La jueza Loretta Preska, del tribunal del segundo distrito sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia en el juicio por la expropiación de la petrolera, realizada en el año 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión fue comunicada este lunes y representa un nuevo revés para el Estado argentino en los tribunales estadounidenses. Si bien el fallo es apelable, marca un punto clave en el extenso litigio iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos del juicio iniciado originalmente por Petersen Energía.

El Estado deberá transferir el 51% de las acciones de YPF, según el fallo. Foto: Reuters

El dato fue difundido primero por el analista financiero Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, quien sigue de cerca las derivaciones judiciales del caso. La orden judicial contempla que el Estado argentino transfiera las acciones bajo custodia estatal a los beneficiarios de la demanda como parte de la ejecución de sentencia.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había intervenido en calidad de "amicus curiae", se había pronunciado recientemente en favor de la posición argentina, señalando que no debía ejecutarse una entrega forzosa de activos soberanos.

Sin embargo, Preska desestimó ese argumento. Aunque la jueza reconoció que el Estado argentino mantiene su derecho a apelar la sentencia, su resolución autoriza a los demandantes a avanzar con la ejecución del fallo, incluyendo la apropiación del paquete accionario mayoritario de la petrolera.

Burford y Eton Park buscan ejecutar la sentencia en tribunales de EE.UU. Foto: Reuters

YPF fue reestatizada en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. La operación fue avalada por una ley del Congreso, pero según la demanda, no se respetaron los derechos de los socios minoritarios, lo que motivó el millonario reclamo.

Ahora, el caso podría seguir en instancias de apelación, aunque la decisión de Preska vuelve a poner presión sobre el país en el frente judicial y financiero internacional.

En 2012 la idea era revertir la caída en la producción de petróleo y gas que caracterizó al último tramo de la gestión privada, encabezada por esa firma y la familia Eskenazi, muy cercana a la familia Kirchner. 

Los rumores sobre un desembarco del Estado en YPF comenzaron a brotar cerca de 28 de enero de 2012. 

La acción de YPF está en los 5 dólares desde la invasión rusa a Ucrania, una movida que permitió mejorar las cotizaciones de la mayoría de las petroleras occidentales. 

De todas formas, la valuación bursátil de la compañía está en torno a los 3.400 millones de dólares, una quinta parte de lo que valía hace 10 años. 

La vicepresidenta Cristina Kirchner defendió hace unas semanas la expropiación de la petrolera durante su segundo mandato como jefa de Estado, como una forma de reivindicación de su decisión: “Ahora Vaca Muerta es nuestro”. 

Los recursos que tiene la Argentina en energía y alimentos “son casi un botín de guerra”, indicó en un acto el pasado 2 de abril, al tiempo que aseguró que “no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera” de no ser por las medidas tomadas: “Se deben revalorizar nuestras reservas de gas y petróleo”. 

Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo en gas no convencional y la cuarta más grande en petróleo no convencional. 

En 2012, cuando se expropió YPF, la formación neuquina apenas atravesaba sus primeras etapas de pozos exploratorios, pero los técnicos ya veían gran calidad de la “roca”, más allá que faltaban inversiones. 

El primer desarrollo millonario allí fue de YPF asociado con la estadounidense Chevron. 

El acuerdo -que contenía polémicas cláusulas secretas- impulsó Loma Campana desde 2013. 

En 2014, la producción de petróleo y gas del país fue la más baja desde 2003, pero Vaca Muerta comenzó a morder con cierta participación sobre la producción de petróleo. 

Al principio, a las petroleras les costaba que los pozos fueran redituables, porque sus gastos eran muy altos, pero a medida que hubo más escala, se alcanzó mayor producción. 

En 2015, la participación de Vaca Muerta sobre el total de la producción no superaba el dígito y en 2022 ya representa casi un 40% de la producción, informó este domingo diario Clarín. 

La Argentina posee más gas que petróleo, pero hay un cuello de botella para transportarlo, por lo que la producción petrolera viene mucha más dinámica que la de gas. 

Ieasa (la ex Enarsa) espera tener listo un gasoducto para el próximo invierno, al tiempo que las empresas dicen que podrían duplicar su producción actual de ese fluído. 

La estatización del 51 por ciento de YPF despojó a Repsol de su control, pero también afectó a la familia Eskenazi. 

Ese grupo nacional llegó a controlar el 25 por ciento de la empresa, que fue perdiendo su participación porque no pudo abonar los préstamos que le estaba pagando a Repsol con las mismas ganancias que generaba la petrolera nacional. 

