Por Hernán Alvarez

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, habló con los medios por primera vez después del cambio de ministro de Seguridad de la Provincia. Claudio Brilloni reemplazó a Rubén Rimoldi este miércoles.

El mandatario encabezó un acto oficial en el Club Atlético Funes, lugar de la presentación de la obra de ampliación de la avenida Miguel Galindo en esta localidad. Dijo que el deseo es que Brilloni pueda estar haciendo como ministro de la mejor manera la etapa que comienza.

También contestó a las declaraciones de Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad nacional. Aseguró que el funcionario federal sigue sin entender la realidad de la ciudad de Rosario, sumergida en una ola de homicidios, balaceras y hechos delictivos. “La magnitud del problema que hay que enfrentar amerita fuerte y total prioridad de la Nación”, afirmó Perotti. “La Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio. No hay provincia por sí sola que tenga la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal”.

Consultado sobre las equivocaciones cometidas por su administración que tiene ahora a su cuarto nombre distinto en esa cartera (Marcelo Sain, Jorge Lagna, Rimoldi y el ministro actual), el máximo mandatario provincial contestó: “Seguramente puede haber errores, pero no creamos que porque alguien tuvo un ministro tanto tiempo los resultados fueron mejores. No pongamos que si hay cambios es porque todo está mal. Acá no hay amiguismos, no hay complacencia. Acá hay una población que merece resultados diferentes”.

También hizo referencia a las fuerzas del orden santafesinas: “A mí me hubiese encantado encontrar una policía al nivel de tecnología de la de Tigre (provincia de Buenos Aires), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No encontramos nada de eso”. “Tuvimos que ir año a año incorporando para romper con la caída de que se iban más (policías) de los que ingresaban”.

El gobernador respondió sobre un incidente del lunes pasado. La comisaría 32ª de Rosario fue baleada por una persona movilizada en bicicleta sin que haya detenciones. “Que no haya habido alguna actitud distinta es una de las tantas cosas que no me gustan. Para mí, no es tema menor. Se está desafiando a la institución policial en su capacidad de reacción. Eso es lo que hay revertir inmediatamente”, contestó.

“La gente lo quiere es seguridad. Lo que quiere es que eso se vea en la calle. Le importa poco si es tema municipal, provincial o nacional. Las instrucciones a llevar adelante por el nuevo ministro Claudio Brilloni son ésas. Hay que recuperar claramente esa presencia policial en la calle”, dijo el gobernador.

El ministro de Seguridad concurrió en la noche de este miércoles a la Casa de Gobierno, convocado por Omar Perotti, en un contexto de fuertes críticas que desembocarían en su inmediata dimisión. Cuando salió, un rato después, ya había sido desplazado de su cargo y circulaba extraoficialmente el nombre de su reemplazante, Claudio Brilloni, confirmado poco después.

La larga noche en que Rimoldi fue reemplazado por Brilloni fue la misma en la que Perotti compartió acto con el ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro.

También deja su cargo el jefe de Policía, Miguel Oliva, y es reemplazado por el subjefe Martín García.

Pero la salida de Rimoldi, que se venía barajando como posibilidad hace tiempo en el marco de la escalada de la violencia criminal, entró en fase de precipitación luego de dos hechos graves que tuvieron lugar en las horas previas, y que provocaron fuertes cruces políticos con el intendente rosarino Pablo Javkin.

Este martes, cuando concluía la reunión en la Legislatura con diputados y senadores por la Ley de Emergencia, el funcionario era consultado sobre el homicidio de “Jimmi” Altamirano, un músico y artista callejero de 28 años que fue secuestrado, ejecutado y arrojado luego frente al estadio de Newell’s. En su cuerpo, había un mensaje sobre presos vinculados a la banda de Los Monos. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery revelaron que la principal hipótesis da cuenta de que el joven fue elegido al azar; un inocente cuya vida fue tomada para enviar un mensaje mafioso.

Cuando Rimoldi fue consultado en el hall de la legislatura hace 24 horas sobre el caso, el ministro respondía con el anuncio de que en ese mismo instante se estaban haciendo allanamientos con el saldo de un par de detenidos.

“Sé que esta mañana se estuvieron haciendo allanamientos y creo que hay detención de personas relacionadas al suceso “, dijo, en declaraciones que en la mañana de este miércoles, en conferencia de prensa, intentó relativizar, al punto de pretender que “yo nunca dije eso”.

Pero el hecho fue desmentido por los propios fiscales; no hubo detenciones en la instancia de la conferencia de Rimoldi y no las hay hasta el momento. Se desconoce qué llevó al error al ministro, y el episodio generó gran preocupación.

El segundo suceso grave se registró este miércoles en Rosario, con una nueva balacera. Esta vez, el blanco fue un centro de salud municipal; hubo inacción policial y desprolijidades en cuanto a la protección de la escena del hecho. El episodio generó una reacción inmediata del intendente Pablo Javkin, quien suspendió su agenda y públicamente le reclamó al gobierno provincial atender la situación de la ciudad. “Que Rimoldi se venga a vivir acá”, disparó, generando la respuesta del funcionario en el sentido de que, precisamente, es en Rosario donde tiene su domicilio, y que desde allí viaja a Santa Fe. Un recorrido que, hasta nuevo aviso, ya no será necesario.

En cuanto a Brilloni, ocupaba hasta ahora la secretaría de Seguridad. Comandante retirado, estuvo al frente de la Gendarmería de Rosario durante un año en la gestión anterior, y ofició como enlace de los entonces ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia, Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro.

En su momento, el nombramiento fue saludado vía Twitter por Pullaro, quien lo consideró “la mejor decisión”. “Es un hombre que conoce la provincia. Cuando lo designó la ministra Bullrich para conducir las Fuerzas Federales en el 2016/2017 logramos bajar los índices de violencia”, argumentó.

El ministro de Seguridad concurrió en la noche de este miércoles a la Casa de Gobierno, convocado por Omar Perotti, en un contexto de fuertes críticas que desembocarían en su inmediata dimisión.

El nombre del futuro ministro ya estaría resuelto también por el gobernador y sería comunicado de manera inminente, y tampoco se dilataría la asunción.

En medio de una escalada de violencia, dos hechos graves en las últimas horas volvieron a poner en jaque a Rimoldi y agitar en las últimas horas las versiones de renuncias y de un posible recambio.

Dos hechos graves podrían precipitar cambios en la cúpula de Seguridad en Santa Fe

Este martes, cuando concluía la reunión en la Legislatura con diputados y senadores por la Ley de Emergencia, el funcionario era consultado sobre el homicidio de “Jimmi” Altamirano, un músico y artista callejero de 28 años que fue secuestrado, ejecutado y arrojado luego frente al estadio de Newell’s. En su cuerpo, había un mensaje sobre presos vinculados a la banda de Los Monos. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery revelaron que la principal hipótesis da cuenta de que el joven fue elegido al azar; un inocente cuya vida fue tomada para enviar un mensaje mafioso.

Cuando Rimoldi fue consultado en el hall de la legislatura hace 24 horas sobre el caso, el ministro respondía con el anuncio de que en ese mismo instante se estaban haciendo allanamientos con el saldo de un par de detenidos.

“Sé que esta mañana se estuvieron haciendo allanamientos y creo que hay detención de personas relacionadas al suceso “, dijo, en declaraciones que en la mañana de este miércoles, en conferencia de prensa, intentó relativizar, al punto de pretender que “yo nunca dije eso”.

Pero el hecho fue desmentido por los propios fiscales; no hubo detenciones en la instancia de la conferencia de Rimoldi y no las hay hasta el momento. Se desconoce qué llevó al error al ministro, y el episodio generó gran preocupación.

El segundo suceso grave se registró este miércoles en Rosario, con una nueva balacera. Esta vez, el blanco fue un centro de salud municipal; hubo inacción policial y desprolijidades en cuanto a la protección de la escena del hecho. El episodio generó una reacción inmediata del intendente Pablo Javkin, quien suspendió su agenda y públicamente le reclamó al gobierno provincial atender la situación de la ciudad. “Que Rimoldi se venga a vivir acá”, disparó, generando la respuesta del funcionario y nuevos cruces políticos.

