Gabriel Rossini

En un contexto nacional donde la economía cotidiana está muy delicada y a los argentinos les cuesta llegar a fin de mes, con niveles de actividad deprimidos que se refleja en una caída de la actividad comercial, Santa Fe ha decidido diferenciarse del resto de las provincia con políticas públicas de apoyo a los sectores productivos, tanto por la vía tributaria y como por la baja del costo financiero, apuntalas en un programa de obras públicos que mantiene su ritmo lo que permitió recuperar el empleo perdido en la construcción en 2024 y mejorar esos niveles en 2025 convirtiendo a Santa Fe en la provincia que lidera el número de trabajadores en términos absolutos del país.

Santa Fe lidera en trabajadores de la construcción impulsada por inversión estatal y créditos subsidiados.

"Quiero destacar que todo esto se está haciendo en un contexto nacional bastante preocupante y marca la diferencia entre Santa Fe y el resto de las provincias, como muestran las estadísticas de empleo en la construcción de la que viven 40 mil familias con tendencia al crecimiento; el subsidio a las tasas de interés en el medio de la preocupación de las empresas por los costos financieros y las medidas fiscales para quienes contraten nuevos trabajadores, entre otras, que se refleja en los menores niveles de desempleo en los grandes aglomerados urbanos provinciales. Todo este hace que seamos diferentes del resto, aunque estamos viviendo en el mismo país", dice el ministro de Trabajo Roald Báscolo.

Desde el gobierno de Santa Fe vienen insistiendo todos los días todos sus funcionarios sobre los resultados que tienen las políticas impulsadas desde la administración provincial en la economía local que, en el caso de la construcción, por ejemplo, y a partir de la decisión de mantener el programa de obra pública, ha permitido no solo sostener sino también hacer crecer el empleo en el sector, el más castigado por el gobierno nacional y donde más puestos de trabajo se perdieron, a tal punto que hoy en la provincia hay 40 mil familias que viven de esta actividad.

"En un contexto nacional donde la construcción es el sector de la economía que más empleos perdió en 2024, que representó el 20% del total nacional, ese año en Santa Fe fue menor al 10% y en 2025 se empezó a recuperar, a tal punto que mientras en el país sigue 10% por debajo de 2023, en la provincia ya hay crecimiento lo que la convierte en líder nacional en términos absolutos aunque relativo respecto de Neuquén y Río Negro donde el impacto de Vaca Muerta es muy importante", dice el ministro de Trabajo Roald Báscolo.

Un informe preparado por el ministerio de Trabajo de la provincia indica que Santa Fe, que es el tercer distrito del país en empleo registrado en la construcción, detrás de Buenos Aires y CABA, exhibe desde diciembre de 2023 "un desempeño claramente superior al promedio nacional" y se consolida "como un caso diferencial dentro del escenario nacional, al pasar de una fuerte contracción en el primer semestre de 2024 a un crecimiento del 13% desde ese piso, ubicándose en noviembre de 2025 un 2,9% por encima de diciembre de 2023 y constituyéndose como la jurisdicción que más empleo generó en términos absolutos en el período impulsado por el plan de obras públicas provincial ejecutado durante 2024 y 2025".

En este sentido, el titular de la cartera de Trabajo provincial fue un paso más e insistió con el "efecto multiplicador" que tiene la construcción en el resto de las actividades económicas, generando actividad en el sector de servicios y actividades vinculadas a la obra que se ejecuta. "Pongo siempre como ejemplo la cárcel de Recreo que está en construcción que además genera actividad en ciudades del norte de la provincia como Reconquista, donde dos empresas metalúrgicas están trabajando a plena capacidad para proveer las aberturas, además de un sector que ha tenido muchos problemas en los últimos tiempos por el ingreso de las importaciones y la caída de ingreso", dice el ministro Báscolo.

- ¿Es el sector metalúrgico el más complicado en cuanto al nivel de actividad de la provincia?

-Teniendo en cuenta el contexto nacional, hay dos sectores que están en caída: la construcción y la industria, que son los dos sectores más demandantes de empleos. Dicen que la economía crece porque crece la producción de gas, de petróleo, la minería y la intermediación financiera, pero son todos sectores poco demandantes de empleos. En el caso de la construcción estamos por encima de la media nacional, en el del comercio Santa Fe logra mantener el nivel de empleo y la industria, que en la provincia es muy competitiva, está perdiendo empleos por distintos factores como las importaciones y la retracción del mercado interno. En primer lugar, el sector textil, también el del cuero, del calzado, la línea blanca y el siderúrgico, también algunos metalúrgicos. Santa Fe no escapa al contexto nacional y está dentro de las provincias más afectadas con Buenos Aires y Córdoba, que tienen un perfil similar a nuestra provincia.

-El desempleo impacta de manera diferente en estas provincias.

-Los datos confirman una gran suba en Buenos Aires y Córdoba. En este tema también uno puede rescatar datos positivos en Santa Fe. A nivel país, la última encuesta permanente de hogares del último trimestre del 2025 dio que a nivel nacional el desempleo se ubicó en el 7,5%. En ese contexto Rosario quedó en 6,5%, por abajo del promedio y la ciudad de Santa Fe en 4,8%, mientras que, en el gran La Plata, el gran Mar del Plata y partidos del gran Buenos Aires tenemos la desocupación llegando al 9,5%. En el gran Córdoba están en el 8,8%. Los números del desempleo en todos estos grandes centros urbanos ya están cercanos los dos dígitos y pasaron a ser una de las principales preocupaciones del país, llegar a fin de mes y la incertidumbre por el futuro del trabajo, cuando hace dos años eran la inflación, el dólar, el riesgo país y el déficit fiscal.

-Santa Fe inició el año con casi cuatro mil trabajadores suspendidos en 44 empresas. ¿Creció en el primer trimestre?

-No, se mantuvo estable e unas 50 empresas con 3.000 trabajadores suspendidos.

La obra pública provincial sostiene el empleo en la construcción y marca diferencias con el resto del país.

-Una de las medidas que tomó el gobierno provincial fue el de incluir para su tratamiento legislativo en el proyecto de Presupuesto y la ley Tributaria fueron una serie de exenciones impositivas para apuntalar la industria, el comercio y el empleo. En enero les fue bien, de acuerdo con los números que difundieron y las expectativas que tenían puestas. ¿Qué esperan para febrero?

-Son medidas del gobierno novedosas y disruptivas que nos trajeron buenos resultados en enero y que serán mucho mejores en febrero. Los datos los vamos a dar a conocer en los próximos días. La provincia de Santa Fe tomó como política de estado bajar ingresos brutos a todas aquellas empresas o emprendedores que tributan en la provincia e incorporen trabajadores nuevos, descontando hasta 1,6 millón de pesos mensuales por cada uno de los nuevos trabajadores durante todo el ejercicio 2026. Quiero destacar que esta medido se ha tomado en un contexto 11:02) Eso es algo que nunca se vio en Santa Fe (11:05) y yo me atrevo a decir que no lo donde es muy difícil que se generen nuevos empleos y la recaudación cayendo, encontrándose un 7% abajo del bimestre anterior por una caída del consumo.

-Hay empresas en problemas como Bahco y sectores complicados en sus niveles de actividad como el lácteo y el metalúrgico. ¿Qué están viendo en el ministerio?

-Los sectores vinculados a la agroindustria van a tener un buen 2026 porque la campaña de trigo fue muy buena, récord de los últimos 20 años, la de girasol es la más alta de los últimos 15 años y el maíz y la soja vienen muy bien, está todo, está dado para que la cosecha sea récord y obviamente que esto va a tener un gran impacto en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en el sector de la maquinaria e implementos agrícolas. Después tenemos otros sectores que también son muy competitivos como el frigorífico, con un contexto internacional inmejorable con precios récord, pero con el problema en Argentina de la escasez de hacienda que hizo subir el precio del novillo también a precios récord, que hace que los frigoríficos no tengan actividad plena. En el sector lácteo hay empresas como Sancor que están en crisis por temas administrativos de gestión interna que del rubro en sí. En los dos últimos años hubo crecimiento en la producción lechera, más allá de algunos meses con dificultades. Hay nuevos proyectos de inversión en el sector lácteo. El tema ahora es que todo este crecimiento se vea reflejada en la rentabilidad, este mes tuvimos un importante aumento del precio de los combustibles que se va a trasladar y va a pegar en la época de la cosecha gruesa. El volumen está garantizado pero la rentabilidad no tanto porque dependen del endeudamiento que tenga cada uno que con las tasas de interés en relación con la inflación proyectada están muy altas y el dólar pisado. Acá Santa Fe también marcó una diferencia en la último Expoagro porque los créditos con tasas subsidiadas de la provincia a través de bancos privados sumaron 180.000 millones de pesos.

Tomas Bertero

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo, destacó a El Litoral los primeros resultados del esquema de beneficios fiscales impulsado por la provincia, que permitió la creación de nuevos puestos laborales en el inicio del año.

“Se crearon 649 nuevos puestos de trabajo en 366 empresas”, afirmó. Según explicó, estos datos corresponden al corte realizado en enero, en el marco de una política que estará vigente durante todo el 2026.

