La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe llevó adelante el pasado viernes 10 de abril una nueva reunión de su Consejo Directivo, en la que se analizaron temas clave para el sector agropecuario provincial, con eje en la agenda gremial, productiva y de coyuntura.

El encuentro se desarrolló en la sede institucional de la entidad, bajo modalidad mixta —presencial y virtual—, y contó con la participación de representantes de las distintas sociedades rurales que integran la confederación. Como es habitual, uno de los puntos centrales fue el informe de presidencia, donde se repasaron gestiones recientes y líneas de acción en marcha.

Entre los principales temas abordados se destacaron las novedades vinculadas a la reforma laboral, la situación de la ganadería y las políticas ambientales, aspectos que generan seguimiento permanente por parte del sector.

En este marco, también se puso especial atención en la organización del próximo Encuentro “Comunicación Interna de CRA y sus Confederadas”, impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas, que se realizará el 13 de mayo de 2026. Desde Carsfe se solicitó un fuerte acompañamiento de las entidades de base para garantizar una amplia participación.

Otro de los anuncios relevantes fue el avance en la planificación del foro “Convenio Unión Europea–Mercosur: grandes oportunidades. ¿Estamos preparados?”, previsto para el 24 de junio.

La iniciativa buscará analizar el impacto y las posibilidades que abre este acuerdo internacional para el agro argentino, en un contexto de creciente inserción en mercados globales.

En paralelo, la situación hídrica en distintos puntos de la provincia ocupó un lugar destacado dentro de la agenda. Si bien desde la entidad se reconocieron los trabajos que viene desarrollando el Gobierno de Santa Fe, se remarcó la necesidad de mejorar la coordinación en zonas específicas donde persisten dificultades.

Desde Carsfe valoraron el diálogo abierto con funcionarios de distintas áreas gubernamentales, aunque subrayaron que el principal desafío es traducir ese intercambio en medidas concretas y verificables sobre el territorio.

“Existe un claro convencimiento de que el trabajo articulado es la única vía para alcanzar las mejoras que el sector necesita”, señalaron.

En ese sentido, la dirigencia rural insistió en la importancia de consolidar políticas públicas que impulsen una producción más eficiente y competitiva, con resultados tangibles para los productores.

La expectativa está puesta en que el vínculo institucional entre el sector y el Estado logre plasmarse en acciones concretas que impacten positivamente en la realidad del campo santafesino.

El Gobierno apelará el fallo que suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la reforma laboral, anunció el Ministerio de Capital Humano tras la presentación de la Confederación General del Trabajo ante la Justicia federal el 30 de marzo de 2026. El comunicado oficial señaló que la cartera a cargo de Sandra Pettovello, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, buscará revertir la suspensión y que agotará las instancias judiciales necesarias para garantizar la vigencia de la norma.

El Ministerio defendió la reforma laboral aprobada por amplia mayoría en el Congreso y sostuvo que la reforma es clave para la generación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. En su pronunciamiento la cartera cuestionó la presentación sindical y afirmó que detrás del cuestionamiento hay intereses corporativos y sectoriales que intentan frenar los cambios.

El fallo que suspendió los artículos fue firmado por el juez Raúl Ojeda del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que hizo lugar a la medida cautelar promovida por la Confederación General del Trabajo. En la resolución el magistrado advirtió sobre una posible afectación de derechos constitucionales y el riesgo de un perjuicio inminente para los trabajadores, lo que motivó la suspensión provisional hasta que la Justicia resuelva el fondo.

Tras el fallo, el Ministerio de Capital Humano ratificó su “firme compromiso” con la ley y adelantó que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para defender la reforma. El Gobierno apelará la medida y buscará revertir la suspensión mediante el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro de la Nación.

El plan del Gobierno apelará la suspensión por la vía judicial y el Ministerio explicó que recurrirá a instancias superiores con el patrocinio del Estado. El argumento oficial destaca que la reforma laboral fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso y que la norma debe regir para fomentar Trabajo formal y mejorar la competitividad.

El comunicado de Capital Humano.

En su comunicado el Ministerio rechazó el cuestionamiento planteado en la presentación y señaló que responde a intereses corporativos y sectoriales; desde la cartera consideraron que la apelación es necesaria para preservar la seguridad jurídica vinculada a la reforma laboral y a los artículos cuya aplicación quedó suspendida.

El recurso que promoverá el Gobierno apelará además la interpretación del juez sobre la posible afectación de derechos constitucionales, con la intención de que se restablezca la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el fondo del conflicto laboral.

La presentación que impulsó la Confederación General del Trabajo fue encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo; en ese escrito la Confederación cuestionó la constitucionalidad de distintos puntos de la reforma y pidió la suspensión de su aplicación.

El fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, firmado por el juez Raúl Ojeda, hizo lugar a la medida cautelar y suspendió más de 80 artículos de la ley 27.802 al considerar que podría haber una afectación de derechos constitucionales y un perjuicio inminente para los trabajadores.

La presentación que impulsó la Confederación General del Trabajo fue encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

La resolución judicial que suspendió los artículos tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente mientras la Justicia examine el fondo del planteo; en paralelo, la presentación sindical y la respuesta del Ministerio colocan el conflicto laboral en una nueva instancia judicial que ahora continuará con recursos de apelación.

Como consecuencia institucional, el Gobierno apelará la decisión y la disputa judicial podría escalar en las próximas instancias; mientras tanto, las partes seguirán ante los tribunales para dirimir la validez de la reforma y la extensión de la suspensión.

En tanto, la suspensión dictada por el juez no afectó la vigencia de los convenios colectivos de Trabajo, que continúan en vigor, y la litis seguirá su curso judicial con implicancias directas sobre el ámbito laboral.

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, trazó un panorama de la situación compleja que atraviesan varios rubros productivos, en particular la industria. Y apuntó a la falta de créditos a tasas accesibles para motorizar la producción y el consumo.

Por si faltaran riesgos internos, la guerra entre EE.UU e Irán con la consiguiente suba en el precio del petróleo suma preocupación y anticipa un impacto en la inflación de marzo.

Roald Báscolo, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.

La charla transcurre pocos días después de la visita de una delegación santafesina, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, a Neuquén; en concreto a Vaca Muerta donde la provincia espera fortalecer oportunidades para empresarios locales.

El titular de la cartera laboral no integró la comitiva pero está al tanto de las oportunidades que se abren, aunque aclara que hay empresas que ya prestan servicios para el complejo petrolero ubicado en Neuquén, uno de los pocos distritos que puede mostrar datos positivos en materia de empleo.

“A nivel país, el balance es negativo. Lo que se está generando por petróleo, gas y minería está lejos de compensar lo que se pierde en construcción, industria y comercio”, dice Báscolo mientras aclara que este último no es el caso de Santa Fe donde la actividad se mantuvo “por un gran esfuerzo de empleadores y las políticas de la provincia”.

También en construcción hay resultados para mostrar: “Santa Fe es una isla en el contexto nacional”. “Tuvo mucho que ver la inversión con un récord de 500 millones de dólares en 2024, y 1500 millones en 2025”.

Funcionarios y empresarios santafesinos recorrieron Vaca Muerta. Foto: Fernando Nicola.

“Es la provincia que más empleo creó en construcción en estos dos últimos años”. De seguir el promedio nacional, “hubiese registrado una pérdida entre 5 y 7 mil puestos de trabajo”.

En este punto, consigna que esa es la actividad que genera mayor cantidad de empleo indirecto. Y ejemplifica: “En las cárceles que se están ejecutando en Recreo, las empresas proveedoras de aberturas son de Reconquista, están trabajando a pleno hace un año y medio, y lo van a hacer por varios meses en adelante”.

En definitiva, cuando se habla de que la economía está creciendo, “los sectores que logran que los números sean positivos son petróleo, minería y gas que, en algunos casos, son más proyectos que realidad pero impulsan esta tendencia”.

Pero, en paralelo, “hay otros sectores con profundas caídas como la construcción que no termina de recuperarse, y la industria que es el rubro que tiene más preocupación hacia adelante porque de permanecer estas políticas no hay indicios de que pueda recuperar la actividad”.

Dentro de la industria en general, que en la provincia tiene gran diversidad, los más afectados son textiles, calzado y línea blanca, que registra retiros voluntarios en Electrolux y en Metalsur (carrocería). “Son fuentes de trabajo que se pierden producto del mercado interno y el ingreso de importaciones”.

Sin embargo, “cuando preguntamos a los empresarios si el problema es solamente la apertura de importaciones, nos dicen que en muchos rubros obedece a la caída del consumo”.

En este escenario, el ministro ubica dos realidades: “Cuando se mira la macro economía, se observa que la inflación viene bajando aunque, en los últimos meses, a un ritmo menor al esperado. Aún así, dejó de ser la gran preocupación”. En tanto, el dólar está “controlado”, aunque hay que ver “cómo impacta la crisis del petróleo en la inflación y en el precio de la divisa”.

“Pero esa cuestión macro que desde afuera hace ver al país como buen alumno”, no tiene correlato con la microeconomía, donde se ven los indicadores negativos. Allí, Báscolo ubica “la caída del mercado interno, empresas que trabajan por debajo de su capacidad, despidos, retiros voluntarios, suspensiones y otros datos que quizás el año pasado no estaban y ahora se empiezan a notar”.

El sector textil es uno de los más afectados por la apertura de importaciones pero también por la falta de crédito a tasas bajas. Foto: Archivo.