Por Ivana Fux

Dos hechos graves en las últimas horas volvieron a poner en jaque al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rubén Rimoldi; agitaron otra vez versiones de renuncias y podrían terminar – de hecho- precipitando algún recambio en la cartera.

Este martes, cuando concluía la reunión en la Legislatura con diputados y senadores por la Ley de Emergencia, el funcionario era consultado sobre el homicidio de “Jimmi” Altamirano, un músico y artista callejero de 28 años que fue secuestrado, ejecutado y arrojado luego frente al estadio de Newell’s. En su cuerpo, había un mensaje sobre presos vinculados a la banda de Los Monos. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery revelaron que la principal hipótesis da cuenta de que el joven fue elegido al azar; un inocente cuya vida fue tomada para enviar un mensaje mafioso.

Cuando Rimoldi fue consultado en el hall de la legislatura hace 24 horas sobre el caso, el ministro respondía con el anuncio de que en ese mismo instante se estaban haciendo allanamientos con el saldo de un par de detenidos. Pero el hecho fue desmentido por los propios fiscales; no hubo detenciones en la instancia de la conferencia de Rimoldi y no las hay hasta el momento. Se desconoce qué llevó al error al ministro, y el episodio generó gran preocupación.

El segundo suceso grave se registró este miércoles en Rosario, con una nueva balacera. Esta vez, el blanco fue un centro de salud municipal; hubo inacción policial y desprolijidades en cuanto a la protección de la escena del hecho. El episodio generó una reacción inmediata del intendente Pablo Javkin, quien suspendió su agenda y públicamente le reclamó al gobierno provincial atender la situación de la ciudad. “Que Rimoldi se venga a vivir acá”, disparó.

Perotti y Javkin conversaron telefónicamente sobre el hecho en las primeras horas de la mañana, mientras otros funcionarios del Poder Ejecutivo – como el ministro de Gestión, Marcos Corach; y el secretario de Seguridad, Claudio Brilloni- se trasladaban a Rosario.

Rimoldi se reunió durante la mañana con los jefes de seccional de la ciudad del sur y tenía previsto recibir a los medios de prensa en la sede de la gobernación. Todo, mientras en términos políticos volvían a hacer olas las versiones que dan cuenta de un posible recambio en la cúpula del Ministerio. Ello podría precipitarse a la luz de los últimos hechos.

La Legislatura puso primera para dictar una nueva ley de emergencia en seguridad pública y en el servicio penitenciario tras la reunión que un grupo de senadores y diputados mantuvo con las autoridades de la cartera que ahora conduce Rubén Rimoldi. “Fue una bocanada de aire para un ministro que venía golpeado” señaló un funcionario de la cartera, aliviado, tras la reunión que transcurrió en un clima de diálogo, sin gritos ni desplantes. El último paso de Rimoldi en Legislatura había sido en el recinto de Diputados junto a todo su equipo pero con rol protagónico de la entonces secretaria de Coordinación Administrativa de la cartera, Ana Morel. Había sido una jornada tensa, confusa, de gritos ante el silencio del ministro.

Tras la salida de Morel y la llegada de Gustavo Bode al cargo, el Poder Ejecutivo que había dejado caer la anterior ley de emergencia que caducó el 31 de diciembre, envió a mediados de enero un nuevo proyecto de emergencia y lo habilitó para el tratamiento en Extraordinarias. Quince días atrás, la comisión bicameral de seguimiento de la emergencia se reunió y pidió la rendición de cuentas de lo actuado en 2022 antes de abrir la discusión del 2023. Ese fue el propósito de la reunión de ayer que tuvo algunos condimentos políticos.

La bicameral la integran los senadores Armando Traferri (San Lorenzo), Miguel Rabbia (Rosario) y Lisandro Enrico (General López) más los diputados Lionella Cattalini (PS), Juan Cruz Cándido (UCR – Evolución) y Ximena Sola (Pro). Ellos acordaron el encuentro con Rimoldi y se fijó como lugar la Sala de Acuerdos de la Cámara de Diputados. Las autoridades de la Cámara informaron a todos sus integrantes de la reunión y varios se hicieron presentes. Desde Casa Gris se intentó que el encuentro sea únicamente con la bicameral pero en Legislatura se recordó que no se puede prohibir la presencia de un integrante del cuerpo en ninguna reunión. El propio presidente de la Cámara Baja, Pablo Farías, estuvo presente. “Nos dieron una respuesta administrativa diplomática y decidimos aceptarla” dijo uno de los legisladores presentes al recorrer el pasillo que conduce al hall central del Palacio Legislativo. Fue el resumen de lo ocurrido.

“Se nos entregaron carpetas con los detalles de las inversiones realizados y considero que corresponde acompañar una nueva emergencia” señaló Traferri, recordando que desde 2013 la Legislatura viene autorizando este tipo de herramientas. “Nos debemos juntar con el ministro y trabajar un nuevo texto” añadió. También Rabbia dijo ser partidario de validar el proyecto reconociendo que deberán trabajar en una mejor redacción. No se descarta que se abra una discusión entre el Ejecutivo y las dos cámaras. Incluso, algunos bloques proponen que la próxima emergencia tenga una duración de dos años.

En la oposición hubo una lectura más resignada aunque con críticas. “Hubo una reiteración de anuncios anunciados; la permanente postergación de la colocación de inhibidores en institutos penitenciarios que ahora pasa a junio porque antes debe colocar fibra óptica en los penales. Nos anunció oficialmente que se cayó licitación de los chalecos antibalas para la policía y que decidieron comprar los de Fabricaciones Militares a un precio tres veces superior, y nos explicaron las razones de transferencias directas a municipios, comunas y unidades regionales hoy objetadas por el Tribunal de Cuentas”, dijo Cándido al retirarse del encuentro.

Para Cattalini “perdimos mucho tiempo y dinero con la burocracia y la desidia de un equipo que no estaba preparado para estar al frente de un tema tan serio”. La socialista admitió que “si comparamos la escandalosa reunión que tuvimos el año pasado con el ministro Rimoldi y la secretaria Morel, podemos decir que ésta fue una buena reunión y recibimos documentación que analizaremos a la brevedad. Lo que sí nos queda claro es que el gobierno de Omar Perotti no tiene claro el momento que está atravesando la sociedad santafesina. No puede ser que durante un año y teniendo ley de Emergencia no haya podido concretar la compra de 5.500 chalecos antibalas para proteger a la policía. Esto habla de una burocracia y una desidia inconmensurable y tampoco pudieron en tres años de gobierno concretar la promesa de inhibir los penales, lugar donde se piensan y llevan adelante los delitos”. No obstante dijo que “la obligación es rediscutir la emergencia de seguridad y pensar un plan a largo plazo que trascienda los gobiernos. No hay más chances, y de ninguna manera puede volver a ocurrir que un gobierno no tenga un equipo acorde para ponerse al frente del problema más grave que estamos viviendo los ciudadanos especialmente de Rosario”.

“Esta vez, por lo menos vinieron con un informe con las partidas asignadas a cada rubro dentro de la emergencia lo cual teniendo en cuenta la experiencia anterior es considerable” señaló Sola quien cuestionó que el ministerio no sepa el número de fuerzas federales hoy en Rosario. También puso en duda que en junio la cárcel de Piñero esté bloqueada a las comunicaciones. “Si tenemos en cuenta que en quince días sale la tecnología de Israel y que se debe adaptar la fibra óptica, los números no dan para llegar a tener ese sistema habilitado. Estamos en un presente continuo. El gobierno jamás encontró la brújula para combatir la inseguridad y todos los santafesinos somos rehenes” cuestionó.

