Mariela Goy 

El gremio de la docencia pública, Amsafe, anunció un paro y movilización provincial para el próximo jueves 5 de septiembre, día en que la norma propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para la reforma jubilatoria será tratada en el Senado. De recibir media sanción, pasará a la Cámara de Diputados. El sector de la docencia ya había expresado su rechazo al proyecto porque modifica el sistema opcional docente.

Si bien aún se está evaluando si será concentración o marcha, la movida tendrá como lugar de protesta la Legislatura de la provincia. Además, desde el sindicato explicaron que no se requiere de votación de la docencia porque, por resolución de la última asamblea provincial, se habilitó a tomar acciones a la comisión directiva ante la intención de reforma del sistema previsional.

"El gobierno provincial dice que no se modifica la edad jubilatoria, pero es mentira. La edad jubilatoria se modifica solamente para un sector: el docente. Y no alcanza a todos, sino sólo a las mujeres. Eso es lo que se propone: que una compañera trabajadora de la educación, en vez de jubilarse a los 57 años con 30 años de aportes y el 82%, se va a tener que jubilar a los 60 años", justificó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial.

El texto del Mensaje del Ejecutivo dice que podrán acceder a la jubilación los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo que tengan 60 años de edad y acrediten 30 años de servicio docente. "Esto cambia solamente para las mujeres, porque los docentes varones actualmente se jubilan con 60 años", aclaró el titular de Amsafe.

El proyecto aclara, asimismo, que para el caso de los docentes que están frente al aula o se desempeñan en cargos directivos o de supervisión y que tengan 57 años de edad y 30 de servicio, también podrán obtener el beneficio. Alonso indicó que "lo que no dice públicamente el gobierno es que con 57 años, si estás frente a alumnos o sos director o supervisor, te vas a jubilar solamente con el 76%, y no con el 82%".

Alonso añadió que, por ende, el mensaje está modificando el régimen opcional y advirtió que "además, se trata de una ley nacional. Es decir, este régimen opcional no es un invento ni de la Amsafe ni de la provincia de Santa Fe. Muchos de los legisladores que en el 2011, por ejemplo, deseaban una modificación a ese régimen opcional, que es la compensación, son también legisladores o funcionarios ahora y justamente pensaban en una modificación del sistema jubilatorio que vaya en línea con garantizar derechos a los trabajadores. El de ahora es un proyecto que nos quita derechos".

Además, se quejó porque el proyecto establece un aporte solidario que los beneficiarios de la Caja (actuales o futuros) deben realizar sobre el total del beneficio que perciben, con descuentos que van del 2% al 6%.

"Un compañero que recién se inicia ya tiene que aportar el 1% más y así sucesivamente. Un compañero que se jubila, va a tener que aportar el 2% a partir de los 730 mil pesos, por este 'aporte solidario' que en verdad es un criterio de solidaridad totalmente cuestionable", fustigó el dirigente, tras cuestionar también que "se modifica la movilidad, que ahora es a los 60 días".

-¿Usted estuvo como representante gremial en la comisión de análisis previsional? ¿Se habló algo de estas reformas?

-Sí la integré, pero esa comisión no tiene nada que ver con lo que es este proyecto de ley. Ahí se hizo un trabajo de analizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, nada más. Si era para redactar un proyecto, nosotros no la íbamos a integrar, porque ya teníamos una resolución de asamblea que decía claramente que el sistema jubilatorio no debía modificarse. En esa comisión presentamos un informe que está basado en tres elementos: uno jurídico, otro económico y otro pedagógico. Y lo que acordamos, justamente, era mantener el sistema solidario de reparto estatal y que se iban a respetar los regímenes especiales. Y acá lo que están haciendo es modificar los regímenes especiales.

-¿Por qué cree que el Gobierno va por esta modificación? El argumento más difundido es que, así como está el sistema hoy, la Caja no es sustentable.

