Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este jueves, trepando hasta un 10% y regresando a la zona de los US$100, impulsados por la ofensiva de Irán en el estrecho de Ormuz que marca un recrudecimiento en la guerra con Estados Unidos e Israel.

El Brent, referencia para Europa, llegó a avanzar hasta 10% durante esta jornada, cotizando a 101 dólares por barril, para luego bajar levemente a US$98. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos sube un 4,6% y alcanza los 91 dólares por barril.

El precio del crudo Brent saltó un 10%.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 60% en lo que va del 2026, pese a la rebaja de su precio en las últimas jornadas, que ahora se ve interrumpida al retomar la senda alcista y cotizar cerca de sus máximos del año.

La señal de alerta en los mercados responde al ataque iraní a buques en el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica por la que transita alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, que se encuentra bloqueada por el régimen.

Estrecho de Ormuz.

Las agresiones contra barcos que navegan por la región se incrementan y en las últimas horas se reportaron dos petroleros atacados por proyectiles cerca del sur de Irak, lo que provocó incendios a bordo y la evacuación de las tripulaciones, dejando un muerto y varios desaparecidos.

De esta manera, el temor a una extensión del conflicto que siga afectando la circulación del petróleo vuelven a presionar los precios del crudo pese al plan de emergencia de la Agencia Internacional de la Energía de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor medida de este tipo en su historia.

En este marco, Estados Unidos anunció recientemente que liberará 172 millones de barriles de petróleo a partir de la próxima semana. Sin embargo, estas medidas no alcanzan a compensar el flujo de 20 millones de barriles diarios que han dejado de circular por el cierre de Ormuz.

La Municipalidad de Rosario anunció un proyecto de ordenanza que plantea profundas modificaciones en el sistema de movilidad urbana, con un doble enfoque: aliviar al sector de taxis y remises mediante la eliminación de una histórica tasa y, al mismo tiempo, abrir la puerta a la regulación de las plataformas digitales de transporte.

La iniciativa establece la derogación de la Tasa de Fiscalización y Control que actualmente pagan los titulares de licencias de taxis y remises, lo que representa un alivio fiscal significativo para el sector. Desde el Ejecutivo local explicaron que esta medida responde a la necesidad de sostener un servicio público esencial, frente a un contexto económico complejo.

En paralelo, el proyecto propone crear la figura de “vehículo de transporte privado por plataforma digital”, lo que permitiría que servicios como Uber o Cabify puedan operar legalmente en la ciudad, aunque bajo un régimen regulado por el municipio. Esta figura contempla el pago de un canon municipal, seguro específico y el cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos.

De aprobarse la ordenanza, los titulares de vehículos registrados en plataformas digitales deberán inscribirse en un registro municipal y pagar una tasa trimestral que se actualizaría por el índice de precios. Además, se exigirá una revisión técnica anual y el cumplimiento de una antigüedad máxima del vehículo.

La iniciativa establece la derogación de la Tasa de Fiscalización y Control que actualmente pagan los titulares de licencias de taxis y remises.

El proyecto también contempla sanciones para quienes presten servicios por aplicaciones sin estar inscriptos en el nuevo régimen, con multas que podrían superar los $500.000 y la retención del vehículo.

Actualmente hay más de 4.200 licencias activas entre taxis y remises en Rosario, mientras que se estima que circulan entre 800 y 1.000 vehículos que operan a través de aplicaciones digitales, aunque de manera informal.

El intendente destacó que la iniciativa busca “equilibrar el sistema”, reconociendo el esfuerzo del sector tradicional y al mismo tiempo adecuando la normativa a los nuevos modos de transporte que demanda la ciudadanía.

Desde el Concejo Municipal se anticipa un debate intenso. Mientras algunos bloques ven con buenos ojos la regulación de plataformas digitales, otros expresaron reparos respecto a las condiciones laborales y la competencia con los servicios tradicionales.

Organizaciones de taxistas ya manifestaron su apoyo a la eliminación de la tasa, aunque señalaron que seguirán de cerca el debate sobre la legalización de Uber. Desde sectores ligados a la economía digital, en tanto, celebraron la posibilidad de avanzar hacia un esquema normativo claro.

De aprobarse la ordenanza, los titulares de vehículos registrados en plataformas digitales deberán inscribirse en un registro municipal y pagar una tasa trimestral que se actualizaría por el índice de precios.

El proyecto será enviado en las próximas horas al Concejo y se espera que comience a ser tratado en las comisiones la semana próxima. Desde el Ejecutivo confían en que podrá debatirse y votarse antes del receso de mitad de año.

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, ha ordenado la ejecución de al menos 30 funcionarios, acusándolos de corrupción y negligencia tras no haber prevenido las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron Corea del Norte en julio. Según reportes de medios surcoreanos, estas inundaciones, provocadas por intensas lluvias, causaron la muerte de entre 4.000 y 5.000 personas y dejaron a más de 15.000 desplazadas.

La cadena surcoreana TV Chosun informó que los funcionarios fueron ejecutados a fin del mes pasado en las áreas afectadas por las inundaciones, principalmente en la provincia de Chagang y la región fronteriza con China, en la cuenca del río Yalu. Allí, el desastre sumergió más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras agrícolas, afectando especialmente a las ciudades de Sinuiju y Uiju.

