Agustina Labath - Gustavo Ocampo

Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Desde fines de 2025, el país es escenario de intensas protestas sociales, impulsadas inicialmente por el deterioro de la economía y agravadas por la represión estatal. En las últimas semanas, más de 600 personas murieron y más de 10.000 fueron arrestadas, según datos de organizaciones internacionales de derechos humanos.

“El régimen está aplicando el mismo libreto que en 2022: represión total a través de la Guardia Revolucionaria, que responde directamente al líder supremo”, explicó el analista Joaquín Bernardis en diálogo con CyD Litoral.

La chispa del estallido no fue un caso aislado, como el asesinato de la joven kurda Jina Mahsa Amini en 2022, sino una serie de medidas económicas que golpearon a la población. Entre ellas, la eliminación de subsidios y restricciones para comerciantes a la hora de adquirir divisas, sumadas a una inflación estructural que supera el 40% anual.

“El aumento del costo de la canasta básica, especialmente en carne y harinas, generó un malestar profundo en la población. Hoy las protestas alcanzan incluso a Teherán, algo inusual por su nivel de control”, señaló Bernardis.

En este contexto, el gobierno teocrático encabezado por el Ayatollah Ali Khamenei se enfrenta no solo a un colapso social, sino también a una incertidumbre política interna. La muerte del expresidente Ebrahim Raisi en un accidente aéreo en 2024 dejó vacante la línea sucesoria dentro del régimen, que se apoya cada vez más en el ala militar para sostenerse.

“Raisi era el sucesor natural de Khamenei, y su muerte dejó un vacío de poder. Hoy, los grandes aliados del régimen son las Fuerzas Armadas, que actúan como sostén del poder religioso”, explicó el analista.

A ello se suma una pérdida de influencia en el plano regional. Milicias aliadas como Hezbolá, Hamas y los hutíes en Yemen han sido golpeadas militarmente por Estados Unidos, Israel y coaliciones árabes. Según Bernardis, esto marca un retroceso significativo en la proyección geopolítica de Irán.

“Prácticamente todos sus aliados regionales fueron desarticulados. En lo externo, el régimen está más aislado que nunca, y en lo interno, completamente deslegitimado ante su propia población”, afirmó.

La combinación de crisis económica, represión, descontento social y vacío de poder hace de Irán un foco de altísima inestabilidad para 2026. A pesar de los intentos del régimen por contener la situación, la magnitud de las protestas y la violencia de la respuesta oficial han encendido alarmas en la comunidad internacional.

“La legitimidad del régimen está en su punto más bajo desde la Revolución Islámica. Si esto no se resuelve pronto, podríamos estar ante el comienzo de una nueva etapa en la historia iraní”, concluyó Bernardis.

Al menos 27 manifestantes, entre ellos cinco menores, han muerto desde el inicio de las protestas en Irán a finales de diciembre, según un balance comunicado el martes por la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

"Al menos 27 manifestantes murieron por disparos u otras formas de violencia perpetradas por las fuerzas de seguridad en ocho provincias", escribió la organización, tras diez días de protestas, en su sitio internet, donde precisó que más de 1.000 personas fueron detenidas.

IHR acusa a las fuerzas de seguridad de haber matado al menos a seis personas en un solo incidente el sábado, cuando abrieron fuego contra manifestantes en el distrito de Malekshahi, en la provincia occidental de Ilam.

La organización señala que el domingo las fuerzas de seguridad allanaron un hospital en Ilam donde habían sido trasladados manifestantes heridos de Malekshahi y detuvieron a varios.

A nivel nacional, las protestas se extendieron a al menos 26 de las 31 provincias de Irán, y los estudiantes organizaron manifestaciones en más de 20 universidades, según IHR.

De acuerdo con los anuncios oficiales difundidos por los medios iraníes, al menos 12 personas murieron desde el inicio de las protestas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

"La República Islámica tiene un historial documentado de represión sangrienta y asesinatos masivos de manifestantes en levantamientos anteriores", dijo Mahmod Amiry Moghadam, director de IHR.

La ONG ya confirmó más de 550 muertes durante la represión del movimiento de protestas de 2022-2023 en Irán.

