablemente, estamos ante una fiel expresión del kirchnerismo. Con prácticas autoritarias que nunca se llevaron adelante en Santa Fe, con funcionarios traídos desde Buenos Aires”, agregó.

“Es también preocupante que el gobierno pretenda minimizar o culpar a la oposición. Confiamos en la investigación judicial y la labor valiente de los fiscales. Esperamos que vayan hasta las últimas consecuencias y que ésto se aclare. Que caiga todo el peso de la ley ante cada uno de los responsables: no es común ver que han renunciado más de 10 funcionarios… También es inédito”.

“Queremos y esperamos que el gobierno recapacite. No puede el gobernador Perotti haber ignorado lo que pasaba. Por eso es tan grave. Necesitamos que no haya más maniobras tendientes a desviar la atención o a culpar a la oposición con ese absurdo de la conspiración”.

Lo que ocurre “también explica el empeño que puso el gobernador en imponer el veto a la ley que buscaba regular y transparentar los gastos reservados. Alimenta nuestras sospechas de que los gastos reservados se utilizaron justamente para estas prácticas ilegales”, advirtió.

Enrico: “Sain no apareció solo”

Lisandro Enrico (UCR-General López) es quien presentó la acusación contra Marcelo Sain por proselitismo al ocupar un cargo judicial, su denuncia formal finalmente determinó su destitución por parte de la mayoría (50 a 13) en la Legislatura.

Dijo que contaba solo con la información publicada por los medios y no se mostró sorprendido: “En términos políticos, vemos una instancia más de una matriz política que comenzó con el gobierno de Omar Perotti y que continúa. Es un pétalo más de la misma flor”, graficó.

Es un gobierno “cuya matriz política” consistió en tener “un vínculo de manera muy confrontativa, persecutoria, con la sociedad santafesina expresada en la oposición o represada en otros sectores políticos”, del propio partido de gobierno.

“Resulta que ahora la culpa es de los senadores, o que la culpa es de la Justicia… Siempre la culpa es de otros. En realidad, el gobernador debe asumir que Sain no llegó solo, que se lo designó, que se lo sostuvo y que se lo reforzó. El gobernador fue el responsable político de mantenerlo en el cargo, de que se siguiera esa línea, y el resultado está a la vista: dos años de una provincia paralizada por un gobierno lleno de problemas, sin agenda, sin brújula, con una crisis de seguridad enorme ante la que ni siquiera se ha gastado el 30% del presupuesto asignado, mientras los patrulleros y los servicios de prevención siguen faltando”.

“Pensemos, por ejemplo, en que la noche del tiroteo a comedores en Rosario había menos policías y había menos patrullajes… Me parece que lo que pasa Santa Fe tiene una una matriz política que arranca en el gobierno de la provincia”.

Pirola: “Degrada espiar para inventar causas”

Para el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) “la manipulación, el engaño, la puesta en escena de información falsa, para hacer política son formas de hacer que deben ser desterradas de manera absoluta, demasiado daño le han hecho a la sociedad el inventar causas y distorsionar hechos para crear descrédito y así hacerse un lugar para influir en la opinión y en la agenda política”.

“El espionaje y posterior manipulación de esa información para realizar falsas denuncias genera un daño social inimaginable, agravando todas las crisis por las que nos toca atravesar. Espiar para inventar causas degrada y pone en riesgo a toda la sociedad”, apuntó.

“Está demás decir que de consolidarse esta hipótesis que sigue la justicia, debemos ir a fondo y articular todos los mecanismos que brinda la ley para garantizar una reconstrucción política y social que hoy es ineludible”, reflexionó el vicepresidente segundo del Partido Justicialista de Santa Fe.

Gramajo: “En una cena se lo advertimos”

Como en otras oportunidades, el senador que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) expuso su “preocupación por la crítica situación institucional de la provincia no solamente con el tema de la inseguridad, sino que se le suma este tema del espionaje y las carpetas, que está severamente castigado por la Ley Nacional de Seguridad 25.520. Quiero señalar que muchos lo veníamos advirtiendo”, anticipó.

