Los 68 convencionales reformadores de la Constitución de Santa Fe renunciaron en forma unánime y colectiva a los fueros de proceso que les extiende ese texto que data de 62 años atrás, para cuando las persecuciones políticas y la inestabilidad del sistema democrático dominaban el escenario nacional.

Se trata de la primera decisión trascendente del cuerpo, en términos simbólicos, respecto de la Carta Magna que pretende escribir la Convención Reformadora. En la Ley 14.384 que declaró la necesidad de la reforma, se habilitó la posibilidad de que se revisen los fueros especiales de Santa Fe, que hoy son de mayor alcance aún que a nivel nacional para los legisladores provinciales.

La cuestión fue votada a mano alzada, por signos, sin oposición, tras dos intervenciones. Primero habló el presidente del bloque del justicialista Rubén Pirola que entre otras cuestiones trasladó el pedido de su par (y también senador provincial) Armando Traferri quien pidió su propio desafuero. Como se sabe, el convencional y legislador por San Lorenzo, pidió lo mismo en septiembre de 2023, en la Cámara alta de la Legislatura, para que pueda avanzar el proceso judicial en su contra. Por el caso que tantas páginas consumió años atrás, cuando en un primer momento se escudó en sus fuero para no ser procesado, no ha tenido avances de relevancia. Y aún no ha sido llamado a declarar por la fiscalía.

La cuestión fue votada a mano alzada, por signos, sin oposición, tras dos intervenciones.

Tras la moción de Pirola (que también elevó a la secretaría la totalidad de los integrantes del bloque que conduce), tomó la palabra el radical Fabián Bastia que propuso a todos sus pares convencionales de las distintas fuerzas políticas imitar a Traferri y producir lo que llamó “un desafuero de todos”. Más tarde, por distintas intervenciones, se acordó un texto de renuncia colectiva que se votó por unanimidad con la aclaración de que se mantienen las inmunidades en protección de sus derechos a opinar y expresarse sin que por eso (como los legisladores) puedan ser perseguidos, procesados o juzgados.

En efecto, el artículo 51 del texto bajo reforma (ver aparte) ha fijado unas inmunidades que no permiten que un legislador provincial pueda ser llamado a declarar. Ahora por el tiempo que dure la convención, los 68 convencionales podrán ser objeto de una persecución penal. Obviamente, hasta que se cambie el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe aún vigente rigen para quienes además de convencionales son legisladores las protecciones especiales a eliminar.

El artículo 51 de la Constitución de Santa Fe (aún vigente) dice textualmente: “Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones.

Reforma Constitucional | Jornada 2 | 16 de julio 2025 | . Foto: Guillermo Di Salvatore.

Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal.

Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido.

La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo”.

Cuando la Cámara de Diputados complete el trámite legislativo que este jueves comenzó en el Senado, las comunas y las municipalidades de segunda categoría (todas menos Santa Fe y Rosario) podrán usar para gastos corrientes recursos de asignación específica dispuestos por la Ley 12.385 Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados.

La media sanción del cuerpo de 19 bancas se llevó a cabo por unanimidad con la finalidad de aliviar cuanto antes las cuentas de los gobiernos de pueblos y ciudades del interior provincial, mediante una ley de excepción que la Legislatura santafesina vota cada año en la última década.

En esta oportunidad llamó la atención lo temprano de la media sanción de la norma, apenas en la quinta sesión ordinaria de 2024. En otras ocasiones la idea de permitir que no se hagan obras, sino que se paguen sueldos o a proveedores en lugar de ejecutarse infraestructura urbana o comprar equipos y maquinaria vial se solía otorgar, a manera de salvavidas, más cerca del cierre de los ejercicios fiscales anuales.

El proyecto de ley llegó al recinto desde la oposición pero de inmediato fue firmado por la totalidad de los senadores provinciales al sumarse el oficialismo con sus firmas al expediente. El asunto ingresó en la primera sesión ordinaria a principios de mayo y sencillamente la Cámara esperó el momento político más adecuado para darle media sanción, con suficiente antelación para que Diputados tenga toda la segunda mitad del año legislativo para completar el trámite de una norma que piden jefes comunales e intendentes que claman por fondos.

Ante cada crisis económica surgen motivos para que una norma que buscaba que haya más obras y equipos en pueblos y ciudades medianas tenga su excepción y pague sueldos o gastos con proveedores. En 2024 la cuestión comenzó a debatirse en la primera sesión ordinaria y logró media sanción en la quinta, este jueves 27 de junio. Crédito: Gentileza Cámara de Senadores

El autor de la iniciativa, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), subrayó que la (pronta) media sanción es una respuesta posible desde la Cámara alta "a la dura situación económica que enfrentan las municipalidades y las comunas, también afectadas por la grave crisis a nivel nacional".