Se refiere a la morosidad en los bancos, de las empresas, los individuos y en el sistema no bancario (mutuales y plataformas tecnológicas). “Eso refleja una falta del poder adquisitivo que, primero, se nota en la baja del consumo y, también, en un preocupante nivel de endeudamiento”, advierte.

No cayeron bien entre industriales las apreciaciones y descalificativos que utilizó el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones, el último 1 de marzo. Foto: Martín Zabala/Xinhua.

“Tenemos tasas de descubierto y de financieras del orden del 100 % anual”, con un país cuya inflación es del 30 % por año. Esta situación se convierte “en una verdadera mochila para empresas e individuos”.

- En la industria, las luces pasaron de amarillas a rojas en los últimos días y los dirigentes salieron a hacer un reclamo directo al gobierno nacional.

- Las crisis no vienen de estas últimas semanas sino desde hace más tiempo y las estamos haciendo notar. Quizás ahora la respuesta de los industriales salió de las palabras del Presidente (Javier Milei, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional) que los tildó de cualquier cosa.

Pero la crisis textil ya está presente desde el año pasado, y los sectores metalúrgicos y de línea blanca (elecrodomésticos) vienen con suspensiones o acuerdos de retiros voluntarios. Me parece que el Presidente tendría que analizar cuáles son los problemas de competitividad de la industria nacional más que ponerse a pelear como si fuera un enemigo.

Ahora estamos hablando de las tasas de interés que enfrentan las empresas para pagar el endeudamiento de corto plazo, y tomando nota de ese problema en la industria, el comercio o la agroindstria.

En ese sentido, la provincia salió con esta política del Ministerio de Desarrollo Productivo de ofrecer tasas más bajas como aporte de la provincia y acuerdo de banco privado. Consideramos que son las herramientas que se necesitan para paliar la situación.

- ¿Creés que hay una política de industricidio como advierten algunos sectores de la oposición?

- No se si se puede hablar de industricidio, pero digo que si la idea era que la macro ordenada iba a ordenar la micro está clarísimo que no es así. Y hasta podríamos cuestionar si la macro está ordenada. Pensemos que es así, pero puede tener algún desorden por efecto de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el precio del petróleo (que el domingo se había disparado) va a tener un impacto en los combustibles (ya lo tuvo este martes) y en la inflación del mes de marzo. Es una condición externa que suma un punto de tensión en la micro economía.

Pero a todo este panorama se suma otro: la falta de crédito o, en todo caso, las tasas a las que se obtienen.

El campo, que es la fortaleza de Santa Fe, tuvo buena cosecha de trigo y girasol, y espera buenos rindes del maíz y la soja, tiene números ajustados.

- La Reforma Laboral que aprobó el Congreso y promulgo el gobierno nacional, ¿va a traer algún beneficio concreto para que las empresas contraten más personal?

- Siempre dijimos que era necesario dar el debate por una modernización laboral, pero que no era suficiente para crear empleo.

Consideramos que una política más activa como la Ley Tributaria 2026 y la obra pública tienen más impacto que una ley laboral sobre el empleo. Si bien es necesario hacer modificaciones, sostuvimos desde la provincia que era necesario hacer foco en las pymes, pero faltaron incentivos para que éstas puedan formalizar puestos de trabajo.

En un contexto donde la mayoría de los rubros están sufriendo por la baja de ventas, la producción o el consumo, es muy difícil la generación de nuevo puestos. Es más importante reactivar la economía con políticas públicas que modificar la ley y esperar que eso solo genere empleo.

- ¿Cómo se sale de esta situación?

- En un contexto donde la macro está ordenada, la herramienta que permitiría tener un movimiento económico es el crédito a tasas razonable para destino hipotecario, renovación de maquinarias, compra de indumentaria, de electrodomésticos.

Pero el crédito que tienen las familias es a tasas altas y para cubrir lo necesario.

Esta morosidad de los bancos, las fintech y mutuales también está llegando a las casas de electrodomésticos que tienen líneas de crédito propio; es decir que no solo están vendiendo menos, por más que sean bienes importados, sino que tienen altos niveles de morosidad en la venta a crédito.

- En este contexto, ¿fue convocado el Consejo Federal de Trabajo?

- No, es un reclamo que se está haciendo desde todos los ministerios de Trabajo de las provincias y no tuvimos respuesta. Pedimos hacer reuniones previas o durante el debate de la ley de Reforma Laboral y no se produjeron. No tuvimos oportunidad de dar nuestro punto de vista sobre la ley.

- ¿Cuál es tu conclusión?

- Vemos un gobierno nacional muy enfocado en la macro economía con la seguridad de que, si está ordenada, genera un impulso en la micro y eso no está sucediendo. En eso la provincia está trabajando de manera fuerte desde la obra pública, los beneficios tributarios y la baja de tasa de interés.

Consideramos que el gobierno nacional debería tomar nota de lo que está pasando en la microeconomía porque allí la macro no está teniendo el resultado que creía. Y en este contexto de guerra, el aumento del precio del petróleo puede tener un impacto mayor en sectores que ya están complicados.

Mientras el país espera verificar qué cambia -si lo hace- en el escenario laboral con la reciente ley de "modernización", un informe de IDESA advierte que las microempresas de menos de 10 empleados concentran el 76% de la informalidad, atrapadas entre su baja productividad y convenios colectivos con pisos salariales inalcanzables.

La reforma laboral se sancionó en tiempo récord este verano, con la promesa de un cambio de paradigma. Según el centro de estudios que dirige Jorge Colina, la realidad del mercado de trabajo en Argentina arroja un dato contundente: la modernización legal, tal como está planteada, beneficia principalmente a las grandes estructuras, dejando a la intemperie el núcleo donde se genera la mayor parte del empleo no registrado.

El planteo está basado en datos del INDEC al tercer trimestre de 2025: el 90% de la informalidad laboral en el sector asalariado privado se concentra en empresas de menos de 40 trabajadores. El fenómeno es quirúrgico: las firmas con más de 40 empleados apenas tienen una participación marginal en el incumplimiento de las normas.

El desglose de las cifras oficiales que hace el informe sugiere una necesidad: advertir que las leyes de carácter general suelen fallar en el territorio de las pymes:

Microempresas (menos de 10 trabajadores): concentran el 76% del empleo asalariado privado no registrado.Pequeñas empresas (entre 10 y 40 trabajadores): generan un 14% adicional de informalidad.Medianas y grandes empresas (más de 40 trabajadores): solo aglutinan el 10% restante.

En la mirada de los autores del informe, el principal obstáculo no es solo la burocracia, sino una brecha insalvable de productividad. Mientras que los convenios colectivos de las principales actividades fijan hoy salarios brutos iniciales superiores a $1.000.000 mensuales, la realidad de una microempresa es muy distinta.

En los establecimientos de menos de 10 empleados, la remuneración promedio de un trabajador informal ronda apenas los $550.000, mientras que en las empresas de hasta 40 empleados escala a los $800.000. Pedirle a un comercio de barrio o a un pequeño taller que salte de ese nivel a un salario de convenio, sumando además las contribuciones patronales, es, en la práctica, empujarlos al cierre o a la clandestinidad según especulan los autores del informe.

Desde IDESA sostienen que si los organismos de control (como ARCA) aplicaran una fiscalización inflexible sin cambios normativos de fondo. Y el resultado no sería el blanqueo, sino un aumento explosivo del desempleo y el cuentapropismo de subsistencia.

Para "achicar la brecha", el informe recomienda de manera urgente, eximir a las empresas de menos de 10 trabajadores de la obligación de aplicar el convenio colectivo de la actividad, permitiendo acuerdos más flexibles. Y además establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales, aliviando el costo fiscal del empleo registrado sin quebrar el equilibrio de las cuentas públicas.

Para los analistas de IDESA, la ley aprobada es un "hito histórico" que aporta seguridad jurídica y ordena la acción sindical, pero la modernización no es un acto único, sino un proceso continuo. El próximo paso legislativo debe ser, a criterio de los autores, crear un puente real para que las micropymes dejen de ver a la formalidad como una sentencia de muerte financiera y empiecen a verla como el motor de su propio crecimiento.

Tras la polémica por la recategorización de oficio de monotributistas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una opción para manifestar disconformidad, que derivará en una nueva fiscalización. Esta función fue incluida en el link correspondiente al monotributo y cada contribuyente puede ejercerla hasta el 16 de marzo inclusive. De esta forma queda sin efecto el plazo de 15 días desde la notificación para presentar el descargo. La función reemplaza al descargo y luego será ARCA mediante una nueva fiscalización la que decidirá la situación tributaria.

(Por Gabriel Rossini) - La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Empresarios Argentinas (AEA) difundieron este martes sendos comunicados advirtieron sobre las consecuencias que está teniendo sobre la mayoría de los sectores productivos el programa de Javier Milei y coincidieron en pedirle al gobierno nacional “un diálogo respetuoso” para avanzar hacia “un crecimiento sostenido” porque consideran que el diálogo “es la base del desarrollo”.

Ambos comunicados, difundidos de manera simultánea, son la respuesta de los empresarios más importantes del país a los dichos del presidente de la Nación en las últimas semanas contra todos ellos en general y contra Paolo Rocca y Javier Madanes en particular, a quienes llamó “Don chatarrín de los tubitos caros” y “Don gomita alumínica” respectivamente.

“El respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”, dice el comunicado de la UIA; mientras que el de AEA dice que “para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”.

Paolo Rocca.