-Sobre eso nosotros tenemos algunos datos que nos parece preciso aclarar. Primero, que la mayoría de ese déficit tiene que ver con una deuda que tiene la Nación y que en verdad lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia es exigirle a la Nación que envíe los fondos. El segundo dato -que surge también de la discusión en la comisión- es que en los últimos dos años el déficit en la Caja de Jubilaciones disminuyó. Y el tercer dato es que el déficit en la Caja, sin tener en cuenta lo que tiene que enviar la Nación, es el 1% del ingreso de la provincia. O sea que nosotros sostenemos que no era necesario ninguna modificación en el régimen jubilatorio. Si la provincia tiene dificultades económicas -que no las tiene porque ya el propio ministro de Economía salió a hablar de superávit-, lo que debía hacer es una reforma tributaria, para que paguen los que más tienen, o sea, los grandes grupos económicos que son los que andan muy bien con este programa económico. Y no seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores que somos los que andamos muy mal.

En tanto, desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), comunicaron que “rechazan” el proyecto de reforma previsional, puesto que “avasalla los derechos conquistados por el colectivo docente”.

El jueves próximo se movilizarán a la Legislatura Provincial “para exigirle a las y los senadores que voten en favor de los trabajadores santafesinos”.

La resolución del Sadop consiste en una jornada de protesta para el próximo jueves 5, mientras que decretan un paro provincial para el día en que sesione la Cámara de Diputados de la provincia, donde se definirá si dan sanción definitiva al proyecto, de aprobarse primero en el Senado.

El presidente Javier Milei vetó este viernes la ley de reforma jubilatoria que se había aprobado la semana anterior en el Congreso.

El mandatario ya estampó su rúbrica en la noche de este viernes, aunque recién el lunes se publicará su resolución en el Boletín Oficial.

Como se preveía, Milei firmó el decreto luego de haberse reunido hoy en la Casa Rosada con los bloques de diputados dialoguistas, quienes le dieron su respaldo para el veto.

Del encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido del propio mandatario.

Durante la reunión, el Presidente se entrevistó primero con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para después pasar a una cita "ampliada" con el resto de los legisladores que integran esas bancas.

Fuentes oficiales indicaron a esta agencia que Milei detalló ante los legisladores los motivos del veto y buscó garantizarse los dos tercios necesarios para evitar que la oposición parlamentaria pueda restablecer la ley.

De esta manera, el mandatario logró sumar los respaldos necesarios de la oposición dialoguista para contrarrestar las intenciones de algunos bloques parlamentarios de mantener firme la actualización jubilatoria después del anuncio de la impugnación.

El 1° de marzo se inició el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Eso significa, en pocas palabras, que desde esa fecha, además de considerarse en las sesiones de Diputados y del Senado proyectos enviados por el Ejecutivo nacional, los legisladores y legisladoras podrán impulsar sus propias iniciativas.

En las últimas horas se conoció el pedido del bloque Hacemos Coalición Federal para una sesión especial en Diputados el próximo 13 de marzo a las 12 con el objetivo de debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La bancada que preside Miguel Ángel Pichetto propuso como único proyecto en el temario el que presentaron legisladores de la Coalición Cívica -integrantes del bloque- que propone actualizar los haberes previsionales mensualmente por inflación.

La solicitud lleva la firma de Emilio Monzó, Nicolás Massot, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros. El proyecto no cuenta con dictamen de comisión, por lo cual se requieren dos tercios de los votos para habilitarlo dentro del recinto; un trámite, tal cual explica el sitio web especializado Parlamentario.com, que no resultará sencillo sin acuerdos previos. No obstante, la intención es adelantarse al oficialismo, cuando todavía no se sabe de qué manera el Poder Ejecutivo reflotará la ley ómnibus.

La novedad de la convocatoria se conoció un par de días antes de que se concrete la reunión de gobernadores (o al menos de algunos de ellos) con parte del gabinete nacional luego de semanas de tensión y en el marco del llamado presidencial a participar del Pacto de Mayo. Se espera que el contenido de la "ley ómnibus" estará en la mesa de conversaciones, junto con (o como condición de) alternativas de un alivio fiscal para las provincias.

El de HCF no es el único proyecto en línea con uno de los temas más acuciantes de la economía cotidiana de millones de personas, como es el de los haberes jubilatorios. También impulsa una iniciativa en esa línea la diputada del Pro, María Eugenia Vidal. El proyecto prevé sustituir el artículo 32 de la Ley 24.241 por uno que diga que "el índice de movilidad se ajustará mensualmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) calculado por el INDEC. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno".

"Adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicará el siguiente aumento: un 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) entre los meses de diciembre de los dos años previos", agrega la modificación, que concluye aclarando que "si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado".

En caso de ser aprobado el proyecto, y siempre según el sitio especializado en temas legislativos, se establece que "a los fines de la aplicación por primera vez del mecanismo de movilidad previsto, se tomará como mes de referencia el último considerado para el cálculo del índice de movilidad aplicado por última vez con anterioridad a la sanción de esta ley".

El proyecto de Vidal es acompañado por sus pares del Pro Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Daiana Fernández Molero, Emmanuel Bianchetti, Gabriela Besana, Marilú Quiroz, Héctor Baldassi, Martín Maquieyra, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro y Germana Figueroa Casas.

Consultado sobre el tema, este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni coincidió en que "la fórmula jubilatoria debe discutirse, forma parte de una discusión amplia, y debe generar consenso generalizado porque (su aplicación) va a exceder a este gobierno". Aunque aclaró, respecto de la iniciativa de Coalición Federal, que "tenemos otro camino legislativo".

El tema vuelve a la agenda legislativa junto con el dato que reveló el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que asimila casi la mitad de la reducción del gasto público primario a la fuerte licuación de las jubilaciones durante el primer bimestre del año.

Cientos de miles de personas tomaron este lunes las calles en Francia para exigir la derogación de la reforma jubilatoria y conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, y más de 200 manifestantes fueron detenidos y casi 50 policías heridos en incidentes en París y otras ciudades.

Los manifestantes portaban carteles con leyendas contra el presidente Emmanuel Macron y la decisión de elevar por decreto la edad jubilatoria de 62 a 64 años, la cual desató una serie de jornadas agitadas en el país europeo.

Estiman desde la CGT que 2,3 millones de personas participaron de más de 300 marchas en toda Francia, incluyendo 550.000 manifestantes en París, pero el Gobierno rebajó la cifra a 728.000 en todo el país y unos 120.000 en la capital.

Aunque las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, la Policía francesa se enfrentó a manifestantes en varias ocasiones a lo largo de la jornada en París, Nantes y Lyon.

En París, manifestantes arrojaron objetos contundentes a la Policía, que respondió con gases y algunas cargas sobre la multitud, según imágenes de canales de televisión locales.

Al menos 68 manifestantes fueron detenidos en la capital y diez policías resultaron heridos, dijo el Ministerio del Interior en un comunicado. La nota agregó que 200 personas fueron detenidas en toda Francia en el marco de las protestas.

En Nantes, en el oeste de Francia, dos autos fueron incendiados, 29 manifestantes fueron detenidos y 24 policías resultaron heridos, dijo el ministerio.

El desfile del 1 de mayo en Nantes reunió a 17.500 personas según la policía y unas 80.000 según la CGT.

La policía local reprimió a manifestantes y la prensa. Crédito: Timothee Forget / Reuters.

En Lyon, en el sur de Francia, al menos cuatro autos fueron incendiados y se destrozaron o vandalizaron marquesinas, negocios, fachadas de bancos, compañías de seguros y agencias inmobiliarias.

Las autoridades informaron de 40 detenciones en Lyon y de 15 policías heridos, uno de ellos grave. Seis manifestantes también sufrieron lesiones leves.

Laurent Berger, líder del sindicato francés CFDT, habló en Radio France Info de una jornada “histórica”, con todos los sindicatos unidos por primera vez desde 2009.

“Este 1 de mayo también sirve para decir que queremos que se pongan en la agenda nuestras aspiraciones: alzas salariales, igualdad entre mujeres y hombres, mejora de las condiciones laborales y considerar los temas ambientales”, dijo su par de la CGT, Binet, a France 2.

Otras protestas contra la reforma jubilatoria tuvieron lugar a lo largo del fin de semana y provocaron incluso interrupciones y cortes en el tráfico aéreo del país, con cerca del 30% de vuelos cancelados.

Los sindicatos en Francia están decididos a continuar la lucha contra una reforma “injusta” que consideran que castiga a las mujeres que interrumpieron su carrera para cuidar de los hijos, y para quienes empezaron a trabajar muy jóvenes.

