La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos hace quince días por el Senado, y sancionó una ley que regula la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes así como la gestión y regulación de alarmas en manos de particulares.

La sanción de la norma llegó en la última sesión del período Ordinario y contó con el respaldo de gran parte del arco político y el rechazo de los cuatro integrantes de Somos Vida y Juan Argañaraz de Inspirar.

El socialista Rubén Galassi, uno de los autores del proyecto, volvió a fundamentar el proyecto tal como hiciera cuando oportunamente fuera votado por la Cámara Joven. Explicó que en el Senado y a instancias del Ministerio de Justicia y Seguridad se incorporó el tema alarmas sobre el que se explayó.

En cambio, Silvia Malfesi expuso el rechazo al proyecto por entender que hay exceso de reglamentarismo que traerá más inseguridad. "El proyecto desalienta a los privados que quieran colaborar en la temática" remarcó.

Galassi recordó que desde 2008 la Cámara de Diputados empezó a discutir el tema con iniciativas de Alicia Gutiérrez y luego se sumó otra de Hugo Pieroni. Hubo algunas medias sanciones de Diputados pero no prosperaron en el Senado.

Este año, tras trabajo legislativo en comisiones e incluso reuniones con cámaras que agrupan a empresas de seguridad, la Legislatura dictó la norma que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo. El universo a regular abarca unas 200 empresas y unos 12.000 empleados aunque la ley ordena realizar un censo para conocer el universo de prestadores.

"Es necesario avanzar con una norma en una tarea donde los privados suplantan o ayudan a la tarea de seguridad del Estado y que funciona con decretos del año 1991" explicó Galassi.

El legislador se detuvo además en la inclusión del tema alarmas con estadísticas del propio ministerio de Justicia y Seguridad donde el sistema de alarmas repercute en el 911 y dispara intervenciones de móviles y agentes policiales para gran parte de falsas advertencias.

Señaló que hasta octubre de este año, de los 595.000 incidentes en que participaron móviles del 911, 215.000 fueron generados por alarmas y de ellos apenas el 3% fue por hechos de inseguridad.

Advirtió el legislador que eso no ocurría cuando el sistema de llamado policial era el 101 donde las empresas de alarmas derivaban a la policía los casos de inseguridad.

La norma sancionada tiene 70 artículos y comienza por regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la Provincia.

"Las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria", completa el primer artículo.

La norma encarga la construcción de un registro de empresas, los tipos de servicios que pueden prestar así como las características que deben cumplir los titulares de las firmas y los empleados. Un capítulo especial es la prestación de servicios con usos de armas.

En cuanto a alarmas, "la regulación persigue los fines de optimizar el empleo de recursos públicos, reducir las falsas alarmas, garantizar la interoperabilidad técnica y mejorar la respuesta del sistema de seguridad ciudadana".

La diputada socialista Lionella Cattalini será la nueva presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, ocupando el lugar que venía desempeñando Pablo Farías desde diciembre de 2023. Tanto Cattalini como Farías fueron convencionales constituyentes este año por la bancada de Unidos.

En la sesión se votó una resolución con la inclusión de la rosarina en la Comisión de Constitucionales y en la próxima reunión el bloque de Unidos la propondrá como titular de esa estratégica comisión.

Hoy Cattalini además preside la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados. No obstante, a partir del año próximo, la titularidad de esa comisión le corresponderá a la Cámara Alta.

El diputado socialista Pablo Farías presentó su renuncia a la banca de diputado provincial debido a que jurará en la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles venidero y entrará en funciones el 10 de diciembre.

La renuncia le fue aceptada sobre el final de la sesión y su reemplazo, el también socialista, Javier Farías, jurará en el cargo en la primera sesión del Período de Extraordinarias que será convocado el próximo lunes por el Poder Ejecutivo.

No obstante, la primera parte de la sesión se la llevó un unánime reconocimiento a la figura de Farías quien deja la Cámara después de 6 años.

Primero, la presidenta de la Cámara, Clara García, al abrir la reunión rompió el listado de legisladores a los que les corresponde izar la Bandera para hacerlo ella con el propio Farías.

Antes, tuvo palabras de gran reconocimiento a la figura del santafesino por "la calidez humana, el trabajo, la vocación de diálogo, de la búsqueda de los entendimientos"

Es más, lo definió como "el elegido de los gobernadores" recordando las funciones que cumplió durante los mandatos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

Farías fue presidente de la Cámara de Diputados tras el fallecimiento de Lifschitz y el hecho no pasó inadvertido para García que lo definió como "mi hermano".