En nombre del bloque justicialista que preside, Pirola destacó que "además de las altas tasas de inflación en estos primeros meses del año, se suman las decisiones de política económica del gobierno nacional que, con sus medidas de ajuste y recorte del gasto público, repercuten negativamente sobre la recaudación tributaria", con lo que también caen "los fondos coparticipables para nuestra provincia y para los municipios y las comunas".

"El sector industrial se cae a pedazos, las Pymes sufren un panorama grave y con ellos caen las condiciones para que la recaudación pueda cubrir, coparticipación mediante, los gastos corrientes de las administraciones", indicó.

En el momento en que se trataron los expedientes con pedidos de tratamiento preferencial avanzaron con media sanción varios proyectos de Ley. Uno que modifica los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 12.256 para la lucha contra el abigeato y que crea un Programa de Coordinación y Seguridad Rural, presentado por Pirola; y lo mismo, un proyecto de su par justicialista Armando Traferri (San Lorenzo) que modifica los límites jurisdiccionales de los distritos Puerto General San Martín y Aldao, departamento San Lorenzo. Ambos asuntos pasaron a Diputados, que como con Obras Menores, formará parte de su agenda.

En otro orden, obtuvo sanción definitiva un proyecto de Ley presentado por la exdiputada María Laura Corgniali que fue tratado sobre tablas, por el cual se donan a la Comuna de Arroyo Ceibal, departamento General Obligado, cinco lotes de terreno ubicados en dicha localidad, con el cargo específico para cada inmueble para la construcción de un polideportivo comunal, una plaza a denominar General San Martín, un cementerio y un predio de maestranza y edificio comunal, con un salón de usos múltiples.

En el mismo día en el que el senador Traferri ingresó un proyecto de ley, obtuvo un sobre tablas y logró media sanción una norma que dispone que "para el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, que realizan los alumnos de 4º grado de nivel primario de los distintos establecimientos escolares de la Provincia, sea tomada por un veterano de la Guerra de Malvinas, o por un grupo de ellos". La idea contó con el inmediato respaldo de los restantes representantes de los departamentos que apuraron la votación y la pasaron a Diputados.

Por unanimidad y con elogios del oficialismo a la oposición, la Cámara de Senadores votó por tercera vez un proyecto de ley para fortalecer la persecución penal de los delitos rurales. Un drama que no se limita ya solo al abigeato y el robo de granos, sino que también se extiende a los asaltos sobre los bienes de las viviendas, o los atracos a mano armada, en ocasiones violentos.

El texto votado entre las preferencias fue impulsado nuevamente por el titular del Justicialismo, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). Contó con las firmas de senadores del oficialismo y con una intervención del presidente de la bancada oficialista mayoritaria, Rodrigo Borla (UCR-San Justo), que felicitó al autor de la iniciativa.

La norma en cuestión crea la Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, que tendrá como mínimo dos fiscales por cada una de las cinco Fiscalías Regionales y "funcionará según las disposiciones del fiscal general", cargo que hoy detenta María Cecilia Vranicich.

El miércoles entidades del agro expusieron sobre la inseguridad rural. Crédito: Prensa Senado

La media sanción de este jueves 13 fue precedida por una extensa y rica reunión en el mismo recinto, realizada el miércoles 12, que contó con la participación de representantes de las entidades agropecuarias. Hubo relatos sobre la tranquilidad campera alterada y también una observación relevante: los dirigentes ruralistas no creen en las estadísticas existentes porque sencillamente no siempre hay denuncias, porque se suele pensar que llevarlas a la Justicia no produce efectos. Ahora habrá una unidad especial dedicada al tema, siempre que la cuestión avance en Diputados.

La Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Confederaciones Rurales Argentinas se explayaron sobre la situación de inseguridad fuera de los ámbitos urbanos. El Senado ya votó en mayo de 2022 otra iniciativa similar y lo mismo sucedió en 2020. En ambos casos fracasó su tratamiento en Diputados.

Senadores otorgó media sanción a la modificación al artículo 1 de la Ley 14.010 que creó el "Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles". El cambio fue impulsado por los senadores peronistas Alcides Calvo, Armando Traferri, Rubén Pirola y contó también con la firma del radical Felipe Michlig. El representante de Castellanos destacó que la intención es "incluir otros sectores para llevar adelante una utilización masiva de los combustibles renovables", y recordó que así como en el pasado se buscó incorporar el transporte público de pasajeros para el biodiesel, ahora se busca abrir las puertas a la "incorporación de otros transportes como lo son el ferroviario y el aéreo".