El comunicado de la UIA se difundió tras un encuentro que el Comité Ejecutivo de la entidad con representantes de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, quienes pidieron el apoyo de la UIA para “implementar medidas de aliento a la actividad industrial en una región donde vive la cuarta parte de la población argentina, exhibe el peor poder adquisitivo del país, y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado, lo que redunda en un elevado empleo público”.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato. Muchas empresas, especialmente pymes, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”, dice el primer párrafo del comunicado de la UIA que lleva por título la repetida expresión de Carlos Pellegrini “Sin industria no hay Nación”.

La UIA recordó que la industria argentina produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional, genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores, y moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva, lo que le asigna "un rol estratégico en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas".

Pero pese a que son cada vez las voces desde el sector productivo que cuestionan las medidas económicas, tanto la UIA como AEA destacaron lo que consideran avances logrados por el gobierno nacional en materia de equilibrio fiscal, reformas estructurales, la baja de la inflación, la reforma laboral, el proceso de integración internacional, la reducción de la participación del sector público en el PBI, la reducción de la emisión monetaria y “todas las medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo nacional”.

Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini.

Al mismo tiempo piden avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas, sobre todo en la cuestión impositiva y logística, para “ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”, mientras que desde AEA destacaron “el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social de las sociedades modernas” y pidieron “seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía que permita generar las condiciones para el crecimiento sostenido”.

De acuerdo con un trabajo difundido por la consultora Audemus, Argentina se ubicó como el segundo país con peor desempeño industrial del mundo entre 2024 y 2025, detrás de Hungría con una retracción del 7,9%, período en el que cerraron 2.436 empresas manufactureras, un 5% del total país y se perdieron 72.955 puestos de trabajo registrados, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada fue del 57,9%, el mínimo en 10 años (sin contar la pandemia) producto de la apertura comercial indiscriminada, el tipo de cambio apreciado y la falta de políticas industriales activas.

La principal discusión sobre ocupación y empleabilidad en Argentina gira en torno a la calidad del empleo más que al desempleo abierto, que se mantiene relativamente bajo, alrededor del 6,6% según el último dato oficial del INDEC para el tercer trimestre de 2025, con proyecciones estables o leves bajas para 2026.

Aunque la tasa de desocupación no es alarmante -y el gobierno de Javier Milei lo destaca como logro- la oposición apunta a otra evidencia: alta informalidad y precarización laboral

Cerca del 40-43% de los trabajadores ocupados no realizan aportes. Muchos analistas y opositores señalan que el empleo crece principalmente vía cuentapropismo (trabajo independiente) y puestos informales, no asalariados formales registrados. En los últimos dos años se perdieron alrededor de 294.000 según algunos cálculos basados en SIPA, mientras aumenta el "rebusque" o autoempleo precario.

La recientemente sancionada reforma laboral impulsada por Milei, introduce cambios como: Reducción de costos de indemnizaciones por despido (fondo opcional alternativo); Posibilidad de extender la jornada laboral (hasta 12 horas en algunos casos); Limitaciones al derecho de huelga y modificaciones en convenios colectivos.

El gobierno la defiende como una "modernización" que bajará la informalidad, incentivará la contratación formal y atraerá inversión al reducir rigideces laborales.

La oposición, sindicatos y críticos la ven como una regresión de derechos, que facilita despidos, precariza más el trabajo y no resuelve la informalidad estructural (incluso podría incentivarla al abaratar el empleo formal). Ya hay impugnaciones judiciales en marcha.

Desde Economía apuntan al cambio del régimen económico, a las inversiones del RIGI y al beneficio del RIMI para acelerar amortización de inversiones de Pymes. Además destacan que se despejarán fantasmas de sobrecostos por despidos, gracias a modificaciones no sólo en indemnizaciones sino en el fuero laboral.

Hay consenso en que la economía puede crecer (proyecciones de 4% a 5% para 2026 en algunos informes previos a la guerra de Medio Oriente). Sectores dinámicos (como agro, energía o minería) absorben mano de obra fuera de los centros urbanos y en menor escala respecto del viejo modelo industrial. Esto genera la paradoja de "crecimiento sin trabajo" o "empleo sin calidad".

El eje del debate no es tanto "¿hay desempleo masivo?" (no lo hay en términos históricos), sino ¿qué tipo de empleo se está creando? y ¿la reforma laboral resuelve o agrava la informalidad y precariedad? El gobierno enfatiza la baja del desempleo y la "modernización", mientras críticos destacan destrucción de empleo formal, avance de la informalidad y pérdida de derechos.

ManpowerGroup Argentina, compañía líder en soluciones de capital humano, lanzó su Encuesta Global de Escasez de Talento, realizada a más de 39.000 empleadores de 41 países. Los resultados demuestran que el 64% de las empresas argentinas tiene dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a la falta de personal con habilidades necesarias.

Esta cifra ha experimentado una disminución de un punto porcentual en comparación con el año anterior, posicionando al país en el quinto puesto del ranking regional.

De acuerdo con la investigación, las industrias más afectadas por la escasez de talento son: Automotriz (83%); Información (74%); Tecnología y Servicios de TI (72%) y Hospitalidad (71%). Por otro lado, las competencias técnicas más difíciles de encontrar son: Atención al cliente y Front Office; Desarrollo y aplicación de modelos de IA y Alfabetización en IA.

Respecto a las habilidades blandas más importantes de encontrar, se destacan: Adaptabilidad y disposición para aprender; comunicación, colaboración y trabajo en equipo; y pensamiento crítico y resolución de problemas. Ante este panorama, la encuesta indica que gran parte de los empleadores encuestados (20%) no está tomando ninguna medida para superar la escasez de talento.

Sin embargo, otros señalan que han implementado las siguientes estrategias: Upskilling & reskilling de empleados actuales (18%); Ofrecer mayor flexibilidad horaria (14%); Ofrecer mayor flexibilidad de ubicación (14%); Aumento de salarios (12%).

A su vez, el promedio global de escasez de talento es de 72%. Los países con mayores dificultades para encontrar talento calificado son Eslovaquia (87%), Grecia (84%) y Japón (84%), mientras que Finlandia (60%), Polonia (57%) y China (48%) presentan los menores desafíos en este aspecto.

Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina, se refirió al fenómeno en el país."Si bien los resultados muestran una leve mejora respecto del año anterior, la brecha entre oferta y demanda de habilidades continúa siendo un desafío estructural para el mercado laboral argentino.

"En un contexto donde industrias clave como la automotriz, tecnología e información enfrentan niveles críticos de escasez, las organizaciones necesitan talento con competencias técnicas específicas, pero también con capacidades humanas como la adaptabilidad, la colaboración y el pensamiento crítico.", indicó

“Frente a este escenario, resulta preocupante que una de cada cinco empresas no esté tomando medidas para revertir la situación. La solución requiere un compromiso compartido: invertir en estrategias como upskilling y reskilling, revisar las propuestas de valor al empleado y trabajar articuladamente con el sistema educativo y el Estado”.

Mauro L. Muñoz

Después de la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Senado de la Nación transformó en ley este viernes por la noche el proyecto de Modernización Laboral, habilitando a Javier Milei a exhibir, en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, la aprobación de su gran conquista legislativa del verano.

La votación en general por la ratificación del texto que llegó en revisión desde Diputados fue de 42 afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. De parte de los senadores santafesinos, los votos replicaron la votación previa: Carolina Losada y Eduardo Galaretto (ambos de la UCR) pulsaron en verde, mientras que Marcelo Lewandowski (Justicialismo) lo hizo en rojo.

La sanción ratificó el esquema de alianzas que el oficialismo construyó con los bloques aliados, reafirmando el resultado con el que la Cámara alta había aprobado el proyecto original el pasado 12 de febrero. En el medio, Diputados introdujo el cambio clave: la exclusión del artículo 44, relativo al pago de licencias por enfermedad, que había encendido la polémica pública. Sobre esa modificación se votó, generando planteas desde los distintos bloques previo a la votación.

El Senado sesionó este viernes en un contexto de protestas afuera del Congreso, mientras el oficialismo buscaba ordenar el cierre del período extraordinario con una última victoria legislativa, a horas del discurso de Javier Milei del domingo 1 de marzo a las 21 ante la Asamblea Legislativa.

La sesión se inició a las 11.14 con quórum de 40 legisladores, bajo la presidencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La mayor parte del debate se la llevó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Recién a las 18.30 comenzó la discusión por la ley de Modernización Laboral, que llegaba en revisión desde Diputados.

Como cámara de origen, el Senado no tenía opción de rechazar el proyecto: debía aceptar las modificaciones introducidas por la cámara revisora o insistir con la redacción original. En ese punto, el justicialista Mariano Recalde intentó una moción para que el texto vuelva a comisión. No prosperó y se abrió el debate en el recinto.

Patricia Bullrich lideró en el verano la nueva composición de bloque oficialista en extraordinarias tras el recambio. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.

Con la ratificación de la reforma, la Casa Rosada completó la secuencia legislativa que buscó imprimirle a extraordinarias: dejar sancionadas las leyes con impacto estructural antes de la apertura del período ordinario y llegar al 1 de marzo con resultados concretos para mostrar.

En el balance político del verano, el Gobierno suma la reforma laboral a un paquete de logros parlamentarios que incluyó el Presupuesto 2026, el acuerdo Mercosur–Unión Europea, la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y la sanción del Régimen Penal Juvenil. Todo eso, ante un año legislativo que, según la propia narrativa oficial, será “movido e intenso”.

