Sobre una amplia zona del sur santafesino, que abarca el norte del departamento General López y el sur de Constitución, los productores agropecuarios no alcanzarán a cosechar lo suficiente para cumplir obligaciones y advierten que se requerirá “llegar a un acuerdo de renegociación de pagos y contratos” para evitar “una grave crisis social y económica para la región”.

En un informe técnico, el ingeniero agrónomo Gustavo H. Recupero detalló que se trata de una superficie de 70.000 hectáreas, de las cuales 55.000 (82%) son agrícolas, que comprende las localidades de Alcorta, Carreras, Melincué, Labordeboy, Wheelwright y Juncal, donde viven unas 22.000 personas.

En la región, el rendimiento promedio de soja en la última década oscila entre 28 y 32 quintales por hectárea, por lo que el volumen de grano a cosechar en condiciones normales sería de 1,6 millones de quintales (160.000 toneladas). A los valores de mercado actuales serían U$S 56 millones.

“Debido a las condiciones ambientales observadas hasta el mes de abril y por la magnitud del área analizada, el resultado de cosecha es visiblemente preocupante, presentando un escenario sin precedentes. El motivo principal: la gran sequía que afecta no solo al campo, sino a la población en general”, advierte el ingeniero.

Con un avance de la trilla del 70% del total de la superficie sembrada, los rendimientos son muy bajos y variables. Un tercio de los lotes están entre 0 y 4 qq/ha (el 20% son sojas de 2° sembrada sobre trigo y 10% a soja de 1° sembrada en suelos con limitantes edáficas). Luego, un 50% de la superficie corresponde a cultivo de soja sembrada en tres fechas diferentes, octubre-principio de noviembre, 15 al 30 de noviembre y diciembre-enero, donde los rendimientos fluctúan de 8 a 16 qq/ha. Mientras el 20% restante del área arroja rendimientos de 20 a 22 qq/ ha, con pocas situaciones con más de 25 qq/ha.

Así, el promedio de quintales de soja en la zona redondea apenas 10-12/ha. “Esto resulta en un rendimiento medio de entre 10 a 12 qq/ ha, reduciendo a 600.000 qq el total del área, equivalente a 19 millones de dólares; 37 millones de dólares menos para la región y el país, comparado con años anteriores”.

Recupero advierte que el problema no es “sólo productivo”, sino que también puede acarrear consecuencias sociales, dado que “la mayoría de los actores productivos habitan la región y viven de su trabajo en el campo, teniendo como prioridad sostener a su familia”.

El dato clave es que el 70% de la agricultura se hace sobre campo arrendado, que en la zona pagan una media de 15 quintales de soja por hectárea. “Esto significa la necesidad de 840.000 quintales para el pago de los mismos, 240.000 más de lo que va a producir la región este año”.

Pero además de esa fuerte erogación, los chacareros contratistas tienen otros compromisos financieros con entidades bancarias, acopios, cooperativas y empresas privadas por la adquisición de insumos, inversión en tecnología y maquinarias agrícolas. A esto se suma que precisan recursos económicos para iniciar la próxima campaña, “un aspecto que parece cada vez más imposible”.

Frente a este diagnóstico, el agrónomo sostiene que el escenario puede resolverse con apoyo financiero externo: “Estamos hablando de la presencia del Estado”. Sin embargo, considera que “este hecho pareciera ser totalmente improbable en el marco político y económico que vive el país hoy en día”.

Por lo tanto, Recupero analiza que será “muy difícil imaginar una salida” sin un pacto entre los actores que participan en el sistema productivo “para llegar a un acuerdo de renegociación de pagos y contratos”. Si bien “es un trabajo arduo y difícil”, será imprescindible porque “está en juego la cadena productiva y remuneración correspondiente”.

Y concluye: “de no llegar a dicho consenso, la situación podría derivar en una grave crisis social y económica para la región”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Luego de posponer varias veces el pago y varios meses de negociaciones, este miércoles la Argentina hará el primer desembolso con destino al Club de París. Es uno de los dos envíos de dinero acordados con el consorcio de acreedores en junio, cuando el Gobierno argentino anunció un acuerdo para hacer un pago parcial de US$430 millones y dilatar la renegociación final hasta el 31 de marzo del año que viene.

El “puente de tiempo” con el Club de París fue anunciado por el ministro de Economía Martín Guzmán a finales de junio. La Argentina le debe US$2400 millones a ese consorcio de acreedores y debía pagar antes del 31 de julio para no caer en default (luego del vencimiento de fines de mayo y los 60 días de gracia). Un mes antes del plazo límite, el titular del Palacio de Hacienda informó que realizará un pago parcial dividido en dos cuotas: una en julio y otra durante el primer trimestre de 2022.

Este miércoles se efectivizará el primero de esos giros de divisas a los países europeos que conforman el Club de París. Se trata de US$226 millones, que se enviarán en ocho monedas de pago distintas (según los créditos de cada nación acreedora). Para hacer frente a sus obligaciones, el Tesoro tomó dólares del Banco Central (BCRA) en las últimas tres ruedas. La demanda de billetes se distribuye en varias jornadas para evitar que la mesa del organismo monetario deba desprenderse de una cantidad importante de divisas en un sólo día.

El efecto de esas operaciones se ve en las reservas de la entidad que desde el viernes de la semana pasada ya cayeron más de US$300 millones y volvieron a perforar los US$43.000 millones. A eso se sumó un recorte en las ventas de dólares de los exportadores -que seguirán mermando en los próximos meses- y una mayor demanda importadora, que llevó al BCRA a finalizar la rueda del martes con saldo negativo por primera vez desde abril.

Al momento de anunciar el acuerdo con el Club de París, Guzmán hizo hincapié en el “alivio financiero” de US$2000 millones para la Argentina. Sin embargo, la deuda continúa pendiente y el país tiene hasta fines de marzo para llegar a una reestructuración más permanente de sus obligaciones con ese consorcio. Los meses adicionales que ese grupo informal de prestamistas concedió al Gobierno apuntan a que el país pueda avanzar en la concreción de un nuevo programa con el FMI. Si bien las conversaciones con este organismo fueron calificadas como “productivas” por ambas partes, se prevé que el anuncio de acuerdo llegará después de las elecciones.

El segundo semestre se presenta particularmente desafiante en materia de dólares. Con menores ingresos de divisas generados por el campo y pagos de deuda que suman alrededor de US$6000 millones, el BCRA se tendrá que despender de buena parte de los más de US$7400 millones que adquirió en el mercado en lo que va del año.

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