(Por Gabriel Rossini) - Los resultados del programa de destrucción productiva inducido por el gobierno nacional que avanza sin pausa y cada vez con más prisa afectando cada semana que pasa a nuevos sectores industriales y de servicios, en particular del entramado pyme y del sistema científico -tecnológico, muchas de ellas de nuestra región, se han visto reflejado los últimos días en los resultados de relevamientos que han hecho entidades del sector y organismos estatales que muestra un acelerado deterioro de los niveles de producción y consumo, uso de la capacidad instalada y expectativas empresarias.

Con la disputa por la provisión de los caños para el gasoducto de 500 kilómetros entre Vaca Muerta y Río Negro que perdió Techint a manos de una empresa india, una bomba que detonó en el corazón del empresariado nacional y que va a derivar en un pedido de investigación por presunta competencia "desleal", esconde el deterioro acelerado de las capacidades productivas nacionales por la apertura indiscriminada de las importaciones que sobrevive detrás del gigante siderúrgico argentino y principal jugador mundial del sector.

Las decisiones de política económica que toman los gobiernos nacionales afectan a grandes empresas pero sobre todo impactan con mucha fuerza sobre muchas pymes de nuestra región que son proveedoras de infraestructura y servicios para las grandes inversiones que se han realizado en el país años anteriores, sobre todo en sectores vinculados con la minería y la energía en Vaca Muerta, y que son hoy las únicas que muestran alguna dinámica.

Uno de los ejemplos que ponen en el sector para graficar el momento que están atravesando es el aumento de la importación de estructuras chinas que en 2023 fue de 25.000 toneladas -aproximadamente un tercio del mercado- mientras que los otros dos tercios estaba en manos de las fábricas nacionales. Hoy la importación creció a 32.000 toneladas mientras que la producción nacional cayó severamente, aún en un contexto donde se anuncian inversiones importantes, porque el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se los permite casi sin límites.

Un informe de la consultora Equilibra muestra que de 55 sectores relevados. solo 19 lograron expandirse mientras que los otros 36 retrocedieron. Para arriba fueron la energía, el agro y la economía del conocimiento mientras que la industria, el comercio y el turismo cayeron con fuerza. De los que produjeron menos, 20 sectores componen de la actividad industrial y 16 de esos 20 sectores perdieron mercado frente a productos extranjeros: Ropa, telas e hilados; Zapatos y carteras; Muebles, juguetes y artículos recreativos; Autos, camiones, neumáticos y plásticos; Herramientas, maquinaria industrial, e instrumentos médicos y Computadoras, entre otros.

En las últimas horas la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó el Indicador de Competitividad y Acceso al Financiamiento ICAF 2025, elaborado por FinanCAME, donde relevó que el 66,9% de las Pymes no había logrado acceder a ningún tipo de financiamiento en los últimos meses de 2025, donde el 50% de las Pymes enfrenta requisitos difíciles de cumplir para financiarse, mientras que más de la mitad desconoce las alternativas disponibles fuera del crédito bancario.

Por su parte el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, pidió al Gobierno una redefinición del programa económico ante la “crisis sin fin que generó en el sector productivo nacional”, advirtió que por este camino el país se dirige a un “equilibrio bajo y socialmente regresivo” que profundizará el cierre de empresas y la caída del empleo para el año 2026.

Rosato señaló que la pérdida de puestos de trabajo registrados superó los 300.000 desde el inicio de la actual gestión y afirmó que “la estabilidad lograda por el Gobierno se parece mucho a la paz de los cementerios”, por las caídas en la producción y venta en todo el país.

De hecho, de acuerdo con el Indicador de Confianza Empresarial que elabora el Indec, la persistente pérdida de poder adquisitivo que se refleja en una demanda interna insuficiente es señalado por más de la mitad de los empresarios como el principal obstáculo para aumentar la producción, seguido por Competencia de productos importados (11,4%), y demanda externa insuficiente e incertidumbre económica (6,3%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que se aprobó un nuevo proyecto de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): la construcción de Terminal Timbúes, un puerto multipropósito en la provincia de Santa Fe.

La obra, que implicará una inversión cercana a los 300 millones de dólares, permitirá el almacenaje y operación de fertilizantes, granos, minerales, combustibles y productos siderúrgicos, consolidando el papel estratégico del corredor del río Paraná.

El emprendimiento en Timbúes es motorizado por el empresario Juan Manuel Ondarcuhu, titular del grupo Servicios Portuarios (Sepor), que tiene la concesión de dos muelles de Rosario, además de San Nicolás y San Pedro.

Caputo informó a través de su cuenta de X (ex Twitter): “El Comité Evaluador aprobó el noveno proyecto RIGI: un nuevo puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná. Con una inversión de US$277 millones, fortalecerá la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina”.

Con este proyecto, las inversiones totales aprobadas en el marco del RIGI alcanzan los US$24.800 millones.

Santa Fe se posiciona como uno de los polos portuarios más importantes de Sudamérica. Foto: Fernando Nicola

El nuevo puerto se emplazará al norte de Rosario, en una zona de alta relevancia logística y productiva.

