El ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia, señaló ante El Litoral que la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro cumplió la palabra empeñada con el electorado en el 2024. Además de las leyes penales, destacó la norma sobre Gobernanza de Datos para acercar al ciudadano al Estado y defendió las razones del dictado de la Ley Previsional.

En la nueva sede de El Litoral en el puerto santafesino, la conversación con uno de los ministros del Poder Ejecutivo que cultiva el alto perfil y el diálogo con la Legislatura, con los partidos, con gremios e incluso con sectores del gobierno nacional.

"Vamos camino a un Estado más eficiente, más ordenado, más cercano al ciudadano", sostuvo el ministro. Foto: Manuel Fabatia

-En un año de muchas reformas en leyes penales, seguridad, sistema penitenciario, previsional, Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Unidos lo coronó con la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución. Fue un año muy intenso este 2024 para la gestión de Maximiliano Pullaro.

-Es un año de un gobierno transformador, pero fundamentalmente para nosotros es un año donde cumplimos la palabra. La palabra empeñada con el electorado; la palabra comprometida en ese contrato electoral. En las transformaciones me atrevo a decir que son más de 20 leyes. Son tantos los procesos transformadores de cambio que parece que nos olvidamos de algunos.

Ejemplo: el paquete de leyes de persecución del crimen, de seguridad, y de carácter jurídico de persecución del crimen como fueron las primeras normas. Los cambios legales en el Ministerio Público de la Acusación han sido notables; los cambios en el Código Procesal Penal han sido de la misma envergadura; ley de narcomenudeo; la de regulación de la pena privativa de la libertad; cambios en el funcionamiento del Servicio Penitenciario.

"Si no hacíamos la reforma previsional y no le dábamos sustentabilidad al sistema, había que dársela a la Anses", aseguró Bastia. Foto: Manuel Fabatia

Pero no debemos olvidar la ley de Gobernanza de Datos y de Información Pública que transparenta al Estado, que nos permite pasar de un Estado colonial a un Estado digital; estamos en el pleno proceso de transformación a la digitalización. Esto va a poner al ciudadano y el Estado en cercanía, en proximidad. Necesitamos un Estado abierto, transparente y esos son compromisos que asumimos.

Después las grandes leyes que citaste: la reforma de la Constitución, los cambios en la Corte Suprema de Justicia, no solo vinculado a la ampliación de la Corte sino al funcionamiento interno; la ley Previsional; la Emergencia en Aguas que permitió una transformación en ASSA y que van a seguir los cambios; la corrección del sistema normativo, normas que son fundamentales para poder seguir llevando adelante esa política en seguridad que hoy hoy luce valiosa y lo es porque había determinación política, porque se sabía lo que se quería hacer, porque el 14 de diciembre del 2023 se mandaron las leyes pero porque hubo anclaje legal y eso lo tuvimos gracias a la Legislatura.

La Legislatura nos acompañó, hubo mucho debate, muchísimo trabajo. Nosotros hemos visto una Legislatura con un enorme esfuerzo y hemos estado interactuando de forma permanente. Eso nos llena de satisfacción porque lo que se construyó como el tema normativo, lo vemos en solución para la gente. Nosotros creemos que hemos avanzado mucho.

-Pero hubo leyes que afectaron a los ciudadanos como, por ejemplo la reforma previsional que afecta a los estatales o la emergencia en Aguas que vino acompañada de un fuerte aumento de tarifas.

-La ley previsional claro que le afecta a la gente, pero positivamente. Es lo mejor que pudo haber hecho nuestra gestión en favor de los trabajadores públicos, los funcionarios públicos y también de los que pagan impuestos que son los que sostienen la caja.

Entrevista al ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe , Fabián Bastia. Foto: Manuel Fabatía

Si nosotros no hacíamos la reforma previsional y no le dábamos sustentabilidad al sistema, había que dársela a la Anses, había que transferirla a Anses. Era inviable en estas condiciones con un déficit proyectado de 430.000 millones al 31 de diciembre. Era imposible que el conjunto de los santafesinos sigan soportando ese déficit, pero la solución no lo iba a poder seguir soportando el Estado santafesino, la solución era sacarse la caja de encima.

Nosotros somos responsables y le decimos la verdad a la gente: con sacrificio, un esfuerzo corrector se salva la Caja. Esto es sistema de reparto y solidario. Tiene que ser sustentable y sostenible. ¿Qué significa la sostenibilidad? Tenemos estos derechos, con qué los sostenemos. Creo que sí, que ha sido una ley sumamente positiva, justa, equilibrada, progresiva y progresista.

-Desde fuera del sistema puedo coincidir con su mirada, pero molesta a los supuestos beneficiarios del sistema.

-Puede haber molestado ante el desconocimiento. Creo que hubo información maliciosa de algunos gremialistas, pero no más que eso, cuando se la explica, la ley se entiende. Acá se dijo que los docentes se iban a jubilar los 65 años y usted sabe que es una mentira total. Ahora te vas a jubilar, si estás frente al aula, a los 57 años tanto es así que los varones también se pueden jubilar los 57.

Es un sistema que ahora está corregido de todas las anomalías que tenía. No se olvide que usted podía comprar años en la Anses y venía y se jubilaba en Santa Fe; no se olvide que usted compraba años y encima computaba el dos por uno porque compraba años en una moratoria; que acá el régimen de pensiones tenía un desmadre total donde existían los matrimonios por conveniencia conocidos como Adelfa en mérito a esa historia social que conocimos. De esos casos había muchísimos.

Usted me va a decir un caso genera el déficit, no, pero sí el conjunto de vicios, de irregularidades y anomalías. Después otra cosa, la esperanza de vida. Por suerte para todos nosotros, para toda la humanidad, vivimos más y la jubilación es un beneficio a la vejez y la pensión es un beneficio a proteger a determinados familiares del trabajador, del jubilado en determinadas condiciones.

Haber adaptado el sistema a la realidad actual es sumamente justo, muy valioso y es muy positiva la norma. El tiempo está demostrando, que lo que decíamos se está viendo reflejado en los hechos.

¿Cómo evalúa la relación con los gremios estatales, usted incluso es partícipe de mesas paritarias. En sus discursos como legislador hizo mucho hincapié en el término eficiencia. Cómo es un Estado más eficiente, lo han logrado en parte?

-Sí, claro. Nosotros hablamos siempre de orden, de ordenar el Estado, el ordenar un todos sus aspectos. La eficiencia va unida el ordenamiento y creo que vamos camino a un Estado cada vez más eficiente. Si me pregunta si hicimos más eficiente de cómo lo tomamos, le dijo que sí, hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que seguir.

Somos muchos más eficientes que antes, pero creo que todas estas transformaciones que proponemos como la digitalización, como la información pública, como la cercanía, la agilidad en la gestión y en los trámites que resuelve el ciudadano nos va a permitir con recursos iguales dar mejores respuestas.

En el 2024 hemos comprado mejor: 45.000 millones de ahorros en medicamentos; hemos comprado mejor en la alimentación para los detenidos en las cárceles; hemos comprado muy bien los vehículos para la policía, hemos podido ir por el 20% que nos permite la ley porque tuvimos bajo los presupuestados y así con cada movimiento.

Ni hablar de la licitaciones públicas en materia de obra, que cuando nosotros fuimos a contratar para hacer bacheos en rutas terminamos pagando 60/ 70 por ciento menos que lo que se estaba pagando que había quedado licitado del tiempo anterior. La continuidad del Estado merece que se atiendan los contratos y las obligaciones. No ha habido interrupción en el tiempo de ninguna clase de obra ni de la ejecución. Asumimos y no discontinuamos nada; revisamos algunas cosas que había que revisar, pero no hubo discontinuidad del Estado.

-¿Están dispuestos a vivir con lo nuestro ante la falta de aportes de Nación? Usted es el ministro político ¿tiene diálogo con funcionarios nacionales?

-El diálogo político es bueno y el trato es bueno más allá de algunas cosas que a veces aparecen o las formas de cada uno. El tema es que no hay respuestas. Me pregunta si estamos dispuestos a vivir con lo nuestro y yo le digo que en el 2024 vivimos con lo nuestro.

Estamos con la demandas vinculadas al sistema previsional. Santa Fe no ha recibido ni el anticipo pago a cuenta del déficit que otras gestiones anteriores abonaban y percibía la provincia. Esto habla de la eficiencia del gobierno de Maximiliano Pullaro, de nuestro gobierno.

-Algunas provincias están firmando acuerdos, incluso Entre Ríos para que Anses empiece a devolver los aportes. ¿Ustedes están dispuestos a canjear ese tema por la el acuerdo de cruzamiento de deudas?

-No conozco el convenio que firmó Entre Ríos, ni las condiciones en las que firmó. Además no me gusta nunca hablar de los demás. Si le puedo decir que no vamos a firmar instrumentos que no defiendan a Santa Fe. Cada instrumento documental que firmemos va a ser garantizando los derechos de Santa Fe, de los santafesinos en definitiva porque cualquier negociación no debe traer aparejado renuncias para nosotros. Los derechos de Santa Fe son irrenunciables. Podemos transar, llegar a un acuerdo transaccional pero sobre la base de una determinación clara de lo que se nos debe.