Siete

El Tribunal de Cuentas realizó siete observaciones legales a otras tantas resoluciones del Ministerio de Seguridad asignando partidas de las incluidas en la Ley de Emergencia. Entre las observaciones figuran para el Servicio Penitenciario, para refacciones de consultorios de la División Medicina Legal, para las oficinas de las unidades regionales e incluso a municipios y comunas para equipos de videovigilancia.

Conducción unificada y optimismo

Rimoldi se mostró optimista en que la Legislatura apruebe una emergencia para el área e insistió en que el objetivo central de su gestión es la recomposición de la estructura policial. “Había muchas policías, o sea, llámese para que lo entienda al vecino, Brigada de Orden Urbano, Patrulla de Acción Táctica, etc. Cada una tenía un mando político. Nosotros tratamos de que esta policía esté totalmente unida” dijo ante periodistas. También destacó que Eduardo Brilloni tiene a su cargo la coordinación con las fuerzas federales.

El ministro comentó que informó ante legisladores las medidas que se pondrán en marcha en el servicio penitenciario para mejorar la seguridad y evitar que se ordenen delitos desde los interiores de los penales. E insistió en que en abril estará la mejora en Piñero.

“No se comentó nada, pero supuestamente por el término de la reunión, diría que sí se aprobará la emergencia” destacó Rimoldi.

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rubén Rimoldi, se reunirá este martes con los integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de la ley de Emergencia en Seguridad y el Servicio Penitenciario para explicar las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a tener una norma de excepción para lo que resta del año.

Citarán a Rimoldi y a Bode por la nueva emergencia en seguridad para Santa Fe

La reunión fue solicitada por los tres senadores y tres diputados que integran la comisión de seguimiento y que exigieron como primer punto lo ejecutado con la norma que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre último.

Se reúne la oposición para discutir la nueva emergencia en seguridad

Tras la salida de Ana Morel de la secretaría administrativa del ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo anunció a mediados de enero el envío de un mensaje y la habilitación de Extraordinarias del proyecto para una nueva ley de emergencia para ejecutar presupuestos en seguridad y el sistema penitenciario.

Los integrantes de la comisión Bicameral de Seguimiento del estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario se reunieron en Rosario para evaluar las acciones a seguir luego de que el Ejecutivo enviara al Senado una nueva Ley de Emergencia en Seguridad “sin haber cumplimentado, tal como lo exige la misma normativa, con la rendición de cuentas del ejercicio que finalizaba el 31 de diciembre de 2022”, advirtieron.

Los legisladores decidieron citar a todo el equipo del Ministerio de Seguridad, incluido el nuevo secretario financiero, Gustavo Bode, para que en febrero asistan a esta comisión y se pueda realizar un análisis exhaustivo y conjunto de los datos.

Luego de la reunión, la socialista Lionella Cattalini informó que “los integrantes de la Comisión resolvimos presentar por escrito un pedido para que el Poder Ejecutivo de cuentas de todo lo que hizo hasta el 31 de diciembre de 2022. Nuestra facultad es controlar y monitorear la Ley de Emergencia y por eso necesitamos conocer los datos de la rendición. Nos preocupa que el gobierno quiera una nueva ley de Emergencia sin haber presentado la rendición de gastos que deberíamos haber recibido en diciembre del 2022. Es alarmante la falta de gestión en todas las áreas del gobierno de Perotti y sobre todo en materia de seguridad”.

Por su parte, el diputado radical Juan Cruz Cándido expresó que “de 36 meses de gobierno, 30 transcurrieron bajo leyes de emergencia. No vimos resultados, como ningún ciudadano, y tampoco tuvimos la posibilidad de acceder a saber qué se hizo con los recursos que se asignaron con la ley de emergencia y con las facilidades para utilizar esos recursos que la propia ley garantizaba”.

Ximena Sola (Pro) destacó que “desde que inició el actual gobierno provincial siempre hemos sido una oposición constructiva y otorgamos al gobernador las emergencias que fue solicitando. Estaremos dispuestos a dar las herramientas necesarias para combatir el delito. Pero esta vez ¿estará dispuesto el gobernador a usarlas?”.

Cattalini concluyó que “la falta de gestión es total y las irregularidades en los procesos de licitación y compra cada vez más evidentes”. Para la diputada, la situación es “muy grave y se necesita actuar con premura”.

Este miércoles, el Ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, recorrió las localidades de Casilda, Los Molinos, San José de la Esquina, Arteaga, Bigand y Berabevú, todas pertenecientes al departamento Caseros. Allí hizo entrega de 10 camionetas 0km para la policía de Santa Fe en el marco de las inversiones por la Ley de Emergencia en Seguridad y visitó el destacamento de la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas” de la localidad de Cuatro Esquinas. Lo hizo junto al senador departamental, Eduardo Rosconi y el equipo de Seguridad.

En relación a los nuevos vehículos, Rimoldi indicó: “A los camaradas que tienen la obligación de utilizar estos vehículos les recomiendo el cuidado y que los utilicen para la prevención y protección, que es lo que hoy el vecino está necesitando”.

Asimismo, el funcionario provincial se refirió a la seguridad integrada en el trabajo que permite la implementación a las comunas del sistema de video vigilancia sosteniendo que “estos sistemas de video vigilancia vamos a hacerlos de una manera tal que, adecuado a las leyes que regulan esa actividad, podamos tenerlas trabajando a futuro, porque este proyecto que hoy ejecutamos forma parte de nuestras políticas de largo alcance, es decir, pretendemos no solo el trabajo en conjunto a nivel provincial sino que además, sería para nosotros muy importante elevarlo a nivel nacional”.

“Las leyes que regulan este sistema poseen características especiales, y más allá de entregarle a cada municipio y comuna el aporte para la compra de estos elementos que hoy se necesitan, también les otorgamos la facultad de poder hacer una regionalización que nos permita, en principio, tener una vista más amplia de la zona de influencia para custodiar con cámaras de seguridad a cada una de las poblaciones”, concluyó.

En la ceremonia central, que tuvo lugar en Casilda, cabecera del departamento Caseros, estuvieron presentes además el intendente Andrés Golosetti; el subsecretario de políticas de seguridad pública, Edgardo Glavinich; y el subjefe de policía, Martín García; como así también los presidentes comunales de Bigand, Alejandro Ruggeri; de Los Molinos, Jorge Paladini; de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani; de Berabevu, Tomás Sorribas y de Arteaga, Julián Vignati.

(Por Ivana Fux) – El ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi, definió como “gravísimo” lo ocurrido este miércoles en Arroyo Leyes con la toma de la sub Comisaría 20 por parte de al menos siete delincuentes. Consultado por El Litoral tras el acto en el que se entregaron 26 camionetas para la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas”, Rimoldi consideró que lo sucedido “atenta contra la institucionalidad y debe clarificarse cuanto antes”.

Respecto de esa situación, Rimoldi consideró que es imperioso poder clarificar el hecho, justamente, para determinar si existió o no complicidad policial. “Se está trabajando en el caso y tengo conocimiento de que el MPA está sobre pistas ciertas. Y sí, interviene la Agencia de Control Policial porque así debe ser cada vez que algún policía está en medio de un caso. Pero no puedo decir por ello si hay policías implicados”, aclaró.

Para el ministro, fue “sorprendente” lo que pasó; “son situaciones que no deberían estar sucediendo…”, reconoció. “Lo que pasó es gravísimo y atenta contra la institucionalidad. Lo debemos resolver rápidamente porque más allá del trasfondo con el robo conexo a la vivienda, necesitamos saber si la policía no está implicada. Tengo datos, pero no quiero profundizar para no desvirtuar la investigación”, se excusó.

Sí desestimó la hipótesis de un robo con trasfondo político, como lo había deslizado el presidente de la localidad, Eduardo Lorinz. “No creo que haya un trasfondo político en esto. Acá vemos una continuidad en la toma con el robo a la vivienda – insistió-. Esto puede suceder en cualquier lado, no solamente en Arroyo Leyes. Puede suceder como de hecho ya pasó, en comisarías de grandes ciudades como Rosario. Nuestra intención es esclarecer la situación”, sostuvo.