El funcionario situó estos resultados en un escenario económico complejo, tanto a nivel nacional como provincial. Foto: Carolina Nicklison

Báscolo explicó que el programa fue incorporado dentro de la tributaria 2026 y está dirigido a todos los contribuyentes que tributan Ingresos Brutos en la provincia. El objetivo es estimular la contratación de nuevos trabajadores. “Por cada nuevo trabajador que incorporen durante 2026, pueden acceder a un beneficio fiscal”, indicó. En ese sentido, remarcó que cuanto antes se realicen las incorporaciones, mayor será el tiempo durante el cual las empresas podrán aprovechar el incentivo.

El funcionario situó estos resultados en un escenario económico complejo, tanto a nivel nacional como provincial. En ese marco, consideró relevante el impacto positivo de la medida.

"Las noticias cotidianas son de cierre de empresas, dificultades para pagar sueldos y caída de la actividad”, señaló. A pesar de ello, destacó que la provincia logró generar empleo en este contexto adverso.

Báscolo también subrayó el rol de la obra pública provincial como herramienta para sostener el empleo, especialmente en sectores como la construcción, uno de los más afectados a nivel nacional.

“La provincia invirtió 500 millones de dólares en 2024 y 1.500 millones en 2025 en obra pública”, detalló. Según explicó, esta política permitió amortiguar el impacto de la paralización de la obra pública nacional.

En ese sentido, el ministro aseguró que Santa Fe no solo logró recuperar puestos de trabajo, sino también posicionarse entre las provincias con mejores indicadores en generación de empleo en la construcción.

“La provincia no solo recuperó los puestos perdidos, sino que lidera la creación de empleo en el sector”, afirmó. Este desempeño se da en un contexto donde otras jurisdicciones aún no logran recomponer los niveles previos.

Finalmente, Báscolo recordó que las empresas que aún no se sumaron al programa están a tiempo de hacerlo, ya que el beneficio se mantiene vigente durante todo el año. “Aquellos que no se acogieron todavía pueden hacerlo, consultando con sus asesores”, indicó. Además, señaló que el esquema también contempla otros beneficios vinculados al pago de servicios como la energía.

Báscolo también subrayó el rol de la obra pública provincial como herramienta para sostener el empleo, especialmente en sectores como la construcción, uno de los más afectados a nivel nacional. Foto: Carolina Nicklison

En total se generaron 649 nuevos puestos de trabajo distribuidos en 366 empresas de distintos tamaños. La mayor parte corresponde a pequeñas estructuras productivas: 283 firmas incorporaron un trabajador y otras 41 sumaron dos empleados.

En cuanto a la distribución por sectores, el comercio lidera la creación de nuevos puestos de trabajo, seguido por la industria y la construcción. También se registraron incorporaciones en actividades como servicios de alojamiento y gastronomía, transporte y almacenamiento, agricultura y tareas administrativas, entre otras.

En el caso de la industria, 137 empresas descontaron de Ingresos Brutos el costo de la energía eléctrica, lo que representó una reducción impositiva de 134 millones de pesos mensuales.

Por su parte, 1.147 comercios aplicaron el mismo beneficio sobre su consumo energético, alcanzando una reducción de 432 millones de pesos por mes. Además, 816 pequeños comercios accedieron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 %, lo que implicó un alivio fiscal de 58 millones de pesos mensuales.

En total, 2.466 empresas santafesinas accedieron al menos a uno de los beneficios tributarios vigentes, mientras que 276 lograron combinar más de un incentivo fiscal.

Este miércoles, el Gobierno de Santa Fe concretó la segunda reunión de la paritaria de la administración central con los gremios estatales donde se formalizó la oferta de incremento salarial para los empleados público provinciales.

El encuentro estuvo encabezado por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; de Economía, Pablo Olivares, funcionarios provinciales y representantes gremiales del sector (UPCN y ATE).

La oferta contempla en primer término “una recomposición del año 2025, del 3% correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, donde también va a estar incluido el proporcional de aguinaldo”, indicó el ministro.

Y agregó: “El segundo punto fue la inflación esperada para este primer semestre, con el 2,6 % ya de enero consolidado, y las proyecciones que se manejan para los meses siguientes: del 2,1 %, 2,2 %, 2 % a 2 %, llegando al 1,6 % en junio. Eso totaliza un 12,5%”.

“El tercer punto -continuó Báscolo- es el mínimo garantizado, que ningún trabajador de la provincia de Santa Fe, a partir de febrero, va a tener un aumento inferior a 170 mil pesos durante los primeros seis meses. Y el cuarto punto, que también se venía trabajando, es el tema de los suplementos para los asistentes hospitalarios y los asistentes escolares”.

Cabe señalar que, tal como lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro en la reciente apertura de sesiones de la Legislatura provincial, el sector pasivo cobrará el aumento a los 30 días.

La mesa paritaria se reunió por segunda vez este miércoles.

La propuesta de aumento del Gobierno Provincial contempla el 12,5 % para el primer semestre del 2026 y se distribuye con los siguientes porcentajes: enero 2,6 %, febrero 2,1 %, marzo 2,2 %, abril 2 %, mayo 2 % y junio 1,6 %.

Además, se reconoce 3 % de aumento por desfasaje del segundo semestre de 2025, tomando como base los sueldos de diciembre; y se reconoce también la diferencia de la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

De esta manera, el mínimo garantizado correspondiente a enero es de 75 mil pesos, y a partir de febrero ese mínimo garantizado será de 170 mil pesos.

A esto se le suman las mejoras para sectores especiales como asistentes escolares, que son del 100 % de su suplemento, pasando de 75 mil pesos a 150 mil pesos. De esta manera, un asistente escolar desde febrero va a cobrar, de piso, 240 mil pesos de aumento de bolsillo.

En tanto que un asistente hospitalario en el sector de salud tendrá también en sus suplementos un porcentaje de incremento del 50 % que, dependiendo del jornal horario o función, podrá superar esa cifra, llegando al 100 en el caso de enfermeros profesionales. Así, ningún trabajador cobrará menos de entre 260 mil y 310 mil pesos en promedio.

Finalmente, también se avanzó en relación a una mejora en los suplementos y guardia para los trabajadores del nuevo Sistema Penal Juvenil, pertenecientes a la Secretaría Penitenciaria y el área de la Secretaría de Niñez.

El gobierno hizo formal la propuesta de incremento. Foto: Fernando Nicola

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, explicó que la propuesta es “un gran esfuerzo que hace el Gobierno de la Provincia”, comprendiendo “la situación de los empleados públicos, pero también en el contexto en que estamos trabajando esta propuesta”.

Es por ello que, “siempre está el compromiso, como lo ha explicado siempre el gobernador, de que si se produce algún desfasaje lo vamos a volver a rever y a sentarnos”.

En caso de aceptación de la propuesta por parte de los gremios, Azario manifestó que “estamos con los tiempos muy justos de la liquidación, pero sí se puede liquidar ya en febrero, lo hacemos y, si no, por planilla complementaria”. 

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, y la secretaria de la Función Pública, Malena Azario, oficiaron de voceros del gobierno luego de la reunión paritaria que mantuvieron, este miércoles por la mañana, con referentes de la administración central nucleados en UPCN y ATE.

“Fue una reunión extensa pero muy productiva”, dijo el titular de la cartera laboral quien advirtió que la actual negociación ocurre en un contexto “complejo” para empleados públicos pero también para los privados, los jubilados nacionales y provinciales.

“El año arranca con una caída en la recaudación a nivel país, producto de la caída en la actividad económica que no termina de repuntar” y en ese contexto el objetivo es “tratar de negociar la mejor propuesta”.

“Todos los días hay novedades en el sector privado”, admitió el ministro en una jornada que arrancó con otra mala noticia: la empresa de neumáticos Fate cerró su planta de producción en Virreyes y dejó a 920 empleados sin trabajo.

Dicho esto, pasó a detallar la oferta que consiste en una recomposición que tiene en cuenta el defasaje de los salarios respecto de la inflación de noviembre y diciembre, y será incluido en el cálculo proporcional del aguinaldo.

En segundo lugar, se propuso un esquema salarial para todo el septiembre que consiste en un 2,6 % para enero (de acuerdo al dato ya publicado por el Indec para ese mes) y una proyección hasta junio que totaliza un aproximado de 12.5 %.

El tercer punto establece que el mínimo garantizado de aumento para todos los trabajadores de la provincia será de 170 mil pesos a partir de febrero. Por último se establece iun incremento en los suplementos para asistentes hospitalarios y escolares.

“Comprendemos la situación de los trabajadores públicos”, aseguró Azario a su turno, aunque advirtió sobre “el contexto en el que estamos trabajando”.

La funcionaria destacó el esfuerzo para llegar a esta propuesta que ahora deberá ser analizada con las bases para definir si es o no aceptada.

Este miércoles, el Gobierno de Santa Fe concretó la primera reunión de la paritaria de la administración central con los gremios estatales ATE y UPCN, en un encuentro encabezado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, y demás funcionarios provinciales. La semana próxima habrá un nuevo encuentro.

La mesa de negociación se desarrolló en Casa de Gobierno y reunió a funcionarios y representantes de los trabajadores de la administración pública provincial. Al término del encuentro, Bastia calificó la reunión como “positiva” y explicó que el Ejecutivo esperará la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) para definir el próximo paso en la discusión salarial.

