Quince universidades de diversas regiones del país manifestaron públicamente su respaldo al nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 4/2026.

En un comunicado conjunto, los rectores y decanos de estas casas de estudios destacaron la importancia de la iniciativa, orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y fortalecer la transparencia de los concursos públicos, e instaron a las autoridades competentes a darle pronto tratamiento.

Los ministros de la Corte Suprema de la Nación, Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.

El documento, firmado por representantes de universidades privadas, subraya que la calidad de la Justicia depende en gran medida de la calidad de quienes la integran. Por ello, valoraron que la propuesta de la Corte coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura.

Los firmantes señalaron que avanzar en esta dirección permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”.

El comunicado destaca especialmente la importancia de reglas claras y evaluaciones objetivas para garantizar procesos de selección previsibles y basados en el mérito. En este sentido, las universidades respaldaron la centralidad de la formación profesional y la capacitación continua de los aspirantes, recordando que la excelencia académica es un pilar para el fortalecimiento del sistema judicial.

Las autoridades universitarias también invitaron a los poderes públicos a brindar un tratamiento rápido e integral a la propuesta de la Corte Suprema, entendiendo que su aprobación redundará en un avance concreto para el sistema de justicia.

La declaración lleva las firmas de los máximos responsables de quince instituciones académicas: Universidad de Belgrano, Universidad CAECE, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Cuyo y Universidad Católica de La Plata.

También firman Universidad FASTA, Universidad de Morón, Universidad Museo Social Argentino, Universidad de Palermo, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santa Fe (a través de su rector Martín De Palma), Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Blas Pascal.

El Consejo de la Magistratura inició el debate sobre la reforma del sistema de selección de jueces impulsada por la Corte, con posiciones divididas entre aprobación inmediata y análisis profundo.

La semana pasada, las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales.

El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.

El Consejo de la Magistratura inició el debate con posturas encontradas.

La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción.

Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

La calificación de antecedentes se realizaría sobre un máximo de 100 puntos -distribuidos entre formación, experiencia profesional y producción académica- y la entrevista personal, pública y transmitida por medios audiovisuales, tendrá una ponderación máxima de 20 puntos sobre un total de 200.

La Corte, al respecto, remarcó en sus considerandos la necesidad de perfeccionar “determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”.

A la vez, identificó como principal deficiencia del sistema vigente que la evaluación de antecedentes favorece “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

En un contexto de creciente tensión institucional, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) presentó una nota formal ante el Consejo.

El documento, dirigido a su presidente, Horacio Rosatti, manifiesta una "profunda preocupación" por el nuevo proyecto de reglamento de concursos aprobado por la Corte. La asociación advierte que la nueva normativa omite la obligatoriedad de incluir mujeres en las ternas de candidatos, lo que representa un retroceso frente al régimen de paridad vigente hasta el momento.

De acuerdo con el documento, el régimen vigente —establecido por la Resolución 266/2019— contempla mecanismos concretos para asegurar la participación femenina tanto en etapas previas, como entrevistas, como en la integración final de las ternas. El proyecto actual, en cambio, traslada la cuestión de género al plano general del procedimiento, sin asegurar resultados en términos de representación.

La AMJA sostuvo que este cambio “no puede ser considerado neutro”, ya que elimina una herramienta directa de incidencia en el acceso a cargos judiciales. En su argumentación, advirtió que reemplazar esa garantía por mecanismos indirectos reduce la eficacia de las políticas de igualdad en un momento decisivo del proceso de selección.

Además, la asociación recordó que impulsa un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades.

Dicha iniciativa busca establecer una medida de acción positiva que impida la conformación de tribunales colegiados integrados exclusivamente por personas de un mismo género, amparándose en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.

La nota firmada por la presidenta de AMJA, Ercilia Eve Flores Aiuto, y la directora ejecutiva, Nieves Macchiavelli, subraya la subrepresentación femenina en los niveles jerárquicos superiores del Poder Judicial argentino. Este fenómeno, conocido como "techo de cristal", es un dato objetivo de la realidad institucional que, según la organización, no puede ser ignorado al legislar.

