La Legislatura ingresa en la última semana del 143° período ordinario de sesiones y en la agenda tiene como corolario para el jueves una sesión conjunta de ambas cámaras (Asamblea Legislativa) y por último las reuniones particulares de Senado y de Diputados.

Para llegar a la actividad central del jueves, serán claves las reuniones de comisiones previstas para miércoles y jueves pero también definiciones que llegarán desde Casa Gris con las remisiones de los mensajes sobre Ley Tributaria 2026 y la futura Ley Orgánica de Municipios, iniciativa ambas que tendrán ingreso por la Cámara de Senadores.

La norma sobre municipios intentará saldar el compromiso fijado por una de las disposiciones transitorias de la nueva Constitución y que fijó como fecha límite para el dictado de esa norma el próximo mes de septiembre.

Pero sobre la temática, el miércoles, a primera hora, en la Cámara de Diputados se realizará la primera de las audiencias públicas convocadas para escuchar especialmente a intendentes y concejales.

La sede del cuerpo legislativo provincial. Foto: Fernando Nicola

A la semana siguiente, el recinto del Concejo Municipal de Rosario será escenario de otro encuentro con intendentes y ediles, pero de la zona sur de la provincia.

En principio, la hoja de ruta no prevé para antes de fin de año el tratamiento en el recinto del tema, pero sí el objetivo es avanzar para cerrar el debate y sancionar la norma tras la apertura del legislativo que será el próximo 15 de febrero, estrenando la fecha establecida en la nueva Constitución de la provincia.

En materia Tributaria, al igual que el proyecto de Presupuesto 2026, el acuerdo político en las Cámaras es considerarlas en diciembre en tratamiento conjunto. 11 y 18 de diciembre es la fecha fijada para la aprobación. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados se agendó para este miércoles la primera reunión con los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares.

También el miércoles, la Comisión de Acuerdos definirá los dictámenes sobre pliegos de jueces subrogantes y fiscales subrogantes a considerar al día siguiente en Asamblea Legislativa.

Cargada agenda de Legislatura para el final del período de Sesiones Ordinarias.

El Ejecutivo pidió acuerdo para dos jueces subrogantes de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual para las Circunscripciones Judiciales 1 y 2; otro de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral para Santa Fe; otro de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial para la Circunscripción Judicial 2; tres subrogantes de Primera Instancia de Circuito para las Circunscripciones Judiciales 2 y 5.

En cuanto al Ministerio Público de la Acusación son dos propuestas para fiscales adjuntas subrogantes para Rafaela y Reconquista.

Antes, en Sesión Conjunta, los legisladores deberán expedirse sobre los dictámenes de la Comisión de Acuerdos en el marco de los procedimientos para la gestión de denuncias y trámites de remoción iniciados a dos fiscales adjuntos del MPA.

Ministerio Público de la Acusación

Son los casos de Leandro Darío Benegas (4ta. Circunscripción Judicial) y Diego Gustavo Rodríguez y Barros (1ra. Circunscripción Judicial). Éste último -como informara El Litoral- presentó un amparo intentando invalidar la acción del Poder Legislativo.

Para la última sesión Ordinaria del año, entre martes y miércoles, legisladores de ambas cámaras intentarán acordar el tratamiento de una serie de proyectos ya aprobados por una Cámara en una especie de clearing.

En la agenda de Diputados, en tanto, tiene tratamiento preferencial un proyecto para reglamentar el funcionamiento de agencias privadas de seguridad. En principio, el autor del proyecto, el socialista Rubén Galassi, dijo estar de acuerdo en los cambios introducidos por el Senado.

En la última semana, se sucedieron varias reuniones de jefes de bloques de ambas cámaras del oficialista Unidos con funcionarios del Poder Ejecutivo para definir los alcances de varios de los mensajes que enviará en semanas más el Poder Ejecutivo para discutir en Extraordinarias.

A la norma tributaria y al proyecto de Ley Orgánica de Municipios se sumarán iniciativas que tienen que ver con el fuero administrativo y normas para crear un ente público/privado para la gestión de los futuros estadios a levantarse para los juegos Odesur 2026.

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley “Santa Fe: un millón de árboles”, que impulsa la plantación y conservación de nuevos ejemplares en todo el territorio provincial. La meta es alcanzar un millón de árboles en la próxima década.

El autor de la iniciativa, el diputado Rubén Galassi, destacó que se trata de un programa que apunta a la mitigación del cambio climático, la mejora del hábitat urbano y rural, y la participación ciudadana. El proyecto articula acciones entre Provincia, municipios, comunas, escuelas, empresas y organizaciones sociales.

Durante la presentación en el recinto, Galassi explicó que la propuesta refuerza la Ley 13.836 de Arbolado Público, sancionada en 2018 por impulso del exgobernador Miguel Lifschitz. Entre otras cosas, amplía facultades de la autoridad de aplicación y prioriza especies nativas.

