A instancias de Unidos, el sexto plenario se hizo con la presidencia honoraria del brigadier Estanislao López, al día siguiente de haberse celebrado el Día de la Constitución Provincial recordando que un 26 de agosto de 1819 se dictó el Estatuto Provisorio, considerada la primera Carta Magna de la provincia y una de las primeras de la hoy Argentina.

Fue Rodrigo Borla (Unidos) el encargado de reseñar la figura de López y destacar la creación de la Bandera invencible de Santa Fe.

Rodrigo Borla, de Unidos resaltó la figura del brigadier.

Destacó que López se distinguió del porteño centrismo que imperó en la época y que intentó avanzar en varias ocasiones sobre la provincia aunque López terminó invicto en la tarea de defensa.

“No fue un jurista, pero se rodeó de juristas” advirtió para luego hacer notar que Santa Fe junto a Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental no estuvieron el 9 de julio de 1816 en Tucumán porque había ya declarado su independencia en el Arroyo de la China, cercano a Concepción del Uruguay.

El convencional radical instó al pleno a rescatar la historia santafesina con emblema en la figura de López pero mencionando a 7 Jefes, Sancti Spiritu, las reformas constitucionales, el Grito de Alcorta y las colonizaciones como Moisés Ville y Esperanza.

La sesión fue presidida simbólicamente por el Brigadier, héroe federal santafesino.

“Tenemos una historia muy rica para defender” señaló Borla.

La integración del Poder Legislativo, atribuciones de las cámaras y una mayor agilidad para la sanción de leyes son los ejes centrales del primer tema llevado al recinto y aprobado con amplia mayoría por la Convención Reformadora.

El sexto plenario de la Convención -bajo la figura honoraria de Estanislao López- fue el primero en aprobar cambios en la Constitución santafesina, cambios que terminarán de ser convalidados en la lectura final entre el 9 y 10 de septiembre y jurada por los tres poderes en días posteriores.

Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo -con la posibilidad de reelección a partir de 2027, y la cláusula transitoria que habilita al actual mandatario a tener un nuevo mandato y a los actuales legisladores a dos, son los ejes centrales de la reunión.

La Comisión Redactora comenzó con su misión en la Convención.

Fue Rodrigo Borla (Unidos), presidente de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, el que expuso los cambios determinados por el trabajo del grupo, afinados por la Redactora.

Son 11 de los 31 artículos de la Constitución actual que se reforman con la aprobación.

El cambio más notorio es la integración futura de la Cámara de Diputados que dejará de tener una mayoría especial del ganador para estar integrada por 50 integrantes -con paridad de género- todos elegidos en forma proporcional. La edad mínima será de 21 años para llegar a la Cámara Baja y de 25 en la Cámara de Senadores.

Se quitaron los fueros, salvo para opinión, y se pasó de cinco a tres pasos para la sanción de la norma.

Borla (Unidos) expuso los cambios.

En cuanto a los cambios de la atribución legislativa, se llevó de 30 a 45 días el plazo para que los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo tengan sanción ficta aunque en el caso de los ministros de la Corte Suprema, fiscal general y defensor general no podrán tener aprobación de ese tipo.

Además, entre las nuevas atribuciones se estableció que la Legislatura recibirá durante el mes de abril de cada año el informe de gestión y la respectiva rendición de cuentas del Fiscal General, Defensor General y Presidente del Tribunal de Cuentas y cualquier otro órgano que tenga esta obligación según se establezca por ley.

Desde varios bloques se habló de la limitación de mandatos así como de la paridad -vigente por ley- llevada al texto constitucional.

El otro aspecto importante es que el período Ordinario se extienda desde el 15 de febrero al 30 de noviembre.

En cambio, Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) consideró que se perdió una oportunidad de tener una Legislatura unicameral con la presencia de 19 representantes de cada departamento, con límites a los nombramientos de asesores y mayorías agravadas para sancionar normas tributarias.

Luego Lucila De Ponti (Más para Santa Fe) y Lionella Cattalini (Unidos) defendieron la paridad en el texto constitucional y lo calificaron como un avance con respecto a otras provincias.

El dictamen de mayoría en materia del Poder Legislativo tiene las firmas de integrantes de Unidos, Fe, Más para Santa Fe, Activemos y algunos integrantes de Somos Vida y Familia.

La sesión empezó con un homenaje al brigadier López y la votación de una serie de resoluciones.