Mauro L. Muñoz

Cristina Fernández de Kirchner movió el tablero político este lunes anunciando su candidatura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió este miércoles despejando el tablero judicial.

El Máximo Tribunal desestimó el pedido de recusación que Cristina Fernández de Kirchner había planteado contra Ricardo Lorenzetti en el marco de la Causa Vialidad.

El fallo descarta apartar al juez santafesino de la definición sobre la condena que pesa contra la expresidenta y que podría inhabilitarla para competir electoralmente este año en la provincia de Buenos Aires.

La Corte desestimó que las declaraciones mediáticas, las supuestas maniobras internas en el tribunal y las acusaciones formuladas por senadoras oficialistas denunciadas constituyan un causal válida de apartamiento.

Con esta decisión, la Corte sella una etapa clave del expediente y se encamina a emitir un pronunciamiento de fondo que podría dejar firme, o no, la sentencia por administración fraudulenta que recibió CFK en diciembre de 2022.

La estrategia judicial de la defensa de Cristina Kirchner se había centrado en cuestionar la imparcialidad de Lorenzetti, argumentando que el magistrado había mantenido reuniones con el presidente Javier Milei, por haber impulsado el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte y por emitir declaraciones televisivas que revelaban una opinión previa sobre la causa Vialidad.

Para los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, esa acumulación de hechos creaba "temor de parcialidad" e iba contra los principios de conducta judicial internacionales.

El pedido se realizó el pasado 5 de mayo, apenas unos días después de una entrevista en la que Lorenzetti, al ser consultado sobre la causa Vialidad, el magistrado deslizó que el fallo podría salir antes de las elecciones: “deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más”, había dicho.

También se mencionana una denuncia pública realizada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti, quien lo acusó de presionar para que se votaran ciertos pliegos bajo amenaza de avanzar contra la expresidenta.

La Corte consideró en el fallo que los argumentos fueron extemporáneos, insuficientes y carentes de sustento objetivo. Subraya que muchos de los hechos invocados ya eran conocidos antes del planteo judicial y que otros no constituyen pruebas concretas. Además, recuerda que el apartamiento de un juez de la Corte es una medida de carácter "excepcional" que no puede ser utilizada como herramienta para condicionar sus decisiones.

En cuanto a las declaraciones de Lorenzetti al periodista Luis Novaresio, donde afirmó que la Corte debía resolver antes de las elecciones, el tribunal concluyó que no constituían una causal de recusación. "resulta manifiestamente insuficiente para justificar la necesidad de desplazar a uno de los jueces naturales de esta causa, con la gravedad especial que una decisión tal tiene cuando la recusación se dirige contra un miembro de esta Corte".

En cuanto a las acusaciones de la senadora Sagasti, los jueces consideraron que la recusación "no ofrece prueba alguna para respaldarla ni informa si se radicó la denuncia penal correspondiente en los términos del art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación".

Además, el fallo enfatiza que las recusaciones contra miembros de la Corte deben interpretarse de forma restrictiva, ya que su aceptación podría afectar la garantía del juez natural y el normal funcionamiento del máximo tribunal del país.

Con esos argumentos, el tribunal rechazó in limine la recusación. En la práctica, se trata de un blindaje al rol de Lorenzetti en el caso, al considerar que no hay elementos que afecten su imparcialidad ni su capacidad para intervenir. La Corte también desestima que las declaraciones del juez configuren prejuzgamiento alguno.

De esta manera, queda despejado el camino para que los tres magistrados resuelvan si confirman la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este lunes, Cristina Fernández anunció su candidatura a diputada por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, en lo que fue interpretado como un regreso activo a la competencia electoral. Sin embargo, su situación judicial sigue condicionada por la causa Vialidad.

La causa de Vialidad llegó a la Corte el lunes 31 de marzo pasado. En abril de este año, el envío del expediente al Procurador Eduardo Casal, para que dictamine si corresponde revisar o agravar la pena de seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner, puso en marcha el mecanismo para resolver sobre los 17 recursos de queja presentados en el caso.

La velocidad que la Corte vaya a otorgarle al expediente quedó sujeta, una vez más, a la dinámica establecida por la integración de tres, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, atravesada por una ríspida interna y, en este caso, por ideas diferentes sobre si el trámite debía apresurarse o desarrollarse al ritmo habitual, que podría demandar todavía muchos meses.