“Fue una buena reunión, en la que abordamos distintos aspectos teniendo en cuenta la realidad que debemos atender y las dificultades que se acentuaron a lo largo de 2025”, señaló el ministro. En esa línea, atribuyó buena parte de esas tensiones al impacto de “la orientación de la política macroeconómica nacional, que influye sobre todos los actores económicos y sociales”, agregó el funcionario.

Bastia recordó que la discusión actual parte de la paritaria acordada el semestre pasado y del criterio sostenido por la gestión provincial de revisar periódicamente el poder adquisitivo de los salarios estatales. “A partir de esa realidad y de lo ya convenido, nos concentramos en revisar los últimos dos meses”, indicó.

El funcionario aclaró que el Gobierno aguarda el dato de inflación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), para avanzar con la actualización. “A partir de allí vamos a seguir dialogando, atendiendo a todos los sectores, pero poniendo especial énfasis en quienes perciben menores ingresos”, sostuvo.

Respecto de los plazos y porcentajes, Bastia explicó que aún resta precisar la diferencia inflacionaria correspondiente al último bimestre desde el aumento previo. Recordó que en julio se acordó un adicional para noviembre y diciembre y que, en noviembre, la Provincia ya reconoció la diferencia acumulada por los cuatro meses anteriores (julio, agosto, septiembre y octubre).

“Ese compromiso lo asumimos y lo cumplimos. Falta ajustar el número final de estos dos meses, pero el que resulte técnicamente correcto será abonado”, concluyó el ministro.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) se pronunció en respaldo al proyecto de reforma parcial al Código Procesal Laboral que está en la agenda de este jueves en la Cámara de Diputados. "Consideramos que esta reforma es un gran paso para corregir problemas estructurales que hoy generan sobrecostos en el sistema de ART, incertidumbre y pérdida de competitividad, sin mejorar la calidad del empleo ni la protección real de los trabajadores", destaca el documento industrial.

El proyecto de reforma fue presentado por el radical José Corral y habilitado para el tratamiento en Extraordinarias por el Poder Ejecutivo. En las últimas semanas, Corral y su compañero de bloque, Martín Rosúa, mantuvieron varias reuniones con sectores empresariales explicando los alcances de la iniciativa, incluso en una jornada organizada por la fundación Libertad en la ciudad de Rosario. "Subió la litigiosidad pero bajó la accidentología" subrayó Corral tras ese encuentro.

En tanto, la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de Diputados se reunirá este miércoles con Fernando Raúl Marchionatti, presidente de la Cámara de Apelación en lo Laboral, Circunscripción N°2 (Rosario), para dialogar e intercambiar opiniones respecto al funcionamiento del fuero laboral santafesino, litigiosidad provincial y perspectivas legislativas.

Ayer, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, con gran parte de su gabinete, realizó una reunión para evaluar el funcionamiento de las comisiones médicas, medida prevista en la última reforma al sistema de ART en Santa Fe. Del encuentro participaron empresarios, camaristas laborales y legisladores, entre ellos Corral, Rosúa y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Joaquín Blanco.

Más allá del apoyo de empresarios, hay todavía dudas en la Cámara de Diputados sobre la redacción del proyecto. El objetivo de los autores es avanzar con la media sanción este jueves o bien postergarlo para el tiempo ordinario.

"Las empresas santafesinas pagan una alícuota promedio de ART del 4,03%, un 45% más que el promedio nacional (2,78%). Además, un trabajador en nuestra provincia tiene más del doble de probabilidad de iniciar un juicio laboral que uno en la provincia de Córdoba. En consecuencia, este sobrecosto estimado para el sector productivo provincial asciende a USD 100 millones al año", agrega el comunicado de Fisfe.

"Además, la tasa de litigiosidad en Santa Fe es desproporcionada: un trabajador en nuestra provincia tiene más del doble de probabilidad de iniciar un juicio laboral que uno en Córdoba (260 juicios contra 118 juicios por cada 10.000 trabajadores)", ejemplifica.

El proyecto de reforma que se debatirá en la Legislatura "está inspirado en modelos exitosos de otras jurisdicciones, y busca solucionar este problema mediante una adhesión efectiva a la normativa nacional y una reestructuración de los procesos judiciales".

Luego, Fisfe explica que "concretamente, la reforma propone establecer las comisiones médicas como un paso obligatorio antes de poder iniciar un juicio laboral, lo que agiliza los tiempos de resolución para todas las partes. Además, plantea una reforma en la determinación de honorarios profesionales derivados de las pericias médicas, desvinculando los honorarios de los peritos de la gravedad de las lesiones o los porcentajes de incapacidad asignados. Actualmente, al estar los honorarios alineados al monto de la sentencia, existe un incentivo a asignar porcentajes de lesión más altos para aumentar el valor del juicio, sesgo que es corregido por el proyecto".

Desde FISFE, por último, piden a los legisladores "a agilizar el tratamiento de este proyecto de reforma, que nos permitirá alcanzar un sistema laboral más justo y equilibrado".

María José Valdéz - Ileana Hotschewer

La discusión por la reforma laboral volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica de 2026. Mientras el Gobierno nacional busca acuerdos que aún no terminan de cerrarse, también pone la mirada sobre las provincias. En ese escenario, Santa Fe se muestra activa y con una estrategia propia.

El ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, sostuvo que Santa Fe “está un paso adelante” en el abordaje de los problemas estructurales del mercado laboral argentino. En diálogo con CyD Litoral, identificó tres ejes críticos que atraviesan tanto al país como al territorio santafesino.

El primero es la informalidad laboral. Según precisó, en 2025 el promedio nacional alcanzó el 43%, con provincias que rozan el 50%. Santa Fe se ubica por debajo de esa media, aunque el problema sigue siendo estructural y de larga data.

El segundo eje es la escasa creación de empleo privado registrado. Báscolo remarcó que en los últimos 15 años este tipo de empleo apenas creció un 3% en todo el país, mientras que el aumento se concentró en el monotributo y el empleo público.

El tercer punto es la alta litigiosidad laboral. Argentina presenta niveles superiores a los de otros países, lo que termina incidiendo en las decisiones de inversión y producción. “Hoy la balanza se inclina para otro lado cuando se evalúa dónde producir”, advirtió.

En ese contexto, el ministro destacó una medida inédita incluida en la tributaria 2026 de Santa Fe. Por primera vez, los contribuyentes de Ingresos Brutos podrán descontar hasta un 30% del impuesto determinado con el pago de la factura de la EPE.

Además, las empresas podrán deducir la totalidad de un RIPTE por cada nuevo empleo registrado. Actualmente, ese monto ronda el millón y medio de pesos por trabajador incorporado desde enero de 2026, en relación con la nómina de noviembre previo.

La medida apunta a incentivar la creación de empleo privado registrado y a formalizar puestos que hoy se encuentran en la informalidad. Según Báscolo, se trata de una fuerte apuesta provincial para atacar uno de los principales déficits del mercado laboral.

El funcionario indicó que este esquema se complementa con otras políticas de estímulo a la producción y el empleo, y que en conjunto representan una inversión cercana a los 80 mil millones de pesos durante el año calendario.

Consultado por la preocupación en torno a una eventual baja de la coparticipación, Báscolo explicó que aún no hubo conversaciones formales con Nación y que el tema volverá a tratarse en el Senado a partir del 16 de enero.

Santa Fe, remarcó, mantiene un reclamo firme por la deuda que el Gobierno nacional tiene con la provincia por los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Se trata de una suma millonaria que, de ser saldada, permitiría ampliar las políticas de fomento productivo.

En cuanto a la modernización laboral, el ministro sostuvo que Santa Fe acompaña los puntos que buscan reducir informalidad, crear empleo privado y disminuir la litigiosidad, pero considera que no son suficientes por sí solos.

Báscolo puso el acento en la necesidad de incentivos específicos para las pymes, principales generadoras de empleo. Señaló que mientras existe el RIGI para grandes inversiones, las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un régimen similar.

Desde la mirada provincial, la baja de tributos debe estar directamente asociada a la creación de empleo. “El camino es reducir impuestos en la medida en que se contraten trabajadores”, afirmó, y defendió el esquema de Ingresos Brutos como un modelo posible.

Para Santa Fe, concluyó, la clave no está en reducir ganancias a grandes empresas sin garantías de empleo, sino en bajar costos laborales y otorgar incentivos concretos a las pymes para fomentar la formalización y el trabajo registrado.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este miércoles la Ley Tributaria 2026 ante representantes del sector privado, en un encuentro de trabajo que permitió exponer los objetivos y alcances de una iniciativa clave para el futuro económico y productivo del territorio santafesino. La actividad fue encabezada por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo.Desde el sector privado se valoró que es “un proyecto de Ley Tributaria que incorpora una serie de beneficios a un amplio sector de la producción en la provincia”, y que “avanza en el sentido correcto de reducir la presión fiscal en un momento de mucha dificultad”. La reunión se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Puerto de Santa Fe y estuvo orientada a detallar los principales lineamientos del proyecto, que contempla beneficios fiscales para créditos productivos y de vivienda, alivio impositivo para sectores estratégicos y ajustes moderados en el Impuesto Inmobiliario. El eje central es brindar previsibilidad, dinamizar la actividad económica y fortalecer la inversión y la generación de empleo en toda la provincia.Durante el intercambio, funcionarios y empresarios analizaron el impacto de la propuesta, que fue valorada por los representantes del sector productivo por su enfoque gradual, la reducción de la presión fiscal en un contexto complejo y la necesidad de sostener, al mismo tiempo, los recursos del Estado provincial para garantizar políticas públicas. 