-Está atacada judicialmente o por lo menos observada judicialmente la ley de Reforma constitucional.

-Es oportunismo político. Es ingresar a la campaña como constituyente discutiéndola judicialmente. Es una incoherencia, una contradicción absoluta que no es la primera vez que lo veo de Nicolás Mayoraz con quien tengo una buena relación. Tengo buena relación de cuando éramos diputados. Él presentaba proyectos de reforma y ahora mandó a los diputados de su sector político a votar en contra. Primer partido que oficializa y primer candidato cabeza de lista que arranca su campaña y elige el modo cuestionando la ley de necesidad. Se entiende...

-El gran desafío de Unidos debe ser armar la lista de convencionales, no romperse

-Cómo se va romper, Unidos está más fuerte que nunca. Somos una coalición de gobierno que ha sorprendido no solo a la comunidad política santafesina y a la sociedad, sino que a todo el país porque es muy sólida la gestión.

Es muy sólido el andamiaje legislativo con el Ejecutivo; es muy sólido el vínculo con los municipios y comunas, que es tan diverso. Fíjese la heterogeneidad de origen de nuestro espacio y de nuestros gobiernos locales Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Santo Tomé, Villa Gobernador Gálvez, citando los más grandes. También es muy diverso en municipios de otro tamaño de población. Somos muy homogéneos en la gestión.

Unidos está muy fuerte usted cree que si no estaríamos tan fuerte, podríamos hacer reformas estructurales tan potentes como la que hicimos. Allí está la verdadera foto, inclusive en la defensa de los intereses santafesinos. No hay ningún actor que tenga opinión distinta. En el ministerio que me toca conducir, tenemos representantes de siete partidos, inclusive una funcionaria como Claudia Giaccone de origen peronista y están los de la UCeDe, socialismo, radicales. Es interesante cómo funciona Unidos.

Con la presencia de representantes de todos los departamentos de la provincia, se llevó a cabo el Plenario de 100% Santafesino FR en la ciudad capital. El mismo fue encabezado por Oscar Martínez, ex legislador nacional y provincial, ex candidato a gobernador de Santa Fe y fundador del partido provincial, y por la actual diputada provincial del espacio Verónica Baró Graf.

Al término del encuentro Martínez fue consultado acerca de las conclusiones de la reunión. Al respecto, manifestó en primer lugar que “nuestro espacio fue siempre reformista, creemos realmente en la necesidad de la reforma de la Carta Magna provincial, pero estamos convencidos de que es indispensable que una reforma respete la tradición democrática que ha tenido Santa Fe a lo largo de su historia y no se convierta en un instrumento para establecer un régimen autoritario en la Provincia”.

En el mismo sentido destacó que “es enorme la preocupación de trabajadores, de jubilados, de la Justicia, de sectores empresarios y de la oposición, sobre los síntomas de autoritarismo que se han evidenciado en la provincia, expresado en leyes como la reforma previsional, que es claramente inconstitucional, así como en la vocación de avanzar sobre el Poder Judicial manifestada en la forma de designación de jueces vinculados estrechamente con el Ejecutivo provincial, y la presión sobre la Corte Suprema de Justicia, y en un funcionamiento legislativo en el cual ambas Cámaras se parecen cada vez más a una Escribanía del Poder Ejecutivo, imponiendo su voluntad por encima de la oposición y aún de las fuerzas que componen el Frente de gobierno, que solían tener una fuerte tradición democrática. En tales circunstancias y ante la posibilidad de que estos signos de autoritarismo se profundicen, es importante que no haya un silencio cómplice que avale que esto ocurra. Por esos motivos estamos dispuestos a dar nuestra posición sobre la Reforma Constitucional”.

De esta manera, el fundador del partido 100% Santafesino detalló los principales puntos debatidos en el Plenario. “En primer lugar queremos manifestar que una reforma no debe habilitar a la violación de la Constitución vigente, especialmente me refiero a la ausencia de la posibilidad de que el actual gobernador pueda ser reelegido. También nos preocupa el avance sobre la Justicia, es por ello que plantearemos la necesidad de la creación de un Consejo de la Magistratura, y que los futuros integrantes de la Corte Suprema sean designados con el voto de dos tercios de las Cámaras para evitar una Corte a medida del gobierno que impulsa su peculiar renovación. En materia de Justicia nuestro espacio insiste sobre la necesidad de establecer la independencia del Ministerio Público de la Acusación, y en tal sentido seguimos sosteniendo la necesidad de que el Fiscal General y los Fiscales Regionales sean elegidos mediante el voto popular, para evitar que un tema tan sensible como es el de la persecución penal esté libre de interferencias políticas, y donde la política de persecución penal sea validada por el respaldo de la ciudadanía”.

“Asimismo -continuó- nos preocupa la necesidad de garantizar derechos preexistentes. Después de la reforma previsional aprobada, es sumamente necesario establecer la intangibilidad de los salarios de nuestros jubilados provinciales y garantizar un fuerte respaldo a la educación pública como principal herramienta para la movilidad social ascendente. Y ante el ataque a los trabajadores del Estado, y acciones como el ajuste desmesurado de tarifas de un 450 por ciento en agua y más del 300 por ciento en materia de energía eléctrica, que hacen sospechar un intento privatizador, consideramos de vital importancia garantizar que tanto la Empresa Provincial de la Energía como Aguas Santafesinas SA no puedan ser privatizadas ya que estas empresas que deben garantizar el acceso a servicios públicos esenciales. En esta materia consideramos de vital importancia dar garantía constitucional sobre el carácter vinculante a las audiencias públicas sobre el ajuste de tarifas. Además creemos necesario garantizar tarifas públicas igualitarias a los ciudadanos de la provincia y el aporte equitativo del Estado para el desarrollo de los servicios provinciales de agua, cloacas, conectividad y energía eléctrica”.

“Estas propuestas y otras, como un afianzamiento del federalismo, las autonomías municipales, la extensión de los periodos de mandatos de la Comisiones Comunales a 4 años, la habilitación para el traslado del Congreso Nacional a la ciudad de Rosario, la garantía del sostenimiento de la Capitalidad de la ciudad de Santa Fe, entre otros puntos, son temas que están en nuestra agenda reformista desde hace casi dos décadas”, enunció a continuación.

Antes de finalizar su declaración, Martínez sostuvo que “por todo lo dicho, y en honor a un profundo sentido de la responsabilidad histórica y republicana que nos toca, hemos tomado la decisión de impulsar un diálogo con las fuerzas políticas de la oposición para construir un núcleo de coincidencias básicas para avanzar en una reforma sin especulaciones sectoriales ni autoritarismos. Para esto, es fundamental establecer un diálogo con los partidos con representación parlamentaria, que incluya a todos, desde los bloques del justicialismo, los sectores del socialismo no oficialista, el bloque que lidera la diputada Amalia Granata, el bloque Inspirar, el Bloque Vida y Familia, en fin todos aquellos que como nosotros estén de acuerdo en que una reforma constitucional no puede dirimirse ni decidirse entre los integrantes del oficialismo entre cuatro paredes.”

“Por último consideramos importante establecer que los Convencionales Constituyentes actúen ad-honorem para no imponerle mayores gastos a una sociedad ya atravesada por un ajuste inédito en sus salarios, en su poder adquisitivo y en las tarifas que con enorme esfuerzo está soportando”, concluyó.

La justicia laboral de Santa Fe rechazó el pedido de Amsafe para que se dicte la suspensión cautelar de la Ley N° 14283 (emergencia y reforma previsional) ­con fundamento en la presunción de nulidad del trámite legislativo­; declaró la incompetencia para seguir entendiendo, de cara al fondo de la cuestión, en lo que hace a la validez de la mencionada norma y denegó el pedido de suspensión cautelar de 17 artículos del texto legal con fundamento en la inconstitucional de ellos. la inconstitucionalidad de los mismos.­

La decisión fue adoptada por la jueza ­Patricia De Petre, titular del juzgado de primera instancia de distrito en lo Laboral, quinta nominación, de esta capital.

Amsafe había presentado a principios de mes una acción de amparo pidiendo se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 14283, "en cuanto lesiona, amenaza y restringe derechos y garantías de todos los docentes activos y jubilados de la provincia de Santa Fe". Entre otras cuestiones, en el escrito observa el no cumplimiento con el trámite parlamentario al sancionarse la norma en la Cámara de Diputados.

También solicitó el gremio que no se apliquen en lo inmediato los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25, 27, 28, 29, 49 y 51 de la ley 14.283 por la afectación que producen en los ingresos de docentes activos y pasivos.

La jueza explica que el planteo del gremio docente tiene dos puntos centrales: cuestionar la validez de la votación en Diputados y la legitimidad de la emergencia declarada por entender que afecta derechos amparados por garantías constitucionales.

La defensa de la provincia fue realizada por Fiscalía de Estado como viene ocurriendo en otros planteos del mismo tenor de gremios estatales contra la mencionada norma.