“Pienso que esa preocupación por la provincia que tenemos es compartida por la mayoría de los legisladores. Y que se plasmó, con los 50 votos a favor contra 13 negativos, en la Sesión Conjunta de ambas Cámaras para destituir al ahora ex jefe del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain”, señaló. Subrayó que “de ninguna manera se puede decir que los responsables de esta situación somos los legisladores de los distintos partidos políticos que componen el arco político de la Legislatura. No vamos a aceptar esa acusación y mucho menos que se nos pueda decir que somos parte de un proceso de desestabilización. Y tampoco somos responsables de la presencia de Sain en la cartera de Seguridad”.

“Hace tiempo que venimos advirtiendo de esta situación. Y lo hice personalmente, en una cena con el gobernador, cuando me preguntó por la ley de seguridad (y sus demoras). Le dije en forma enfática y clara que había artículos, como el 35 y 36 del mensaje del Ejecutivo que de ninguna manera podían ser tratados por ser totalmente inconstitucionales y finalmente por eso fueron reformados por el Senado.

Pero además, en esa oportunidad, le dije que eso era darle una herramienta a una persona que muchas veces no actuaba en sus cabales, a juzgar por lo que hacía o lo que decía, en público y en privado”.

“Los legisladores debemos actuar con mucha prudencia y sostener la institucionalidad de la provincia. Quienes formamos parte de la clase política somos los responsables de cuidar, como nunca, el prestigio de Santa Fe hoy muy dañado en todo el país”.

El diputado radical Fabián Bastia, que preside la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, es ahora la contraparte en representación de ese poder, tras la aceptación de su presentación ante una sala de una cámara del fuero Laboral de la ciudad de Rosario, y con la misma dirección avanza un trámte en paralelo ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, al habilitarle –fuera de plazo- la feria para permitirle iniciar ese trámite.

Bastia tiene el mandato de representación (votado por la mayoría en ambas Cámaras legislativas) en ambas gestiones.

Las dos novedades son importantes porque en segunda instancia se ha entendido que la Legislatura puede ser parte, y porque la Corte ha dado muestras de un gesto de buena voluntad ante el conflicto de poderes. En ambos casos, Bastia procura destrabar el juicio que ha iniciado el director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain, para no ser sancionado por la Legislatura con seis meses de suspensión y reducción de su salario al 50%, acusado por el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez de haber cometido faltas graves.

Este jueves 8 se supo que, en gestiones paralelas, la Corte le habilitó la Feria al pedido de advocación pedida por Bastia y reconoció como parte al poder legislativo, representado en su persona. Cabe destacar que a primera hora el presidente de la Comisión de Acuerdos interpretó esa decisión del máximo tribunal santafesino como un pronunciamiento a favor de que la Legislatura sea reconocida como parte en ese proceso. Sin embargo, pasadas las 21 horas un vocero de la Corte aclaró que lo que ha ocurrido es que se permite iniciar el trámite fuera de término (en plena feria). Pero ha corrido vista de esa presentación al procurador. Aun falta que el procurador se pronuncie, y despues lo haga la Corte, se explicó a El Litoral. Y agregó la fuente que en ningún lugar se brindó legitimación para ser parte del proceso del amparo.

Diferencia La Sala Segunda de Cámara de Apelación en lo Laboral, integrada por Lucia Aseff, Adriana Mana y Fernando Marchionatti, al permitirle a Bastia poder presentar una apelación tras el fallo en primera instancia que benefició a Sain ha observado un criterio distinto al de la jueza laboral Paula Calace Vigo, quien había entendido que sólo el fiscal de Estado (en el presente el ex relator de la Corte, Rubén Weder) puede ser parte en un juicio de este tipo.

