La Justicia Federal condenó a tres integrantes de una organización narcocriminal que operaba en el sur de Santa Fe y que había sido investigada tras el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína en un procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial 90. Con estas nuevas sentencias, ya son 10 las personas condenadas, de una banda integrada por 12 miembros.

El fallo fue dictado la semana pasada por el juez de Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, luego de homologar acuerdos de procedimientos abreviados presentados por la Fiscalía Federal. Se suman a las siete condenas establecidas anteriormente por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

Organización narco

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, encabezada por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Venado Tuerto de Gendarmería Nacional Argentina.

La pesquisa permitió reconstruir el funcionamiento de una organización narcocriminal que habría operado entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, con presencia en distintas localidades del sur provincial como Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

Durante la investigación se identificaron distintos roles dentro de la estructura, entre ellos proveedores, distribuidores, transportistas y vendedores de estupefacientes.

El operativo clave en la Ruta 90

El procedimiento que dio origen a la investigación central ocurrió en noviembre de 2025, cuando efectivos de la UNIPROJUD Venado Tuerto, con colaboración de la Sección Vial de Gendarmería Nacional, interceptaron un vehículo que circulaba por la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo.

En el automóvil viajaban Manuel E. y Carina A., a quienes se les secuestraron cuatro ladrillos de cocaína con un peso cercano a los 4 kilos y medio, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

A partir de ese operativo, la Justicia avanzó con una serie de allanamientos en seis domicilios y en tres celdas pertenecientes a internos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda y en la Alcaidía de Melincué.

Las nuevas condenas dictadas por la Justicia Federal

Los acuerdos homologados contemplaron penas de entre cuatro y quince años de prisión, según el grado de participación atribuido a cada integrante de la organización.

Entre los nuevos condenados se encuentran:

Además, la Justicia dispuso el decomiso de dinero en efectivo, motocicletas, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos vinculados a la actividad investigada. También ordenó la destrucción de la droga secuestrada.

Nuevo sistema procesal

Desde la Fiscalía Federal destacaron que, a unos nueve meses de realizados los allanamientos principales, la investigación permitió llevar adelante una acusación contra 12 personas por delitos considerados de extrema gravedad.

Según indicaron, el avance del expediente fue posible mediante la aplicación del Código Procesal Penal Federal, que impulsa procesos más ágiles, audiencias orales y mecanismos alternativos para resolver causas judiciales.

Las dos personas restantes vinculadas a la organización serán próximamente citadas a juicio oral y público.

Un hombre identificado como Manuel Martín P. R., de 47 años, fue imputado por la Justicia Federal de Venado Tuerto por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El juez federal de Garantías Aurelio A. Cuello Murúa hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso su prisión preventiva por 60 días en el marco de una investigación por presunta venta de drogas en distintas localidades del sur de Santa Fe.

La audiencia multipropósito se realizó el 28 de agosto en la sala ubicada en Chacabuco 743, de Venado Tuerto, donde la Fiscalía Federal Penal atribuyó al acusado la tenencia de cocaína destinada a la comercialización y lo vinculó con una estructura investigada por narcotráfico en la región.

El allanamiento y el secuestro de cocaína

Según la acusación fiscal, el procedimiento se realizó el 25 de agosto en un inmueble ubicado en la zona rural de Villa Divisa de Mayo, jurisdicción de Chovet, donde el acusado residía.

Durante el operativo, llevado adelante por personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional Venado Tuerto, se secuestraron 93 gramos de cocaína distribuidos en distintos lugares del predio.

De acuerdo con la imputación presentada por el fiscal federal Federico Reynares Solari, parte de la sustancia fue encontrada dentro de un vehículo utilitario Volkswagen Caddy, otra cantidad en un automóvil Chery, además de envoltorios y recipientes ubicados en el patio y en una habitación del domicilio.

La Fiscalía sostuvo que la forma en que estaba distribuida la droga, sumada al dinero hallado y otros elementos recolectados durante la investigación, permiten sostener como hipótesis que la sustancia estaba destinada a la venta.

Presunta organización narco

Durante la audiencia, la fiscal federal subrogante Daniela Ghiorzi explicó que la causa se inició a partir de una denuncia recibida con identidad reservada y que permitió avanzar sobre una presunta organización dedicada al comercio y distribución de estupefacientes en localidades del departamento General López.

La investigación menciona movimientos en zonas de Melincué, Firmat, Hughes, Carreras y distritos cercanos. Según la Fiscalía, la estructura habría tenido diferentes integrantes con roles específicos dentro de la distribución y comercialización de drogas.

En ese marco, los investigadores señalaron que Manuel Martín P. R. habría tenido participación en la distribución del material estupefaciente y que habría utilizado distintos teléfonos y vehículos para sus movimientos.

Posibles vínculos policiales

Uno de los puntos señalados por la Fiscalía durante la audiencia fue la existencia de una línea investigativa vinculada a una posible connivencia policial dentro de la organización bajo análisis.

Según expuso Ghiorzi, algunos elementos incorporados al expediente surgieron de intervenciones telefónicas y análisis de dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa.

Entre las evidencias mencionadas, la representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia a audios y comunicaciones que, según la hipótesis acusatoria, podrían aportar información sobre la operatoria de la organización y eventuales vínculos con integrantes de fuerzas de seguridad.

La investigación continúa parcialmente bajo reserva y mantiene medidas pendientes de producción.

Revocaron la prisión domiciliaria

Durante la audiencia también se informó que el imputado se encontraba cumpliendo una condena previa bajo modalidad domiciliaria en el inmueble allanado.

La Fiscalía indicó que esa situación había sido dispuesta para el cuidado de una persona bajo su tutela, pero que luego del procedimiento y de los nuevos elementos incorporados a la causa, la modalidad fue revocada.

Prisión preventiva por 60 días

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez federal Aurelio A. Cuello Murúa formalizó la investigación penal preparatoria y aceptó la calificación legal propuesta por la Fiscalía: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor, según el artículo 5 inciso C de la Ley 23.737.

Además, resolvió imponer prisión preventiva a Manuel P. R. por un plazo de 60 días y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Federal.

La causa continúa en etapa de investigación mientras la Justicia Federal avanza en la recolección de pruebas para determinar el alcance de la presunta organización y la responsabilidad de los distintos involucrados.