El Senado de Uruguay dio aprobación definitiva al proyecto de ley que regula la eutanasia, tras más de diez horas de debate y un extenso recorrido parlamentario de cinco años.

Con 20 votos a favor y 11 en contra, la Cámara alta sancionó la norma denominada “Muerte Digna”, que habilita a determinados pacientes a solicitar asistencia médica para terminar con sus vidas bajo condiciones estrictamente reguladas. El texto deberá ahora pasar por la etapa de reglamentación antes de entrar en vigor.

La ley establece la creación de una comisión honoraria que evaluará los casos.

La normativa aprobada permite que personas mayores de edad, residentes o ciudadanos, que estén en una etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o que sufran dolores insoportables con grave deterioro progresivo de la calidad de vida, puedan presentar una solicitud escrita para acceder a la eutanasia.

Para ello, deberán contar con capacidad psíquica —es decir, estar mentalmente aptas para decidir— y someterse a evaluaciones médicas.

El procedimiento fija plazos: el médico informará sobre cuidados paliativos en un plazo máximo de tres días, y un segundo profesional independiente deberá expedirse en hasta cinco días. Si discrepan, puede convocarse una junta médica.

La normativa permite que personas en etapa terminal solicitar la eutansia.

Una vez cumplidos esos pasos, la persona puede expresar por escrito su voluntad final ante dos testigos, y el médico actuará “cuándo y dónde el solicitante lo decida”, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales.

Para supervisar su aplicación, la ley establece la creación de una comisión honoraria que evaluará los casos anuales de eutanasia y remitirá informes al Ministerio de Salud y al Parlamento. Asimismo, todos los prestadores del Sistema Nacional de Salud deberán garantizar los servicios necesarios cuando se cumplan los requisitos.

La ley debe ser reglamentada dentro de seis meses por el Poder Ejecutivo para que sus disposiciones puedan aplicarse.

El proyecto que ahora se convirtió en ley sufrió vaivenes legislativos. Una versión similar había quedado estancada en el Senado en 2022, pero fue retomado en 2025 por el oficialismo del Frente Amplio con aportes del Partido Colorado.

En agosto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 64 votos a favor y 29 en contra.

En la sesión del Senado, se mantuvo el respaldo del oficialismo y se sumaron algunos miembros de la oposición: por ejemplo, el senador colorado Ope Pasquet fue reemplazado como suplente para expresar voto a favor.

También apoyó la norma la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

Durante los debates, el senador Daniel Borbonet (Frente Amplio) defendió que la norma no impone el procedimiento, sino que ofrece una alternativa para quienes lo deseen, enfatizando que no obliga a nadie.

En contraposición, voces opositoras como la del senador Javier García (Partido Nacional) cuestionaron las garantías jurídicas y las definiciones de “muerte digna” y “libertad”.

También intervinieron asociaciones médicas, grupos religiosos y movimientos sociales durante el tratamiento del proyecto. En varias comisiones parlamentarias, fueron recibidas más de 60 organizaciones que aportaron fundamentos y objeciones.

En el público asistente, las emociones también se hicieron sentir. Algunas expresiones críticas, como el grito de “asesinos” desde las gradas, interrumpieron momentáneamente la celebración tras la votación.

Para sectores que defendieron el proyecto, su aprobación es un avance significativo en materia de derechos individuales y de la autonomía del paciente. Para sus detractores, la regulación debería haber sido más cautelosa con los posibles riesgos para personas vulnerables.

Una figura relevante en el debate fue Beatriz Gelós, quien convive con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace años. Gelós fue una de las protagonistas del activismo por la aprobación de la norma, y antes de la votación manifestó su deseo de que se apruebe “por compasión” y con una redacción cuidadosa.

Florencia Salgueiro también hizo visible la historia de su padre, fallecido con ELA, para respaldar que se escuchen las voces de los pacientes.

Con la sanción de la ley, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en regular por vía legislativa la eutanasia, diferenciándose de Colombia y Ecuador, donde el procedimiento fue despenalizado mediante fallos judiciales.

El Gobierno promulgó una reglamentación integral que busca brindar atención y cobertura completa a las personas víctimas de violencia de género. La reglamentación, basada en la Ley N° 27.696, tiene como objetivo principal incorporar un protocolo al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las Obras Sociales Nacionales, para ofrecer un abordaje integral que abarque desde prácticas preventivas hasta terapéuticas.

La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial este jueves, establece que las obras sociales contempladas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661, así como la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación y entidades de medicina prepaga, entre otros, deben brindar cobertura total e integral a las prácticas y terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas y quirúrgicas, entre otras, necesarias para abordar la violencia de género.

Abordaje integral de personas víctimas de violencia de género

De acuerdo con el artículo 4° de la reglamentación, la "Violencia de Género" se define como conductas basadas en razones de género que afectan directa o indirectamente diversos aspectos de la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las personas, con especial atención a las mujeres. La reglamentación reconoce diferentes tipos y modalidades de violencia, incluyendo la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y política.