Como se sabe, Weder procedió en el caso Sain al contrario de cómo lo hizo en el caso Spelta, y a contrapelo también de sus propios textos jurídicos. Un decreto del gobernador Omar Perotti dispuso que debía “allanarse” a lo que solicitaba su ex ministro de Seguridad en condición de empleado del Estado, en el MPA.

Ahora la Legislatura tendrá la oportunidad de ser escuchada, según lo que se interpreta en la Comisión de Acuerdos. Es decir, lo que no ocurrió en primera instancia, ya que el titular del Poder Ejecutivo como jefe de la administración pública ordenó el “allanamiento” (la aceptación del pedido de Sain). Las tensiones entre poderes, con la figura del ex titular de la cartera de Seguridad en el centro de la escena, están a la vista.

Luis Rodrigo (El Litoral)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Ministerio Público de la Acusación dejó sin efecto la licencia sin goce de sueldo que se le dispensó a Marcelo Sain antes de asumir como ministro de Seguridad de Santa Fe y de esa manera queda libre el camino para que vuelva a su cargo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), al que accedió por concurso.

La decisión fue notificada a Saín el pasado 31 de marzo mediante una nota firmada por Sabrina Sánchez, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Legal y Técnica del Ministerio Pública de la Acusación.

En el documento se hace mención a las investigaciones que se llevan adelante en la Legislatura santafesina a partir de denuncias presentadas por el diputado Pablo Farías y el presidente de la Comisión de Juicio Político, Joaquín Blanco. El planteo principal es la incompatibilidad entre el cargo ejercido (ministro de Seguridad) y rol al que solicitó reincorporarse en el MPA.

Puerta abierta. Fiscal general Jorge Baclini.

El martes 23 de marzo, 27 diputados le solicitaron al fiscal general, Jorge Baclini, que no permita la reincorporación y permanencia de Marcelo Saín al frente del Organismo de Investigaciones, al tiempo que advirtieron que en caso de que no haga lugar al pedido, iban a llevar el planteo a otros ámbitos de la justicia y “ante los organismos de contralor de vuestra función”.

Además advierten que hay un expediente iniciado por la Comisión de Juicio Político a raíz de la presentación de dos ciudadanos.

La presentación ante Baclini lleva la firma de 22 frentistas (12 socialistas, 8 radicales, PDP y Gen); los cuatro del interbloque de Juntos por el Cambio (2 Pro y 2 UCR), más Amalia Granata (Somos Vida).

Para la mayoría de los firmantes, la gestión de Saín en el Ejecutivo “agravó esta situación porque tomó partido con fuertes críticas a la oposición, permanentes dichos discriminatorios y despectivos hacia dirigentes y muy pero muy polémicos”.

En el escrito se afirma que “el desempeño en el cargo de Ministro de Seguridad, conservando su cargo como director del OI, genera incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes al momento de solicitar el levantamiento de la licencia oportunamente otorgada y pretender reincorporarse y permanecer en su cargo de origen”.

A entender de los legisladores las incompatibilidades surgen de la Constitución Provincial y de las leyes 10160, 13013 y 13459.

Además dicen que como ministro, Sain evidenció “su participación en la política partidaria de manera explícita y agresiva, a diferencia incluso de sus pares del propio Poder Ejecutivo, destacándose sus apreciaciones descalificantes para con figuras políticas de otros espacios político e incluso del suyo propio”.

Advierten que de volver a la función eventualmente tendría que investigar su propia gestión como ministro o la de sus ex compañeros de gabinete y que incluso podría desde el OI condicionar a su sucesor.

Finalmente, mencionan 18 hechos generados por Sain ministro de Seguridad que van desde referencias despectivas al propio Baclini como al fiscal regional 1, Carlos Arietti y a fiscales locales; contra el gobernador; contra los intendentes de Santa Fe y Rosario; referencias a la política y a la prensa santafesina; a legisladores, dirigentes políticos, contra la justicia; maltrato a varios intendentes; ser “partidario de cagarlos a tiros a todos”, así como burla y falta de respeto institucional.

