Desde que comenzó mayo, en la Provincia de Entre Ríos se puso en marcha el uso de nuevas tecnologías que permiten que sus empleados estatales fichen su ingreso y egreso a sus lugares de trabajo, conozcan los días de licencia pendientes o ya tomados de sus licencias, cuántos días por enfermedad acumulan, o si lo necesitan, cuántos de sus tres días libres anuales por un "imprevisto" ya han aprovechado.

Además, con solo un clic cada agente puede gestionar esas jornadas de descanso por motivos médicos o las mencionadas causas inesperadas previstas en el Convenio.

La modernización del viejo sistema de Legajo Único es parte de un programa de gobierno que está contenido en el Decreto 1923 Poder Ejecutivo Entre Ríos, fechado el 31 de julio del año pasado.

Con la firma del gobernador Rogelio Frigerio, en ese decisorio se reglamentó una ley existente y creó el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal, que en la jerga de los estatales entrerrianos y la propia normativa se denomina escuetamente Sigap.

En pocas palabras, el Sigap es justamente lo contrario del permisivo "siga, siga" de los árbitros de fútbol. El geolocalizador marca las faltas (o las tardanzas) con aplicación estricta del reglamento del empleado público. Para los que llegan sobre la hora, hay eso sí un margen de tolerancia pero es de solo 50 metros. Como para fichar en la vereda llegado el caso.

Los cambios no se agotan en la desaparición de los antiguos sistemas mecánicos como el de "marcar tarjeta", anotar el número de DNI o una clave en una computadora, o de lectura de huellas digitales, el iris ocular, o la (imitable) firma de cuadernos en papel que hasta el mes pasado eran parte de la realidad laboral estatal entrerriana. Se trata de modificaciones de fondo que aApuntan a otro tipo de gestión de la fuerza de trabajo en el Estado.

Son parte del "cambio cultural en la provincia" que tiene entre sus principales objetivos mejorar "el vínculo entre el gobierno y los empleados públicos" y "poner en valor la administración pública" según destacó el gobernador Frigerio cuando lanzó "Mi Trabajo".

Ahora, cada agente estatal provincial, con su propio teléfono, ficha su entrada y salida en la app que posee un geolocalizador.

El gobierno ha asegurado que funciona solo cuando se marca el ingreso y el egreso de los lugares de trabajo (para controlar al personal) pero hay dudas respecto de si el sistema no genera registros durante el resto de la jornada laboral o si es capaz de hacerlo incluso durante el resto del día. Y en todo caso, qué podría llegar a suceder con esa eventual información personalísima.

En Entre Ríos controlan a empleados públicos con un geolocalizador. Gentileza

El Sigap es obligatorio en todos " los organismos y/o reparticiones que integran el sector público provincial", a partir de la Ley N° 10.898 que "autoriza la implementación y utilización de comunicaciones y notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, que se tramitan en el ámbito del sector público provincial, estableciendo que dichos actos gozarán de idéntica validez y valor probatorio que sus equivalentes convencionales", dicen los fundamentos del decreto de Frigerio. De todos modos, la aplicación ha sido progresiva.

En los razonamientos que preceden a los artículos, así como en los actos de gobierno que presentaron la aplicación Mi Trabajo se destaca que se promueve en los empleados públicos la "autogestión" de trámites laborales que antes debían realizarse ante oficinas y secciones dispuestas para ello, obviamente en papel. Ahora ciertos procedimientos (como tomar días por estudio) se resuelven desde los celulares que son propiedad de los agentes.

Con la firma del gobernador Rogelio Frigerio. Crédito: Mauricio Garín

La norma cita la estricta vigilancia para que se cumplan las "normativas vigentes nacionales sobre Protección de Datos Personales (Ley N° 25.326) y las normativas provinciales correspondientes en la materia", y establece "responsabilidades de los diferentes actores que intervengan en la utilización del Sigap con una Declaración Jurada sobre las condiciones de uso, intercambio y confidencialidad de dichos datos personales y/o sensibles que surjan de la intervención de los gestores administrativos que hagan uso de la herramienta", dicen los fundamentos.

El propio decreto destaca que se debe "definir la política de seguridad de la información con el fin de proteger adecuadamente los datos, los recursos utilizados para su tratamiento y los activos tecnológicos, determinando el comportamiento que se espera de empleados y autoridades que tomen contacto con dichos datos y/o recursos, para su protección; adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar adulteraciones, pérdidas o un uso inapropiado", de lo que se ocupa en el articulado.

El Gobierno anunció este viernes que eliminará el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de "reducir costos y eliminar trámites burocráticos".

"Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos", informó el Ministerio de Justicia.

Por medio de un comunicado, la cartera puntualizó también que se reducirá el 30% del personal de la Dirección Nacional de Registros Automotor (DNRPA) "en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas".

"De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la DNRPA y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas" que detalló el Poder Ejecutivo:

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, presentó un proyecto de ley para eliminar las oficinas de registros del automotor y reemplazarlas por una ventanilla digital que abarque todo el país, en un intento de simplificar y reducir los costos del sistema.

“Cumplí. Presenté el proyecto para eliminar los registros automotores y crear un Registro Nacional Único totalmente digital! Única patente toda la vida! Ahora, a impulsar esta ley y conseguir los apoyos necesarios para que haya menos Estado y menos burocracia”, planteó la legisladora nacional, en un comentario desde su cuenta de la red social X.

El proyecto de Vásquez recibió el apoyo de la canciller Diana Mondino, una de las funcionarias clave en la estructura del poder libertaria. “Apoyo absolutamente toda medida para eliminar burocracia”, le contestó por redes sociales la ministra de Relaciones Exteriores a la legisladora bullrichista.

El proyecto de ley consta de 57 artículos, en el que se modifica el sistema de registración de automotores y prendas y “crea un Registro Único Nacional Digital (RUNDA), a los efectos de eliminar definitivamente la intermediación y actuaciones ante los registros seccionales, que dejan de existir”.

El RUNDA se extiende “a todo el territorio Nacional y a todas las operaciones de inscripciones y/o transferencias de automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, micro ómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aun cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluidos tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales e industriales, motovehículos y todas aquellas que se autopropulsen”.

Según se señala en los artículos 5, 6 y 7, la inscripción del dominio o patente continuará siendo de carácter obligatorio y su transmisión “quedará constituida a partir de la inscripción de los datos del adquirente en el RUNDA y el título se formalizará con la sola firma digital constituyendo un instrumento público certificado”. De esta manera, se “reemplazarán la totalidad de los trámites presenciales ante los Registros Seccionales y la gestión de formularios”.

También se fija un arancel único para todo el país, que representa “el costo de servicio público por la autoridad de aplicación y no con relación al valor del bien a transferir”, se desprende de los artículos 26 y 27.

Por otro lado, el proyecto reemplaza el sistema actual de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) por el siguiente esquema: “La Revisión Técnica Obligatoria, en los casos que la ley lo establezca y las disposiciones complementarias, se podrá realizar en los talleres habilitados en los términos dispuestos por los Artículos 34 y 35 de la Ley 24.449 de cualquier jurisdicción, los cuales deberán cumplir los requisitos indispensables para asegurar las óptimas condiciones de circulación. Se deberá verificar, como mínimo, el debido funcionamiento de luces, cubiertas, tren delantero, frenos y la no emisión de gases contaminantes”.

Sobre este punto, el borrador agrega que se “dispondrá la finalización de las sucesivas prórrogas de las concesiones otorgadas mediante el Decreto 4103/1995, en todas jurisdicciones del país. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, no será obligatorio el grabado de autopartes y cristales, ni la verificación policial. Se instará a las autoridades respectivas el debido control de seguridad”.

El debate sobre la necesidad de reformar el sistema de registros automotores ganó fuerza en el último tiempo. La iniciativa legislativa de Vásquez no es la única, pero es la que por el momento tiene un aval explícito por el Gobierno. Este jueves, en el Congreso se llevará a cabo una presentación pública de cuatro diferentes propuestas de legisladores de la UCR bajo la consigna “Simplifiquemos el registro de tu auto”, con propuestas para hacer transferencias rápidas, transparentes y mucho menos costosas.

En Argentina, existen actualmente 1.557 registros de la propiedad automotor que gestionan mensualmente alrededor de 180.000 transferencias o inscripciones de vehículos, incluyendo automóviles, motocicletas y transporte pesado, así como maquinaria agrícola. En el año 2022, se registraron 407.532 operaciones de vehículos 0 km, 1.589.000 de vehículos usados, 410.955 de motocicletas nuevas y 401.562 de motocicletas usadas.

Este sistema registral está bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA), que opera en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Guillermo Francos. Su funcionamiento es objeto de críticas debido a su naturaleza burocrática, falta de eficiencia, elevados costos y complejidad.

(Por Carlos Retamal) – El quinto mes del año 2023 cerró con números alarmantes. La inseguridad no deja de crecer en el departamento más poblado de la provincia. Se anuncian cambios, se presentan patrulleros, de habla de mayor presencia policial en la calle, pero nada parece poder ponerle freno a los tiratiros y sicarios, que siguen tiñendo calles y veredas de rojizo sangre.

El departamento Rosario y su ciudad más importante siguen en el centro de la escena nacional no por su gran desarrollo económico, que se ve reflejado en las torres de departamentos que se siguen construyendo y los barrios, muchos de ellos cerrados, que se abren en distintos lugares. La mirada está puesta por la ola interminable de hechos violentos, que se cobran vidas todos los días, en cualquier lugar, y a toda hora.

Mayo cerró con 31 homicidios, uno por día. Las estadísticas indican que los números superan en más de un 35% los de idéntico mes del año pasado, cuando se contabilizaron 23 crímenes. Hasta ayer, había sido mayo de 2021 el de mayor cantidad de crímenes, con un total de 24 homicidios en el departamento (23 en Rosario y 1 en Villa Gobernador Gálvez).

De esa cifra que da miedo, se desprende que 3 fueron adolescentes de entre 14 y 15 años, que fueron acribillados a tiros en menos de 76 horas en barrio La Cerámica y que 5 fueron mujeres. Además, 29 de ellos fueron asesinados tras recibir varios disparos de arma de fuego, uno luego de ser apuñalado y sobre el restante no se dieron detalles, ya que fue hallado envuelto en una bolsa de arpillera de las que se usan para transportar arena, en avanzado estado de descomposición.

El primero y el último de los crímenes tuvo como escenario una calle del amplio barrio ubicado en el distrito Noroeste, que desde hace meses tiene un refuerzo de patrullaje a cargo de personal de Gendarmería, aunque en las últimas horas vecinos de distintas zonas señalaron que ya no se ven los móviles y uniformados de color verde.

La primera víctima fue Kevin Villalba, un hombre de 32 años que fue atacado a tiros poco antes de las 22 del martes 2, cuando iba caminando por calle Gorriti al 5800 (casi esquina Solís). Los atacantes fueron al menos dos personas que aparecieron en una moto y que directamente le dispararon.

Vecinos de la zona lo cargaron en un auto y lo llevaron hasta el hospital Provincial del Centenario, donde ingresó en el área de cuidados intensivos y falleció a los pocos minutos, como consecuencia de heridas de arma de fuego en la zona del tórax, brazos y piernas.

Mientras que el último ocurrió cerca de las 17:30 del miércoles 31 y fue parte de un violento episodio protagonizado por sicarios que pasaron a los tiros por calle Cullen, en otro extremo del barrio, y mataron a tiros a un joven de 23 años e hirieron a dos chicas.

A esa hora, entre el 1200 bis y el 1500 bis de calle Cullen, al menos dos personas en moto pasaron y efectuaron múltiples disparos de arma de fuego. Algunos plomos impactaron en los frentes de viviendas, mientras que otros tres alcanzaron a tres jóvenes de entre 28 y 15 años.

Vecinos que salieron de sus casas luego de los tiros, no dudaron en cargar a las personas heridas en autos y trasladarlas hasta el hospital Alberdi, ubicado unas 20 cuadras al este.

Alejandra C., de 25 años, ingresó con una herida de arma de fuego en la pierna derecha; Celeste P. de 15., con una herida en el abdomen y Gustavo Ramón Villalba Sosa, de 23 años, con impactos en el tórax y el cráneo. El joven llegó sin signos vitales y pese a las tareas de reanimación cardiopulmonar, falleció, cerrando un mes marcado por la muerte y dejándolo en el pedestal como el mayo con mayor cantidad de crímenes desde que se lleva registro.

En otro de los barrios ubicados en el distrito Norte: La Cerámica, entre el miércoles 10 y el sábado 13 de mayo, se registraron cuatro asesinados y tres de ellos tuvieron como víctimas a adolescentes de entre 14 y 15 años.

La saga en ese barrio comenzó cerca de las 3:30 AM de ese miércoles en inmediaciones de Medrano y Siripo, cuando Jeremías Natanael López, de 15 años, fue atacado a tiros cuando iba rumbo a su casa, ubicada a unas pocas cuadras. Como tantas otras veces, fue llevado en un auto hasta un hospital, en este caso el Alberdi, ya que la ambulancia no llegaba. El joven fue estabilizado y luego trasladado hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde llegó sin signos vitales y pese a las tareas de resucitación cardio pulmonar, falleció.

Fuentes del caso señalaron que minutos después que el adolescente ingresó en el sector de guardia del primero de los hospitales, familiares mantuvieron un altercado con personal médico, por lo que se pidió la presencia de personal policial.

Archivo/Marcelo Manera.

El segundo se registró cerca de las 23 del jueves 11, en Unión al 2800, a menos de 200 metros de donde mataron a Natanael. En este caso, la víctima fatal fue un hombre de 36 años, identificado como Luis Alberto Gómez, quien fue atacado a tiros por al menos dos personas que se desplazaban en un auto, cuando el hombre estaba en la vereda de su casa.

Una versión señala que antes del fatal desenlace, las personas que iban en el auto intercambiaron algunas palabras con Gómez, mientras que otra señala que los atacantes abrieron fuego sin diálogo previo. Una tercera indica que el hombre estaba tomando una cerveza con al menos dos amigos, sentados en un banco de material, que un vecino construyó en la puerta de su casa y que es de uso público. Lo concreto y certero es que el hombre recibió varios impactos en el tórax y que fue trasladado en grave estado en un auto hasta el hospital Alberdi, donde llegó sin signos vitales y pese a las tareas de resucitación cardio pulmonar, falleció a los pocos minutos, cuando el reloj indicaba que ya era viernes 12.

Las otras dos víctimas fueron Máximo Luján, de 14 años y Maite Gálvez, de 15, que fueron atacadas a tiros en la esquina de Coliqueo y Medrano poco después de las 21 del sábado 13.

Ambos estaban junto a otras personas cuando pasó un auto con varios ocupantes y que al menos uno de ellos comenzó a disparar contra viviendas y quienes estaban en ese momento en la vereda.

Máximo y Maite resultaron heridos, por lo que vecinos y familiares los cargaron en un auto y los llevaron hasta el hospital Alberdi. El varón llegó sin signos vitales y falleció a los pocos minutos. Mientras que la joven quedó en el área de cuidados intensivos, y falleció un rato más tarde.

Para varios residentes de la zona, la seguidilla de muertes estaba relacionada con el presunto robo de 10 o 20 kilos de droga (algunos hablaban de cocaína) a un distribuidor y que por eso iban a matar a al menos una persona por día hasta que aparezca la mercancía. Esa versión derivó en otras e incluso en la difusión de audios de whatsapp que anunciaban balaceras a horas de la noche, algo que hizo desplegar fuerzas policiales en el barrio. Con el correr de los días, las versiones y balaceras mermaron. No se sabe si porque la acción de los tiratiros se mudó de lugar o si era verdad la versión de la droga y ésta apareció.

Además de los 25 crímenes registrados en distintos lugares de la ciudad de Rosario, hubo otros 6 cometidos en Villa Gobernador Gálvez, ciudad ubicada al sur, y dividida por avenida Circunvalación y por el arroyo Saladillo. Por uno de los crímenes, registrado cerca del mediodía del domingo 14 en la zona de la plaza A la Madre, ubicada en inmediaciones de Mitre y avenida San Martín, en el centro de Villa Gobernador Gálvez, hay dos policías detenidos.

