La diputada nacional santafesina Gisela Scaglia presentó un proyecto de ley que propone un esquema de reducción gradual y lineal a los derechos de exportación del sector agropecuario. El texto define cuatro períodos y la idea central es llegar a una alícuota definitiva del 0% para el año 2029. “Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina”, expresó.

La iniciativa de la presidenta del bloque Provincias Unidas cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales José Núñez, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán, y establece una sistema de reducción anual equivalente al 25% de la alícuota base (actual).

Según la legisladora, esto apunta a devolver competitividad al interior productivo y a eliminar la potestad del Ejecutivo de modificar las alícuotas por decreto.

Por eso propone también la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que es el que habilita al Poder Ejecutivo a tomar esa medida sin intervención del Congreso de la Nación.

En ese punto, Scaglia recordó las seis modificaciones hechas por decreto en materia de exportación de cereales y oleaginosas que, según palabras de la diputada, “generaron incertidumbre en el mercado”. En caso de prosperar este texto, cualquier cambio deberá ser debatido en los recintos.

El proyecto elimina la facultad del Ejecutivo de modificar alícuotas por decreto, y deja esa decisión en manos del Congreso. Archivo El Litoral

En los fundamentos, señaló que “el sector agroexportador cerró el año 2025 con un ingreso que superó la suma de USD 31.000.000.000, consolidándose como la principal fuente de divisas”, y cargó que “de la recaudación total por Derechos de Exportación (DEX) en 2025, el complejo agroexportador explicó más del 90% del monto”.

Pero consideró que “Argentina permanece estancada en producción y crecimiento exportador, dependiendo de los precios internacionales. El impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva”.

Scaglia explicó que la redacción de este proyecto de ley “es resultado de escuchar a productores y técnicos, y no es un privilegio sectorial, sino una corrección estructural”. Y cerró: “La eliminación de retenciones es una inversión en empleo e industrialización. Cuando el campo gana, gana toda la cadena de servicios local”.

"Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina. El productor que gana más no se guarda la plata: compra una máquina, contrata más gente, mueve la economía. Esto no es un privilegio sectorial, es una condición para que el país crezca", agregó la ex vicegobernadora santafesina.

El proyecto contempla, además, una cláusula de protección federal: el Ejecutivo no podrá invocar la nueva norma para modificar los regímenes de coparticipación ni los fondos destinados a las provincias.

Scaglia subrayó que la recaudación de retenciones no es coparticipable, por lo que las provincias productoras generan la riqueza pero no reciben retorno proporcional, un esquema que consideró contrario al federalismo constitucional.

Desde esa perspectiva, Scaglia también puso el foco en la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Santa Fe, dijo, atraviesa una cosecha récord, hace obra pública y mantiene el esfuerzo fiscal, pero no recibe la contraparte en transferencias de recursos.

En un escenario cargado de simbolismo para la economía productiva, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó días atrás el remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 para trazar una hoja de ruta con fuerte anclaje en la agroindustria.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el mandatario no solo destacó el valor institucional del evento, sino que también reforzó su posicionamiento en torno a tres ejes clave: infraestructura, financiamiento y alivio impositivo.

El gobernador Maximiliano Pullaro, en el remate del primer lote de soja. Archivo El Litoral.

En ese marco, cuestionó el estado de las rutas nacionales y denunció la falta de inversión en infraestructura estratégica. En esa línea, vinculó el reclamo con el esquema de retenciones agropecuarias: “Son recursos que deberían destinarse a mejorar la infraestructura productiva”, señaló.

En paralelo, el gobernador subrayó la política tributaria de la provincia como un diferencial competitivo. Aseguró que Santa Fe registra actualmente la menor carga impositiva en dos décadas, con exenciones clave para el agro. “El campo no paga Ingresos Brutos”, recordó, y detalló que la industria tributa apenas un 0,7%.

Todo esto en momentos en que el Gobierno nacional confirmó que, a partir del 1 de julio, se restablecerán las retenciones a las exportaciones agropecuarias en niveles similares a los de enero, tras un periodo de reducción temporal.

Concretamente, la soja volverá a tributar una alícuota del 33%, el maíz del 12%, y el girasol del 7%. Trigo, cebada y sorgo también incrementarán su carga: pasarán del 5,5-9,5% actual a los valores previos al recorte.

Las entidades agropecuarias reaccionaron de inmediato. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Carbap manifestaron su oposición y calificaron el incremento como "robo institucionalizado", reclamando que se mantuvieran las retenciones reducidas o que se eliminara el gravamen por completo.

Según un análisis de la Fundación Mediterránea, la suba impactará significativamente en la rentabilidad, con una caída de hasta el 12% entre los productores de la zona núcleo y hasta un 74% en regiones extra pampeanas.

Un estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario sobre las retenciones, permitió proyectar que la reducción gradual de las retenciones el área sembrada podría alcanzar a los 41,1 M/ha en 2036 (en la actualidad la superficie implanta con los principales cultivos alcanza a los 37M/ha) y, obtener una producción total de granos que oscilaría entre los 134M/t y los 165 M/t el 2036.

El informe plantea un escenario alternativo: sin retenciones, la producción podría escalar a 183 millones de toneladas, impulsando exportaciones por 126 millones y generando ingresos por unos U$s 50.000 millones.

Campolitoral

Un ejercicio de simulación económica realizado con el modelo AGMEMOD Argentina abre el debate sobre el futuro del sector agropecuario y el impacto de los derechos de exportación (DEX) en la economía nacional.

El informe proyecta la evolución del agro hasta la campaña 2035/36 y compara dos escenarios: uno de continuidad del esquema actual y otro que contempla la eliminación gradual de las retenciones en un plazo de dos años, hasta su desaparición total en 2028.

Los resultados muestran diferencias significativas entre ambos caminos.

En el escenario base —con retenciones constantes— el crecimiento del sector se mantiene moderado: el área sembrada pasa de 39,9 a 41,1 millones de hectáreas entre 2026 y 2036, mientras que la producción total se incrementa de 134,6 a 165,9 millones de toneladas.

En contraste, el escenario sin DEX plantea una expansión más dinámica. La superficie cultivada alcanzaría las 43,4 millones de hectáreas hacia 2036, lo que representa 2,2 millones de hectáreas adicionales respecto al escenario base, con un crecimiento del 5,4%.

En términos productivos, el salto sería aún más marcado: la producción total llegaría a 182,6 millones de toneladas, es decir, 16,7 millones más que en el escenario con retenciones, equivalente a un incremento del 10,1%.

El informe destaca que el mayor impulso provendría del complejo sojero, seguido por el maíz, consolidando el rol estratégico de estos cultivos en la matriz agroexportadora argentina.

El efecto también se trasladaría al frente externo. Según la simulación, la eliminación de retenciones permitiría exportar 14,1 millones de toneladas adicionales hacia 2036.

En términos de valor, esto se traduciría en un ingreso extra de divisas por US$ 6.400 millones anuales, elevando el total exportado del complejo agroindustrial a US$ 50.500 millones, frente a los US$ 44.100 millones proyectados en el escenario base.

Dentro de este crecimiento, el complejo soja volvería a ocupar un lugar central, aportando más de US$ 5.200 millones adicionales respecto al escenario sin cambios en las alícuotas.

Sin DEX, el campo podría producir 10% más y generar US$ 6.400 millones extra en exportaciones

Uno de los puntos más relevantes del informe es el análisis fiscal. Si bien la eliminación de los derechos de exportación implica una caída inicial en la recaudación nacional, el estudio sostiene que este efecto es transitorio y se compensa rápidamente por otras vías.

Por un lado, la mejora en la rentabilidad del sector amplía la base imponible de tributos como el Impuesto a las Ganancias y el impuesto a los Débitos y Créditos. Por otro, la mayor producción y la inversión generan un efecto multiplicador sobre el resto de la economía, impulsando la recaudación de otros impuestos.

De acuerdo con las proyecciones, el Estado nacional comenzaría a obtener un saldo fiscal positivo a partir del ciclo 2029/30. Para 2036, la recaudación superaría en US$ 296 millones al escenario con retenciones vigentes.

Las provincias, en tanto, aparecen como beneficiarias desde el inicio del proceso. Dado que los DEX no son coparticipables, su eliminación no afecta directamente sus ingresos. En cambio, la mayor actividad económica amplía la recaudación de tributos propios como Ingresos Brutos y Sellos.

Sin DEX, el campo podría producir 10% más y generar US$ 6.400 millones extra en exportaciones

El informe estima que hacia 2036 las provincias podrían recaudar US$ 989 millones adicionales respecto al escenario base, impulsadas tanto por el crecimiento directo del sector como por los efectos indirectos sobre la economía regional.

Al considerar el consolidado entre Nación y provincias, el punto de equilibrio fiscal se alcanzaría en 2028, apenas un año después de iniciada la reforma. El único período con saldo negativo sería 2027, con una pérdida estimada de US$ 153 millones producto de la reducción inicial de alícuotas.