El uso de fitosanitarios en el entorno de Ramayón se rige por la ley provincial 11273 (es variable según la potencia del principio activo). En San Justo no puede ser menor a 1000 metros por imperio de un fallo de la justicia santafesina, y en Escalada la restricción en el entorno urbano es de 500 metros para cualquier tipo de agroquímico.

En menos de 25 kilómetros del territorio santafesino, tres disposiciones diferentes interpelan las autonomías municipales, los derechos ambientales, la salud humana y el desarrollo productivo. Fue apenas uno de los disparadores -lo presentó el convencional electo Rodrigo Borla, UCR San Justo- en el debate propuesto por la mesa de enlace de Santa Fe, con la asistencia de una decena de convencionales.

"El campo santafesino se involucra en la reforma constitucional", fue el título de la convocatoria de las cuatro mujeres que integran la mesa de enlace santafesina, integrada por Soledad Diez de Tejada, representante de la Sociedad Rural Argentina; Sara Gardiol, titular de Carsfe; Laura Llopi de Coninagro y Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina.

Una extensa mesa de convencionales electos respondió a la convocatoria de la Mesa de Enlace en la Sociedad Rural de Santa Fe.

Las fricciones entre producción y medio ambiente con los arbitrios dispares del Estado en sus diversos estamentos, fueron parte del ambicioso temario propuesto. Uno que excedió el tiempo y la multiplicidad de actores. La producción está planteando el reconocimiento del desarrollo rural sostenible, compatible con la "productividad".

Reclama en esa línea la "presunción de legalidad" de sus actividades y "evidencia científica" para establecer limitaciones. Quiere evitar la aplicación de "principios precautorios" que paralizan la actividad.

Ricardo Argenti, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe -en cuya sede se desarrolló la actividad- advirtió en la bienvenida a los asistentes que "la población no ha tomado dimensión" de la convocatoria histórica de la reforma, y llamó a un debate que aporte a los convencionales para su mejor propósito.

Esteban Motta, senador provincial por San Martín, rescató el concepto de "buenas prácticas agropecuarias" y la "falsa dicotomía entre ambiente y producción", sobre todo a partir de nuevas tecnologías y advirtiendo que en materia ambiental la contaminación decisiva es la urbana.

Una completa platea de productores siguió con atención el debate. Y aplaudió toda mención a la baja de los costos de la política, en especial de los subsidios en manos de legisladores provinciales.

Silvia Malfesi -convencional libertaria por Somos Vida y Familia- reclamó que "lo no prohibido está permitido" y recordó que "la Constitución nace para limitar el poder". Reseñó que el actual artículo 28 promueve la producción protegiendo suelo, flora y fauna bajo el principio de propiedad privada, y advirtió que "la reglamentación no puede destruir un derecho".

Javier Meyer, intendente de Las Rosas por La Libertad Avanza, señaló que el tema en discusión incluye el de la calidad del agua -por el que el municipio debe velar- pero también apuntó que la autonomía municipal es "un mamarracho" y apuntó contra la pretensión de incluir fueros laborales en el futuro texto constitucional.

El socialista Julio Garibaldi destacó el espacio que genera "intercambios y participación"; sostuvo que "toda actividad humana es contaminante" y apuntó al desafío de promover "sustentabilidad social y ambiental" en la actividad productiva. "Los problemas se resuelven con desarrollo armónico", definió.

Joaquín Blanco reconoció que existen leyes contradictorias. El economista del socialismo recordó ser autor de la ley de Buenas Prácticas Agrícolas o de Seguro Multirriesgo. Habló de la "oportunidad de darle seguridad jurídica al sector privado" y se preguntó sobre el rol de las comunas sin capacidad técnica para dar respuesta a los dilemas que se presentan.

La abogada Elizabet Vidal (LLA) puso el énfasis en la necesidad de definir el régimen de competencias entre provincias y municipios.

Lucila Lehmann recordó que en su paso como legisladora le tocó afrontar la "estigmatización" de productores agropecuarios por los incendios en las islas, por lo que apuntó contra la "militancia de la producción anti agropecuaria" y las "ordenanzas restrictivas para la producción", que "ocasionan grandes pérdidas".

Por último Juan Argañaraz, el diputado del bloque Inspirar, refirió que ese escenario es "una locura" y apuntó a la convención como una "oportunidad para ordenar" la relación del sector productivo y las zonas urbanas.