“Esta ley tiene un impacto fiscal sobre la provincia, porque son recursos que van a terminar volviendo a la matriz productiva y a cada hogar”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien además señaló que la metodología de presentación se replicará “en el resto del territorio y a lo largo del año, porque queremos que cada punto de esta Ley Tributaria llegue a los comercios, emprendedores, industrias y pymes, para evacuar dudas y conformar mesas de trabajo y consulta”.En ese sentido, recordó que los sectores industrial, comercial y hotelero podrán descontar hasta un 30 % del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del importe abonado por el consumo de energía eléctrica. Puccini subrayó que la iniciativa mejora las condiciones de los últimos ejercicios fiscales y destacó que es posible avanzar en este sentido “porque hay un Estado, como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, ordenado, eficiente y que cuida los recursos”.A continuación, el ministro de Economía, Pablo Olivares, puso el acento en el trabajo conjunto con los actores productivos y en la necesidad de que los beneficios previstos se traduzcan en un alivio concreto para la actividad. En ese marco, explicó que la propuesta no solo pone a disposición herramientas tributarias, sino que busca garantizar su utilización efectiva por parte de las empresas.Olivares detalló que las principales medidas incluyen la posibilidad de descontar del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el sueldo bruto de cada nuevo trabajador, la deducción del gasto en energía eléctrica abonado a la EPE y un esquema combinado de beneficios que permitirá que los comercios pequeños y medianos, con facturación anual de hasta 180 millones de pesos, reduzcan prácticamente a la mitad su carga tributaria.Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, destacó que la iniciativa incorpora incentivos inéditos para la generación de empleo formal. Señaló que, a partir de enero, las empresas que tributan Ingresos Brutos podrán descontar hasta 1.500.000 pesos del sueldo bruto por cada nuevo empleado, una medida diseñada en conjunto con las instituciones productivas y pensada como una fuerte apuesta a la creación de puestos de trabajo, complementada con una política activa de obra pública provincial.En tanto, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martín, valoró que se llegó a “un proyecto de Ley Tributaria que incorpora una serie de beneficios a un amplio sector de la producción en la provincia” lo que consideró “es avanzar en el sentido correcto de reducir la presión fiscal en un momento de dificultad económica, y es un ejemplo porque la Provincia también necesita recursos”.De la presentación participaron además el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio; la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; el subsecretario de Comercio, Matías Schmuth; y el administrador del Ente Portuario de Santa Fe, Leandro González.

(Por Gustavo Capeletti) - El último informe de la sindicatura en el concurso preventivo de Algodonera Avellaneda SA, presentado en julio de 2025, describe una situación crítica de la histórica firma textil del norte santafesino, propiedad de Vicentin SAIC. La empresa enfrenta un deterioro financiero creciente, fuertes deudas posconcursales y la paralización total de su producción.

Hoy por hoy, la producción está detenida y la planta ubicada en el Parque Industrial de Reconquista se encuentra sin actividad. El detalle elaborado por los síndicos dio cuenta que se incumplieron contratos de desmote con la Unión Agrícola de Avellaneda y Buyatti.

La hilandería está paralizada por exceso de stock en los clientes. En julio todavía se produjeron 253.938 kilos de hilos y 99.309 kilos de telas, pero actualmente no hay movimiento en la línea productiva, reseñaron.

La facturación de julio fue de $2.684 millones, pero la tendencia es decreciente desde abril. Al mismo tiempo, el pasivo posconcursal sigue en aumento: deudas con proveedores, AFIP, seguridad social y, especialmente, con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), donde los saldos impagos superan los $ 989 millones hasta julio. “La empresa descuenta unilateralmente un 25 % de las facturas de energía, lo que profundizó la deuda”, tabuló el cuadro demostrativo de la evolución obligaciones a pagar.

El impacto comienza a sentirse con fuerza en el nivel de puestos de trabajo. En los últimos meses, la compañía redujo personal: 41 empleados fueron dados de baja entre junio y julio (7 por fin de prueba, 14 despidos sin causa y 20 por falta o disminución de trabajo). La deuda en concepto de indemnizaciones asciende a $ 274 millones. En tanto, el 22 de agosto la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis, que contempla suspensiones, reducción de jornadas y retiros voluntarios, buscando reducir costos laborales.

El informe de la sindicatura advierte que la situación es “muy delicada” y reclama a la compañía un plan de acción concreto para enfrentar la crisis. Señala que incluso con el repunte de la facturación sería inviable sostener las deudas acumuladas sin medidas estructurales ni financiamiento externo.

El análisis de los indicadores financieros de la empresa realizado por encargo del juez del concurso de acreedores Fabián Lorenzini da una idea cabal de la creciente inviabilidad de la textil, que se acerca peligrosamente a su quiebra.

En cuanto a “liquidez ácida”, por cada $ 1 de deuda a corto plazo, la empresa solo dispone de 0,009 centavos en efectivo y equivalentes inmediatos; con relación a “liquidez corriente”, por cada $ 1 de deuda corriente, la empresa solo tiene $ 0,60 de activos corrientes; otro de los puntos abordados es el de endeudamiento -mide como total del pasivo / patrimonio neto-. En este ítem, al ser el patrimonio neto negativo (- $ 1.436.607,93 ), el índice resulta negativo y refleja “patrimonio neto deficitario; con respecto a “solvencia”, en julio de 2025 arrojó un valor de 0,60, cuando en diciembre 2024 era 1,50. “”El total de activo circulante no alcanza para pagar las deudas”, pusieron sobre aviso al juez los encargados de confeccionar el cuadro situacional.

En este contexto de crisis, el ministro de Trabajo de la provincial, Roald “Coco” Báscolo mantuvo reuniones el viernes estuvimos con delegados y mandos medios de Algodonera Avellaneda, y este lunes con el juez Lorenzini, con la intención de explorar soluciones viables al cuello de botella que se cierne sobre la empresa

“Lo de Vicentin era un problema importante, pero no tenía la magnitud que hoy tiene el contexto nacional para la Algodonera Avellaneda. Ese, para mí, es el principal problema”, comparó el funcionario, para encuadrar luego que “está la hipoteca del Banco Nación, que ya liberó la orden de ejecución, y eso se puede solucionar; está el tema de que se fueron los fasones, y también se puede solucionar; el hecho de que no haya fondos para comprar materia prima también tiene salida. Nada es fácil, claro, porque todo se enmarca en un concurso”.

Báscolo no dudó en apuntar que “el problema de fondo es el contexto nacional: no hay consumo y existe una competencia desleal de las importaciones. Entonces, aun consiguiendo capital de trabajo, nuevos fasones o incluso un comprador para la empresa, la situación es crítica. Particularmente golpea a la parte de hilandería y textiles; en cambio, el resto de la cadena -la desmotadora o la siembra de algodón- todavía resiste y sigue siendo competitiva”.

El titular de la cartera laboral hizo referencia a hechos relevantes ocurridos en los últimos días: “El jueves se presentó el informe de la sindicatura, que es lapidario respecto de la situación financiera; el viernes tuvimos una reunión con delegados gremiales y algunos trabajadores, en la que se habló tanto del contexto nacional como de la situación específica de la empresa. Allí remarqué que, más allá de la versión empresarial, el informe de la sindicatura es un documento contable elaborado por profesionales designados por el juez, y por lo tanto es un diagnóstico oficial”.

En esa línea, relató que ese mismo viernes el juez envió una orden a la empresa para que presente un plan de crisis en un plazo de cinco días. “Probablemente se extienda un poco más, pero en breve vamos a incorporarnos en ese proceso para evaluar alternativas. Ese plan debe definir qué hará la empresa en los próximos doce meses: si incorporará fasones, socios, o si venderá algunos activos. Todo requiere la autorización del juez, de la sindicatura, del comité de acreedores y también la resolución de las cautelares penales del caso Vicentin, que avanza bien”.

Más adelante, fijó el objetivo claro que tiene el gobierno provincial: “Garantizar la continuidad de la producción y preservar las fuentes laborales. La quiebra es una posibilidad, sí, pero debemos evitarla porque, aunque en esa instancia los trabajadores tienen prioridad de cobro, el valor de una empresa en marcha es cinco veces mayor al de una empresa paralizada”.

Por último, insistió con que “hoy todo se reduce al contexto nacional: conseguir socios o capital de trabajo en un escenario normal sería viable, incluso vendiendo activos no productivos como oficinas en Buenos Aires. Pero en este panorama, aunque logremos financiar fibra, terminamos con hilos y telas apilados en un depósito sin poder vender, y con sueldos que no se pueden pagar con mercadería. Eso fue lo que pasó con la Unión Agrícola de Avellaneda y Buyatti, que después de seis meses de acumular producción sin salida decidieron retirarse. Julio fue un mes crítico, en el que se notó con fuerza la caída de la producción”.