En su página web Sepor S.A., empresa del Grupo Servicios Portuarios, se presenta como especializada en servicios de almacenamiento, fraccionamiento y estibajes en zona puertos y antepuertos operando desde el 2003 en los puertos de San Nicolás, Villa Constitución, Rosario y San Pedro.

En la provincia de Santa Fe se tomó en forma satisfactoria el anuncio del cual se conocían detalles y se recordó que la adhesión al RIGI también tiene algunos beneficios impositivos en el territorio provincial.

El diseño contempla un esquema multimodal, con acceso ferroviario en trocha ancha y angosta, red vial integrada y un hub barcacero que ampliará las alternativas de transporte por agua. Estas características permitirán una mayor trazabilidad y eficiencia en la cadena de suministro, fortaleciendo la conexión del sistema portuario del Gran Rosario con el resto del país.

Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la etapa de construcción se prevé la generación de hasta 300 empleos directos, mientras que una vez operativas sus tres unidades principales se crearán 200 puestos de trabajo permanentes, además del empleo indirecto que generará el funcionamiento de un puerto de esta magnitud.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vigente desde octubre de 2024, fue creado en el marco de la Ley Bases y ofrece previsibilidad, incentivos fiscales y estabilidad jurídica durante 30 años a proyectos de más de 200 millones de dólares.

Las inversiones totales aprobadas en el marco del RIGI alcanzan los US$24.800 millones.

“Al fomentar la inversión en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria y siderurgia, el RIGI busca generar empleo, promover la producción local y aumentar las exportaciones”, explicaron desde el Ministerio de Economía.

Santa Fe refuerza su posición como uno de los polos logísticos y portuarios más importantes de Sudamérica, potenciando el desarrollo regional y el protagonismo de la hidrovía Paraná-Paraguay como vía esencial para el crecimiento productivo del país.

Sin nuevas rebajas en la carga fiscal, con el precio de la soja algo por debajo del de este año y con un dólar que mejora las liquidaciones (pero encarece el transporte desde campos lejos del puerto), las señales del presupuesto de Javier Milei despuntan en el ánimo del interior productivo santafesino.

"El escenario base incorpora un crecimiento del PBI del 5% anual para los años 2026 a 2028. A nivel sectorial, en 2026, la industria y el comercio se expanden 5,9% y 5,6% respectivamente, mientras que el sector agropecuario avanza 2,7%".

El textual del mensaje del ministro de Economía al Congreso ya avisa que el campo crece a la mitad de la velocidad de la industria y el comercio, que tienen el RIGI como soporte de evolución concentrada, en un incremento heterogéneo dentro de cada rubro.

El mensaje contempla un crecimiento de las agroexportaciones gravadas superior al promedio de la economía.

En ese contexto el mensaje expone que "para el año 2026, se proyecta que los ingresos totales por Derechos de Exportación aumenten un 22,8% respecto a 2025, pasando de representar un 0,95% ($8,2 billones) a un 0,98% ($10,2 billones) del PBI.

"Este incremento -detalla el texto oficial- se basa en un escenario macroeconómico que contempla un crecimiento de las exportaciones gravadas superior al promedio de la economía".

Si bien el texto no lo detalla, se puede inferir que el campo aportará algo sólo desde el supuesto crecimiento del volumen de la campaña (el maíz apunta a un récord) por los precios.

Para 2025, el texto remitido por Economía proyecta una reducción del 8,6% en el precio de exportación de la soja de Argentina. Esta estimación se enmarca en un contexto donde el precio FOB oficial de la oleaginosa ya había disminuido un 7,9% en el período de enero a julio de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

En la sección de riesgos fiscales, el mensaje realiza además una simulación para el año 2026 considerando una posible caída en el precio internacional de la soja a 333,7 US$/mt desde un valor base de 386 US$/mt. Sin embargo, esto se presenta como un escenario hipotético de riesgo y no como la proyección oficial para el año.

En julio de 2025, el gobierno central anunció una reducción permanente de los Derechos de Exportación después de múltiples advertencias de quebrantos productivos.

Para los principales complejos agroindustriales, las alícuotas re dedujeron según el detalle conocido: soja del 33% al 26%; subproductos de soja del 31% al 24,5%; maíz, trigo, cebada y sorgo: del 12% al 9,5%; girasol del 7% al 5,5% y carnes aviar y bovina: del 6,75% al 5%.

En la Sociedad Rural, el presidente Milei anunció la reducción de derechos de exportación al agro. Foto: Reuters / Matias Baglietto.

Las reducciones transitorias y permanentes de derechos de exportación para el complejo agroexportador (incluyendo carnes) tuvieron un costo fiscal estimado en 2025 de 0,181 puntos porcentuales del PBI (0,126% por el Decreto 38/2025 y 0,055% por el Decreto 526/2025)m según el cálculo oficial

En el margen, habrá un beneficio en Impuesto a las Ganancias: se contempla un gasto tributario para 2026 por el cómputo del 45% del impuesto sobre combustibles líquidos como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias para la actividad agropecuaria y minera.