"Dado que ahora el régimen es más inestable que nunca y teme seriamente por su supervivencia, existe una grave preocupación de que la magnitud de la represión esta vez pueda ser incluso más violenta y generalizada que antes", añadió.

Por Emerio Agretti e Ivana Fux

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la decisión de legislar para endurecer la normativa que sancione el accionar violento de miembros de las barrabravas del fútbol, consideró que hubo agresiones contra las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas frente al Congreso, pero también que faltaron controles en el accionar policial, y hubo excesos que deben ser investigados.

El mandatario formuló declaraciones este lunes, en el acto de presentación de las 174 ambulancias 0Km. Acompañado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, recordó que al asumir "nos encontrábamos con una situación muy difícil. La provincia tenía una deuda muy grande, déficit fiscal y parecía dificil que lleguen inversiones grandes. Sin embargo empezaron a llegar, llegó obra pública a todo el territorio. Lo pueden ver en las licitaciones que están en marcha, la ejecución de algunas obras, la compra de vehículos policiales y en este caso una compra histórica de ambulancias, 174. Es la mas importante que hizo el gobierno de Santa Fe. Sentimos que estamos yendo por el camino correcto, dando los debates que tenemos que dar, con una administración muy ordenada y eficiente, pero fundamentalmente honesta y austera, que nos permite invertir mucho en lo que los santafesinos necesitan.

- La ministra de Seguridad de la Nación presenta una ley anti-barrabravas, una problemática que tiene Santa Fe también. ¿Está de acuerdo con que hay que legislar en ese sentido?

- En la provincia hemos trabajado con muy pocas herramientas normativas y legales para sacar a las barras de la cancha. En 2016 yo era ministro de seguridad y pedí que me cedieran el derecho de admisión, porque los clubes no accionaban, y lo apliqué por primera vez a 86 barras de Newell's, que nunca más pudieron entrar a la cancha. Si no trabajamos fuertemente sobre las barras y grupos violentos, es muy difícil que vuelva la familia a las canchas. Los clubes tienen que ser de la gente buena y no de las mafias, como sucede en muchos lugares.

- ¿Qué opina sobre la supuesta participación de barrabravas en la marcha de los jubilados?

- Por lo que pude ver participaron barras. No eran solamente jubilados los que estaban reclamando, sino que eran diferentes personas que, por un sentido u otro, llevaron adelante acciones violentas en la calle, y las fuerzas federales reprimieron en muchos casos estos desmanes. La verdad es que ví un operativo que debió tener un control mucho mayor, porque hubo excesos por parte de las fuerzas de seguridad, cuando se reprimió a jubilados y cuando se dispara un gas lacrimógeno de manera horizontal; cuando el protocolo dice que hay que hacer con 45 o 60 °, según la distancia de los manifestantes. Quien llevó adelante esa acción no desconoce que puede ocasionar una herida grave y hay que investigar.

Yo voy a hacer una defensa de las fuerzas de seguridad, es muy difícil el momento y definir los límites. Cuando una fuerza de seguridad es agredida, golpeada, insultada, le tiran con botellas o piedras, es difícil. Hay protocolos para evitar que eso suceda y en este caso se dio de diferente manera.

-¿De quién es la responsabilidad?

- El diseño del operativo en algún lugar subestimó lo que iba a suceder. Pero claramente uno no sabe cuándo van a ir personas que no tenían nada que ver con a marcha de jubilados, y llevar a cabo acciones violencias extremas, como es la quema de un auto, rotura de vidrieras y agresión permanente a las fuerzas de seguridad. Creo que hubo excesos en la represión a jubilados, y con respecto a los barras, debió haber un protocolo para que no se les permita el acceso.

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, ha ordenado la ejecución de al menos 30 funcionarios, acusándolos de corrupción y negligencia tras no haber prevenido las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron Corea del Norte en julio. Según reportes de medios surcoreanos, estas inundaciones, provocadas por intensas lluvias, causaron la muerte de entre 4.000 y 5.000 personas y dejaron a más de 15.000 desplazadas.