Con un triunfo contundente, Lisandro Enrico se quedó con la elección de convencionales constituyentes en el departamento General López, logrando una diferencia abrumadora sobre el resto de los candidatos. El actual ministro de Obras Públicas de Santa Fe, y uno de los principales armadores de Unidos para Cambiar Santa Fe, obtuvo el 59,7% de los votos (46.839 sufragios), relegando a sus adversarios a una pelea por el segundo lugar.

La performance de Enrico lo posiciona, junto a Rodrigo Borla (departamento San Justo), como uno de los dos convencionales con mayor caudal de votos porcentuales en toda la provincia. Borla alcanzó el 61% y Enrico el 59,7%, dejando en claro el fuerte respaldo que ambos dirigentes tienen en sus territorios.

Detrás del ministro venadense se ubicaron David Sanfilippo, de La Libertad Avanza, con 10.435 votos (13,3%); Hernán Porta, de Más para Santa Fe, con 9.730 (12,4%); y en cuarto lugar, Jorgelina Aguirre, de Somos Vida y Libertad, con 3.910 votos (4,9%). Entre los demás partidos alcanzaron la suma de 7.442 votos (9,5%).

El resultado confirma a Lisandro Enrico como gran referente político del sur santafesino y actor clave dentro de la estructura de Unidos, espacio que gobierna la provincia bajo el liderazgo de Maximiliano Pullaro.

Tras la elección, Enrico dejó un mensaje en sus redes sociales: “¡Muchas gracias vecinos de toda la región! Vamos a seguir con la misma fuerza, transparencia y humildad; trabajando al máximo por nuestra querida provincia. Haremos los mejores esfuerzos para darle a Santa Fe una Constitución basada en nuestros valores de familia, convirtiéndola así en la más moderna e igualitaria de toda la Argentina. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo”.

“La elección marcó un compromiso de trabajo muy grande de parte nuestra. Tal como nos comprometimos con la ciudadanía, vamos a llevar a la Convención Reformadora los valores y las ideas de nuestro departamento General López y, obviamente, acompañando este espíritu reformista que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro”, señaló Enrico.

A su vez, remarcó: “Nuevamente, como en la elección de hace un año y medio, el sur de la provincia, el departamento General López, fue el que más incidencia tuvo en el resultado final, donde más se trabajó. Es fruto del esfuerzo que vienen desarrollando no solamente intendentes y presidentes comunales, sino un equipo militante muy fuerte que tenemos”.

“Lo más valioso y lo que más se cuida, el mayor capital político, es el vínculo persona a persona con el electorado, con toda la población que tenemos en este departamento, los que representamos a los vecinos, sin importar partidos políticos, porque me han votado justicialistas, radicales, libertarios, socialistas, independientes, de todos los partidos. Pero acá lo que importa es el compromiso del funcionario, el compromiso del político para con la gente, y eso se mantiene intacto como lo viene siendo en los últimos años”, concluyó Lisandro Enrico.

La Cámara de Senadores decidió volver a foja cero un proyecto de ley que estaba a punto de ser aprobado y busca prohibir los nombramientos en las comunas y las municipalidades cuando se inicia el proceso electoral en el último año de mandato de sus gobiernos.

La iniciativa es del senador radical Hugo Rasetto (Iriondo) y busca una regla clara para todas las administraciones de pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, para separar a jefes comunales e intendentes municipales de las lógicas presiones asociadas a la puja electoral natural del último año de mandato y los apurados pases a planta permanente de personal contratado o directamente el ingreso desde fuera del sector público.

La idea en favor de poner límites bajo la figura de la prohibición, sin embargo, provocó consultas a constitucionalistas y funcionarios de la Casa Gris, justo en la semana en que la propuesta de Rasetto quedaba a un paso de lograr la media sanción. Y primó la prudencia: el expediente N°51047, UCSFL, sigla que significa que fue propuesto por el bloque Unidos para Cambiar Santa Fe y que se trata proyecto de Ley, volvió nomás a comisiones.

El Capítulo V de la Constitución de Santa Fe describe el proceso de Formación y Sanción de las Leyes, que es común a otros cuerpos legislativos. Dispone solo mayorías especiales para los temas que no han tenido previamente el tratamiento en comisiones que deben reunirse durante la semana, antes del día de la sesión. Y reserva otras mayorías agravadas para los asuntos que llegan al momento del debate sin pasar por esos filtros, que son las comisiones. El que tiene menor permeabilidad y es más exigente con la redacción de los textos legales es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que hoy está a cargo del también jefe del bloque del oficialismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo).