"Se utiliza como escenario base un incremento del PBI de 5,4% en 2025. A nivel sectorial, el agropecuario crece 2,8%, debido centralmente al avance en la cosecha de soja (+5,6%), que se estima en 50,9 millones de toneladas (48,2 millones de tn en 2024), según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

"La industria y el comercio -dice el texto remitido al Congreso- se estiman con subas de 3,7% y 8,5%. Por el lado de la demanda, el consumo privado crece 10,2%, la inversión 26,5% y las cantidades exportadas de bienes y servicios 9,1%, mientras que el consumo público disminuye -0,2%. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios suben 33,3%".

Entre jueves y viernes, el Poder Ejecutivo estará ingresando a la Legislatura el proyecto de Presupuesto provincial 2025. Será el primero redactado ciento por ciento por la gestión de Maximiliano Pullaro, puesto que el vigente fue elaborado en el marco del proceso de transición que se había encarado con la administración saliente del gobernador Omar Perotti.

La nueva proyección de gastos y recursos debió ser prácticamente "reescrita" por el Ministerio de Economía, después de que se conociesen - a mediados de septiembre- las variables macroeconómicas que emplearía la Nación para su propio presupuesto. Una inflación subestimada en un 18,5% anual y una tasa de crecimiento sobreestimada del 5% "desorientaron" a la Casa Gris, según lo admitió públicamente el propio gobernador.

La situación derivó en un pedido de prórroga de treinta días que debió solicitar el Poder Ejecutivo a las cámaras parlamentarias, y que se cumplirán hacia fines de la presente semana. Como publicara oportunamente El Litoral, fuentes oficiales adelantaron que se mantendrá en 2025 el nivel de inversión que se proyectó para 2024, en materia de equipamiento para seguridad, educación y obras viales.

En paralelo, el Ejecutivo define los últimos trazos del proyecto de ley tributaria, también para 2025. Esta vez, el mensaje -según pudo saber El Litoral- no se enviará de manera conjunta con el presupuesto, sino que sería remitido a las cámaras la próxima semana.

El "desacople" temporal encuentra su razón en que restan aún algunas reuniones y conversaciones en el marco de la Comisión de Análisis Tributario que integran entidades intermedias y legisladores. Allí se terminarán de discutir y consensuar aspectos que hacen a una iniciativa que pretende incluir incentivos y beneficios, esencialmente, para los sectores productivos. Se sostiene desde las esferas oficiales que la tributaria ha sido pensada como una ley "por primera vez, con lógica productiva".

Respecto de los incrementos que se prevén para los impuestos de emisión provincial (Inmobiliario, Patente), se buscaría un punto medio entre aumento de salarios e índice de inflación.

El proyecto de Ley tributaria tendrá esta vez la particularidad de que incluirá la adhesión a dos iniciativas de origen nacional. Por un lado, Santa Fe propondrá a través de su ley impositiva, la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que deriva en beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para fomentar grandes proyectos de inversión. La provincia garantizará, en este sentido, estabilidad tributaria a quien ingrese a dicho régimen.

En simultáneo, la ley tributaria contemplará la adhesión al blanqueo de capitales que propone el gobierno central. Pero ello será con una serie de condicionamientos, tal como lo anticipara el propio ministro de Economía Pablo Olivares, apenas se conocía la decisión emanada de la Casa Rosada. El funcionario advertía en esa ocasión que "quienes acceden al blanqueo no son héroes ni patriotas, sino (precisamente) blanqueadores que han incumplido sus obligaciones tributarias".

En la misma ocasión, advertía que no deberían acceder al blanqueo quienes tuviesen vínculos con el crimen o estuvieran involucrados en actividades de lavado. Sobre la base de ambos parámetros es que la iniciativa oficial de la provincia facultará a la Administración Provincial de Impuestos a efectuar controles y cruzar datos para excluir del blanqueo (de ser necesario) a quienes no cumplan con los parámetros establecidos por las autoridades locales.

Los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, confirmaron este viernes que el Gobierno de Santa Fe se adherirá al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Regularización de Activos. Lo hicieron en un encuentro desarrollado en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde precisaron que ambos proyectos se enviarán a la Legislatura junto a la Ley Tributaria 2025 en octubre. 

Los ministros santafesinos participaron de un encuentro que encabezó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo con empresarios de la región. 

En ese marco, Puccini destacó que “es una oportunidad. Lo trabajamos junto con los legisladores nacionales cuando fue el debate en el Congreso; conseguimos algunas modificaciones en el texto original de la ley que van en favor de las empresas y sector productivo santafesino”.

Por su parte, Olivares resaltó que el RIGI “es una manera de propiciar con certeza las grandes inversiones, no solamente las que se den en Santa Fe, sino también inversiones en otras provincias, pero que empresas santafesinas sean proveedoras de esas grandes inversiones”.

Con relación al blanqueo de activos, el ministro de Economía explicó que la decisión de la Provincia es, junto con la Ley Tributaria, “incorporar un capítulo de blanqueo que adhiera, para dar certeza jurídica a aquellos que blanqueen, pero con las particularidades que vamos a pensar desde Santa Fe”.