También Marcos Corach desestimó la hipótesis de la intencionalidad política en el hecho. “No me gustaría opinar sobre lo que no puedo comprobar. Lo escuché al presidente comunal pero no puedo ni ratificarlo ni desmentirlo; no tengo elementos que me permitan decir que hay cosas raras o que esto tiene un tinte político”, dijo el ministro de Gestión.

Rimoldi reapareció públicamente en la ciudad de Santa Fe este viernes, después de un mes. La última vez había sido cuando junto a la subsecretaria de Logística del Ministerio, Ana Morel, protagonizaba una polémica exposición en la Cámara de Diputados. Esa situación dejó expuesta la relación conflictiva que existe entre ambos. Tanto, que se habló casi de manera incesante desde entonces, sobre la renuncia de uno o de otro. Este jueves, Rimoldi logró hablar finalmente con el gobernador Omar Perotti y según le dijo a El Litoral, “todos están ratificados”.

– ¿Habló ayer con el gobernador?

– Sí.

– ¿Cómo fue esa reunión?

– Muy buena. Una reunión solamente de trabajo.

– ¿Ratificados todos en el Ministerio?

– Están trabajando todas las personas que están en el Ministerio.

– ¿Se ha ordenado la situación interna?

– Yo creo que sí.

(Por Ivana Fux) – La tensión entre el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y la secretaria de Logística, Ana Morel, de esa misma cartera volvió a quedar en evidencia este jueves. Y ello fue así por declaraciones del propio funcionario. Sus dichos ante la prensa en Rosario ratificaron que en la repartición a su cargo sigue sin resolverse la situación interna desatada por la mala relación que sostiene con Ana Morel y que generó versiones sobre renuncias tanto de Morel como de Rimoldi. El propio gobernador había intentado relativizar y minimizar el tema cuando ante la consulta de El Litoral, respondió que sólo se trataba de “versiones”. La situación se congeló y el desenlace de la relación conflictiva se dilató, entre otros motivos, por el viaje al exterior de Omar Perotti. Pero a casi una semana de su retorno al país, el tema reapareció y no precisamente porque se haya resuelto.

La conflictiva relación entre los dos funcionarios quedó expuesta en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando ambos debían detallar cómo se había ejecutado el dinero concedido en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Hace un mes de eso. Desde entonces, Rimoldi no volvió a la ciudad de Santa Fe. Preside algunos pocos actos, pero siempre son en la ciudad de Rosario o sus alrededores. Como el de este jueves, cuando estuvo en el inicio de los operativos de saturación para el distrito sur. Allí, en diálogo con Telenoche (Canal 3), habló de su relación con el gobernador, aludió a la situación interna que atraviesa el Ministerio, y dijo que se evalúa “la continuidad de la señora”, en alusión a Morel.

– ¿Cómo es su relación con el gobernador actualmente?, preguntó la periodista Rocío Galán.

– Mi relación con el gobernador es muy buena

– Lo consultamos porque usted no habló más (públicamente), después del hecho de Morel (en la Legislatura). Se dijo mucho sobre su supuesto enojo y su planteo hacia el gobernador. ¿Qué hay de cierto en todo ello?

– Pero se vio puertas afuera…

– Se vio, sí, por supuesto. Tomó estado público.

– ¿Cómo quedó su relación con Morel?

– Es buena. Estuvimos comunicados esta mañana.

El 19 de octubre pasado, Rimoldi y Morel protagonizaban una situación de máxima tensión en la Legislatura, frente a diputados de la oposición que los interpelaban por el uso de los fondos y la subejecución presupuestaria en la cartera. El ministro permanecía callado, mientras la secretaria de Logística se enredaba en un intento de explicación. Dos días después, Rimoldi se reunía (y discutía) con Perotti; el cónclave parecía ser determinante para la suerte de ambos (Morel/Rimoldi). Pero las renuncias quedaron en suspenso y el ministro, internado en observación por un cuadro de alta presión. Desde entonces, su agenda se concentró en el sur provincial. Todos los actos y actividades de agenda del Ministerio que se dieron tanto en esta ciudad, como en interior, estuvieron presididos por funcionarios de segundas líneas. La razón parece haberla puesto nuevamente el ministro sobre la mesa y sigue estando asociada a “la continuidad de la señora”. Porque de ello también dependería su propia continuidad como ministro.

(Por Ivana Fux) – “Sin definiciones en lo inmediato”. Así terminó la reunión que este jueves por la noche mantuvieron en Rosario el gobernador Omar Perotti y los ministros de Seguridad, Rubén Rimoldi; y de Gestión, Marcos Corach. Era el corolario de una situación política que venía siendo de controversia y escaló en tensión después de la bochornosa exposición de Ana Morel en la Cámara de Diputados. La crisis interna que generó en el seno del Poder Ejecutivo el desafortunado paso por el recinto de la subsecretaria de Logística del Ministerio de Seguridad hacía pensar que la de anoche sería una suerte de reunión cumbre en la que se definirían renuncias o ratificaciones. Pero no se tomó ninguna decisión que vaya a tener impacto en lo inmediato.

Morel debía explicar el miércoles en la Cámara de Diputados cómo se habían ejecutado los 3.380 millones de pesos que el Ministerio de Seguridad tenía asignado a partir de la vigencia de la Ley de Emergencia. Pero la vehemencia y prepotencia de la funcionaria dificultaron hasta la cuestión de forma. Los legisladores se sintieron “ofendidos en su inteligencia” y en reiteradas oportunidades, se quejaron del “manejo irrespetuoso”. Hubo gritos, chicanas y referentes tanto de la oposición como del oficialismo que abandonaron sus bancas. El abordaje de la cuestión de fondo tampoco fue exitoso. La solidez que no había tenido Rimoldi ante los integrantes de la Comisión de Seguimiento para rendir los gastos, tampoco la tuvo Morel; repitió insistentemente argumentos que no sumaron claridad y confundió datos. Se escudó en ser una funcionaria técnica, pero a minutos del inicio de su exposición, le reprochó a los diputados con una arenga política, que la cámara “ya había comenzado la campaña”.

Rimoldi evitó ratificar a Morel en público, cuando Maximiliano Pullaro le preguntó desde su banca si después de la penosa sesión, le pediría la renuncia. “Lo vamos a analizar con el gobernador”, contestó. La respuesta sonó a desautorización, pero es otra la interpretación si se repara en las desafiantes declaraciones a la prensa que tuvo la funcionaria cuando se retiró del recinto. “Si no sirvo, me tienen que echar. Jamás me pidieron la renuncia y bajo ningún punto de vista tengo previsto presentarla. Por qué le voy a dar entidad a la oposición ¿¡Estamos todos locos?!”, se preguntó para responder a la consulta de El Litoral.

Si Rimoldi tiene que hablar con Perotti para definir el futuro de su subordinada -aun cuando públicamente su respuesta haya sonado a desautorización-, es porque carece de poder político para desplazarla. Y ése es el verdadero problema de fondo; quién conduce el Ministerio de Seguridad.

Morel fue por más, e implícitamente aludió en la entrevista a la otra situación controvertida que se había generada semanas atrás cuando, precisamente por no participar con Rimoldi de la reunión con la comisión de seguimiento, le hicieron llegar un pedido de renuncia que se desvaneció cuatro horas después. “Como funcionaria política, mi renuncia está a disposición del gobernador desde el 15 de diciembre de 2021. Pero a mí nadie, ni el ministro, ni el gobernador ni ningún otro ministro que no debiera bajo ningún punto de vista meterse en mi gestión, me pidieron la renuncia”, contestó ante otra consulta de este diario. El “otro ministro que no debiera meterse en mi gestión” es Marcos Corach, quien había verbalizado semanas atrás -y así, cumplido una instrucción emanada del propio Poder Ejecutivo- el pedido a Morel para que dejara su cargo.