Manuel García Mansilla juró este jueves como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión fue adoptada por los miembros del máximo tribunal en una reunión realizó esta mañana en Tribunales.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aún no unificaron un criterio con respecto al otro jurista designado por el Gobierno para integrar el tribunal, Ariel Lijo.

“En el Acuerdo de Ministros del día de hoy, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José Garcia Mansilla”, consigna la información oficial. Y añade que “en el próximo Acuerdo del día 6 de marzo se tratará la solicitud de licencia extraordinaria del Dr. Ariel Lijo”.

Esto significa que, a diferencia de García Mansilla, Lijo no estaría este sábado durante el discurso de Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, al menos en calidad de miembro de la Corte.

Manuel García Mansilla jurará este jueves como juez de la Corte Suprema.

Una de las cuestiones involucradas es es status de Lijo que, para asumir en la Corte, debe dejar su puesto en la Justicia Federal. A tal efecto, el magistrado pidió licencia, y la Cámara Federal porteña aceptó concedérsela. Pero la cuestión fue remitida para su determinación final a la propia Corte.

La otra cuestión es la aceptación o no del trámite de nombramiento que, a falta del acuerdo del Senado que exige la Constitución Nacional, consistió en el mentado nombramiento “en comisión”, que la Carta Magna autoriza para empleos públicos, cuando el Congreso esté en receso. El encuadre correspondiente también es materia de debate jurídico, y naturalmente político, ante el hecho de que el funcionamiento regular del Congreso se reactiva en cuestión de horas, y la percepción de que los candidatos no contaban con suficiente nivel de consenso.

El documento oficial.

La Constitución Nacional (art. 99, inc. 19) establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Es decir, es un mecanismo de excepción, con escasos antecedentes, y sólo habilitado en períodos en los que el Congreso no está en funcionamiento.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumentó que el decreto con la designación de los ministros se debió porque "no hubo acuerdo" con la oposición en el Senado.

"El decreto fue porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeo en la política", señaló Francos en declaraciones a radio Rivadavia. E insistió: “Hay que esperar el debate; los pliegos de los jueces y pedidos de acuerdo están desde el mes de mayo en el Senado, hicieron todos los trámites y procedimientos".

Francos le bajó el tono a la polémica, alimentada por el rechazo expreso de distintos bloques legislativos y la amenaza de rechazar los nombramientos en el recinto, al advertir que el Senado "tiene la chance" de aprobar los pliegos de ambos candidatos "en el curso del año".

"Hay que esperar el debate; los pliegos de los jueces y pedidos de acuerdo están desde el mes de mayo en el Senado, hicieron todos los trámites y procedimientos que, se prevén, están previstos para estas designaciones, pero no obtuvieron acuerdos", reseñó Francos en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El ministro coordinador señaló que "se volvieron" a presentar los pliegos de Lijo y García-Mansilla "como tema de sesiones extraordinarias", pero "no se trataron y entonces el Poder Ejecutivo los designó por decreto hasta el 30 de noviembre de este año, cuando termine el período ordinario de sesiones".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Crédito: Archivo.

"El Senado tiene la chance de poder tratarlos en el curso del año", ponderó Francos en diálogo con esta agencia. Lo que no adelantó es si el Ejecutivo aceptará ese rechazo o si, como adelantan algunas versiones, considerará que el cuerpo legislativo no tiene facultades para avanzar sobre una decisión presidencial ya consumada.

En tal sentido, en el gobierno muchos consideran que ni el Senado ni la Justicia pueden revocar ese nombramiento, ya que ese decreto es una atribución "exclusiva" del presidente conferida por la Constitución. Tanto es así que la previsión es que los nuevos ministros sean presentados como tales este sábado en el Congreso.

La Constitución establece que para designar a un juez de la Corte el Poder Ejecutivo debe elegir a un postulante y luego el Senado debe aprobarlo por mayoría de 2 tercios para convertirlo en magistrado. Además, el Decreto 222/2003 reglamentó la participación de la sociedad civil a través de la realización de audiencias en las que se pueden presentar impugnaciones y apoyos a las candidaturas.