Olivares aclaró que desde la Provincia se realizarán los controles previstos por la propia ley para evitar que ingresen quienes tengan vinculación con el lavado de activos. “Vamos a controlar que quienes ingresen al blanqueo sean solamente aquellos que eludieron cuestiones fiscales meramente. Desde nuestra cartera estudiamos cómo guardar ecuanimidad entre aquellos que estén adhiriendo hoy y aquellos que han sido cumplidores”. 

Es por esto que dicha ecuanimidad se buscará desde la Ley Tributaria 2025. “No queremos que esto signifique una carga tributaria adicional sobre el total de los contribuyentes, sino que se busque una compensación con el que cumplió permanentemente en términos tributarios”, finalizó el ministro de Economía.

Cristian Fiereder lleva menos de un mes al frente de la Unión Industrial de Santa Fe, luego de ser elegido presidente en la Asamblea Ordinaria del 6 de agosto por el período 2024/26, en reemplazo del histórico Alejandro Taborda. Fiereder ejerció antes el cargo de titular de la UISF Joven y estará ahora a la cabeza de la renovación en la mesa directiva, acompañado por Paula Rodeles como primera vicepresidenta de la entidad, y en un contexto sumamente complejo.

Fiereder es socio fundador de SIE Ingeniería SRL, empresa radicada en el Parque Industrial Sauce Viejo especializada en soluciones eléctricas y obras de infraestructura, y celebra el desafío que le toca por el hecho de que "venimos trabajando con gente con mucho expertise, con mucho know how, que nos vio crecer, nos dio el espacio para trabajar y empezar a formarnos", con especial mención a Taborda y a Javier Martín, como titular de Fisfe, y a los demás integrantes de la comisión.

A la hora de responder sobre la impronta que espera dar a su gestión, no vacila en apuntar "al sector educativo, al emprendedorismo, y todo lo que refiere a ciencia y tecnología, que para nosotros es fundamental. Estamos en un momento complejo de deterioro de la inversión en ciencia y tecnología en distintos niveles, pero nosotros la entendemos como algo fundamental para promover el rol de la industria, de las pymes, de las manufacturas. Por eso es tan importante el programa que tenemos que se llama 'La industria en la escuela', con el cual vamos una vez al mes a todas las escuelas de la región, trabajando y articulando en base a la necesidad socioeconómica y las salidas en que trabaja cada institución. Y viendo qué mensaje llevar sobre cómo podemos ayudar, mostrando que hay un futuro en nuestra región.

- ¿A qué áreas es necesario apuntar, fundamentalmente?

- Bueno, en primer lugar hay que recordar que la provincia tiene el segundo PBI del país en materia industrial, que es un dato que a veces se desconoce. Y que tenemos que nutrir a la provincia con suficiente infraestructura para generar mayor competitividad, factores que hagan atractiva a Santa Fe para la inversión productiva. Y para eso tenemos que sostener y potenciar el crecimiento tanto en manufactura como en ciencia y tecnología. A diferencia de muchos otros lugares, en nuestra provincia los polos industriales tienen cerca centros educativos importantes, incluso a nivel universitario. De modo que tenemos que fortificar el vínculo estratégico de la transferencia tecnológica de las universidades a los emprendimientos productivos. Por algo la Unión Industrial tiene representación en su comisión directiva de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Nacional del Litoral, está el Parque Tecnológico Litoral Centro, están los demás parques industriales...

- La puesta en marcha del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) a nivel nacional, ¿qué impacto puede tener en Santa Fe?

- El RIGI tiene una serie de vectores, además de turismo, infraestructura y tecnología, que son siderurgia, energía, petróleo, gas, forestoindustria. Con lo cual, fuera de alguna obra de energía, no va a tener mucho impacto directo en la provincia. En lo que sí venimos trabajando muy bien con la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de la provincia, es en que Santa Fe tiene una gran capacidad para ser proveedora de todo este sector, que está demandando fuertemente inversión. Hoy Argentina tiene que generar desarrolladores, proveedores nuevos, de esta capacidad de poder transformar y agregarle valor a los productos primarizados. Pero hay cuestiones de la reglamentación que aún no están del todo claras sobre cómo se van a dar. Así que ése es el desafío, para ver si la competencia va a ser desigual o no. Pero hoy por hoy es una situación compleja.

- En términos generales, ¿cómo encuentra este momento económico a la industria de la región?

- Es una región que viene muy complicada por la sequía, hace un año. La sequía determinó inconvenientes macroeconómicos en un área que ya venía con problemas; generó un pico de la problemática en lo que hace al comercio exterior, la balanza de pagos, los giros para importaciones. Afectó mucho la posibilidad de tener un precio correcto de los insumos para poder producir. Posteriormente vino un cambio de gobierno, hubo una devaluación, un ajuste que afectó claramente a la demanda de la sociedad, a las pymes en particular. Y no escapa que en Santa Fe el 80% de su producción es hacia el mercado interno. Cuando sumamos a eso los ajustes en las tarifas de energía, se produce un cuello de botella importante para producción. Con mucho stock, porque en un escenario inflacionario todo el mundo trata de producir y comprar, y tener stock para usarlo de ahorro o de posicionamiento. Y eso nos lleva a una situación bastante compleja.