La situación, que debiera tener como eje el grado de eficiencia con el que se usaron los fondos para seguridad, deja expuesto un ministerio con serios problemas internos y denuncias judiciales cruzadas. Pesan sobre Morel las que advierten sobre maltrato laboral y hasta han motivado que el personal del Ministerio a través de una decisión de UPCN se declarase en estado de asamblea permanente. Y encuentra otra presentada en el fuero penal por un familiar directo de la subsecretaria -personal también del Ministerio- contra el coordinador de Gabinete del Ministerio, Miguel Portillo.

Morel acredita una extensa carrera administrativa en el estado provincial; había sido Logística de Roberto Rosúa durante la gestión de Jorge Obeid, cuando la institución policial dependía todavía del Ministerio de Gobierno. Ese antecedente le valió la recomendación de Walter Agosto a Perotti para que ocupase el estratégico cargo de Logística, en esta nueva etapa, del Ministerio de Seguridad. Pero como ministro asumió Sain. Morel permaneció menos de cuatro meses en el cargo, y por pedido de Sain, fue desplazada. Volvió, según ella misma precisó, el 15 de diciembre de 2021. Y fue por pedido expreso de Jorge Lagna, sucesor de Sain. Para entonces, su relación con Agosto ya estaba desgastada.

Consultada por este diario, Morel evitó hablar de Sain y de lo que le representó ese corrimiento en términos personales y profesionales. Pero sin que la pregunta de El Litoral aludiese al tema, Morel incorporó en su repuesta la polémica sobre los audios de Sain. Es que uno de los difundidos, de hecho, la menciona. “Hay que buscar un caso, tipo Ana Morel; detenerla y ahí producir el escándalo”, se le escucha decir a Sain. El Litoral la había consultado a Morel sobre por qué no formó parte de la gestión de Sain; Morel respondió con una alusión deliberada a los audios.

“No voy a hacer declaraciones sobre ello porque hay audios que son públicos. Hay audios, sí, y son públicos, pero no voy a referirme al Dr. Sain. A mí no me pidieron la renuncia – insistió-. Miren, el audio en el que él (Sain) expresa que me querían hacer una causa, un escándalo… En realidad, yo soy directamente damnificada… ¿Y yo dije algo sobre eso? No, porque yo no hablo con los medios”.

Como quien necesitara recordar algunos elementos para advertir a quien quiera escucharla que su desempeño no ha sido lo suficientemente valorado, Morel dejó en claro que se encuentra en la condición de víctima por los dichos de quien prefirió echarla del equipo. Pero aclaró que, sobre eso, prefiere callar.

La Cámara de Diputados y Diputadas recibió este miércoles al ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, y a la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la cartera, Ana Morel, para la rendición de gastos por la emergencia en seguridad pública. El bloque de legisladores socialistas mostró preocupación tras el encuentro y los números expuestos por los funcionarios. “Ejecutaron solamente el 1,5% de la Ley de Emergencia en casi un año, esa es realidad del gobierno de Omar Perotti y la importancia que le da a la seguridad en Santa Fe”, sentenció Clara García.

“Fue un mamarracho. Una falta de respeto a la Legislatura de la provincia y a toda la sociedad de Santa Fe. Ratificaron lo que venimos diciendo, la falta de un plan de Perotti y la falta de voluntad política de hacerse cargo de algo tan importante como es la seguridad para los santafesinos”, reclamó la diputada Lionela Cattalini.

En la misma línea, aseguró que “lo presentado habla de los funcionarios que están a cargo, ya que una secretaria dio cuenta del presupuesto de Seguridad, de la ley de Emergencia ratificó que sobre más de 3.600 millones disponibles solo gastaron 54 millones y le hicieron perder a la provincia prácticamente un año”.

“Fueron más de diez meses que deberíamos aprovecharlo para ejecutar, para reparar, para comprar, y todo ese tiempo se perdió porque no supieron o no quisieron ejecutar la ley”, sentenció la legisladora socialista.

Cabe destacar que, a principios de octubre, el ministro Rimoldi había concurrido al plenario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara para brindar información oficial respecto a la ejecución de recursos obtenidos mediante la emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario.

“Lo ejecutado es mucho menos que lo que había informado Rimoldi. Y lo peor es que Morel, ni siquiera había advertido que la planilla que entregó el ministro estaba mal. Hay una falta de control y de certeza de los datos que informan. Y luego ratificó que solo hay 54 millones ejecutados sobre 3.600, el 1,5%”, sentenció Clara García.

Asimismo, la diputada subrayó que “desde mayo que el gobierno de Santa Fe no muestra los números que son obligación por una ley nacional”. Y luego, añadió: “Hasta ese mes habían ejecutado solo 650 millones de 15 mil millones que todo el Ministerio tiene disponible. Y esto, que parece no importarles, repercute en toda la gente. Gastar menos significa menos control, menos patrulleros en las calles, menos policías protegidos ya que recién en noviembre empezarían a recibir los chalecos”.

“Quedó demostrado que este ministerio y estos funcionarios son parte de una gestión como la que encabeza Omar Perotti que ejecuta sin plan, lento y sin importarle los resultados”, señaló.

Conjuntamente, Cattalini aseguró que “el gobernador tiene que dar explicaciones a la sociedad, porque hasta acá el cambio de figuritas en Seguridad –ya van por el tercer ministro en menos de tres años– no sirvió para nada, que la famosa frase ‘la paz y el orden’ era solo un slogan de campaña, y que no tienen un plan para gestionar un ministerio y una realidad tan compleja”.

“El contexto económico no lo justifica. Venimos de una ley que se sancionó prácticamente un año atrás. Y la emergencia no solo le daba dinero, sino que le otorgaba facilidades administrativas para pensar soluciones, que fue justamente lo que no hicieron. Lo que sí queda claro es que cuando el gobierno de Santa Fe ahorra plata para ponerla en plazos fijo es en detrimento de la gente. Perotti tiene que dar explicaciones de una vez por todas, porque la gente la está pasando mal y no encuentra respuestas de parte del gobernador”, expresó la legisladora.

En igual sintonía, García detalló que “el Banco Central de la República Argentina informó en hace unos días que hay más de 100 mil millones de pesos en las cuentas bancarias de la provincia”.

“Esos son los impuestos de todos los santafesinos, de toda la gente que está sufriendo una situación de inseguridad y el gobierno no se hace cargo. El ministerio de Seguridad, primero con Sain, después con Lagna y ahora con Rimoldi no le ha dado importancia a invertir en cuestiones que mejoren la vida de la gente”, remarcó la diputada. Y luego completó: “Hacen falta patrulleros, mejor comunicación, mejor tecnología, cárceles bien equipadas y sistemas para que no ocurran delitos desde adentro de la cárcel con los propios celulares”.

Por último, Cattalini destacó que en la Legislatura se vio “a una secretaria que fue irrespetuosa y que no pudo dar cuenta de su gestión y del manejo del dinero público, y un ministro que no tuvo la autoridad suficiente para conducir una reunión, para hacerse cargo del problema y para mostrar autoridad”.

“Venimos de una relación compleja, nos gustaría que acepten nuestras críticas, nuestras propuestas, ojalá esto sirva para hacer un cambio de chip y que podamos tener una relación mucho más democrática de aquí en adelante”, concluyó.

Este miércoles concurrieron a la Legislatura el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi y la secretaria administrativa Ana Morel para explicar en que se invirtieron los 3.338 millones de pesos que la Legislatura le había asignado al Gobierno de Omar Perotti por Ley de emergencia para gastar en Seguridad. “A esta altura el único responsable de la inacción y la falta de respuestas en materia de Seguridad es el Gobernador”, sostienen el el comunicado los diputados del bloque radical.