El texto ratificado este viernes consolida una reforma que toca varios de los engranajes centrales del mercado laboral argentino.

Uno de los puntos medulares es que se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se modifica la base de cálculo: pasa a ser sólo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Además, se fija un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.

El otro pilar es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado, se diferenció el financiamiento según tipo de empresa: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas un 2,5%. El texto original contemplaba un 3% sin distinción.

Mariano Recalde y Eduardo de Pedro expusieron su oposición contra la reforma laboral. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.

En el esquema oficial, el FAL se presenta como herramienta para dar previsibilidad y recortar el costo de salida, con el argumento de bajar la conflictividad y limitar la “industria del juicio”. El debate político, sin embargo, estuvo atravesado por la pregunta de fondo: cuánto de esa previsibilidad se traduce en creación de empleo formal y cuánto en un cambio de reglas favorable a la parte empleadora.

En paralelo, la reforma incorpora el mecanismo de “banco de horas”: empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral sin que se trate de horas extra, sino de una compensación con días. Es una de las piezas que el oficialismo defiende como adaptación a nuevas modalidades de trabajo, con flexibilidad negociada entre partes.

Las vacaciones también entran en el paquete: podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

A eso se suma la creación de dos regímenes que, en la argumentación oficial, apuntan a “modernizar” y estimular la inversión real: el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL), orientado a capacitación, empleabilidad y reconversión; y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), pensado para empujar inversiones en producción, tecnología y expansión.

La vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la última sesión del período de extraorinarias en la que los senadores aprobaron la reforma laboral y bajar la edad de imputabilidad a menores. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.

Otro capítulo relevante incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Según el propio texto de referencia, voces empresarias (Rappi e IDEA) valoraron que fija “estándares y reglas claras” para esa actividad. El oficialismo lo exhibe como actualización inevitable: el mundo cambió, el trabajo cambió y la ley debía “alcanzarlo”.

El proyecto también incluye como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un punto que se lee como parte de un rediseño más amplio del ecosistema institucional vinculado al trabajo.

Por último, en un tramo que excede lo estrictamente laboral, la norma fija plazos para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, con vigencia desde el 1° de enero de 2027. Y posterga al 1° de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.

Santa Fe lidera la litigiosidad laboral en Argentina con 296 juicios por cada 10.000 trabajadores registrados, una cifra que supera en un 123% la media nacional y que es significativamente superior a otras provincias, como Córdoba, donde un trabajador tiene menos de la mitad de probabilidades de iniciar un juicio.

Esta alta litigiosidad tiene un impacto directo en la economía regional: las empresas santafesinas pagan una alícuota promedio de ART del 4,03%, lo que representa un 45% más que el promedio nacional (2,78%) y genera un sobrecosto estimado en US$ 100 millones anuales para el sector productivo

Así lo refleja un informe de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los factores principales que explican esta situación, según la UART, son:

• El sistema de honorarios de los peritos: Actualmente, los peritos médicos judiciales cobran sus honorarios en proporción al monto de la sentencia o al porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan. Esto genera un incentivo perverso para asignar porcentajes de lesión más altos de los reales, con el fin de aumentar su propia retribución económica.

• Demora en la aplicación de la Ley 27.348: Aunque la norma nacional busca profesionalizar las pericias a través de Cuerpos Médicos Forenses con honorarios fijos, Santa Fe recién inició en 2025 el concurso para conformar este cuerpo y designar a sus primeros peritos oficiales.

• Falta de obligatoriedad efectiva de las instancias previas: El proyecto de reforma que se debate en la Legislatura provincial busca establecer las comisiones médicas como un paso obligatorio previo al juicio, siguiendo modelos de otras jurisdicciones que han logrado reducir la litigiosidad de manera más efectiva.

El informe detalla la crítica situación del sistema de riesgos del trabajo en Argentina, subrayando un incremento del 6,4% en los juicios laborales durante 2025. Resulta alarmante para la UART que las demandas aumenten significativamente a pesar de que los accidentes y fallecimientos han disminuido drásticamente en las últimas décadas.

De hecho los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos laborales bajaron un 80%. "Lo que equivale a haber salvado más de 19.000 vidas"

"El ingreso de 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo en 2025 (que equivale a 132,8 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos) sigue agravando la situación del sistema y lo empuja hacia un escenario de extrema tensión institucional y financiera", señala la UART.

El 73% de los juicios del país se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, distritos que reúnen el 61% de los trabajadores. Esta concentración territorial revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en determinadas jurisdicciones.

El fenómeno se atribuye a las fallas en el sistema pericial médico, donde los honorarios suelen estar vinculados al monto de la sentencia. Como solución, las empresas proponen la plena implementación de la Ley 27.348 para profesionalizar las pericias mediante cuerpos forenses con sueldos fijos.

Cabe recordar que existe un proyecto de reforma parcial al Código Procesal Laboral, impulsado en la provincia de Santa Fe por el diputado provincial José Corral y apoyado por la Federación de Industriales de Santa Fe.

La iniciativa busca corregir lo que califica como distorsiones estructurales que han generado una alta litigiosidad y sobrecostos en el sistema de Riesgos del Trabajo.

Los pilares fundamentales de esta propuesta son:

• Obligatoriedad de las Comisiones Médicas. La reforma propone establecer el paso por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como una instancia obligatoria y previa a cualquier demanda judicial. El objetivo de este paso administrativo es agilizar los tiempos de resolución de los reclamos y evitar que todos los casos terminen directamente en los tribunales.

• Reforma del sistema de pericias médicas. Uno de los puntos más críticos que busca resolver es el "desorden pericial". Los cambios incluyen:

• Desvincular los honorarios de los peritos del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan.

• Eliminar el incentivo económico que actualmente tienen los profesionales para asignar lesiones más graves con el fin de aumentar su propia retribución.

• Avanzar hacia la conformación de Cuerpos Médicos Forenses con profesionales que perciban honorarios fijos, garantizando mayor imparcialidad y rigor científico.

• Adhesión efectiva a la Ley Nacional 27.348. El proyecto está diseñado para lograr una integración real con la normativa nacional vigente, siguiendo modelos que ya han resultado exitosos en otras provincias para reducir la litigiosidad. Implica la necesidad de corregir plazos como el de caducidad de 2 años.

Según la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y los autores del proyecto, los beneficios de esta reforma serían una reducción de costos para las empresas del orden de los US$ 100 millones al año.

Marcan asimismo una mayor competitividad al bajar la litigiosidad "espuria", según la cual las industrias locales dejan de estar en desventaja frente a provincias como Córdoba.

Por último destacan la celeridad para el trabajador en un sistema más ordenado que permite que los afectados que realmente sufrieron un siniestro reciban su reparación de manera más rápida y justa, sin esperas judiciales innecesarias.

Los principales referentes del Gobierno nacional festejaron y defendieron la inminente sanción de la reforma laboral, y anticiparon que, a lo largo del año, habrá una batería de nuevas iniciativas a debate en el Congreso. También sostuvieron la idea de la búsqueda de consensos como un recurso necesario para avanzar, pero que a la vez se ve facilitado por la actual composición de las cámaras.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la reforma laboral será aprobada el próximo viernes “con seguridad”. Y aseguró que el proyecto apunta a revertir décadas de retroceso en la generación de empleo genuino y formal.

En declaraciones a radio Rivadavia, el funcionario nfatizó que el texto final alienta a empresarios y emprendedores a generar empleo sin el temor a trabas excesivas al momento de contratar o desvincular personal, una de las principales críticas hacia el modelo anterior.

En el plano parlamentario, el funcionario explicó que la nueva conformación de las Cámaras, tras las elecciones, permitió al oficialismo negociar con aliados y construir mayorías que faciliten el avance de proyectos relevantes.

Adorni destacó que, con este escenario, las discusiones se volvieron más productivas y posibilitaron el abordaje de leyes clave. En este punto, rememoró la rápida decisión de eliminar el artículo 44 del proyecto, tras recomendaciones surgidas en la mesa política.

En tanto, afirmó que cuenta con aproximadamente cincuenta proyectos de ley para presentar en el Congreso de la Nación, “muchos relevantes o de mayor impacto mediático”.

Y sumó: “Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el presidente será quien defina las prioridades y de qué manera eso se va a ir enviando al Congreso para su tratamiento. Este va a ser un año muy intenso en términos legislativos”.

Al referirse a las políticas de alianzas en el Congreso, subrayó la exclusión deliberada de la izquierda y el kirchnerismo en los acuerdos, focalizando la negociación en aquellos bloques con voluntad de consenso.

Por lo demás, rechazó las acusaciones de que el gobierno busque favorecer al empresariado o responda a los intereses de EEUU. En todo caso, enfatizó que la agenda oficial es “promercado”, aclarando que lo que se prioriza es un entorno propicio para la inversión y la creación de empleo de calidad.

Según Adorni, la combinación entre la reforma laboral, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y otras políticas estructurales tendrán impacto positivo en los próximos meses y permitirá validar el rumbo adoptado, con datos concretos del desempeño económico.

En el mismo sentido, Martín Menem formuló una encendida defensa del proyecto de modernización laboral y aseguró que “los que nos critican la reforma son los artífices del fracaso”.

En una extensa entrevista con Infobae, el referente parlamentario de La Libertad Avanza celebró que la iniciativa esté cerca de su sanción definitiva y aseguró que esta reforma será beneficiosa para todos porque, con el tiempo, “habrá más trabajo formal y los sindicatos tendrán más afiliados”.