Se presume que minutos antes de las 12, un hombre cuya identidad no fue suministrada, forcejeó con un policía que cumplía tareas adicionales en dicha zona y que como consecuencia de esa presunta pelea, había sido herido. Cuando llegó personal policial, la persona herida había fallecido. La primera versión indicaba que el hecho se habría producido luego que la persona fallecida forcejeara con un empleado policial, identificado como Félix S., de 38 años. En el marco del forcejeo, y siempre según la versión policial, Félix resultó herido de bala (un roce) en la zona del cráneo.

Otro policía, identificado como Darío Gabriel A., de 39 años, quien en principio se encontraba cumpliendo custodia adicional en la zona, vio la situación e instantes después se produjo un enfrentamiento a tiros. En el intercambio de disparos, el uniformado de 39 años hirió fatalmente al presunto agresor. Por el hecho, la fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos, Carla Cerliani, le atribuyó a los dos policías los delitos de homicidio agravado por «haber sido cometido por personas que abusan de su cargo por ser miembros de las fuerzas de seguridad en calidad» y pidió la prisión preventiva de ambos. Pero la jueza de Primera Instancia, Trinidad Chiabrera, dispuso –como alternativa a la prisión preventiva efectiva– la libertad de Félix S., con obligaciones por el plazo de 90 días; mientras que el otro policía, Darío A., estará detenido al menos hasta el 30 de julio.

Otro hecho de suma violencia en esa ciudad ocurrió en la mañana del jueves 4. Poco antes de las 7:30 se recibió un llamado al 911 indicando que sobre una calle de tierra, señalada por los investigadores como ‘calle S22 y colectora a Dielfe’, estaba el cuerpo de un hombre, tirado y al parecer sin vida. Ante esto, personal del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez fue hasta el lugar y constató que no había uno sino dos cuerpos tirados en medio de la angosta calle, que desemboca en la parte trasera de una fábrica de muebles.

En base a una primera inspección a los cuerpos, ambos tenían varios impactos de bala y al menos una herida en la cabeza, a modo de ejecución. En el lugar se hallaron al menos 14 vainas servidas calibre 9 milímetros. Según las primeras estimaciones, se presume que las víctimas fueron asesinadas en ese lugar, que si bien no es de difícil acceso, es de poca circulación. Los fallecidos fueron identificados en el Instituto Médico Legal como Milton Uriel Benavento y Leonardo Isaías Ramírez.

Los otros tres crímenes fueron el miércoles 17, el viernes 19 y el domingo 21. En la primera de las jornadas fue asesinado un joven de 25 años, identificado como Carlos Emanuel Fernández, en la zona de Caseros y Libertad, a pocos metros del arroyo Saladillo, en el noroeste de esa ciudad. Por el crimen fue demorado el conductor del remís que supuestamente llevó a la víctima desde la zona sur de Rosario, donde tenía domicilio, hasta el lugar donde fue asesinado, pero luego de realizar diversas pericias y analizar pruebas, el remisero fue liberado.,

El otro homicidio fue el viernes, en la zona de José Ingenieros y Ecuador, de barrio Costa Esperanza, y la víctima fue identificada como Sergio Daniel Benítez, de 32 años. El hombre fue atacado a tiros cuando estaba por entrar en su vivienda, ubicada casi al fondo de un pasillo. Sergio recibió tres impactos por la espalda, con orificio de entrada y salida, en la zona del tórax, hombro y pierna izquierdos. Ingresó sin signos vitales al hospital Gamen, ubicado unas 25 cuadras al noroeste del lugar del ataque y pese a las tareas de reanimación del personal médico, falleció.

Y el sexto crimen tuvo como víctima a Hugo Orlando Villán, un hombre de 45 años que fue asesinado alrededor de las 19:30 del domingo 21, en inmediaciones de Piazza al 400. Hugo trabajaba de lunes a viernes en un frigorífico de la zona y para juntar algo más de dinero para poder terminar su casa, hacía reparto como cadete de una hamburguesería. Mientras estaba esperando unos paquetes para repartir, fue alcanzado por varios disparos. Los tiros habían salido desde el interior de una camioneta blanca, en la cual iban varias personas. Villán resultó gravemente herido y fue llevado en un auto hasta el hospital Gamen, donde falleció casi media hora después, como consecuencia de heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, entre ellas una en el cráneo.