Petersen Energía, la sociedad de los Eskenazi, se había constituido en España, donde fue a la quiebra. 

El fondo Burford -que se dedica a litigar activos en liquidación y busca apuestas arriesgadas y de altas ganancias- compró los derechos para los juicios que tuviera Petersen contra el Estado argentino, dueño del 51 por ciento de la firma, y se presentó en la justicia de Nueva York, que es el ámbito en que se dirimen estas controversias. 

Como YPF está listada en Wall Street, acepta las regulaciones estadounidenses al respecto. 

El pleito lleva varios años, pero hay una posibilidad de que haya una sentencia a mediados de año. 

El reclamo se basa en que el Estado argentino debería haber hecho una oferta pública y haberles pagado por el 25 por ciento de las acciones que tenían. 

Sebastián Maril, uno de los especialistas que mejor conoce el juicio, destacó que un experto consultado estimó que la Argentina podría terminar pagando 8.400 millones de dólares a Burford (por los derechos de Petersen) y a Eton Park, otro fondo que era el tercer accionista de la petrolera. 

El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prometió no pagar por la expropiación lo que querían sus ex accionistas, pero dos años después de consumada, llegó a un entendimiento con Repsol. 

Fue así que el Tesoro le pagó 5.000 millones de dólares en bonos a la petrolera española. 

El jueves pasado venció el plazo para que cada parte presente un escrito pidiendo al tribunal estadounidense que dicte un fallo sumario a su favor. 

En ese sentido, se hace por medio de argumentos exclusivamente jurídicos, sin necesidad de celebrar un juicio. 

El reclamo de Burford y Eton -los US$ 8.400 millones- podría trepar hasta los 19.665 millones de dólares con el pago de intereses. 

El Estado argentino e YPF consideran que esa cifra no tiene fundamentos, y que la metodología utilizada para realizar el cálculo de daños es defectuosa. 

Ya presentados los escritos que piden una sentencia sumaria, ahora vienen posteriores escritos de oposición, que están previstos para el 26 de mayo, y la réplica, pactada para el 23 de junio de este años. 

La jueza Loretta Preska no está sujeta a ningún plazo para emitir su fallo y debe resolver si la Argentina e YPF son responsables de aquello que les reclaman los fondos. 

La defensa argentina entiende que, aún si fueran declarados responsables de haber procedido incorrectamente sobre los derechos de Petersen Energía, el monto a pagar por los supuestos daños corresponde a una etapa posterior a este proceso. 

Los abogados de Procuración del Tesoro e YPF también sostienen que la sentencia, en el momento que ocurra, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. 

Burford se podría quedar con el 70 por ciento de lo obtenido en el juicio, mientras que hay un 30 por ciento de las eventuales ganancias que repartirá con un socio, cuyo nombre nunca fue revelado. 

Asimismo, se informó que varios miembros de la familia Eskenazi declararon en este juicio. 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió la expropiación de la petrolera YPF ocurrida hace 10 años, y remarcó que “hoy se puede hablar de construir soberanía energética”, pese a las críticas que recibió la empresa por tener un precio de mercado 75 por ciento inferior al que tenía hace una década.  

“Hoy se puede hablar de construir soberanía energética porque hace 10 años se tomó una decisión estratégica. Hoy Vaca Muerta tiene la importancia que tiene por esa misma decisión. Recuperar YPF fue un acto de soberanía que cambió la dinámica sectorial”, afirmó Guzmán en su cuenta de la red social Twitter. 

El funcionario aseguró que “la transformación más relevante fue el notable aumento de la inversión para poner en marcha el desarrollo productivo de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional y así, cambiar la historia energética de nuestro país”. 

Guzmán planteó que “luego de una nueva etapa de desinversión y declive desde fines de 2015, YPF está transitando un notable proceso de recuperación, con el mayor programa de inversión del último lustro (u$s 3.700 millones)”. 

Asimismo, en una serie de tuits que publicó en su cuenta durante las últimas horas, el ministro de Economía afirmó que “cuando YPF crece, toda la industria energética nacional se potencia”. 

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que “hoy Argentina enfrenta una gran oportunidad para acelerar el desarrollo energético, lo que sería transformacional para nuestro sistema productivo y la estabilidad económica”. 

“La decisión sobre YPF del 16 de abril de 2012 permite que 10 años después este camino sea posible”, defendió el titular del Palacio de Hacienda. 

Con información de NA