La cadena surcoreana TV Chosun informó que los funcionarios fueron ejecutados a fin del mes pasado en las áreas afectadas por las inundaciones, principalmente en la provincia de Chagang y la región fronteriza con China, en la cuenca del río Yalu. Allí, el desastre sumergió más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras agrícolas, afectando especialmente a las ciudades de Sinuiju y Uiju.

Tras el desastre, Kim Jong-un destituyó a varios altos funcionarios, incluyendo al secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang y al ministro de Seguridad Pública. Según un exdiplomático norcoreano, Lee Il-gyu, los funcionarios estaban extremadamente ansiosos por no saber cuándo serían castigados.

A pesar de la magnitud de la catástrofe, Kim rechazó la ayuda internacional y ordenó que las 15.000 personas desplazadas fueran trasladadas a la capital para su recuperación, asegurando que la reconstrucción de las zonas afectadas tomaría de dos a tres meses. Asimismo, desestimó los informes de medios surcoreanos que señalaban la muerte de miles de personas.

Las ejecuciones públicas en Corea del Norte no son raras, y antes de la pandemia de Covid-19, se registraba un promedio de 10 al año. Sin embargo, esta cifra ha aumentado significativamente en los últimos años, llegando a cerca de 100 ejecuciones anuales, según el Korea Times. El régimen también ha intensificado las ejecuciones de jóvenes para frenar la influencia surcoreana.

Estados Unidos ha condenado enérgicamente la represión del régimen de Kim Jong-un. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, señaló que la "aplastante represión" del régimen norcoreano ha llevado a muchos a buscar desesperadamente formas de desertar en busca de una vida mejor.

En noviembre, Ri Il Kyu, un alto diplomático norcoreano destinado en Cuba, desertó a Corea del Sur, lo que lo convierte en el diplomático de más alto rango en abandonar la dictadura desde 2016. Ri, quien expresó frustración y enojo por un trato injusto recibido en el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, decidió asentarse en Seúl con su familia. Su descontento se intensificó cuando se le negó el permiso para recibir tratamiento médico en México.

Por Marina Guerrier

Al menos 11 personas murieron durante las protestas desatadas en Venezuela después de conocerse los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamaron a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Así lo contabilizó Foro Penal, una organización no gubernamental que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, y lleva el saldo de las escenas de violencia y represión que se vivieron en los últimos días.

Durante una conferencia de prensa junto a otros activistas de derechos humanos, Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, comunicó que hubo "once asesinatos en manifestaciones, de los cuales cinco fallecieron en Caracas, dos en el estado Zulia, dos en Yaracuy, uno en Aragua y uno en Táchira”. Además, subrayó con preocupación que dos de los fallecidos son menores de edad, “en el estado Zulia murió un muchacho de 15 años de edad” y “en Yaracuy, una persona de 16”. El resto, según detalló, tenían edades comprendidas entre los 19 y 40 años.

En cuanto a las detenciones, Romero afirmó que “el Foro Penal ha verificado —probablemente la cifra sea mayor— unas 177 personas detenidas, la mayor parte en el Distrito Capital con 38 detenciones”.

Este balance se amplía con la muerte de un militar “por disparos de los manifestantes” en el estado Aragua y los cerca de 750 detenidos durante las protestas opositoras que anunció la Fiscalía de Venezuela, según información de la agencia Europa Press. “Van heridos 48 funcionarios, entre militares y policiales [...] Ha fallecido un digno funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana de Aragua”, precisó el fiscal general, Tarek William Saab.

El candidato opositor Edmundo González Urrutia lamentó en la red social X las muertes, los heridos y detenidos durante las protestas. “Instamos a las fuerzas de seguridad a respetar la voluntad expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas”, publicó.

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura que González Urrutia ganó las elecciones por un amplio margen y creó un sitio web en el que publicó el 73 % de las actas electorales para dar a conocer los resultados.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el próximo jueves ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”, tras la represión policial contra manifestantes que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia.

Ctera explicó que la convocatoria se debe a “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño” y que reclamará por el cese de la “represión al pueblo jujeño”, un “aumento salarial a los docentes” y el rechazo a la “reforma constitucional” de esa provincia aprobada el viernes.

La confederación que nuclea a educadores de todo el país responsabilizó por la “creciente conflictividad en Jujuy” al “accionar” del gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, a quien denunciaron por “otorgar aumentos por decretos, sin diálogo”.