Una de las innovaciones más destacadas es la creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), que permitirá la sistematización de información sobre casos de violencia de género y facilitará la elaboración de políticas públicas para abordar este fenómeno a nivel nacional.

Se incluyen las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que sea necesaria.

El Ministerio de Salud será la Autoridad de Aplicación de la Ley y la Reglamentación, encargado de elaborar un Protocolo para la Atención Integral de la Salud de las personas en situaciones de violencia por motivos de género. Además, en coordinación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se llevarán a cabo medidas para la capacitación y efectiva implementación de este protocolo por parte de las entidades involucradas.

Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios están invitados a adherir a esta reglamentación, en una clara señal de compromiso para un abordaje integral y unificado contra la violencia de género.

La ley para permitir como excepción, por solo cinco años, la subdivisión de los condominios rurales ya terminó su derrotero para su reglamentación en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, su autoridad de aplicación y hay incluso un texto elaborado para cumplir ese fin. Sin embargo, aún le queda superar otra instancia: la de la Dirección Provincial del Registro General de la Propiedad.

La Ley 14..053 fue discutida por más de una década en la Legislatura y finalmente se aprobó hace poco menos de un año, con un texto muy breve que dejó en la tarea de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo una carta fuerte para que se convierta por fin en una norma operativa. Acaso por eso, en el segundo de sus tres artículos se estableció que la cartera de la Producción deba reglamentarla “dentro del plazo de 90 días” desde su promulgación.

Un pedido de informes aprobado por la Cámara de Senadores, impulsado por el radicalismo, reclamó precisiones sobre la demora ya que con creces se ha superado el doble del tiempo permitido para cumplir con la reglamentación.

En la respuesta del Ejecutivo, que ingresó a la Cámara alta en la sesión del jueves 11, constan los movimientos entre las oficinas del ministerio de la Producción y lo más relevante del expediente tiene la firma de Joana Natali Mussi, titular de la Subsecretaría de Coordinación Agroalimentaria de ese ministerio que relata que otra repartición, la Subdirección General de Suelos y Aguas “ha confeccionado el Proyecto de Reglamentación de Ley Provincial N° 14.053, el cual consta en Expediente N° 00701-0129253-2, a efectos de cumplir con la manda normativa de reglamentación”. Pero, “al día de la fecha y ya habiendo atravesado el carril administrativo pertinente en esta jurisdicción” el tema ha ido al registro mencionado, que pertenece al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

En pocas palabras, la reglamentación tiene lista su letra elaborada por la autoridad de aplicación dispuesta por la ley mencionada, vigente pero no operativa, porque se llevó el expediente a otro ministerio, el que deberá hacer constar las eventuales operaciones inmobiliarias derivadas de las excepciones a la Ley 9.319, de 1983, que estableció el tamaño mínimo que deben tener las propiedades de los campos para que no pierdan su condición de unidades productivas.

El texto sancionado en septiembre de 2021 solo permite que los condominios inscriptos a la fecha de su promulgación (cuando el Poder Ejecutivo la publica con su número en el Boletín Oficial), es decir, el 10 de noviembre del año pasado.

En innumerables debates sobre el tema en ambas cámaras, los impulsores de la norma de excepción han explicado que muchas veces los campos en manos de numerosos herederos pasan por períodos improductivos hasta que se arriendan mientras se resuelve la perfección de sus títulos de propiedad.

En los fundamentos de la norma, el diputado radical Fabián Bastia asevera que “los condóminos de pequeñas extensiones de campo, por diferentes razones, se han visto obligados a enajenarlas y/o arrendarlas a grandes terratenientes o capitalistas con mayor poder económico. Esto constituye una problemática actual, cierta y real que atraviesa a los sectores más débiles y vulnerables de la economía rural”.

En la Cámara baja, que completó la sanción de la norma, los diputados justicialistas presentes en la sesión del 24 de septiembre de 2021 se opusieron al texto aprobado en tercera revisión. En el Senado hubo unanimidad.

A casi un año de la sanción de Ley Provincial Nº 14.030, que dispone la creación de la Red de promotoras de diagnóstico temprano, control y tratamiento de la endometriosis, la cual estará conformada por un equipo interdisciplinario de especialistas, cuya tarea central consistirá en diseñar y ejecutar un sistema de salud integral que asista a las mujeres que sufren esta dolorosa enfermedad, desde Venado Tuerto, las gestoras de esta lucha, Endoguerreras VT, ahora piden un esfuerzo más para que su logro finalmente sea escuchado, y es la reglamentación de dicha norma, trámite de estricto tratamiento del Ejecutivo provincial.