A partir de entonces, el aumento de la recaudación compensaría y superaría la caída de los DEX. Para 2036, el superávit fiscal consolidado alcanzaría los US$ 1.286 millones anuales en comparación con el escenario base.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este viernes del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el acto, el mandatario destacó “la importancia institucional de la actividad, porque refleja el esfuerzo de miles de productores agropecuarios que creen en la fuerza del trabajo y del campo”, y remarcó que ambos factores “definen la identidad productiva de la provincia”.

Pullaro sostuvo que “el Estado tiene que apostar al desarrollo de infraestructura para producir más” y señaló que, tras 28 meses de gestión, la Provincia puede exhibir avances concretos. “Hoy podemos mostrar que las principales obras comprometidas están en ejecución: los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista, el Camino de la Cremería y las rutas transversales que conectan con los nodos portuarios”, detalló.

En esa línea, enfatizó que estas inversiones buscan mejorar la logística del transporte de cargas: “Nuestros transportistas no pueden seguir atravesando las dificultades que enfrentan cada vez que intentan llegar a los puertos”.

El gobernador subrayó que esas obras “no corresponden a la Provincia, sino al Estado nacional”, al que le atribuyó la responsabilidad por el mantenimiento de las rutas nacionales. “Es la Nación la que percibe las retenciones agropecuarias, recursos que deberían destinarse a infraestructura”, indicó.

No obstante, afirmó que la provincia decidió intervenir: “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo. Aunque no recibamos esos fondos, invertimos porque son nuestros productores, industriales y camioneros quienes transitan esas rutas”.

Pullaro este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario. Crédito: Marcelo Manera

Pullaro también cuestionó el estado de la red vial nacional: “Ya no se trata de pozos, sino de verdaderos cráteres”, graficó.

Sobre la eventual transferencia de rutas a la órbita provincial, el mandatario sostuvo que responde a una falta de acción del Gobierno nacional: “Si asumimos esa responsabilidad es porque los santafesinos lo necesitan y porque el Estado nacional no lo hace aunque el equilibrio fiscal se sostiene, en gran medida, con recursos de las provincias”.

En ese contexto, planteó la necesidad de un enfoque más amplio de la política económica: “No alcanza con recortar o pensar únicamente en timba financiera; es imprescindible fortalecer el sistema productivo”.

El gobernador también destacó las políticas de financiamiento impulsadas por la Provincia. “Tenemos acuerdos con ocho entidades financieras para ofrecer tasas subsidiadas y un fondo de garantía que permite sostener a nuestras empresas en un contexto de recesión”, explicó.

Asimismo, volvió a pedir la eliminación de las retenciones por parte de Nación, y defendió la política tributaria provincial: “Santa Fe tiene hoy la menor carga impositiva de los últimos veinte años. El campo no paga Ingresos Brutos y la industria tributa el 0,7%”, precisó.

En cuanto a incentivos, señaló que las empresas pueden deducir parte de los salarios de nuevos empleados -hasta 1,7 millones de pesos- y también un porcentaje del consumo eléctrico. “Más de 1.500 firmas ya adhirieron a estos beneficios y unas 4.000 utilizaron la deducción por energía”, puntualizó.

Pullaro advirtió que estas medidas implicarán una menor recaudación para la Provincia: “Cuando todos accedan a estos beneficios, el Estado dejará de percibir unos 82.000 millones de pesos este año. Aun así, creemos que es el camino: más financiamiento, más infraestructura y menos impuestos”.

Por último, el mandatario agradeció el respaldo institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario durante los momentos más críticos en materia de seguridad. “Al inicio de la gestión enfrentamos una situación compleja. Tomamos decisiones firmes en las cárceles y en las calles, y demostramos que cuando el Estado actúa con determinación, puede revertir escenarios adversos”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que actualmente la provincia registra “la tasa de violencia y de delitos más baja del siglo”.

Del acto participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; y las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Miguel Simioni, entre otros.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este viernes del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.Durante el acto, el mandatario destacó “la importancia institucional de la actividad, porque refleja el esfuerzo de miles de productores agropecuarios que creen en la fuerza del trabajo y del campo”, y remarcó que ambos factores “definen la identidad productiva de la provincia”.Pullaro sostuvo que “el Estado tiene que apostar al desarrollo de infraestructura para producir más” y señaló que, tras 28 meses de gestión, la Provincia puede exhibir avances concretos. “Hoy podemos mostrar que las principales obras comprometidas están en ejecución: los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista, el Camino de la Cremería y las rutas transversales que conectan con los nodos portuarios”, detalló.En esa línea, enfatizó que estas inversiones buscan mejorar la logística del transporte de cargas: “Nuestros transportistas no pueden seguir atravesando las dificultades que enfrentan cada vez que intentan llegar a los puertos”.

“Nos hacemos cargo”El gobernador subrayó que esas obras “no corresponden a la Provincia, sino al Estado nacional”, al que le atribuyó la responsabilidad por el mantenimiento de las rutas nacionales. “Es la Nación la que percibe las retenciones agropecuarias, recursos que deberían destinarse a infraestructura”, indicó.No obstante, afirmó que la provincia decidió intervenir: “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo. Aunque no recibamos esos fondos, invertimos porque son nuestros productores, industriales y camioneros quienes transitan esas rutas”.Pullaro también cuestionó el estado de la red vial nacional: “Ya no se trata de pozos, sino de verdaderos cráteres”, graficó.Sobre la eventual transferencia de rutas a la órbita provincial, el mandatario sostuvo que responde a una falta de acción del Gobierno nacional: “Si asumimos esa responsabilidad es porque los santafesinos lo necesitan y porque el Estado nacional no lo hace aunque el equilibrio fiscal se sostiene, en gran medida, con recursos de las provincias”.En ese contexto, planteó la necesidad de un enfoque más amplio de la política económica: “No alcanza con recortar o pensar únicamente en timba financiera; es imprescindible fortalecer el sistema productivo”.

Mayor financiamiento y reducción impositivaEl gobernador también destacó las políticas de financiamiento impulsadas por la Provincia. “Tenemos acuerdos con ocho entidades financieras para ofrecer tasas subsidiadas y un fondo de garantía que permite sostener a nuestras empresas en un contexto de recesión”, explicó.Asimismo, volvió a pedir la eliminación de las retenciones por parte de Nación, y defendió la política tributaria provincial: “Santa Fe tiene hoy la menor carga impositiva de los últimos veinte años. El campo no paga Ingresos Brutos y la industria tributa el 0,7%”, precisó.En cuanto a incentivos, señaló que las empresas pueden deducir parte de los salarios de nuevos empleados -hasta 1,7 millones de pesos- y también un porcentaje del consumo eléctrico. “Más de 1.500 firmas ya adhirieron a estos beneficios y unas 4.000 utilizaron la deducción por energía”, puntualizó.Pullaro advirtió que estas medidas implicarán una menor recaudación para la Provincia: “Cuando todos accedan a estos beneficios, el Estado dejará de percibir unos 82.000 millones de pesos este año. Aun así, creemos que es el camino: más financiamiento, más infraestructura y menos impuestos”.

Tasa de violencia más baja del sigloPor último, el mandatario agradeció el respaldo institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario durante los momentos más críticos en materia de seguridad. “Al inicio de la gestión enfrentamos una situación compleja. Tomamos decisiones firmes en las cárceles y en las calles, y demostramos que cuando el Estado actúa con determinación, puede revertir escenarios adversos”, afirmó.En ese sentido, aseguró que actualmente la provincia registra “la tasa de violencia y de delitos más baja del siglo”.Del acto participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; y las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Miguel Simioni, entre otros.

(Por Agustina Azcoaga) - La producción nacional de leche alcanzó en 2025 los 11.618 millones de litros, el volumen más alto de los últimos diez años y el segundo en toda la historia del sector.

Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, destacando que el incremento interanual fue del 9,7% en relación con 2024.

Según el informe de la Dirección Nacional de Lechería, la tendencia positiva se mantiene de forma sostenida y refleja el impacto de un proceso de modernización y tecnificación en los tambos argentinos.

La producción nacional de leche alcanzó el volumen más alto de los últimos diez años y el segundo en toda la historia del sector.

La adopción de sistemas automatizados, el uso de robots de ordeñe y la mejora en la eficiencia del manejo y la alimentación son algunos de los factores que explican el salto productivo.

La producción nacional de leche alcanzó el volumen más alto de los últimos diez años y el segundo en toda la historia del sector.

El impulso del sector también se vincula con el acceso a líneas de financiamiento específicas y políticas que fomentan la inversión productiva.

Desde el lanzamiento de los créditos en valor producto, a través del Banco BICE, se destinaron más de $20.000 millones al sector tambero, lo que posibilitó un incremento del 20% en los sistemas rotativos y del 30% en robots de ordeñe.

Este proceso refleja un hito histórico en la incorporación de tecnología y en la modernización de la producción primaria.