Tras el desastre, Kim Jong-un destituyó a varios altos funcionarios, incluyendo al secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang y al ministro de Seguridad Pública. Según un exdiplomático norcoreano, Lee Il-gyu, los funcionarios estaban extremadamente ansiosos por no saber cuándo serían castigados.

A pesar de la magnitud de la catástrofe, Kim rechazó la ayuda internacional y ordenó que las 15.000 personas desplazadas fueran trasladadas a la capital para su recuperación, asegurando que la reconstrucción de las zonas afectadas tomaría de dos a tres meses. Asimismo, desestimó los informes de medios surcoreanos que señalaban la muerte de miles de personas.

Las ejecuciones públicas en Corea del Norte no son raras, y antes de la pandemia de Covid-19, se registraba un promedio de 10 al año. Sin embargo, esta cifra ha aumentado significativamente en los últimos años, llegando a cerca de 100 ejecuciones anuales, según el Korea Times. El régimen también ha intensificado las ejecuciones de jóvenes para frenar la influencia surcoreana.

Estados Unidos ha condenado enérgicamente la represión del régimen de Kim Jong-un. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, señaló que la "aplastante represión" del régimen norcoreano ha llevado a muchos a buscar desesperadamente formas de desertar en busca de una vida mejor.

En noviembre, Ri Il Kyu, un alto diplomático norcoreano destinado en Cuba, desertó a Corea del Sur, lo que lo convierte en el diplomático de más alto rango en abandonar la dictadura desde 2016. Ri, quien expresó frustración y enojo por un trato injusto recibido en el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, decidió asentarse en Seúl con su familia. Su descontento se intensificó cuando se le negó el permiso para recibir tratamiento médico en México.

El presidente de Irán, Ebrahim Raissi, insistió en que las protestas desatadas en el país tras la muerte de la joven Mahsa Amini forman parte de un plan diseñado y financiado por Estados Unidos, Israel y varios países europeos.

En este contexto advirtió que “no tendrá piedad” con aquellos que muestran su hostilidad hacia la república islámica en las manifestaciones. “Los hipócritas, los monárquicos, las corrientes contrarrevolucionarias y todos los perjudicados por la revolución se han unido a las manifestaciones”, declaró.

Frente a la Universidad de Teherán ante una multitud rindió homenaje a los 200 soldados muertos durante la guerra Irán-Irak. “Los brazos de la nación están abiertos a todos los que fueron engañados, pero no tendremos piedad con los elementos hostiles”, insistió el mandatario.

Irán ejecutó a un segundo manifestante por protestar contra el régimen

En las últimas semanas, varias de las principales ciudades iraníes han sido escenario de manifestaciones de protesta por el fallecimiento de la joven Mahsa Amini, quien perdió la vida poco después de ser detenida por la policía de la moral, por no llevar puesto su velo correctamente.

“Si piensan alcanzar sus objetivos difundiendo rumores y dividiendo a la sociedad, se equivocan”, sostuvo Raissi. “Quieren engañarnos, pero les conocemos y conocemos también a nuestra nación”, añadió.

Numerosos funcionarios afirmaron que cientos de personas fueron asesinadas durante las protestas, entre ellas miembros del personal de seguridad, mientras que miles fueron arrestadas.

Defensores de los derechos humanos fuera de Irán estiman que más de 450 manifestantes fueron asesinados en la represión. Sin embargo, la justicia anunció hasta ahora haber condenado a muerte a 11 personas por su participación en las manifestaciones.

Dos de ellas ya fueron ejecutadas y dos serán juzgadas nuevamente, mientras los militantes aseguran que una docena más se arriesgan a la pena capital.

Las movilizaciones a nivel nacional ya se produjeron en Irán en anteriores ocasiones -una de ellas en el año 2017 que duró hasta principios de 2018 y otra en noviembre de 2019-, pero la magnitud de las protestas actuales son únicas porque involucran a personas de todos las clases sociales y están lideradas por mujeres, bajo la consigna “Mujer, vida, libertad”.

Irán ejecutó públicamente a un segundo condenado por su participación en las protestas contra el régimen que sacuden el país desde septiembre pasado.

La nueva víctima es Majidreza Rahnavard, quien fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad. Fue ahorcado en público y no dentro de la prisión.

Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas, tras el ahorcamiento el jueves último de Mohsen Shekari, un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), declaró que “la ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes”.

Esta nueva ejecución es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, a pesar de la indignación internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones.

La joven kurda iraní de 22 años falleció tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.

El poder judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora once condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de “disturbios”, pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.

Entre otros condenados a la misma pena se encuentra el rapero Saman Seyedi, de 24 años, de la minoría kurda de Irán. Otro rapero, Toomaj Salehi, que apoyó las protestas contra el régimen, está acusado de “corrupción en la tierra” y podría ser condenado a muerte, confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iraníes.

La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido condenaron la ejecución de Shekari, y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, denunció un “desprecio sin límites por la vida humana”.