"Estamos ante un planteo de naturaleza legislativa no justiciable que gira en torno a la necesidad y amplitud del debate parlamentario, todo lo cual, es resorte exclusivo del Poder Legislativo", señala la jueza al validar la decisión de la Cámara de Diputados de votar interrumpiendo el debate.­­­ "En consecuencia, encontrándose controvertido en esta instancia el sustrato fáctico ­la demandada no asume la versión de los hechos que brinda la actora­ y exhibiendo la cuestión naturaleza no justiciable, corresponde rechazar el pedido cautelar de suspensión de la ley ­con fundamento en la presunta nulidad del trámite parlamentario", agrega De Petre para lugar citar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Enseguida advierte que "el sindicato actor pide que la ley no se aplique a sus afiliados, lo cual resulta cuanto menos paradójico puesto que si se pretende la nulidad de la ley, resulta lógicamente imposible que la misma sea suspendida para unos ­por resultar presuntamente nula­, al tiempo que continúa siendo válida para el resto. Una ley no puede estar viva y muerta al mismo tiempo", subraya el escrito de la jueza.

"Entiendo no resultaría ni justo ni razonable, suspender sin el debido análisis y debate, los diecisiete artículos que afectan al sector docente, activo y pasivo representado por la actora Amsafe", señala más adelante el escrito.­­­­­­

En la continuidad del análisis, la jueza laboral advierte que no se está frente "frente a una situación donde las implicancias patrimoniales de la Ley 14283 amenacen la línea de subsistencia de los sujetos comprendidos. No se ha alegado y mucho menos probado que los pretensos afectados corran riesgo inminente de caer por debajo de la línea de pobreza". También marca que los requisitos de edad y aportes para obtener el beneficio jubilatorio pueden verse subsanados en la sentencia de fondo o en una acción individual.

De Petre aclara además que la Provincia no amenaza incurrir en insolvencia, no sólo porque los estados no quiebran, sino por el mero hecho de que la emergencia económica en materia previsional no se extiende al resto de la administración pública, razón por la cual la capacidad de pago del estado santafesino in totum no está puesta en crisis.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ya en la parte final y resolutiva, para la jueza resulta indeterminada la verosimilitud en el derecho y no advirtiéndose peligro en la demora, "corresponde rechazar la cautelar en punto a la suspensión de determinados artículos de la Ley 14283 con fundamento en la inconstitucionalidad de los mismos".­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

La resolución, en tanto, rechaza el pedido de suspensión cautelar de la ley 14283 ­con fundamento en la presunción de nulidad del trámite legislativo­; declara la incompetencia del oficio para seguir entendiendo, de cara al fondo de la cuestión, en lo que hace a la validez de la Ley 14283.­ ­ En el último punto rechazó el pedido de suspensión cautelar de los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25, 27, 28, 29, 49 y 51 de la Ley 14.283, con fundamento en la inconstitucionalidad de los mismos".­

Ausentismo

En el mes de septiembre, la docencia registró una cifra inédita de inasistencias, cercana a los 30.000 trabajadores, trascendió de fuentes del Ministerio de Educación. Los voceros adelantaron que en el último trimestre, más de 20.000 docentes no registraron pérdida de jornada laboral alguna.

Coincidieron en lo más importante, no respecto de las causas. Las bancadas del oficialismo y la oposición en el Senado condenaron por igual la violencia sufrida por la Legislatura una semana atrás, cuando por la fuerza, un grupo de manifestantes o de infiltrados, según cada interpretación, intentaron ingresar al edificio tras destrozar el portal principal del Palacio y arrojar todo tipo de proyectiles y una bomba de estruendo al hall central.

En sendos discursos, primero Felipe Michlig y luego Rubén Pirola, destacaron su absoluto repudio a los violentos, aunque interpretaron de distinta forma lo ocurrido. Para el radical se trató de una consecuencia directa de los discursos exacerbados y "mentirosos" de "dirigentes políticos y sindicales" que han "mentido a sus seguidores y afiliados" respecto de qué se ha hecho con la reforma previsional; para el justicialista, en cambio, la manifestación fue enteramente pacífica y los desbordes violentos han de provenir -estimó- de infiltrados cuyo propósito último sería interesante conocer.

Uno y otro, el presidente provisional de la Cámara y el líder del bloque opositor, expresaron su confianza en que se podrá identificar y llevar a la justicia a los autores materiales del ataque en el solo por fortuna no hubo que lamentar heridas más graves o irreparables, además de las contusiones en siete uniformados y el momentáneo problema en un ojo que sufrió un policía, al que un termo de vidrio le explotó en la cabeza, una de cuyas astillas lastimó al globo ocular.

Todas las crónicas periodísticas, videos y fotografías de la violenta siesta del jueves 19 muestran que con una suerte de pizarra de aglomerado, un solo cartucho de gas pimienta par dispersar manifestantes y una descarga continua del contenido de unos 40 matafuegos se contuvo a quienes querían ingresar tras destrozar las puertas principales. También indican que antes, para no blindar la Legislatura con un esquema que provoque más incidentes, se desistió de colocar vallas que usualmente sirven para los partidos de fútbol de riesgo. Y que se optó por no apostar una línea de infantería con cascos, escudos y bastones, o armas con balas de goma.

Para ambos expositores, el propósito inicial fue elogiar el arrojo y la actuación profesional de los policías que debieron con pocos pertrechos resistir desde el interior del edificio el ataque, así como la colaboración que prestaron en buen número los empleados del Poder Legislativo que sin un esquema previo y por mera ocurrencia de uno de ellos acertaron a acercarles los equipos contra incendios a los efectivos policiales como herramientas improvisadas para dispersar la revuelta que pugnaba por entrar desde afuera.

Repudio a los violentos, homenaje en las bancas a la policía y los empleados que actuaron, solidaridad con todos los afectados por los sucesos violentos (y menciones a los riesgos y problemas para salir o ingresar que sufrieron asesores, empleados y periodistas, además de legisladores) fue sin dudas el centro de lo dicho por Michlig y Pirola, pero es en las diferencias donde se encuentra el único momento de alguna tensión de la sesión del día 19.

Lo dicho: para el presidente del Comité Provincial del Radicalismo hay un hilo conductor entre lo que ocurrió y el clima que se gestó desde las críticas a la reforma. Identificó como "mentirosos" a "los dirigentes de Amsafé y de Festram". Dijo que "fue un objetivo" de ciertos sectores que haya divisiones en Unidos para Cambiar Santa Fe, lo que ciertamente no ocurrió.

Para el senador justicialista en cambio "me animo a decir que no son trabajadores sino infiltrados" los violentos. Y rechazó cualquier vínculo entre la participación democrática y legítima a manifestarse pacíficamente y el intento de toma y los destrozos que, comentó al pasar, también sufrió lugar asignado al bloque del justicialismo en el ala cercana a calle 4 de Enero.

El contrapunto incluyó otros aspectos conocidos de las dos posiciones frente a una norma que solo contó con los votos del oficialismo en ambas Cámaras, donde radicales, socialistas y otras fuerzas tienen números cómodos.

Referentes de todos los partidos políticos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe volverán a reunirse este miércoles a partir de las 19.30 en la sede del Comité radical. Participará el gobernador Maximiliano Pullaro, y el encuentro se clausurará con una cena.

El cónclave será el último de una serie de encuentros políticos y partidarios que se desarrollarán durante la jornada. Antes, debatirá la Mesa de Acción Política de la UCR, que integran referentes de cada una de sus líneas internas. Y más temprano, también se reunirán los diputados de la bancada socialista.

El bloque contará con la particular presencia del gobernador. Es que, si bien la coalición gobernante se mostró unida públicamente antes y después de la sanción de la reforma previsional, la manera en la que se desencadenaron los hechos el jueves generó reproches cruzados. Las diferencias habían comenzado a primera hora de la mañana por el modo en el que se había dispuesto el operativo de seguridad.

Ya en la sesión, los legisladores del PS campearon y sortearon las dificultades en un momento de extrema complejidad por los desbordes que se producían en la explanada y por las intervenciones que se generaban en el recinto desde la oposición. Pero la manera precipitada y desprolija en la que debió hacerse la votación, y otras derivaciones, causaron malestar. A partir del viernes, el propio gobernador envió mensajes individuales a los diputados para agradecer la votación. Pero hay algunas heridas que requieren algún grado mayor de sutura.

El oficialismo provincial se reúne con vistas a los temas de interés que atraviesa. Crédito: Fernando Nicola.

En cuanto al encuentro de Unidos, la agenda difícilmente pueda excluir un repaso de lo sucedido el jueves, a propósito de la sanción de la reforma previsional. Así como tampoco podrá evadirse el reciente "logro" de la Casa Gris, al contar con el anuncio de una nueva baja en la Corte Suprema de Justicia. La decisión formalizada este martes por María Angélica Gastaldi se suma a la que a mediados de año había expresado Mario Netri.

Gastaldi se irá en abril de 2025; Netri, en diciembre próximo. La Casa Gris cuenta así con dos vacantes a cubrir, y no descartan que se produzca una tercera, de manera casi inminente. El Ejecutivo se encamina a lograr así, de manera gradual y progresiva, la renovación del máximo tribunal que enuncia y proclama desde que comenzó la gestión.