(Por Gustavo Capeletti) - El clima laboral, financiero y de negocios en Algodonera Avellaneda experimentó un sensible desmejoramiento en las últimas semanas, que no hizo más que agravar la crisis estructural que se cierne sobre la textil luego de que se concursara en 2024 tras caer en cesación de pagos.

En los días que corren, la empresa propiedad de Vicentin SAIC -también con un concurso preventivo de acreedores a cuestas- debió echar mano a despidos de personal y al pago de solo una parte de los haberes de su casi 400 empleados para sortear los problemas de caja que la acucian.

Esas medidas dan cuenta de la situación límite que atraviesa la algodonera ubicada en el Parque Industrial de Reconquista y derivaron en que los trabajadores se declarasen en estado de alerta, con la realización de asambleas para determinar acciones a seguir.

Juan Bandeo, delegado gremial de aquellos operarios contratados por quincenas, confirmó que la planta atraviesa una grave situación económica, producto de la caída en las ventas y el impacto de las importaciones.

En cuanto al personal, Bandeo confirmó que ya se han producido más de 40 despidos: unos 20 a 25 trabajadores eventuales a mediados de julio y otros 20 -mensualizados- el 1 de agosto, pertenecientes a otro gremio que también opera en la planta.

En diálogo con este medio, Bandeo detalló que en la jornada del miércoles se realizaron varias asambleas con los distintos turnos, luego de que los trabajadores cobraran solo el 50 % de la quincena correspondiente, que debía abonarse en su totalidad el martes pasado. «La empresa anunció que el restante 50 % se pagará el próximo 13 de agosto», expresó.

“La situación es muy complicada. El martes nos comunicaron que solo se iba a pagar la mitad de la quincena. Ayer hicimos varias asambleas para evaluar la situación”, señaló Bandeo.

El dirigente explicó que la producción cayó notablemente: la planta tiene capacidad para producir 800 mil kilos de hilo y 400 mil kilos de tela por mes, pero actualmente solo se producen 200 mil de cada uno, lo que «pone en riesgo la estabilidad laboral» del personal.

“La empresa dice que está buscando la forma de mantener el personal, pero si no hay ventas es difícil sostener los sueldos”, remarcó. También mencionó que la apertura de importaciones, especialmente desde China, es un factor que está afectando duramente a toda la industria textil a nivel nacional.

En cuanto al personal, Bandeo confirmó que ya se han producido más de 40 despidos: unos 20 a 25 trabajadores eventuales a mediados de julio y otros 20 -mensualizados- el 1 de agosto, pertenecientes a otro gremio que también opera en la planta.

La empresa cuenta con aproximadamente 385 trabajadores, por lo que los despidos representan un impacto significativo, analizó. “Los trabajadores están muy preocupados. Por ahora, se siguen cumpliendo los turnos de lunes a sábado en jornadas de 8 horas», pero la incertidumbre es creciente, agregó.

También señaló que, al estar la empresa en concurso preventivo, se aplican disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo que permiten indemnizar solo con el 50 % del monto, lo que afecta especialmente a los empleados con muchos años de antigüedad.

Bandeo confirmó que mañana se realizará una reunión en la planta con el Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, en la que participarán representantes gremiales y directivos de la empresa.

“El objetivo es buscar alguna alternativa, algún tipo de subsidio o ayuda estatal que permita sostener la fuente laboral. Lo importante es que se pueda seguir trabajando y que la gente llegue a fin de mes”, concluyó.

En junio de este año se conoció informe lapidario de la Sindicatura que interviene en el proceso concursal que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de la 2da. Nominación, a cargo del juez Fabián Lorenzini, que también entiende en el proceso concursal Vicentin SAIC.

El documento expuso con crudeza las razones detrás del colapso financiero que llevó a la empresa a la cesación de pagos. De acuerdo al mismo, el descalabro económico es consecuencia de una multiplicidad de factores «congénitos, adquiridos, ajenos y mixtos», que se combinaron y retroalimentaron hasta hacer inviable la continuidad operativa.

Entre los aspectos más destacados, el dosier reveló graves errores administrativos y de planificación, tales como políticas comerciales inadecuadas, con ventas a plazo mal estructuradas que afectaron la rentabilidad y redujeron la liquidez; planes de fabricación y compras equivocados, lo que generó desajustes entre la producción y la demanda real del mercado; inversiones improductivas y exceso de apalancamiento financiero, es decir, una dependencia riesgosa del endeudamiento sin respaldo adecuado en ingresos; una gestión ineficiente del crédito y del capital de trabajo, con inmovilización innecesaria de fondos y recursos.

Asimismo, incluyó en los ítems deficitarios internos a los costos operativos excesivos que no guardaban relación con la productividad alcanzada; la falta de reconversión tecnológica, a pesar de haber contado en ciertos momentos con condiciones promocionales favorables; y las estructuras organizativas deficientes en las áreas administrativas, productivas y comerciales.

El informe también reconoció condicionamientos externos que complicaron el panorama económico de la firma: la alta inflación y el contexto macroeconómico nacional adverso; el impacto de la pandemia de Covid-19, que obligó a suspender la producción en determinados períodos; litigios judiciales, entre ellos, los derivados de garantías otorgadas a Vicentin S.A.I.C., que también entró en cesación de pagos en 2019.

Además, destacó una serie de decisiones empresariales riesgosas, como actuar como garante hipotecario de créditos millonarios a favor de Vicentin, sin un respaldo operativo sólido, y la falta de sinergia entre la estructura productiva y la demanda del mercado, lo que derivó en una «rentabilidad sostenidamente baja».

La sindicatura subrayó que no existe una única causa determinante del colapso, sino un entramado de elementos que se potenciaron mutuamente: errores históricos de gestión, decisiones financieras poco prudentes, condiciones externas adversas y una estructura inadecuada para adaptarse a los cambios del mercado.

La reunión paritaria con los gremios que representan a los profesionales de la salud, AMRA y Siprus, pasó a un cuarto intermedio y continuará la semana próxima. El encuentro se desarrolló este miércoles en la sede del Ministerio de Trabajo, con participación de autoridades de Salud, Trabajo y Economía de la provincia.

“El diálogo continúa en el marco de un contexto económico complejo, con una caída de ingresos por coparticipación que condiciona la negociación salarial”, explicó el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez. Y remarcó que, a pesar de las dificultades, “el Gobierno Provincial trabaja para llevar una propuesta que pueda ser considerada por las bases”.

Por el Gobierno Provincial estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; el secretario de Trabajo, Julio Genesini; la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; el director provincial del área, Diego Broda; los secretarios del Ministerio de Salud, Ramiro Dall Aglio (General) y Jorge Stettler (Logística Integrada y Articulación de Redes); la subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Gloria Blarasin; el subsecretario de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez; y la directora provincial de Gestión de Recursos Humanos, Ileana Colman.

En representación de AMRA participaron Marcelo Beltrame, Pamela Menotti, Laura Mansilla, Lucas Peiretti y Federico Moretti. Por SIPRUS lo hicieron Jerónimo Insuain, Rodrigo Ramírez, Jorge Piermatei y Gonzalo Cabruja.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe tiene la facultad para realizar inspecciones a través del cuerpo de policía de trabajo y vigilancia laboral en toda la provincia, como así también para verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de higiene, salubridad y seguridad de los trabajadores en los lugares de trabajo.

En ese sentido, el subsecretario de Fiscalización del Trabajo de la Provincia, Jonatan Paez, brindó información sobre las nuevas medidas implementadas en la identificación de los inspectores a fin de garantizar la transparencia en los procesos: “Como nos pidieron el ministro (Roald Báscolo) y el Gobernador (Maximiliano Pullaro), desde el primer día nos propusimos mejorar los procesos de fiscalización para poder brindar más seguridad a los establecimientos, garantizando que los procesos sean transparentes. Por eso, estamos avanzando para brindarles más herramientas con el objetivo de que puedan autenticar la veracidad de la identidad de los inspectores”.

Las nuevas credenciales están confeccionadas con plástico PVC a color, poseen una foto del inspector, la firma del subsecretario de Fiscalización, Jonatan Páez, y en el dorso tienen un código QR que permite la verificación de los datos del inspector y la fecha de validez. “Renovamos las credenciales identificatorias de los inspectores autorizados e implementamos medidas de seguridad para evitar falsificaciones”, reconoció Paez.

De esta manera, es posible constatar si esa persona se encuentra habilitada para realizar los actos inspectivos accediendo al sitio web de la provincia.

Cabe señalar que la fecha de vencimiento de las credenciales es el 31 de diciembre de 2025 y las mismas serán renovadas y actualizadas de manera anual.

El trabajo de fiscalización que se está llevando a cabo concierne a la realización de inspecciones en materia de policía de trabajo y en seguridad e higiene laboral. Con ello se busca el cumplimiento de las normas a partir de la regularización plena del empleo y garantizar la seguridad a los trabajadores.