Este lunes se intensificaron las protestas. Crédito: Benoit Tessier / Reuters.

Sus miradas están puestas en el Consejo Constitucional que el miércoles debe decidir si valida un pedido de la oposición de izquierda para organizar un referéndum que limite la edad de jubilación a 62 años. El organismo ya rechazó una primera propuesta similar.

Macron, que defiende la reforma como una manera de evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, busca por su parte relanzar su segundo mandato hasta 2027. Pero en sus visitas por Francia no deja de tener abucheos.

Uno de los puntos de su hoja de ruta para superar la crisis social actual es negociar una mejora de las condiciones laborales y, en este sentido, su primera ministra, Élisabeth Borne, quiere reunirse con los sindicatos en los próximos días. Pero estos encuentros podrían quebrar la unidad sindical.

Berger, del sindicato moderado CFDT, dijo que acudiría a la cita si se le invita, mientras que Binet, de línea más dura, subrayó que lo decidirán “juntos” este martes por la mañana.

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la sesión iniciada este lunes el proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social, que entre diversos puntos, aumenta la edad jubilatoria de 60 a 65 años.

Con media sanción en Diputados, se espera su aprobación este martes en el Senado. Se trata de una reforma impulsada por el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

La iniciativa recibió 54 votos afirmativos de un total de 97, provenientes de la coalición de gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) y con oposición del Frente Amplio.

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El informe en mayoría, presentado por el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, recuerda que la reforma de la seguridad social constituye la concreción de un compromiso político asumido por la coalición durante la pasada campaña electoral. También que una reforma de este tipo fue considerada necesaria por parte de todo el sistema político para garantizar la sostenibilidad del sistema.

“Todos sabemos que el gasto público en pasividades en Uruguay es excesivamente alto, y la situación tiende a empeorar con el paso del tiempo” porque “si no se hace nada”, los recursos destinados al Banco de Previsión Social (BPS) pasarán de 8,4% del PBI a 9,6% en 2050, advierte el informe, citado por Jisdonian.

En base a las modificaciones, los contribuyentes del país oriental deberán continuar con el aporte del 15% de su salario, pero con la división del 10% al Banco de Previsión Social (BPS) y el restante 5% a la AFAP (Administradora de Fondos de Ahorro Previsional). Hasta el momento, los trabajadores que ganan más de cierta remuneración y optan por el ahorro individual aportan 7,5% al BPS y 7,5% a la AFAP.

Por acuerdos entre el oficialismo y el partido Cabildo Abierto (CA), se aceptó la baja de 25 a 20 mejores años trabajados para calcular la jubilación –un cambio que costará 300 millones de dólares, es decir el 0,3% del PBI, y la retirada de los artículos que permitían a las AFAP invertir en el exterior.

Respecto al pedido del Partido Colorado, se obtuvo la disminución gradual del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y una nueva escala de edad de jubilación de acuerdo a la cantidad de años aportados (a los 63 con 38 de aportes y a los 64 con entre 35 y 37 de aportes).

Con una edad promedio de retiro que hoy está en los 60 años, a partir de esta ley quedará fijada en 61 años para los nacidos en 1973, aumentando en forma escalonada un año para finalizar en los 65 años para los nacidos a partir de 1977. La causal anticipada por retiro prevé 30 años trabajados a la fecha de vigencia de la ley, o 40 o más años de servicios computables para los nacidos a partir de 1973.

Junto a la @IntersocialUY y el @PITCNT1 el 25/4 todos al Palacio Legislativo! https://t.co/9uheg0ZDGD

— Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) April 24, 2023

Desde la central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, se convocó para este martes a un paro general de 24 horas con movilización. Medida que se mantiene en concordancia a las tomadas durante el mes previo.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que está previsto que “todas las ramas de actividad” paralicen sus actividades en el marco de una jornada de huelga que, opinó, será “amplia” y “contundente”, incluyendo los sindicatos del transporte, la educación y la salud.

“Esto es una demostración de protesta y al mismo tiempo un acto importante con todas las organizaciones sociales”, indicó el referente sindical uruguayo. Luego detalló que los trabajadores se concentrarán sobre las 16.00 horas en inmediaciones al Palacio Legislativo.