Sin embargo, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas.

La embajada de Irán en Corea del Sur negó este martes las informaciones que aseguraban que Elnaz Rekabi, la escaladora que el fin de semana compitió sin velo en Seúl, había desaparecido o que había sido detenida. Por el contrario, informó que la atleta que no usó el hiyab, en aparente protesta contra el régimen ayatolá, emprendió su viaje hacia Teherán.

“La señora Elnaz Rekabi, que participó en la ronda final de los Campeonatos de Asia de Escalada, partió de Seúl rumbo a Irán a primera hora de hoy, 18 de octubre de 2022, junto a otros miembros de su equipo”, aseguró la representación diplomática en un comunicado.

De todos modos, según el sitio web de noticias Iran Wire, Rekabi era devuelta a su país “para llevarla a la prisión de Evin, en Teherán, bajo la orden de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

Las imágenes de Rekabi, quien decidió competir sin llevar el velo, han dado la vuelta al mundo.

Según ese mismo medio, “Reza Zarei, el jefe de la Federación de Escalada de Irán, la engañó para que entrara al edificio de la embajada iraní en Seúl después de recibir órdenes de Mohammad Khosravivafa, presidente del Comité Olímpico de Irán”.

Además, aseguró que “Zarei, que antes era miembro del Ministerio de Información, le prometió a Elnaz que si le entregaba su pasaporte y su teléfono móvil, la llevaría a Irán rápidamente, sin riesgo y sin hacerlo público”.

Las imágenes de Rekabi, quien decidió competir en el evento de Seúl sin llevar el velo (algo que la legislación de la República Islámica prohíbe a sus deportistas mujeres), han dado la vuelta al mundo.

El gesto de la escaladora de 33 años ha sido visto como una valiente muestra de apoyo a las mujeres de su país que llevan semanas protestando contra la obligatoriedad de llevar el velo tras la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini en una comisaría a donde fue llevada por llevar el pañuelo de manera inapropiada.

La BBC había informado que el pasaporte y el teléfono de Rekabi le habrían sido retirados y que nadie ha podido ponerse en contacto con ella desde el domingo.

La embajada iraní en Seúl “negó todas las noticias falsas y desinformación” relacionada con la deportista, según concluye el comunicado.

En Irán, las mujeres que no se tapan en público se enfrentan a penas de prisión y multas, de acuerdo con el Código Penal de ese país.

La escaladora Rekabi llegó a la ronda final del Campeonato Asiático anual y terminó cuarta el domingo. La Federación de Montañismo y Escalada Deportiva de Irán anunció el resultado en su sitio web junto con una imagen sin fecha de Rekabi con el hiyab.

La atleta no respondió a la solicitud de comentarios de ABC News, y las llamadas telefónicas a la Federación de Montañismo y Escalada Deportiva de Irán tampoco respondieron.

Rekabi fue una de las primeras deportistas en haber desobedecido la norma de llevar el hiyab incluso fuera del país, cuando se representa oficialmente en el extranjero.

El Concejo aprobó por unanimidad el proyecto de creación del Régimen Agroalimentario Municipal (RAM), que establece nuevas reglas para la comercialización de alimentos en el ámbito de la ciudad, con el fin de que los productos lleguen en óptimas condiciones de seguridad y salubridad a la mesa de los venadenses.

La nueva norma permite al Estado municipal una mayor presencia ante el incumplimiento de las regulaciones y a su vez premia a los buenos comerciantes. Por otro lado, fortalece las capacitaciones, las campañas de difusión y el asesoramiento de todos los actores vinculados al rubro alimenticio.

Al efecto, queda derogada toda normativa preexistente, tras un proceso legislativo donde se escucharon las opiniones de los distintos bloques y del Centro Comercial e Industrial, sobre la base del mensaje enviado por el Ejecutivo e impulsado por el concejal Nahuel Pasquinelli.

El nuevo RAM regula algunos aspectos tributarios delegados desde la provincia a la esfera municipal para solventar las actividades que se vienen impulsando desde la Dirección de Seguridad Alimentaria y exime del pago de la tasa agroalimentaria de establecimiento a los que estuvieren al día con el DRI, como premio al cumplimiento.

La Cabina Sanitaria, a su vez, se abrió a todos los productos alimenticios sin excepciones y cobrará una tasa fijada ahora en unidades tributarias (UTM). Para el caso de un decomiso forzoso, se fijará un monto por kilo de mercadería como agravante de la multa, por el costo que implica la prestación del servicio. También se establece un cargo para decomiso voluntario, de aquellos productos vencidos que deben ser desnaturalizados.

Desde el inicio de la gestión del intendente Leonel Chiarella, la Dirección de Seguridad Alimentaria a cargo de Stéfano Quaglia tuvo un rol protagónico en el cuidado de la salud de los venadenses, con el control y decomiso de una importante cantidad de mercadería.

En reglas generales, todo lo recaudado desde la entrada en vigencia del REM se destinará a fortalecer la estructura de la propia Dirección (personal, vehículos, equipamiento) y el 50 por ciento de lo recaudado en concepto de multas se afectará a campañas de difusión