Diputados de distintos bloques de la oposición tienen decidido avanzar la próxima semana con la interpelación y eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que en caso de prosperar tendría como consecuencia el apartamiento del funcionario de su cargo.

El motivo es no aplicar la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado por el Congreso, y que el Poder Ejecutivo terminó promulgando, pero subordinando su implementación a que los legisladores especifiquen de dónde saldrá el financiamiento para los aumentos que prevé.

La oposición planea convocar a una sesión para la semana que viene en la que incluirá un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales, conducida por el libertario Nicolás Mayoraz, para obligarla a dictaminar la interpelación. Con ese dictamen luego podrá aprobar en el recinto la citación al jefe de Gabinete.

El proyecto de interpelación fue presentado por diputados del bloque Encuentro Federal, a la vez que hizo lo propio el grupo de ex integrantes de La Libertad Avanza ahora nucleado en el interbloque Coherencia y Desarrollo.

"Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, dictar decretos nulos e inconstitucionales y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, en el contexto de gobernar sin presupuesto", aseguró el diputado nacional Oscar Agost Carreño, miembro del bloque Encuentro Federal en su cuenta de X.

La propuesta sostiene: "El presente proyecto se motiva en la genuina inquietud de garantizar la vigencia del orden democrático. La contundente afirmación en modo alguno resulta una exageración ya que el Poder Ejecutivo ha desoído las leyes sancionadas recientemente por el Congreso".

Además, el bloque insiste en que "el Presidente de la Nación ha utilizado la herramienta constitucional del veto sistemáticamente contra leyes claves como la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica, entre otras y la que aquí nos ocupa, la Ley de Emergencia en Discapacidad".

Las presentaciones incluyen en la fundamentación irregularidades, como "decretos considerados inconstitucionales", "gobernar sin presupuesto aprobado", "reasignaciones arbitrarias de partidas" y "acusaciones públicas contra periodistas y legisladores que constituirían violencia política".

Los legisladores sostienen que las acciones de Francos violan principios fundamentales de la Constitución Nacional. En particular, critican el Decreto 681/2025, que condicionó la aplicación de la Ley 27.793 a explicaciones presupuestarias del Congreso, calificándolo de "inédito" y carente de sustento legal. Citando fallos de la Corte Suprema y la doctrina de Germán Bidart Campos, argumentan que el Ejecutivo no puede suspender o condicionar una ley promulgada tras la insistencia legislativa.

Asimismo, denuncian que el manejo discrecional del presupuesto, como la prórroga del ejercicio 2023 y la reasignación de fondos sin debate, contraviene la exclusividad del Congreso en esta materia, según lo establecido por la Corte en casos como Video Club Dreams (1991).

Francos defendió su gestión y rechazó las acusaciones. Además, confirmó que irá al Congreso si la oposición decide interpelarlo. Crédito: Archivo El Litoral.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la acusación de Francos contra periodistas y legisladores por la filtración de audios que implicarían actos de corrupción. Las declaraciones del funcionario, que incluso aludieron a "potencias extranjeras", no solo fueron desmentidas por la Justicia, sino que también generaron roces diplomáticos que requirieron intervención de la Cancillería. El bloque Coherencia considera que estas acusaciones violan la libertad de expresión (art. 14 de la Constitución) y la inmunidad parlamentaria (art. 68), además de constituir una forma de censura indirecta, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los supuestos agravios de Francos hacia las diputadas Lourdes Arrieta y Marcela Pagano son otro eje del proyecto. Las expresiones del jefe de Gabinete, que incluyen descalificaciones personales y políticas, son señaladas como una forma de violencia de género que vulnera la Ley 26.485 y los estándares de respeto institucional de la Constitución. Los legisladores destacan que estas actitudes agravan la crisis de convivencia democrática.

El bloque Coherencia subraya que la moción de censura, prevista en el artículo 101 de la Constitución, es el "mecanismo de control político más eficaz" para garantizar la responsabilidad del jefe de Gabinete, según el constitucionalista Néstor Sagüés.

De acuerdo con información del sitio web de la Cámara de Diputados, la moción de censura está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. Se trata de un procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Poder Ejecutivo.

A diferencia del juicio político, no requiere demostrar la comisión de un delito ni un mal desempeño comprobado, sino que responde a una decisión política del Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

La primera etapa del proceso es la aprobación del pedido de interpelación, que obliga al funcionario a presentarse ante el Congreso para responder preguntas y defender su gestión.

La no aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, a pesar de que fue publicada luego del rechazo del veto, es el principal motivo por el que quieren convocar al Jefe de Gabinete. Crédito: Archivo El Litoral.

Luego, si se somete a votación y la moción de censura obtiene la mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras, el Jefe de Gabinete queda removido del cargo. Sin embargo, la Constitución permite que el presidente lo designe nuevamente. El proceso no implica una responsabilidad judicial, sino exclusivamente política.