Después hubo palabras de reconocimiento a la tarea y a la vocación dialoguista de Farías desde todos los sectores políticos donde cada uno de los oradores fue rescatando aspectos de la figura del legislador.

El Gobierno de Javier Milei informó este lunes, a través del Boletín Oficial que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el organismo estatal encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en Argentina, será intervenido con el objetivo de evaluar y reorganizar el panorama de los servicios de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el país.

La medida, que inicialmente tendrá una duración de 180 días, busca abordar incumplimientos legales y promover una mayor eficiencia en el sector, en línea con las políticas de desregulación y modernización emprendidas por el gobierno.

La intervención, que será liderada por el licenciado Juan Martin Ozores como Interventor, junto a los interventores adjuntos, la doctora Patricia Zulema Roldan y el doctor Alejandro Fabio Pereyra, tiene una serie de objetivos claves. Entre ellos se encuentra la elaboración de un informe detallado sobre la situación actual del ENACOM, evaluando el cumplimiento de sus competencias y analizando las implicancias en el mercado de las TIC tras el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/20.

Además, se busca revisar las medidas cautelares judiciales vigentes y las sentencias judiciales relacionadas con actos administrativos de competencia del Enacom. Esto responde a conflictos judiciales generados a partir de decisiones tomadas por el organismo desde diciembre de 2020, las cuales, según críticos, podrían haber incumplido las disposiciones legales vigentes.

La intervención también abordará la estructura organizativa del Enacom con el objetivo de propiciar su reorganización funcional y operativa, promoviendo la profesionalización y eficiencia del ente. Se propone simplificar procesos administrativos y reducir trámites excesivos para mejorar la agilidad y eficacia del organismo.

Otro aspecto relevante de la intervención es la revisión de los programas y proyectos asociados al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). La evaluación incluirá el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables, así como la definición de acciones para poner al día las tramitaciones pendientes relacionadas con asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros.

En el marco de la intervención, se considera crucial un análisis exhaustivo de las regulaciones vigentes, con el objetivo de determinar si estas han quedado obsoletas o si están obstaculizando el avance tecnológico. En caso necesario, se propondrán acciones para actualizar y modernizar dichas regulaciones, manteniendo el equilibrio entre el interés público y el avance tecnológico.

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/23, que declara la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, también se toma en cuenta en la intervención. Se espera que las medidas implementadas contribuyan al fortalecimiento democrático, la educación, la identidad cultural y el desarrollo económico, industrial y tecnológico en línea con los principios establecidos en la Constitución Nacional.

Enacom by El Litoral

La Cámara Santafesina de Energías Renovables, entidad que agrupa a las elaboradoras pymes de biocombustibles de la provincia de Santa Fe, se dirigió por nota al gobernador de la Provincia de Santa Fe Maximiliano Pullaro, para pedirle una audiencia a los fines de hablar sobre "el riesgo" que implica para el sector el proyecto de Ley Ómnibus del presidente Javier Milei al que se compara con un "certificado de defunción" de ser aprobado.

La nota firmada por Juan Ignacio Facciano, titular de Casfer, tiene copia al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Gustavo Puccini y a la Secretaria de Energía, Verónica Geese. Contiene definiciones de fondo de una industria basada en la industrialización de las materias primas que produce Santa Fe a las que se les agrega valor y que cuida el medio ambiente. Un 80% del biodiésel que consumen los motores diesel de todo el país se origina en la provincia del mapa de la bota.

La misiva es "a raíz de la presentación en el Honorable Congreso de la Nación, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del proyecto de ley denominado 'Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', bajo el número de expediente nro. 194/23 (en adelante el "Proyecto de Ley"), y a los fines de solicitar vuestra intervención atento el riesgo que éste conlleva para toda la industria pyme de biocombustibles, no solo de nuestra provincia sino de todo el país".

"Conociendo su posición en materia de desarrollo industrial y apoyo a las bioenergías, es que solicitamos una audiencia para poder expresar con mayor profundidad los conceptos de esta nota, los riesgos y avasallamientos de derechos que este proyecto genera para nuestra industria, y, de ser posible, trazar juntos una estrategia de defensa de los puestos de trabajo y de la industria pyme de los biocombustibles, todo ello, atento las consecuencias negativas que el mismo generará, en caso de aprobarse, en todo el entramado de nuestras economías regionales", expresa unas líneas más abajo.