A las mejoras tecnológicas se sumaron condiciones climáticas favorables y una rentabilidad positiva para los productores, junto con un crecimiento del 13% en las exportaciones de leche y derivados entre enero y noviembre de 2025, que totalizaron 2.775 millones de litros equivalentes.

Con este panorama, la lechería argentina consolida su rol como sector estratégico dentro del entramado agroindustrial, capaz de generar empleo, valor agregado y desarrollo territorial.

La producción nacional de leche alcanzó el volumen más alto de los últimos diez años y el segundo en toda la historia del sector.

El desafío hacia adelante, será sostener este ritmo de crecimiento, profundizando las políticas de innovación, sustentabilidad y competitividad.

La reducción de retenciones anunciada por el gobierno nacional implicaría que unos US$114 millones anuales que hasta hoy iban al fisco nacional, se quedarán en manos de productores y empresas santafesinas. Es el efecto más relevante de la medida que acaba de anunciar la administración de Javier Milei.

Pero si esa es la magnitud de uno o dos puntos de reducción en los derechos de exportación de granos y derivados que salen de la economía santafesina, según las estimaciones del equipo económico que conduce el ministro Pablo Olivares, no es difícil entender por qué la administración Pullaro ha insistido en la eliminación total de las retenciones al campo.

¿Cuánto se va de los bolsillos santafesinos por los aranceles aún vigentes? Vale recordar que la medida nacional supone bajas parciales: Soja: de 26% a 24%; Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%; Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%; Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5% y Girasol: de 5,5% a 4,5%. Impuestos que se pagan en economías productivas; contrastes con las regalías a provincias mineras o petroleras.

Sin un cálculo específico de los volúmenes y valores FOB exportables por cada complejo, no es posible inferir del cálculo del ministerio de Economía santafesino, cuánto es el total de lo que Nación aún recauda en Santa Fe. Pero vale recordar un estudio de la Bolsa de Rosario de 2024, que estimó que los productores santafesinos pagaron US$ 4.370 millones de ese impuesto nacional en 2022.

La Bolsa de Comercio de Rosario había estimado que en 2025, bajo el esquema vigente de alícuotas hasta ayer, la recaudación total por DEX para exportaciones de soja, trigo, maíz, girasol, cebada y sorgo sería de alrededor de US$ 8.165 millones. Esi sin que Nación haga inversiones en infraestructura para el principal complejo exportador.

La misma entidad expuso en un informe del 2024 que los productores de la provincia de Santa Fe ponen de sus bolsillos el 40% del total de los derechos de exportación que recauda el gobierno nacional. Un recurso que además no se coparticipa, es decir que sale de los bolsillos privados de la provincia y tampoco vuelve parcialmente al fisco santafesino.

Aquél reporte de Guido D’Angelo y Emilce Terré permite inferir la millonaria magnitud de lo que el gobierno central saca de los bolsillos de la principal economía santafesina, cuyo producto no sólo deja de dinamizar a la propia producción sino que debilita su complejo entramado.

En la lista del ecosistema, además de los contratistas y los dueños de los campos, hay ingenieros agrónomos, contadores, semilleros, proveedores de insumos, desarrolladores de tecnología para agricultura de precisión, fabricantes de maquinaria agrícola. Y vendedores de “chatas” que sostienen el hub industrial automotriz argentino. La lista sigue.

Para mediados de 2024, el economista Salvador Vitelli calculó que el gobierno central se llevó de las cadenas agroindustriales un total de US$ 223 mil millones por retenciones desde que Eduardo Duhalde las repuso “provisoriamente” en 2002.

Más allá de la serie histórica, para los números del preente, con la baja relativa de entre uno y dos puntos de retenciones, el impacto fiscal para la provincia es menor. En la Casa Gris estiman que al Estado provincial podrían ingresar otros US$ 8 Millones anuales como resultado de mayor coparticipación de tributación interna (Impuesto a las Ganancias e IVA).

Nadin Argañaraz -del Instituto Argentino de Análisis Fiscal- explicó que “la renta que antes era capturada por el Estado nacional, pasa a los productores. Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como ganancias, IVA y presión tributaria general por ambos destinos del ingreso”.

“Lógicamente, esto genera una recaudación adicional para los tres niveles de gobierno”, expone Argañara. Para el gobierno nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del impuesto a las Ganancias dada la distribución de coparticipación, se reduce el costo fiscal directo a US$ 520 millones -equivalente a $704.600 millones- y a 0,08% del PBI.

Agustina Azcoaga

El Gobierno nacional anunció ayer una nueva baja en los derechos de exportación para granos y subproductos agrícolas, con el objetivo de mejorar la competitividad y fortalecer las exportaciones.

La medida fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X, y contempla una reducción de entre uno y dos puntos porcentuales en las retenciones a la soja, el trigo, el maíz, la cebada y el girasol.

En diálogo con Campolitoral, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, valoró la decisión como un paso en la dirección correcta, aunque consideró que su efecto económico será moderado en el corto plazo.

“Todo lo que sea reducción de las retenciones nos significa un aumento en el precio que nos pagan por nuestros productos”, explicó Argenti. Sin embargo, aclaró que este efecto no siempre se refleja de manera directa: “Depende también del valor del mercado, porque nosotros vendemos productos que tienen una cotización internacional, como los commodities. No somos formadores de precios”, aseguró.

El dirigente consideró que la medida ratifica la voluntad del presidente Javier Milei de continuar reduciendo las retenciones en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan, y recordó que el mandatario ha reconocido públicamente que este tipo de impuestos representan un perjuicio para el productor agropecuario.

Argenti insistió en que las retenciones constituyen “un impuesto absolutamente injusto e inconstitucional”. El dirigente explicó que el sector agropecuario es el único que afronta retenciones directas sobre los precios de venta y no sobre las ganancias, una situación que —según señaló— muchas veces no es comprendida por la sociedad.

Para graficarlo, agregó un ejemplo:

“Si un productor vende algo a mil pesos y tiene una retención del 30%, no cobra mil, sino 700. Y si con esos 700 no cubre sus costos, no puede hacer absolutamente nada. En cambio, un impuesto sobre la ganancia se aplica una vez que uno sabe si ganó o perdió.” Y remarcó: “Somos uno de los pocos países del mundo que sufre este tipo de impuestos”.

Respecto de los sectores beneficiados, el presidente de la Rural santafesina indicó que la medida alcanza “fundamentalmente a los productos agrícolas”.

“En el caso de la soja y el trigo fueron dos puntos. Es una buena medida, sobre todo para el trigo, que viene muy deprimido por una cosecha récord y un exceso de oferta”, detalló el presidente.

Argenti analizó que el contexto de sobreproducción de trigo y escasez de maíz generó una situación atípica:

“Hoy el trigo vale menos que el maíz, algo que históricamente nunca ocurría. Pero esto se debe a que la chicharrita del maíz afectó fuertemente la cosecha, y por eso hay menos oferta.”, aseguró.

A su juicio, quienes puedan conservar el cereal podrían verse beneficiados en los próximos meses:

“El trigo se va a acomodar con el tiempo. Quien lo pueda guardar, va a ganar plata, porque va a levantar en precio.”, afirmó Argenti.

Sobre el posible impacto de la medida en la producción provincial, Argenti fue claro: “No es una disminución tan sustancial como para que alguien cambie su intención de siembra o de no siembra. Son medidas que corrigen distorsiones, pero en muy poca cantidad de plata.”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el anuncio no modificará las decisiones productivas ya tomadas, aunque destacó su valor simbólico:

“Nadie va a sembrar más soja por esta baja, pero sí nos alegra que el presidente nos siga teniendo en cuenta. Es una señal positiva”, concretó el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe.

El secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, Juan Carlos Pujato, también destacó la reducción de retenciones y consideró que marca una hoja de ruta clara hacia la disminución de la presión fiscal sobre el sector agropecuario.

“La baja de impuestos obviamente favorece al sector. A pesar de que todavía tenemos un 24% en soja y un 22,5% para los subproductos, es importante esta quita porque reafirma el rumbo del gobierno”, expresó en el parte de prensa de la institución.

El dirigente aseguró que la medida llega aporta previsibilidad:

“Es la primera vez en mucho tiempo que hay un plan o por lo menos una hoja de ruta. No sabemos el cuándo, pero sí sabemos que se van a bajar impuestos, y eso nos motiva.”

Si bien valoró la decisión nacional, Pujato señaló que la medida no beneficia por igual a todos los sectores productivos. En este sentido, sostuvo que la rebaja beneficia principalmente al sector agrícola, mientras que los productores ganaderos del norte santafesino continúan afectados por la sequía y una estructura impositiva “sofocante”.

“Esta medida tiene un impacto directo en los productores agrícolas, pero no en los ganaderos, que enfrentan múltiples cargas municipales y provinciales. Pagan Tasa por Hectárea, el Inmobiliario Rural, aportes a Comités de Cuenca y además impuestos indirectos como Ingresos Brutos”, explicó en el parte de prensa de la Sociedad Rural.

