La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abrió el proceso de selección para cubrir el cargo de secretario de Gobierno del organismo, que dejó vacante Eduardo Bordas después de más de 30 años y sobre el cual pivoteaban la mayor parte de las decisiones institucionales y administrativas del Tribunal.

El reemplazo del histórico funcionario viene de la mano también de una reestructuración de la organización interna y la redistribución de funciones, que en buena medida completa el esquema en formación como parte de la renovación casi por completo de la Corte santafesina, todavía en curso.

Según se comunicó de manera oficial a través de la Oficina de Prensa y Difusión del Poder Judicial, se trata de la apertura del período de inscripción para cubrir “el cargo de Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia en los Tribunales de Santa Fe (categoría presupuestaria de Vocal de Cámara de Apelación), y toda otra tarea que el Alto Cuerpo le encomiende”.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Archivo El Litoral

El carácter del concurso es abierto y de antecedentes. Los requisitos para participar en el mismo son: a) ciudadanía argentina; b) mayor de edad de 30 años; c) título de abogado debidamente certificado; d) dos años de residencia inmediata en la provincia, si no hubieren nacido el ella.

Además, diez años de ejercicio efectivo de la función judicial o de la profesión de abogado; buenos antecedentes de conducta acreditados con el certificado respectivo otorgado por la Policía de la Provincia y certificación de la Oficina Judicial correspondiente de no hallarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El período de inscripción se extiende hasta el 2 de julio del corriente año, y los interesados deberán presentar las respectivas solicitudes por ante la Secretaría de Gobierno del Cuerpo en Santa Fe. Asimismo la Corte Suprema, dispuso que oportunamente se designará la fecha para la recepción de entrevistas personales para los inscriptos que reúnan las exigencias legales y reglamentarias.

El secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Bordas, se retiró del Poder Judicial el último día hábil del mes de abril, acogiéndose a la jubilación. Acompañó su salida con una emotiva y descontracturada nota que distribuyó en distintas oficinas de los tribunales.

Eduardo Bordas, ex secretario de Gobierno de la Corte Suprema. Archivo El Litoral

“Hoy como todas las mañanas saludé al señor que vende los bizcochos y, subiendo la escalera de nuestro edificio -como dicen los chicos- me cayó la ficha de que estaba finalizando una maravillosa e importante etapa de mi vida. Seguramente por eso, no me sorprendió sentir que me estaba yendo de mi casa, un lugar que fue, es y seguirá siendo mi familia desde el día que ingresé como empleado”, decía.

Transitoriamente, la función de Bordas quedó repartida entre dos funcionarios con distinto anclaje territorial. Pablo Gómez sobre las tres circunscripciones del centro norte: Santa Fe, Rafaela y Reconquista; y Carlos Crespo, quien cumplía funciones como secretario letrado de la Corte, para Rosario y Venado Tuerto.

Pero durante su extenso período de desempeño en el cargo, por decisión de los ministros de la Corte, Bordas concentró la responsabilidad de una gran cantidad de tareas, que ahora serán reasignadas en un formato de distribución por áreas, cada una de ellas a cargo de alguno de los integrantes del Alto Tribunal.

Así, la administración económica (presupuesto, licitaciones, compras y ejecución de recursos), el manejo del personal, el área informática y el plano edilicio, dejarán de estar centralizadas como hasta ahora y los ministros tendrán asignada competencia en alguna de ellas, con un rol más operativo.

A la vez, la reformulación se inscribe en un momento en que la conformación de la Corte se halla inscripta en un proceso de transición, que (si todo se desarrolla conforme a lo previsto y anunciado) culminaría en el mes de noviembre del presente año, y no está exento de algunas tensiones y “tironeos”, como veladamente admiten los propios ministros.

La renovación de la Corte, que el gobernador Maximiliano Pullaro marcó como objetivo de su gestión al mismo momento de asumir, comenzó en febrero de 2025 cuando, con el aval de una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar el alto tribunal de la provincia.

Baclini, Weder y Zabalza vinieron a reemplazar a Mario Netri -quien había dejado su puesto en diciembre anterior- y a María Angélica Gastaldi -que lo hizo a comienzos de abril- y a ocupar el séptimo asiento añadido por la reforma judicial sancionada a fines de 2024.

Luego de eso, la Legislatura aprobó el 26 de febrero de 2026 los pliegos de Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel como nuevos ministros de la Corte Suprema provincial.