Luego apela a la máxima autoridad provincial: "Señor Gobernador, estamos en condiciones de afirmar que la aprobación del Proyecto de Ley constituiría el certificado de defunción de toda la industria pyme de biocombustibles. Desde Casfer queremos aprovechar la ocasión para ratificar nuestro firme compromiso al desarrollo de las economías regionales y a la diversificación de la matriz energética a partir de combustibles de origen nacional y renovable, asegurando el abastecimiento energético con menor concentración económica y mayor independencia a factores externos, constituyendo así, los biocombustibles, un pilar fundamental para el desarrollo económico, regional, sostenible y sustentable, y propiciando el cuidado del ambiente y la salud".

Por María José Ramón y Luciana Lanzamidad

Se daría marcha atrás en las medidas que propuestas para regular las billeteras virtuales en Argentina. Esta decisión se produce después de una ola de controversia y debate sobre el impacto de estas medidas en el sistema financiero del país.

La polémica se originó cuando el Banco Central anunció su intención de implementar cambios en el funcionamiento de las billeteras virtuales, lo que generó una reacción inmediata tanto de los usuarios como de las propias entidades financieras. El Ministro de Economía, Sergio Massa, en un intento por calmar la situación, pidió la derogación de la medida.

Cada vez son más las personas que optan por utilizar billeteras virtuales

El contador Andrés Rams explicó a El Litoral que el motivo de la controversia radica en el crecimiento exponencial de las billeteras virtuales. “En el último semestre de 2023, se abrieron alrededor de 5.7 millones de cuentas bancarias en bancos tradicionales, mientras que las billeteras virtuales lograron abrir 5 millones. Este crecimiento equiparable planteó una amenaza significativa para el sistema bancario tradicional”.

Uno de los principales puntos de discordia fue la eliminación del débito directo, un mecanismo que permitía que las billeteras virtuales obtengan fondos automáticamente desde las cuentas bancarias tradicionales. “Esto facilitaba la transferencia de dinero y generaba intereses para los usuarios sin requerir ninguna acción adicional. El Banco Central había propuesto reemplazar esta función con transferencias pool, un sistema más rudimentario que aún se encuentra en fase de prueba y que ha generado preocupaciones por su complejidad y posibles fallas”, sostuvo el profesional.

La medida del BCRA provocó una serie de críticas, tanto de usuarios como de los dueños de las billeteras.

Otra medida controvertida, dijo el contador, era la obligación de que las billeteras virtuales se inscribieran en un registro de billeteras interoperables, lo que generó resistencia por parte de algunas de las empresas líderes del sector.

Sin embargo, el Banco Central anunció negociaciones con las principales billeteras virtuales, para reducir las comisiones para los comercios y ofrecer mayores bonificaciones y reintegros. Esta decisión parece apuntar hacia un intento de reconciliación con las billeteras virtuales y su creciente influencia en el mercado financiero.

“El debate sigue siendo si estas medidas eran realmente necesarias o si la situación política del país influyó en su propuesta. Aunque el Banco Central había justificado estas medidas como una forma de aumentar la seguridad y prevenir fraudes, algunos argumentan que la seguridad del usuario no era una prioridad en la implementación de las medidas”, analizó Rams.

El país se encuentra en un momento de transición financiera, con dos sistemas operando en paralelo y una competencia feroz entre ellos. La evolución de esta situación será seguida de cerca por la comunidad financiera y los usuarios en los próximos meses.

“En este contexto de inestabilidad económica y de crisis habitacional, resulta urgente dar marcha atrás y derogar la Ley de Alquileres (Ley N° 27.551) que entró en vigencia en 2020 y que tanto daño hizo, y consensuar entre todos los actores una nueva ley que traiga soluciones al complicado momento que vive el sector inmobiliario, tanto propietarios como inquilinos”, señaló la senadora por Juntos por el Cambio, Carolina Losada, en relación al Proyecto de Ley presentado este viernes. 

La iniciativa de la también vicepresidente del Senado de la Nación, que es acompañada por los senadores Luis Juez, Luis Naidenof, José Maria Torello, Edith Terenzi, Juan Carlos Romero, Sergio Fama, Pablo Blanco, Gabriela González Riollo, Daniel Kroneberger, Roberto Basualdo, Beatriz Ávila,  Mario Fiad,  Mariana Juri, Gabriela Valenzuela y Víctor Zimmerman, busca ponerle freno a la vigente Ley que puso en marcha excesivos procesos de regulación que resultaron una considerable disminución de la oferta inmobiliaria y un aumento incontrolable de los precios de los alquileres en tiempo récord.