Entre otros asuntos, la Cámara de Senadores aprobó la creación de un Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos, propuesto por el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig.

El presidente provisional del cuerpo indicó que en la provincia existen más de 1.500 entidades vinculadas al deporte amateur y sostuvo que Santa Fe debe darse "una política de Estado" para sostener esa red de socialización y contención. Relató que del tema ha hablado con el gobernador Maximiliano Pullaro y que el titular del Poder Ejecutivo Provincial le ha dado su aval porque considera que esas actividades recreativas forman mejores ciudadanos, al igual que otras instituciones como la familia y la escuela, indicó. "Cada uno de los integrantes de esta Cámara somos conscientes del esfuerzo que hacen los directivos de los clubes para sostener las actividades deportivas", fundamentó Michlig, autor de la iniciativa junto a sus correligionarios Germán Giacomino y Orfilio Marcón.

La llamada ley de Ficha Limpia con que cuenta Santa Fe, que fue aplicada por primera vez en las precandidaturas de los comicios provinciales de 2023, recibirá (si se completa el trámite legislativo en Diputados) una modificación.

En rigor, se trata de la incorporación de las figuras penales que ha creado en el ámbito provincial la ley de desfederalización del microtráfico o de "narcomenudeo". Obviamente, quienes estén bajo la persecución penal del MPA santafesino por esos delitos (el caso típico es el del delibery) no podrán participar de la elección de cargos electivos o de autoridades partidarias.

Además obtuvo sanción definitiva el Mensaje N° 5087 que postula la creación de un Consejo Económico y Social de la Provincia.

Ante la dimensión del daño que se avizora en los cultivos de maíz santafesinos, a causa de el complejo de enfermedades que transmite la plaga Dalbulus Maidis, ingresó a la Cámara de Senadores de la provincia un pedido para que el Poder Ejecutivo declare la emergencia o desastre agropecuario en las zonas afectadas e instrumente ayudas para los productores damnificados.

El proyecto de comunicación, que lleva la firma del senador por Las Colonias, Rubén Pirola, plantea que, ante los daños y pérdidas sufridos por el avance de la enfermedad causada por la bacteria Spiroplasma Kunkeli, transmitida por el insecto vector chicharrita del maíz (Dalbulus Maidis), las autoridades procedan a: 

a) Realizar las acciones necesarias, mediante la intervención de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, para disponer la declaración de situación de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en los departamentos afectados de la provincia de Santa Fe, con los alcances y beneficios de la Ley N° 11297; 

b) Brindar todas las medidas necesarias de asistencia técnica, capacitaciones especializadas y prácticas de manejo de plagas para los productores agrícolas, 

c) Asistir económicamente a los productores afectados, mediante subsidios o acceso a créditos blandos, con subsidios de tasas y plazos de gracia; y 

b) Exhortar a las autoridades del Gobierno Nacional y de Gobiernos Provinciales afectados a trabajar de manera coordinada y conjunta para enfrentar el impacto y avance de la plaga y posibilitar la recuperación de la producción de las zonas afectadas.  

En los considerandos, el legislador sostiene que en el provincial, "hay lotes que no se van a cosechar por Spiroplasma, como por ejemplo en López y Gálvez". Y añade que, unas semanas atrás los técnicos esperaban un daño de 5 al 10%. "Pero al avanzar la etapa reproductiva, estiman ahora pérdidas del 70 al 80%", señala. Para graficar el desconcierto que manifestaron los especialistas, el texto asegura que declararon: "nos tomó a todos por sorpresa. No hubo forma de pararlo". 

El reporte indica que el daño es distinto según zonas, fechas de siembra y variedades. "Hay lotes muy afectados que cuanto mucho podrán dar 15 qq/ha. Bajó del norte, llegó hasta Río Cuarto, San Martín de las Escobas, Cañada de Gómez y hasta San Nicolás", dijeron los técnicos consultados. 

El legislador también menciona que profesionales de INTA Rafaela, que integran el grupo de protección vegetal, indican que se confirmó la presencia de Dalbulus maidis en la mayoría de los lotes monitoreados en los departamentos San Jerónimo, San Martín, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y las Colonias. 

También citó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que plantea una situación de "alarma" en la región central del país. "La forma escalonada en la que se ha sembrado y el aumento en hectareaje del maíz tardío, la plaga muestra un crecimiento poblacional y una cobertura que no había sido antes vista. Cuando parecía que las tandas de maíces tardíos, los sembrados del 10 al 15 de diciembre en adelante, estaban mejorando su performance productiva en Córdoba y Santa Fe, se multiplicaron en las últimas semanas los comentarios de técnicos alertando por el fuerte impacto y el daño observado por este problema". 