El Ministerio recuerda, además, que los inspectores no están habilitados para cobrar multas ni otros cargos bajo ninguna de las modalidades, es decir, ni en efectivo como así tampoco con billeteras virtuales.

En el marco de la reunión paritaria con los gremios representantes de los trabajadores de la salud, este miércoles por la mañana, los ministros de Salud, Silvia Ciancio, y de Trabajo, Roald Báscolo, presentaron una oferta de recomposición salarial a AMRA y Siprus. La propuesta consiste en un incremento del cinco por 5 % para el primer trimestre del año 2025, sobre la base de diciembre 2024, abonado en dos etapas: 3,1 % a partir de enero, y 1,9 % en febrero, para alcanzar el 5 %. Asimismo, se garantiza que ese incremento porcentual no sea inferior a la suma de bolsillo de $ 50.000, a partir de enero; y de $ 70.000, a partir de febrero, en cargos de 24 horas o más, trasladado dicha garantía en forma proporcional a cargos menores de 24 horas. 

En este sentido, la propuesta se planteó para beneficiar a ese sector de los profesionales de la salud, que menos cobran, que percibirán 5,29 % en enero y 7,40 % en febrero, en virtud de la sumas garantizadas.

Al respecto, Ciancio destacó que la oferta salarial “viene en concordancia con las mesas paritarias de esta semana”, y en ese sentido se refirió al “gran esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno de la Provincia para llegar a esta propuesta y seguir trabajando para lograr un acuerdo”, porque consideró que la gestión ministerial actual “está enmarcada en un proceso coyuntural nacional complejo donde la política de medicamentos es nuestra obligación defenderla al retiro de recursos por parte de la Nación porque para garantizar líneas de medicamentos que antes nos mandaban, hoy tenemos que comprarlos y eso implica una estrategia nueva respecto al presupuesto del Ministerio”.

Asimismo, la ministra reconoció que para el gobernador Maximiliano Pullaro “la salud es sumamente importante”, por lo cual consideró que si bien lo salarial “es una parte indispensable del acuerdo” sumó “la inversión en equipamiento de ambulancias, las refacciones en los centros de salud, política de medicamentos, equipamiento técnico y la descentralización de los equipos y todo lo que conlleva inversiones del Ministerio” por lo que aseguró que “bregamos por el diálogo y por llegar a un acuerdo”.

En este sentido, el acta firmada hoy prevé también la continuidad del trabajo de temas específicos para el sector de la salud pública, en las mesas técnicas, a partir de la primera quincena de marzo.

Del encuentro participaron además, el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez; la subsecretaria de Recursos Humanos, Gloria Blarasin; y la directora del área, Ileana Colmann; el subsecretario Legal y Técnico, Juan Pablo Gutierrez; la directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Marisa Castro; la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, Malena Azario y el director del área, Diego Broda.

Por el gremio AMRA formaron parte de la reunión, Marcelo Beltrame, Pablo Crispo y Laura Mansilla; en tanto que por Siprus participaron Jerónimo Ainsuain, Cintia, Gambuti, Viviana Tomas y Gonzalo Cabruja.

Mariela Goy

Con una propuesta sobre la mesa -y a 6 días del inicio de clases-, se llevó a cabo este martes por la tarde la segunda instancia paritaria del sector docente en la cartera laboral (Rivadavia 3049). Asistieron los ministros Pablo Olivares (Economía), José Goity (Educación) y Roald Báscolo (Trabajo). Y por el lado de los sindicatos estuvieron los dirigentes de Amsafe, Sadop, UDA y Amet.

La oferta es la misma que el Gobierno hizo por la mañana a los gremios de la administración central. Esto es: un 3,1% para enero, con un mínimo garantizado de $ 50.000. Mientras que para febrero se prevé otra suba de 1,9% (completando un 5%), con la garantía de otro incremento de $ 70.000. En marzo, se mantiene lo mismo que en febrero.

El pago correspondiente a los meses de enero y febrero se realizará por planilla complementaria en marzo. En abril la paritaria se volverá a reunir para discutir la política salarial del segundo trimestre.

El encuentro comenzó una hora más tarde de lo previsto, y se extendió por una hora y media. Al salir, el ministro Olivares ponderó: "En el último trimestre del año 2024, el incremento otorgado excedió a la inflación en aproximadamente 2 puntos. Igualmente, consideramos para el mes de enero, a pesar de haber tenido un excedente en el mes de diciembre con respecto a la inflación, otorgar un incremento que replique porcentualmente el mismo dato que arrojó el Ipec. Y en febrero llevar ese 3,1% al 5%".

Goity, por su parte, destacó que los montos garantizados son para un cargo, por lo que que "un docente que tiene más de un cargo puede llegar a cobrar un incremento de $ 240.000". Y también aseguró que "en los casos de los salarios más bajos, que creo que son los que tenemos que atender, así como los salarios medios, la recomposición está por sobre la inflación".

Con relación a la posibilidad de paros, el ministro separó: "Una cosa es el inicio de clases y otra cosa son medidas gremiales. Por lo tanto, las clases van a comenzar, como corresponde, el 24 de febrero. Lo que estamos discutiendo ahora es la posibilidad de llegar a un acuerdo salarial. Hay una primera aceptación en la mesa de que la propuesta reconoce la inflación. Lo que nos están demandando es una oferta por sobre la inflación".

Remarcó, además, que "confeccionamos un acta que tiene varios puntos de acuerdo; eso hay que ponerlo de relieve. Hemos acordado sostener el cronograma del concurso de ascenso directivos, hemos sostenido la fecha de posesión de los cargos de educación media, hemos ampliado la oferta de cargo a la jornada extendida al conjunto de los docentes. Hemos hecho un acuerdo muy importante también en educación superior para garantizar la continuidad de todos los institutos y las condiciones de todos sus docentes. Hay buenos acuerdos que hay que poner sobre la mesa".

Ahora, los gremios consultarán a sus bases. Como se recordará, Amsafe primero hace sus asambleas departamentales -que se harán este miércoles-, de donde surgirán las mociones que luego bajarán a las escuelas para su votación y después se sintetizarán los resultados en una asamblea provincial que se hará el viernes. Sadop hace asambleas de delegados en sus dos seccionales: Santa Fe y Rosario.

En conferencia de prensa, Rodrigo Alonso, de Amsafe Provincial, expresó: "Económicamente para nosotros es una propuesta insuficiente. No da cuenta de las necesidades que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. El primer análisis que nosotros hacemos es que hubo una pérdida salarial. El año 2024 ha sido un año donde tuvimos pérdida con respecto al salario, a las condiciones laborales y previsionales".

"Está claro que si en tres meses la propuesta es del 5%, acá no se está recuperando el poder adquisitivo del salario ni tampoco se está dando señales que implique esa recuperación", amplió. Asimismo, se quejó por los jubilados donde "se agrava aún más la situación" ya que "como lo cobra a los 60 días, lo va a terminar percibiendo en mayo-junio, y es de 40.000 pesos".

"De la asamblea va a surgir cuál va a ser la estrategia más inteligente a aplicar por parte de los trabajadores", añadió. Y sobre el margen de hacer paro y no iniciar las clases el lunes 24, respondió con una pregunta: "¿Por qué no?. Yo pregunto ¿Hubo clases en los paros que hemos realizado desde Amsafe y Sadop? Yo creo que no".

En ese sentido, aseguró que "hubo un acompañamiento de la comunidad educativa. Porque el Gobierno cree que el problema de los docentes son los paros, y no. El problema es que el gobierno debería invertir mucho más en educación".

Por su parte, Pedro Bayúgar, de Sadop Santa Fe, también se expresó en el sentido de que la oferta "no responde a lo que nosotros hemos venido planteando en las reuniones previas, tanto con relación a la pérdida del poder adquisitivo, como a aspiraciones que nosotros teníamos de mayor incorporación de dinero al bolsillo de los trabajadores".

En ese sentido, amplió: "Que no nos quedáramos sujetos al índice inflacionario, sino que estableciéramos alguna forma de incorporar mayor salario a los trabajadores. Ese garantido de 50.000, de 70.000 pesos, entendemos que no responde tampoco a ese concepto".

De todas formas, el referente de la docencia privada vio con buenos ojos que se discuta en un marco paritario. "A nivel nacional no hay paritaria, nosotros felizmente la hemos podido mantener y, lógicamente, la situación económica hace que nosotros entendamos que es necesario un mayor salario".

Sobre por qué se hizo una propuesta a 3 meses y no a 6, como se venía hablando, Bayúgar indicó que "el Gobierno entiende que no hay pautas con seguridad de cómo puede ser el futuro económico del país".

Durante las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo provincial en 5.653 establecimientos, se relevó a 13.482 trabajadores. El ministro Roald Báscolo destacó que “el objetivo de la inspección laboral apunta a lograr la regularización plena del empleo y garantizar la seguridad a los trabajadores”.

Un informe realizado desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe sobre las inspecciones laborales que se realizaron en 2024 en toda la provincia para verificar las condiciones de salud, seguridad, higiene y medioambiente laboral además de la registración, da cuenta que se visitaron 5.653 establecimientos donde se relevó la situación de 13.482 trabajadores. 