En abril de 2024 el Gobierno anunció la postulación de Lijo y García-Mansilla como candidatos a ocupar las 2 vacantes en el máximo tribunal. A fines de mayo, y tras el período de adhesiones e impugnaciones, envió ambos pliegos al Senado. A fines de agosto los postulantes concurrieron al Senado para responder preguntas de los integrantes de la Comisión de Acuerdos.

Ariel Lijo.

Luego, el trámite de ambos expedientes se estancó porque los candidatos no reunían las firmas necesarias para conseguir dictamen de comisión. El presidente Javier Milei incluyó estas designaciones en el temario de acuerdos para las sesiones extraordinarias y hace 2 semanas el pliego de Lijo obtuvo dictamen favorable, pero no el de García-Mansilla.

Como se explicó, los nombramientos tienen vigencia hasta que finalice el próximo período de sesiones ordinarias, que comienza este sábado 1 de marzo y termina el 30 de noviembre. En paralelo, el Gobierno anunció que insistirá con los pliegos de los candidatos para realizar el procedimiento regular que prevé la Constitución, con acuerdo del Senado.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Fernando Nicola

Si el Senado no trata los pliegos, las designaciones en comisión estarán vigentes hasta el 30 de noviembre. Si los aprueba y presta acuerdo, con el voto de los 2 tercios de los presentes, los jueces tendrán estabilidad en el cargo. Si el Senado lo trata y los rechaza, la Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. Y la vía de destitución de los jueces de la Corte es el juicio político.

Lijo es juez federal porteño desde 2004. Asumir como ministro de la Corte implica dejar ese juzgado. Sin embargo, el magistrado, ante la posibilidad de que ese nombramiento pudiera no perdurar más allá del 30 noviembre, pidió licencia sin goce de haberes como juez federal. La Cámara Federal porteña, el tribunal de alzada del juzgado de Lijo en Comodoro Py, aceptó su pedido de licencia.

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti aseguró que “no hay proscripción” sobre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. De todos modos, el magistrado señaló que la pena será efectiva cuando sea revisada por el máximo tribunal.

“Proscripción no hay. La proscripción en un sentido político, es un discurso, pero legalmente es un proceso judicial donde no hay una inhibición de ninguna clase”, aseguró en una entrevista en LN+.

“Puede decir cada uno lo que opina. Es bastante común. En todos los casos, si uno ve la declaración de todos los que han tenido juicio, más o menos es la misma. Es una defensa razonable desde el punto de vista político. No hay que exagerarlo. Cada uno dice lo que quiere. El problema es que funcione el proceso con objetividad, imparcialidad y no se llegue a ese terreno”, remarcó sobre las palabras de Cristina, quien aseguró estar proscripta por el “Partido Judicial”.

“Me quieren presa o muerta”: Cristina Kirchner criticó el cierre de la investigación por el atentado en su contra

“Cuando el presidente (Carlos) Menem tenía un proceso y la Cámara electoral lo cuestionó, nosotros lo revocamos. Porque es importante también respetar los derechos de todos, más allá de que nos guste o no nos guste. La imparcialidad es esto. Si la ley dice que uno puede competir hasta que haya sentencia firme de condena, es así”, continuó, en referencia al año 2017 cuando el máximo tribunal lo autorizó a competir en las elecciones como candidato a senador nacional por La Rioja.

El juez de la Corte Suprema se refirió a la denuncia de “lawfare”, la presunta persecución judicial, que el kirchnerismo utiliza para cuestionar a jueces y fiscales en relación a los procesos abiertos contra sus figuras, incluida Cristina Kirchner.

“El lawfare es una teoría, la puede sostener quien quiera. Hay libertad para hablar de teorías, y para expresarse. No hay ningún inconveniente”, señaló. No obstante, puso en relieve al sistema judicial argentino.

“Tenemos un sistema constitucional, lo hemos dicho ya en una sentencia que dictamos hace ya varios años, en 2013, casi una década, donde se discutió lo mismo”, amplió. Y cuestionó así la reaparición de los mismos debate en la agenda pública. “Tenemos que madurar y ponernos de acuerdo en cosas básicas para que la gente esté mejor”, sostuvo.