En ese sentido, el dirigente llamó a que los gobiernos provinciales y locales acompañen el esfuerzo nacional: “Si Nación está haciendo un esfuerzo grande por bajar la carga impositiva, es momento de que provincias, comunas y municipios tomen nota y vayan en la misma dirección”, finalizó.

El plan del Gobierno para conseguir la liquidación exprés de USD 7.000 millones de las exportaciones del campo a cambio de quitar las retenciones dejó hasta ahora bastante menos de la mitad de esa cifra en manos del Tesoro, una discusión abierta por el precio que recibieron los productores y dudas acerca de si fue o no un buen negocio para el Gobierno, que cedió USD 1.500 millones en recaudación tributaria.

En menos de 48 horas los exportadores declararon sus ventas. Hasta el 1 de octubre se liquidaron USD 6.100 millones, ya que la norma obligaba a vender los dólares en 3 días hábiles por un 90% de lo declarado.

En ese punto, se desataron dos carreras simultáneas: la del Gobierno, por quedarse con la mayor parte posible de esas divisas para alimentar las reservas del Banco Central y la de los propios exportadores, que debieron salir a comprarle sus tenencias al productor. En ambos temas, en especial el segundo, hay que esperar algún tiempo más para tener los números finos. Pero la decisión ya se tomó.

En el caso de la soja, ya se liquidaron 5,8 millones de toneladas sobre un total declarado de 11,9 millones, por lo que los exportadores ya compraron la mitad de lo que necesitan para cumplir con sus compromisos, beneficiados con la quita de las retenciones del 26%.

¿Qué precio le pagaron al productor? El consultor Javier Preciado Patiño explica la secuencia: “Antes del anuncio de la baja de retenciones, la tonelada estaba en USD 300 promedio para el productor. Con la medida, subió a USD 360, por debajo de lo que teóricamente debía subir por la quita del 26%. Pero cuando pasaron los días de liquidación sin retenciones, no volvió a USD 300 sino que quedó por encima de USD 350″.

Por eso, Preciado Patiño considera que el exportador, para la otra mitad del negocio, deberá reconocerle al productor un precio superior al habitual dado que “hacia el final de la campaña hay menos soja y el valor tiende a subir.

El viernes 3 se operó a un valor de USD 354. “Es un precio de equilibrio, ya que los productores siguen vendiendo a ese valor. Se están vendiendo 400.000 toneladas por día, el doble de lo normal para esta etapa de mercado”, explicó. Desde la posición del productor, agregó, hay dos opciones: esperar con la expectativa de que el precio suba después de octubre o bien vender ya y con los pesos comprar dólares “baratos”, si se prevé que después del 26 de octubre el tipo de cambio será más alto.

¿Con cuántos dólares se quedó el Gobierno? Como el BCRA puede comprar dólares para sus reservas solamente cuando el precio está en el techo de la banda, el Tesoro hizo “compras en bloque” para quedarse con esas divisas y demostrarle al mercado que tiene poder de fuego para responder a la corrida.

“El objetivo central de la medida era acumular divisas para enfrentar la creciente presión cambiaria y despejar dudas sobre la capacidad de pago de los próximos vencimientos, reflejadas en el repunte del riesgo país. Sin embargo, el resultado fue modesto", señala un informe de Invecq.

La consultora explicó que, hasta el miércoles 1°, mientras la liquidación sin retenciones llegó a USD 6.100 millones los depósitos del Tesoro aumentaron en USD 1.157 millones (hubo pagos a organismos por USD 500 millones). La cuenta no cerró por ningún lado porque “no solo se compró el 35% del total anticipado por el sector, sino que en octubre ya empezó a vender”. En suma, cuando se haga la cuenta final al Tesoro le quedarán algo más de USD 2.500 millones.

Según estimaciones del mercado, ya que el Gobierno no lo informa oficialmente, el Tesoro vendió cerca de USD 850 millones en los tres primeros días de octubre. ¿Cuánto habrán costado esas ventas, sobre todo si se las mide en lo que no se recaudó por retenciones?

El plan oficial tiene otro problema por delante que es la merma de oferta de dólares para después de las elecciones. Liquidar fuerte no implica un incremento de la oferta: lo que ingresó ahora, dejará de ingresar más adelante.

“La perspectiva de oferta de dólares del sector para lo que resta del año cae significativamente: puede rondar entre USD 300 y USD 1.000 millones promedio por mes. Más allá de la amplitud del rango, cualquiera de los dos números es preocupante si se tiene en cuenta que el promedio mensual histórico para el último trimestre del año ronda los USD 1.500 millones”, afirmó un reporte de LCG.

“Este ha sido uno de los factores que reforzó las expectativas de depreciación en los últimos días, aumentando la probabilidad de un cambio en el esquema cambiario tras las elecciones”, agregó.

(Por Gonzalo Zentner) - La semana que pasó no fue una más para el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza. Trazada por una serie de cuestiones económicas importantes, los días pasados transcurrieron con una inusitada intensidad. Mientras tanto, se sabía que el viaje del presidente a EE.UU para participar de la 80° Asamblea General de la ONU y encontrarse con Donald Trump y el FMI, estaba “postergado”.

22 de septiembre, 10 horas, puntual. El Banco Nación informa la cotización oficial de apertura: $1.515. El valor nominal más alto de los últimos meses y de toda la gestión libertaria. Ese fue el precio con el que cerró la cotización la semana anterior.

Sin embargo, unos minutos antes un silencioso pero contundente posteo en redes sociales desató una “furia” en los mercados vinculados a Argentina. Nada menos que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos apoyó abiertamente y con firmeza a la gestión Milei.

“Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”, publicó en X (ex Twitter) Scott Bessent. El funcionario de peso de la administración Trump acompañó esos dichos con algunas opciones que barajan para asistir al gobierno argentino.

Tras cartón, la titular del FMI, Kristalina Georgieva publicó un mensaje en consonancia. “Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, dijo.

Las señales fueron bien recibidas y los mercados reaccionaron positivamente. Comenzó a retroceder el dólar y el Riesgo País; mientras subían las acciones y bonos argentinos.

Tras las buenas noticias económicas y el espaldarazo norteamericano, el presidente argentino partió rumbo a Nueva York. A su llegada, el equipo oficial aceleró la marcha y consiguió la ansiada reunión con el mandatario de EE.UU.

“Nunca los defraudará”, fue una de las frases de Trump para con Milei. Mientras en Estados Unidos se formalizaba el apoyo, en Argentina los mercados continuaron acompañando el minuto a minuto. Esa jornada el dólar oficial bajó a $1,385.00 para la venta.

El encuentro también contó con la participación del ministro Caputo, que no se guardó en elogios: “fue realmente emocionante la reunión”. “Le dijimos (a Trump) que para nosotros es un aliado estratégico y que hay muchísimas cosas que estamos haciendo juntos y vamos a hacer”, sumó el titular de Economía.

En simultáneo, se aplicó una medida extraordinaria: se quitaron las retenciones a la soja y otros granos. Con un cupo de 7 mil millones de dólares o hasta el 31 de octubre. Ocurrió lo primero, en 48 horas.

Trump recibió a Milei en Nueva York. Reuters

Tras la reunión con el presidente norteamericano, fue el turno del encuentro con el FMI. “La reunión fue excelente. Argentina está yendo en la dirección correcta”, resumió Georgieva.

“Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo la inflación hacia abajo, la actividad económica hacia arriba, la pobreza hacia abajo y el bienestar del pueblo argentino hacia arriba", sumó la titular del Fondo.

El respaldo de la entidad crediticia internacional fue bien visto en el país y el dólar oficial continuó en descenso. Cerró el miércoles a $1,360.00 para la venta en el Banco Nación.

Esa misma jornada, el gobierno norteamericano dejó entrever que el swap que podría aplicar para Argentina sería de 20 mil millones de dólares. Y fue el turno de Milei ante la ONU: “Argentina hoy tiene un gobierno que decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil", enfatizó el mandatario.

El presidente argentino ante la ONU. Reuters

En medio de los anuncios y apoyos internacionales, en la Argentina se conoció el dato de pobreza. Con puntualidad suiza, el Indec informó a las 16 que en el primer semestre de 2025 el porcentaje fue 31,6%, lo que marcó un descenso del 21,3% en relación al mismo período de 2024. La indigencia, por su parte, alcanzó al 6,9% de la población, una caída del 1,3% interanual.

La información fue celebrada por los principales dirigentes de la Libertad Avanza, incluyendo al presidente y sus ministros. Esa misma tarde, el INDEC también difundió este jueves el índice de salarios de julio de 2025, en el que señala que los sueldos se incrementaron 2,5% en comparación a junio, del 53,2% en la medición interanual y un acumulado de 23,7% desde diciembre.

El dólar oficial anotó otra baja. $1,355.00 cerró para la venta en Banco Nación, valor considerado como el de referencia en el mercado cambiario.