“Gracias a los operativos de control se logró regularizar la situación del 55 % de los trabajadores que se encontraban en la informalidad”, explicó el ministro Roald Báscolo, que detalló que la tasa de informalidad en el empleo que se registró fue del orden del 40 %. 

Báscolo, destacó que “estas actividades se enmarcan dentro de un plan de regularización del trabajo donde buscamos la mejora de las condiciones laborales y de calidad de vida de los trabajadores. El fortalecimiento de la inspección laboral ha sido uno de nuestros ejes prioritarios de gestión; por eso aumentamos las inspecciones que se venían realizando y logramos mejorar los métodos y formas de actuación poniendo foco además en la prevención”.

El trabajo que se está llevando a cabo incorpora un cambio en el paradigma en la fiscalización, poniendo el eje en la realización de inspecciones preventivas en materia de policía de trabajo, además de las de oficio. Se busca así el cumplimiento de las normas a partir del objetivo principal: lograr la regularización plena del empleo y garantizar la seguridad a los trabajadores. 

Por otro lado y como ejemplo del trabajo en conjunto que se realiza con los municipios, en Rosario se realizaron 3.080 inspecciones, de las cuales más de 400 se llevaron a cabo en conjunto con la Secretaría de Control y Convivencia del Municipio: se relevaron a 7.565 trabajadores de los cuales el 56,4 % estaba registrado. Además, se aplicaron sanciones de manera gradual a aquellos comercios controlados que no regularizaron la situación en la instancia de audiencia de recepción de documentación.

Al respecto, el secretario de Trabajo, Julio Genesini, destacó la importancia de “trabajar en los objetivos propuestos que tienen que ver con cuidar a los trabajadores y garantizar sus derechos”; y agregó: “No controlamos para sancionar, sino para lograr la efectiva regularización de los trabajadores y garantizar las condiciones de seguridad laboral”.

Por su parte, el subsecretario de Fiscalización del Trabajo, Jonatan Páez, destacó que en 2024 logramos no solo aumentar la cantidad de inspecciones, sino también cambiar su enfoque, asegurando un mayor impacto y efectividad frente a los desafíos que plantea la nueva Ley de Bases. Estos resultados refuerzan la importancia de implementar acciones estratégicas en toda la provincia donde hemos encontrado una buena predisposición de parte de los titulares de los establecimientos para realizar las inspecciones laborales”.

La solicitud de inspecciones las puede realizar un particular, el trabajador, el empleador, la entidad sindical, cámaras empresarias u organismos públicos o privados mediante la denuncia ante supuestas infracciones a la normativa laboral vigente, como así también en materia de salud y seguridad en el trabajo. Las solicitudes pueden ser anónimas.

Se puede denunciar toda situación que signifique una sospecha de violación a la normativa laboral vigente en cualquiera de sus modos. Entre otras causales, se citan como ejemplos: trabajo no registrado (en “negro”); trabajo infantil; condiciones laborales precarias o que impliquen riesgos graves o inminentes para la salud e integridad psicofísica de los trabajadores; o en general infracciones en materia de higiene y seguridad o a las obligaciones de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), entre otras.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto con la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad concretaron junto al Foro Regional Rosario, el Banco Municipal y la ONG Moverse, un encuentro en el que se avanzó en la generación de oportunidades de trabajo para personas que estuvieron presas.

La jornada se llamó “Puertas abiertas. Hacia una mayor integración en el mundo laboral”. Allí se presentó frente a empresas e instituciones el trabajo articulado interministerialmente para incorporar a personas que recuperan la libertad en el mundo laboral, a través de los programas de empleo que brinda el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tanto para que realicen Prácticas Laborales Formativas como para que pueda ser parte de Empleo Joven.

En la apertura se contó con la presencia del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad, Roald Báscolo; el director de la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad, Matias Lanfranchi; la directora ejecutiva del Foro Regional de Rosario; Selva Raggio; la presidenta de Moverse - Grisel Di Bert; y los subsecretarios Gabriela Estrella y Luis Dolce. 

En la Jornada se mostraron las herramientas que el Ministerio de Trabajo tiene a disposición para incluir laboralmente a personas pos penitenciarias y se contó cuál es el trabajo articulado que se viene desarrollando con la agencia para lograr una inserción plena en las empresas garantizando un seguimiento y acompañamiento al sector privado por parte del gobierno de la provincia.

Desde la Subsecretaría de Capacitación y Trabajo Decente se viene trabajando de manera articulada con la Agencia de medidas no privativas en la inserción en el mundo laboral de personas que recuperan la libertad. En la actualidad ya existen practicantes insertados en empresas como es el caso de Arcor.

Entre las empresas e instituciones que participaron se destacan Liliana, Verona, La Segunda Seguros, Fundación Cimpar, Di Cuneo SRL, Duendelio S.A.S, Pensaer Desarrollos, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y afines de Rosario, Syloper, Nomines, el Banco Municipal de Rosario, entre otras.

La importancia del trabajo interministerial, sumado al compromiso público-privado permite generar oportunidades de inclusión y brindar oportunidades a jóvenes que recuperan la libertad y buscan insertarse en el mundo laboral.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por integrantes de su gabinete, continuó este martes con una intensa agenda por los departamentos General Obligado y Vera, actividades que comenzaron el lunes en Villa Ocampo, y prosiguen esta jornada en Las Toscas, Avellaneda, Reconquista, Nicanor Molinas y Vera, y que incluyeron la inauguración de viviendas, licitaciones de diversas obras de infraestructura y entrega de aportes.

En Las Toscas el Gobernador junto al intendente Leandro Chamorro, firmaron un convenio con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero del departamento General Obligado para la construcción, en una primera etapa, de 8 viviendas con una inversión de $ 453 millones. Durante el acto, desarrollado en la Municipalidad, se presentó además el proyecto de construcción de un Polideportivo Municipal, obra que se encarará con fondos del Programa Municipal de Inversiones (Promudi). También se entregaron fondos a las comunas de Tacuarendí (en el marco del Plan Incluir) y de Campo Hardy (a través del Programa de Obras Urbanas -POU-).

En su discurso, Pullaro recordó que al asumir el cargo “nos encontramos con una provincia con un déficit fiscal muy grande y con mucho desorden en sus cuentas, en sus deudas, y trabajamos mucho para poner orden. Seis meses después, hemos logrado el equilibrio financiero y, de este modo, Santa Fe es una de las pocas provincias del país, sino la única, que continúa un plan de obra pública a un ritmo casi normal”. 

Luego, el Gobernador afirmó: “Entendemos que es fundamental generar trabajo y eso se va a hacer con el desarrollo, lo público tiene mucho que ver. La inversión que estamos llevando adelante a través de la obra pública nos permite sostener las economías de pueblos y ciudades: hay 43.000 personas que viven de la obra pública en Santa Fe y la provincia no se puede separar o aislar de esas personas. Por eso entendimos que teníamos que continuar con un plan de obra pública importante”.

Cabe señalar que del acto participaron también los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli; el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; y el diputado provincial Dionisio Scarpín, entre otras autoridades.

Más tarde, Pullaro encabezó en la Municipalidad de Avellaneda el acto de licitación de la obra de un puente sobre el arroyo El Rey, tres aliviadores y accesos, tareas que se realizarán sobre la RPN°98-s, en el tramo que une las localidades de Moussy y La Sarita, obras para las que se presentaron siete empresas oferentes.

Allí también se firmaron convenios en el marco del Plan Incluir con la Municipalidad de Avellaneda (para instalar un sistema de monitoreo), y las comunas de Los Laureles (para obras de iluminación) y Lanteri (pavimentación de calle San Martín entre 25 de Mayo y Obligado). Además se rubricaron acuerdos con Avellaneda (para la gestión asociada de suelo urbanizado) y Malabrigo (obra de servicios en lotes); en tanto que El Arazá, Guadalupe Norte y Lanteri recibieron montos a través del POU.

Al respecto, el ministro Enrico expresó que “las firmas de estos convenios no solamente permiten pensar el territorio con obras grandes, sino también en pequeñas localidades que también tienen necesidades”. En este sentido, agregó que las obras sobre la RPN°98-s “son muy importantes, tanto como el esfuerzo económico. A pesar de la crisis que estamos atravesando, somos la provincia que todos miran por la reactivación que ha tenido la obra pública”, destacó.

Al mediodía, el mandatario provincial firmó un acta acuerdo para la construcción de la tercera vía que permitirá una nueva conexión vial entre las ciudades de Reconquista y Avellaneda. Durante el acto realizado en el Centro Industrial y Comercial de Reconquista, el mandatario santafesino también entregó Fondos para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) para las escuelas N°1124 , N°159, N°893 y N°593; un aporte del Plan Incluir para el Club de Leones, y otro aporte del POU para la Municipalidad de Reconquista.

La recorrida de Pullaro incluía dos actos de entrega de viviendas: en Nicanor Molinas con 19 unidades habitacionales de dos dormitorios, obra que demandó una inversión de $ 820 millones. Por último, en Vera, la entrega de 20 viviendas de dos dormitorios destinadas a docentes y equipos de combate para bomberos.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, analizó con El Litoral el resultado de los acuerdos alcanzados con los gremios. Además mostró su preocupación por la caída que se registran en algunas actividades económicas.