Siendo marzo el Mes de la Mujer y de la endometriosis, Jésica Rodríguez, referente de la Asociación Simple Endoguerreras VT, comentó a Sur24 que “ahora tratamos de visibilizar aún más la enfermedad y, por supuesto, surgen los temas que están pendientes, como la reglamentación de la ley provincial” sancionada el 13 de mayo de 2021.

“Que se implemente significaría para la paciente con endometriosis que se apliquen las acciones para el diagnóstico temprano y el control y tratamiento de esta dolencia. Porque no es que no reciben atención médica, sino que no las atienden correctamente para dar un diagnóstico a tiempo, algo muy importante para nosotras”, explicaba Jésica, quien sufre esta enfermedad desde los primeros años de su adolescencia y que la llevó a informarse sobre el tema, compartiendo con otras mujeres lo que es vivir con esta patología y luego conformar el grupo EndoguerrerasVT.

Hoy su foco está puesto en la reglamentación inmediata, para que otras mujeres no pasen por su mismo padecimiento y explica que otra dificultad es conseguir la medicación para esta enfermedad (Dienogest), “que es la única droga que existe para tratarla y ocurre que quienes tenemos obra social o prepaga podemos conseguirla con descuento, pero las mujeres que acuden al sector público les ofrecen una medicación que no contiene esta droga tan necesaria para tratar la endometriosis”.

Respecto a cómo llegó a la ley provincial, el camino empezó en 2019 desde Venado Tuerto, cuando tuvieron las primeras reuniones con Paola Bravo, cuando aún no era diputada.

Cuando es electa como legisladora, junto al grupo comenzaron en el armado del proyecto: “Ahí invitamos a otras chicas de Santa Fe que conocían de un grupo federal. El proyecto finalmente se presentó en mayo y el 13 de agosto de 2020 tiene media sanción en Diputados”.

Una vez aprobado en la Cámara baja se giró a Senadores, donde también mantuvieron reuniones con Lisandro Enrico para impulsar la votación favorable que finalmente llegó el 13 de mayo. “Ahora resta que promulgue y se cumpla”, manifestaba en aquel momento.

Finalmente el 31 de mayo fue publicada como Ley Provincial Nº 14.030, y ahora resta que el Ejecutivo la reglamente para que comience a implementarse en toda la provincia.

Jésica contó también que Paola Bravo mantuvo reuniones con el director de Iapos “para facilitar el suministro de la medicación y está gestionando encuentros con autoridades del Ministerio de Salud; además, desde el Concejo Municipal, el bloque Primero Venado presentó un proyecto -que fue aprobado- para que el Ejecutivo provincial reglamente la ley. Es decir, nos están ayudando desde diferentes sectores para poder llegar a esa implementación”.

Si bien la referente de Endoguerreras VT apunta que la lucha fue cumplida cuando se aprobó la ley a nivel provincial, a partir de un proyecto presentado por la diputada Paola Bravo, “hoy necesitamos la implementación y ahora vamos, junto a otras agrupaciones del país, por la ley nacional”.

“Creo que todo lo que hicimos y llevamos adelante fue muy importante, pero estamos en continuo crecimiento para mostrar cada vez más qué es la endometriosis, aunque acá en Venado mucha gente y profesionales de la salud están informados. Vemos por un lado ese cambio, pero a la vez, en lo vinculado con el tratamiento de la paciente, sigue igual que antes de que se sancione la ley”.

Y remarcó que debido a que no hay una especialidad médica en endometriosis “es necesario un seguimiento integral porque no a todas les afecta de la misma forma, sino que puede atacar distintos órganos y se necesita una mirada interdisciplinaria, que es lo que pide la ley”, desarrolló la integrante de Endoguerreras VT, que ya tienen personería jurídica gracias a gestiones del intendente Leonel Chiarella y el senador Lisandro Enrico. Además, el pasado 14 de marzo hicieron visible la enfermedad con una intervención en plaza San Martín.

La endometriosis es una afección crónica (aunque no está reconocida como tal) que consiste en la presencia de endometrio fuera de la cavidad uterina. Las lesiones a las que da lugar se presentan con mayor frecuencia en los ovarios y en el resto de los órganos ubicados en la pelvis femenina.

“Es una enfermedad muy común, pero lamentablemente es altamente sub diagnosticada por considerarse un dolor normal en las mujeres”, se señala entre los fundamentos del proyecto que se convirtió en ley en 2021.

“Una de cada 10 mujeres tenemos endometriosis, pero solo el 40 por ciento padecemos infertilidad, por lo tanto hay otra lucha paralela para quienes queremos ser mamás y terminamos haciendo tratamientos y muchas descubren la endometriosis cuando van a hacer una consulta por infertilidad que podría haberse evitado mucho antes”, precisó Rodríguez, quien hoy es madre de una niña de 8 años.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DE ESTE LUNES 21 DE MARZO