“Es la primera vez que se hace una reforma de esta índole, de esta magnitud, así que soy muy optimista. Estoy convencido de que el Senado va a aceptar las modificaciones que introdujimos y, seguramente, la semana que viene el Poder Ejecutivo la promulgará”, adelantó.

Consultado sobre el camino legislativo, Menem destacó también la necesidad de consenso y la estrategia adoptada por el oficialismo: “Cuando vimos que no tenía consenso, optamos por la solución más simple para no complicar una gran reforma que ya se había consensuado. El objetivo era votar por capítulo, avanzar con lo que tenemos”.

Para Menem, la oposición peronista y las críticas gremiales remiten a las fallas del modelo previo: “Gobernadores, diputados y representantes de un sector importante del peronismo están viendo que su propio pasado ha sido un fracaso en términos ideológicos. La ley anterior, ¿cuánta gente formalizó? Hace 14 o 15 años que no se formaliza gente, desde 2011, que no crece la economía”.

A propósito de los sindicatos, Menem rechazó que las reformas los perjudiquen y, por el contrario, remarcó sus beneficios: “Estoy absolutamente en contra de cualquier paro y ojalá lo entiendan. El sindicalismo tiene que entender que esto es en beneficio de la gente que trabaja. Con la reforma laboral vamos a tener más trabajo formal y los sindicatos van a tener más afiliados”.

Además, Menem sostuvo que se alcanzó un equilibrio porque todos cedieron: “En esta situación perdieron todos los intermediarios entre empleador y empleado. El Estado también perdió. Cedió aportes, y los sindicatos ahora tienen un tope. Ha sido una modernización hacia un nuevo equilibrio de fuerzas”.

Respecto de la dinámica parlamentaria, Menem explicó: “Siempre hubo un espíritu de diálogo y de tratar de buscar el número para llevar adelante proyectos de ley. El problema es el número. Cuando tenés 95 diputados y te faltan 35, vas trabajando con todos los bloques. Para sacar una ley con más de 100 votos, todos pusieron su parte”.

El presidente de la Cámara detalló que tras la modernización laboral se buscarán avances en otros rubros: “El otro día aprobamos y seguramente el Senado también sancionará el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Viene el acuerdo con Estados Unidos, la reforma política, todo lo que vaya quedando obsoleto. El Gobierno va a intentar bajar impuestos en la medida que las cuentas sigan equilibradas”.

La agenda oficial para después de la reforma laboral abarca además la Ley de Glaciares y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. También la nueva ley de Financiamiento Universitario, que a ojos del oficialismo es superior al texto 27.795 con el que la oposición insistió en el Parlamento.

Hay otros dos temas que nutren la agenda libertaria y que serán ejes de conversación con gobernadores: impulsar una ley electoral que derogue las primarias abiertas simultaneas y obligatorias, y formular una iniciativa que modifique normas del Banco Central con el objetivo de permitir a los bancos otorgar créditos en dólares a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.

La reforma previsional, que en su momento el oficialismo presentó como posibilidad concreta, quedará para otro momento, incluso para un eventual segundo mandato.

Por Juan Pablo Peralta

A una semana de que el Senado de la Nación trate el proyecto de Modernización Laboral -con los cambios efectuados en la Cámara baja- en la Casa Rosada infieren que inevitablemente la iniciativa oficial será judicializada por parte de diferentes frentes. La Confederación General del Trabajo fue una de las centrales gremiales que adelantó que irá por ese camino. Sin embargo, los operadores libertarios suponen que los primeros que llevarán la reforma a los estrados serán los propios integrantes del fuero laboral nacional, que desde el principio se opusieron al traspaso de sus tareas a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Descontamos la judicialización de la ley”, expresó uno de los principales asesores de Javier Milei.

En ese marco, el mismo colaborador gubernamental apuntó sus dardos a los sindicatos cegetistas al manifestar que, “la gente entiende el contexto histórico. La gente no quiere a la CGT; no quiere a las conducciones corruptas y no quiere el manejo que han hecho con la representación que les han dado los trabajadores en los últimos años”. Asimismo, la alta fuente expresó que, a su entender, la nueva reglamentación desmantelará el esquema de litigiosidad y terminará por volver innecesario el fuero laboral, del que predijo, “a la larga o la corta se va disolver en base al proceso de destrucción de la industria del juicio”, calificó en consonancia a la hoja de ruta y de 'batalla cultural' que lleva adelante LLA desde que impulsó la medida.

En Balcarce 50 ya salieron a decir que el Gobierno de La Libertad Avanza trabaja a tiempo completo en un plan de acción para contrarrestar las causas que van a ir por diversos artículos del texto, que, a consideración de los altos funcionarios nacionales, se aprobará en el Congreso a fines de esta semana. “Nosotros estamos trabajando en pos de desactivar esas resistencias arcaicas, y lo vamos a conseguir como logramos que después de cientos de marchas y contramarchas sea el presidente Milei el que materialice lo que los demás no pudieron”, le dijo a El Litoral una garganta cercana a las oficinas de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, quien despliega las estrategias del caso con el procurador del Tesoro Nacional, Santiago Castro Videla y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Todos pertenecientes al riñón del máximo asesor presidencial, Santiago Caputo.

“El problema que tiene la mayoría de los que critican el proyecto de ley laboral es que no la leyeron, incluyendo a los periodistas”, se quejó un funcionario que responde a la Secretaría General que encabeza Karina Milei, y que añadió como dato: “Las demandas de los judiciales tienen que ver con que temen que se reduzca la cantidad de cargos y de juzgados, que con el traspaso del fuero nacional a CABA pasará de 80 a 50. Algo que es una satisfacción para nosotros porque esos agentes del Poder Judicial vienen actuando con discrecionalidad y una parcialidad realmente indignante”, arrojó el informante.

En la sede ejecutiva saben que uno de los puntos que más irritación provoca en los gremios y que podría derivar en demandas, es el de la orden de prelación de los convenios de trabajo. Nos referimos a la norma que contempla la posibilidad de que un acuerdo laboral de orden menor se imponga por sobre uno mayor, aunque tenga condiciones menos favorables para los asalariados. Una situación que puede generar un escenario en el que un convenio colectivo de empresa -o región- se imponga por encima de lo estipulado en una rama específica o en todo el territorio argentino.

El otro capítulo que produce rechazos en los sectores sindicales es el que está relacionado a la ‘ultraactividad’. En ese articulado, la legislación -de ser convertida en ley- haría que todas las concordancias pautadas y firmadas entre trabajadores y empresarios estén vigentes hasta que sean reemplazadas por otras, aun cuando estas estén vencidas. Tampoco se descarta que haya presentaciones judiciales por las multas a empleadores que no cumplan la ley y por la reducción de indemnizaciones.

En los despachos de los capitostes mileístas también reconocen que es muy probable que las demandas alcancen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que continúa con tres ministros mientras se intenta negociar con el cristinismo la conformación completa del cuerpo, que en base a información que maneja este diario, finalmente quedaría en cinco miembros.

Por lo pronto, uno de los hombres más cercanos a los hermanos Milei sostuvo en declaraciones a este diario que la gestión “va a seguir enfocada en su agenda de reformas porque no hay políticas de oposición, solamente existen las de orden judicial”. A la vez opinó que “la Reforma Laboral genera los incentivos adecuados para la generación de empleo genuino”. Frente a la repregunta en referencia a qué pasaría si no ocurriera lo que espera el Gobierno nacional tras la aprobación del proyecto, la fuente respondió escuetamente: “No nos apresuremos, pero si eso ocurriera, bueno, entonces, después se verá”, concluyó.

Fiorella Carrión - María José Ramón

El proyecto de reforma laboral avanzó en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora volverá al Senado, donde deberá ratificarse el texto para que la ley quede definitivamente sancionada. La votación arrojó 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención.

En ese contexto, el diputado nacional santafesino Pablo Farías explicó las razones por las que el interbloque Provincias Unidas mostró posturas diferenciadas durante el debate.

Farías cuestionó con dureza la forma en que se desarrolló el tratamiento legislativo. “Lo dijimos desde un comienzo: dentro de Provincias Unidas teníamos distintas visiones. Quizás, si hubiéramos tenido la oportunidad de discutir en profundidad un proyecto, hubiéramos coincidido en algunas cuestiones”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que el escenario fue otro: “Como prácticamente no hubo modificaciones entre lo que vino del Senado y lo que se votó en el recinto, quedaron visiones distintas y por lo tanto hubo votaciones distintas”.

El legislador aclaró que el bloque, de manera unificada, resolvió no dar quórum como señal política: “No estamos de acuerdo con la forma en que se trabajó esta temática, con un tiempo ínfimo para el debate y sin posibilidad de introducir cambios”.

El diputado advirtió que se trata de una transformación profunda “porque se modifican casi todos los aspectos de la relación laboral”. Entre los puntos que enumeró mencionó la derogación de estatutos específicos, los cambios en el período de prueba, la jornada laboral, las vacaciones, las indemnizaciones y la creación del fondo de asistencia.

El proyecto obtuvo media sanción luego de una sesión marcada por tensiones dentro y fuera del recinto.

Desde su mirada, el impacto no será el prometido por el oficialismo. “A nuestro juicio es un error en la legislación argentina que no va a generar mayor estabilidad laboral. No vemos que, en este contexto del país, esto produzca un shock de formalización del trabajo”, afirmó.