“Fue una semana muy intensa donde tuvimos paritaria central con ATE y UPCN, con los docentes y con salud”, repasó el funcionario provincial. En esa misma línea destacó que debieron afrontar un conflicto que se suscitó en la ciudad de Rosario. “También se cerró con Festram, o sea que termina siendo una semana donde se pudieron lograr acuerdos de paritarios trimestrales”, puntualizó.

“Es la primera vez en el año que se cierra una paritaria trimestral, producto que la inflación va descendiendo”, puntualizó en su análisis el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. No obstante quiso dejar aclarado que las mejoras salariales no alcanzan para recuperar lo que se perdió por la inflación de los meses de diciembre y enero, “pero el camino es ir hacia una recuperación del poder adquisitivo de los salarios”, sugirió esperanzado.

RecaudaciónBáscolo consignó que los acuerdos alcanzados son producto de un trabajo en conjunto por parte del gobierno y de los gremios, “porque ambas partes son conscientes de cómo está la recaudación de la provincia”, analizó. En consonancia con esto el funcionario norteño se mostró expectante en que la recaudación de mayo experimente una leve mejoría, “y eso sería un punto de inflexión que ojalá sea un cambio de tendencia hacia adelante”, manifestó.

El ministro provincial quiso hacer un análisis más amplio de la situación económica saliendo de los límites provinciales, “estamos atravesando una situación económica muy complicada a nivel país, de la cual la provincia de Santa Fe no puede ser ajena, no es ajena, de hecho”, hizo mención.

Continuando con su interpretación de la realidad económica dijo que la principal preocupación de la población, que en los meses de diciembre y enero era la inflación, “y obviamente la gran pérdida de poder adquisitivo que tuvo en esos meses, hoy la preocupación no es solamente tratar de ir recuperando lentamente el poder adquisitivo, sino que también que la actividad económica se recupere”, describió.

Actividad económicaSegún el funcionario provincial hay caídas de actividades muy importantes, “en algunos rubros llegan hasta el 40 o 50%, y obviamente que de permanecer eso durante muchos meses, hay riesgo de que primero se quitan las horas extra, después se inician régimen de suspensiones y también se dan algunos despidos”, aseveró con preocupación.

Subrayó la idea de concentrar las miradas sobre el nivel de la actividad económica, “en el caso de persistir estas grandes caídas, generarían un daño en el empleo a futuro”, apuntó.

“La provincia no tiene datos propios, nosotros estamos trabajando para un sistema de digitalización de libros de sueldos donde podamos tener los datos de manera autónoma y de manera rápida”, prometió al ser consultado sobre los niveles de desempleo que se registran en el territorio provincial.

En consonancia con esto expresó que a estos niveles el gobierno nacional los va brindando con dos meses de demora, “hasta los datos de febrero, que son los que están publicados, efectivamente, sí hubo una pérdida de empleo en la provincia de aproximadamente entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo sobre una masa salarial total de 520.000”, confirmó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Lic. Roald Báscolo.

Antes de concluir la entrevista el ministro destacó que siempre es bueno volver a su ciudad natal, “la verdad que me gusta volver a Reconquista. Mi idea es estar por lo menos un día en la semana del norte”, explicó.

No obstante dijo que fueron semanas de intensa actividad que le impidieron cumplir con ese propósito, “tenemos una buena noticia que el martes de la semana que viene va a estar el gobernador en el norte, va a estar en la ciudad de Reconquista, va a estar el ministro de Obras Públicas y obviamente nosotros estamos invitando a participar de esta gira”, cerró el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Lic. Roald Báscolo.

Este miércoles 31 de enero se llevó a cabo la primera reunión paritaria de Salud, en la sede del Ministerio de Trabajo. La reunión estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, que convocó a la mesa paritaria; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; y las secretarias del Ministerio de Economía: de Hacienda, Maria Belén Etchevarría; y de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario.

Entre otros representantes gremiales recibieron a Eduardo Taboada, Pablo Crispo, Néstor Rossi, Marcelo Beltrame, Florencia Tomasino y Sandra Barbieri, por la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA); María Fernanda Boriotti, Diego Ainsuain, Rodrigo Ramirez, Leandro Goldsack, Jerónimo Ainsuain y Viviana Tomas, por el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), entre otros.

Luego del encuentro, la ministra de Salud detalló que fue “una reunión de mucho respeto, con la convicción de seguir trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo en el futuro. No desconozco la situación salarial de los compañeros trabajadores, pero también conozco la situación real que atraviesa la provincia. Nosotros estamos con una actitud positiva para llegar a un acuerdo. Ese es el mandato del gobernador y aquí estamos para trabajar junto con el ministro de Trabajo”.

Ciancio señaló que “actualmente estamos haciendo una evaluación de lo que tenemos, de lo que encontramos, atendiendo situaciones urgentes. Lo salarial sabemos que es urgente, pero también había cuestiones coyunturales que tuvimos que atender y que tienen que ver con recursos que tuvimos que inyectar rápidamente al sistema para que el sistema de salud sea operativo”. En ese marco, la ministra recordó que se pagó a más de 1300 agentes que hacían reemplazos desde septiembre y estaban sin cobrar, así como también se pagó a agentes que estaban contratados, con montos sin actualizar desde marzo de 2023.

Por su parte, Báscolo afirmó que “en lo que coincidimos todos es que el trabajador no puede perder poder adquisitivo. En eso estamos todos de acuerdo, el tema es que la provincia está en una situación financiera complicada. Pero estamos todos de acuerdo en que los trabajadores no tienen que perder poder adquisitivo. Estamos trabajando para poder tener un acuerdo entre todos los gremios con el máximo esfuerzo posible de ambas partes”, concluyó.

El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, relativizó los efectos de la decisión de la gestión anterior a cargo de Omar Perotti de judicializar el reclamo a Anses para exigir que pague a Santa Fe los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Para el funcionario, la salida al conflicto tiene que darse "a través de la política".

El organismo nacional está obligado a cubrir parte del déficit del sistema previsional santafesino como consecuencia de no haber transferido oportunamente la Caja al gobierno central. Pero durante el último año, el incumplimiento de Nación en el envío de partidas acumuló una deuda de unos 400 mil millones de pesos. A fines de setiembre, aunque el hecho fue revelado a menos de una semana de que terminara la gestión, la administración de Omar Perotti decidió demandar ante la Corte Nacional a Anses, después de haber agotado el reclamo a través de la instancia administrativa. El escrito había sido observado en términos verbales por la nueva gestión. El Fiscal de Estado, Domingo Rondina, había dicho a El Litoral que padecía de "defectos formales" y cuestionaba el monto reclamado; según sostenía a El Litoral, la suma de 400 mil millones plasmada en la demanda estaba subestimada. Actualizado, dicho monto ya rondaría los 600 mil millones de pesos.

Esta semana, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y el ministro Báscolo se reunieron con Osvaldo Giordano, titular de Anses. En el encuentro se abordó la problemática generada con Santa Fe a partir del incumplimiento, y se convino que la salida al conflicto "tiene que ser a través de la política".

El ministro de Trabajo, Roald Bascolo, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, se reunieron con el director ejecutivo de Anses, Osvaldo Giordano.

Báscolo, en diálogo con la prensa, valoró la predisposición del funcionario nacional a quien "no hizo falta explicarle de qué se trababa el reclamo". Es que Giordano había sido ministro de Hacienda de Córdoba en la gestión de Juan Schiaretti, y promovió desde esa función las demandas contra la Corte nacional por el mismo concepto: las deudas que Anses mantiene en ese caso, con el sistema previsional cordobés.

"En la reunión -dijo Báscolo -, insistimos con el reclamo de estos fondos porque son recursos corrientes que hoy debería tener la provincia". Recordó que el citado "es un problema de las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas", y precisó que "Santa Fe y Córdoba son las provincias más grandes" que atraviesan esta situación. Acotó que "Giordano, siendo funcionario cordobés, impulsó dos juicios ante Nación; no esperó cuatro años como sí lo hizo la gestión de Perotti", reprochó. "Acá -acotó-, esa demanda se presentó apenas dos meses antes de terminar el mandato, mientras que Córdoba en 2020, ya había hecho su primera presentación".

El ministro Báscolo al momento de jurar con el gobernador Pullaro. Foto: Pablo Aguirre.

De todos modos, Báscolo advirtió que más allá de la instancia judicial abierta, la salida tiene que darse a través de la negociación política. "Lo que vamos a hacer a través del gobernador (Maxilimiliano) Pullaro es, junto a Córdoba y también Entre Ríos como provincias de la Región Centro, reclamar ante Nación porque esta deuda es legítima".

"Hoy – sostuvo-, estamos discutiendo si se coparticipa o no el Impuesto al Cheque, mientras que los fondos de Anses le corresponden a Santa Fe por ley. Si esta deuda que terminó siendo gigantesca se hubiese saldado, nos permitiría tener otra situación hasta para la política salarial o para continuar con todas las obras publicas provinciales".

- ¿Entonces no aguardarían la resolución judicial? ¿Se negociaría políticamente?

- La salida es ciento por ciento política. Lo tiene que tomar el gobernador pero en conjunto con las provincias de Córdoba y Entre Ríos.