A instancias de la Sede Fiscal Descentralizada, los administradores de una financiera que operaba en Venado Tuerto en la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central (BCRA) acordaron entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a los centros de salud municipales, en el marco de un acuerdo de suspensión del juicio a prueba que fue homologado por el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa.

La suspensión del proceso a prueba se dispuso por el plazo de dos años y además se les impuso a las personas imputadas -entre otras obligaciones durante ese lapso- abstenerse de ofrecer servicios de compraventa de moneda extranjera y préstamos personales.

La entrega de los bienes ya se hizo efectiva e incluyó equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas.

El legajo se inició en junio de 2024 a instancias del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. A partir de un robo ocurrido a fines de ese mes en una vivienda ubicada en la calle Cabral 4 de esa ciudad, ordenó iniciar una investigación de oficio con el objeto de corroborar si allí se realizaban maniobras de intermediación financiera no autorizada. En esa oportunidad, los asaltantes se alzaron con una suma cercana a los 3,5 millones de pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares. Las víctimas, luego imputados, fueron identificados como Edgardo U. y Marcela G.

Tras una serie de medidas, allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que en el lugar se realizaban operaciones de cambio de divisas sin autorización. En efecto, en el domicilio se hallaron máquinas de contar dinero, celulares, computadoras y documentación.

Acuerdo

Una vez que avanzó la pesquisa y se determinaron las circunstancias de los hechos, el 12 de junio de 2025 el fiscal, Federico Reynares Solari y la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi formalizaron la investigación a los propietarios de la vivienda por realizar intermediación financiera sin autorización legal.

En enero de este año, los representantes del Ministerio Público Fiscal alcanzaron un acuerdo con los imputados y su defensa particular para la suspensión del proceso a prueba, alternativa que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) contempla para la resolución de casos como este.

Tras habilitar los plazos procesales suspendidos por la feria judicial, el acuerdo fue homologado por el juez Cuello Murúa en una audiencia celebrada el 15 de enero pasado, de la que participaron, además de las partes, funcionarios de la Municipalidad de Venado Tuerto como beneficiarios de la entrega del equipamiento.

Como parte del acuerdo, ambos imputados debieron aportar 15 millones de pesos cada uno en equipamiento médico, lo que totalizó una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal, "equivalentes al perjuicio ocasionado al sistema económico y financiero".

Los dueños de una financiera ilegal que operaba en la ciudad de Venado Tuerto deberán entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a la Municipalidad, en el marco de un acuerdo judicial homologado por la Justicia Federal.

La resolución fue alcanzada tras una “suspensión de juicio a prueba”, figura legal que permite evitar el juicio oral cuando el imputado accede a reparar el daño causado. En este caso, se trata de una causa por intermediación financiera no autorizada, delito que sanciona la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Actividad clandestina

Los imputados, identificados como Edgardo U. y Marcela G., estaban a cargo de una “cueva” que funcionaba en una vivienda de calle Cabral al 4. El establecimiento fue escenario de un violento robo ocurrido el 27 de junio de 2024, en el que cuatro delincuentes se alzaron con una suma cercana a los 3.500.000 pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares.

La investigación por el robo fue tramitada por la Justicia provincial, que logró la detención y posterior condena de los autores materiales. Sin embargo, paralelamente, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, con los fiscales Daniela Ghiorzi y Federico Reynares Solari, avanzó con una causa por la actividad financiera clandestina que allí se desarrollaba.

"Tras una serie de allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que realizaban operaciones de cambio sin autorización", explicó Ghiorzi. En ese contexto, se imputó a los propietarios por violar la Ley de Entidades Financieras, específicamente por realizar intermediación financiera sin autorización legal.

Acuerdo con fines sociales

Como parte del acuerdo alcanzado, cada uno de los imputados deberá aportar 15 millones de pesos en equipamiento médico, totalizando así una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal.

“La idea es que este dinero tenga un fin público, por eso nos pusimos en contacto con el área de Acción Social del municipio”, indicó la fiscal.

La entrega de los bienes (que deberá concretarse en un plazo máximo de un mes) incluye equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas, según se detalló en el acta homologada por el Juzgado Federal.

Un robo violento

El asalto a la financiera clandestina ocurrió el 27 de junio de 2024 y fue ejecutado por un grupo de cuatro delincuentes. Dos de ellos, Emanuel Alejandro Alarcón (36) y Matías Alejandro Caprigfoglio (29), tocaron timbre en el lugar, ingresaron armados y redujeron con violencia a los propietarios.

Según consta en el juicio abreviado, golpearon a Edgardo U. con la culata de un arma, amenazaron con dispararle en la cabeza y luego intentaron asfixiarlo con una bufanda. A Marcela G., la obligaron a entregar el dinero a punta de pistola.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron por calle Cabral, donde los esperaban los otros dos cómplices en un vehículo. Un par de horas más tarde, fueron interceptados y detenidos por la Policía sobre ruta nacional 33, a la altura de la localidad de Villada, a unos 70 kilómetros de Venado Tuerto.