“La normativa que tenemos hoy fracasó. Y si bien tuvo como objetivo brindar a los inquilinos mejores condiciones de contratación y contribuir a resolver la crisis de vivienda que existe en nuestro país, en un contexto de inestabilidad económica y falta de previsibilidad, no hizo más que agravar la situación”.

Según lo establece la actual normativa, los contratos de locación deberán tener una duración mínima de tres años en lugar de dos. Estos contratos sólo pueden tener un aumento anual definido por el Índice para Contratos de Locación (ICL) establecido por el Banco Central, y que pondera en partes iguales las variaciones mensuales de los precios al consumidor y de los salarios que difunde el Indec. “Esto es un grave problema en nuestro país, el cual se encuentra en una profunda crisis, en términos económicos, sociales y de elevada inflación”, explicó Losada.

Al ampliar el plazo mínimo de contratación y regular el mecanismo de ajuste del precio de los alquileres, además de la regulación del depósito y de la garantía y la obligación de declarar el contrato a la AFIP, la legislación vigente alteró la ecuación económica del contrato, disminuyendo los incentivos para contratar desde el lado de la oferta y las posibilidades desde el lado de la demanda.

“Está a la vista que los resultados de aquella nueva legislación no fueron los esperados y, por el contrario, fueron innegablemente desfavorables. Antes de que la situación se siga agravando, presentamos este proyecto para que se apruebe la inmediata derogación de la ley vigente y demos paso a un nuevo debate legislativo con la participación de todas las partes involucradas que permita el dictado de una nueva ley”, concluyó la senadora nacional.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que “nadie quiere” sufrir un atentado como el que padeció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reiteró su advertencia por los sectores que “promueven un discurso confrontativo y de odio que penetra en la cabeza de mucha gente”.

En diálogo con los medios que siguieron la gira de la comitiva oficial en Estados Unidos, el mandatario se abstuvo de opinar sobre la causa que investiga el atentado contra la Vicepresidente pero pidió “no minimizar” el hecho.

Al hacer referencia al discurso que brindó ante la 77° Asamblea General de la ONU, el mandatario expresó que “tras la pandemia se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo, y eso es aprovechado por sectores reactivos, a veces más de izquierda, a veces más de derecha, pero prevalecen los de derecha, y promueven un discurso confrontativo y de odio que penetra en la cabeza de mucha gente”.

Por ese motivo se mostró interesado en que se “regule de algún modo el uso de las redes sociales” para que en esas plataformas “deje de circular el discurso violento y de odio”.

“Nadie quiere lo que le pasó a Cristina; nadie quiere que le pase a nadie”, insistió el mandatario.

En esa línea recordó que “hubo gente que fue y tiró antorchas prendidas en la Casa Rosada, bolsas mortuorias”.

“Pusieron una guillotina en la que yo aparecía cada dos por tres colgado en Plaza de Mayo”, recordó.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI1NjAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGWmtVVDFYZkxrV3MlMjIlMjB0aXRsZSUzRCUyMllvdVR1YmUlMjB2aWRlbyUyMHBsYXllciUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyYWNjZWxlcm9tZXRlciUzQiUyMGF1dG9wbGF5JTNCJTIwY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlJTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZ3lyb3Njb3BlJTNCJTIwcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Al respecto, pidió “entender que eso no es bueno para una sociedad, sino que es definitivamente malo”.

En ese aspecto, señaló que “ver a un grupo de personas que hablaban entre sí con la frialdad con la que hablaban es algo que preocupa”, en referencia a la banda acusada por el intento de asesinato contra la vicepresidenta.

También aludió, sin nombrarlo, al expresidente Mauricio Macri, al afirmar que “tampoco lo podemos minimizar diciendo que son un grupo de loquitos”.

Macri, justamente, se había expresado en ese sentido, al advertir que los responsables del ataque contra la exmandataria eran “loquitos sueltos”.

“Es muy grave lo que pasó, y el mundo entero se conmovió con lo que le pasó a Cristina”, dijo Fernández, después de haberse entrevistado con varios líderes mundiales como parte de las actividades por la cumbre de la ONU.

Por eso lamentó que en el país e haya llegado al “extremo de que alguien gatille, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza de Cristina”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

El miércoles la Cámara de Senadores aprobó de manera unánime la ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobiano que tiene por objetivo fomentar en la ciudadanía el uso responsable de los medicamentos antibióticos. A partir de ella, quedará regulado su expendio y uso en la salud humana y animal, para evitar que los virus o bacterias se tornen resistentes frente al consumo de los mismos sin prescripción médica. antibióticos

La legislación oficial establece que corresponde a la categoría de “venta bajo receta archivada” a “todas aquellas especialidades medicinales y medicamentos industriales constituidos por principios activos que por su acción sólo deben ser utilizados bajo rigurosa prescripción y vigilancia médica, por la peligrosidad y efectos nocivos que un uso incontrolado pueda generar”. 

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, explicó que “la resistencia antimicrobiana ya era un problema de salud pública y la pandemia no hizo más que acelerarlo y agravarlo”, esta ley abordará con mejores herramientas y medidas multisectoriales esta problemática que es una de las diez principales amenazas de salud pública. 

Los precios de los medicamentos en Argentina se mantendrán por debajo de la inflación durante 60 días

La ley aprobada permite el abordaje de este tema en políticas de salud pública desde distintas disciplinas inherentes a la medicina, veterinaria y el medioambiente. Por eso, durante su tratamiento se contó con la participación de distintos sectores. 

Según el Ministerio de salud, se busca optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos; mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimicrobianos; reforzar la vigilancia y la investigación en esta temática; prevenir y reducir la incidencia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud; trabajar en la eliminación gradual del uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en sanidad animal y asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. 

El uso de antibióticos en cualquier circunstancia y sin regulación puede promover el desarrollo de resistencia, por lo que una de las principales estrategias para limitar y contener esta problemática es la restricción del uso de antimicrobianos a las situaciones en las que sean imprescindibles o insustituibles. 

Mario Cáffaro

Este jueves -antes del receso invernal- la Cámara de Diputados votará una reforma a la ley 8.288 que regula el funcionamiento del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) incorporando un consejo consultivo integrado por afiliados activos y pasivos, y con representación territorial.

Se trata de un proyecto de Maximiliano Pullaro (Evolución – UCR) que tiene el acompañamiento de todos los integrantes del bloque y que logró los dictámenes favorables en las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales e integrará el Orden del Día de la sesión. “Los tiempos han cambiado, y la participación de los afiliados y usuarios, tanto activos como pasivos, en la toma de decisiones de estos entes, es clave para garantizar su eficiencia y el conocimiento de la realidad provincial tan compleja y dispar geográficamente” explicó el legislador a El Litoral para justificar la iniciativa. “La propuesta consiste en dotar al Instituto de un sistema ágil para la integración y funcionamiento del directorio, reservando para el mismo las decisiones estratégicas y dejando al presidente del cuerpo la administración diaria para no conspirar contra su eficiencia funcional”.

El dictamen respalda modificar dos artículos de la ley vigente, el 6 y el 7. El primero destaca que “la dirección del IAPOS será desempeñada por un funcionario con el título de director provincial”. La nueva redacción incorpora el 6 bis creando el consejo consultivo “como órgano de asesoramiento y control interno”, integrado por catorce vocales, cuatro de los cuales representarán afiliados activos y otros tantos a pasivos; uno cada uno a los municipios de Santa Fe y de Rosario; dos por los municipios de segunda categoría y otros dos por las comunas.

Deja en manos del gobernador la designación de los cuatro activos y pasivos aunque “garantizando la participación de las organizaciones de afiliados y representaciones gremiales, con criterio de representación territorial y paridad de género”, mientras que los intendentes de Santa Fe y Rosario designarán uno cada uno. “Los vocales no percibirán remuneración, ejerciendo sus funciones ad honorem, y durarán cuatro años en la función, sin posibilidad de ser reelectos”, determina. Prevé que los vocales elijan su presidente y el cuerpo “expresará sus opiniones, estudios, propuestas o recomendaciones, a través de dictámenes de carácter no vinculantes los que deberán estar suficientemente fundados. Cuando los mismos sean requeridos por el director en los casos de intervención obligatoria, deberá expresarse en un plazo no mayor a un mes”.

La otra reforma es al artículo que fija las atribuciones del director, agregándole “decidir todos los casos no previstos y adoptar las medidas que estime oportunas o convenientes para el mejor éxito o desarrollo de las actividades del instituto, dando participación al Consejo Consultivo en los casos que entienda necesaria su intervención. En aquellas funciones que expresamente requieran la intervención del consejo consultivo, los dictámenes serán obligatorios a los fines administrativos, independientemente del carácter no vinculante”.

La ley 8288 data de 1978 y si bien tuvo cambios “ninguno sustancial respecto a la conducción” explicó Pullaro. Hoy la obra social tiene 550.000 afiliados, es clave para la atención sanitaria en todo el territorio y se sostiene con el aporte de los afiliados. Señala el radical que los municipios y comunas contribuyen con el 20% de los afiliados y hoy no tienen injerencia alguna en la conducción.