(Por Juan Manuel Fernández) - El clima de hartazgo por la inseguridad en el ámbito rural, a causa del acecho permanente de malvivientes que atentan contra los establecimientos agropecuarios, ha despertado reacciones en instituciones y legisladores del centro santafesino, quienes advierten sobre el desánimo reinante en el sector por esta causa.

"Actualmente la inseguridad sigue siendo una cuestión de todos los días en la ruralidad", lamentó la Sociedad Rural de Rafaela, en una publicación institucional tras el caso de una productora de la zona, hostigada por delincuentes en su pequeño campo, con 65 animales de cría. "Años de pérdida de ejemplares en manos de los delincuentes, tuvieron una espiralización en los últimos cuatro fines de semana", alertaron el 22 de marzo, y aseguraron que lo sufren diferentes categorías bovinas: "matan, faenan, o intentan descuartizar vivos a los animales…".

La situación se replica en cada rincón de la provincia. Por ello, el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, instó a la creación de un destacamento de la Guardia Rural Los Pumas en el distrito a través de un proyecto legislativo que obtuvo media sanción en la Cámara Alta. "Este proyecto surge de la necesidad imperante de incrementar los controles y servicios de seguridad en áreas rurales que están siendo afectadas por el avance del delito. La creación de un destacamento de la Guardia Rural Los Pumas se presenta como una medida clave para abordar esta problemática." explica en los fundamentos el legislador provincial.

El legislador añadió que luego de reunirse con la Sociedad Rural de San Carlos Centro, constató "el profundo malestar y preocupación de los habitantes rurales ante la serie de hechos delictivos registrados durante el presente año."

Vale recordar que en agosto de 2023 se inauguró un destacamento de la Guardia Rural en La Pelada para patrullar los distritos del norte de Las Colonias. Sin embargo, según el senador "queda pendiente la creación de un destacamento para el sur del mismo departamento y el norte de San Jerónimo".

La situación se mantiene constante y en cada jornada se conoce un nuevo ilícito. En la madrugada de este lunes 25 una empresa agropecuaria en San Agustín, en el departamento Las Colonias, a unos 25 kilómetros de la capital provincial, sufrió el robo de una cisterna plástica de 1.000 litros para el acarreo de agua, la bomba de presión, mangueras y herramientas de una cosechadora. "Aparentemente fue anoche, porque ayer a la tarde el tanquecito estaba cuando el encargado terminaba la jornada", dijeron los damnificados. 

El hecho se produjo en cercanías del cementerio comunal y, según las huellas que dejaron los malvivientes, los damnificados suponen que el atraco se perpetró "con un vehículo chico, un auto con enganche pareciera, por las ruedas finitas". El tanque, precisaron, estaba enganchado a una casilla que forma parte del equipo de cosecha de la firma y se utilizaba para consumo de los operarios o para combatir algún incendio.

En Castellanos, en tanto, la Rural de Rafaela denuncia que delitos como el abigeato, el cuatrerismo, los robos y las amenazas "se convirtieron en situaciones comunes, que forman parte de la actividad". 

La institución subrayó que se trata de una situación que se volvió crónica, al igual que la falta de respuestas, a pesar de las ayudas que se brindan a las fuerzas de seguridad. "Han pasado muchos años en los que las instituciones que estamos al lado de los productores hemos colaborado en el armado de mapas de delito, hemos acompañado a productores que fueron víctimas de los más diversos ilícitos, aportamos a las fuerzas de seguridad que tienen que patrullar los caminos rurales y trabajamos para mejorar la transitabilidad justo donde se producen los alimentos. Sin embargo, no parece alcanzar".

Mientras tanto, el robo de animales y el faenamiento de ganado "se convirtieron en situaciones cotidianas, no sólo en Rafaela, sino en toda la región, desde hace muchísimo tiempo". Situaciones ante las cuales, aseguran que los productores denuncian ante el Ministerio Público Fiscal, ante la Policía de la provincia y frente a la guardia rural Los Pumas. "Pero en muchos casos dejan de presentar el tema ante las autoridades por falta de respuesta".

La Rural rafaelina lamentó que, tanto a nivel nacional como provincial, son escasos los hechos que tienen sentencia judicial. "Es esa impunidad la que sigue motivando a los delincuentes, en perjuicio de los productores", advirtieron. A esto contribuye "la falta de móviles, de efectivos, la liberación de zonas por falta de control, por el traslado de personal policial para atender otras regiones. Todo atenta contra la producción y la propiedad privada".

Una modificación al Código de Faltas de la Provincia busca que haya sanciones ejemplificadoras para quienes agredan física o verbalmente a cualquier trabajador de la Educación, sean o no docentes, en cualquier establecimiento de gestión pública o privada.

La iniciativa logró media sanción, entre otros proyectos tratados recientemente, sin debate ni exposiciones en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Fue girada a la Cámara de Diputados, donde otros expedientes similares no han logrado avanzar porque allí existe otra visión respecto del criterio de discriminación positiva para las faltas.

El texto que logró avanzar en el cuerpo de 19 bancas pretende también poner el foco sobre las situaciones de violencia que sufren especialmente los docentes en sus labores, así como otros trabajadores del sector educativo. Y busca crear una herramienta que permita incluso que se dicte el arresto hasta por 40 días.

La modificación al Código de Faltas fue impulsada por el senador por Las Colonias, Rubén Pirola (PJ-NES) e incorpora el artículo 115 bis, en el Libro III, Título VI "Contra la seguridad de integridad personal", en el Capítulo II "Contra la integridad personal" de la Ley 10.703). Se aprobó sobre tablas y por unanimidad en la sesión del 19 del corriente.

En los considerandos, el presidente provisional del Senado reflexiona: "Las situaciones problemáticas y los conflictos forman parte de la vida y de la dinámica en que se desarrollan las relaciones humanas. El conflicto, en consecuencia, es un emergente natural en las relaciones humanas y también sucede en las escuelas. Lo que debe ser evitado es la violencia con la que se pretende manejarlos, enseñando que hay otra manera de hacerlo".

Busca "proponer alternativas y soluciones a un problema que se ha ido agravando en los últimos años, como es el relacionado a los hechos de violencia, agresiones físicas y verbales que se producen en los establecimientos educativos de la provincia".

"Las acciones violentas de los padres o de personas con algún vínculo con alumnos se han venido incrementando en los últimos tiempos sobre los trabajadores de la educación. Esta situación merece un abordaje integral, que permita trabajar sobre las a causas del mismo y generar los instrumentos sociales, institucionales, normativos y formativos a fin de superar los niveles de violencia y agresión", añade.

Recuerda que en 2003 se sancionó la Ley 12178 que establece el Programa Provincial de Prevención de Violencia Escolar en los Establecimientos Educativos y está dirigida a trabajar con los diversos actores de la comunidad educativa, para evitar o disminuir las formas de violencia escolar y concientizar sobre el problema, pero el problema subsiste o incluso es más grave.

Así, lo indica el senador: "Resulta sumamente importante el abordaje desde la perspectiva de un programa como el establecido, que trabaja sobre los valores de la tolerancia, el consenso y la modificación de las pautas culturales que sustentan los hechos de violencia en un establecimiento educativo, pero el Estado no puede renunciar a intervenir cuando estas conductas, procedentes de padres u otras personas, alteran el funcionamiento del servicio educativo, afectando la integridad física y psíquica de los trabajadores de la educación y también la perturbación del servicio educativo, que terminan impactando en definitiva en la calidad de la educación y en los derechos de los alumnos".

Entiende que, ya desde un aspecto normativo, es necesario modificar el Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe y crear "una sanción específica para aquellas personas que agredieren verbal o físicamente, dentro de un establecimiento educativo de gestión pública o privada, a cualquier trabajador de la educación, sea o no docente, no solamente en resguardo de la integridad personal de los trabajadores de la educación, sino también como una defensa simbólica y efectiva de la escuela, vista como institución y como establecimiento".

Entiende que en otras provincias se han adoptado medidas similares y podemos citar el caso de Córdoba donde, en el año 2020 se agregó a su Código de Convivencia Ciudadano la figura del "Agravio al personal de centros educativos y de salud" o de la Provincia de Buenos Aires que en 2016 incorporó "la figura de la agresión a los trabajadores de la educación en el Código de Faltas". Los salteños tienen desde 2017 una regulación similar en su Código Contravencional.

Son precisamente de aquel año los primeros intentos de los senadores provinciales de establecer una norma que colabore en mejorar la convivencia en las escuelas, en especial afectadas por las agresiones externas.

Hace cinco años la Cámara alta santafesina procuró sancionar una norma abarcativa de todos los agentes del Estado Provincial que en el ámbito de la educación o de la salud sufran agresiones. Luego, tras el pase al archivo de aquella iniciativa amplia en la Cámara joven, hubo más intentos de los representantes de los departamentos que también merecieron la unanimidad pero no tuvieron suerte en el otro cuerpo legislativo para proteger a médicos, enfermeros y otros trabajadores de los centros de salud.

Por unanimidad en todos los casos, el Senado votó este jueves 20 la renovación de sus autoridades para completar el último año de sus actuales mandatos. Es nuevamente Pirola el presidente Provisional de la Cámara y lo secundan como vicepresidentes primero y segunda, Germán Giacomino y Cristina Berra.

Los bloques del oficialismo mayoritario y el radicalismo en minoría repitieron la fórmula de entendimiento que existió en los últimos tres años, aunque con alguna disidencia en 2021. Pirola pertenece al bloque del Nuevo Espacio Santafesino que encabeza Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), a la UCR Giacomino y Berra al justicialismo encolumnado con la Casa Gris del bloque Lealtad, que lidera Alcides Calvo (PJ-L-Castellanos).

Antes de que los bloques propusieran a sus candidatos (y que como es de práctica los elegidos pidan permiso para la abstención de sus propios nombres), la vicegobernadora Rodenas mostró al cuerpo un grueso blibliorato con el informe de gestión correspondiente al año 2022, que corporiza el concepto de “transparencia y gobierno de puertas abiertas” de su labor en la Cámara alta. La ex jueza penal subrayó que la información que contiene el impreso estará disponible a partir del 1ro de mayo “para que cada santafesino y santafesina pueda saber en qué destinos se utilizan todos los fondos públicos” de la Cámara donde están representados los 19 departamentos, incluso de las ayudas económicas otorgadas por esa presidencia y los titulare de la bancas.

El clima y los acuerdos (idénticos a los de 2022) dejan muy atrás las tensiones de 2019 cuando hubo una fuerte puja interna por el reparto de las comisiones, o de 2020 cuando los senadores más cercanos al gobernador Omar Perotti se abstuvieron de votar.

Para cualquier legislador es importante el respaldo de sus pares para una actividad en la que está representada la Cámara y dentro del abanico disponible de esas oportunidades la del presidente provisional del Senado (que eventualmente reemplaza en el estrado a la presidencia del cuerpo) es de las más valoradas. Privarse de votar no debe haber sido una decisión fácil y hoy sucede exactamente lo contrario, todo se puso a consideración por signos y todas las manos se alzaron para respaldar a los propuestos, que recibieron el saludo de cada uno de los presentes

Por otra parte, se renovaron los cargos de la secretaria administrativa, Patricia Boni y del secretario legislativo Rafael Esteban Gutiérrez, así como del subsecretario Diego Luis Maciel.

La Cámara de Senadores de Santa Fe celebrará su última sesión preparatoria, con su actual composición, en la que todo indica que se votará a Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) como presidente provisional del Senado, tal como sucede desde 2013, y como vicepresidentes a Germán Giacomino (UCR-Constitución) y a Cristina Berra (PJ-Lealtad-San Martín). El cuerpo está convocado para las 15 horas del jueves 20 y se espera que no haya sorpresas para la reunión en la que también se deben elegir a los miembros de las comisiones de trabajo.

Un panorama diferente en el oficialismo del Senado de la Provincia, que de las tensiones internas ha pasado a una ordenada convivencia, caracteriza al último año de la Cámara alta en su actual composición.

En diciembre de 2019 el peronismo santafesino vivía un enfrentamiento que provocaba rupturas entre los 12 senadores de esa fuerza. Para cuando todavía no había jurado el gobernador Omar Perotti ya era pública su mala relación con el Nuevo Espacio Santafesino (Nes), que encabeza el senador Armando Traferri y en las primera reunión del Senado el bloque de la mayoría se quebró en dos, y luego -por unos meses- incluso en tres. Hoy, en cambio, pese a que no existe formalmente un interbloque justicialista su convivencia está asegurada y el objetivo de sumar para las elecciones en los tres niveles del Estado refuerza esa corriente de empatía, que entre los senadores es casi natural: se conocen desde hace más de una década.

Obviamente, todo cambió con la salida de Marcelo Sain de la escena política santafesina. Primero fue desplazado del cargo de ministro de Seguridad por los resultados de su gestión y luego del de titular del Organismo de Investigaciones del MPA por sus posiciones publicas proselitistas partidarias por la Legislatura, lo que permitió una distensión que implica que hoy haya continuos contactos entre los senadores del Nes y de Lealtad (encabezados por Alcides Calvo) y con la Casa Gris. Ahora Sain enfrenta una casusa judicial (que a su pesar seguirá en la justicia provincial) por la utilización indebida de datos, abuso de autoridad, peculado, y malversación de caudales públicos. Entre quienes participan como víctimas en esa causa (además de gremialistas, periodistas, empresarios de medios de comunicación, y dirigentes opositores) está justamente Traferri.

Para esta cuarta sesión preparatoria, todo indica que se votará por unanimidad y sin abstenciones a los miembros de la mesa directiva. Tal como ocurrió el año pasado, cuando otra vez volvió a hablarse de los doce integrantes del oficialismo en la Cámara alta.

Además del acto de jura de Pirola, Giacomino y Berra, también se votará al secretario parlamentario Rafael Esteban Gutiérrez, a la secretaria administrativa, Patricia Boni, y el subsecretario Diego Luis Maciel.

El Senado busca modificar la norma que rige el trabajo de los fiscales, mediante un proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados. La iniciativa tiene en foco a las víctimas de los delitos y, para garantizar que puedan ejercer sus derechos, se amplía el alcance de una de las faltas graves por las que los integrantes del Ministerio Público de la Acusación pueden ser sancionados por la Legislatura.

De acuerdo con la nueva redacción del inciso 7 del artículo 52 de la Ley 13.013 es una falta grave: “No informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima cuando ésta lo requiera”, tal como ya dice esa norma, y además: “no observar o incumplir las disposiciones legales para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.

El texto propuesto amplía el abanico de posibilidades por las que las víctimas pueden sostener que no se cumplen sus derechos y hace lo mismo con la atención que deberán poner los acusadores en el proceso penal. Tanto en la etapa de preparación como durante el juicio. Fue aprobado por unanimidad y había sido presentado en marzo de este año, con dictamen favorable de las comisiones y algunas modificaciones en Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Mejor lo explica en los fundamentos, el autor de la ley de modificación, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias), que plantea que existe una nueva corriente doctrinaria que busca para las víctimas de los delitos un rol más activo, mucho más que el de mera fuente de información para la investigar los delitos.

“La participación de la víctima en nuestro proceso penal se caracterizó tradicionalmente por ocupar un rol accidental y secundario, debido a las tensiones para el reconocimiento de facultades autónomas y de derechos y garantías que permitan ubicarla más allá de una fuente para elaborar el plexo probatorio. Sin embargo, en las últimas décadas este paradigma se fue transformando en forma paulatina a través de instrumentos internacionales, jurisprudencia nacional e internacional, como también por la adopción de legislación específica que le asigna un rol cada vez más protagónico”, dice el presidente provisional del Senado.

Se propone ampliar la tipificación de la falta grave del inc. 7 del artículo 52, “no limitándola solamente al deber de información en relación a la víctima sino considerando también la falta del Fiscal que no observe o incumpla las disposiciones legales para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.

De esta manera, “el reconocimiento de los derechos de las víctimas no sólo enuncia en cuanto a funciones y principios de actuación sino también a las responsabilidades que acarrean su no cumplimiento y la posibilidad de iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan y la respectiva aplicación de sanciones”.

De inmediato, agrega: “Entiendo así que el reconocimiento de derechos y garantías a la victima de delitos y a sus familiares en el marco de un proceso penal se refiere a su legalidad y también a su legitimidad, pues no solo se trata de decir que se está haciendo justicia, sino que esa justicia es sensible a las necesidades y opiniones de las personas afectadas: las víctimas y que entonces debe actuar según esas responsabilidades y reaccionar cuando no se cumple con tales obligaciones por parte de los encargados de la persecución penal como establece la Ley 13.013”.

Aunque el juicio abreviado no está en el texto legal propuesto ni en los considerandos de Pirola, parece imposible no pensar en esa figura, que es la que se usa con mayor frecuencia cuando los casos penales se resuelven en un juicio en los tribunales santafesinos. Más si se advierte que hay en los móviles para el cambio normativo la idea de poder hacer que el proceso judicial, además de legal sea legítimo.

La ley 13.013 guía a los fiscales para actuar. Incumplirla puede hacer que sus acciones sean observadas o sancionadas internamente por la Auditoría General del MPA o por el propio Poder Legislativo según su gravedad. La Legislatura se ocupa de evaluar las faltas graves que ahora se espera ampliar. Los miembros del órgano de la acusación, como los defensores públicos, pueden ser encartados en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa y luego, en un proceso político que exige muy sólidas mayorías especiales, eventualmente pueden sancionados, suspendidos o apartados en una sesión especial conjunta de ambas Cámaras, que requiere del quórum de cada cuerpo.

Juliano Salierno El Litoral La jueza en lo penal de Santa Fe, Rosana Carrara, deberá resolver si sobresee en forma definitiva a los senadores justicialistas, Joaquín Gramajo (departamento 9 de Julio) y Rubén Pirola (departamento Las Colonias), denunciados en 2017 por el exconcejal rosarino Jorge Boasso, por el manejo discrecional de subsidios en la Cámara de Senadores. La denuncia, que se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario y pasó por los tribunales de Rafaela, recaló finalmente en Santa Fe -en lo que a Gramajo y Pirola refiere-, donde el entonces fiscal de Delitos Complejos, Leandro Lazzarini, la desestimó y dispuso su archivo el 18 de junio de 2018. Casi 4 años después el representante legal de Gramajo y Pirola, el Dr. Néstor Oroño solicitó una audiencia de las llamadas “multipropósito”, para tratar el pedido de “sobreseimiento definitivo” de sus clientes.