Con el avance del proyecto, se estima que los reclamos escalen, pero sin alcanzar niveles comparables a los masivos disturbios registrados en Francia, algo que llegó a ser evaluado en el gobierno uruguayo.

Los mayores riesgos que si atraviesa la gestión de Lacalle Pou se relacionan con las elecciones presidenciales 2024 y los acuerdos con partidos como Cabildo Abierto, los cuáles se han resquebrajado aún más tras el debate de la reforma jubilatoria.

Pocas horas después de recibir el aval de la justicia constitucional, Emmanuel Macron promulgó la reforma jubilatoria pese al rechazo de los sindicatos y la oposición.

El Consejo Constitucional francés validó ayer el retraso de la edad de jubilación a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa.

Los sindicatos alertaron que Francia vive una “crisis democrática”, después que el presidente decidiera a mediados de marzo adoptar por decreto su impopular ley, al temer perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta.

El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, afirmó: “Decidimos promulgar la Ley a menos de 24 horas de la decisión del Consejo Constitucional como es el caso para todas las leyes económicas y la misma entrará en vigor en septiembre próximo. Le pedimos a los franceses que hagan un esfuerzo y acepten esta reforma”.

Tras el dictamen del Constitucional, se registraron incidentes en varias ciudades como París, donde hubo 138 detenidos. En Rennes (oeste), se incendió la puerta de una comisaría y, en Marsella (sureste), hubo disturbios en la estación de trenes.

“Macron quiere intimidar a toda Francia de la noche a la mañana”, lamentó el líder opositor de izquierda, Jean-Luc Mélenchon. “La lucha por la revocación de la ley es ahora una cuestión de dignidad”, añadió.

“¡Qué provocación! Nueva fanfarronada de Macron mientras el país nunca estuvo tan fracturado”, escribió en su cuenta de Twitter Marine Tondelier, líder del partido Europa Ecología Los Verdes (EELV).

?Cette promulgation dans la nuit,

Mais quelle provocation !

Nouvelle fanfaronnade d’Emmanuel Macron, alors que le pays n’a jamais été autant fracturé.

C’était vraiment le moment…

Tout en disant vouloir apaiser : de qui se moque-t’il ?#Promulgation

— Marine Tondelier (@marinetondelier) April 15, 2023

Las centrales sindicales, punta de lanza desde enero de las protestas, ya convocaron una “movilización excepcional” el 1º de mayo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, para marchar contra la reforma.

Los opositores están decididos a continuar y se aferran a un antecedente no tan lejano: en 2006, las protestas obligaron al Gobierno del entonces presidente Jacques Chirac a no aplicar un polémico contrato para jóvenes, pese a estar promulgado.

El 3 de mayo, el Constitucional debe pronunciarse sobre una petición de la oposición de izquierda para organizar un referendo sobre limitar la edad de jubilación a 62 años, tras rechazar el viernes una primera solicitud similar.

Más allá de la reforma, que de acuerdo al Ejecutivo es para evitar un déficit de 13.000 millones de euros en la caja de las pensiones para 2030, el presidente se juega también poder aplicar su programa durante su segundo mandato hasta 2027.

En abril de 2022, Macron fue reelegido con un 58,5% de votos frente a Marine Le Pen, pero la actual crisis benefició a la ultraderechista en los sondeos, a pesar de que su oposición a la reforma fue menos activa que la de la izquierda.

Diez mil toneladas de desechos estaban acumuladas este viernes en las calles de París a causa de una huelga de los basureros contra la impopular reforma jubilatoria del presidente francés, Emmanuel Macron, que finalmente fue aprobada el jueves por decreto.

La nueva estimación, superior a las 7.600 toneladas de principios de semana, se dio a conocer después que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, afirmara que las requisiciones de huelguistas estaban funcionando, en referencia a la medida que obliga a los trabajadores esenciales a volver a sus puestos de trabajo.

“Desde hoy, desde esta mañana, esta requisición funciona y permite recolectar esta basura”, dijo en la cadena RTL Darmanin, aunque el entorno de la alcaldesa socialista Anne Hidalgo lo desmintió, al afirmar que “no salió ningún camión del lado público”.