El juez sostuvo que tanto él como sus tres pares en el máximo tribunal deben “tener templanza” ante las críticas y los cuestionamientos del oficialismo. El kirchnerismo promueve un juicio político en la Cámara de Diputados contra los cuatro magistrados.

“Lo importante no es lo que yo sienta ni el agravio personal. Digan lo que digan voy a seguir haciendo lo mismo”, afirmó Lorenzetti. “Si un insulto o un agravio o una presión nos hace cambiar de idea estamos mal”, agregó.

Lorenzetti habló de una “verdadera grieta”, pero no entre los partidos, sino “entre la sociedad y las instituciones” y consideró que hay “una situación de fin de ciclo” respecto de esa relación. “Las instituciones fueron diseñadas hace 200 años y hoy no funcionan. Hay problemas muy nuevos. Las instituciones no han cambiado, el poder está centralizado y cuesta mucho tomar decisiones”, reflexionó.

En este sentido, se refirió a los procesos electorales en San Juan y Tucumán, que fueron frenados en la Corte Suprema debido a los cuestionamientos que se levantaron en torno a las candidaturas de los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur. A esa situación se sumó un reciente pedido respecto de la reelección de intendentes bonaerenses. “Tenemos un sistema republicano en el que se apunta a la periodicidad de los cargos y la re reelección indefinida es algo que no está bien, aunque después hay que ver cada caso”, dijo.

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti ratificó este martes sus críticas al electo presidente del máximo tribunal de Justicia, Horacio Rosatti, al sostener que él “nunca” se hubiera votado a sí mismo, pero intentó bajarle el tono a la polémica al desestimar que haya una crisis en el órgano judicial. En un reportaje que brindó a A24, recordó las críticas que recibió en 1993 el auto voto del ex presidente de la Corte Suprema denominada de “mayoría automática menemista” Julio Nazareno, lo cual desató “una enorme crisis”. “En ese momento el doctor (Enrique) Petracci fijó una posición que luego nosotros consideramos la correcta. Yo nunca me hubiera votado a mí mismo por más que seamos tres. Yo creo que eso no estuvo bien”, insistió. Señaló que “respeta la idea de otro de votarse a sí mismo” pero aclaró que no la comparte. Lorenzetti, que encendió la polémica al dar a conocer públicamente una carta fundamentando los motivos de su rechazo a la designación de Rosatti, señaló la importancia que tenía “explicarle a la sociedad” su posición, lo cual “no significa que no admita que existe otra posición”. “Yo no impugne ni pedí la anulación de la designación de Rosatti. No hay una crisis. Yo lo que hice fue sentar una posición”, subrayó Lorenzetti, que se manifestó a favor de continuar con una metodología “colegiada” de funcionamiento en el máximo tribunal de Justicia. “Hoy el presidente no tiene una facultad distinta de cualquiera de los otros miembros. Prácticamente es un integrante más”, consideró. Insistió en que “no hay una crisis” en la Corte Suprema y que todos sus miembros coinciden en que “un cambio de presidente no va a tener un cambio de perfil” del órgano. “La Corte no está en una crisis. Nosotros vamos a seguir resolviendo. Yo estoy muy acostumbrado a consensuar. Vamos a encontrar las mayorías para resolver”, argumentó. “Quiero transmitir tranquilidad a los jueces y juezas porque no es que hay un cambio de presidencia y cambia todo”, manifestó. En esta línea, Lorenzetti expresó que “para tranquilidad de la población”, el máximo tribunal de Justicia “seguirá funcionando como viene funcionando”. “Tiene que tener templanza y seguridad, y cuidar los derechos de las personas”, resaltó. “Entiendo que estas cuestiones, las disputas, son atractivas, pero fue circunstancial”, aclaró.