Con el dólar tranquilo, el gobierno detectó movimientos que en la jerga bursátil se conoce como “rulo” o “puré”; que no es otra cosa que aprovechar las diferencias entre la cotización oficial y la del MEP, por ejemplo.

Según estimaciones del propio gobierno, no eran demasiados esos compradores y aplicó una restricción, que había sido suprimida en la última “liberación” cambiaria. Quienes compren oficial no podrán operar con los financieros.

La Comunicación “A” 28336 establece que quienes compren dólares por el canal oficial quedarán inhabilitados para operar con bonos en moneda extranjera durante 90 días.

“La medida del BCRA no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar en el MLC. Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita. Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros. La decisión busca evitar distorsiones en el mercado de cambios”, explicó Federico Furiase, economista del equipo de Caputo.

Como corolario de una intensa semana, la cotización del dólar oficial cerró el viernes en $1,350.00 para la venta; es decir, 165 pesos menos que la semana anterior. Otro dato positivo para el gobierno, fue que el Banco Central informó que subieron las reservas en unos 2 mil millones de dólares (41.238) y no hubo intervención en el mercado cambiario.

Según los números estimados por la Bolsa de Comercio de Rosario, las declaraciones juradas de exportaciones de granos y derivados ya equivalen al 59,7% del tope de 7.000 t sin retenciones establecido por el Decreto 682/2025. El valor equivalente a unos US$4.181 millones no tardará en engrosar las reservas del BCRA.

¿Hay plata para bajar retenciones pero no para financiar el costo de las leyes que aprueba el Congreso? Mientras la oposición reclama una moción de censura para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplimiento en la ley de Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada apura la acumulación de reservas.

Según el Ieral de la Fundación Mediterránea, el costo fiscal de las retenciones “cero” para granos más derivados y productos cárnicos, puede rondar entre 0,10% y 0,25% del PIB, según mix de productos que alcancen el cupo, lo que sucedería mucho antes del 31 de octubre.

La liquidación de exportaciones ofrecería calma financiera adicional a un gobierno que, con la sola “amenaza” de respaldo desde Estados Unidos, hizo retroceder al dólar, las tasas y el Riesgo País, al tiempo que incrementó el valor de los bonos soberanos.

Y si bien habrá un impacto en el margen sobre los precios internos, será la primera vez -en los últimos 40 años- que los precios internos convergerán con los precios internacionales, “al no haber restricciones cuantitativas sobre volúmenes ni impuestos específicos en el mercado de exportación”, según destaca un informe del Ieral/Fundación Mediterránea.

Superó la expectativas de liquidación.

Es muy posible que el gobierno logre hacer ingresar el total del cupo previsto en el decreto. La Bolsa rosarina tomó como referencia la campaña 2024/25 de trigo, maíz, soja y sus derivados, para estimar un volumen de despachos al exterior por 91,6 Mt. “De éstas, 63 Mt ya se han vendido, y registrado su respectiva Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) antes del 22 de septiembre.

“Si se valúa la mercadería que resta vender al exterior de la campaña 2024/25 al precio FOB de exportación vigente el día viernes, se estima que el valor total del trigo, el maíz, y el poroto, la harina y el aceite de soja que resta vender al exterior para cumplir con el programa exportador estimado para la campaña alcanza US$ 9.770 millones”.

Cabe recordar que el Decreto publicado en el Boletín Oficial pone un límite a las operaciones beneficiadas con la eliminación temporal de retenciones, de 7.000 millones de dólares en ventas al exterior o hasta el 31 de octubre, lo que suceda primero.

Según las cuentas anteriores al decreto, sólo los productos del complejo soja contribuirían con US$ 7.460 millones, o un 75% del total del cupo, seguido por el maíz que resta anotar ventas al exterior por 2.196 millones, un 24% del total.

En trigo el remanente es más acotado, considerando que la campaña en curso finaliza el próximo noviembre, quedando pendiente la registración de ventas al exterior por US$ 114 millones o un 1% del total estimado.

La soja vuelve a ser noticia.

Franco Artusso y Tobías Lucero, responsables de la sección Agroindustrial del Ieral/Fundación Mediterránea, señalaron que el efecto neto de la eliminación de exportaciones “dependerá del destino que los productores y exportadores asignen a los pesos obtenidos por la comercialización de granos.

“En la medida en que dichos fondos se orienten a la dolarización inmediata -posibilidad vigente para personas físicas-, la mayor oferta de divisas podría verse parcialmente compensada por un incremento de la demanda en el MULC. También podría suceder que la dolarización se realice vía los mercados financieros, observándose entonces una posible ampliación de la brecha cambiaria hasta tanto dure el programa”.

Advierten que “alternativamente, si los recursos se destinasen a activos financieros en pesos, la adquisición de insumos o bienes de capital, la realización de inversiones productivas o consumo en el mercado interno, el impacto será diferente y la medida tendrá resultados más acordes a los deseados, contribuyendo a incrementar la oferta neta de dólares”.

“El aumento en la cotización interna de los granos eleva los costos de producción en actividades que dependen de ellos como insumo principal -entre ellas, la producción animal en sistemas intensivos, los tambos, la molienda y la elaboración de biocombustibles-, generando presiones adicionales sobre los precios de dichos bienes, varios de los cuales tienen un peso significativo en la canasta del consumidor”.

Los especialistas del Ieral aclaran que “no obstante, el impacto final sobre los precios internos dependerá de la magnitud efectiva del traslado, condicionado por la reciente baja del tipo de cambio oficial y por otros factores que inciden en la formación de precios en el mercado”.

La eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes, anunciada por el Gobierno nacional hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un ingreso de 7.000 millones de dólares, generó repercusiones inmediatas en el interior productivo. Esteban Boyle, consignatario de hacienda con larga trayectoria en el sector y expresidente de la Sociedad Rural, aportó su mirada sobre el impacto de la medida en el mercado.

“Más que el 31 de octubre, el gobierno pone un límite en plata: 7.000 millones de dólares. Cuando se alcance ese monto, se corta la quita de retenciones. Esto es un apuro por dólares, como cuando otros gobiernos pedían adelantos a los exportadores. Son manotazos de abogados”, cuestionó.

En este sentido, aclaró que la medida poco tiene que ver con los precios que paga el consumidor en la carnicería: “El precio de la carne está determinado por la oferta y la demanda, no por un 5% de retenciones. Hoy preocupa que ingresaron apenas 3.800 cabezas al mercado, lo que ya empieza a empujar los precios hacia arriba”.

Según Boyle, los feedlots enfrentan un problema adicional: “El maíz, con esta media puede trepar. Ese aumento en el costo de alimentación, sumado a la escasez de hacienda, va a provocar que los engordadores reduzcan la reposición. Y ahí sí habrá un impacto directo en el mostrador, con aumentos significativos”.

El consignatario recordó que, más allá de las medidas coyunturales, diciembre y enero son meses donde el precio de la carne habitualmente se dispara por cuestiones estacionales: “Son los meses más violentos en términos de suba. Ya hemos tenido cortes más caros que los actuales, pero si se combina maíz caro, invernada cara y falta de hacienda, los valores van a volver a escalar”.

Incluso ejemplificó con la variación de precios en los últimos meses: “Hemos llegado a pagar un matambre entre 17.000 y 18.000 pesos, cuando hoy ronda los 13.000 o 14.000. Pero no tengan dudas de que podemos volver a esos valores, o incluso superarlos, si persiste este combo negativo”.

A nivel de consumo, Boyle señaló que la demanda se mantiene estable: “El consumo nunca despegó, pero hoy está un poco mejor porque los precios bajaron algo. Estamos en torno a los 50 kilos per cápita al año. Cuando sube el pollo o el cerdo, la gente vuelve a la carne vacuna”.

También puso el foco en las diferencias entre los cortes destinados a exportación y los de consumo interno: “En algunos supermercados de exportación ves una costilla a 7.000 pesos, porque ese corte no lo exportan y lo tiran al mercado interno. Mientras tanto, la media res se paga 6.000 pesos. Esa diferencia no la puede cubrir ninguna retención”.

Para Boyle, la medida del Gobierno está dirigida a los exportadores y no cambiará el escenario del consumidor común: “Si vas a la carnicería, no vas a sentir la quita de retenciones. Lo que realmente incide es si llueve, si hay hacienda gorda o no, y si el feedlotero repone o no”.

En ese marco, dejó un consejo práctico: “El título que repito siempre es: no compren dólares, compren carne. El que tenga un freezer, que lo aproveche ahora. Compre un matambre y congélelo, porque en diciembre y enero los valores van a subir fuerte”.

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Esteban Boyle cuestionó la quita de retenciones y advirtió que, con maíz caro y poca hacienda, la carne subirá fuerte en diciembre y enero.

Agustina Azcoaga

El lunes el Gobierno nacional oficializó la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, girasol, maíz, cebada, sorgo, biodiesel y sus derivados, así como también a la carne bovina y aviar. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y ratificada mediante el Decreto Nº 682/2025 publicado en el Boletín Oficial, regirá hasta el 31 de octubre o hasta que se alcance un tope de liquidación de 7.000 millones de dólares.