En la actual composición del Senado, producto de la elección del 10 de septiembre del año pasado, le otorga al radicalismo que encabeza Borla 13 bancas, más su aliado de Unite, Joaquín Gramajo, 14 de los 19 escaños. Con esos números cualquier mensaje del Poder Ejecutivo o iniciativa de la alianza que gobierna tiene muy amplias chances de prosperar. Y eso se suponía que iba a ocurrir con la norma impulsada por el representante de Iriondo.

El texto impulsado por el senador Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) había logrado media sanción en 2021, cuando su bloque estaba en minoría. Foto: Archivo

Siempre que un proyecto de ley tiene despacho de comisiones y logra avanzar hasta tener un lugar en el Orden del Día, los cuerpos legislativos quedan en condiciones de aprobarlos por simple mayoría, es decir, sin la necesidad de reunir los dos tercios de los presentes que exige un tratamiento sobre tablas.

En otras palabras, cuando los cronistas parlamentarios ven el cuadernillo de los expedientes que están listos para ser sancionados dan por descontado que -salvo una decisión de último momento- se trata de cuestiones que tienen el necesario consenso político para su aprobación.

Son excepcionales los casos en los que un expediente vuelve a comisiones tras haber alcanzado lo necesario para una aprobación de este tipo. Significa volver a la línea de largada cuando se está a un paso de la meta, tras haber logrado superar las vallas que ofrecen las comisiones a las que había sido derivado.

El artículo uno del texto que se volverá a discutir fuera del recinto que había iniciado Rasetto ordena: "Prohíbese a los municipios y comunas realizar nombramientos y pases de personal a planta permanente en el ámbito de sus administraciones, a partir de la fecha de oficialización de listas de renovación de sus autoridades y hasta la finalización del mandato del/la Intendente/a Municipal o de los miembros de la Comisión Comunal, o dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de finalización del mandato del/la Intendente/a Municipal o de los miembros de la Comisión Comunal, lo que ocurra primero".

Años atrás, en 2021, Rasetto había hecho la misma propuesta y desde un bloque que era minoritario. Tres años atrás, el PJ por entonces mayoritario convalidó la iniciativa y ese texto logró media sanción pero no superó la Cámara de Diputados.

Pasadas las 16.40 de este jueves, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción el proyecto de ley de reforma previsional, que pasó de inmediato a Diputados para otro tratamiento veloz. La media sanción se produjo mediante un tratamiento sobre tablas y contó con los 14 votos favorables de Unidos para Cambiar Santa Fe y la oposición de 4 de los 5 integrantes del bloque Justicialista. 

El único senador ausente -con aviso-, Armando Traferri, ya había firmado al igual que sus compañeros de bancada un despacho alternativo. 

En medio de un debate a puertas cerradas, con las barras sin público, y con una nutrida manifestación en la explanada del Palacio Legislativo, el oficialismo encabezado por el presidente del bloque, Rodrigo Borla, impuso el número necesario para la aprobación a una semana del ingreso del expediente elaborado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

En nombre de la oposición, Rubén Pirola expresó sus críticas a la norma y, sobre todo, al diagnóstico con que se arriba a la declaración de la emergencia del sistema.Borla explicó desde su banca que en la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Previsional se agregaron más legisladores y también representantes de los sectores gremiales del sector público.Felipe Michlig, presidente provisional de la Cámara (y titular de la UCR santafesina), adelantó que la otra Cámara tiene previsto comprometer una preferencia para tratarlo en su próxima sesión.Pirola aseguró que no hubo información suficiente de parte del Poder Ejecutivo y recordó que el pedido de informes suyo -que data de dos meses- no fue aún respondido.Joaquín Gramajo, de Unite, expresó que el déficit de la Caja de Jubilaciones proviene de 10 años atrás y felicitó al gobernador Pullaro por enfrentarlo. Advirtió que el rojo estimado para 2024 es de 430 mil millones de pesos, con los que el Estado podría cubrir el presupuesto de unos 80 ó 100 municipios de entre 20 mil y 30 mil habitantes, o comprar, por ejemplo, 5.000 ambulancias.Para Borla, la clave de la reforma es salvar la Caja de un traspaso a la Nación y dar un trato más equitativo "y justo": "el que más gana, más aporta; pero a la hora de cobrar habrá una pirámide achatada, con topes".