El empresario Lázaro Báez deberá cumplir en una cárcel común el resto de su condena a diez años de prisión por lavado de dinero. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 4, tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron su “inmediata detención y/o captura” y su alojamiento en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. Se prevé que sea trasladado a un penal en Río Gallegos.

Báez estaba bajo arresto domiciliario en Santa Cruz por otra causa también vinculada al lavado, en la compraventa del campo El Entrevero. El tribunal consideró que no hay condiciones excepcionales para sostener ese beneficio.

“El cumplimiento de la pena se ha tornado operativo”, afirmaron los jueces, y recordaron que la prisión domiciliaria no se concede de forma automática, sino que requiere una evaluación judicial específica según el caso.

El pedido de detención inmediata fue realizado por el fiscal Abel Córdoba. El tribunal contabilizó que Báez ya cumplió tres años, ocho meses y ocho días de prisión preventiva, por lo que le restan seis años, tres meses y 22 días.

La Corte Suprema también confirmó ayer otra condena de seis años para Báez en la causa Vialidad, donde fue juzgado junto a Cristina Kirchner. Ambas condenas están ahora firmes y activas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a diez años de prisión del empresario Lázaro Báez, junto a sus hijos varones, empresarios y allegados, en la causa conocida mediáticamente como “ruta del dinero k”, por haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal, en el marco de un expediente que incluyó multas y decomisos sin precedentes y que cobró impulso en 2016 por las imágenes de varios de sus protagonistas contando plata en la cueva bautizada “La Rosadita” de Puerto Madero.

El fallo que validó las condenas fue firmado por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-, quienes habían sido convocados por sorteo a intervenir. Los cuatro entendieron que el planteo de las defensas era “inadmisible” por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El ministro Carlos Rosenkrantz, en tanto, opinó en minoría por darle intervención a la Procuración General de la Nación para que dictaminara sobre los argumentos de las defensas.

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En otro orden, sin disidencias, con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal también rechazó una serie de recursos de la ex presidenta Cristina Kirchner contra la investigación que se reabrió en su contra y los jueces que intervinieron, por entender que no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. La ex jefa de Estado no formó parte del juicio en esta causa y su situación continúa siendo evaluada en instrucción, luego de que la fiscalía y el juez Sebastián Casanello firmaran su sobreseimiento y la decisión fuera cuestionada por una ONG que consiguió convertirse en querellante.

Con la decisión de la Corte en la causa principal, agotadas así las vías recursivas, el Tribunal Oral Federal 4 deberá computar la pena para aquellos que ya estuvieron un tiempo en prisión y evaluar si deben volver a ser arrestados; ordenar detenciones para quienes permanecieron durante el proceso en libertad y recibieron una pena superior a los tres años, previo análisis de sus cuadros de salud; y disponer las pautas de cumplimiento de la sentencia para aquellos cuya pena quedó en suspenso.

El fallo dispone la condena a diez años para Lázaro Antonio Báez, seis años y seis meses para Martín Antonio Báez, seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín, cinco años para Julio Enrique Mendoza, tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña, cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro, tres años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot. También se ratificaron las condenas de Carlos Juan Molinari a tres años y seis meses, y de Daniel Alejandro Bryn a dos años de prisión, Asimismo, se confirmaron multas que oscilan entre seis y dos veces el monto de las operaciones (de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000) y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.

La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza. El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.

Tres años después, la causa se reactivaría con la difusión de un video en la financiera SGI, de Elaskar, conocida como “La Rosadita”, en donde se veía al hijo de Lázaro Báez contando billetes. El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugara. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay. Más tarde avanzarían las indagatorias de más sospechosos.

La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Lázaro Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.

Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas. Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).

El juicio oral se sustanció entre 2018 y 2021. El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez a la pena de doce años de prisión por lavado de activos agravado. También recibieron penas otras 21 personas. Entre ellas los cuatro hijos del empresario -Martín, Leandro, Melina y Luciana-, Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Elaskar, y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.

Además del capítulo conocido como “La Rosadita, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado por calle Av. Del Libertador) por Jorge Leonardo Fariña, como así también el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.

El TOF, por mayoría, estableció que el delito precedente en el lavado de dinero había sido la evasión fiscal e impositiva, a través del uso de facturas truchas, y la defraudación al Estado a través del direccionamiento de contratos de la obra pública en favor de Lázaro Báez.

Las defensas apelaron y el 28 de febrero del 2023 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la intervención de los jueces Mariano Borinsky, Angela Ledesma y Javier Carbajo, confirmaron la mayoría de las condenas, pero bajaron los montos de las penas. Las hijas de Lázaro Báez fueron absueltas por entender que no tuvieron ninguna intervención en la maniobra principal y que no se ocupaban los negocios de la familia. Por mayoría, además, Casación determinó que el lavado de dinero había tenido origen en la evasión, pero no dieron por comprobada la vinculación con obra pública.

“Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo la Cámara de Casación.