Farías puso especial énfasis en las consecuencias sobre el sistema jubilatorio. “Quitar fondos patronales que hoy van a la ANSES, va a tener un impacto presupuestario en un organismo que ya es deficitario y necesita permanente asistencia del Tesoro”, advirtió.

También cuestionó el argumento oficial de que la formalización laboral compensará esa pérdida: “No vemos que eso vaya a pasar. Creemos que será difícil y que en el sistema previsional esto va a tener un impacto claro”.

El debate incluyó cuestionamientos sobre el futuro de las jubilaciones y pensiones.

En ese marco, recordó que el Gobierno proyecta una reforma previsional. “No conocemos el contenido porque no hay ni siquiera un borrador, pero estimamos que van a necesitar una mayor asistencia presupuestaria, algo que es contrario a lo que el propio Gobierno viene pregonando”, indicó.

Consultado sobre si las distintas votaciones podían afectar la cohesión del bloque, Farías fue tajante: “No, porque fueron posiciones que siempre estuvieron claras”. Según explicó, la decisión común de no dar quórum “fortalece la posición del bloque”, aun cuando luego existan miradas diferentes en la votación artículo por artículo.

Finalmente, alertó sobre el alcance de la norma: “No es una reforma que solo impacta en los contratos nuevos. A partir de su vigencia va a modificar las relaciones laborales que ya existen y también las que se generen a futuro”, cerró.

El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados de la Nación 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.

La iniciativa fue aprobada con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas, el MID y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca (que habían dado quórum) y los monobloques de Marcela Pagano, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

Con voto dividido, seis integrantes del bloque de Provincias Unidas acompañaron al Gobierno, empezando por la jefa del bloque, la santafesina ex PRO y ex vicegobernadora Gisela Scaglia.

También se desmarcaron de la postura mayoritaria otros ex PRO como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Núñez, además del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los cordobeses peronistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo.

A favor

Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)

Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza)

Diez, Romina (La Libertad Avanza)

Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)

Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza)

Nuñez, José (Unidos)

Pellegrini, Agustín (La Libertad Avanza)

Ravera, Valentina (La Libertad Avanza)

Razzini, Verónica (La Libertad Avanza)

Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza)

Scaglia, Gisela (Unidos)

En contra

Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria)

Carignano, Florencia (Unión por la Patria)

Farías, Pablo (Unidos)

Giuliano, Diego (Unión por la Patria)

Martínez, Germán (Unión por la Patria)

Paulón, Esteban (Unidos)

Rossi, Agustín (Unión por la Patria)

Tepp, Caren (Unión por la Patria)

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral en sesión extraordinaria este viernes. Ahora volverá al Senado para que ratifique el texto y deje firme la ley.

El Gobierno busca que se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo. A tal fin, el oficialismo cedió el artículo 44 sobre licencias por enfermedad para que sea aprobado con cambios. Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que votó el Senado. Por eso, ahora deberá volver a la Cámara de origen para ser ratificado para su sanción definitiva, en una sesión que está prevista para el próximo viernes 27 de febrero.

El artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.

El primer desafío de la jornada, la obtención del quórum, quedó superado pasadas las 14:00 gracias al acompañamiento en bloque de los sectores que suscribieron el pedido de sesión. La base de 130 legisladores se consolidó con la asistencia perfecta de La Libertad Avanza y el PRO, junto a los bloques de Innovación Federal, la UCR, Independencia, MID, Producción y Trabajo, y La Neuquinidad.

La sesión levantó temperatura, Cecilia Moreau impugnó la conducción de Martín Menem, acusándolo de "pasarse de vivo" al dar por aprobado el Plan de Labor mediante una maniobra apresurada a mano alzada. En medio de un clima de extrema hostilidad y ante las interrupciones de las bancadas oficialistas y aliadas, la diputada no retrocedió y lanzó un duro "cállense monigotes", logrando finalmente que se pusiera en consideración la moción de reconsideración.

Aunque el número no alcanzó para frenar el esquema de la sesión, el foco de su crítica estuvo puesto en la claudicación de los sectores de origen peronista o radical que hoy facilitan el quórum: “Usted está pasándose de vivo... Este bloque y otros no tenemos dos tercios, pero igual vamos a pedir la reconsideración porque, aunque perdamos, lo vamos a hacer con la frente en alto, evitando que hoy se consuma la traición de que aquellos que sean despedidos cobren su indemnización en cuotas. Ustedes, los que entraron en nombre de Yrigoyen o del campo nacional y popular, van a convalidar un retroceso en la vida de los trabajadores”, fustigó Moreau.

Tras las acusaciones, se impuso la visión de La Libertad Avanza y el correntino Lisandro Almirón comenzó con la lectura del dictamen de mayoría argumentando la necesidad de avanzar con el texto enviado por el Senado: "El proyecto actualiza la legislación laboral, remueve las distorsiones que afectan la creación de empleo formal y mejora la competitividad del mercado laboral", afirmó, defendiendo la norma como una herramienta de previsibilidad para las empresas.

Una protesta realizada este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional terminó con incidentes luego de que fuerzas de seguridad intervinieran para desalojar a los manifestantes mediante el uso de camiones hidrantes. El operativo se desplegó tras registrarse empujones y lanzamientos de objetos, en un contexto de alta tensión política y social.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes en las inmediaciones del Congreso como parte del paro general contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, pese a que la conducción de la CGT había llamado a una huelga sin movilización. También hubo manifestantes de las dos CTA y de sectores de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo policial fue dispuesto para garantizar la circulación y evitar daños al edificio. Pasado el mediodía, se registraron los primeros cruces entre manifestantes y efectivos de seguridad, cuando algunos sectores intentaron avanzar sobre el vallado perimetral.

La protesta realizada este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional terminó con incidentes. Crédito: NA

Algunos de ellos arrojaron botellas y palos contra las fuerzas de seguridad e intentaron derribar una de las vallas. Pese a la intervención, continuaron los disturbios y las fuerzas utilizaron gases para contener la situación. En ese marco, la Policía decidió avanzar con un procedimiento de dispersión utilizando camiones hidrantes.

Pasadas las 18, un grupo de manifestantes logró derribar las vallas del operativo de seguridad. Luego de eso, los agentes lograron acomodar las vallas y lanzaron gases lacrimógenos. En este sentido, personal de la policía aplicó el protocolo antipiquetes, sacando las vallas y buscando detener a los manifestantes.

Testigos en el lugar señalaron que el agua fue utilizada para despejar la calzada y obligar a los manifestantes a retroceder hacia las veredas, mientras continuaban los forcejeos aislados. No se informaron oficialmente heridos de gravedad, aunque sí se reportaron personas asistidas por personal sanitario por irritación ocular y golpes leves.

Desde los grupos que participaron de la protesta se denunció un uso excesivo de la fuerza y se cuestionó el accionar policial. Voceros de las organizaciones afirmaron que la manifestación se desarrollaba de manera pacífica hasta que comenzó el avance de los efectivos. “La gente estaba reclamando y la respuesta fue la represión”, expresaron en declaraciones a medios presentes en el lugar.

En cambio, desde las fuerzas de seguridad se sostuvo que el procedimiento respondió a una situación de desborde. Indicaron que hubo intentos de romper el cerco montado alrededor del Congreso y lanzamiento de botellas y otros objetos, lo que obligó a intervenir para restablecer el orden.

El episodio se dio en un contexto de protestas recurrentes en la zona del Congreso, donde suelen confluir reclamos sindicales, sociales y políticos cada vez que se debaten proyectos sensibles en el recinto.

La situación generó además un fuerte impacto en el tránsito del microcentro y zonas cercanas. Crédito: NA

Los incidentes vuelven a poner en foco la relación entre las fuerzas de seguridad y las manifestaciones públicas en el centro porteño. Mientras sectores oficialistas insisten en la necesidad de garantizar el funcionamiento del Parlamento y la libre circulación, desde organizaciones sociales advierten sobre una política de endurecimiento frente a la protesta.

La situación generó además un fuerte impacto en el tránsito del microcentro y zonas cercanas, con desvíos y demoras durante varias horas. Hacia la tarde, la mayoría de los manifestantes se retiró del lugar y el operativo comenzó a desactivarse de manera progresiva.

Lo ocurrido frente al Congreso refleja el clima de conflictividad que atraviesa la agenda política nacional. En un escenario marcado por reclamos sociales y debates legislativos sensibles, la gestión de la protesta vuelve a ser un punto central de discusión entre autoridades y organizaciones, con el desafío de equilibrar el derecho a manifestarse y el mantenimiento del orden público.

Por Gonzalo Zentner (El Litoral)

La tensión política de este jueves mantendrá candente el foco político y mediático en el Congreso y sus adyacencias. Dentro del recinto de Diputados se debatirá el proyecto que llegó con la media sanción del Senado de Reforma Laboral. Fuera, se lleva a cabo el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei.

La CGT lo anunció días atrás y lo confirmó ni bien se supo que este mismo jueves el proyecto entra en discusión en el recinto. Si bien no llamaron a movilizar, los aparatos sindicales (con la novedad del acompañamiento del sector del transporte de pasajeros) dejarán a la vista el rechazo a la gestión libertaria.

En materia de movilidad, no habrá trenes, subtes, colectivos ni vuelos durante la medida de fuerza. La paralización total del transporte público y aéreo condicionará el funcionamiento de múltiples actividades, tanto en grandes centros urbanos como en el interior del país.