Desde el sector agropecuario, la noticia fue recibida con expectativas. En diálogo con Campolitoral, el ingeniero agrónomo, productor santafesino y secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, Juan Carlos Pujato, compartió su visión sobre el impacto de la medida y los desafíos que enfrenta la producción.

“Nosotros como sector venimos reclamando por la eliminación de retenciones hace más de 20 años, y es la primera vez que se concreta. Lamentamos que sea parcial y que tenga un límite temporal, pero sin dudas es una muy buena medida”, señaló Pujato.

El dirigente explicó que, a nivel nacional, un 34% de la producción del 2025 está en manos de los productores, lo que representa unas 17 millones de toneladas. “Si eso se liquida, hablamos de más de 6.000 millones de dólares que ingresan al país. Puntualmente para el productor santafesino, toda mejora en el precio de venta de su producción es positiva”, comentó el productor.

La medida, según Pujato, beneficiará principalmente a los productores que aún disponen de soja y dudan si vender o no. En muchos casos, la mejora en el precio puede volcarse a la compra de insumos, la renovación de maquinarias o inversiones de corto plazo.

En cuanto a la planificación, consideró que el impacto será acotado. La campaña gruesa ya está definida en la mayoría de los establecimientos, y para cuando venza el plazo —el 31 de octubre— la soja estará prácticamente toda sembrada. Por eso, los beneficios de la medida alcanzan solo a la campaña en curso y no a la siguiente.

El dirigente reconoció que la decisión del Gobierno tomó por sorpresa al sector, ya que es la primera vez que se aborda la eliminación de retenciones “de forma seria y sistémica”. A su entender, la medida se da en un contexto político complejo, donde distintos sectores “se muestran incómodos con este nuevo sistema, con la existencia de superávit fiscal, el saneamiento de las cuentas públicas y el control de la inflación”.

Más allá de este alivio coyuntural, el secretario de la Rural de Santa Fe insistió en que la carga impositiva sobre el campo sigue siendo muy elevada. Recordó que muchos productores han quedado fuera del circuito en los últimos años y expresó inquietud respecto de lo que establece la nueva Constitución sobre autonomías municipales.

Según advirtió, existe el riesgo de que las comunas puedan fijar tasas que dejen de ser una contraprestación por servicios —como el mantenimiento de caminos— para transformarse en una carga tributaria adicional, lo que afectaría directamente a la producción en la provincia.

Respecto del futuro, Pujato fue claro: “Tenemos que pensar que el 1 de noviembre las retenciones van a volver a los valores originales. Vamos a seguir reclamando para que la eliminación sea definitiva”, manifestó el productor.

También subrayó la necesidad de que el beneficio llegue completo al productor: “Si la quita significa 100 dólares, eso debe reflejarse en la pizarra de Rosario, y no perderse en los eslabones de la cadena”, apuntó Pujato.

Finalmente, Pujato evaluó que la eliminación de retenciones representa una ventana de oportunidad limitada, que los productores pueden aprovechar para invertir o cubrir necesidades inmediatas. “Ojalá el Gobierno vea que el efecto cascada genera mayor recaudación por otros impuestos y entienda que la eliminación de retenciones no es una pérdida, sino un incentivo productivo. Es una medida positiva, aunque sea corta. Es un regalo que ojalá se vuelva permanente”, concluyó.

En una medida de carácter excepcional, el Gobierno Nacional anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de todos los granos hasta el 31 de octubre. El objetivo principal es incentivar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador y aumentar así la oferta de dólares en el mercado cambiario.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que la decisión busca contrarrestar "la incertidumbre" que, según el Ejecutivo, se genera para "boicotear el programa de gobierno".

La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero…

Adorni enfatizó que no se permitirá que "se castigue a los argentinos", por lo que esta política de retenciones cero busca generar un flujo de dólares que dé previsibilidad a la economía.

La medida, con una vigencia de poco más de un mes, alcanza a todos los cultivos.

Con esta resolución, el Gobierno procura fortalecer las reservas del Banco Central y enviar una señal de confianza al sector para que acelere sus operaciones de venta al exterior. La expectativa es que la medida impulse un mayor ingreso de divisas y refuerce la posición económica del país en un momento clave.

(Por Gustavo Capeletti) - En un decisorio al que tuvo acceso El Litoral, la magistrada subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de Reconquista hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por las docentes jubiladas María Claudia Nallip, Susana Antonia Zanier e Inés Mabel Speranza y ordenó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe el “cese de descuento del aporte solidario” efectuado a las demandantes y el pago de los incrementos de los haberes otorgados al sector en el plazo de 30 días.

La Dra. Jorgelina Yedro -jueza Civil y Comercial de Vera- declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 10 de la Ley de Reforma Previsional 14.283 para el caso concreto y dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por el gobierno provincial, empero aclaró que no correspondía el tratamiento de la restitución de las sumas descontadas hasta el momento puesto que «exceden el marco de la acción de amparo2.

La demanda fue impulsada por Nallip, Zanier y Speranza para detener las retenciones por el llamado “aporte solidario” y lograr la restitución de lo retenido en virtud de la norma impugnada más intereses, como también la liquidación de los aumentos paritarios que corresponden sin demora, asegurando el goce de la movilidad jubilatoria en los porcentuales ganados con anterioridad a la entra en vigencia de la ley reformista del sistema previsional provincial.

En su petición, alegaron la imposibilidad de transitar la vía administrativa u otra vía judicial, siendo el amparo la única vía judicial idónea por la urgencia del objeto que constituye la pretensión. Asimismo, expusieron que debido a su carácter de jubiladas docentes “pertenecen a la categoría jurídica legal, convencional y jurisprudencial considerada ‘vulnerable”.

En tanto, dieron cuenta que en base a la ley de “aporte solidario”, la Caja ya ha efectuado “descuentos compulsivos” de los haberes, tendientes a satisfacer el déficit financiero de la caja; y citaron que “se ha otorgado un aumento paritario al sector docente (09.10.2024) que ha tenido impacto en el sueldo», pero «dejando a los pasivos con sus jubilaciones ‘congeladas’».

En esa línea, afirmaron que la Caja y el Poder Ejecutivo “se encuentran aplicando normas inconstitucionales e inconvencionales, afectando con ello de manera directa los derechos adquiridos al amparo de la normativa anterior, que forman parte del patrimonio de los actores, en su magra jubilación docente”.

A Nallip se le descuenta el 2% de sus haberes mensuales, a Zanier el 3 %, mientras que Speranza solo persiguió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 10 en tanto su salario es menor al mínimo dispuesto.

Las jubiladas plantearon que “el daño comenzó a consumarse en su totalidad por los descuentos mencionados, más la perdida de la recomposición salarial, demorando el reajuste de las jubilaciones de manera inmediata», dejándolas sin movilidad ascendente durante meses”, y concluyeron que “del aumento de octubre de 2024 solo cobraron los primeros días del mes de enero de 2025 la primera cuota”, que los activos ya habían percibido en su totalidad. “(…) se está dando un supuesto de ilegalidad continuada y afectación de derechos reconocidos en tratados internacionales”, reclamaron, mediante su abogada.

«No puede desconocerse el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral y el carácter alimentario de todo beneficio previsional, ya que tiende a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su reconocida naturaleza de subsistencia». Jueza Jorgelina Yedro

En cuanto a su realidad económico -social en particular, Zanier padece patologías propias de la edad de carácter crónico; Speranza sufre depresión endógena, tiene hipertensión y colesterolemia; y Nallip también tiene padece enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes tipo II, ansiedad e insomnio.

“Las medidas tomadas en honor a la emergencia declarada y para paliarla, no pueden recaer sobre el sector más vulnerable”, aseguraron a través de una representante legal, para luego atacar los artículos de la ley de reforma jubilatoria por considerarlos “ilegítimos porque violentan normas superiores con raigambre constitucional” y de tratados internacionales.

La Fiscalía de Estado asumió la representación judicial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. En el planteo defensivo, el ente refirió que “no se verifica la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta alegada”, y postuló la inadmisibilidad del amparo por entender que la vía adecuada era la contencioso-administrativa. A la par, negó que correspondiere la restitución de los aportes efectuados, que “exceden el objeto de la acción de amparo”, y descartó la existencia de “arbitrariedad e ilegalidad invocada”.

En cuanto a la supuesta afectación gravemente desigual en perjuicio de los adultos mayores, remarcó que los trabajadores activos también han sido llamados a reforzar su esfuerzo por la ley 14283, y resaltó que “la emergencia previsional resulta constitucional, que los lineamientos que la avalan son: que se ha dictado en un contexto justificado, por medio de una ley, contando con plazo expreso y sin desnaturalizar ni aniquilar la esencia de los derechos garantizados constitucionalmente”.