Escándalo en Diputados: duros cruces, enredo de números y el ministro mudo

“Después de más de 4 horas de audiencia, la verdad es que seguimos sin respuestas y además nos llevamos varias preocupaciones. Vimos con sorpresa cómo la funcionaria, con total desparpajo y a veces hasta soberbia, le faltó el respeto a los legisladores y legisladores presentes. Delante de un ministro en silencio y cabizbajo, solo pudo mostrar una compra por 54 millones mientras el resto del dinero está atrapado en una maraña administrativa que le quita recursos a la Policía y castiga a los vecinos”, resumen sobre el encuentro. La Ley de emergencia “es una herramienta para agilizar los trámites y obtener recursos de manera más rápida. A 10 meses de tenerla a disposición, a 2 meses de vencer, el gobierno de Omar Perotti ejecutó menos del 1,6%. En un contexto de inflación creciente, lo que no se compró en febrero hoy cuesta mucho más. En una situación de crisis de Seguridad, los recursos que no se proveen, alimentan el sufrimiento de los vecinos que padecen robos, entraderas, asesinatos y balaceras todos los días”, esgrimen los legisladores. Y añaden que “la preocupación se acrecienta si pensamos en la imagen de un ministro callado y subordinado a una funcionaria con línea directa al gobernador Perotti. El Ministerio de Seguridad necesita, como ningún otro, una voz de mando clara sobre una fuerza vertical de 23 mil policías y 5 mil hombres y mujeres del Servicio Penitenciario. Dotar de recursos a la Policía; de móviles, de combustible, de equipamiento; no puede depender, como parece ser el caso, de la decisión de una administrativa que no conoce de Seguridad. El rol del ministro parece quedar subordinado a una funcionaria que se impone ante la presencia de un superior.” “Tras este papelón le reiteramos al gobernador Omar Perotti, responsable principal de las políticas de Seguridad, que le de a su ministro el poder necesario para llevar adelante un plan de Seguridad que lleve a mejorar este desastre. Gobernar bien es gestionar, invertir y dar respuestas a la gente”, cierran.

“Es patético, algo que debió informarnos en diez minutos, llevamos más de tres horas enredados y no discutimos políticas de seguridad” se quejó Rubén Giustiniani (Igualdad) en determinado momento de la reunión en el recinto de la Cámara de Diputados donde el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, concurrió con la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la cartera, Ana Morel, para rendir cuentas de la ejecución de la ley de Emergencia en Seguridad y el Servicio Penitenciario que vence a fin de año.

Morel asumió el protagonismo total del encuentro, intentó actuar como docente y tuvo serios cruces con legisladores que se sintieron maltratados o ninguneados por la funcionaria. Es más, el socialista Joaquín Blanco y el radical Fabián Palo Oliver se retiraron del recinto al igual que varios justicialistas avergonzados por lo que estaban viendo. Otros amagaron hacerlo como los radicales Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido cuando Morel afirmó que en la gestión anterior de Seguridad tuvieron cuatro años en emergencia. “No mienta, no mienta” le gritaban ofuscados los ex funcionarios de la cartera. Más adelante Pullaro protagonizó el momento más tenso cuando le preguntó al propio ministro Rimoldi si le iba a pedir la renuncia a Morel . “Es un análisis a hacer con el gobernador” respondió escuetamente el integrante del gabinete.

Rimoldi llegó a la hora exacta en que había sido convocado por la Cámara: 12.30, asistido por Morel y otros 23 funcionarios distribuidos en el recinto. Pablo Farías abrió el encuentro dándole la palabra a Rimoldi y a Morel para luego abrir el intercambio de preguntas. El ministro sólo atinó a pasarle el micrófono a la secretaria y entonces comenzó las explicaciones ‘a lo maestra ciruela’ de cómo funciona la administración de un ministerio cuando la inquietud era saber si había o no ejecutado los fondos previstos por la ley de emergencia votada a fines del año pasado. “Soy una simple secretaria que se encarga de gestionar” repitió a lo largo de la exposición donde debía dar cuenta de la ejecución de $ 3.389.328.500 cómo se encargó de recalcar. “La orden de Perotti es que “seamos eficientes, eficientes, eficientes y transparentes”, repitió. Después el primer yerro con la supuesta emergencia de la gestión Pullaro y el desmadre de la gestión y a los pocos minutos confundió a la socialista Lionella Cattalini con Claudia Catalin que actuó en una gestión anterior observando alguna actuación de la funcionaria como administradora del Estado junto a Roxana Latorre.

Primero Blanco, pero luego el propio justicialista Leandro Busatto le pidieron encauzar la reunión y que responde los interrogantes concretos que le hacían las diputadas socialistas Cattalini y Clara García para saber si había ejecutado lo autorizado por la emergencia. Le llevó más de tres horas admitir que solo se ejecutó poco más del 5% pero que está comprometido casi el 100% ya que el 89% de los fondos autorizados fueron destinados a la compra de 288 camionetas que están entregando en estos días, a la compra de 5.500 chalecos para la policía que llegarán el mes próximo; 200 millones para vehículos antimotines y 300 para que pequeños municipios y comunas adquieran sistemas de videovigilancia. “Usted vino a responder preguntas” le recordó el radical Fabián Bastia mientras Farías intentaba ordenar el encuentro. Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) dijo que sería la ocasión para hablar de temas de seguridad que está matando a los rosarinos “Fui docente y tengo debilidad por explicar” señaló Morel para reiterar permanentemente conceptos. La socialista García le hizo saber que desde mayo el gobierno no publica en la página web la ejecución presupuestaria y por lo tanto no podían seguir los números. “No son públicos los números porque no están publicados” le señaló cuando Morel hablaba de la ejecución al 17 de octubre.

“Usted tiene que ayudar, no está situada en tiempo y espacio” le señaló Gabriel Real (PDP). Hubo dos intentos de la oficialista Cesira Arcando con preguntas concretas para que Morel se explayara sobre números y otra vez se enredaba en sus apreciaciones. “No soy política, aunque milito en el peronismo desde 1975” señaló en algún momento.

“Usted no está en Finlandia” le disparó el radical Julián Galdeano. “Le dimos la herramienta para gestionar más rápido y vemos que le faltó decisión política, coraje para agilizar los trámites. Si no le dejan entrar camiones hidrantes parense en Casa de Gobierno hasta que el presidente de la Nación le de una respuesta. La emergencia es muy grave. No sirve la cátedra, la maestra ciruela” añadió a lo que Morel respondía políticamente. Luego fue Ariel Bermúdez (Creo) quien le señaló que Rosario vive muy mal por la inseguridad que se agrava día a día y le dijo que no tenía el perfil profesional para el cargo actual y en este momento. “Si las bandas están mirando la sesión se hacen un pic nic” le disparó Cándido quien advirtió que la funcionaria cumple los lineamientos marcados por Perotti.

Después de casi cuatro horas de reunión, Morel habló más de media hora con los periodistas explicándose su accionar mientras Rimoldi aprovechaba y se iba por la puerta central de la Legislatura. El papelón estaba hecho.

Sobre el final de la reunión, Rimoldi expuso algunos trazos gruesos de la gestión entre ellos unificar la jefatura policial, sumar tecnología y expuso algunas herramientas para enfrentar los delitos económicos que se realizan desde llamadas telefónicas. Además dejó a su segundo, Claudio Brilloni, que comente la tarea que realizan con fuerzas federales en Rosario y al secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, a cómo piensan colocar inhibidores telefónicos para los internos en las cárceles santafesinas.

No obstante Farías hizo público el compromiso de una nueva reunión con comisiones legislativas para abordar políticas de seguridad, no descartándose que esto se realice la semana venidera.

“Lo menos que podían hacer los funcionarios era conocer el motivo de la convocatoria”, disparó Real.

El diputado provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP), Gabriel Real, formuló declaraciones a la salida de la sesión de hoy en el recinto de la Cámara de Diputados para la audiencia prevista con el ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Rubén Rimoldi, y la secretaria de Administración Financiera de dicha cartera, Ana María Morel. Y sobre la misma evaluó: “En reiteradas oportunidades tuvimos que recordar el motivo de la convocatoria: conocer la aplicación presupuestaria de la Ley de Emergencia en Seguridad, esquema fundamental para decidir si se continúa con la vigencia de la misma. No recuerdo una sesión con estas características lamentables. En cumplimiento de una obligación legal en el funcionamiento de la vida democrática, lo menos que podían hacer los funcionarios era conocer el motivo de la convocatoria. Me preocupa, y estoy sorprendido, de que permanentemente se respondieron cosas que no interesaban en esta instancia. Queríamos saber cómo gastaron la plata en seguridad y cómo la van a seguir gastando, en qué tiempo y de qué forma”, sostuvo el legislador oriundo del departamento General López.