En el ámbito deportivo, los cuatro partidos previstos por el Torneo Apertura de fútbol serán reprogramados. La suspensión responde a la imposibilidad de garantizar traslados, operativos de seguridad y logística en el marco del paro.

El sistema bancario permanecerá cerrado, tanto en entidades públicas como privadas. Solo estarán disponibles las operaciones a través de homebanking y cajeros automáticos, por lo que no habrá atención al público en sucursales.

El sector comercial adhiere a la medida, aunque la apertura de locales dependerá en gran medida de la disponibilidad de transporte para empleados y clientes. En consecuencia, podría registrarse un funcionamiento dispar según la zona y la actividad.

También se sumarán el turismo, el sector hotelero y la gastronomía, lo que afectará reservas, excursiones y servicios vinculados a la actividad turística. En ciudades con alta circulación de visitantes, se prevé una merma significativa en el movimiento.

El sindicato de Camioneros confirmó su adhesión, por lo que no habrá recolección de residuos, distribución de correspondencia ni transporte de cargas. Esta situación podría generar demoras en la logística y el abastecimiento.

En tanto, los puertos permanecerán cerrados durante 48 horas, con impacto directo en la operatoria de exportaciones e importaciones.

En el área de salud, la adhesión implicará que solo funcionarán guardias mínimas y servicios de urgencia, garantizando la atención ante situaciones críticas pero con suspensión de turnos programados.

En la administración pública, se anunció movilización con adhesión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Desde el Gobierno se informó que se descontará el día a los empleados estatales que no concurran a sus puestos de trabajo.

El alcance de la medida anticipa una jornada con actividad reducida en buena parte del país y con efectos que podrían extenderse más allá del día del paro, especialmente en sectores logísticos y portuarios.

Como contó El Litoral, el presidente viajó este miércoles a Estados Unidos para participar del primer encuentro de la “Junta de la Paz” impulsada por Donald Trump.

La delegación que acompañó al presidente está integrada por su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. La agenda se ciñe a la presencia en el lanzamiento del organismo que fue creado por la administración republicana bajo el argumento de la necesidad de mediar en conflictos bélicos y, en particular, para abordar la reconstrucción de Gaza.

En ese contexto, Milei dejó entrever su postura frente al paro sindical. Replicó mensajes sobre el cierre de Fate y sobre la medida gremial publicó: “¿Conspiranoico yo? Fin.”

Mauro L. Muñoz

Este jueves desde las 14 habrá sesión extraordinaria en Diputados para tratar el proyecto de Modernización Laboral, luego de que el oficialismo lograra dictamen de mayoría en un plenario de comisiones atravesado por el paro general de la CGT como telón de fondo.

La citación fue rubricada por Martín Menem, titular de la Cámara baja, mientras se realizaba el Plenario de las comisiones de Legislación y Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que tuvo en primera instancia la exposición de invitados y luego la discusión de los legisladores.

En lo que se espera será una jornada maratónica, el objetivo del Gobierno es dejar aprobado el proyecto para devolverlo al Senado y ratificar el texto, de manera que la ley quede lista antes del 1° de marzo, cuando Javier Milei pretende exhibirla como “promesa cumplida” en la apertura de ordinarias del Congreso de la Nación.

En el arranque del plenario de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, el jefe de bloque libertario Gabriel Bornoroni anunció que el dictamen de mayoría replicaría la media sanción del Senado “con la excepción de la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad”, un punto que detonó rechazo durante el fin de semana largo y empujó al Gobierno a ceder para no perder apoyos.

Así, del proyecto de 219 artículos que fue aprobado en la Cámara alta, el despacho mayoritario lo dejó en 218. La consecuencia reglamentaria indica que si Diputados aprueba esa versión, el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva. De suceder de esa manera, la intención del oficialismo sería sesionar el viernes de la próxima semana.

Lisandro Almirón y "Bertie" Benegas Lynch presidieron el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto previo a la sesión. Foto: HCDN.

El dictamen de mayoría reunió 44 firmas de La Libertad Avanza, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia. El PRO y el MID acompañaron, pero en disidencia por un capítulo que siguen queriendo reabrir: la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. Por el contrario, Unión por la Patria y la izquierda presentaron dictámenes propios, al igual que Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

El oficialismo estima que contará con la asistencia de los bloques que firmaron la convocatoria, que le permitiría asegurarse una base de quórum de 130 diputados. Del otro lado, avisaron que no darán quórum Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; mientras que el interbloque Unidos sugirió que no prestará asistencia en el llamado.

El proyecto de modernización laboral avanza en Diputados, pero enfrenta oposición por la eliminación del artículo sobre licencias por enfermedad. Foto: HCDN.

En el bloque libertario aseguraron que no cederán cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones y otras obligaciones, que se nutriría con contribuciones mensuales del 1% de las remuneraciones brutas por trabajador en grandes empresas y 2,5% en PyMEs. Ese punto es otro de los que concentra objeciones de aliados y dialoguistas, como también la derogación de estatutos profesionales.

En tanto, desde Unión por la Patria, Germán Martínez describió el trámite como “desprolijo” y advirtió: “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. La izquierda directamente habló de “ley esclavista”. Y, desde el universo judicial, se anticipó un complejo escenario post sanción: “Si se aprueba la reforma, las disputas se trasladarán a los tribunales”.

La jornada estará marcada por el paro nacional convocado por la CGT, cuyos popes prometieron que se va a "sentir fuerte". A eso se suma que desde sectores de izquierda llamaron a movilizarse al Congreso, que estará rodeado por efectivos de seguridad con la aplicación del protocolo antipiquetes, con un protocolo especial dedicado a la prensa, según adelantó el Ministerio de Seguridad.

Al plenario asistieron los tres secretarios generales de la CGT —Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— ratificaron la huelga y cuestionaron una reforma a la que calificaron de “regresiva”. Solá apuntó contra el concepto de modernización: “¿Qué moderniza? No se habla de robótica, de nuevas tecnologías o IA, ni de nuevos modos de relaciones de trabajo. Se habla de quita de derechos y de debilitamiento de derechos colectivos”. Y luego apuntó al Fondo de Asistencia Laboral (FAL): “Se bajan los aportes patronales y se crea el FAL, implica una transferencia de $ 6.000 millones anuales”.

El debate sobre la reforma laboral también enfrenta reproches por la derogación de estatutos profesionales, la contemplación de trabajadores de plataformas y el pago de salarios vía billeteras virtuales. Foto. HCDN.

El plenario transcurrió casi ninguna alocución del oficialismo, solo con la excepción de Lilia Lemoine cargando contra expositores. Los principales cruces se dieron al discutir sobre los trabajadores de plataformas. El director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, definió a los repartidores como “independientes” y dijo que el proyecto otorga "cobertura y un piso para toda la actividad” con “la posibilidad de elegir el día, la hora y el lugar de conexión es el principal atributo” garantizando así "la soberanía del tiempo". Esto le valió las críticas de los referentes de la CGT por fuera de los micrófonos.

También se refirió al respecto el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa: "Los rappi según esta ley son emprendedores, pero yo lo único que veo en la calle son personas en muchos casos mayores de edad que andan en bicicleta por la calle con una caja y sin ningún tipo de protección... Esto parece más una vuelta a la esclavitud que una ley de modernización laboral", manifestó y generó los reproches a viva voz de parte del bloque libertario.

En otro tramo, Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, se refirió al artículo que quedó excluido en el Senado y por el cual insiste el bloque del PRO. “Argentina necesita una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y económica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que en ese mismo proceso haya quedado excluido del debate un artículo que introducía mayor libertad y competencia: la libre elección de acreditación salarial”, sostuvo.

Otro artículo que fue discutido fue el que impulsa la derogación seis meses después de sancionada la ley de los estatutos profesionales, entre ellos el del periodista profesional, principalmente por parte de los legisladores de Unidos. “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección. La prórroga aparece como una manera de los diputados y senadores de no hacerse cargo de lo que votan”, acusó la representante de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi.

La iniciativa recibió respaldo de parte de Santiago Mignone, presidente de IDEA, el instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir”, evaluó. “Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”, cerró.

Mauro L. Muñoz

La ley que el Gobierno quiere mostrar como trofeo el 1° de marzo ingresó a Diputados con un asterisco. El artículo 44 de la reforma laboral condiciona los tiempos del oficialismo en el Congreso.

La Cámara de Diputados retoma actividad este miércoles a las 14 cuando está convocado un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto para tratar la media sanción del proyecto de Modernización Laboral que llegó desde el Senado de la Nación. De conseguir el dictamen, la sesión está prevista para el jueves 19 desde las 14, donde se espera otro debate maratónico.

Tras el feriado largo de Carnaval, el oficialismo concentra en los últimos días hábiles de febrero sus principales ejes de extraordinarias: reforma laboral y régimen penal juvenil. Pretende que las leyes queden listas para que Javier Milei la exhiba como “promesa cumplida” en la apertura de ordinarias del domingo 1° de marzo.

Si sale con cambios, el plan B ya está sobre la mesa: devolverla al Senado y forzar una última sesión de cierre antes de que se apague febrero. Para eso, la pieza administrativa fundamental llegó el viernes a la noche: se extendieron las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, un día más que el cierre original. La comunicación fue suscripta por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Ignacio Debitt.

El principal escollo al que se enfrenta el oficialismo en la Cámara baja para aprobar la reforma laboral es el artículo 44, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y recorta las remuneraciones previstas para las licencias por accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral.