Contra esa decisión, las defensas de Lázaro Báez, Martín Báez, Pérez Gadín, Chueco, Gustavo Fernández, Julio Mendoza, Walter Zanzot, Claudio Bustos, Juan De Rasis, Castro, Fabián Rossi, Molinari y Eraso buscaron que la Corte Suprema revisara la resolución y llegaron en queja al máximo tribunal. Hoy, la Corte Suprema resolvió que los planteos eran inadmisibles.

En instrucción, siguió tramitando la acusación contra Cristina Kirchner, señalada por su vinculación en esas maniobras de lavado. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, dijo la ex presidenta cuando fue llamada a indagatoria. El juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que -no obstante- ordenó una serie de medidas a profundizar.

En 2022, la defensa de Kirchner pidió su sobreseimiento, pero retiró el planteo ante lo que avizoraba iba a ser una respuesta negativa de la Cámara Federal. El 24 de mayo del 2023, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo: “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Habló de “entrañable cercanía, vínculo y amistad” con el matrimonio presidencial, pero afirmó que eso no le alcanzaba para avanzar en el proceso, sobre todo tras el fallo de Casación, y promovió su sobreseimiento. El juez hizo lugar al pedido.

Pero tras el dictamen de Marijuan, la asociación civil Bases Republicanas buscó ser parte de la causa. Casanello rechazó el pedido porque la causa tenía más de diez años de trámite y sólo buscaba invalidar la posición del Ministerio Público, pero la Cámara Federal, por dos a uno, aceptó a esa entidad en el expediente y luego revocó el sobreseimiento de la ex presidenta. La decisión fue ratificada en Casación.

La defensa de Cristina Kirchner llegó en queja a la Corte Suprema con planteos contra los rechazos a las recusaciones de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Gustavo Hornos; y a la resolución que tuvo como querellante a la asociación civil y la revocación de su sobreseimiento. Hoy se desestimaron las presentaciones porque no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

La Cámara de Casación Federal confirmó que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa por la “ruta del dinero k” al ser rechazado un planteo de su defensa.

De esta forma, es Sebastián Casanello el juez de primera instancia quien junto con el fiscal Guillermo Marijuan continuarán con la causa de lavado de dinero en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión.

Ahora fue el turno de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, quien ante un planteo hecho por la exVicepresidenta contra el fallo de la Cámara Federal “resulta improcedente” y por eso rechazaron la apelación.

Cristina Kirchner de esta forma volverá al centro de la escena en esta causa de la que Casanello en dos oportunidades le dictó la falta de mérito por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar.

En la causa a través del juicio que se hizo fueron condenados el empresario Lázaro Báez a diez años de prisión; su hijo Martín a 9 años; el arrepentido Leonardo Fariña a cinco, y otros empresarios.

La exVicepresidenta nunca fue procesada en el caso y el año pasado en un dictamen fue Marijuan quien llamativamente luego de impulsar la denuncia en reiteradas veces en su contra, reconoció que no hubo pruebas por lavado de dinero.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos, pero dijo que no existió delito alguno para investigar.

Pero la Cámara Federal abrió el camino al hacer lugar a un planteo de una ONG y ahora tras éste fallo que se confirma, Marijuan y Casanello seguirán adelante con el caso.

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso la detención del “arrepentido” Leonardo Fariña en el marco de la causa por la “ruta del dinero K”. Ya había sido condenado pero nunca comenzó a purgar la pena. Días atrás lo encontraron en el interior de una financiera del barrio porteño de Belgrano y lo apresaron.

La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo hecho por el fiscal del caso, Abel Córdoba, informaron fuentes judiciales.

Actualmente, Fariña está detenido a disposición de otro juzgado, el Penal Económico 2 a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesto lavado de activos al ser sorprendido durante un allanamiento a una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano, en la que ya le negó la excarcelación en esta investigación.

El "imputado colaborador" en las causas penales vinculadas al empresario Lázaro Báez, también condenado por lavado de activos, estaba beneficiado con libertad condicional y controlado con tobillera electrónica en esa causa donde ya fue sometido a juicio y condenado a tres años y seis meses de prisión.

Pero días atrás, volvió a estar en primera plana cuando su foto lo mostraba en el interior de una financiera que quedó bajo investigación de la justicia por presunto lavado de dinero y violación al régimen cambiario.

"El condenado Fariña se encuentra imposibilitado de cumplir acabadamente con las condiciones u obligaciones que se le impusieran primigeniamente al momento de su excarcelación y que se mantuvieran en oportunidad de convertirse aquella en libertad condicional, lo cual impone adoptar lo pertinente para adecuarla a su actual situación", consideró el juez Costabel.

Fariña aseguró que él no trabaja allí ni es el dueño del lugar, y que estaba en esas oficinas porque había ido ir a "visitar unos amigos". Sin embargo, cayó preso y fue acusado otra vez por lavado de dinero y quedó a disposición de lo que resuelva el juez en lo penal económico Pablo Yadarola. Incluso, cuando fue detenido portaba una tobillera electrónica que le permitía moverse en un rango de 150 kilómetros desde su domicilio.