El acto judicial tuvo lugar el jueves 31 de marzo, en la Sala Nº 2 del subsuelo de los tribunales capitalinos, y si bien no estuvieron presentes los legisladores denunciados, lo hizo en su representación el Dr. Oroño, ante la jueza Rosana Carrara; mientras que por el MPA, intervino la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, quien se opuso al planteo defensivo. “Contra la opinión de la fiscalía, entiendo que hubo una investigación”, dijo Oroño, en referencia a “las diligencias ante el Tribunal de Cuentas, Persona Jurídica, y la citación de Carlos Bermúdez como habilitado ante la Cámara de Senadores, entre otras”, para contrastar la legalidad de los subsidios otorgados en cada caso. El abogado particular mencionó también que hubo “una cuestión de competencia” territorial, que “fue resuelta por el juez Eduardo Pocoví y luego por el camarista Enrique Álvarez”, e hizo hincapié en “el derecho al sobreseimiento” de sus representados. Si bien es cierto que ni Gramajo ni Pirola fueron imputados en la causa, el letrado insistió que “la calidad de imputado no implica que se hayan dispuesto medidas sobre una persona”. “Basta con ser indicado”, afirmó el profesional, y “en este caso existe una indicación del concejal Boasso”. “Sabemos que causas que involucran a personas políticamente expuestas pueden ser usadas políticamente”, disparó el abogado Néstor Oroño. Foto: Manuel Fabatía – Archivo En tal sentido, Oroño amplió que “no fue un pedido de investigación sobre subsidios” en términos genéricos, sino que “se daban pautas muy concretas que asociaban la figura de legisladores en hechos delictivos”, completó.

Como muestra de que “el archivo es una circunstancia de precariedad”, el Dr. Oroño se refirió al senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, cuya investigación archivada en mayo de 2018 por la fiscal Natalia Benvenutto, fue desarchivada en agosto del año pasado por indicación de la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. Si bien se trata de circunstancias harto diferentes a la de Traferri -investigado en otras causas penales-, el representante legal de Gramajo y Pirola pidió “una resolución de corte conclusivo”. “Han pasado casi 4 años y no se han aportado hechos nuevos”, por lo que la extensión en el tiempo de dicha situación “genera incertidumbre” en sus clientes. “Sabemos que causas que involucran a personas políticamente expuestas pueden ser usadas políticamente”, disparó el penalista, que insistió con el sobreseimiento.

A la hora de contestar, la fiscal Mariela Jiménez se mantuvo firme en su postura y rechazó el planteo, en primer lugar por “la forma en que se formuló el planteo, que se hizo ante un juez de la IPP y no del fiscal”; y en segundo término, porque “hay una resolución de desestimación de denuncia y archivo”. En línea con lo que que criticó el abogado de Gramajo y Pirola, la fiscal Jiménez confirmó que “no se realizó imputación concreta a una persona” ni se llamó a audiencia imputativa y dijo que “mientras nos encontremos en la IPP (investigación preliminar preparatoria) la única opción es el archivo, nunca el sobreseimiento, no hasta que exista el proceso intermedio” que es la antesala del juicio. Un poco para llevar tranquilidad a la contraparte y otro para alejar teorías de fiscales omnipotentes, la Dra. Jiménez explicó que “no es tan fácil la reapertura de una investigación”. Y agregó: “el archivo impide la persecución de una persona por los mismos hechos”.

Además planteo otro obstáculo formal para la reapertura que obliga al fiscal a “elevar un pedido al Fiscal Regional con elementos sobrevinientes, para que en su caso disponga la reapertura”. Es decir que “ésto sólo va a ocurrir ante un elemento nuevo y que el Fiscal Regional autorice avanzar en la situación particular, cosa que hasta ahora no ha ocurrido”, completó. En síntesis, la Fiscalía de Delitos Complejos sostiene que “este grado de preocupación de Gramajo y Pirola se ha satisfecho con el archivo, pero no implica la certeza necesaria para un sobreseimiento”. En tanto, remarcó que “en el hipotético caso que se planteara una imputación, primero hay que remover un un obstáculo legal porque los dos tienen fueros”.

La causa original señalaba a los senadores Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) y José Baucero (PJ-San Javier) y al ex vicegobernador Jorge Henn, este último por la implementación del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Senado de la Provincia de Santa Fe.