Pullaro encabeza el encuentro de este miércoles.

Sin embargo, el encuentro multipartidario de este miércoles puede resultar clave a fin de determinar qué pasos se seguirán para avanzar en el proceso de una eventual reforma constitucional. Cumplido el objetivo de haber sancionado la reforma jubilatoria y encaminado -al parecer- el proceso de renovación de la Corte, la eventual modificación de la carta magna santafesina aparece como una de las grandes metas a alcanzar en esta última etapa del año.

Para ello es determinante consensuar internamente pero también con la oposición los artículos que serían retocados, a fin de garantizar los dos tercios requeridos para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma, y que debería estar sancionada antes de que concluya 20205.

Luego que la Cámara de Diputados le diera sanción definitiva a la Ley de Reforma Previsional, que de inmediato fue promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, destacó que “fue un día histórico, porque se terminan los privilegios, perdieron los violentos, perdieron quienes pretendieron que la sesión no se lleve a cabo y sea interrumpida de una manera contraria a lo que es el ejercicio republicano y democrático”, dijo en referencia a los hechos de violencia que tuvieron lugar en las afueras del Palacio Legislativo.

Lo hizo este viernes en la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde estuvo acompañado por la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Gisela Scaglia; el presidente pro tempore del Senado, Felipe Michlig; y los diputados provinciales Pablo Farías, José Corral, Rubén Galassi y Mariano Cuvertino. En ese marco, Bastia aseguró que “ahora quienes más ganan, más van a aportar porque se va a dar un sistema gradual entre las jubilaciones mínimas y las máximas que van a tener tope, porque cuando los beneficios pierden razonabilidad dejan de ser tales para convertirse en privilegio. Y esto se terminó” . Y fue allí cuando aseguró: “Ganaron los trabajadores, pasivos y activos, porque salvamos la Caja de Jubilaciones y no van a ir a la Anses, a partir de la determinación de nuestro gobernador, del esfuerzo de los legisladores y de todos los que participaron de un proceso pocas veces visto, de cinco meses y medio de debate de un tema tan importante”.

Por su parte, Scaglia destacó: “Lo que hicimos ayer fue cortar el déficit de una Caja que hoy a la Provincia de Santa Fe le cuesta 3 hospitales por año, para dar un ejemplo y tomar magnitud. Y además salvamos la Caja de entregársela a la Nación”, a la vez que señaló que “el 82% está asegurado porque la Caja se queda en la provincia”. 

La institucionalidad le ganó a la violencia antidemocrática

Seguidamente, el diputado Pablo Farías sostuvo que la votación de la ley en la Cámara de Diputados fue “absolutamente ajustada al reglamento”, y defendió que la votación se haya producido mientras comenzaban los desmanes. “No tenemos ninguna duda de lo que hay que hacer en esos casos, que es seguir. No podemos permitir que grupos de violentos armados con un objetivo absolutamente claro y determinado, traten de impedir el funcionamiento de la democracia. Lo más adecuado era lo que nosotros decimos hacer: seguir sesionando, proceder a votar la ley -que era lo que los violentos querían evitar- porque si hubiéramos hecho lo contrario ellos hubieran ganado y ganó la democracia, ganó la institucionalidad”. 

Para el senador por el departamento San Cristóbal y presidente pro tempore del Senado, Felipe Michlig, la ley sancionada “estuvo en debate con los cuatro principales gremios” por lo cual aseguró que los hechos violentos que se dieron fuera de la Legislatura fueron “lamentables e imperdonables. El Estado Provincial a través del Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad tuvieron que proceder para resguardar a las personas y al edificio, por lo que esto no tiene perdón”, a lo que agregó que los violentos “son antidemocráticos porque estuvimos en un debate franco durante mucho tiempo, tuvieron la posibilidad de debatir y de hacer sus aportes”. 

Cambiar las cosas

Por su parte, el diputado Rubén Galassi, apuntó a “legisladores y legisladoras que parecía preferían que la sesión fracase, aún sabiendo que el resultado era obvio porque hoy hay una mayoría definida democráticamente que veníamos manifestando que la ley iba a salir” y aseguró que los mismos “hicieron poco para evitar que la sesión transcurriera normalmente y se sumaron a generar discusiones innecesarias, con actitudes innecesarias que apuntaron a que la sesión fracase”. 

Por último, el diputado José Corral aseguró que ayer “ganó la institucionalidad a pesar del intento de los violentos de que no sesione la Legislatura. Se votó como había que votar y todas las expresiones políticas pudieron dar su mirada respecto del tema”, a la vez que señaló: “No todos los sindicatos se comportaron de manera violenta, porque hubo muchos que aún con diferencias defendiendo los intereses de los trabajadores, participaron en la comisión, propusieron reformas y se tomaron algunas de sus sugerencias. Esta es una ley que salva la Caja de Jubilaciones para las generaciones que vengan”.

El Gobierno provincial informó que, tras su aprobación en la Legislatura, promulgó la Ley de Reforma Previsional de Santa Fe este mismo jueves por la tarde, con el número 14283. En tanto, será publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Así lo confirmó el ministro de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia, Fabián Bastia, al destacar el espíritu de la norma sancionada este jueves en la siesta santafesina por la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Bastia recalcó que la norma es “muy valiosa, porque baja el déficit de la Caja de Jubilaciones de empleados y funcionarios públicos de la provincia, termina con los privilegios y beneficia a todos los actores, tanto activos como pasivos, porque salva la Caja y le da sustentabilidad en el tiempo”.

“La Caja de Jubilaciones estaba en circunstancias y condiciones inviables, había entrado en una espiralización del déficit, había perdido sustentabilidad e inevitablemente iba camino a ser transferida a la Anses, porque era imposible sostener en el tiempo”, explicó.

Por último, el ministro de Gobierno se refirió a los incidentes ocurridos en las inmediaciones de la Legislatura durante la votación de la ley y sostuvo que “fue un hecho lamentable para un sistema republicano, donde el debate de las ideas es lo más valioso".

"Eso se hace dentro de los valores, la tolerancia y el respeto mutuo, escuchándonos. Pero nunca la violencia es el camino para lograr el convencimiento de los ciudadanos”, recalcó el funcionario provincial mlamentando los incidentes ocurridos.

Antes, durante y después de la sanción de la ley de reforma previsional en Santa Fe, un grupo de manifestantes causó incidentes en las afueras de la Legislatura santafesina logrando romper una puerta y generar disturbios también dentro del palacio legislativo.

Durante la sesión, el diputado Pablo Farías pidió que se vote de manera anticipada dando cuenta de que los manifestantes estaban próximos a entrar al edificio. Farías solicitó votar el proyecto y luego continuar con el debate.

En el momento que la reforma previsional se aprobaba, afuera de la Legislatura estallaron los incidentes. Con el correr de los minutos, el personal de seguridad logró distender la situación y pasada las 15 horas se retomó el debate con al menos 30 diputados.

En el retorno, Farías tomó la palabra y manifestó: “Fue un momento difícil de los que uno nunca quiere pasar. Más allá de los daños materiales, no debemos lamentar daños personales ni de manifestantes pero sí algún personal policial afectado”.

"El saldo negativo fue la destrucción del patrimonio y personal policial y de la Legislatura herido. Lamentablemente es el costo y eso lo vamos a denunciar penalmente y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque queremos saber las identidades de los que hicieron esto porque evidentemente son personas que atentan contra la democracia y contra las instituciones", declaró el diputado.

Respecto a esto, contó que una mujer policía tenía un vidrio en la córnea. “Es un pequeño grupo pero debe ser identificado”, dijo el socialista.

Comunicado Unidos

Por Mario Cáffaro

En medio de una manifestación fuera de la Legislatura y con delegados gremiales dentro del recinto, diputados aprobó la ley de Reforma Previsional que impulsó el gobierno de Santa Fe.

El proyecto se aprobó en general y la oposición se retiró. La votación resultó con 23 positivos, nueve negativos y 11 abstenciones. Además, hubo seis ausentes.

Mientras tanto, en la puerta de la Legislatura se producían incidentes con los manifestantes que arrojaron piedras y quería abrir las puertas del edificio.

Tras la votación en general se definió pasar a un cuarto intermedio debido a los incidentes que se registraban en las afueras del edificio. Todo daba a suponer que este impasse sería por varias horas.

Mientras tanto, cada bloque se mantenía reunido para diagramar cómo volver al recinto para el debate y posterior votación en particular de los artículos de la reforma.

Los manifestantes rompieron la puerta y en medio de enfrentamientos con la policía habrían entrado gases al inmueble legislativo.

Noticia en desarrollo

Finalmente, después de más de treinta años de haber iniciado el trámite y obtenido el beneficio, Armando Luis Drago decidió jubilarse. Drago integraba la Cámara de Apelación Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, y su caso había sido planteado públicamente por el gobierno provincial como una suerte de "paradigma" para retratar la conducta de muchos integrantes del Poder Judicial que "especulaban" con la solicitud del beneficio jubilatorio, pero permanecían en la condición de activos.