- Esto también impacta sobre la exportación…

- Sí, porque si bien en un momento hubo devaluación, hoy el tipo de cambio no se ajusta a la inflación. Entonces, los costos internos superan a un tipo de cambio competitivo y ahí tenemos un problema. Tenemos cepo también, para el giro de divisas. Todo esto es una complicación, pero esperemos que sea el piso. Necesitamos trabajar mucho, y lo estamos haciendo con la provincia, para que haya un modelo productivo, que la industria esté en el eje de la discusión de las decisiones a tomar.

- En el discurso del gobierno aparece de manera permanente la apelación al sector productivo y la mención a la industria, y el pedido y las gestiones ante la Nación por las obras de infraestructura.

- Hay que rescatar que en el mensaje del Gobernador la palabra industria esté siempre presente. Hay un excelente vínculo con el Ministerio de Desarrollo Productivo y, claramente, necesitamos empresas más competitivas. La competitividad no sólo está asociada a la productividad de la empresa, sino al costo logístico, el costo impositivo, la capacidad y la posibilidad de girar divisas afuera, y la infraestructura para operar, no solamente para sacar mercadería, sino también para que la gente pueda llegar a trabajar. Y la cuestión de la energía es fundamental como factor de desarrollo. La inversión en energía lleva mucho tiempo, y la usa mucha gente. Por eso tiene que ver con pensar el desarrollo a largo plazo. Y todo eso, en el marco de una reconversión tecnológica vinculada a las universidades, enfocado en la generación de empleo.

- Esta reconversión, por otro lado, daría lugar a la generación y demanda de mano de obra de mayor calidad...

- Creo que en las diferentes áreas de los sectores productivos, las diferentes cadenas de valor, la industria tiene esa capacidad de poder transformar la materia prima hoy, con mucha más tecnología, en un producto final. Y también tiene la capacidad de transformar una sociedad. Cuando nosotros priorizamos una cadena de valor, esa cadena de valor desata diferentes actividades en diferentes pymes, que logran sumarse y empezar a redituar. Para eso obviamente es necesario trabajar mucho en educación, es necesario trabajar mucho en la tecnología, en la ciencia abocada a la producción, que es el punto de la transferencia. Y tener la infraestructura necesaria para poder lograr que se vea a Santa Fe como un lugar atractivo para invertir.

El Gobierno nacional reglamentó el RIGI, la norma con la cual busca atraer fondos en sectores estratégicos.

A través del Decreto 749/2024, se publicó oficialmente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que apunta a captar capitales nacionales e internacionales con la promesa de beneficios fiscales y aduaneros inéditos.

Este régimen, destinado a inversiones superiores a los 200 millones de dólares, abarca sectores como la foresto industria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y gas.

Estos sectores tendrán un plazo de dos años para adherirse a partir de la entrada en vigencia del Régimen. Asimismo, podrán adherirse los vehículos de proyecto único que sean titulares de una o más fases de un único proyecto que califique como “Gran Inversión”. Estas deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de dicho proyecto.

Entre los beneficios más importantes habrá una reducción del impuesto a las Ganancias al 25%, se implementará una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, los saldos de IVA se devolverán en un plazo no mayor a tres meses. Además, se permitirá el cómputo del 100% del impuesto al cheque crédito en Ganancias.

Asimismo, las empresas gozarán de exenciones en el pago de derechos de importación y durante los primeros tres años no se pagarán derechos de exportación

El régimen también establece facilidades para la liquidación de divisas que ingresen por exportaciones que serán de 20% luego de dos años iniciada la inversión, 40% después de tres años y 100% luego del cuarto año.

En caso de exportaciones declaradas como “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, los plazos son los siguientes:

Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha de los Vehículos de Proyecto Único (VPU);

Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha puesta en marcha del VPU;

Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

(Por Gabriel Rossini) - Dos megaproyectos anunciados esta semana en los sectores de energía y minería, cuando estén produciendo de acuerdo con las estimaciones hechas por las empresas, modificarán la matriz económica argentina que dejará de depender exclusivamente de las divisas que genera la agroindustria para crecer, al tiempo que se convertirá en una oportunidad como tuvo pocas el país para superar la histórica restricción externa que limitó las posibilidades de desarrollarse.

La primera de las inversiones se anunció el lunes: el gigante anglo-australiano BHP, una de las compañías mineras más grandes del mundo, anunció su desembarco en Argentina con el objetivo de desarrollar dos proyectos de cobre de escala mundial en San Juan. Argentina no produce cobre desde 2018 en la mina Bajo La Alumbrera.