(Por Ivana Fux) – Los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Emergencia en materia de Seguridad emplazaron a las autoridades de dicha cartera para que en el término “de cinco días hábiles” documenten de qué manera se invirtieron los 3 mil millones de pesos que la propia normativa les asignaba para ejecutar en el corriente año.

La nota firmada por los senadores y diputados que integran la comisión solicita “la urgente remisión” de los informes de avance de las gestiones y de la ejecución presupuestaria de los fondos, así como del plan de inversiones tanto en materia de políticas de seguridad pública como penitenciarias. En el segundo párrafo de la misiva, los legisladores advierten que de no cumplimentarse el envío de la documentación requerida en el plazo planteado o en caso de que la misma no fuera aprobada, la Comisión “dará por concluida la presente ley”. De hecho, ésa es una de sus potestades. Los diputados y senadores que la integran no sólo deben verificar de qué manera se usó el dinero durante la aplicación de la ley; también pueden resolver que cese en su vigencia. El proyecto original prevé que continúe hasta diciembre, y es intención del Poder Ejecutivo renovarla por otro período. Pero la oposición no estaría dispuesta a conceder tal pretensión, si no se rinden los números como corresponde.

La exigencia de la Comisión Bicameral surge de las escasas precisiones que se obtuvieron en la exposición que el equipo de Rubén Rimoldi realizó la semana pasada en la Legislatura. El martes, el ministro de Seguridad y buena parte de su gabinete respondieron a la convocatoria de los legisladores para rendir cuentas sobre lo invertido durante la emergencia. Pero diputados y senadores quedaron disconformes, insatisfechos y ávidos de información precisa. En primera instancia, ello fue así porque de lo relatado por los funcionarios surgía que en los nueve meses de vigencia de la ley sólo se había ejecutado en términos reales el 10% de los 3 mil millones de pesos asignados. El propio Rimoldi dijo cuando se retiraba de la reunión que había un alto grado de fondos imputados -cerca del 98%- pero ejecutado, un porcentaje significativamente menor.

En segundo lugar y más allá de la disputa sobre los montos usados -en las últimas horas, se sumó a la polémica a través de las redes sociales el ministro de Gestión, Marcos Corach, intentando clarificar la situación-, la oposición cuestionó la falta de documentación con la que el equipo de Rimoldi había llegado a la Legislatura. Apenas un par de páginas con planillas Excel, y nada más. En la misma reunión, diputados y senadores comprometieron al funcionario para que en los días subsiguientes acercarse a las cámaras los documentos necesarios para corroborar y avalar lo dicho en el seno de la comisión. Pero al cabo de una semana, los papeles siguieron sin aparecer. Por eso, decidieron intimar a los funcionarios para que en los próximos cinco días presenten comprobantes y la documentación requerida.

Asimismo, los integrantes de la comisión recordaron que está pendiente una nueva convocatoria tanto a Rimoldi como a la Secretaría de Administración Financiera, Ana Morel, para que ambos expongan en el recinto de la Cámara de Diputados. La citación surgió en la sesión del jueves pasado, tras la reunión del martes que había dejado sabor a poco. En el encuentro, de hecho, ni siquiera se hizo presente Morel, quien debería haber dado cuenta del manejo de los números en el Ministerio durante toda la emergencia. Como se sabe, Rimoldi lleva apenas dos meses en el cargo, en tanto que la ley está vigente desde principios de año. La ausencia no pasó desapercibida para la oposición y molestó al oficialismo; Rimoldi exponía en la reunión mientras se enteraba de que en simultáneo un par suyo del gabinete le pedía la renuncia a Morel. Pero la dimisión no se concretó y ahora se la espera en el recinto de la Cámara de Diputados para que justifique lo que el Rimoldi no pudo explicar.

Fuentes del gobierno provincial descartaron de plano un posible cambio dentro del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. A pesar de las reuniones y rumores previos, este viernes hubo un encuentro con la presencia del propio gobernador Omar Perotti en el salón Blanco de Gobernación en Rosario en donde se analizaron distintas cuestiones que hacen a la operatividad de esta cartera. También participaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Estuvo presente también el ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach.

Las personas del Estado santafesino consultadas por El Litoral enfatizaron que fue una reunión más de tantas que se producen dentro del gabinete de Perotti. El primer mandatario santafesino llegó con el cónclave ya iniciado alrededor de las 14.45.

Según trascendió, el actual ministro Rubén Rimoldi y la contadora Ana Morel, una funcionaria pública que está bajo el mando de Rimoldi, tienen opiniones diferentes en relación a la compra de insumos y la contratación de servicios para esta cartera. Cabe señalar que las decisiones finales para los gastos pasan por el ministro de Economía, Walter Agosto.

Todo esto ocurre en medio de un año que cuenta con una cifra muy alta de homicidios en el departamento Rosario y que va camino a superar el récord de 2013 de 264 asesinatos. En este 2022 ya van 224.

El gobernador Omar Perotti mantendrá este viernes un encuentro con el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y todo su equipo. Será a las 14.30 en la ciudad de Rosario y desde la víspera se sostiene una suerte de guardia periodística por sus resultados. Allí pueden resolverse las tensiones que, dentro de esa cartera, mantienen el ex comisario Rimoldi y la contadora Ana Morel, una funcionaria que está bajo su órbita pero ocupa su cargo desde los primeros meses de la actual gestión gubernamental y tiene una responsabilidad decisiva para el avance de la compra de insumos y la contratación de servicios, en la Secretaría de Administración Financiera.

Aunque el organigrama oficial no lo diga, se trata de una contadora que -como en otros ministerios- tiene la confianza del titular del Ministerio de Economía, Walter Agosto, quien centraliza decisiones cuando se trata de imputaciones presupuestarias.

El jueves 6 la Cámara de Diputados votó una resolución para volver a citar al ministro de Seguridad y a la funcionaria del área de logística, para que por fin expliquen la ejecución presupuestaria de los fondos asignados por la Ley de Emergencia en Seguridad, que vence en diciembre próximo.

Según la oposición mayoritaria en ese cuerpo legislativo, el gobierno provincial ejecutó menos del 10% de los recursos previstos, en tanto que el ministro Rimoldi sostiene que fueron ya “imputados” el 95% de esos recursos.

El problema es que al reunirse con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad creada por la misma norma, el titular de la cartera no tuvo asistencia de la contadora Morel, la funcionaria que es clave para esas compras y contrataciones que tienen procesos excepcionales y más ágiles habilitados.

Ese miércoles 5, el dato no pasó inadvertido entre los diputados opositores que, en declaraciones a la prensa, adelantaron que con la documentación oficial que se les entregó desde la Casa Gris no ven razones para votar una prórroga a la ley 14.070, promulgada en enero de 2022. Rimoldi ratificó que ese instrumento es de suma utilidad para la gestión.

En tanto, legisladores del oficialismo que asistieron a la reunión, recibieron otra novedad cuando terminó ese encuentro: todo indicaba que se iría Morel de Seguridad. Pero como ese rumor no se confirmó, comenzó a crecer otro -durante las últimas 48 horas- que pone al gobernador Perotti como obligado árbitro del enfrentamiento.

El encuentro fue presentado por la prensa oficial con el objetivo de discutir y establecer cuestiones de tipo operativo para afrontar la situación imperante por el avance delictivo en el espacio público de la ciudad del sur. Si así sucede será porque al Titular del Poder Ejecutivo le habrá bastado con sacar un alguna tarjeta amarilla, sin llegar a mostrar la roja.