La norma incorpora un sistema de monitoreo quinquenal del arbolado, con indicadores sobre captura de CO₂, reducción de temperatura urbana y tasa de supervivencia de ejemplares. Además, se suma el programa “Un egresado, un árbol”, que vincula educación y ambiente.

Al detallar los costos, Galassi comparó que plantar 100 mil árboles equivale a repavimentar unos cinco kilómetros de ruta. “Bienvenidas las rutas, pero también hay que invertir en mejorar nuestro ambiente”, sostuvo. Planteó que puede escalarse con apoyo de municipios y escuelas.

Mencionó que si el 10 % de los 5.000 establecimientos educativos de Santa Fe produce 100 plantines por año, se generarían entre 30.000 y 50.000 árboles para distribuir. También valoró el rol de universidades, el INTA y organizaciones ambientales.

Galassi recordó que Rosario ya impulsó planes similares, y citó casos internacionales como Ciudad de México (Reto Verde, 10 millones de árboles), Bogotá (670 mil árboles entre 2020 y 2023), y Milán, que proyecta plantar 3 millones de ejemplares para 2030.

“Plantar árboles es una acción concreta frente al calentamiento global. Mejora el aire, regula la temperatura, infiltra agua, protege al ganado y ofrece sombra en zonas productivas y urbanas”, destacó el legislador socialista.

Finalmente, Galassi vinculó la propuesta con el derecho a la ciudad incorporado al texto de la nueva Constitución santafesina. “El árbol es una herramienta ambiental que garantiza acceso equitativo al verde y mejora la calidad de vida”, cerró.

El Poder Ejecutivo habilitó en las últimas horas para el tratamiento en las presentes sesiones Extraordinarias de Legislatura el proyecto que propone dictar un marco regulatorio de la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas humanas o bienes por parte de personas humanas y jurídicas.

Se trata de un proyecto votado en noviembre pasado por la Cámara de Diputados, cámara que ya se había pronunciado en años anteriores sobre la temática pero que nunca fue acompañada por el Senado.

Imagen ilustrativa

"La decisión es analizar el tema y si hay consensos avanzar", dijo un vocero radical en la Cámara Alta. En el Ministerio de Justicia y Seguridad también hay interés en avanzar con una norma legal y hubo aportes de funcionarios de esa cartera durante el paso del tema en Diputados.

En la última sesión ordinaria de 2024, con el voto unánime de todos los miembros, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la Provincia.

El proyecto central llevó la firma del socialista Rubén Galassi. Foto: Flavio Raina

"Las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial, y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria", dispone el artículo primero.

El proyecto central llevó la firma del socialista Rubén Galassi y llegó al recinto de la Cámara con dictámenes de las respectivas comisiones, especialmente la de Seguridad que se ocupó de escuchar a las partes, esto es el Ministerio de Justicia y Seguridad, cámaras empresariales e incluso sindicatos que agrupan a trabajadores.

No era la primera vez que Diputados se pronunció por regular esta actividad pero en las instancias anteriores nunca tuvo acompañamiento del Senado por lo que fue perdiendo sucesivamente estado parlamentario. Ahora, hay expectativas de que el Senado termine convalidando el proyecto o bien realice modificaciones que sean aceptadas por la Cámara Baja.

En el Ministerio de Seguridad precisaron a El Litoral que están registradas en la provincia 210 agencias privadas que tienen unos diez mil agentes inscriptos y prestan servicios en 2.600 objetivos declarados.

Más allá de avalar el proyecto y habilitarlo ahora en Extraordinarias, el Ejecutivo prepara un mensaje para regular el uso de tecnología y aparatos electrónicos, léase drones por ejemplo, para enviar a las cámaras en las próximas Ordinarias.

"El efectivo control del funcionamiento de las agencias prestadoras de los servicios de seguridad privada requiere una precisa normativa que determine las condiciones y alcances con que las mismas deben ser habilitadas, registradas, fiscalizadas y eventualmente sancionadas. El establecimiento de disposiciones reglamentarias orientadas a cumplimentar con dichos objetivos redundara además en beneficio del interés público y de la seguridad de los usuarios", señala en sus fundamentos el proyecto Galassi.

El texto del proyecto avanza en la definición de los requisitos para la habitación en territorio santafesino de estos establecimientos, tanto en cuanto al personal responsable de la dirección técnica como al personal contratado encargado de las realizar las tareas.

Además definen las condiciones para la contratación, las incompatibilidades y obligaciones del personal, las prohibiciones y obligaciones de los prestadores, las capacitaciones que deben ser brindadas a los trabajadores, las funciones de la autoridad de aplicación designada en la órbita del Ministerio de Seguridad, así como un régimen de sanciones a las infracciones que los prestadores puedan cometer y el procedimiento que debe seguirse para el cobro y destino de las multas y tasas administrativas.