Tal como salió del Senado, el artículo 44 fija que el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración si la imposibilidad de trabajar fue producto de “una actividad voluntaria y consciente” que implicara riesgo en la salud, por tres meses (o seis si tiene personas a cargo). Y eleva ese monto al 75% si no se trató de una conducta voluntaria sobre el riesgo. La redacción, además, no distingue de manera explícita entre un cuadro leve y enfermedades graves o degenerativas.

La reacción, esta vez, no llega solamentedesde la oposición más dura. Los bloques aliados que el Gobierno necesita para que la reforma no se convierta en un boomerang, slaieron a expresar su disconformidad con la redacción.

Este martes por la tarde, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, lo dejó escrito en sus redes sociales: “La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, posteó.

Ritondo del PRO y Zago del MID expresaron sus diferencias en X.

En el mismo sentido se expresó Oscar Zago, del MID: “Hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”, dijo y agregó: “La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.

Asimismo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue más explícito todavía sobre el impacto humano del texto: “Nadie elige accidentarse o enfermarse”, sostuvo al anticipar que los diputados de Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca “no van a votar” ese artículo. Y completó el diagnóstico con una línea que duele en un debate laboral: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Sáenz aclaró que los diputados salteños de su partido no convalidarán el artículo 44.

En el oficialismo, lo que al principio fue una defensa cerrada del artículo empezó a ceder con el paso de las horas. La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que salir a reconocer un traspié, pocas horas después de haber argumentado su redacción. “Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades, lo reconozco”, dijo en una entrevista televisiva. Y amplió, con crudeza de quirófano: “Nos pasó, porque tomamos la estructura de la vieja que no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El reconocimiento fue la muestra de la salida práctica que ensayará el oficialismo: corregir el artículo y sostener el resto del texto. Así, el cambio buscaría excluir expresamente a las enfermedades “graves o degenerativas”. En la entrevista, Bullrich adelantó que el Gobierno evalúa sostener la licencia con goce de sueldo, pero condicionada a una “corroboración concreta y fehaciente”, terminando con "la mafia de los certificados truchos".

En términos reglamentarios, el conflicto del artículo 44 amenaza con volver atrás el proyecto, extendiendo su tratamiento en el Congreso. Es que, si Diputados modifica el texto, debería volver al Senado y proteger “el trazo grueso” del proyecto. Por eso, el Gobierno buscará que ceder en esa única modificación, consensuada en el plenario del miércoles y refrendada el jueves en el recinto.

De prosperar, la hoja de ruta propuesta es convocar un plenario en el Senado para emitir un nuevo dictamen inmediatamente el texto regrese y dejarla lista para una sesión final antes del cierre de extraordinarias. Sin embargo, el debate en Diputados también tiene otros menesteres. Por ejemplo el PRO insiste desde hace tiempo con la incorporación de billeteras virtuales como método de pago de salarios en el artículo 35.

De todas formas, el oficialismo se declara optimista para sancionar la ley sin otras modificaciones. Sabe que el problema no son los aliados “principales”, sino que aparezcan voluntades de la oposición dura para abrir el texto y sumar cambios en cadena.

En ese sentido, el titular del bloque peronista, Germán Martínez recalcó que si Diputados introduce cambios en el artículo sobre licencias por enfermedad, el proyecto deberá regresar al Senado. "Es una ley negativa que no tiene un artículo a favor de los trabajadores (...) el resto de la ley es tan horrible como el artículo de las licencias por enfermedad", dijo.

Y rechazó las estrategias que el Gobierno ensaya para obviar una eventual ratificación: "Pueden decir que el Gobierno se comprometió a vetar. Si alguien le cree al Gobierno que va a vetar un artículo porque salga (Manuel) Adorni, (Julio) Cordero, alguien a anunciarlo, me parece un despropósito. A este gobierno no se le puede creer nada".

(Por María José Valdéz y Leonardo Botta) - La diputada nacional Gisela Scaglia acompañó la apertura de sesiones en la provincia y dejó una lectura política clara del discurso del gobernador Maximiliano Pullaro: un mensaje “contundente”, con balance de gestión, explicación de decisiones difíciles y proyección hacia los próximos años.

La dirigente valoró especialmente el contexto simbólico de la jornada, marcada por la primera apertura un 15 de febrero tras la reforma constitucional provincial. Señaló que el cambio de fecha expresa una política más activa, con mayor cercanía al ritmo social y a las demandas de gestión.

Scaglia sostuvo que el discurso combinó rendición de cuentas y mirada estratégica. Destacó que el gobierno provincial viene dando respuestas a problemas estructurales y que el rumbo elegido busca consolidar transformaciones institucionales en seguridad, educación y administración pública.

La diputada destacó el enfoque estructural del discurso del gobernador.

La diputada afirmó sentirse orgullosa del gobierno que integra su espacio político y subrayó que las decisiones adoptadas responden a compromisos asumidos públicamente. Puso como ejemplo la emergencia previsional, recordando que el Ejecutivo cumplió al asegurar que no se extendería más allá del plazo previsto.

También defendió el enfoque integral de la gestión educativa. Señaló que la discusión no debe limitarse a los salarios, sino abarcar condiciones de aprendizaje, infraestructura escolar y políticas pedagógicas sostenidas.

En ese sentido, destacó el trabajo en programas de alfabetización, el fortalecimiento del sistema educativo y la intención de mejorar el bienestar general dentro de las escuelas. Para Scaglia, ese enfoque estructural es uno de los ejes centrales del proyecto provincial.

La legisladora insistió en que el mensaje del gobernador reflejó justamente esa lógica: un Estado que no solo responde a urgencias, sino que busca transformar de fondo el funcionamiento de la provincia.

En el plano nacional, anticipó que su bloque impulsará un dictamen propio sobre reforma laboral.

En el plano nacional, la diputada anticipó que su bloque impulsará un dictamen propio en el debate sobre la reforma laboral. Explicó que consideran necesario discutir cambios en la legislación del trabajo, pero advirtió que el proceso debe construirse con diálogo y escucha.

Scaglia planteó que cualquier reforma debe contemplar las distintas realidades productivas y sociales del país. Aseguró que su espacio acompañará propuestas de modernización, pero también propondrá modificaciones en aquellos puntos que consideren problemáticos.

Remarcó que la construcción de consensos será clave para evitar una reforma parcial o sin legitimidad política. Según señaló, el objetivo es alcanzar una norma que combine actualización normativa con estabilidad institucional.

La diputada concluyó que el desafío político será equilibrar la agenda provincial, marcada por las reformas estructurales, con la discusión nacional sobre empleo y desarrollo económico.

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de este jueves, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

Los tres representantes de la provincia de Santa Fe tuvieron su voto dividido, pero acompañando la tendencia de sus respectivos bloques.

Acompañando la propuesta del gobierno nacional, los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical del partido Juntos por el Cambio, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, votaron a favor. En contra, llegó el voto de Marcelo Lewandowski del Frente de Todos dentro del bloque Unión por la Patria

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Votos Afirmativos (42)

El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.

Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.

Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.

Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.

Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.

El Gobierno nacional vivió una jornada de júbilo tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación.

Pasada la medianoche, una vez consolidado el resultado positivo en el recinto, el oficialismo dio rienda suelta a una celebración que combinó mensajes institucionales de fuerte tono político con gestos de distensión y unidad entre las figuras centrales de La Libertad Avanza y sus aliados estratégicos.

Desde la cuenta oficial de Javier Milei no tardó en reaccionar. El mandatario calificó el desenlace parlamentario como un hecho "histórico", señalando que esta reforma representa un "quiebre con décadas de estancamiento y un sistema que solo generaba pobreza". Para el Ejecutivo, este paso legislativo es la piedra angular para fomentar la inversión privada y la creación de empleo genuino.

Minutos después de la votación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en X donde celebró la media sanción como una herramienta para actualizar un sistema que "durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal".

El texto subraya que esta reforma marca el fin de la "industria del juicio" y devuelve la previsibilidad y libertad al mercado de trabajo, adaptándolo a los cambios tecnológicos actuales.

Asimismo, el presidente de la Nación agradeció a los senadores que "comprendieron el mandato expresado en las urnas" e instó a la Cámara de Diputados a realizar un tratamiento rápido de la medida para consolidar este cambio histórico.

Mientras el tablero marcaba el final de la votación, el clima en las inmediaciones del Senado reflejaba el alivio oficialista.

En un video que circuló rápidamente por redes sociales, se pudo observar a las principales espadas políticas del Gobierno en un clima de camaradería. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, encabezó los festejos junto a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre risas, abrazos y felicitaciones, se sumaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y figuras parlamentarias clave como el diputado de Pro, Diego Santilli, quien acompañó el proceso desde las gradas.

Esta imagen de unidad buscó enviar un mensaje de fortaleza política, mostrando un frente consolidado entre el núcleo duro de Milei y los sectores del Pro que garantizaron el éxito de la iniciativa.

Con la reforma laboral aprobada, el oficialismo se prepara para acelerar su reglamentación. Los ministros presentes en el Senado coincidieron en que este es el punto de partida para una serie de transformaciones estructurales.

Bullrich tuvo el discurso final y luego se procedió a la votación, que arrojó un triunfo: 42 votos a favor y 30 en contra.

La jornada cerró con una sensación de triunfo total en Balcarce 50. Para el Gobierno, haber destrabado la discusión laboral en la Cámara Alta representa su mayor éxito político desde el inicio de la gestión, consolidando un nuevo mapa de alianzas en el Congreso.