El ministro Fabián Bastia lo había citado con nombre y apellido, como ejemplo de aquellos magistrados que "como resguardo", iniciaron el trámite pero siguieron en el cargo. "Hace 31 años tiene su trámite de jubilación concluido, pero sigue en funciones", había dicho. La actitud "especulativa" encuentra una fundamentación por doble vía: se goza de una situación más favorable (en términos de ingresos) como activo, y asimismo, se cuenta con el reaseguro del trámite concedido, ante eventuales modificaciones al sistema previsional.

La reforma jubilatoria que será sancionada este jueves, de hecho, plantea en unos de sus artículos transitorios, que aquellos agentes que hubieran paralizado "voluntariamente" durante más de seis meses el expediente, si no acceden al beneficio antes de votada la nueva ley, deberán iniciarlo de cero.

El caso Drago se ajustaría a esa circunstancia, aunque para adoptar la decisión final del cese, habría pesado también el pedido de juri de enjuiciamiento presentado en la Cámara de Diputados por su desempeño en los comicios del año pasado, como integrante del Tribunal Electoral provincial.

Como publicara El Litoral oportunamente, la mera discusión pública de la reforma previsional disparó el número de trámites de integrantes del Poder Judicial que comenzaron a solicitar la jubilación. Según revelaba el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, el número de pedidos de renuncia para iniciar luego el trámite jubilatario se había "duplicado" de febrero a la fecha, en términos comparativos con idéntico período del año pasado.

Según pudo confirmar este diario, ésa siguió siendo la constante y hasta se habría acentuado el número de solicitudes, ante la inminente sanción de la nueva ley.

En los últimos días, incluso, el Poder Ejecutivo firmó al menos ocho decretos con la aceptación de renuncias. El 15 de agosto fue el caso de Carlos Damián Renna; se venía desempeñando como camarista en Vera y había presentado su nota de renuncia el 10 de junio. El mismo día, se firmó el decreto de aceptación para Silvia Beatriz Zabala, quien había remitido nota de renuncia como Defensora Pública de Vera, el 2 de mayo.

El 9 de setiembre, se firmaron cuatro decretos que aceptan la renuncia de Carlos José Guillermo Garibay como juez de primera instancia de Santa Fe, de Ignacio José Falconi como Prosecretario de la Corte de los Tribunales de Rosario, de Mabel Beatriz Medina como Defensora General de Firmat, y de Gustavo Alejandro Ríos como integrante de la Cámara de Apelaciones de Circuito de Santa Fe. Con fecha 11 de setiembre ya fueron publicados otros dos decretos; uno, acepta la renuncia de Cristina Beatriz Fortunato como jueza de Primera Instancia en lo Penal de Rafaela, y otro, la de Eduardo Enrique Pastorino, como juez de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario. Todos, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.

La secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos del Ministerio de Educación, María Martín, y la subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, presentarán un informe y evaluación de la adhesión de los docentes al paro propuesto por una de las entidades gremiales para el pasado jueves.

La actividad tendrá lugar este lunes a las 19 en la Sala Walsh de la sede de Casa de Gobierno de Rosario.

Vale recordar que el personal escolar que no adhirió a la medida de fuerza tiene la opción hasta hoy a las 23.59 de completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del Gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo), indicando si prestó el servicio; si el establecimiento donde se desempeña estaba cerrado y no pudo dar clases; o si no le correspondía ese día prestar servicio. 

Por Mariela Goy

Los maestros públicos nucleados en Amsafe llevarán adelante un nuevo paro de actividades y movilización el próximo jueves 12, día en que la Cámara de Diputados dará tratamiento al mensaje del Poder Ejecutivo sobre emergencia y reforma previsional, que modifica el régimen opcional docente. En esta ocasión, también el gremio de los maestros privados -Sadop- se sumará con una huelga.

Ante la media sanción al proyecto aprobada este jueves 5 en la Cámara de Senadores, Amsafe convocó a realizar un nuevo paro y movilización "para expresar el rechazo rotundo de la clase trabajadora a esta reforma, la cual genera un claro retroceso en nuestros derechos previsionales".

"Mientras las senadoras y senadores levantaban la mano para aprobar la reforma previsional, fuimos miles en la calle exigiéndoles votar de cara al pueblo y rechazar este grosero atropello a derechos conquistados con la lucha en unidad", indicó el gremio en un comunicado, al tiempo que calificó a la protesta de este jueves 5 como "una jornada histórica de resistencia a las políticas que pretenden disciplinar y poner de rodillas a la clase trabajadora".

En el caso del Sadop, si bien ya había anunciado una medida de fuerza para cuando Diputados le dé tratamiento definitivo al proyecto, su secretario general Pedro Bayúgar confirmó a El Litoral durante la marcha que "el Día del Maestro, el próximo 11 de septiembre, vamos a conmemorar la fecha ratificando nuestra decisión del paro y la movilización para la jornada siguiente".

"Nuestro objetivo es expresar el repudio al proyecto del Poder Ejecutivo sobre la emergencia y la reforma previsional. Se toca la edad, no por casualidad, de las mujeres docentes porque, al menos en el sector privado, el 80% son mujeres. Acá hay una línea de pensamiento muy marcada", dijo Bayúgar.

En tanto, Rodrigo Alonso, de Amsafe, pidió a los senadores y diputados "escuchar a los trabajadores. No puede ser que hablen de consenso, de debatir y de tratar de llegar a acuerdos cuando en verdad se está aprobando una reforma previsional entre gallos y medianoche".

"Nos están defraudando"

A la marcha asistieron docentes de toda la provincia. "Esto nos enoja mucho. Como todo siempre los recortes son en desmedro del trabajador. Yo, por ejemplo, tengo 31 años de trabajo en una realidad muy difícil, una escuela de barrios muy carenciados, donde el maestro se hace cargo de todo. Los que hablan desde un escritorio, me gustaría que se acercaran a conocer cómo trabajamos: ponemos de nuestro bolsillo para comprarles útiles a los chicos porque no tienen nada", dijo María Rosa, de una escuela de Villa Gobernador Gálvez, en el sur provincial

Por su parte, Nadia, docente de la escuela Ceferino Namuncurá, de barrio Yapeyú en Santa Fe, consideró que "esta reforma atenta contra nuestros derechos y es un retroceso para quienes están pronto a jubilarse y a quienes aún nos falta. Todos los docentes están en contra, aunque haya algunos que no adhieran a los paros por el ajuste que tenemos sobre nuestros salarios y los descuentos".

Analía, directora de la escuela 38 de Santa Fe, se mostró "sorprendida" por la forma en que salió esta reforma. "Empecé muy joven, por lo cual me podría estar jubilando sobrada de aportes, y ahora se me estaría estirando la jubilación hasta los 60 años. Acá no se considera que hay que estar bien física y mentalmente para estar frente a una escuela y dar lo mejor para los chicos. Esto nos va a perjudicar a todos. Ojalá el proyecto no se concrete y que los legisladores piensen que los docentes los votamos para que hagan lo mejor para nosotros, y nos están defraudando".

La mayoría con que cuenta Unidos para Cambiar Santa Fe en la Cámara de Senadores votó con leves retoques el proyecto de ley de Reforma Previsional que pasó a Diputados, donde ya logró una preferencia para su tratamiento en la próxima sesión. En este informe se exponen los cambios hechos en la Cámara alta, tras la lectura del articulado que refiere a las condiciones generales del régimen jubilatorio para los empleados estatales. 

Acaso lo más interesante es que la comisión de seguimiento -creada por el artículo 4- tiene una redacción distinta del original que le da más poder a la Cámara de Diputados, además de dejar una puerta abierta para que los gremios estatales puedan integrarla si los invita el gobernador.

Inicialmente, en la comisión técnica que observará la marcha de la reforma eran en total 6 miembros según la redacción original de la Casa Gris, con tres partes iguales: 2 senadores, 2 diputados y 2 funcionarios. Pero finalmente, será una mesa con más del doble de comensales: 4 del Senado, 6 de Diputados; 2 funcionarios del Poder Ejecutivo. Además habrá unos invitados especiales, producto de un texto que se agregó en el tratamiento en particular, que dice: "Asimismo, el Poder Ejecutivo a través de quien corresponda, garantizará la participación de representantes de asociaciones gremiales del sector público" (Art.4). En definitiva, se añadieron más cubiertos a la mesa, en un número no precisado por la ley. No serán colados, el gobernador los invitará.

Otra modificación, ya conocida de antemano, bajó de dos años a uno la prórroga de la emergencia previsional que podrá decretar el Ejecutivo, en el artículo 1.

En el siguiente, el 3ro, se tocó la escala de los aportes solidarios (obligatorios) que los beneficiarios del sistema jubilatorio que ganan más, hoy y en el futuro, deberán hacer. Obviamente, la idea es descontarlo de sus haberes. En el ítem a) se aprobó un descuento del 2% "sobre todos los beneficios cuyo importe resulte superior a 3 tres y hasta 5 cinco jubilaciones mínimas", decía 2.

