El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dictó este lunes la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenían los gremios aceiteros con las empresas del sector. La medida fue adoptada tras el pedido formal de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC), que buscaba restablecer el diálogo con los líderes sindicales ante la imposibilidad de retomar las actividades en las plantas afectadas.

La disposición establece un período de conciliación obligatoria de quince días, durante el cual ambas partes deberán retrotraer la situación a la existente antes del inicio del conflicto. En consecuencia, los sindicatos han sido intimados a cesar todas las medidas de acción directa y a reanudar la prestación de servicios de manera normal y habitual.

Por su parte, las empresas Cargill, Bunge, LDC Argentina, Terminal 6, Molinos Agro, Renova y Cofco, junto con las representadas por CIARA y la Cámara Argentina de Biocombustibles, deberán abstenerse de tomar represalias contra los trabajadores y otorgar tareas de forma regular a su personal durante el proceso de conciliación.

CIARA-CEC explicó en un comunicado que decidió solicitar la conciliación obligatoria debido a los daños económicos significativos que la paralización de actividades estaba generando, especialmente para los transportistas de granos que se encontraron varados o que no pudieron realizar sus viajes a puertos. La cámara remarcó que la industria ya había ofrecido un incremento salarial del 107% anual, con un salario mínimo conformado superior a los 2 millones de pesos, y un salario promedio que supera los 3 millones.

La disposición del Gobierno también insta a las partes a mantener una actitud de apertura para negociar las diferencias que persisten y contribuyan así a la paz social y la mejora de las relaciones laborales en el sector.

En tanto, las terminales portuarias de San Lorenzo, que habían sido las más afectadas por el paro, comenzaron a reactivar sus operaciones. Entre las plantas que retomarán la descarga de granos se encuentran Cargill, Bunge, LDC Argentina, Terminal 6, Renova y Cofco, entre otras.

A diferencia de las jornadas previas, los gremios aceiteros aún no emitieron un comunicado oficial, pero fuentes cercanas indicaron que acatarán la medida dictada por el Gobierno. Se espera que en las próximas horas la actividad en las terminales portuarias de Santa Fe se normalice por completo.

El presidente del directorio de la aceitera Vicentin SAIC, Omar Adolfo Scarel, fue detenido este lunes por orden de la Justicia de Santa Fe en la ciudad de Avellaneda, en el norte de la provincia, en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova que estaban cautelados por la Justicia, informaron fuentes judiciales.

La detención de Scarel se concretó en Avellaneda, distante unos 330 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, donde Vicentin tiene además su sede central, y en las próximas horas será trasladado hacia Rosario, donde el miércoles se realizaría la audiencia de imputación.

Tras conocerse la detención, efectuada por agentes de la División Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe, la empresa emitió un comunicado en el que sostuvo que “no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”.

Además de la detención de Scarel, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de la empresa Viterra, que comparte con Vicentin el paquete accionario de Renova.

Las fuentes dijeron que el fiscal Miguel Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, cuando era contador de la firma. Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.

También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos.

Esas maniobras habrían sido realizadas presuntamente por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera conseguir créditos por US$ 500 millones.

La primera reacción de la empresa fue descalificar la acción de la Justicia de Santa Fe.

A través de un comunicado dijeron que “es absolutamente falso” que la compañía haya “incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento”.

La nota de prensa niega que haya existido un “incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad”. Vicentin señaló que esos acuerdos “se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”

“El señor Scarel como todos los miembros del directorio de Vicentin SAIC imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”, añadió el texto.

Además, enfatizaron que “llama poderosamente la atención que este hecho (la detención) ocurra cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”.

La detención de Scarel se da en el marco de las graves dificultades financieras de Vicentin, que incluso llevó al Gobierno nacional a intervenirla en forma transitoria en junio de 2020, en parte debido a que el Banco Nación era uno de los principales acreedores por créditos otorgados durante la presidencia de Mauricio Macri.