Los futuros ministros vendrán a reemplazar a los ministros que superan los 75 años de edad: Eduardo Spuler (que se irá el 1 de septiembre) y Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que adelantaron su intención de retirarse en noviembre, aún sin fecha ni renuncia presentada.

Por otra parte, la Corte llamó también a convocatoria pública y abierta de antecedentes, destinada a cubrir los perfiles técnicos, de gestión e informáticos para la réplica e implementación del Nuevo Modelo de Gestión Judicial Penal en Santa Fe denominado “Plataforma Alberdi”.

En este caso, se trata de cuatro gerentes / subcoordinadores de Área; dos analistas de procesos (Lean / Kaizen); dos analistas de Datos (PowerBI SQL); cuatro implementadores y dos programadores fullstack.

Los futuros agentes operarán con directivas de la delegación Rosario, y bajo la figura de contratos de servicios. La inscripción se extiende hasta el 20 de julio.

La “plataforma Alberdi” es un sistema de gestión penal impulsado por el ministro de la Corte Daniel Erbetta, basado en una herramienta digital desarrollada en Tucumán. El sistema promete agilizar trámites, generar datos en tiempo real y ampliar la transparencia, en un modelo que tomó a los tribunales de San Lorenzo como prueba piloto, para luego ser aplicado en toda la provincia.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una modificación en el programa Tribuna Segura que impedirá el ingreso a estadios de fútbol a personas registradas como deudores alimentarios morosos.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Seguridad Nacional y forma parte de un convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires para ampliar los criterios de admisión en espectáculos deportivos.

La medida quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y se aplicará en los controles de acceso que se realizan en las canchas de fútbol de todo el país. Según se informó, el sistema incorporará los registros públicos de alimentantes morosos existentes en distintas jurisdicciones argentinas.

El programa Tribuna Segura fue creado para controlar el ingreso a eventos deportivos y detectar personas con restricciones judiciales, antecedentes de violencia o pedidos de captura. Con la nueva disposición, también podrán quedar excluidas aquellas personas que figuren en registros oficiales de deudores alimentarios.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció la medida a través de redes sociales y sostuvo que “el que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas”. Además, señaló que el objetivo es reforzar los controles y ampliar las herramientas de prevención en espectáculos deportivos.

El convenio fue firmado entre el Gobierno nacional y la administración porteña. También participaron el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

Según la información oficial, unas 13.000 personas serían incorporadas al sistema de control a partir de esta medida. Los registros alcanzados incluyen no solo el padrón de la Ciudad de Buenos Aires, sino también bases de datos provinciales de distritos como Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

La resolución establece que la restricción podrá aplicarse cuando exista una inscripción vigente en un Registro Público de Alimentantes Morosos o mecanismos equivalentes contemplados por las legislaciones locales.

Tribuna Segura es un sistema de control implementado en Argentina para supervisar el acceso a espectáculos futbolísticos y detectar personas con restricciones de concurrencia. El mecanismo funciona mediante la verificación de datos personales en los ingresos a los estadios y se utiliza desde hace varios años en torneos locales e internacionales.

Hasta ahora, el programa estaba enfocado principalmente en personas vinculadas a hechos de violencia en el fútbol, con pedidos de captura o sanciones judiciales. Con esta ampliación, el Gobierno incorporó criterios relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la iniciativa busca consolidar “un enfoque integral” en los controles de acceso y sumar herramientas que promuevan el cumplimiento de responsabilidades legales.

La incorporación de los registros de deudores alimentarios también se vincula con proyectos y debates que desde hace tiempo impulsan restricciones similares en distintos ámbitos públicos y privados, como espectáculos masivos, casinos o trámites oficiales.

En varias provincias argentinas existen normativas que limitan determinados derechos administrativos a quienes mantienen incumplimientos vinculados a cuotas alimentarias.

La nueva disposición generó repercusiones en distintos sectores vinculados al derecho de familia y la seguridad deportiva. Mientras algunos respaldaron la utilización de herramientas de presión para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, otros plantearon interrogantes sobre el alcance jurídico de este tipo de restricciones administrativas.

Por el momento, el Gobierno nacional no precisó cuándo comenzará a aplicarse efectivamente el nuevo sistema en todos los estadios del país, aunque desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el intercambio de información entre Nación y las distintas jurisdicciones ya comenzó a implementarse.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves una serie de proyectos acordados entre el Frente de Todos (FdT) y los bloques opositores, entre los que se destacaron la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Rendam) para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de manutención de sus hijos y la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud.