La llegada de BHP, que ya está en Chile, se concretó con la compra por U$S 3250 millones del 100% del proyecto de cobre Filo del Sol junto a los canadienses de Lundin con quien además encararan el desarrollo de Josemaría, otro megaproyecto de cobre. Por este último BHP le pagará US$ 670 millones a Lundin.

Para que estas dos inversiones se concretaran fue decisivo la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), tal como lo dejó explícitamente escrito el gigante minero: "la legislación recientemente aprobada en la Argentina, que beneficia a los proyectos que están entrando en desarrollo".

El proyecto Josemaría está ubicado en el norte de la provincia, a unos 30 kilómetros del límite con Chile y a 700 metros ro también al límite con la provincia de La Rioja. Según las estimaciones difundidas por la empresa, podría exportar cobre y oro por US$ 1.150 millones anuales. Está previsto que la construcción de la mina genere unos 4.000 empleos y la etapa de producción alrededor de 1.000 puestos de trabajo.

El cobre es uno de los metales que más demanda tendrán en los próximos años por la transición energética ya que su conductividad eléctrica es superior al del resto de los metales, lo que lo convierte en un material esencial. La actual demanda es de alrededor de 26 millones de toneladas, anuales que espera se duplique para 2050. San Juan posee cinco de los proyectos de cobre más importantes que existen en el país: Josemaría, Filo del Sol, El Pachón, Los Azules y Altar. El resto están en Salta, Catamarca, Mendoza y Neuquén.

La segunda inversión, en este caso su segundo paso, fue la decisión por unanimidad del directorio de YPF de construir junto con la malasia Petronas la planta de GNL en el puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande, provincia de Río Negro, tras una disputa con la provincia de Buenos Aires que postuló al puerto de Bahía Blanca para lo que será la mayor inversión de la historia argentina, unos U$S 30.000 millones.

Río Negro fue la primera provincia argentina que adhirió al RIGI con el objetivo de sacarle una ventaja a la provincia de Buenos Aires que resultó ser decisiva para definir el lugar de la inversión, junto con el apoyo del gobierno nacional que no quería que se instalara donde gobierna Axel Kicilloff.

El directorio de YPF tomó la decisión de construir junto con la malasia Petronas la planta de GNL en el puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande, provincia de Río Negro.

El acuerdo entre ambas petroleras fue firmado el 1 de setiembre de 2022, pero no pudo avanzar más allá de esta formalidad porque la empresa malaya había solicitado para hacer una inversión de esta magnitud una legislación especial que le permitiera evitar todas las restricciones para el movimiento de divisas vigentes en el país, aún hasta la fecha.

Para ello, el Frente de Todos, elaboró un proyecto de ley de GNL, que envió al Congreso, fue aprobado por Diputados, pero en el Senado se empantanó como consecuencias de las internas, que preveía estabilidad fiscal por 30 años, retenciones 0% y acceso libre a divisas por el 50% de las exportaciones.

Además a Punta Colorada llegará también desde Vaca Muerta el oleoducto Sur para su exportación con un volumen que superará a cualquiera de la región, incluido Brasil, y también en la provincia de Río Negro Pan American Energy (PAE), la mayor empresa petrolera privada del país, firmó un convenio con la multinacional noruega Golar por 20 años para la instalación de un barco flotante de licuefacción en Argentina que producirá gas natural licuado destinado a los mercados de exportación a partir de 2027.

El Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), es un proyecto que busca fomentar las inversiones en el sector productivo, similar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Curiosamente, no son los legisladores libertarios quienes lo impulsan. De hecho, el plan, fogoneado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), fue retomado por Miguel Angel Pichetto y Atilio Benedetti. Incluye amortizaciones aceleradas y desgravaciones para quienes utilicen fertilizantes o semilla propia, entre otros incentivos.

Hoy, ambos legisladores fueron recibidos por Coninagro, cuyo presidente Elbio Laucirica se mostró entusiasmado por la reunión. "Con los diputados venimos trabajando los puntos importantes del proyecto de ley RIDA, le aportamos mejoras y creemos que sería un gran impulso a las inversiones en el interior. La idea es que sea apoyado por todos".

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Pichetto también hizo mención sobre el proyecto de Ley. "Ya está presentado en la Cámara de Diputados, junto con el diputado Atilio Benedetti estamos próximos a comenzar a tratarla en la Comisión de Agricultura. Vamos a dialogar también con la Comisión de Presupuestos que es fundamental para que la iniciativa pueda salir".

Atilio Benedetti y Miguel Ángel Pichetto mantuvieron una reunión con el Consejo de Coninagro.

En ese sentido, Pichetto también se mostró optimista. "Yo veo un ambiente favorable, creo que el sector necesita un apoyo. Me parece importante que también el sector agroindustrial argentino tenga una serie de beneficios que puedan permitir la reproducción de la actividad económica, la amortización de bienes de uso, lo que significa mejorar las líneas impositivas también con el IVA".

En esa misma línea, el diputado también opinó que "hay que iniciar una tarea que nos permita la comprensión del Poder Ejecutivo y que la Ley pueda salir y llevarse adelante, ya que hay bastante iniciativa. Varias leyes de este tipo han quedado frustradas en el Congreso, por lo tanto. me parece que hoy están dadas las posibilidades para que esta ley pueda salir y el Gobierno también pueda comprender que, así como incentiva inversiones en minería, en petróleo, en gas y otras actividades como la foresto industrial, este sector requiere también de un apoyo y de un aliento a las inversiones".

Más tarde, el diputado Atilio Benedetti, titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, valoró como "valiosísima" la reunión. "Son los representantes del interior profundo como decimos, o mejor dicho, de todo el interior del país".

También comentó que hablaron de varios temas, pero fundamentalmente de la posibilidad de avanzar con la Ley RIDA como un régimen de estímulo a las inversiones agropecuarias y agroindustriales. "Me parece que no hay nada más fuerte que una idea a la que le ha llegado su tiempo de incentivar uno de los motores que está en condiciones de arrancar, de hacer marchar la economía de nuestro país. Así que bueno, con muchas expectativas, hemos conversado, hemos intercambiado, y espero que podamos tener éxito", expresó.

Para terminar agregó: "yo creo que el gobierno ha logrado su objetivo, que es La ley Bases, y dentro de ese marco, está el proyecto RIGI, que es un estímulo a las grandes inversiones. Me parece que esto complementa en la misma línea la necesidad que tiene Argentina de desarrollar la actividad privada. Tengo la esperanza de que sea aceptado por el gobierno, de que podamos discutir los temas fiscales que tanto le preocupan, yo creo que esto es algo positivo, porque va a desencadenar o va a generar una decisión de inversiones que necesita imperiosamente el país y la agroindustria".

Según manifestó la referente de la Fundación Barbecheando, Ángeles Naveyra, se viene una semana clave, donde se verán los frutos de meses de trabajo en el ámbito legislativo. "En el Senado, tanto la Ley de Bases como el Paquete Fiscal ya fueron aprobados por el Congreso de la Nación, y ahora solo resta conocer los textos finales, es decir qué terminará siendo incluido en la Ley de Bases", destacó.

Como se sabe, el Senado le realizó cambios al proyecto, principalmente al capítulo de las privatizaciones; al Régimen de Incentivo a las Grandes inversiones (RIGI), al blanqueo de capitales y al Monotributo. Por otro lado rechazó los cambios que le había realizado Diputados en el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y en la Moratoria Previsional. "Entonces como tuvo modificaciones, ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados". En ese sentido se preguntó qué opciones tienen los Diputados, ya que esta semana vuelve al recinto para tratar, por segunda vez, (tercera si se cuenta la sesión fallida de enero) la última para la Ley de Bases. "Pueden insistir con la redacción original, o aprobar algunos o todos los cambios pedidos por Senadores. Pero de ninguna manera pueden modificar esos cambios".

Naveyra explica que las negociaciones del Gobierno con la oposición dialoguista de Diputados (UCR; Hacemos Coalición Federal y otros) "se orientarán la aceptación de cambios de RIGI y privatizaciones que hizo el Senado. Pero, un capítulo aporte tiene ganancias. Es una herramienta fundamental para la gestión del presidente Milei, y el jefe de Gabinete Guillermo Francos negociando a contrarreloj con los gobernadores".

En lo referente a los aspectos relacionados con el agro, luego de un semestre de negociaciones y cambios, en el texto de las leyes solo habrían quedado unos pocos impactos directos: las reformas en materia laboral. "A pesar de esto, si la puesta en marcha de ambas leyes logra la previsibilidad y la estabilidad que los productores, empresas, Cooperativas, y Asociaciones de la Agroindustria exigimos y necesitamos, seguramente va a ser el primer paso en el camino al crecimiento, la inversión y el desarrollo del agro y de la Argentina. Porque como siempre decimos en Barbechando, si es bueno para a agro bio industria, es bueno para el país".

Por Jorgelina Mudallel (*)

Este miércoles 12 de junio del 2024 el Honorable Senado de la Nación Argentina llevará adelante una sesión histórica: tendrá en su poder aprobar o no la Ley Bases y el Paquete Fiscal de reformas que permitirán, en palabras del Presidente, “destruir al Estado tal cual hoy lo conocemos”.

Por ende, me parece fundamental como concejala de la Ciudad de Santa Fe, cuna de la Constitución Argentina y tierra del Brigadier Estanislao López, entre otras memorias, resaltar la importancia, las consecuencias y las implicaciones que su sanción conlleva para mis vecinos y vecinas.

En primer lugar, me gustaría señalar que detrás de la declamada “destrucción del Estado” que se plantea concretar con esta Ley Bases, se esconde en realidad el establecimiento de un nuevo vínculo entre el Estado y los distintos actores sociales y económicos de nuestro país. El artículo 1 de la Ley concede “superpoderes” y facultades delegadas que otorgan mayor discrecionalidad al presidente, atentando claramente contra el correcto funcionamiento de los contrapesos institucionales que la República Argentina ha adoptado a partir del año 1994, pero de ninguna manera suprime el accionar del estado.