En orden a la afectación al sector pasivo, señaló que la ley no afectó el “status de jubilado” sino que limita transitoria y razonablemente su contenido económico, en aras de la realización del interés general.

Por el contrario, para determinar que debía hacerse lugar a lo solicitado por las jubiladas, a su turno la Fiscalía Extrapenal advirtió que “se ha conculcado el derecho a la seguridad social, el que encuentra amparo legal internacional y nacional, y leyes nacionales y provinciales que regulan la seguridad social”.

La jueza Yedro sostuvo en su fallo del 9 de septiembre que por la naturaleza de la pretensión y la propia del amparo, la “decisión no admite más dilación”, y conforme los lineamientos de la Corte interpretó que era viable la admisión del proceso de amparo al verificarse cuatro requisitos.

Lesión actual: “No cabe duda alguna, respecto a que las amparistas Nallip y Zanier han visto disminuido sus haberes jubilatorios”.

Decisión manifiestamente arbitraria o ilegitima: “La reducción de los haberes jubilatorios de las amparistas y la postergación de los aumentos otorgados a los activos del sector afecta los derechos adquiridos de las peticionantes a gozar de los beneficios de la seguridad social, su derecho a la propiedad y atenta contra los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales”.

Inexistencia de otra vía idónea: “Puede colegirse que el tránsito por la vía administrativa acarrearía un perjuicio concreto, inminente y de prolongación sucesiva (mes a mes) a las amparistas apremiadas por efectivizar su pretensión de inmediata”

Afectación de derechos fundamentales: “La vulneración de los derechos de rango constitucional, se verifica a partir de la afectación de los beneficios de la seguridad social, el derecho a la propiedad y principio de progresividad”.

El fallo aun no está firme y el gobierno provincial puede apelarlo en un tribunal de alzada.

En el marco de la ExpoVenado 2025, el intendente Leonel Chiarella se refirió a varios temas que involucran al Gobierno nacional, pero que tienen directa incidencia en la región, como son las retenciones al agro y la desinversión en obras de infraestructura.

“Celebramos la decisión del presidente (Javier Milei) de bajar las retenciones, y esperamos que eso sea un camino hacia la eliminación definitiva”, valoró el mandatario.

Paralelamente, apuntó que “dejamos muy claro nuestro pedido y reclamo permanente de que la obra de la ruta 33 sea una prioridad para el Gobierno nacional. No hay desarrollo de un país sin la inversión en infraestructura”.

Así como planteó el pedido a la Casa Rosada, Chiarella agradeció “la decisión del gobernador (Maximiliano Pullaro) de invertir en infraestructura para el desarrollo de nuestra provincia. Y también mostramos lo que nosotros invertimos en infraestructura para que nuestra ciudad se desarrolle”.

Por Agustina Azcoaga

La reciente baja de retenciones en productos agrícolas fue bien recibida por el sector agropecuario. Juan Carlos Pujato, productor santafesino e ingeniero agrónomo e integrantes de la Sociedad Rural de Santa Fe sostuvo que se trata de una decisión “muy esperada”, especialmente porque, por primera vez en más de dos décadas, se percibe que hay un plan gradual de eliminación.

“El ánimo del productor es bueno y el clima acompaña, al menos en la zona núcleo. Esto se refleja incluso en los valores de pizarra, que subieron después de la medida”, explicó Pujato.

No obstante, el productor advirtió que la presión impositiva sigue siendo alta: “Además de las retenciones, hay impuestos provinciales, comunales y nacionales que gravan la tierra y afectan la producción”.

Desde su punto de vista, esta baja tiene un impacto directo en la competitividad, sobre todo en campos marginales o alejados de los puertos, donde los altos costos logísticos muchas veces dejan tierras fuera del circuito productivo.

“Cuando los precios son bajos y el margen es estrecho, el flete pesa mucho más. Con un mejor precio, se puede volver a pensar en poner esos campos en producción”, señaló.

Pujato también destacó que la medida llega en un momento oportuno, justo cuando se definen las decisiones para la campaña gruesa 2025/26.

“La baja permanente de las retenciones da previsibilidad. Ya hay gente que se largó a sembrar maíz, y eso responde también al incentivo que genera la reducción de este impuesto”, afirmó.

Según Pujato contar con reglas claras permite armar la rotación de cultivos en base a los márgenes de cada uno: “Uno puede decidir con más certeza cuánta superficie destinar a maíz, soja o girasol”.

Si bien la medida fue vista como positiva para la agricultura, Pujato mostró preocupación por la situación del sector ganadero. Señaló que los impuestos indirectos, como Ingresos Brutos, siguen impactando la rentabilidad.

“Nuestros proveedores tributan esos impuestos, y ese costo se traslada a lo que nos cobran a nosotros. Pero el productor no es formador de precios, es tomador. Si suben nuestros costos, perdemos margen, y no hay forma de desgravar esos impuestos”, explicó.

En síntesis, el productor celebró la decisión como un paso en la dirección correcta, pero insistió en que la competitividad del agro necesita un abordaje más integral. “La única forma de que el país salga adelante es con más producción agropecuaria. Quien ha dinamizado la economía, siempre ha sido el campo”, concluyó Pujato.

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y derogó un régimen especial para envíos al exterior de cobre, mediante el Decreto 563/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para mercaderías del sector minero, entre las que se encuentran productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.

En el texto oficial, el Ejecutivo destacó que "la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial, asegurando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal".

Asimismo, remarcó que "en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y el ingreso de divisas, el Gobierno Nacional ha establecido como prioridad la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo".

En este sentido, explicó que "esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene".

Al profundizar la argumentación de la eliminación de las retenciones, la administración de Javier Milei expuso que "dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca".

Además, sostuvo que "el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales de los que la República Argentina posee abundantes reservas, existiendo una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en nuestro país".

En este contexto, consideró que "resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones, en línea con otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional".

El decreto también eliminó el "Registro Optativo de Exportaciones de Cobre", que se había creado "con el objeto de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación"

Al fundamentar dicha determinación, el Gobierno precisó que "el citado Registro nunca resultó operativo, por lo cual no hay beneficiarios inscriptos en dicho régimen promocional", por lo que lo dio de baja a través de la derogación del Decreto 308/22.

Javier Milei anunció la baja de retenciones para varios ítems que hacen a la cadena productiva del país. Entre los más importantes se encuentra la reducción del impuesto de exportación a la soja, del 33 al 26 por ciento. También en las carnes aviar y vacuna al 5%.

La medida fue bien recibida por el sector, con mensajes emitidos por las distintas entidades agropecuarias.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro destacó los anuncios para el campo.

"El reclamo del interior productivo de esta República Argentina fue escuchado. Como Gobernador de una provincia donde el campo y la agroindustria son parte de nuestra identidad fundacional, quiero destacar la baja de retenciones que hoy dispuso el presidente Milei, esperando que este sea el inicio del camino la eliminación total de las mismas", remarcó el mandatario.

Al tiempo de aclarar que "en la Provincia Invencible de Santa Fe, capital de este interior pujante, tenemos un compromiso irrenunciable. Acá el campo paga 0% de Ingresos Brutos".

En otro tramo de su posteo, Pullaro señaló:" vamos a seguir complementando este alivio fiscal con herramientas que permitan a todo el sector productivo acceder a créditos con la tasa más baja del mercado, la inversión más importante en la historia de la provincia en rutas, caminos y acceso a los puertos para que mejore la conectividad".

Como así también "la infraestructura de energía eléctrica y gas que le permita agregar más potencia a la industria y bajar sus costos", cerró el gobernador santafesino.

Al mismo tiempo, la Bolsa de Comercio Santa Fe celebró la reducción de retenciones a carnes y granos.

"La Bolsa de Comercio de Santa Fe saluda el anuncio del presidente Javier Milei, en Palermo, sobre reducción de los DEX, desde hoy, a las carnes aviar y vacuna", postearon en redes sociales.

"Asimismo, a las exportaciones del maíz, girasol, sorgo, soja y subproductos de esta oleaginosa. En cuanto al trigo y cebada, las rebajas pasarán de ser transitorias a permanentes", agregaron desde la cuenta oficial de X de la BCSF.

Nefastas

“Las retenciones son nefastas y siniestras. Fueron el resultado deliberado de un plan de la política y perpetuado por la casta a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para exprimir al sector más pujante del país”, dijo Milei durante su discurso en el que fue ovacionado en distintos pasajes.

Además, Milei cargó muy duro contra el kirchnerismo, al sostener que “los especuladores y parásitos se aprovechan de la necesidad de la gente”, y le pidió al campo: “No podemos dar por finalizada la guerra contra el modelo empobrecedor”.

Según el último informe del Centro Cultural y de Estudios Demos, la rentabilidad de la producción de soja en Argentina ha caído a niveles preocupantes. Luego de un ciclo de precios internacionales altos durante la salida de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, los márgenes netos han retrocedido drásticamente, alcanzando prácticamente cero en junio de 2025.