Y le recuerdan al fiscal Baclini que “se ha presentado, al menos, una denuncia penal respecto a la actuación de Saín en su etapa de ministro, así como también ha habido denuncias públicas en los medios de comunicación y/o redes que ameritan iniciar investigaciones de oficio por parte del MPA”.

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“el desempeño en el cargo de Ministro de Seguridad, conservando su cargo como director del OI, genera incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes al momento de solicitar el levantamiento de la licencia oportunamente otorgada y pretender reincorporarse y permanecer en su cargo de origen”

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe se reunió el jueves último para tratar e iniciar la etapa de investigación de la denuncia realizada contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. “No solo ha tenido un trato injuriante contra las santafesinas y los santafesinos, sino que manejó información privilegiada con fines políticos durante su licencia al frente del Organismo de Investigaciones”, explicó la diputada provincial Georgina Orciani, quien agregó de manera tajante: “La renuncia de Sain, incomunicada al Poder Legislativo y no publicada en el Boletín Oficial, no anula las potestades de las Cámaras. No sabemos los argumentos ni los motivos de la renuncia, solo la designación del nuevo ministro”.[/vc_column_text][vc_column_text]De la reunión de la comisión participaron sus nueve miembros y por mayoría de siete, se resolvió abrir un expediente atento a la denuncia presentada en la Justicia y se citará a la denunciante, la diputada nacional Lucila Lehmann, para ampliarla y dar más pruebas. “Le pedimos al Fiscal General, Jorge Baclini, y a la Auditora General del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, que eviten la reincorporación del exministro ya que no puede volver a estar en un organismo de investigaciones con el nivel de información que manejó y con funcionarios de confianza dentro de la cartera de Seguridad”, dijo la diputada radical, al mismo tiempo que advirtió que tendría que investigar “su propia gestión como ministro o la de sus ex compañeros de gabinete” e incluso “condicionar” el desempeño de su sucesor (Jorge Lagna). En este sentido, por ejemplo, debería investigar la denuncia en su contra realizada por legisladores del Frente Progresista en relación a la licitación de compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad.

La diputada que integra el bloque de la UCR liderado por Maximiliano Pullaro indicó que la renuncia por parte de Sain y su posterior aceptación no interfieren en el trámite constitucional del juicio político ni en sus consecuencias. “Ningún acto del Ejecutivo interrumpe un juicio político que es potestad exclusiva de la Cámara, ya que el pedido ingresó antes de la renuncia”.[/vc_column_text][vc_column_text]Trato injuriante

Durante su desempeño como ministro de Seguridad de Santa Fe, el polémico exfuncionario se destacó por ser noticia con sus declaraciones suspicaces contra la prensa y contra las santafesinas y los santafesinos. “Sain demostró agresividad para conducir y descalificación para con todo aquel que pusiera en discusión su manera de estar al frente de la Seguridad de la provincia”, destacó Orciani.

De la Comisión de Juicio Político participan: Joaquín Blanco (presidente), Pablo Farías, Clara García, Marlén Espíndola y Georgina Orciani por el Frente Progresista; Nicolás Mayoraz del bloque Somos Vida; Julián Galdeano de Juntos por el Cambio; Matilde Bruera del bloque Justicialista; y Oscar Martínez del bloque Frente Renovador.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El audio de la polémica

A través de un audio de WhatsApp se pudo escucha al entonces ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, criticar con dureza y descalificar enérgicamente a sus subordinados, los policías santafesinos.

“Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D”, dice Sain para, con una metáfora futbolera, explicar que tiene más pergaminos que los necesarios para manejar la policía santafesina.

El audio comienza del siguiente modo: “Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos…”.

Luego Sain calificó con dureza a los integrantes de la policía santafesina: “Y son… son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (…). A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina. Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos”, concluyó.

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