"La seguridad privada tiene como fin satisfacer necesidades legítimas de seguridad, complementarias a la seguridad pública y sujetas a las políticas que a los fines de aquella se determinen, y con total sujeción y absoluto respeto a las normas constitucionales nacionales y provinciales", reza el artículo 3.

El personal comprendido en esta norma deberá cumplir, para su habilitación a los fines de prestar servicios, como mínimo y sin perjuicio de otros que establezca la reglamentación, con los siguientes requisitos: ser mayor de 21 años para prestar servicios efectivos o de 18 años para recibir las capacitaciones correspondientes; acreditar domicilio real o residencia efectiva mayor a dos años en el territorio de la Provincia de Santa Fe y poseer estudios secundarios completos.

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También se exige al personal no poseer antecedentes penales con condena por delitos dolosos, o culposos relacionados con su función de seguridad; y cuando sobreviene para el personal una condena por delitos dolosos o culposos relacionados con el ejercicio de su función con posterioridad a su solicitud de inscripción en el registro; quienes hayan sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas relacionadas con las actividades reguladas por la presente; acreditar aptitud psicofísica para el ejercicio de la función; cumplir con la capacitación a que se hace referencia en la presente ley, la cual deberá ser solventada por el empleador; no contar con antecedentes penales por delitos de lesa humanidad, o posea antecedentes por violación a los derechos humanos, obrantes en los registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Las firmas de seguridad privada tendrán un Director Técnico como responsable de la dirección técnica y operativa, diseño, ejecución, coordinación y control de los servicios prestados por la empresa de seguridad privada.

La regulación de Seguridad Privada es uno de los pocos temas que tiene el Senado para el presente período de Extraordinarias que se reanudará el jueves venidero.

En cambio, en Diputados esperan la habilitación para que el Poder Ejecutivo firme un convenio con la petrolera YPF y distintos proyectos para habilitar expropiaciones en distintas localidades del sur santafesino.

En principio, ambas cámaras sesionarán el jueves venidero aunque previamente serán citadas a sesión conjunta si Acuerdos emite dictamen acerca de la conducta del fiscal de Vera, Aldo Gerosa.

(Por Mario Cáffaro) – “Me genera más tristeza que bronca volver a escuchar estas cosas, sobre todo de una dirigente política que, personalmente, no la conozco y hace un planteo genérico sin ningún fundamento, una mentira, de mala fe o, por ignorante, lo que no deja de ser grave” le dice Rubén Galassi a El Litoral. Es en respuesta a los dichos de Lucila Lehmann, presidenta de la Coalición Cívica, quien señaló que “nuestro límite como Coalición Cívica está puesto en las figuras de Bonfatti y de Galassi, dos personas que hace años Lilita viene denunciando. En el flagelo que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe en materia de inseguridad y de narcotráfico ellos han tenido una gran responsabilidad”.

Galassi, ministro de Gobierno en la gestión de Antonio Bonfatti, recordó que “el narcotráfico es un fenómeno mundial, basta que querer focalizarlo en algún territorio puntual”. Insistió en marcar que “en Argentina, la responsabilidad es del fuero federal tanto en la justicia como en las fuerzas de seguridad. En la provincia no dejamos de reconocer que es un problema que se agravó por varios motivos: enclave geográfico, puertos, convergencia de rutas nacionales, la propia hidrovía. Nos cansamos de exigir que se controle la hidrovía porque el río es responsabilidad de Prefectura, lo que sale es de Aduana, AFIP, UIF, todos organismos nacionales. En Santa Fe, en el gobierno de Bonfatti pusimos en marcha la transformación del sistema de justicia penal; con minoría legislativa pudimos incorporar jueces y fiscales, lo dotamos de infraestructura edilicia; encarcelamos a los Cantero, Bassi, los Ungaro y el accionar de esa justicia provincial es la que acaba de condenar a prisión perpetua a Esteban Lindor Alvarado que en la época de nuestro gobierno estaba preso en Buenos Aires”.

Galassi señala que no hay ni habrá denuncia “son elucubraciones políticas en la misma sintonía que las hizo el impresentable del Cuervo Larroque. En el mecanismo y en el proceder es exactamente el mismo. Se hizo todo lo que estaba al alcance, quizás podríamos haber tenido otros resultados pero sin la colaboración del gobierno nacional es muy difícil”.

Galassi afirma que en el socialismo “nunca nos hemos planteado integrarnos a Juntos por el Cambio. Hemos tenido diálogo con el radicalismo, el PDP, Pablo Javkin. Plantear hoy esa discusión es atemporal. La acción política hoy pasa por otros andariveles: ejecutivas donde tenemos intendencias, en legislativas con nuestros diputados y concejales. La arquitectura electoral será motivo de discusión el año próximo. Por lo pronto vamos a seguir hablando con el radicalismo y con los partidos que hemos construido propuestas frentistas y hemos sido gobierno”, le dice a El Litoral.