Con información de NA

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, cuestionó hoy la elección de Horacio Rosatti como nuevo presidente del máximo tribunal, al considerar que la reunión en la que se lo votó, sin su presencia ni la de Elena Highton, “repite vicios, moral y jurídicamente descalificados”. Lorenzetti envió un correo electrónico a sus pares de la Corte, en el que remarcó que su postura frente a la reunión en la que Rosatti fue elegido con su voto, el de Juan Carlos Maqueda y el de Carlos Rosenkrantz -que pasara a ser vicepresidente del cuerpo- refleja la “posición histórica de la Corte”. En el correo al que tuvo acceso NA, el ministro y ex presidente del máximo tribunal comparó la decisión del pasado jueves con una situación ocurrida en la Corte que presidía Julio Nazareno, durante el gobierno de Carlos Menem y evaluó: “Repite uno de los vicios de algunos de los jueces de aquella composición del Tribunal, moral y jurídicamente descalificados, y que se habían superado hace más de una década”. Lorenzetti recordó el voto que por aquellos años emitió el juez de la Corte Enrique Petracchi para oponerse a la reelección de Nazareno en el año 2000. “El autovoto ha sido censurado por la opinión del Juez Petracchi en aquella decisión, y ello fue confirmado por lo sucedido con posterioridad, porque puso en duda tanto la existencia de una mayoría en la decisión derivada de votarse a sí mismo, sino también la legitimidad del acto”, señaló. Además, Lorenzetti remarcó: “Fue una opinión que todos hemos valorado como éticamente correcta y conforme a derecho”.

A continuación, la carta completa de Lorenzetti a los miembros de la Corte:

“Buenos Aires, 24 de setiembre de 2021. Estimados colegas: Habiendo tomado conocimiento del acuerdo celebrado sin la participación de la Dra Highton y del suscripto, estimo necesario expresar en un voto la posición histórica de la Corte, conforme con precedentes que cito, de la siguiente manera: “Que la decisión adoptada en el acuerdo del día jueves 23 de setiembre se asemeja notablemente a un caso similar ocurrido con ocasión de la elección del Dr Nazareno, reflejada en la acordada 27/2000. Lamentablemente repite uno de los vicios de algunos de los jueces de aquella composición del Tribunal, moral y jurídicamente descalificados, y que se habían superado hace más de una década. Se había logrado una confianza, transparencia y participación que este tipo de actos afecta gravemente. Que la designación de autoridades por medio de acuerdo extraordinario es irregular. Normalmente se celebra por acuerdos ordinarios, y no se llevó el tema el martes 21. Un día después, el miércoles 22, nada había cambiado, y por la tarde se llamó a un acuerdo extraordinario para el jueves 23, con menos de 24 hs de anticipación. Todos sabían que el suscripto estaba representando al país en la reunión de un organismo internacional (UNIDROIT) con la participación de juristas de todos los continentes. Es decir, no era una tarea privada, sino institucional. Por lo tanto, era posible tratar el tema el día martes 21 o martes 28. No había urgencias, ni obligación legal, y no hubo mala voluntad ni deseos de no asistir. Por otra parte, existieron numerosas oportunidades en que los acuerdos fueron postergados por el sólo pedido de un ministro. Por lo tanto, negarse a tratar el tema en el acuerdo ordinario, y no postergar el convocado, violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía. Que esa decisión apresurada los obligó a la designación del Presidente y del Vicepresidente con la sola presencia de tres jueces, votándose a sí mismos. Ello “no es ético ni razonable” como lo señalara el Juez Petracchi de manera clara y contundente (Acordada 27/2000) y se podría haber evitado simplemente con hacer el acuerdo el martes 23 o el martes 28 de setiembre de 2021. El “autovoto” ha sido censurado por la opinión del Juez Petracchi en aquella decisión, y ello fue confirmado por lo sucedido con posterioridad, porque puso en duda tanto la existencia de una mayoría en la decisión derivada de votarse a sí mismo, sino también la legitimidad del acto. Fue una opinión que todos hemos valorado como éticamente correcta y conforme a derecho. Por lo tanto, deseo dejar expresado claramente que ese tipo de actos contradice los precedentes y la tradición de la Corte Suprema, y ha afectado el prestigio de la institución y de la elección misma. El pueblo de la Nación, a quienes nos debemos, espera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decisiones mesuradas, que brinden seguridad jurídica y seriedad a fin de proteger a los ciudadanos. Ricardo Lorenzetti”.

Con información de NA