En el marco de una sesión que se extendió hasta la medianoche, la Cámara avaló también un proyecto que establece la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, que lleva el nombre de “Lucio”, y el que fija la eliminación del requisito de renovación periódica del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para los casos de discapacidades permanentes.

En el tramo final la sesión se vio opacada por la decisión de los diputados del bloque PRO de retirarse del recinto en disconformidad porque el oficialismo no retiro del temario un proyecto que originalmente estaba incluido en la lista de expedientes.

Los diputados republicanos habían avalado en las comisiones la iniciativa sobre paridad de género en Deporte, pero en los últimos días cambiaron de opinión sobre el proyecto.

La iniciativa fue aprobada con el impulso del Frente de Todos, bloques minoritarios, y socios de JxC, como la UCR y Evolución Radical, que decidieron diferenciarse de la estrategia del PRO:

El plenario legislativo, presidido por su titular Cecilia Moreau, comenzó a las 12.30 con la presencia de 130 legisladores.

La deliberación se inició con un homenaje de la legisladora del Frente de Todos Mónica Litza al líder del Justicialismo, Juan Domingo Perón, al cumplirse el próximo 17 de noviembre 50 años del retorno a la Argentina tras su exilio, y otro del diputado radical MIguel Bazze por el 39° aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín, ocurrido el 30 de octubre de 1983.

La del miércoles iba a ser una de las últimas deliberaciones del período ordinario, pero el Gobierno decidió prorrogar las sesiones para tratar otras iniciativas.

El primer proyecto en ser debatido fue el que exime del pago del impuesto a las Ganancias al personal de salud que efectúa una guardia adicional a las cuatro que realiza en el mes, para evitar así que tengan descuentos por la aplicación de este tributo.

Los trabajadores de salud realizan cuatro guardias por mes, pero cuando deben hacer una quinta tienen que pagar Ganancias, por lo cual muchos de ellos evitan efectuarla.

El plenario legislativo aprobó por 223 votos la iniciativa al contar con el respaldo del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), Interbloques Provincias Unidas y Federal, Movimiento Popular Neuquino, Ser, el Frente de Izquierda y Avanza Libertad.

El segundo proyecto aprobado fue el que crea un registro de deudores alimentarios que busca sancionar a los padres que no cumplan con los fallos judiciales que establecen los montos que deben abonar para la mantener a sus hijos.

El Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (Rendam) fue aprobado por 225 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, Federal, el Frente de Izquierda, y La Libertad Avanza, mientras que José Luis Espert (Avanza Libertad) votó en contra.

Si bien hubo un amplio consenso en la aprobación en general, no sucedió así con el articulo 8 del proyecto donde se establecen los impedimentos que tendrán los inscriptos en el Registro.

En este punto hubo 161 votos contra 66 en contra que correspondieron en su mayoría al PRO, algunos legisladores de la UCR, dos de Córdoba Federal y a la bancada de derecha que conduce Javier Milei.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien es autora de una de las iniciativas, expresó a través de la red social Twitter que “aprobamos la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios”

“Una medida contra la violencia económica y la vulneración de los derechos de las infancias: quienes no cumplan con la manutención de sus hijos/as se verán impedidos de acceder a una serie de trámites”, agregó.

De acuerdo al proyecto “quienes se encuentren en el Rendam no podrán acceder a una serie de acciones y trámites como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte y desempeño de cargos públicos, entre otros”.

La tercera iniciativa aprobada fue la que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.

El proyecto sumó 228 votos a favor y se registraron 28 ausencias en la instancia definitiva y fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes el 26 de noviembre último del niño Lucio Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.

El texto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En cuarto orden, la Cámara aprobó por unanimidad y envió al Senado un proyecto de ley que flexibiliza los trámites para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fijando para el futuro, de acuerdo al grado de discapacidad, que el certificado puede expedirse sin fecha de vencimiento.

El proyecto, que contó con 227 votos a favor, sin negativos ni abstenciones y con 29 ausencias, establece que el CUD “establecido en la legislación vigente o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) será la encargada de su actualización “conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”

Dicha actualización deberá implementar “la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento”, señala el texto.

En las últimas horas de la sesión se convirtieron en ley los proyectos de cesión de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija.

Otra iniciativa que se convirtió en ley fue el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que fue suscripto en la ciudad francesa de Estrasburgo el 10 de octubre de 2018.

El temario se completó con el tratamiento de un proyecto sancionado en el Senado para aprobar la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III).

Además, se realizó el debate sobre la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.

Finalmente, cerca de la medianoche, la sesión casi se cayó porque era el turno de poner a consideración el proyecto que establece el mencionado Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte.