A partir de la nueva reforma electoral de Santa Fe, queda instaurado por ley el Registro Público de Autoridades de Mesa. La metodología ya se venía utilizando como herramienta a la que echaba mano la Secretaría Electoral para contar con una suerte de "banco de suplentes" en caso de que se produjesen deserciones importantes.

A partir de ahora, según el artículo 60 de la norma, se creará el "Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa en el ámbito de la Secretaría Electoral". Estará destinado a "facilitar la selección de personas capacitadas para desempeñar esa función en los procesos electorales provinciales y municipales". El organismo electoral, plantea la norma, tendrá a su cargo "la administración, actualización y funcionamiento del Registro".

La inscripción será voluntaria, gratuita y permanente; y podrá realizarse por medios digitales o presenciales. Podrán anotarse las personas electoras que cumplan los requisitos establecidos en este Código para ser autoridad de mesa y aprueben la capacitación impartida o reconocida por la Secretaría Electoral. Dicho organismo publicará en su sitio web la nómina de personas inscriptas en el Registro que se encuentren en condiciones de participar del proceso de selección.

Dentro de los diez días corridos siguientes a la publicación, las agrupaciones políticas reconocidas para participar en el proceso electoral podrán formular observaciones fundadas respecto de las personas inscriptas en el Registro. Pero no se admitirán impugnaciones infundadas, preferencias o pertenencias políticas atribuidas a la persona postulante.

Recibida una observación, el Juez Electoral correrá traslado a la persona postulante por el plazo de tres días corridos para que ejerza su defensa y acompañe la prueba que considere pertinente. Vencido el plazo, el Juez Electoral resolverá mediante decisión fundada dentro de los tres días corridos. La resolución debe notificarse a la persona postulante y a la agrupación política que formuló la observación.

Según la ley, para la designación de autoridades de mesa "se dará preferencia a las personas inscriptas en el Registro que hayan cumplido la capacitación y no se encuentren alcanzadas por observaciones admitidas o inhabilidades". La inscripción no generará derecho a ser designado. Cuando el número de personas registradas resulte insuficiente, pueden designarse otras personas electoras que cumplan los requisitos establecidos por este Código.

En otro orden, la normativa recientemente sancionada y promulgada estipula la creación de un "Sistema de consulta y gestión de afiliaciones". La autoridad de aplicación implementará una plataforma digital destinada a la consulta individual de afiliaciones partidarias, la gestión de renuncias o desafiliaciones y la detección de irregularidades en los registros de afiliación.

Toda persona electora tendrá derecho a conocer su situación registral partidaria, la agrupación política a la que se encuentre afiliada y los demás datos que determine la reglamentación. La plataforma deberá permitir, además, "la renuncia o desafiliación de manera simple, gratuita y accesible, produciendo efectos desde su presentación, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que correspondan".

La reforma electoral sancionada recientemente en la Legislatura ratifica pautas establecidas en la vieja normativa respecto de la difusión de encuestas y sondeos electorales, y modifica otras que regirán a partir de la próxima elección.

La ley plantea que “toda encuesta electoral y su difusión debe indicar expresamente la identificación de la persona humana o jurídica que la realizó, la fuente de financiamiento y la persona que la encomendó, la metodología empleada, el tipo y tamaño de la muestra, el tema concreto al que refiere, las preguntas específicas formuladas, las personas candidatas por las que se indagó; el área territorial o geográfica; la fecha o período en que se realizó, y el margen de error aceptado.

En el artículo 151 se plantea la prohibición de difundir “encuestas, sondeos preelectorales o proyecciones sobre el resultado de la elección desde siete días antes de la iniciación del comicio, durante el desarrollo del mismo y hasta cinco horas después de su cierre”.

La norma amplía la ventana temporal de vigencia de la prohibición; a partir de ahora, serán siete días en tanto que con la anterior legislación, eran sólo cinco.

La difusión de encuestas en períodos no permitidos redundará en la aplicación de sanciones monetarias.

Según el texto de la norma, “toda persona física o jurídica que publicara o difundiera encuestas, sondeos preelectorales o proyecciones sobre el resultado de la elección durante el período de prohibición establecido en el Código será sancionada con multa de 50 a 100 JUS”.

El artículo introduce una modificación en los montos de las multas y en la manera de estipularlas; la ley anterior las planteaba de “hasta cien mil pesos”, en tanto que con la reforma y la incorporación del JUS como método para establecer el valor, los montos podrán ascender hasta los 14 millones de pesos.

Ello, en caso de que la autoridad de aplicación (Juez Electoral) se haga eco de la norma, ya que según pudo saber El Litoral, con la legislación anterior, prácticamente nadie era multado por la difusión de encuestas fuera de término.

En el marco de la discusión legislativa, el PRO había sugerido, incluso, que directamente no se limitase la difusión de las encuestas; proponía que fuese “libre” durante todo el proceso electoral, sin condicionamientos temporarios y ni sanciones.

El artículo 152 del Código Electoral también prohíbe “de manera absoluta” la publicidad y propaganda electoral, cuyos mensajes propugnen “la incitación a la violencia, la discriminación o discurso de odio por cualquier causa o razón, la animosidad que incite a la destrucción de bienes o atenten contra la integridad física de las personas, y la difusión de información falsa o engañosa relativa a la fecha, lugar, modalidad, requisitos o condiciones para emitir el sufragio; a la organización, desarrollo, fiscalización, escrutinio provisorio o definitivo del acto electoral; o a cualquier otro aspecto esencial del proceso electoral, cuando resulte idónea para generar confusión pública, desalentar la participación o afectar la integridad del comicio”.

A partir de la reforma electoral sancionada este jueves por el Senado, serán obligatorios los debates públicos para los candidatos a gobernador, en la previa de las elecciones generales. El objetivo, según plantea la norma, será "dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de las agrupaciones políticas, promoviendo un voto informado y una mayor transparencia en los procesos electorales".

La organización de la actividad estará a cargo del Juez Electoral. Dicha autoridad deberá determinar la sede, la fecha, el formato, la duración y las reglas de participación. Asimismo, el juez encomendará la organización técnica a universidades con sede en la provincia o a entidades de reconocida trayectoria en la promoción de la democracia. La fecha de realización debe establecerse conforme el Cronograma Electoral, dentro de los quince días previos al comicio, procurando que no se superpongan los debates de las distintas categorías ejecutivas.

Los ejes temáticos del debate se definirán "mediante un mecanismo de participación ciudadana abierto, transparente, inclusivo y vinculante que garantice a la ciudadanía la posibilidad de proponer y priorizar asuntos de interés público".

Deberá ser transmitido en vivo y en forma simultánea por los servicios de comunicación audiovisual situados en la provincia, las plataformas digitales oficiales y los medios que dispongan su retransmisión. La misma será de acceso libre y gratuito. Además, deberá garantizarse la accesibilidad mediante subtitulado, audiodescripción e intérprete de Lengua de Señas Argentina.

Si el candidato no asistiera al debate electoral, el espacio físico que le hubiera sido asignado permanecerá vacío e identificado con su nombre y apellido, a fin de dejar constancia de su ausencia.

La reforma electoral también plantea las pautas para el financiamiento de las campañas políticas en Santa Fe. Se prevé que dichos fondos deberán depositarse en una cuenta bancaria única por agrupación política, abierta en una entidad financiera reconocida por el Banco Central, a la orden conjunta del responsable económico-financiero y del responsable político de campaña.

Respecto de las fuentes de financiamiento, se plantea que los recursos de las agrupaciones políticas podrán provenir "de los aportes del Fondo Partidario Permanente que destine el presupuesto provincial; de los aportes de personas humanas afiliadas o simpatizantes; y de los aportes de personas jurídicas de derecho privado, en las condiciones que establezca la reglamentación".

En cambio, estará prohibido que las agrupaciones políticas reciban aportes de personas humanas, jurídicas, gobiernos, entidades u organismos públicos extranjeros; de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar, servicios públicos concesionados o sean contratistas del Estado provincial o municipal; de personas anónimas; de entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales, interestatales, binacionales, multilaterales o municipales; y de personas humanas inhabilitadas para ser candidatas, en los términos del artículo 46 de la nueva norma.

Respecto de la rendición de cuentas, la nueva ley amplía el plazo de 30 a 45 días para que las agrupaciones políticas que hubieran intervenido en la elección, presenten ante el Juez Electoral un informe detallado de los ingresos y egresos producidos en la campaña electoral, acompañado de un estado de origen y aplicación de fondos debidamente documentado. Asimismo, deberán presentar un listado completo de las personas humanas y jurídicas que hubieran realizado aportes económicos, detallando datos de identificación, monto y fecha del aporte. Esta información debe ser publicitada por el Juez Electoral.

El acuerdo entre el oficialismo y la enorme mayoría de la oposición con representación parlamentaria que había logrado Diputados siete días atrás, se repitió este jueves 27 de agosto en el Senado de la Provincia de Santa Fe para sancionar un nuevo Código Electoral, que contiene 297 artículos.

La Cámara alta alteró el orden de la sesión y adelantó el tratamiento del expediente venido de Diputados, donde fue votado por 43 legisladores frente a solo 4 que se opusieron. Como en el cuerpo de 19 bancas ninguna pertenece a los bloques que se expresaron por la negativa (el Frente Amplio para la Soberanía y el unipersonal “Inspirar”) se produjo sin sorpresas el apoyo de todos los senadores en el tratamiento en general.

El presidente del bloque de senadores de la UCR, Rodrigo Borla, propuso el tratamiento sobre tablas y con la Cámara en Comisión para poco después de iniciada la sesión.

Pasadas las 16.40 se dio sanción definitiva a la norma que había votado la otra Cámara el jueves pasado.

El debate fue posterior a la votación electrónica y curiosamente comenzó con la argumentación de la oposición respecto del ínfimo porcentaje de artículos que no lograron la unanimidad. En la votación en particular, los cinco senadores del PJ rechazaron el artículo 44 y el presidente de ese bloque opositor, Rubén Pirola, explicó que se establece literalmente "como excepción" a las incompatibilidades el tema de las o los hasta tres vicegobernadores para un mismo aspirante a la Casa Gris.

Tal como sucedió en Diputados, en el Senado los legisladores del PJ criticaron la presencia de ese artículo que contradice según expresaron al resto de la norma. Se sostiene que está hecho a la medida del oficialismo.

Según un recuento hecho por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, de los 279 artículos del nuevo Código solo 17 recibieron votos en contra. En 16 de ellos el resultado fue 18 a 1, porque Rubén Pirola los rechazó pese a la posición de los demás miembros de su bancada, y el artículo 44 contó con los 5 votos opositores del PJ.

La norma establece que “Ninguna persona puede ser inscripta como precandidata en más de una lista o categoría electoral durante el mismo proceso electoral”. Pero en las PASO “una misma persona puede ser inscripta como precandidata a Gobernador en hasta tres fórmulas internas de una misma agrupación política, siempre que cada fórmula sea acompañada por una persona distinta como precandidata a Vicegobernador, con paridad de género. En este caso, cada fórmula constituye una opción electoral autónoma y compite individualmente con las demás fórmulas de la misma agrupación política”.

El esquema tiene sentido solo si ese precandidato a gobernador no tiene competidor dentro de su partido o frente, ya que “los votos obtenidos por las distintas fórmulas internas no se acumulan entre sí, aun cuando se encuentren encabezadas por una misma persona precandidata a Gobernador”.

Además, “la excepción prevista en el presente artículo no habilita la postulación de una misma persona como precandidata a Vicegobernador en más de una fórmula, ni la participación simultánea de una persona en fórmulas”.

Tras la sanción definitiva de la norma que termina con algunos "decretos ley que eran de la época de la dictadura", según destacó Michlig, el senador Rodrigo Borla (San Justo) expresó su satisfacción por el consenso alcanzado y destacó que de esta manera "estamos cumpliendo uno de los mandatos que dejó la reforma constitucional del 25".

El presidente de la bancada de Unidos y titular de la UCR en el Senado destacó la unanimidad y el valor del respaldo a la norma fija las reglas del juego electoral en el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

Por su parte, el senador Esteban Motta (UCR-San Martín), uno de los negociadores permanentes con los diputados, agregó que "este Código viene a modernizar el sistema y a coincidir con el espíritu de la Constitución provincial". En ese sentido, explicó que la nueva normativa busca "compatibilizar el fin de las mayorías automáticas establecido por la reforma constitucional" con "la necesidad de garantizar la gobernabilidad" al dejar en claro qué legisladores respaldan a qué candidatos al Ejecutivo.

Motta también destacó la importancia de que en la nueva boleta única de papel pueda identificarse a los diputados provinciales que están con cada candidato a gobernador y lo mismo con los aspirantes a concejales e intendentes. Valoró el "proceso de construcción de consensos" alcanzado durante el tratamiento. "Con esta aprobación estamos dando un mensaje al país de que se puede construir desde el respeto, aún cuando hay cuestiones particulares en las que no se están de acuerdo", afirmó.

Pirola explicó que se opuso en más de una docena de artículos y señaló que hubiera preferido poder "contar con mayor tiempo para debatir el proyecto que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados" hace apenas una semana.

El senador recordó además que había presentado iniciativas diferenciadas sobre código electoral y partidos políticos, al considerar que "debían ser abordados por separado". También expresó sus diferencias respecto de algunos aspectos vinculados a la "profesionalización" de cuestiones electorales y a la continuidad del sistema de boleta única papel.

Michlig destacó el alcance institucional de la sanción y sostuvo que "estamos dando un paso importante para mejorar la institucionalidad, para generar procesos más participativos y transparentes".

El titular de la Cámara también valoró el modo en que se desarrolló el debate legislativo y remarcó que "acá se da el ejemplo de que las discusiones políticas no se hacen a los gritos, sino desde el diálogo y el respeto, aún cuando se proviene desde frentes políticos diferentes". "Estamos fijando de acá para mucho tiempo el nuevo código electoral y en Santa Fe damos el ejemplo de que desde el respeto construimos para tener más y mejor democracia", concluyó.

La reforma electoral discutida y tratada recientemente en la provincia de Santa Fe (se aprobó en Diputados y es jueves podría aprobarse en Senadores) modifica algunos aspectos de la veda que se impone para partidos políticos antes y durante el acto comicial, y también para la ciudadanía.

El artículo 142 establece que para las elecciones primarias, el inicio de la publicidad electoral en medios audiovisuales se dará veinte días corridos previos al comicio, en tanto que para las generales, dicho período será de veinticinco días.

En cuanto a la veda propiamente dicha, el artículo 143 dispone que comenzará a regir desde las 48 horas previas al comicio y hasta su finalización. Según el texto, "queda prohibida toda actividad de campaña electoral, incluyendo la difusión de propaganda por cualquier medio". La novedad que incorpora la norma es "la prohibición plena para la pauta publicitaria contratada u optimizada en entornos virtuales y plataformas digitales".

Al respecto, se dispone que "durante el lapso de la veda electoral, las agrupaciones políticas y otras personas jurídicas deben suspender la circulación de anuncios pagos". Sin embargo, quedan exceptuadas de esta prohibición "las expresiones de carácter orgánico emitidas por las personas en sus cuentas personales de redes sociales, siempre que no cuenten con patrocinio económico".

El artículo 144, en tanto, dispone qué sucederá con las actividades económicas y gastronómicas, aunque con cierta ambigüedad. La redacción plantea inicialmente que "no se restringe el normal desarrollo de las actividades económicas, comerciales, gastronómicas, culturales, recreativas, deportivas o sociales", pero a continuación, plantea se impondrán "las limitaciones que resulten necesarias para garantizar la libertad del sufragio, el normal desarrollo del acto electoral, el orden público y la transparencia del proceso".

En tal sentido, se especifica que "desde seis horas antes del horario fijado para el inicio del comicio y hasta dos horas después del horario previsto para su finalización, queda prohibida la realización de espectáculos, reuniones, celebraciones o eventos públicos o privados que, por su convocatoria, capacidad o modalidad, impliquen una concurrencia masiva de personas".

También se sigue prohibiendo la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas, cualquiera sea el establecimiento, modalidad o canal de comercialización utilizado. Sin embargo, la nueva ley vuelve menos restrictiva esta condición. Con la norma anterior, la venta de alcohol estaba prohibida desde las 20 del día previo al comicio, hasta las 21 del día de la elección; a partir de ahora, la prohibición regirá desde las 2 de la mañana del día del comicio, hasta las 20 de esa misma jornada.

Durante ese período, los establecimientos comerciales, gastronómicos, culturales, deportivos, recreativos y de esparcimiento pueden permanecer abiertos y desarrollar normalmente sus actividades, siempre que no realicen los actos prohibidos como los mencionados.

Finalmente, el artículo 145 estipula que cualquier persona electora o agrupación política, persona candidata o apoderada puede denunciar ante el Juez Electoral la presunta comisión de actos que constituyan infracciones a las disposiciones sobre campaña, publicidad o veda electoral previstas en este Código. Se admitirán para ello todos los medios de prueba. La resolución que determine la existencia de una infracción debe imponer las sanciones previstas en este Código para la conducta acreditada, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder conforme a la legislación vigente.

¿A quién le conviene la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias? El tema figura con claridad en el proyecto de Reforma Electoral Integral que el presidente Javier Milei envió al Congreso, vía Cámara de Senadores.

Fue en abril y generó ruido de inmediato. Ruido en la oposición y en los sectores dialoguistas, y negociaciones o intentos de acercamiento del Ejecutivo con los gobernadores, que por el momento no aseguran su apoyo.

Por ahora la reforma, que está compuesta por 79 artículos. Tuvo una instancia de presentación oficial en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El texto incluye la reforma del Régimen de Partidos Políticos; la reforma de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley N° 26.571) y sus modificatorias; la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Como así también la reforma del régimen de elección de Parlamentarios del Mercosur; la incorporación del Régimen de Ficha Limpia y la adecuación del régimen de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales.

En concreto, en el artículo 19 propone derogar las PASO, que fueron creadas por ley en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) y se llevaron a cabo por primera vez en 2011.

Frente a la ausencia de las PASO, el anteproyecto estipula que los partidos deberán registrar sus listas de candidatos ante la Justicia electoral con una antelación no menor a 60 días de la fecha de la elección general. Para los comicios legislativos de 2025, las primarias fueron suspendidas en febrero de ese año por única vez.

En los fundamentos se hace un poco de historia sobre las PASO, para recordar que “cuando el 28 de octubre de 2009 se presentó el proyecto que culminó con la sanción de la mencionada ley, se expresó desde un primer momento que se pretendía recoger un reclamo de la ciudadanía en materia de representación política y saldar una deuda pendiente que todo el arco político tenía consigo mismo”.

En particular, en el mensaje que precede al proyecto se adujo que la implementación de las PASO buscaba ser "un paso más” para reducir “la brecha de disociación entre la política institucional y los reclamos sociales".

Pero, afirman, “a casi 16 años desde la sanción de la citada ley, podemos afirmar que, contrario a lo que se pretendía al momento en que se ideó la norma, los años que le sucedieron a su sanción se vieron marcados -salvo algunas excepciones- por un acrecentamiento exponencial del desencuentro entre los reclamos legítimos de la sociedad y la agenda desarrollada por la clase política argentina”.

En este sentido, se logró suspender para el año 2025 el régimen de primarias, “pero es momento de eliminarlo, garantizando así previsibilidad en el sistema y seguridad para los electores”. Asimismo, “constituye un modo de asegurar la correcta libertad de los partidos para que ellos puedan promover sus elecciones internas del modo que entiendan mejor”.

Aquí cita la Constitución Nacional que, en el artículo 38, con relación a los partidos políticos, señala que: "...el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos...".

Tal como surge de los debates de la Convención Nacional Constituyente de 1994 -sigue-, la mencionada disposición se incluyó a fines de dejar en claro que la actividad de los partidos políticos debe estar orientada y delimitada por el respeto a la CN y a la democracia.

Ahora bien, también surge de los debates de los constituyentes que, respetados esos "límites" -más que razonables-, el funcionamiento de los Partidos Políticos tanto en lo que hace a su actividad externa como interna debe contar con el mayor grado de libertad posible.

Esa es una razón que invoca el Ejecutivo para esta reforma. La otra es el costo, que también sobrevoló la decisión de suspender las PASO en las legislativas de 2025.

Volviendo al principio, la pregunta es a quién le conviene la eliminación de este sistema. Luego, si el gobierno tiene los votos suficientes para lograrlo. Y, finalmente: si no se eliminan, ¿la salida podría ser una nueva suspensión o una transformación?

El Litoral buscó la opinión de diputado nacional de La Libertad Avanza,Nicolás Mayoraz; el referente de un sector del peronismo y ex legislador y funcionario nacional Juan Manuel Abal Medina, y del consultor político Carlos Fara para tratar de responderlas y, con ello, identificar los carriles por los que se desenvolverá el debate político e institucional en el futuro inmediato.

El diputado nacional por Santa Fe Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, sostuvo que la postura del oficialismo sigue siendo la de eliminar definitivamente las PASO.

En diálogo con El Litoral, consideró que no son más que “una encuesta cara”, que obligan al electorado a concurrir reiteradamente a las urnas y no cumplen los objetivos con que fueron creadas.

- La Libertad Avanza está impulsando de manera decidida la eliminación de las PASO, pero con fuerte resistencia en el resto del arco político. ¿Cuál es el objetivo de esa medida?

- Nosotros sostenemos la eliminación porque creemos que es una encuesta cara. Que la pagan los contribuyentes. Porque en definitiva funciona como eso. Es, simplemente, ver en qué situación está cada candidato, y no resolver internas. Porque muchos partidos las tienen que resolver de antemano.

Es más, eliminar las PASO favorece las internas, porque facilita las posibilidades. En vez de buscar acuerdos, los partidos vuelcan sus problemas internos a la sociedad. Y la gente, por lo que uno puede ver en la opinión pública, está cansada de votar cuatro o cinco veces en el año.

El año que viene con PASO seguramente tendríamos que votar cinco veces. Entonces, vas a tener dos provinciales, dos nacionales y un posible balotaje. Cinco elecciones. La verdad es que la política no ayuda a que la gente se comprometa y se involucre con los temas.

Va a ser un año que va a arrancar electoralmente en Santa Fe, donde el Gobierno va a adelantar la elección, y desde febrero vamos a estar con listas, y con elecciones en abril y en junio, seguramente.

Después elecciones en octubre, otra vez si hay balotaje. Hay que prestar atención a ese fastidio, ese cansancio que tiene la gente, no es bueno. Entonces, creo que eliminar las PASO va a ser un ahorro, y una solución a un tema que viene planteando la gente. Y es decirle a la política, arreglen sus problemas internamente y no le pasen el costo a la gente.

- ¿Y cómo se resolvería la cuestión de las candidaturas de los partidos, en caso de que no haya acuerdos? ¿Volver a las internas cerradas con voto de los afiliados, internas abiertas pero no obligatorias?.

- Hay varias modalidades. Una es que cada partido político decida de qué manera hacerlas. Si quiere hacerlas abiertas o si quiere hacerlas cerradas solamente con sus afiliados, es decir, los de su padrón. Y si quiere hacerlas abiertas, con qué modalidad.

Algunos partidos están dispuestos a aceptar eso, pero piden algún apoyo logístico del Estado; por las dificultades de llamar a una interna en todo el país sin una apoyatura. Hay partidos que dicen: "No tenemos infraestructura para hacerlas”. Entonces, están pidiendo que no siendo obligatorias, haya algún tipo de control y apoyo estatal, para que la gente se anime y quiera ir a participar.

- ¿Esto es algo que ya se está discutiendo como posibilidad concreta, dentro de los negociaciones para que se vote la reforma?

- No, no. Son pedidos de algunos partidos que empiezan a ablandar posiciones duras. Porque están los que no quieren saber nada con esto, y otros que lo empiezan a analizar de otra manera. Nosotros seguimos con la misma tesitura, que es la eliminación de las PASO. En eso no ha habido cambios.

- En el caso de quienes no aceptan la eliminación de las PASO es porque las ven como la mejor manera de resolver la cuestión de las distintas posturas internas, por lo menos de una manera ordenada y que evite confrontaciones más duras.

- Sí, puede ser. Pensemos en el principal partido opositor. El problema que tienen es que, aparentemente, no pueden resolver su interna de otra manera. Yo creo que lo van a terminar resolviendo. Porque las PASO en su momento fueron un invento de Néstor Kirchner para solucionar un problema coyuntural.

Después de eso, si uno lee el sentido de las PASO que está en los fundamentos de la ley, encuentra que los objetivos que tenía eran muy buenos, pero lo que se consiguió fue todo lo contrario.

- ¿Por qué lo dice?

- Porque las PASO decían: "Vamos a tener que darle mayor protagonismo a la ciudadanía, mayor vida a los partidos políticos; todas esas cosas que no se dieron en absoluto. Estamos lejos de haber logrado eso. Entonces, creo que eliminar las PASO lo que va a hacer es que los partidos pongan en valor sus estructuras, las usen, y presenten sus candidatos como corresponde.

- En Santa Fe, no obstante, hay consenso político para sostener las PASO a nivel provincial.

- Bueno, porque es lo que quiere el Gobierno y en la Legislatura no hay discusión política. Hay una mayoría de Unidos, y Unión por la Patria que no existe hoy por hoy, y acompaña todo. No hay oposición de parte de ellos.

Y se aprueban cuestiones como que los precandidatos a gobernador se postulen con tres vices diferentes. La verdad es que eso es lamentable, y hasta inconstitucional, porque un candidato no puede serlo en simultáneo en distintas listas. Y lo que estamos eligiendo son fórmulas.

- Y a nivel nacional, ¿qué tantas chances ve de que la iniciativa tenga acompañamiento? ¿Cuándo se podría llegar a tratar?

- Todavía no está en discusión formalmente. Las conversaciones están, pero como algo preliminar. Y me parece que vamos a lograr un acuerdo. Y si no, siempre está la posibilidad de suspenderlas por la próxima elección. Siempre hay alternativas, entonces creo que se van a lograr los objetivos.

La reforma electoral aprobada este jueves en la Cámara de Diputados ratifica el sistema de Boleta Única papel como método de votación en la provincia de Santa Fe, pero incorpora modificaciones que impactarán esencialmente en la elección general.

Si la norma es sancionada el próximo jueves por el Senado, uno de los cambios más sustanciales que se registrarán es que en el box de votación ya no habrá cinco boletas (una por cada categoría a renovar), sino tres. Una, agrupará las categorías gobernador y vice, más diputados; otra, contendrá solamente la de senador departamental; y la restante, asociará las categorías locales de intendente y concejales.

En términos gráficos y de diseño, la boleta en la elección general será de lectura horizontal. Y otra de las novedades será la posibilidad de escoger la opción "Voto lista completa". Si la cruz se dibuja en ese casillero, el elector habrá emitido el sufragio a favor de una fórmula gubernamental con su respectiva lista de diputados. En línea horizontal, sin embargo, también tendrá la opción de votar solamente por la fórmula, o únicamente por la lista de diputados, puesto que todas esas posibilidades estarán contenidas en el mismo renglón.

Ahora bien; si el elector no escoge la opción "Voto lista completa" y deja alguno de los casilleros (o los dos) de las restantes opciones sin marca, será considerado voto en blanco. Asimismo, si se votara "lista completa" y en paralelo, otra fórmula para la gobernación o alguna de las listas de diputados que aparecen en el menú, se considerará nulo el voto que repite categoría (si se vota lista completa y una de diputados, por ejemplo, el que se anula es el voto a la categoría diputados).

Según la nueva ley, cada Boleta Única se divide en filas horizontales de igual dimensión, correspondiendo una a cada agrupación política que cuente con listas de candidatos oficializadas. Las filas contienen, de izquierda a derecha, una primera columna destinada a la identificación de la agrupación política; y las restantes, a las opciones electorales comprendidas en cada Boleta Única.

Cada una de ellas, además, identifica en su encabezado las columnas que la integran. Así, en la correspondiente al tramo provincial se leerá "Voto lista completa", "Gobernador y vice" y "Diputados provinciales". En la correspondiente al tramo distrital, en tanto, dirá "Senador departamental"; y en la correspondiente al tramo municipal, se leerá "Intendente y concejales"; o "Intendente y vocales municipales", para el caso de municipios con comisión municipal.

Para la Boleta Única correspondiente al tramo provincial, la primera columna contiene el número de orden asignado a la agrupación política, su símbolo o figura partidaria y la denominación utilizada en el proceso electoral.

La segunda contiene un casillero en blanco para que el elector exprese mediante una única marca su opción por todas las categorías incluidas en la misma fila; y la fotografía color, apellido y nombre completos de las personas candidatas a gobernador y vicegobernador, y de la persona que encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales.

La tercera columna contiene un casillero en blanco para efectuar la opción electoral correspondiente y la fotografía color, apellido y nombre completos de las personas candidatas a gobernador y vicegobernador.

La cuarta contiene un casillero en blanco para efectuar la opción electoral correspondiente, la fotografía color, apellido y nombre completos de la persona candidata que encabeza la lista de diputados provinciales, y los apellidos y nombres de las dos personas candidatas titulares siguientes.

La reforma incorporó la posibilidad de elegir en los comicios de 2027, a los futuros estatuyentes que dictarán las cartas orgánicas de las diferentes ciudades. Será la única instancia en la que se permitirán dobles candidaturas.

En los distritos en los que se elijan estatuyentes, se presentarán seis boletas en el momento de las primarias (las cinco categorías que se renuevan en toda la provincia, más la de estatuyentes) y cuatro en la elección general.

Santa Fe avanza hacia un nuevo sistema electoral. La Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción al nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos de la Provincia, una reforma integral que reúne en una sola normativa reglas que actualmente se encuentran dispersas.

El proyecto busca ordenar el sistema, establecer reglas más claras y simplificar la forma de votar. Ahora deberá ser tratado por el Senado provincial para completar su sanción.

Pero, ¿qué cambia concretamente para los santafesinos? Estos son los principales puntos de la reforma.

Uno de los cambios más importantes estará en las elecciones primarias. Una misma candidatura a gobernador podrá presentarse hasta con tres fórmulas diferentes de precandidatos a vicegobernador.

Cada fórmula competirá de manera independiente y sus votos no se acumularán. De esta manera, los ciudadanos podrán intervenir directamente en la definición de quién acompañará al candidato a gobernador en las elecciones generales.

La reforma también establece umbrales para avanzar en el proceso electoral.

Para superar las PASO, las agrupaciones políticas deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente.

En las elecciones generales, en tanto, se fija un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas.

El objetivo planteado es combinar una mayor participación política con un nivel mínimo de respaldo ciudadano para acceder a la representación legislativa.

Otro de los cambios que tendrá impacto directo en el momento de votar es la cantidad de boletas.

En las PASO se mantendrán cinco boletas únicas, una por cada categoría.

En las elecciones generales, en cambio, habrá tres boletas:

Además, en las boletas provincial y local se podrá elegir la lista completa o votar de manera separada cada categoría.

La nueva normativa también amplía las posibilidades para las agrupaciones políticas.

Será posible presentar listas de candidatos a diputados provinciales sin llevar una candidatura a gobernador.

Lo mismo ocurrirá en las elecciones municipales: podrán presentarse listas de concejales sin una candidatura a intendente.

Así, una fuerza política podrá competir por cargos legislativos sin estar obligada a presentar candidatos para los cargos ejecutivos.

La reforma propone además una modificación en la estructura de la Justicia Electoral.

El Código establece un Juzgado Electoral Provincial especializado y permanente, que será la autoridad de aplicación en materia electoral y de partidos políticos.

Según el proyecto, no se crearán nuevos cargos: los puestos serán tomados de la Cámara Contenciosa Administrativa. Además, las decisiones del nuevo juzgado podrán ser revisadas por un tribunal integrado por tres jueces.

La intención es separar con mayor claridad las funciones judiciales, administrativas y operativas y reforzar los mecanismos de control de los procesos electorales.

El nuevo Código no se limita a modificar la forma de votar. También incorpora reglas comunes vinculadas con el financiamiento de las campañas, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y los debates electorales.

Además, contempla medidas relacionadas con la accesibilidad y la participación de personas con discapacidad, dentro de un esquema orientado a fortalecer la transparencia e integridad de los comicios.

El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputadas y Diputados. El próximo paso será su tratamiento en el Senado provincial, que deberá definir si aprueba la iniciativa para que el nuevo Código Electoral complete su recorrido legislativo.

Si finalmente es aprobado, Santa Fe tendrá un único cuerpo normativo que concentrará las reglas electorales y de partidos políticos, con modificaciones que impactarán tanto en la organización de los comicios como en las opciones que tendrán los ciudadanos al momento de votar.

Un prolongado plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con un dictamen sobre el futuro Código Electoral y ley de partidos políticos de la provincia que tiene preferencia para la sesión de este jueves.

El plenario fue avanzando en base al proyecto ingresado por la bancada socialista, tal cual informó El Litoral la semana pasada. En el plenario, la bancada del Frente Amplio por la Soberanía dejó su dictamen de minoría y se retiró de la reunión por entender que todavía Unidos no había acordado un texto.

En el encuentro de legisladores, Unidos y la interbancada justicialista fueron buscando puntos de entendimiento aunque quedaron para minutos antes de inicio de la sesión temas claves como el cuerpo de boletas a utilizar en la elección general, el piso para ingresar al sistema D'Hont de repartos de bancas así como otros aspectos de la futura legislación.

La bancada socialista propuso que en las PASO un candidato a gobernador pueda compartir distintas fórmulas aunque no sumar sus votos, sino simplemente habilitar a que compitan los vices, tema que generó fuertes debates internos entre legisladores de Unidos.

El plenario de las dos comisiones fue encabezado por Lionella Cattalini (PS) y Jimena Senn (UCR) en sus calidades de titulares de Asuntos Constituciones y de Presupuesto y Hacienda.

Uno de los temas acordados con el justicialismo es que en 2027 la autoridad electoral seguirá siendo el Tribunal Electoral con una cláusula transitoria. Es que desde 2029, la tarea estará a cargo de un juzgado electoral cuya titularidad recaerá, por sorteo, en un juez en lo Contencioso Administrativo de primera instancia. La apelación estará también a cargo de tres jueces de ese fuero aún no integrado. De allí la novedad de dejar su actuación hasta 2029.

También las partes dejaron para discutir antes de ingresar al recinto la posibilidad de que el secretario electoral tenga o no acuerdo legislativo cada cuatro años.

El futuro Código Electoral tendrá una base de 260 artículos divididos en cinco libros donde en gran parte se ordena parte de la legislación vigente intentado superar algunas antinomias presentes en la normativa, especialmente en materia de vacancias, financiamientos, vedas electorales, etc.

En cuanto a las diferencias a acordar antes de ingresar al recinto serán los pisos para las PASO (sería 1% del padrón) y para las generales (entre 4 y 5%) más la cantidad de cuerpos de la boleta única en la general.

En el futuro código se respetan institutos como la PASO, Boleta Única, Paridad, Ficha Limpia y se ordena la legislación electoral vigente así como también la de partidos políticos.

A 48 horas de que la reforma electoral llegue al recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el peronismo mantiene contactos informales con el oficialismo a través de algunos de sus legisladores, pero aguarda una convocatoria más orgánica para poder hacer partícipes de la discusión a los diferentes integrantes del interbloque que representa al Justicialismo en el cuerpo.

El PJ tiene su propia iniciativa sobre la temática. Fue ingresada, incluso, antes de que se presentaran los proyectos del oficialismo. El mensaje reúne los principales aspectos a modificar y fija postura sobre los puntos de mayor controversia. Uno de ellos, el umbral de votos a alcanzar para participar de la elección general. El peronismo propone 3,5% del padrón, a diferencia de la recomendación deslizada la semana pasada por Oscar Blando de tomar como referencia los votos emitidos (y no el padrón) para evitar una ley restrictiva y que cercene la participación de las fuerzas minoritarias.

Sin embargo, fuentes del PJ consultadas por El Litoral así como consideraron válido el argumento de no perjudicar a los partidos más pequeños, también advirtieron acerca de la necesidad de encontrar "un equilibrio" para evitar el alto nivel de "atomización" que se genera ya actualmente en la composición del cuerpo y que podría ser mayor aún al haber quedado eliminada la mayoría automática.

El peronismo defiende, por otra parte, el sistema elecciones primarias para la definición de candidatos. Ratifica el uso de la Boleta Única y plantea que se sostengan los cinco cuerpos (uno por cada categoría a renovar), tal como se la viene utilizando.

En otro orden, consideran que el Secretario Electoral de la provincia debe seguir siendo un funcionario de carrera, a diferencia de los proyectos del oficialismo que sugieren una renovación cada cuatro o seis años.

Finalmente, evitan fijar una posición pública sobre una eventual interna entre postulantes a la vicegobernación, con el argumento de que tal opción no ha trascendido el nivel de las conversaciones de pasillo; hasta el momento, no figura en ninguno de los proyectos presentados.

En el plano del oficialismo, maduran algunos acuerdos. Respecto del umbral o piso electoral, más allá de los porcentajes, se plantea ahora la discusión en términos de cantidad de votos. Y se aspira a que la meta sean los 100 mil sufragios. En ese escenario, el porcentaje no sería ni 3,5 como plantea el PJ ni 5 como propone la UCR, sino un valor intermedio que rondaría el 3,7 ó 3,8%.

Respecto del número de boletas, se optaría por tres, un número intermedio entre las cinco que pide el PS y las dos a las que aspira el radicalismo.

En cambio, los temas que prometen discusión hasta minutos antes de ingresar al recinto son la interna entre vices y la elección de estatuyentes. Con respecto a este último punto, uno de los aspectos a definir es si quienes se postulen para la elección de dichos cargos, también podrán competir como postulantes en otras categorías. La elección de estatuyentes debería celebrarse en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

"Nuestra expectativa es que en agosto esté la ley electoral aprobada" dijo Clara García, al finalizar la sesión de la Cámara de Diputados que había sancionado la Ley de Emergencia Hídrica. Al mediodía, el senador Felipe Michlig, a cargo del Poder Ejecutivo, había marcado agosto como fecha para el tratamiento del tema en ambas cámaras.

Cuando García hacía declaraciones en el hall legislativo, algunos legisladores de Unidos -especialmente socialistas y radicales- volvían a reunirse en oficinas de la Legislatura puliendo el texto que pretenden llevar al recinto el jueves venidero en Diputados. Una vez acordado el tema en Unidos avanzarán con el justicialismo y los otros sectores políticos que tiene la Cámara Baja.

Para mediados de la semana venidera se hará un plenario de los partidos y legisladores que conforman Unidos para dar el acuerdo final al texto.

"Es una ley trascendente" dijo García ante los periodistas. "Cuando reformamos la Constitución Provincial quedaban algunas leyes, una veintena de ellas, por ejemplo, la ley de municipios, algunas de seguridad y la futura ley electoral. Hay siete proyectos en Diputados", marcó la presidenta. Los bloques radical, socialistas, justicialistas, la izquierda, el Pro y Uno son firmantes de las iniciativas.

"Hay voluntad política de todos los espacios que conformamos la Legislatura en hacer planteos" destacó la titular de Diputados. "Se está trabajando fuertemente. Estamos cerca de tener los mayores consensos, sobre todo pensando en una Santa Fe que no va a tener reelecciones indefinidas, cuyos, ahora intendentes, no van a tener que estar corriendo en elecciones cada dos años, sino cada cuatro. En una Legislatura en la que la Cámara que presido, ya no va a tener la mayoría automática que acompaña al gobernador, sino que va a reforzar la vida democrática a través de la presencia de las minorías. Santa Fe va a tener, así como tiene una Constitución de vanguardia, tendrá una ley electoral que también lo será", anticipó.

Ayer, Diputados optó por dejar de lado los temas controvertidos y enfocar los esfuerzos en repasar punto por punto la elaboración del proyecto. La base del esqueleto de trabajo de Unidos es el proyecto de la bancada socialista.

Cuando se le preguntó a García sobre dónde están las diferencias, optó por destacar la búsqueda de consensos. "Hay puntos en los cuales algunas pertenencias políticas tienen alguna diferencia, pero hasta ahora siempre hemos llegado a a buenos puntos. Déjame sí reforzar algunos que nos importa destacar: Santa Fe sí va a seguir teniendo las PASO, Santa Fe sí va a seguir teniendo boleta única y Santa Fe sí va a seguir teniendo paridad entre varones y mujeres".

Eludió responder sobre las diferencias en los llamados pisos electorales para ingresar al reparto de bancas en la futura Cámara de Diputados donde la lista ganadora de la categoría no tendrá ya 28 de las 50 bancas. El socialismo propone un piso del 3% del padrón, la UCR un 5% al igual que los senadores del PJ. "Se está trabajando. Soy una ferviente defensora de la vida democrática y de la presencia y espacio de todas las minorías, porque me parece que eso enriquece todo los debates", marcó la titular de la Cámara.

Después sobre la cantidad de boletas únicas en la edición general. "Hay distintas posturas según sean las PASO o las generales. Creo que la experiencia de Santa Fe de fortalecer no solo los cargos que suelen hacer de motor o de tractor, sino de fortalecer las pertenencias locales está muy tomada por la ciudadanía y hay que respetarla. Esa es una manera de crecimiento de espacios políticos que a lo mejor comienzan de a poco y van ascendiendo en la carrera de la gestión pública".

Por último García destacó que el objetivo es tener la ley antes de terminar agosto. El tema tiene preferencia para el jueves venidero en Diputados. El Senado, en tanto, no sesionará ese día y lo hará recién el 27 del corriente.

El gobernador presidirá este lunes la reunión de gabinete semanal que, excepcionalmente, se realizará en la ciudad de Recreo, en la sede del ISEP. La elección del lugar físico no es casual ya que buena parte del temario estará asociada a la seguridad.

La intención del encuentro, según pudo saber El Litoral, es repasar la formación que actualmente reciben las fuerzas policiales, justamente, en las instalaciones del Instituto. Asimismo, revisar el estado de ejecución de las diferentes obras de infraestructura que el gobierno desarrolla, por ejemplo, en materia de política carcelaria y construcción de nuevas dependencias policiales.

Maximiliano Pullaro presidirá la reunión de gabinete antes de viajar a Chile, otro de los hechos centrales de la agenda oficial de la semana.

Como se anunciara a través de la vocera, Virginia Coudannes, el mandatario tiene previsto participar en el país trasandino de una serie de actividades para acompañar al sector productivo con una misión institucional y empresarial destinada a avanzar en alternativas logísticas para canalizar exportaciones vinculadas a la minería a través del puerto de Rosario.

Pullaro y el ministro Puccini viajarán la semana que viene a Chile.

La iniciativa, según se informó oficialmente, "forma parte de la estrategia provincial para aprovechar su infraestructura portuaria, ampliar mercados y generar nuevas oportunidades para las empresas santafesinas".

La comitiva estará integrada por Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, además de otros funcionarios provinciales y empresarios.

En simultáneo, también se activará esta semana la discusión en el ámbito parlamentario para avanzar con los proyectos de reforma electoral. El miércoles, a partir de las 16, se prevé un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, para empezar a estudiar los proyectos presentados e intentar llegar a una síntesis.

Hasta el momento, en dicho cuerpo, se han presentado al menos siete iniciativas provenientes tanto del oficialismo como de la oposición. Lo propio sucede en el Senado.

Como se sabe, las modificaciones al sistema electoral actual devienen de la última reforma realizada a la Constitución de la provincia que plantea, entre otros aspectos, contar en Santa Fe con una justicia electoral independiente.

Asimismo, se discute incorporar otros cambios, por ejemplo, al modelo de Boleta Única que se utilizará. Al respecto, hay sectores que promueven mantener los cinco cuerpos (uno por cada categoría a renovar) como ha sucedido hasta aquí; y otros que proponen reducir ese número a dos o tres, asociando en una misma boleta las categorías provinciales por un lado; y las de cargos locales, por el otro.

La Boleta Única provincial. Foto: Pablo Aguirre

También entran en discusión los pisos o umbrales de votos que deberán alcanzarse para pasar a la instancia siguiente en el marco del proceso electoral, y hasta la posibilidad de que los y las aspirantes a la vicegobernación puedan disputar una interna, aun con el mismo candidato a gobernador.

Si se consulta la página oficial de la Cámara Nacional Electoral, se observa que al 30 de junio, la cantidad de partidos políticos por distrito reconocidos sumaban 703 (en Santa Fe, son 45) y los nacionales, 44.

Ese es uno de los puntos en los que se concentra la Reforma Electoral Nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei (bajo la consigna de “terminar con los sellos de goma”), junto a otros aspectos sujetos a negociación, como la eliminación de las PASO, y más controvertidos, como el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Es un nuevo intento de reforma: el primero ingresó con la Ley de Bases, pero fue uno de los capítulos que no prosperó en el Congreso, el segundo volvió al Poder Legislativo en diciembre de 2024 y el tercero logró la sanción de la Boleta Única Papel (BUP) que ya tenía debate previo.

En la reforma actual cada capítulo incorporado en los 78 artículos del proyecto oficial, que está en manos del Senado pero aún sin dictamen, merece un análisis en particular. El del número de partidos habilitados para competir también.

Pero, ¿cómo se constituye un partido político?

“La creación de un partido político implica el cumplimiento de una serie de procedimientos ante el Juzgado Federal con competencia electoral del distrito en el que se pretenda actuar. Al respecto, se define la existencia de dos instancias en el proceso de creación que marcarán dos momentos en el

 reconocimiento de la personería jurídico-política”, dice la norma electoral.

La instancia más importante establece la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón.

Ahora, ¿cómo se constituye un partido político nacional? Los partidos reconocidos en cinco o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el juzgado federal con competencia electoral e inscribirse en el registro correspondiente.

¿Qué plantea la reforma que impulsa el presidente Javier Milei? Que para obtener la personería jurídico-política en un distrito, se deberán reunir afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón del distrito, con tope de 2.000.000 de inscriptos, además de 50 electores fundadores por distrito, entre otros requisitos. Para no caducar, deben hacer elecciones internas cada 4 años y presentarse a elecciones nacionales. Si en 2 elecciones consecutivas no se presentan, caduca.

Para constituirse como partido nacional, se debe tener personería en al menos 10 distritos (el doble del requisito actual) y afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional.

En síntesis, el proyecto sube de 5 a 10 los distritos necesarios para ser nacional, sube el piso de afiliados y votos para distrito, y agrega controles para evitar partidos sin actividad real o lo que Facundo Cruz llama “cáscaras”.

Cruz disertó en el marco del Curso Intensivo sobre Reformas Electorales a nivel nacional y subnacional. Debates necesarios", que organizó la Universidad Nacional de Rosario.

El politólogo y analista del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICAD) y coordinador de Pulsar, abordó el “Impacto de la reforma electoral nacional en el régimen de los partidos. Listas, partidos y cáscaras. Lo que está bien de la tercera reforma electoral de J. Milei”.

En ese contexto y en un interesante hilo de X, explicó que desde cierta perspectiva, el proyecto tiene impacto positivo en la modificación del régimen jurídico de los partidos políticos, sobre todo en las cláusulas para que los éstos tengan reconocimiento.

Como se dijo, “el régimen actual diferencia entre partidos de distrito y partidos nacionales: los primeros son los que pueden presentar candidaturas a cargos legislativos nacionales (diputados y senadores). Los segundos son los que pueden hacerlo para presidente y vice”.

Hasta ahora, tienen reconocimiento jurídico de distrito aquellos que logran avales partidarios equivalentes al 0,4% del padrón de cada provincia (tope máximo de 1.000.000 de electores). El reconocimiento nacional llega cuando este requisito se alcanza en, al menos, 5 distritos.

Como ya se explicó, la reforma impulsada por el oficialismo de LLA propone que, a partir de ahora, el reconocimiento distrital se alcanza con el 0,5% del padrón (tope máximo de 2.000.000 de electores) y el nacional con 10 provincias.

“Acá, entonces, se abren tres carriles sobre los posibles efectos de este cambio propuesto, expuso Cruz.

El primero consiste en aplicar las nuevas reglas de reconocimiento para los partidos nacionales: “Estos serían los sobrevivientes de las nuevas reglas, si tomamos en cuenta solamente el cambio para este nivel del sistema, quedarían 19 de los 45 vigentes (42%)”.

“Acá estarían todos los que no podrían, a partir de la aprobación y aplicación posterior de la reforma, presentar candidaturas a presidente y vice. Del listado actual, caerían los integrantes del FIT, el espacio de Schiaretti, la estructura de Juan Grabois, el que armó Margarita Stolbizer, y otros históricos como el PI, PDP, UCEDé y PD”.

El partido de Alberto Fernández y el de Miguel Ángel Pichetto ya estarían afuera con la normativa vigente.

El segundo carril consiste en aplicar las nuevas reglas a los partidos de distrito. “En total perderían la personería 193 partidos sobre los más de 700 con reconocimiento actual (27%). El grueso se concentraría en provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Fe, que tiene 44 partidos de distrito: si se aplica la reforma, 4 cumplirían los requisitos y 18 perderían reconocimiento”.

El tercer carril implica que para obtener el reconocimiento de partido nacional “tendríamos que aplicar, primero, el criterio de distrito y después ver cuántos partidos nacionales quedarían en pie a partir de la cantidad de provincias donde se mantendrían con vida”.

Si se opta por este criterio, solo tres espacios políticos podrían competir por la presidencia y vicepresidencia: PJ, UCR y PRO. La Libertad Avanza, por ejemplo, perdería reconocimiento en 20 provincias.

¿Esto quiere decir que todos van a desaparecer y nos vamos a quedar sin representación partidaria? “No necesariamente”, explica Cruz. Primero, la reforma política-electoral de LLA tiene que discutirse, aprobarse y aplicarse siguiendo criterios sensatos de acá a 2027 (o más adelante).

Y segundo, “todos los que quieran sobrevivir tienen que salir a buscar más avales que los que hoy tienen”. Esta tarea, por lo que indica el proyecto propuesto, sería digital a partir de ahora.

En definitiva, se trata de “abrir las estructuras, salir a juntar voluntades y volver a enamorar (al electorado que en cada comicio recorta su participación en las urnas). Para ver si no son cáscaras vacías”.

El domingo 24 de julio de 2011, Santa Fe definió sus poder Ejecutivo y Legislativo para el período 2011/2015 bajo el sistema de Boleta Única y uno de los primeros efectos fue que la fórmula elegida para la gobernación y vice no se impuso en la categoría de diputados provinciales. Era la primera vez que ocurría desde la vigencia de la Constitución de 1962 que previó una mayoría de 28 sobre 50 diputados a la lista ganadora para darle gobernabilidad a la Casa Gris. La situación se repetiría en 2019 donde Omar Perotti - Alejandra Rodenas fueron elegidos pero la mayoría de Diputados fue para el Frente Progresista.

Ese domingo de 2011, el socialista Antonio Bonfatti y el radical Jorge Henn fueron elegidos para conducir la provincia durante los siguientes cuatro año en la continuidad del Frente Progresista. Pero en la categoría Diputados fue la justicialista María Eugenia Bielsa la ganadora arrastrando a una bancada de 28 miembros. Los restantes 22 lugares se repartieron entre el Frente Progresista (15), Unión Pro Federal (6) y Movimiento Sur (1). El justicialismo también se quedó con el control del Senado que venía detentando desde 1987 y que recién se rompió en 2023.

La disociación entre Ejecutivo y Legislativo fue el primer efecto visible del sistema de Boleta Única, sistema de votación en el cual oferta electoral completa de un comicio se concentra en un único impreso oficial, diseñado, distribuido y fiscalizado por el Estado. En el caso de Santa Fe es una boleta por categoría. "El voto cruzado", lo llaman los politólogos.

A diferencia del sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, la autoridad de mesa le entrega al votante una boleta firmada en el momento de votar. El ciudadano marca con una lapicera su opción en un box sin necesidad de sobre, y la introduce directamente en la urna de la categoría.

La Boleta Única tuvo como gran impulsor en Santa Fe al entonces diputado Pablo Javkin (hoy intendente de Rosario); fue votada en forma dividida en la Cámara Joven y sancionada sobre fines de noviembre de 2010 por el Senado cuyos integrantes entendieron las bondades del sistema de la foto. Desde la vigencia de la Boleta Única, la mayoría de los senadores logró reelegir sucesivamente.

La intención legislativa en 2011 era que la ley se utilizara desde la elección general y no en la PASO. El entonces gobernador Hermes Binner vetó ese artículo, el sistema se estrenó en la Primaria y luego se lo usó en la general.

A la hora del decreto reglamentario hubo miradas encontradas en el seno del Frente Progresista entre la postura del Ejecutivo y la de legisladores radicales que postulaban tres boletas únicas: una que contenga los candidatos a gobernador y a diputados provinciales; otra con los senadores en cada departamento y la restante con intendentes y concejales. La postura del Poder Ejecutivo fue cinco boletas, una para cada categoría.

Así el primer efecto fue el aumento del voto cruzado (desacople de categorías) que impactó no solo en la Legislatura sino también en muchos de los concejos municipales. Las cinco boletas le permiten al votante evaluar cada categoría de forma independiente. Se terminó el efecto arrastre, las simpatías políticas han perdido efecto en los últimos años y empezó la personalización de la política favorecido por el diseño de la boleta con fotos de los candidatos que -en muchos casos- tiene mayor visibilidad que el partido o la alianza política.

A Bonfatti le tocó gobernar durante cuatro años con las dos cámaras en manos del justicialismo; a Perotti con Diputados dominada por la oposición y con justicialistas en el Senado.

La boleta y la urna santafesinas.

El tema recobra actualidad cuando en Santa Fe se está discutiendo la futura ley electoral, o el futuro Código Electoral, o Ley de Organización de Partidos Políticos y Régimen Electoral como se titula la iniciativa de los legisladores de la UCR, el partido que desde Unidos conduce el Poder Ejecutivo.

La discusión es una derivación de la reforma de la Constitución del año pasado que quitó la mayoría de 28 integrantes a la Cámara de Diputados y dispuso que los 50 lugares se distribuyan mediante el sistema D'Hont. En adelante, salvo contadas excepciones, los ejecutivos no tendrán mayoría propia en Diputados.

"Las categorías Gobernador, Vice Gobernador; Diputados Provinciales; y la categoría de Senador Provincial se incluirán en la misma boleta única. Las categorías de Intendente y Concejales, se incluirán en la misma boleta única", propone el proyecto radical.

La iniciativa socialista propone unir intendentes y concejales en la boleta y las restantes, todas individuales. Los diputados justicialistas apuntan a mantener las cinco categorías, con excepción de localidades con comisiones municipales donde sugiere llevar en el mismo el intendente y los comisionados.

En las semanas que vienen, el proyecto sobre código o ley electoral será uno de los debates centrales en la Legislatura donde hoy son parte de la Cámara de Diputados tanto Bonfatti como Perotti, los dos gobernadores que desde 1962 al año pasado tuvieron que cumplir sus mandatos sin mayoría propia en esa cámara y que tienen mucho para aportar a la hora del debate.

Santa Fe debatirá reformas en el plano electoral. Foto: Flavio Raina

Uno de los ejes centrales del debate será equilibrar las bondades de la Boleta Única que el ciudadano ha adoptado e incluso también ahora se utiliza a nivel nacional, con la necesidad de fortalecer partidos políticos pero también con el fomento a la participación.

Añadido a la Boleta Única está el tema de los pisos de votos necesarios para entrar a la discusión de distribución de bancas en Diputados y en los diferentes concejos municipales. El piso alto de votos apunta a que la distribución de bancas sea entre menor número de alianzas o partidos; un piso bajo abre más la posibilidad de reparto de lugares en las cámaras y esa es la otra gran discusión de la reforma electoral.

Las tres diputadas del PRO que integran el interbloque de Unidos en la Legislatura de la provincia de Santa Fe ingresaron un proyecto de ley de modernización, transparencia y fortalecimiento del sistema electoral de la provincia.

La iniciativa firmada por Astrid Hummel, Fernanda Castellani y Ximena Sola, entre los principales puntos propone la eliminación de la veda electoral en aquellos aspectos que hoy restringen actividades económicas y sociales; reafirma el principio de Ficha Limpia; transforma en optativa las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; implementa la Boleta Única para las cinco categorías electorales.

Además establece como obligatorio el debate público entre candidatos; establece un financiamiento mixto para las campañas y reglas para dotar de mayor transparencia, modernización y publicidad a todo el proceso electoral.

El proyecto del PRO fija en el 1,5% el piso para las PASO y en el 4 % para la elección general.

La iniciativa dispone que la Provincia garantizará la accesibilidad universal en todas las etapas del proceso electoral, asegurando la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, en cumplimiento del mandato de acción positiva previsto en la Constitución santafesina.

"La accesibilidad electoral comprenderá las dimensiones física, comunicacional, tecnológica y cognitiva del proceso electoral, abarcando la información preelectoral, el acceso al padrón, la asignación de establecimientos de votación, la emisión del sufragio, el escrutinio y toda otra instancia vinculada al ejercicio de los derechos políticos", dice.

El proyecto tiene por finalidad "impulsar una reforma integral del régimen electoral de la Provincia, procurando consolidar un cuerpo normativo moderno, sistemático y coherente que reúna, en un único instrumento legal, los principios, instituciones y procedimientos fundamentales que rigen los procesos electorales provinciales y municipales", señaló Sola a El Litoral.

"El sistema electoral constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano y democrático de gobierno. De la calidad de sus instituciones, de la transparencia de sus procedimientos y de la confianza que genere en la ciudadanía depende, en gran medida, la legitimidad de la representación política y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas", agregó la legisladora.

Aclaró que "la iniciativa no persigue alterar las bases esenciales del sistema electoral santafesino, sino perfeccionarlo, actualizarlo y dotarlo de una regulación más clara, ordenada y consistente, capaz de brindar respuestas a las nuevas realidades políticas, sociales y tecnológicas, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de las reglas electorales y el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía".

Remarcó Sola que "el proyecto procura consolidar un régimen electoral acorde con los desafíos institucionales de la Provincia de Santa Fe, fortaleciendo la calidad democrática, promoviendo una mayor transparencia en los procesos electorales y contribuyendo a la construcción de un sistema político más sólido, previsible y respetuoso de los valores republicanos consagrados por la Constitución Provincial".