El estudio, elaborado por el Dr. Ignacio Trucco, expone que la combinación de una baja del 9,3% en el precio internacional en términos reales y un aumento simultáneo de los costos de producción y comercialización (del 5% y 9,4%, respectivamente) explica este deterioro. Las retenciones a la soja, actualmente del 33%, también continúan afectando directamente la rentabilidad del sector.

Uno de los hallazgos más relevantes es el crecimiento del peso de los costos locales, como la cosecha y la labranza, que se encarecieron 15% y 24% respectivamente. En contraste, los insumos con alto componente importado, como fertilizantes y semillas, mostraron leves reducciones.

El informe fue elaborado por Ignacio Trucco.

Aunque la caída de los márgenes afecta a todo el país, las consecuencias son desiguales. Mientras el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe mantienen rentabilidades positivas gracias a su alta productividad, regiones como Salta, el sur de Córdoba, el sudoeste de Buenos Aires y Santiago del Estero, ya operan con márgenes netos negativos. Otras zonas, como el oeste y sureste bonaerense, podrían seguir el mismo camino si la tendencia persiste.

El informe subraya que las políticas cambiaria y monetaria también han jugado un rol clave en esta pérdida de competitividad. Desde mediados de 2024, la apreciación del peso ha disminuido la capacidad de compra local de los márgenes agrícolas y ha encarecido costos internos como el combustible y la mano de obra.

Además, se destaca que el 60,6% de la carga impositiva sobre la soja corresponde a retenciones, un esquema que, aunque moderador de alquileres, limita estructuralmente la rentabilidad.

El panorama plantea un serio desafío para la sustentabilidad del principal cultivo exportador del país. El informe sugiere que una política pública orientada a reducir los costos de comercialización, especialmente los fletes, podría tener un impacto positivo inmediato, en especial si se aprovechan recursos provenientes de las mismas retenciones para mejorar la infraestructura de transporte.

Entre enero y abril del 2025, el monto total de exportaciones de Santa Fe fue de US$ 4.463 millones -con una variación interanual de 7,7%- de los cuales el 16,3% tuvo por destino la India. Es el principal cliente santafesino y el único de los grandes países con los que la Argentina tiene superávit comercial.

El último sábado, el primer ministro indio, se reunió con el presidente Javier Milei. Narendra Modi conduce la quinta economía a nivel mundial con más de 1.400 millones de habitantes; su país carece de capacidad para hacer los aceites comestibles que alimentan a esa población.

El crushing de soja con epicentro en Santa Fe tiene ociosa más de un tercio de su capacidad. Modi vino a buscar más productos, mientras el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a los ministros de Economía y de Desarrollo Productivo, Pablo Olivares y Gustavo Puccini, se fueron a Washington.

No es indolente la administración santafesina. La distonía de las agendas es el reflejo por un lado de la necesidad provincial de ir por financiamiento para atender el déficit de infraestructura (obras públicas y en especial energía) para sostener el entramado productivo. Sobre todo por el abandono nacional a sus responsabilidades en las rutas y la motosierra sobre las transferencias a provincias para obras.

Modi y Milei saludando en el balcón de Casa Rosada. Reuters.

Pero en especial la falta de representación santafesina ante su principal cliente, revela cómo el negocio de la agroindustria está cooptado por el gobierno central, que se queda con las retenciones de las exportaciones; desde el primero de este mes el gobierno las repuso en el caso del maíz y el sorgo, del 9,5% al 12% y poroto de soja del 26,0% a 33,0%.

A la provincia le quedan los agujeros en rutas desatendidas por Nación -Santa Fe está invirtiendo en el acceso a los puertos y en la autopista- mientras se diluye el margen de los productores, que son quienes hacen la inversión de riesgo. Cada año deben poner unos US$1,6 mil millones en insumos para que el país agrícola (y la economía toda) funcione.

La voracidad kirchnerista persiste en los bolsillos de la administración Milei. El economista Salvador Vitelli calculó que desde 2002 hasta 2024, la agroindustria aportó US$ 203 mil millones de dólares en retenciones a la Argentina.

En general, "el campo" avala que el libertario sostenga el superávit fiscal, pero los que deben invertir para afrontar la próxima campaña, carecen de márgenes de rentabilidad. CREA alertó que con la reposición de derechos de exportación no se llegan a cubrir los costos del cultivo de soja en el 80% del área nacional.

El economista Jorge Colina le charló con El Litoral a días atrás. Foto: Guillermo Di Salvatore

El economista Jorge Colina le dijo a El Litoral a días atrás que para producir más primero hay que bajar impuestos; "ya hemos bajado 20 impuestos por más de dos puntos de producto", afirmó Luis Caputo en el IAE Business School esta semana.

No es el caso de las retenciones; el ministro aún guarda bajo en estricto secreto cómo contabilizará unos US$5 mil millones que el campo registró pero aún no liquidó, antes de que vuelvan a aumentar los derechos de exportación. ¿Compró reservas con fondos del Tesoro y capitalizará el BCRA?

Si es así, la suba del dólar en los últimos días no será sólo porque un millón de individuos compraron US$2262 millones en mayo, según el Balance Cambiario del Banco Central. Ni porque se fueron divisas al colchón, se pagó deuda con importadores, se llevó recursos el turismo al exterior o se compraron bienes durables.

Para buena parte de la academia de economistas, que encienden alarmas porque se terminó la liquidación de granos y no subieron las reservas netas, Economía podría tener una respuesta en los próximos días, que desacreditaría la recomendación del JP Morgan y facilitaría la aprobación (aún con un waiver) de la revisión del FMI para liberar un giro de unos US$ 2 mil millones del organismo.

La sede del Banco Central de la República Argentina. Xinhua.

Es muy probable que la cadena agroindustrial pueda producir y procesar 251 millones de toneladas de granos hacia 2035 -como pronostica la Bolsa de Comercio de Rosario- si bajan los derechos de exportación y mejora el precio de los insumos para cuidar los suelos. Los productores de Santa Fe invierten en eso, mientras las provincias mineras y petroleras cobran regalías.

El año pasado, en la Sociedad Rural, Javier MIlei dijo que "nadie tiene derecho a pedirles nada: sé que han sido saqueados durante décadas". Salvador Vitelli calculó en US$ 203.000 millones en retenciones aportadas por el agro al Estado desde 2002, cuando Eduardo Duhalde las repuso "mientras dure la crisis" de la salida de la convertibilidad.

En la estrategia libertaria, primero hay que recaudar por litio, gas y petróleo; por eso Milei se sienta con Modi, sin invitar a Pullaro. India viene por alimentos, pero más por energía; ya firmó un acuerdo con YPF para eso.

Milei debería estar en la inauguración oficial de la Exposición Rural 2025 el sábado 19 de julio. Sin embargo, la presencia del presidente en esa fecha aún no ha sido confirmada.

Luis Caputo, ministro de Economía. Reuters.

La Casa Rosada afronta una andanada de -legítimos- embates opositores a su ancla fiscal; unos que no son políticamente inocentes y podrían costarle su gestión al jefe de Estado. Sólo el proyecto de aumento a las jubilaciones tiene un costo del 0,46% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Hay que sumar los proyectos de financiamiento universitario, del Garraham, de coparticipación de los impuestos a los combustibles y los ATN, más la emergencia en discapacidad.

Milei sabe que puede vetar con un tercio de legisladores esos proyectos que hundirían las metas monetarias y fiscales, al tiempo que recrudecería la inflación. Pero no tiene garantías para contar con esos votos; esa es la clave estratégica de los comicios de octubre.

Mientras tanto, ¿es ineludible la crueldad? La motosierra necesita cambiar a bisturí; el voluntarismo debe mutar a calidad política institucional. Y al mismo tiempo la historia argentina contemporánea tiene sobradas evidencias de que la redistribución sin recursos y con corrupción, es aún más cruel que la motosierra.

Luis Caputo demostró que deuda pública consolidada del Tesoro más el BCRA era en noviembre de 2019 de US$330.782 millones; subió a $487.223 (+153 mil millones) a noviembre del 2023 -la última administración "K" de la que Cristina reniega- y bajó a U$S 437187 en mayo, una reducción de 50.036 millones en la gestión Milei.

La inflación interanual en Argentina alcanzó el 289,4% en abril de 2024 y bajó hasta 43,5% en la última medición de mayo. El PBI crece al 1,5% aunque enfrenta un enfriamiento en la recuperación. Y al mismo tiempo la economía nacional -que debate su futuro- registró en marzo una pérdida del empleo registrado del 3,4% interanual, lo que significa 458 mil empleos registrados menos en la presente gestión nacional, según datos del sistema previsional.

Buenas y malas, sin embargo, no justifican la violencia verbal explícita del presidente y sus acólitos. Tampoco le hace favor a la oposición el insulto desmedido ni el reparto de excrementos; eso no exculpará la condena a Cristina. Se tiran con modos y lodos contaminados, que ningún buen futuro necesita.