Al tema lo expuso en la sesión la más técnica de las exposiciones de los senadores del oficialismo, a cargo de su titular Rodrigo Borla. Habrá descuentos a partir de haberes de $ 1.110.000, si se tiene en cuenta que hoy la jubilación mínima en Santa Fe es de $ 370.000. La redacción original ponía ese límite en apenas $ 740.000. El resto de la escala que es progresiva y sube el porcentaje de aporte según sube la jubilación contiene en el extremo más alto un descuento del 6% para quienes ganan más de 14 mínimas.

En el artículo 7 se cambia un inciso, el 17, del artículo 3 de la Ley N° 6915 que ha previsto en 1973 como se integran los fondos de la Caja, sus ingresos económicos. Respecto del "Aporte de ingreso", lo que la calle llama "derecho de piso", a cada flamante jubilado se le hace un descuento "con el importe de la primera remuneración percibida por el personal que ingresa como activo a este régimen o cuando se reincorpore si no sufrió este descuento anteriormente, inclusive cuando se tratare de autoridades políticas o electivas, deducible en (12) doce cuotas mensuales, las que se actualizarán si hay variación en las remuneraciones. Tendrá la opción de realizar el aporte de una sola vez". Hasta ahí, el texto no cambió en su paso por Senadores. Pero luego sí, y quedó del siguiente modo: "En caso del personal que durante su vida activa no hubiere hecho el aporte precitado, deberá hacerlo una vez otorgado el beneficio en (24) veinticuatro cuotas mensuales, las que se actualizarán si hay variaciones en las remuneraciones, reduciéndose del mismo los conceptos aportados en razón de la aplicación del artículo. Tendrán asimismo la opción de realizar al aporte de una sola vez", redunda. En la versión original era un pago de una vez, ahora, en 24 cuotas actualizables según remuneración.

Hubo correcciones en la redacción, producto de observaciones de técnica legislativa en el artículo 9no, pero también de fondo: la Casa Gris establecía pensiones del 60% de la jubilación del "causante" (el o la fallecido/a) y sólo del 70% si hubiera más de un beneficiario. Finalmente será del 70% para todos.

En el artículo 20, que refiere a beneficiarios por cómputo diferenciado se bajaron los aporte obligatorios a la Caja, en un punto o algo más en los incisos que contienen menos beneficios y se subieron esos descuentos para quienes tienen ventajas mayores. Se trata de modificaciones al art. 35 de la Ley N° 6915.

La norma en tratamiento es de una enorme complejidad, porque además de asuntos generales contiene cambios para ciertos regímenes jubilatorios. En el adjunto se expone completo el proyecto de ley que pasó a Diputados, con las modificaciones hechas en las bancas y la nueva versión del citado artículo 4.

Ante una consulta, desde el interbloque del oficialismo en el Senado, se apuntaron las siguientes observaciones sobre las principales diferencias entre el texto que enviara el Poder Ejecutivo y el finalmente aprobado en la sesión de este jueves 5 de septiembre. A continuación se reproduce.

Art 2 inciso a): Se sube el mínimo a partir del cual pasivos deben aportar. A partir de 3 beneficios. Quedan fuera del impacto de la norma aproximadamente el 70% de beneficiarios.

Art. 4: se incorpora a representantes de trabajadores en la comisión de seguimiento de la situación previsional de la provincia.

Art. 9 apartado IV: Se sube monto de pensión al 70%, además pensión si se cumplen los requisitos para acceder a ella, es para todos.

Régimen docente art. 27: Se estableció que las 30hs frente al aula en caso de profesores de secundaria y terciarios se deben acreditar los últimos 120 meses (10 años)

Art. 55: se incorporó artículo para ratificar acciones llevadas adelante por la provincia para reclamar al Nación su deuda sobre la Caja de los santafesinos".

El Gobierno provincial confirmó que descontará el día no trabajado por el paro convocado por un sindicato de docentes públicos para este jueves. Además pone a disposición de los trabajadores de la educación que no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral. 

Los trabajadores que concurran a sus puestos de laborales podrán completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo).

Al ingresar a “Mi Legajo”, como lo hace habitualmente, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 5 de septiembre. Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta.

El plazo para presentar la Declaración Jurada se extiende desde el 5 al 9 de septiembre inclusive.

El gobernador Maximiliano Pullaro siempre tuvo claro que la emergencia y reforma previsional la tenía que hacer ley con los votos de senadores y diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe. “Nadie va a tener la responsabilidad cívica de votar una ley de ajuste” se escucha decir en Casa Gris, admitiendo que son muchos los legisladores de sectores de la oposición que podrían compartir los lineamientos generales del mensaje ingresado al Senado en los primeros minutos de la tarde del último miércoles.

El Senado votaría el mensaje el jueves venidero y en Diputados el trámite demandará algunas semanas debido a que si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, no tiene los dos tercios de la mayoría especial que si tiene en la Cámara Alta. “En septiembre el trámite parlamentario debería estar terminado” dijo un legislador oficialista decidido a que el tema salga del escenario por el impacto que tendrá en activos y pasivos de los tres poderes del Estado. Se vuelve a la figura de la emergencia que dominó la década del 90 y los primeros años del presente siglo, de acuerdo a la primera de las partes que tiene el mensaje del Ejecutivo.

“Unidos tiene totalmente cerrada la postura con la ley jubilatoria, en cambio hay más dudas con los pliegos de la futura Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria”, coincidieron en marcar diputados socialistas y radicales entrada la tarde del último miércoles cuando se iban conociendo detalles del mensaje del Ejecutivo y de la entrevista a los tres candidatos a la Cámara en la comisión de Acuerdos. Sobre esta reunión hubo mucho ruido político por la magra exposición del propuesto Horacio Pueyrredón. En cambio, la entrevista a Valeria Haurigot deslumbró a propios y extraños. Es más, quienes se oponían a la fiscal rosarina por cómo se realizó el concurso se quedaron con pocos argumentos para votar su rechazo.

El último jueves de agosto fue aprovechado por Casa Gris y los bloques de Unidos para cerrar las suturas que hubiera en tema pliegos y definir la estrategia parlamentaria que tendrá el próximo jueves, un capítulo central con la aprobación de los tres pliegos y la votación en Senado de la reforma.

El viernes, en cambio el protagonismo lo tuvo gran parte del Poder Judicial con la reunión y foto en las escalinatas de los tribunales de Rosario con el planteo de rechazo a los cambios previsionales pero también a la afectación del presupuesto y la falta de firmas en el Poder Ejecutivo por nombramientos, etc. La foto puede sintetizar también el respaldo de gran parte del Poder Judicial a la Corte Suprema ante el pedido de retiro a ministros que pasaron los 75 años.

La Corte y la reforma constitucional son los temas que el gobierno pretende definir también antes de fin de año. El esperado no del PJ a la reforma previsional y de los jueces no sorprendió en la Casa Gris y demuestran que empiezan a aparecer los primeros escollos a una gestión que venía jugando sola en el escenario político santafesino. No obstante, la posición del partido Justicialista puede no ser la de los bloques legislativos, especialmente en Diputados. El tema previsional llevará al acercamiento del justicialista, la izquierda y los sindicatos estatales, muchos de los cuales ven afectación en el proyecto. Prueba de ello fue el panel compartido en dependencias del SADOP por el senador Rubén Pirola, diputados y dirigentes sindicales.

El tema previsional aparece como la mayor preocupación en Tribunales donde a futuro ven reducción de haberes máximos y mayores aportes tanto de activos como de pasivos. Esta disputa puede tener a los propios jueces definiendo si la reforma previsional es o no constitucional, pero esto es debate para más adelante.

"El gobernador elige meter la mano en los bolsillos de activos y pasivos en lugar de reclamar a la Nación los recursos que le corresponden a Santa Fe por ley", sostiene un documento emitido por la mesa de acción política que se reunió este viernes, en la sede partidaria de calle Crespo, encabezada por Guillermo Cornaglia. El documento apunta a cuestionar el proyecto de emergencia y reforma previsional que elevó el Poder Ejecutivo a Legislatura el miércoles último y que tiene preferencia en Senado para jueves venidero.

El proyecto que está en manos del Senado fue analizado el jueves por el interbloque de diputados justicialistas que aprovechó la suspensión de la Asamblea Legislativa para empezar a discutir -críticamente- el mensaje. Celia Arena, Marcos Corach, Walter Agosto, Sonia Martorano, Miguel Rabbia, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baró Graf estuvieron en la mesa haciendo un primer análisis pero sin emitir una opinión oficial. Al retirarse del encuentro Rabbia definió a Pullaro como unitario y centralista y le pidió que vaya al gobierno a reclamar los fondos que le corresponden a Santa Fe por la deuda de la Caja.

En tanto, la mesa política del PJ señala que "la declaración de emergencia requiere una situación de carácter excepcional que ponga en serio riesgo la continuidad del sistema, el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales y un contexto que requiera medidas extraordinarias. Ninguna de estas condiciones están presentes en la situación actual".