(Por Luis Rodrigo) – Los diputados Juan Cruz Cándido (UCR-Evolución), Ximena Sola (Pro-Juntos por el Cambio) y Lionella Catallini (Socialista), así como los senadores Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) y Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) recibieron en la mañana de este 5 de octubre al ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe Rubén Rimoldi, junto a su equipo de funcionarios.

Por primera vez desde que comenzó la actual integración de las Cámaras la comisión bicameral de Seguridad recibió al titular del área, en una reunión que los legisladores y los funcionarios adelantaron que sería de agenda abierta y a puertas cerradas.

Los periodistas pudieron conversar solo con dos colaboradores directos del comisario retirado que es la tercera apuesta del gobernador Omar Perotti en esa cartera, tras las gestiones de Marcelo Sain y Lagna. Rimoldi asumió el 10 de agosto pasado y lleva apenas un par de meses en el cargo.

Aunque los periodistas no pudieron presenciar el debate, se sabe que el uso de los fondos producto de la Ley de Emergencia en Seguridad, las cifras de muertes violentas en los principales centros urbanos, la lucha contra el narcotráfico, la superpoblación carcelaria en penales y en comisarías (en especial en la ciudad de Santa Fe) y sobre todo las políticas para la prevención del delito y sus resultados son parte del temario.

Junto a Rimoldi se encuentran el secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, José Córdoba Ríos; el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez; el subsecretario de Políticas de Seguridad Pública, Edgardo Glavinich, el subsecretario de coordinación de Gabinete y Articulación Institucional Catalino Portillo, el director del Servicio Penitenciario Gabriel Leegstra, y el jefe de la Policía santafesina, comisario Miguel Oliva.

“Los objetivos son los mismos de otras reuniones, discutir, pero víctimas y familiares de víctimas le dio a la reunión otro ámbito, otro tenor. Poder escuchar de bocas de ellos lo que padecen. Es una reunión importante, productiva” detalló el ministro Coordinador, Marcos Corach, entrada la noche de este miércoles y un alto de la concurrida reunión de la Junta Provincial de Seguridad.

Fue la tercera reunión y el gobierno la activó el fin de semana cuando desde la Cámara de Diputados se buscaba coordinar la fecha de la interpelación al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi. La larga mesa instalada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno estaba colmada. El gobernador Omar Perotti y la vicegobernadora Alejandra Rodenas se sentaron junto a Corach y la ministra de Gobierno, Celia Arena, quien había realizado la convocatoria. Estaba el nuevo ministro de Seguridad y otros funcionarios más el jefe de policía. Pero también asistieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini quien trazó una especie de hoja de rutas de los temas a afrontar. Una decena de diputados asistieron encabezados por el titular del cuerpo, Pablo Farías, mientras que los dos senadores invitados no estuvieron presentes (Armando Traferri y Rodrigo Borla). Pero el elemento novedoso fue la participación de víctimas o familiares como Graciela Brondino por Santa Fe, Ezequiel Lowden de Rosario, o bien representantes de deliverys o estafados por ciberdelitos quienes de la mano del diputado Oscar Martínez tuvieron voz en el encuentro.

La propuesta de Baclini fue abordar con urgencia lo que está pasando en el Servicio Penitenciario, en los barrios con las intervenciones multiagenciales y hacer notar de que gran parte del delito se estructura dentro de las cárceles para lo cual se necesitan una serie de decisiones legales y políticas para cortar esa posibilidad.

Bien avanzada la noche, el Ejecutivo se mostraba satisfecho con la marcha de la reunión mientras que los diputados de la oposición marcaban que no se veía plan o programa por parte de la nueva gestión del Ministerio de Seguridad. Los más enfáticos en marcar esta deficiencia fueron el radical Juan Cruz Cándido, presidente de la Comisión de Seguridad, y el socialista Joaquín Blanco. Para Martínez, en cambio, hay instancias de diálogo abiertas con las víctimas y consideró que hay posibilidad de trabajar todos juntos. Se pidió reabrir comisarías y entre ellas se marcó la suboctava en nuestra capital para atender la problemática de Coronel Dorrego.

Los legisladores expusieron los proyectos en marcha, los ofrecieron para seguir discutiéndolos y advirtiendo que muchos de ellos están en el Senado. Martínez fue enfático en la necesidad de evitar las excarcelaciones de aquellos que portan armas de fuego al ser detenidos así como de profundizar el control sobre desarmaderos o chacaritas.

“No hay pases de facturas. Entendemos que el problema nos aqueja a todos” subrayó Corach. “La reunión es una muestra de madurez política, hablamos de inversiones, del Servicio Penitenciario, el fiscal Baclini hizo una propuesta de trabajo. Hay un diálogo maduro”, destacó el ministro.

Corach admitió que la presencia de las víctimas hizo cambiar el tenor de la reunión. “Escuchar y que ellos se sientan escuchados y, en algunos casos, después de pedir durante doce años justicia y haberse sentido maltratados por parte del Estado nos lleva a todos a tener una mirada crítica y de autocrítica sobre como nos comportamos”, añadió para retirarse optimista en la posibilidad de acordar leyes en materia de seguridad.

Luego también expusieron políticas de intervención del Estado en los barrios conflictivos por parte del vice ministro de Desarrollo Social, Ignacio Martínez Kerz y el secretario de Seguridad, José Córdoba Ríos. En tanto, Oscar Martínez se acercó a evaluar el encuentro con representantes de víctimas y de deliverys. El legislador subrayó la importancia de la presencia de ellos. “Todos los santafesinos somos víctimas de la inseguridad y de la violencia que nos atraviesa. Es responsabilidad de los tres poderes de dar la respuesta adecuada”, señaló. “Celebramos el compromiso de poder abordar la situación de los deliverys y la necesidad de entender que la víctima del delito está en situación vulnerable y es responsabilidad del Estado tener empatía y que necesita del amparo del Estado que no le garantizó la seguridad o que no hace justicia ante su padecimiento”, subrayó. Fernanda Fernández, trabajadora de delivery, dijo estar esperanzada en que se cumpla el compromiso para con ellos. El rosarino Ezequiel Lowden pidió acuerdos a la política para la prevención, el acompañamiento ante la justicia y que dejen de tirarse con los muertos.

Desde el radicalismo se cuestionó la falta de un programa elaborado de seguridad por parte del nuevo titular de la cartera, Rubén Rimoldi. “No hemos logrado que el ministro hable del plan de seguridad, objetivos de la cartera” dijo Fabián Palo Oliver al retirarse del encuentro que llevaba más de dos horas de duración. No obstante destacó que las asociaciones de víctimas reclamaron que la política deje de tirarse con los muertos y trabajen en búsqueda de consensos.

En tanto, Juan Cruz Cándido observó falta de respuestas del Ejecutivo ante la gravedad del problema pero además pidió que la provincia debe actuar con mayor énfasis en los puertos. “Es un huevo de la serpiente lo que pasa en los puertos y el tráfico se paga con droga que se queda en el territorio y que es violencia en los barrios. Se paga la logística con droga, y esperamos que el tema sea eje de la próxima reunión de la junta”, se esperanzó.

Rimoldi puso eje en insistir con la colocación y mejora de las cámaras de seguridad en las diferentes localidades, apostar a la ciberseguridad y tener una fuerte presencia social en los barrios.

El socialista Joaquín Blanco fue muy crítico. “Preocupados y decepcionados porque el ministro no explicitó ideas, políticas de hacia donde quiere ir. El gobierno está en una situación preocupante ante la realidad de violencia e inseguridad y parece que no hay reacción. Nos vamos preocupados y dejamos una serie de propuestas y sugerencias para controlar las cárceles, políticas sociales en los barrios. Veníamos a escuchar un plan y nada ha aparecido” marcó. Para el socialista no fue una buena noticia que los senadores no hayan participado del encuentro. “No queremos que el próximo gobierno encuentre tierra arrasada en materia de seguridad”, señaló.