En ese sentido, quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos en la universidad pública, hemos aprendido que una sociedad moderna como la nuestra es el resultante de diferentes esferas de funcionamiento: la comunidad, el mercado y el Estado. La armónica vinculación entre estos tres órdenes permite el normal funcionamiento de las sociedades que apuestan por el desarrollo económico y la inclusión social. Sin embargo, las intenciones del actual gobierno pretenden reducir al Estado a su mínima expresión, atentando contra la provisión de los bienes y servicios más básicos, aunque, por otro lado, utiliza su máxima capacidad para desde el Estado favorecer la concentración de la riqueza en algunos pocos sectores privilegiados.

Peor aún, los postulados teóricos de nuestro presidente Javier Milei se encuentran a contramano del mundo. Se asumen posiciones dogmáticas y se plantean discusiones ideológicas saldadas hace años en casi todos los países del mundo. En el Siglo XXI, ya es un consenso básico de las democracias modernas de que el Estado es factor necesario para la creación de mercados, impulso de sectores estratégicos, creación de riqueza y redistribución del ingreso. Más aún, el Estado es elemento necesario para evitar la competencia desleal o la cartelización del mercado. Todo ello parece ser obviado por nuestro Presidente, en detrimento de las grandes mayorías de nuestro pueblo.

Por otro lado, y concretamente en nuestra ciudad, aún sin la vigencia de la Ley Bases y el Paquete Fiscal pero sí del DNU 70/23, ya podemos observar las consecuencias de estas decisiones políticas en los distintos niveles del Estado. El primer ejemplo lo podemos encontrar en la obra pública: a diciembre de 2023 existían al menos 14 obras que ya llevan más de 6 meses paralizadas y donde aún no hemos visto a ningún actor privado que por voluntad propia se disponga a continuarlas, tal como proclama nuestra máxima autoridad. Por el contrario, se evidencia que los diversos actores económicos necesitan de la inversión estatal para llevar adelante sus esquemas de negocio e inversión. El resultado de la eliminación del Estado como proveedor de infraestructura básica implica menor trabajo para las empresas constructoras y de servicios, disminución del empleo, mayor exclusión social y disminución de la calidad de vida para todos los santafesinos y santafesinas.

En caso de sancionarse la Ley Bases, esta realidad se profundizará negativamente ya que los artículos 1 al 62 aluden a la Reforma del Estado, incluyendo un reordenamiento en los bienes y servicios que brinda, pero teniendo como eje principal los despidos de empleados y privatizaciones de empresas públicas de servicios. Nuevamente, ideas ya implementadas y políticas fracasadas que vuelven a implementarse como si no hubiésemos aprendido nada de nuestro pasado.

Otra acción de “achicamiento” y disminución de provisión de bienes y servicios se visualiza en las decisiones de los tres niveles del Estado (Nación, Provincia y Municipio) en cuanto a los esquemas de actualización de precios regulados como tarifas de luz, agua y gas y boleto de colectivo que no encuentran relación con el nivel de ingresos de la población.

De igual manera, esta refundación del Estado que pretende ejecutar el presidente Milei, propone la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) el cual -aún con sus modificaciones- atenta contra las PyMES argentinas y su capacidad de generar empleo. Esto es así ya que el RIGI implica exageradas facilidades para que empresas extranjeras puedan mercantilizar nuestros recursos naturales.

No estamos en contra de la llegada de inversiones pero las mismas deben estar dirigidas en un esquema claro de transferencia de tecnología y desarrollo de encadenamiento productivos que permitan a nuestras empresas convertirse en proveedores de las grandes firmas. El marco normativo actualmente propuesto no solamente otorga exenciones impositivas por treinta años sino que permite la importación de bienes intermedios y durables que nuestras PyMES son capaces de producir localmente. Para una provincia productiva y manufacturera como Santa Fe, esta afrenta contra la industria nacional y el trabajo de los argentinos no debe ser pasada por alto.

Nuevamente, no se pone en juego aquí la desaparición del Estado, sino que se hace visiblemente presente para atentar contra los intereses nacionales y el detrimento de nuestro entramado productivo. El “topo” dentro del Estado podría utilizarlo para generar mercados, exenciones impositivas y desarrollo de la industria nacional pero, en cambio, prioriza los intereses de las grandes empresas extranjeras. Es hora de preguntarse para quién juega el topo.

Considero que en este siglo XXI los Estados tienen el gran desafío de modernizarse, de dar mayores respuestas de forma eficiente y eficaz, pero preservando su razón de ser que es permitir el desarrollo armónico de las comunidades y de generar las condiciones para la igualdad. Eso lo lograremos con iniciativas donde primen la articulación público-privada-comunitaria y los procesos de desarrollo endógenos, aspectos que en los manuscritos que se debaten mañana no se encuentran presentes.

Por lo tanto, y ya para concluir, quienes desde sus bancas, y desde los distintos lugares institucionales propicien este nuevo régimen normativo deberán dar cuenta de sus consecuencias y resultados.

(*) Concejala por la Ciudad de Santa Fe (Bloque Justicialista) - Lic. en Sociología (UNL)