Francos defendió su gestión y rechazó las acusaciones. Además, confirmó que irá al Congreso si la oposición decide interpelarlo.

"Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional", dijo el jefe de Gabinete en Radio Mitre. Y agregó: "El Congreso no hizo eso. Esto es una discusión de interpretación y competencias".

En cuanto a las consecuencias políticas de una eventual interpelación, Francos manifestó: "Todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la Cámara, tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme".

También remarcó la falta de antecedentes: "No sé si alguno fue censurado. Yo creo que no hay antecedentes de eso. Entonces, me tocará debutar en este tema y lo haremos".

Según el constitucionalista Félix Lonigro, hay tres formas de remover a un jefe de Gabinete. Una está a cargo del Presidente (decreto de remoción); y las otras dos están a cargo del Congreso: 1) Juicio Político (Arts. 53, 59 y 60 Constitución Nacional); 2) Moción de Censura (Art. 101 Constitución Nacional).

"Jamás el Congreso destituyó a un jefe de Gabinete. Ahora se está intentando hacerlo a través de la Moción de Censura, y se dice que, si así fuera, el presidente podría volver a elegirlo. Un delirio. Veamos. Si la destitución fuera por juicio político, el Senado podría destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. En este caso se evitaría que pueda ser nuevamente designado", argumentó el jurista.

Y añadió que "es cierto que el Art. 101, para la moción de censura, no prevé la inhabilitación, pero debe ser aplicada, esa posibilidad, por analogía con el juicio político. No puede ser de otra manera, porque no tendría absolutamente ningún sentido que el Congreso pudiera remover por Moción de Censura y que al día siguiente el removido sea repuesto en el cargo por el primer mandatario".

(Por Luis Rodrigo) – En apenas unos minutos, la sesión conjunta de ambas cámaras de la Legislatura santafesina votó la remoción del cargo de fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación a Rodrigo Germán González, además de imponerle una inhabilitación por diez años y la prohibición de ingresar a las oficinas del MPA.

Tras la verificación del quórum de cada cuerpo deliberativo y la lectura del dictamen por unanimidad de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado radical Fabián Bastia, se contaron 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.

González fue apartado del MPA por “mal desempeño en sus funciones”, de acuerdo con lo que disponen varios artículos de la Ley 13.013 que regula el trabajo de los fiscales y del órgano de la Acusación.

La denuncia fue presentada por su superior, el fiscal regional Rubén Martínez, sobre “la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia”.

El presidente provisional de Cámara de Senadores,  Rubén Pirola (PJ-NES-Las Colonias), presidió la sesión conjunta ante la licencia sin goce de haberes de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, por su candidatura a senadora nacional.

En marzo pasado, González había sido suspendido, con una reducción de su salario del 50%. Esa medida disciplinaria provisoria correspondía a un proceso en el Poder Legislativo, iniciado hace ya más de cinco meses, con la diputada provincial María Laura Corgniali (PS), en el rol de acusadora. Tanto aquella decisión como la actual se tomaron por unanimidad.

Este jueves también se pronunció el senador venadense Lisandro Enrico contra la inconducta del funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Sin embargo, el trabajo del fiscal adjunto González está en observación en la Legislatura desde hace más de tres años y medio. Incluso en diciembre de 2018 fracasó otra sesión especial conjunta (producto de otro expediente anterior) en la que Acuerdos había propuesto dictarle también una medida disciplinaria. Aquella vez, fue el bloque mayoritario del peronismo en el Senado el que impidió el quórum. Este año, en cambio, hubo un completo acuerdo de todos los sectores políticos que componen ambos cuerpos.

El titular de Acuerdos, indicó a El Litoral que hubo un solo despacho para el caso del fiscal adjunto González, destacó que el integrante del MPA encartado ha contado con las debidas oportunidades para llevar adelante su defensa y destacó la labor de su par acusadora, la diputada Corgniali.

En 2018, un superior de González en el MPA presentó una denuncia en su contra por “la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia”.

En febrero de 2019 González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas” mientras se lo investigaba por los hechos sobre los que no había avanzado el Legislativo.

Aquella investigación, dentro del propio MPA fue iniciada hace tres años. El fiscal general Jorge Baclini dispuso que Alejandro Sinópoli, fiscal regional de la Circunscripción Judicial de Venado Tuerto llevara adelante las actuaciones.

Ese año, respecto del “manejo irregular de fondos” el fiscal González dijo: “puedo reconocer de mi parte un error quizás funcional de no haber hecho el depósito más inmediatamente, pero está firmado el acto de lo que yo cobré… reconozco que fue una desprolijidad de mi parte”, y aseguró que lo había comunicado a sus superiores.

El caso escaló en su gravedad y finalmente fue removido del cargo ante las evidencias de que había colaborado con el juego ilegal.

La Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras requiere de mayorías más exigentes que la Asamblea Legislativa. En el primer caso sesionan los dos cuerpos a un mismo tiempo, mientras que en el segundo simplemente se suman sus integrantes. Así, para una sesión conjunta se requiere entonces que cada Cámara tenga los números necesarios para sesionar y quórum por separado. En cambio, una Asamblea Legislativa puede llegar al quórum con presentes de una y otra Cámara. Obviamente, en el primer caso ambas tienen el mismo peso. En el segundo, por el contrario, es Diputados quien tiene las riendas.

Con el acuerdo de todos los sectores con representación política en la Legislatura, la sesión de ambas cámaras aprobó una declaración frente a la balacera del miércoles 18 en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario.

El texto fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Pablo Farías y votado por unanimidad.

Entre otros conceptos, el Poder Legislativo de Santa Fe “reafirma su compromiso” con “los jueces y fiscales” y expresa su condena y rechazo “contra todo tipo de amedrentamiento del Poder Judicial, instando al gobierno provincial a que garantice a través de Ministerio Seguridad el normal funcionamiento la Justicia”.

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Mauro Blanco, fiscal arrestado y cerca de la remoción.

Mediante un dictamen que no tuvo oposición, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa recomendará por unanimidad a la Legislatura la remoción del fiscal Mauro Blanco, de Venado Tuerto, que ya había sido suspendido por seis meses el 22 de octubre del año pasado.

Ahora ese plazo se extingue y es necesario que se expida nuevamente el Poder Legislativo. Además, los avances del caso en Tribunales dejaron -aún a los legisladores que tenían algunas dudas el año pasado- en una posición en la que resulta difícil consentir el comportamiento de ese integrante del Ministerio Público de la Acusación.

El dictamen de Acuerdos dice sucintamente que recomienda a los diputados y senadores remover al fiscal Blanco, pero -durante la reunión de Acuerdos de este miércoles 19 de abril- hubo distintas argumentaciones (que llevaron un debate de más de tres horas) frente al caso que, según la información disponible hasta ahora, no parecían suficientes para que hubiera un dictamen de minoría que contemple alguna sanción menos dura. Por ejemplo, extender la suspensión, pero por tiempo indeterminado, hasta que haya un fallo judicial.

Cabe recordar que tanto hace medio año, como ahora, el senador Joaquín Gramajo, que actual como miembro acusador, recomendó la medida más dura para el fiscal. Y que en octubre pasado, sin embargo, hubo unanimidad para dejar que la Justicia avance ante la posibilidad de que una votación dividida deje al Legislativo ante el abismo de no imponer ninguna sanción (la sesión conjunta obliga a tomar cualquier decisión con una mayoría especial en cada una de las dos cámaras).

Ahora el panorama es distinto, ya que con los delitos que el juez autorizó a profundizar la investigación hay suficientes elementos como para pensar en una sanción como la que generaba dudas especialmente en el radicalismo.

Enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de información secreta, son los graves delitos que el juez de Primera Instancia, Adrián Godoy, aceptó para continuar la investigación a cargo del fiscal Leandro Mai, de la ciudad de Reconquista.

El magistrado encontró elementos suficientes en solo esos cuatro presuntos delitos sobre los nueve de los que lo acusó Mai.

El juez también estuvo de acuerdo con el fiscal del norte en que se trabare una inhibición sobre algunos de los bienes de su par del sur.

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva ordinaria entendiendo que las acusaciones permiten proyectar una pena superior a los ocho años en caso de existir condena y que hay riesgo de entorpecimiento en la causa y riesgo de fuga por contar con dinero suficiente para irse del país. Además pidió una inhibición general de sus bienes.

El juez decidió la prisión domiciliaria porque entendió que no peligra la causa y porque contempló la situación familiar del fiscal bajo proceso, ya que recientemente Blanco ha enviudado y tiene cuatro hijos, dos de ellos muy chicos.

Los defensores de Blanco, en tanto, habían solicitado la libertad de Blanco (que aceptó defenderse en el estrado), y que no se le inhiban esos bienes. Los abogados Rafaela Florid y Gustavo Feldman plantearon la nulidad del allanamiento en el que se detuvo al fiscal de Venado Tuerto el viernes, porque según su versión parte del material secuestrado no estaba relacionado con la acusación.

Es interesante advertir que este último aspecto, desde el punto de vista de los legisladores se torna irrelevante. En efecto, puede que pruebas obtenidas en un allanamiento que tenía otras justificaciones no puedan usarse en los tribunales judiciales, pero indudablemente tendrán otro peso para los senadores y los diputados, que llevan a cabo un juicio de características políticas. Dicen si debe o no seguir siendo fiscal alguien que está salpicado por esas investigaciones en curso, así como respecto de los vínculos confusos que ha tenido con un narcotraficante de Venado Tuerto.

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“Ahora el panorama es distinto, ya que con los delitos que el juez autorizó a profundizar la investigación hay suficientes elementos como para pensar en una sanción como la que generaba dudas especialmente en el radicalismo”.

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