Pero el fiscal que había acusado al “arrepentido”, Abel Córdoba, consideró que incumplía con las reglas de su libertad y que había peligro de fuga porque él aún tenía los contactos y el dinero para llevarla a cabo si así lo quería y también que podría haber un entorpecimiento de la investigación, todo a partir de su detención en la financiera.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba entendió que Fariña “cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia”. Además, consideró que tiene “vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados”.

No sólo eso, sino que también hay riesgo de entorpecimiento de investigación a lo que se suma la “expectativa de nuevas condenas” por el juicio del Entrevero, la compra de un campo en Uruguay por la que comenzó hace poco a ser juzgado, y por esta otra causa en el fuero penal económico a raíz de su posible vínculo con la financiera.

Ante esta situación, el juez Costabel consideró que "corresponde revocar la libertad condicional concedida a quien se encuentra detenido en el marco de otro proceso, pues dicha circunstancia impide al encartado cumplir con las condiciones que prevé el art. 13 del Código Penal a efectos de lograr su reinserción social".

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó la inmediata detención de Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de 3 años y seis meses de prisión en la causa por la Ruta del dinero K. Esta petición se realiza debido a que ya fue detenido en otra investigación por lavado de dinero.

Fariña fue detenido por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, quien lo encontró en una financiera del barrio porteño de Belgrano. Se lo acusa de lavado de dinero y violación al régimen cambiario, a lo que alegó que no es el propietario de la financiera, sino que estaba allí para visitar a sus amigos, quienes son los dueños.

La detención de Fariña complica su situación en otras causas, como la de la “ruta del dinero K”, donde ya fue condenado a una pena de 3 años y seis meses, pero estaba en libertad. Ahora, el fiscal Abel Córdoba reclama al Tribunal Oral Federal 4 que ordene su detención y le haga cumplir la pena.

Fariña estaba en libertad mientras se discutía la ejecución de la condena, que estaba en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, el fiscal también solicitó que sea detenido preventivamente en el juicio iniciado recientemente por lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, una maniobra por la cual también está siendo juzgado el empresario Lázaro Báez.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba argumentó que Fariña “cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia”. Además, consideró que tiene “vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados”.

También señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la “expectativa de nuevas condenas” por los juicios del Entrevero y esta otra causa en el fuero penal económico.

Por César Rodríguez

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes-a instancias del fiscal Guillermo Marijuán- a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa denominada “ruta del dinero”.

Casanello desvinculó a la titular del Senado del expediente porque desapareció la acusación porque tanto el fiscal, como la UIF y la AFIP, consideraron que no había elementos para inculparla.

“Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición”, explicó Casanello.

“En el presente caso se hayan satisfechos, toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”, añadió.

Casanello no podía adoptar otra decisión que la que tomó: “el juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado”.

En una breve resolución, el juez dio por cerrada una investigación que insumió más de un lustro y en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado por “lavado”.

El dictamen exculpatorio del fiscal Marijuán fue clave en la decisión, pues desistió de la imputación “tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la ex mandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.

“Frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP.- Ambas agencias compartieron la solución postulada”, subrayó Casanello. El juez también desestimó una presentación de una asociación civil denominada “Bases”, que tiene como abogado al ex fiscal porteño Luis Cevasco.

Entre otras razones, el juez aludió a la extemporaneidad de la presentación y a que la documentación presentada por la Asociación Civil es incongruente, pues tiene una fecha anterior al dictamen de Marijuán, que es lo que motivó el pedido para ser tenida como querellante.

“La presentación presenta serias deficiencias en torno a la personería y la capacidad para actuar, que comprometen su admisibilidad”, resumió el juez.

El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. Por eso, rechazó el planteo para que sea sobreseída de manera definitiva.

El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, Casanello sostuvo que no es correcto “mutilar líneas de investigación abiertas”. “Por eso insistiré y esperaré sus resultados”, aclaró el juez en su respuesta a la acusada.

Al tiempo de rechazar el sobreseimiento, Casanello recordó que está en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente.

Es que el arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, declaró que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

Por ese motivo, el juez quiere corroborar si eso fue cierto o no, y qué grado de conocimiento tenía Cristina Kirchner sobre las actividades de Lázaro Báez.

En tanto, otra medida de prueba que está pendiente es un entrecruzamiento telefónica entre los entonces secretarios privados que tuvo la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, el momento de los hechos.

Por ello, el magistrado pidió en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante en ese período, y que lo mismo haga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre si designó líneas para uso de la entonces mandataria.

Paralelamente, Casanello pidió a la Secretaría General de Presidencia las líneas asignadas al uso de secretarios privados entre un listado de nombres sobre los cuales pidió información. Asimismo, pidió que la oficina de escuchas telefónicas, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, encare el trabajo con “la mayor premura”. De esta forma, seguirá siendo investigada en esta causa, en la que Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.