#ParoNacionalDeCTERA pic.twitter.com/2ZW7poKcyJ

— CTERA (@cteracta) June 18, 2023

Además, apuntaron contra Morales por impulsar una “Constitución inconsulta y antidemocrática” y reprocharon que “ante los paros contundentes y las multitudinarias movilizaciones responde con represión”.

La Ctera anticipó que el próximo jueves “estará en Jujuy acompañando la histórica lucha de la docencia”.

Efectivos de infantería de la policía de Jujuy reprimieron ayer en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito en rechazo a la reforma constitucional en la intersección de las rutas 9 y 52, cerca de la localidad de Purmamarca, donde se registraron heridos con balas de goma.

Veinticinco personas permanecían detenidas hoy en unidades penales del barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, tras haber sido detenidas durante la represión.

“Es lamentable lo que sucedió, le pedimos al gobernador Omar Perotti que apueste al diálogo y tome las medidas necesarias para que estos hechos de violencia no se vuelvan a repetir”, dijo Marcos Cleri, consultado respecto de la represión a trabajadores municipales de Las Rosas denunciada por la Festram.

“No es la primera vez que la Federación de sindicatos municipales advierte sobre la actuación de las fuerzas de seguridad para reprimir sus reclamos salariales y contra actitudes conflictivas de algunos intendentes, como en este caso”, agregó el diputado nacional del Frente de Todos, en alusión al comunicado de la Festram titulado “Ayer la Gendarmería de Bullrich; hoy las fuerzas de seguridad de Perotti”.

“Creemos que el mejor modo de resolver los conflictos es convocar a un diálogo sincero, en el que se tenga en cuenta que la situación de los trabajadores municipales está muy lejos de ser la ideal en cuanto a sus salarios y sus condiciones laborales; y ante este panorama lo peor que puede pasar es que prime la violencia y no la búsqueda de respuestas y soluciones”, sostuvo Cleri.

La ONU instó a los gobernantes talibanes a poner fin a las restricciones que imponen a las mujeres en Afganistán, que calificó como el “país más represivo” del mundo en este campo, en un mensaje por el Día Internacional de la Mujer.

Roza Otunbayeva, directora de la misión de asistencia del organismo en el país declaró: “Afganistán, bajo el gobierno de los talibanes, sigue siendo el país más represivo del mundo con respecto a los derechos de las mujeres”.

Afganistán: los talibanes prohíben a las mujeres en trabajar para ONGs

“Ha sido desgarrador ser testigo de sus esfuerzos metódicos, deliberados y sistemáticos para mantener a las mujeres y niñas afganas fuera de la esfera pública”, agregó.

Desde su vuelta al poder en agosto de 2021, los talibanes mutiplicaron las restricciones para las mujeres.

En la actualidad se encuentran vetadas de la universidad y no pueden pueden acceder a la educación secundaria. Tampoco pueden viajar sin la compañía de un pariente hombre y deben cubrirse para salir de casa.

Los talibanes prohibieron el ingreso de mujeres a los parques de Afganistán

En noviembre, los talibanes les prohibieron el acceso a los parques, jardines, gimnasios y baños públicos.

Este 8 de marzo una veintena de mujeres se manifestaron en Kabul, la capital de Afganistán.

“Llegó el momento de la ONU tome acciones que sean decisivas para el destino del pueblo“, declaró una de las manifestantes.

Cientos de estudiantes se manifestaron en Teherán y otras ciudades iraníes contra la violenta represión de la disidencia, que empezó tras la muerte el mes pasado de Mahsa Amini.

Los jóvenes se concentraron ayer en la Universidad Tecnológica de Sharif y corearon consignas contra el sistema religioso vigente en la República Islámica, como “Mujer, vida, libertad” y “Los estudiantes prefieren la muerte a la humillación”.

En la universidad, la policía disparó bolas de pintura, proyectiles de acero y gases lacrimógenos.

La ONG Iran Human Rights (IHR) compartió en su cuenta de Twitter numerosos videos donde se pueden apreciar la violencia con la que actúan las fuerza de seguridad contra los manifestantes.