Los empleados municipales del servicio de recolección de basura iniciaron hace 12 días una huelga y el bloqueo de los incineradores de la capital en protesta contra el proyecto del mandatario liberal que contempla retrasar gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Estos garantizan la recogida de la mitad de los 20 distritos de París, mientras que el resto está a cargo de empresas privadas, que siguieron trabajando y algunas firmaron contratos para limpiar las zonas afectadas.

“No hemos tenido ningún camión en los distritos con recogida pública”, confirmó Delphine Bürkli, alcaldesa del distrito IX, quien pidió movilizar al “ejército para despejar las calles”.

Los trabajadores de este sector se declararon decididos a continuar con la medida de fuerza hasta el lunes.

“Los basureros tienen doce años menos de esperanza de vida y siete años menos los empleados del alcantarillado. Con dos años más vamos a morir en el trabajo”, alertó Frédéric Aubisse, un alcantarillero de 54 años.

Los franceses y las francesas salieron a la calle hoy en la séptima jornada de protestas contra la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, a quien los sindicatos le han pedido reiteradamente que “consulte al pueblo” antes de seguir adelante con la iniciativa.

Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. El rechazo se plasmó en una serie de masivas protestas desde el 19 de enero y unas huelgas en los transportes y el sector de la energía.

Sin embargo, por el momento estas acciones no lograron la retirada del proyecto, que se debate actualmente en el Senado (cámara alta) y deberá aún pasar por la Asamblea Nacional (cámara baja) para un voto final.

“Es la recta final”, dijo Marylise Leon, la secretaria general adjunta del sindicato CFDT. “Todo se juega ahora”, declaró en una entrevista a la emisora Franceinfo.

La tensión sobre la reforma alcanzó su máximo nivel esta semana tras las negativas de Macron a reunirse con representantes de los sindicatos, lo que provocó un “gran enojo”, según Philippe Martinez, líder del sindicato CGT.

“Cuando hay millones de personas en las calles, cuando hay huelgas y todo lo que obtenemos de la otra parte es silencio, la gente se pregunta: ¿Qué más tenemos que hacer para que se nos escuche?”, dijo el líder sindical, pidiendo un referendo sobre la reforma de las pensiones.

“Ya que está tan seguro de sí mismo, el presidente de la República debería de consultar al pueblo. Veremos cuál es la respuesta del pueblo”, propuso.

“Imploro a quienes dirigen este país que salgan de esta forma de negación del movimiento social”, insistió su homólogo de la CFDT, Laurent Berger.

La policía prevé que entre 800.000 y un millón de personas acudan durante la jornada a las 230 protestas organizadas a lo largo del territorio.

Poco después de las 17.30, la CGT estimó a AFP que unas 300.000 personas se manifestaron en la capital, mucho menos que el martes, cuando tuvo lugar la última protesta.

Los gremios franceses se manifestaron una vez más en contra de la reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron. Los manifestantes alegan que los planes de elevar la edad jubilatoria es una amenaza a todo el modelo social.

Se trata de la sexta jornada de huelga contra la reforma jubilatoria desde el 19 de enero en la segunda economía de la Unión Europea (UE). Los huelguistas bloquearon la expedición de combustible de todas las refinerías

Según los sondeos, dos de cada tres franceses se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

El Gobierno plantea que elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población.

La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.

En esta nueva jornada los sindicatos esperan sacar “más de dos millones” de personas a la calle.

Con el servicio de trenes y el transporte público de París “muy perturbados”, el gobierno llamó a los franceses que puedan a trabajar desde casa.

Sin embargo, con un 60% de los maestros de educación infantil y primaria en huelga y miles de escuelas cerradas, muchos de ellos se vieron obligados a buscar alternativas para el cuidado de sus hijos.

Una quinta parte de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y alrededor de un tercio de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto de Orly.

Se esperaba que no hubiera trenes a Alemania y España, y los que van y vienen de Gran Bretaña y Bélgica se reducirán en un tercio. Mientras que la mayoría de los trenes de alta velocidad y regionales no funcionan.

Aunque el objetivo es bloquear la economía, el impacto económico de las huelgas será “limitado”, según los analistas del banco ING, para quienes, incluso en caso de largos bloqueos, no será superior a 0,2 puntos porcentuales del PIB.