Para el peronismo, "la Caja de Jubilaciones tiene números razonables referidos tanto a la cantidad de jubilados y pensionados como al número de aportantes. Esto da cuenta que la gestión, a través de las diferentes administraciones ha sido racional y equilibrada". Acota que "el mayor inconveniente que encuentra el organismo previsional es la falta de cumplimiento del Gobierno nacional para con los recursos que debe aportar de acuerdo a lo estipulado en el traspaso de las cajas previsionales provinciales al Estado Nacional. El gobernador elige meterle la mano en el bolsillo a trabajadores activos y pasivos en lugar de reclamar al Gobierno Nacional los recursos que le corresponden a nuestra provincia por ley".

La mesa de acción política se conformó la semana pasada en Rosario y ayer se vio, entre otros a Alejandra Rodenas, Sergio Aladio, Marcos Cleri, Eduardo Tonioli, Patricia Boni y Martín Quiróz. El documento plantea que "recorriendo cada artículo del mensaje subyace la clara intención de un gobierno que sólo toca los números en perjuicio de los trabajadores activos y pasivos. No hay índice, porcentaje, alícuota o cantidad de años de aportes que los beneficie. Todo lo contrario, son la mayor variable de ajuste".

Más adelante afirma que "el proyecto lesiona fuertemente los derechos de los trabajadores como aquellas fórmulas que comienza con una declaración de emergencia previsional y establece aportes solidarios que no sólo impactarán sobre los activos, sino que avanza con un fuerte recorte sobre los magros ingresos de jubiladas y jubilados". Cuestiona además la decisión de modificar la movilidad, el cálculo del haber y el derecho a pensión, y ataca el régimen opcional docente "decretando el fin del 82%". Si este proyecto avanza con la aprobación de estos flagrantes cambios, activos y pasivos verán afectadas gravemente sus condiciones de vida y lesionados derechos fundamentales".

También cuestiona la delegación de facultades legislativas para incrementar la edad de acceso a la jubilación y le pide al gobierno " que demuestre audacia y firmeza para reclamar a la Nación los fondos que nos deben a santafesinos. Pretender colocar como variable de ajuste a los trabajadores y jubilados es un acto de total injusticia que denota cobardía y falta de creatividad".

El diputado Walter Agosto ingresó un pedido de informes para conocer las gestiones que realiza el Poder Ejecutivo a fin de evitar que el Gobierno Nacional vete la ley sobre movilidad previsional y de la seguridad social", aprobada el 22 de agosto de 2024 por el Congreso de la Nación.

Esa ley prevé, además de una mejora en los haberes, la obligación del Gobierno Nacional de cancelar las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, "situación que beneficiaría notablemente a la provincia de Santa Fe".

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este jueves a sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para avanzar en temas de producción. En ese marco, los gobernadores coincidieron en el reclamo de la coparticipación y la deuda que tiene Nación con las cajas previsionales de las provincias.

En ese contexto, el mandatario santafesino explicó que el miércoles “enviamos una ley a la Legislatura -de la Provincia de Santa Fe- mediante la cual proponemos corregir el déficit y eliminar todos los privilegios que había en el sistema de jubilaciones. Eso es también mostrar con la ejemplaridad que los sueldos más altos, y fundamentalmente los sueldos políticos, son los que más van a pagar. Queremos cambiar la realidad de cada una de nuestras provincias, pero acompañados por Nación porque entendemos que desde ese lugar a todos nos va a ir mucho mejor”.

Sobre el reclamo por la deuda a Nación, Pullaro expuso que “a nuestras provincias hay que defenderlas, no vamos a ser víctimas de un sistema injusto. En el caso de Santa Fe lo que sucede es ilegal, porque el recorte de las transferencias que debería enviar Nación de manera frecuente, es a la Caja de Jubilaciones de nuestra Provincia. Lamentablemente se han cortado los envíos y hay una deuda significativa e importante con Santa Fe, que crece mes a mes”.

“No pedimos ningún privilegio, lo único que sí entendemos que tiene que hacer Nación es cumplir con la Constitución y cumplir con la ley, por eso fuimos a la Corte Suprema de Justicia a hacer este reclamo”, remarcó el gobernador de Santa Fe.

Ante esto, el gobernador de la Provincia de Chubut, Ignacio Torres se refirió al tema: “Es importante saber qué estamos discutiendo. Cuando se habla de federalismo fiscal hablamos de igualar a la Argentina, o sea de una Argentina más justa. Nos preguntamos por qué alguien que nace en Capital Federal tiene más derecho a tener una educación terciaria que un chico que nace en el norte o en el sur de la Argentina, por qué para tener un tratamiento complejo médico tenés que volar a Capital Federal y no poder atenderte en tu propio pueblo”.

“Estos tres gobernadores hicimos un ajuste muy importante, no emitimos un solo peso de deuda y sin embargo, cuando hablamos de federalismo fiscal algunos interpretan que estamos mendigando dinero a la Nación. El problema no es de recursos, el problema es de mala distribución de esos recursos”, subrayó el gobernador sureño.

Por último, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio remarcó que “no ponemos en duda el derecho que tiene el gobierno nacional y el mandato que le dio la gente que lo votó, pero acá se está discutiendo también responsabilidades, el financiamiento de temas vitales para la sociedad, los bienes y servicios públicos más sensibles de la gente como la salud, la seguridad, la educación y entre otros”.

El proyecto de reforma jubilatoria que promueve el gobierno de Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe plantea modificaciones profundas al sistema y tiene entre sus objetivos, desterrar prácticas especulativas de algunos actores que iniciaban sus trámites jubilatorios pero desistían de solicitar su cese. En la práctica, ello se traduce en agentes que tienen la jubilación concedida pero que, por conveniencia, siguen ejerciendo y cobrando como activos. La decisión del Poder Ejecutivo de "corregir" y evitar que situaciones de ese tipo se sigan produciendo tiene un destinatario directo: el Poder Judicial.

Según consignó el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, ante la consulta de El Litoral, en la provincia "hay jueces que han iniciado su trámite (y han obtenido el beneficio) hace treinta años", pero siguen desempeñándose como magistrados. El caso puede resultar extremo pero también, paradigmático. A partir de la nueva ley, si se sanciona, quienes se encuentren en dicha situación, deberán solicitar el cese y jubilarse; de lo contrario, se verán obligados a reiniciar el trámite, y con los parámetros del nuevo sistema.

Bastía aclaró que la reforma jubilatoria no afectará a los trámites en curso según el actual régimen, sino que apuntará contra "esa especulación con el tiempo que hacían muchos activos, iniciando el trámite pero nunca terminándolo ni acogiéndose a los beneficios jubilatorios".

Consignó que eso está contemplado en una cláusula transitoria, que reconoce distintos momentos: cuando existe dictamen jurídico, cuando el agente está gozando de vacaciones atrasadas, o cuando operan distintas instancias en las que el trámite sigue en pie. "Todos ellos - precisó-, lógicamente si cumplen la totalidad de los requisitos, se van a jubilar con el régimen de hoy. La ley se va a aplicar a partir de su promulgación, pero esos casos que están todavía vivos, en trámite, concluirán de acuerdo con el viejo sistema con el que fueron iniciados". Sostuvo, al respecto, que también la Caja tiene "la obligación" de completar el trabajo pendiente en "90 días, por lo que los derechos de las personas que están gestionando, si reúnen los requisitos, no van a tener ningún problema", garantizó.

Sin embargo, aclaró que habrá otro trato para quienes especularon. Ello está contenido en la cláusula transitoria, que configura el artículo 48 del proyecto de ley. "Hemos dicho que la Caja permitió todo tipo de avivadas y vulnerabilidades. Muchos vieron y eran muy conscientes de que la Caja iba perdiendo sustentabilidad todos los días y aumentaba el déficit permanentemente. Una de las grandes avivadas, entonces, fue que con acciones que no me parecen ejemplares, se aseguraron el beneficio hace 4, 5 ó 10 años. Hay un juez que lo tiene hace más de 30 años. Hay muchos otros casos (de jueces) que tienen hace varios años el beneficio, pero no acompañan en el cese", denunció.

Frente a ello, anunció que de aprobarse la norma, "todas las personas que han paralizado sus expedientes voluntariamente por más de seis meses de manera anterior a la promulgación de la nueva ley, deberán ir a Liga de Origen. Es decir, deberán iniciar el trámite de nuevo y se le aplicará el nuevo régimen jubilatorio".

Imagen ilustrativa. Crédito: Mauricio Garín

En los hechos, si el magistrado que inició su trámite jubilatorio, obtuvo el beneficio pero dilató el cese por más de seis meses, deberá retirarse antes de que entre en vigencia el nuevo sistema. De lo contrario, se verá obligado a iniciar de cero el expediente, y con los nuevos parámetros – menos ventajosos- del régimen previsional. Si ésa fuese, incluso, la situación de los ministros de la Corte actual – muchos de los cuales ya han iniciado el trámite-, se verían forzados a dejar sus cargos.

"Para la sociedad es vergonzante y reprochable que se especule con el sistema en estos casos para el acceso a un beneficio que son de los más altos que puedan obtenerse, en pos de asegurarse el mejor haber, ante posibles cambios", concluyó Bastía.