Los investigadores constataron varios impactos de arma de fuego en el frente del local comercial; al menos uno en la carrocería de una moto de 110 centímetros cúbicos de color roja, con la cual la víctima hacía el reparto y más de una docena de vainas servidas calibre 9 milímetros.

Las estadísticas son elocuentes. Las víctimas siguen en aumento, lo mismo que las familias que en forma periódica se suman a una lista que parece interminable de personas pidiendo justicia. Ya se llevan cometidos 133 homicidios en los primeros 151 días del año en el departamento Rosario (26 en enero; 32 en febrero, 22 en marzo, 22 en abril y 31 en mayo, según datos propios y los que integran el informe del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad santafesino), sosteniendo el promedio de las últimas semanas: un crimen cada 27 horas. A esta misma altura del año pasado se llevaban contabilizados 122 homicidios, 11 menos que en lo que va de 2023.

Una organización feminista que recopila datos sobre la cantidad de femicidios reveló que en 2021 se registró la menor cantidad de hechos de este tipo en los últimos 5 años en todo el país y vincula el descenso con el “fuerte activismo feminista”, que contó con un “alto impacto en los medios de comunicación”. Así lo expresó la organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, que realizó un informe contabilizando los femicidios ocurridos entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021. Allí estableció que en 2021 hubo 222 femicidios, la cifra más baja en comparación a los 4 años anteriores: en 2020 hubo 270 casos; en 2019, 287; en 2018, 260 y en 2017, 304 femicidios.

Registro 5 años de violencias femicidas(2017 – 2021)

?1343 femicidios

Las Mumala creamos un dossier del Observatorio Mujeres y disidencias #LaDeudaEsConNosotres @sol__despeinada @charolopez @malepichot @queridasok @mariaFFreijo @YoFermina @MumalaMdp @MuMaLaNacional pic.twitter.com/hi9nLBumKs

— Viki Herrera (@viikiherrera) March 22, 2022

“Se registra un descenso en la cantidad y consecuente tasa de femicidios en los últimos años. Entendemos que este descenso se vincula al fuerte activismo feminista, con alto impacto en los medios de comunicación, que mantiene en la agenda pública la temática de la violencia de género logrando sensibilización social y desde allí, incidencia en el diseño de políticas públicas”, fundamentó MuMaLá. El mecanismo de relevamiento de MuMaLá se realiza “a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH y policiales/forense”. Los datos de esta organización feminista son similares a los del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”(AQSNV), que también registra los femicidios a lo largo del país y observó un descenso durante el 2021 en comparación a los años anteriores: el año pasado contabilizaron 256 femicidios, en tanto que en 2020, 301; en 2019, 327; en 2018, 289; y en 2017, 277. Sin embargo, desde la Asociación Civil La Casa del Encuentro difieren en tales números, ya que consideraron que en el 2021 hubo un aumento en los femicidios -305 casos-, en comparación a los anteriores años (2020: 300 femicidios; 2019: 299 femicidios; 2018: 273 femicidios; 2017: 295 femicidios). Las diferencias en las estadísticas está dada en las distintas formas que tienen las organizaciones de contabilizar los casos de femicidios y el seguimiento de cada uno de ellos, explicaron.

MuMaLá, en el relevamiento difundido este martes, contabilizó 1.343 femicidios en los últimos cinco años, de los cuales distinguió en 1.162 femicidios directos, mientras que 152 fueron catalogados como femicidios vinculados y otros 29 al colectivo travesti-trans. “Pese a los datos y a la demanda del creciente movimiento de mujeres y LGBTIQ+, los estados y los gobiernos siguen teniendo deudas pendientes con nuestras vidas”, opinó la vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, en un comunicado de prensa Por su parte, la organización indicó que el 67 por ciento de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de la víctima, en tanto que el 27 por ciento eran familiares o conocidos. En cuanto al lugar del hecho, el relevamiento añade que el 64 por ciento de los hechos tuvieron lugar en la casa de la víctima, lo que “ratifica que, en nuestro país, los femicidios son centralmente domésticos y perpetrados por personas del círculo íntimo de las víctimas”.