Protesters running amid sounds of gunfire by state security forces in Bukan, western Iran. Oct 1 #Iran #MahsaAmini #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/I8B7EWV40d

— IranHumanRights.org (@ICHRI) October 2, 2022

La policía antidisturbios se concentró en los principales cruces de carreteras de la capital, mientras los estudiantes se manifestaban en la plaza Enghelab (Revolución), cerca de la Universidad de Teherán, en el centro de la ciudad, para presionar por la liberación de los estudiantes detenidos.

En paralelo, los iraníes residentes en el extranjero y sus partidarios salieron el sábado a las calles de ciudades de todo el mundo en solidaridad con el movimiento de protesta.

Una ola de violencia viene sacudiendo al país desde que Amini, una joven de 22 años, murió tras ser detenida por la “policía de la moral” al no respetar el estricto código de vestimenta de la República Islámica para las mujeres.

Este miércoles, la Confederación Nacional de ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, desarrolló una movilización en Buenos Aires, puntualmente a Tribunales para solicitar la resolución de juicios que hay con Anses y en PAMI, obras social de los veteranos, para reclamar por las prestaciones médicas en todo el país, ya que no hay una atención homogénea y en algunos puntos del país “directamente no funciona”, expresaron.

En este marco, el excombatiente Alejandro Videla, quien dijo presente junto a Sergio Márquez de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, contó: “En el congreso que realizamos el 2 de marzo, se decidió realizar esta movida. Estamos a pocos días de que se cumplan 40 años de la guerra de Malvinas, donde se iba a hacer un acto que se terminó suspendiendo, ya que hay cuestiones que no están resueltas con los veteranos, lo que nos llevó a decidir que no íbamos a desfilar hasta que no podamos saldar estas deudas que están relacionadas con nuestra salud”.

Seguidamente destacó: “Nos congregamos en el Obelisco bien temprano por la mañana, con presencia de veteranos de todo el país, desde Tierra del Fuego a Jujuy. Hasta ese momento, la relación con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires era cordial, ya que habían sido alertados previamente sobre esta movida, y eran los encargados de ir ordenando el tránsito a medida que la columna avanzaba”.

La primera para fue Tribunales, donde los representantes de la Confederación se reunieron con autoridades y se comprometieron a darle celeridad a todos los expedientes. “Nos sentimos complacidos por la respuesta y la atención, ya que, desde hace tiempo, nuestro abogado venía pidiendo un encuentro”, puntualizó.

Luego, los veteranos continuaron marchando hacia PAMI. “Cuando llegamos cerraron sus puertas, quedando la gente calle Corrientes. Se logra una mesa de negociación, con representantes provinciales de los veteranos y la autoridad número tres de la jerarquía de PAMI”, relató. Y añadió: “En un momento, mientras se llevaba a cabo la reunión y se veía que la reunión ni venía bien, un grupo de compañeros quiso ingresar al hall, con la idea de presionar un poco más, teniendo una respuesta violenta de la policía que formó un cordón en la puerta. Allí se produjo un enfrentamiento físico que deriva en que un agente empiece a rociarnos con gas pimienta. Lo peor de todo que lo hacían con satisfacción”.

Los efectos no tardaron en llegar y los excombatientes comenzaron a sentir las consecuencias, con dificultades para respirar. “Tenemos compañeros con asma o EPOC, que afortunadamente no sufrieron efectos mayores”, enfatizó. Afortunadamente la situación se calmó con los veteranos cantando el Himno Nacional Argentino.

“Intentamos hablar con la Policía, porque eran agentes jóvenes, que podían ser nuestros hijos, para que se den cuenta que somos personas mayores de 60 años, algunos ya jubilados, que no era necesaria esta reacción, porque con la barrera o cordón humano que habían formado era suficiente, para nosotros era imposible físicamente atravesarla”, disparó.

Los excombatientes lograron un petitorio con un acuerdo para rever varios de los temas que plantearon con una tregua de 30 días. “Esperemos que el 2 de abril podamos decir que la respuesta al reclamo de los veteranos está en camino”, sentenció.

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Este miércoles, la Confederación Nacional de ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, desarrolló una movilización en Buenos Aires, puntualmente a Tri...]]>