El Poder Ejecutivo cerró con los bloques legislativos de Unidos, tanto del Senado como de Diputados, un proyecto de reforma del sistema previsional santafesino tendiente a achatar el nivel de déficit y para lo cual propone declarar la emergencia en el sistema por los dos próximos años, con opción de una prórroga de otros; dispone cambios en el sistema de acceso a la jubilación tanto del régimen general como docentes así como de seguridad y del Servicio Penitenciario y por último dispone una serie de medidas para la transición. Entre éstas propone dejar en manos del Poder Ejecutivo cambios en la edad jubilatoria para el caso de que se lo disponga a nivel nacional. En el mientras tanto, no habrá cambios en las edades de 65 para los varones y 60 para las mujeres.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, estimó que las medidas previstas en la futura ley, especialmente mayores aportes de activos, pasivos y el propio Estado más límites a los haberes más altos permitirán reducir entre un 25 y un 30% el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones que es solventado por el Tesoro provincial y que está estimado en $ 430 mil millones para el año venidero.

La iniciativa girada al Senado como Cámara de Origen parte de la declaración de emergencia previsional por dos años con posibilidad de extenderla a otros dos. En los hechos, la norma prevé el aporte solidario de beneficiarios del sistema de entre 2 y 6% para aquellos que cobren haberes dos veces superiores a la jubilación mínima de la provincia.

En tanto, el personal en actividad que ocupe un cargo de conducción política o de gabinete que haya ingresado desde el 11 de diciembre de 2023 en adelante del Poder Ejecutivo, legisladores, y autoridades superiores de ambas Cámaras, integrantes Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el Procurador General, magistrados y demás integrantes que ocupen un cargo con categoría presupuestaria de Secretario de Circuito o más, el o la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, el o la Defensora General de la Provincia y todos quienes ocupen un cargo con categoría presupuestaria de Secretario de Circuito o más de dichos órganos, vocales del Tribunal de Cuentas, Defensores del Pueblo y los órganos de conducción superior de las entidades descentralizadas y empresas del Estado provincial deberán realizar un aporte solidario durante 36 meses equivalente a 2,77% del haber.

La segunda parte de la reforma apunta a los cambios a los diferentes regímenes previsionales. En el caso de los aportes del trabajador pasan del 14 al 15,5% como mínimo y al 21% en las categorías superiores de los tres poderes del Estado. La contribución patronal también sube y pasará a ser del 19% que será abonada ya sea por el Estado provincial así como por municipios y comunas adheridas a la Caja, EPE, instituciones privadas de educación, etc.

Además incorpora la figura del Pilar Complementario para el haber previsional inicial que seguirá siendo del 82% para las categorías más bajas del escalafón y se reducirá al 70% o más en las categorías superiores.

También dispone que el haber máximo de la Jubilación Ordinaria es el monto correspondiente a 20 jubilaciones mínimas. "Quienes, al momento de la publicación de la presente, perciban haberes por sobre ese monto absorberán los futuros aumentos por el traslado de la movilidad sectorial hasta que se alcance el tope del haber máximo", agrega el artículo.

En el capítulo referido al régimen general se disponen una serie de medidas para evitar jubilaciones anticipadas, recortes al 2 por 1 e incluso a la posibilidad de adquirir años por moratorias de Anses así como límites a los pagos para los considerados casos de matrimonios in extremis.

Otro capítulo se lo lleva el régimen docente donde se mantiene la posibilidad de jubilación docente, de dirección y de supervisión a los 57 años, con 30 años de servicios con el 76% del haber que llegará al 82% en el caso de los 33 años de actividad.

Finalmente también se contemplan cambios el régimen policial, del servicio penitenciario y del IAPIP donde se separa la función estricta del personal policial o penitenciario de los auxiliares que pasarán a tener las mismas condiciones que el régimen general. En cuanto al personal de calle se eleva el aporte entre 18 y 20% y el Estado como patronal al 22%. En el caso del haber de retiro se tendrá en cuenta con los últimos 36 ingresos cuando hoy es de 12.

En las disposiciones transitorias determina que accederán a los beneficios con el régimen vigente hasta el presente quienes hayan iniciado el trámite tendiente a la obtención del beneficio jubilatorio; hayan obtenido el dictamen jurídico favorable de la Caja de Jubilaciones y Pensiones; no se encuentren prestando efectivamente servicios como activos por haber sido aceptada su renuncia por el empleador para acogerse a los beneficios jubilatorios o, sin que se pueda acreditar dicho extremo, se encuentre gozando de la licencia anual obligatoria previa al cese de relación de dependencia.

En cambio, los trámites ya iniciados y que al momento de la publicación de la reforma, con dictamen favorable de la Caja y se hayan paralizado por un período superior a 6 meses por voluntad del interesado accederán al beneficio con el régimen jurídico vigente al momento del cese de la prestación de servicios.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, firmante del mensaje, valoró el texto elaborado durante un trabajo de más de cuatro meses y acordado con los bloques legislativos de Unidos. "Es una iniciativa progresista, justa, eficiente que corrige graves distorsiones que tiene la caja de los empleados públicos de la provincia" deslizó en un diálogo informal con periodistas tras el envío del mensaje.

Bastia y su par de Economía, Pablo Olivares, anoche fueron al Senado a reunirse con el bloque de Unidos para ultimar aspectos de la iniciativa y definir los pasos del tratamiento legislativo. "Valoro esencialmente la progresividad de la iniciativa, los que más ganan más aportan y el aporte que deberán hacer la cabeza de los tres poderes y toda la política santafesina" subrayó. "La ley define cómo se construyen los aportes y se cierren atajos especialmente en el sistema de pensiones. Habrá topes que son muy superiores a los fijados en la ley nacional. Hay un esfuerzo mayor en los aportes de parte de la política" destacó.

Se subrayó que una serie de artículos apuntan a evitar la repetición de casos como el de Adelfa, la jubilada santafesina que se casó con un adolescente para dejarle el beneficio de la pensión. "Son innumerables los casos detectados en nuestro sistema" dijeron los ministros.

Olivares, didáctico al momento de exponer los nuevos aportes a través de valores salariales de septiembre, destacó que la ley -en caso de ser sancionada- no empeorará la relación con Anses. "Les recuerda que la deuda de nación es con el Tesoro provincial" destacó Bastia al hablar por la falta de aportes de la nación al sistema previsional, compromiso asumido por el tesoro santafesino.

El mensaje

Proyecto de Reforma Previsi...

A horas de que el Poder Ejecutivo recibiese formalmente el informe de la comisión legislativa que durante cuarenta días analizó el régimen previsional de Santa Fe, el gobernador confirmó la decisión política de impulsar una reforma jubilatoria que apuntará a corregir "situaciones de privilegio".

Consultado por El Litoral, Maximiliano Pullaro recordó que el organismo previsional santafesino soporta un déficit anual que rondará los 250 mil millones de pesos. "Si tuviésemos que mensurar, estamos hablando de cerca de 60 escuelas, 240 kilómetros de ruta o casi cinco mil patrulleros", graficó.

El mandatario admitió que se trata de un tema "incómodo, en el nadie había querido meterse porque indudablemente que es muy difícil". Sin embargo, ratificó la determinación de avanzar hacia una reforma, cuyo proyecto ingresará en las próximas semanas a la Legislatura.

"El tema es difícil – insistió-, pero lo queremos abordar; no nos queremos seguir haciendo los zonzos, que 'siga la cosa' y que todo continúe así para que después venga otro gobierno que tenga tal vez una mayoría en la Legislatura, transfiera la Caja a la Nación y los jubilados pasen a ganar un tercio de lo que están ganando hoy".

Pullaro insistió en la necesidad de "resolver el tema" y "poner los números sobre la mesa". "Hay que tomar esta problemática y resolverla – insistió-. Hoy, hay regímenes especiales; hay algunas personas que ganan 32 veces más que la jubilación mínima y esto no está bien. Las jubilaciones de privilegio no están bien. Los regímenes especiales no están bien", enfatizó.

Pullaro aludió así al método vigente para estipular el tope jubilatorio que se obtiene de calcular el 80% del sueldo del presidente de la Corte con treinta años de servicio, en tanto que la mínima representa el 72% del nivel uno de la administración central.

Con dicha fórmula, los números actualizados confirmados a El Litoral por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, dan cuenta de un haber máximo a junio de este año en la provincia de 10.253.762 pesos contra una mínima al mismo mes de 351.891 pesos. Casi treinta mínimas para equiparar una máxima, cuando criterios internacionales sugieren que en un sistema justo, el haber más alto debe representar – en el peor de los casos- quince veces el más bajo. La pensión máxima, en tanto, es actualmente de 7.690.321 de pesos en tanto que la mínima es de 263.918.

"Tenemos que discutir todo eso para que la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos de Santa Fe sea sustentable. De lo contrario, toda la sociedad santafesina terminará financiándola con sus recursos", concluyó.

En las próximas semanas, se espera que el Poder Ejecutivo ingrese a las cámaras su propio proyecto de reforma previsional, sobre la base de las recomendaciones entregadas este jueves por la comisión legislativa que analizó el tema. Dicho informe no es vinculante, pero una de las sugerencias respecto de cómo establecer el tope de haberes en la provincia es teniendo en cuenta el valor de la mínima, o fijando un porcentaje respecto de los ingresos del gobernador.