Por Luis Rodrigo

Acaso el tiempo, además del sentido común, haya puesto las cosas en su lugar. Finalmente en la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe se ha alcanzado la unanimidad para que también así sea votada una cláusula declaratoria sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Es que en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana hubo todo tipo de esfuerzos para unificar criterios frente a la cuestión, pero hasta este jueves 28 unas diferencias menores dividían las aguas, e impedían que todas las manos de los 69 convencionales se alcen cuando haya que votar a favor de esa reivindicación.

Hasta la jornada de labor de la Comisión Redactora, en la última oportunidad para acordar un solo texto, la realidad mostraba a todos los bloques en una vereda y en otro a La Libertad Avanza, que allí también quería añadir un texto referido a la obligación del Estado nacional de “garantizar” el respeto a los símbolos patrios como la bandera.

Como suele suceder en estos casos, con concesiones de Unidos para Cambiar Santa Fe, Más para Santa Fe, Activemos, Somos Vida y Libertad y el Frente de la Esperanza por una lado, y de la bancada de LLA por otro se llegó a un acuerdo.

Consiste en que la Constitución contendrá lo exigido por los convencionales libertarios pero no en la cláusula referida a Malvinas, sino en otro apartado de la Carta Magna.

Es curioso: hasta la sesión de este jueves 28 había dos dictámenes, uno de mayoría (de todos los bloques menos uno) y otro de minoría (de LLA) en una situación en la que nadie quería dar el brazo a torcer. Lo dicho al inicio: tiempo y sentido común, además de las vivencias de los convencionales al aprobarse ayer los primeros textos que conformarán la nueva Constitución, crearon otro clima y unos y otros se comprometieron a un acuerdo.

En la sesión presidida por Germana Figueroa Casas (Unidos) el oficialismo leyó su texto a manera de propuesta abierta y a continuación formularon acotaciones los convencionales del peronismo Lucía de Ponti y el vicepresidente de la comisión, Alcides Calvo (ambos de Más para Santa Fe). Ella subrayó que debe incluirse la reivindicación soberana de la “proyección antártica argentina” y él que es importante que conste el concepto de “integridad territorial” como en una resolución de Naciones Unidas referida al tema.

La Libertad Avanza, que optó por firmar su propio dictamen en la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo y critica, cuando no impugna, en los plenarios de los 69 convencionales cada paso que da la Reforma, tuvo con el tema de las islas una posición diferente. Nestor Fandos dijo que sería muy negativo “si no se lograra llegar a la unanimidad” y mostró su predisposición a acordar.

La modificación del reglamento pedida por Activemos (a lo que se opuso únicamente LLA) permitió a las comisiones elaborar dictámenes por temas, por grupos de artículos habilitados o por un solo artículo. Este es el último caso. Así se puede apartar un asunto, como Malvinas, del resto para alcanzar la unanimidad al momento de firmar su dictamen.

“La Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, su proyección antártica y su plataforma continental, por ser parte integrante del territorio nacional”.

“La recuperación de esos territorios, la restitución de la integridad territorial, el ejercicio pleno de la soberanía y el respeto del modo de vida de sus habitantes, conforme a los principios del derecho internacional, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables”.

“La Provincia promueve e implementa políticas activas para la protección de los veteranos de guerra y políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa”.

Los siguientes párrafos pertenecen al dictamen de mayoría, ahora acordado por unanimidad

Por Emerio Agretti

La nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, que alumbrará la Convención Reformadora 2025, deja por fin sin efecto una de las cláusulas más controvertidas de la norma fundamental, vinculada a la configuración del Poder Legislativo. Que no solo encuentra respaldo en lógicas históricas de por sí polémicas, pero además anacrónicas y a contrapelo de las doctrinas hoy imperantes sobre representación democrática, sino que a la vez ha dado lugar a dinámicas paradójicas, en el marco de las reformas electorales de los últimos años.

Se trata de lo que bien se ha definido como una "mayoría automática". Según el texto redactado en 1962, y hasta la fecha, "la Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros elegidos directamente por el pueblo, formando al efecto la Provincia un solo distrito, correspondiendo veintiocho diputados al partido que obtenga mayor número de votos y veintidós a los demás partidos, en proporción de los sufragios que hubieren logrado" (art. 32).

Este efecto encuentra respaldo en la teoría de la cláusula de gobernabilidad, concebida 60 años atrás por los convencionales constituyentes como el modo de facilitar al gobernador llevar adelante su programa político (ese mismo programa que fuera apoyado por el sector mayoritario de la ciudadanía, aunque sea por un voto de diferencia), sin "obstruccionismo" legislativo.

La previsión no solamente opera como un mecanismo que fortalece al Poder Ejecutivo a expensas de una traducción más fiel de la voluntad del electorado (que quizás hubiese preferido una oposición fuerte y un mayor control parlamentario), sino que al ritmo de las modificaciones de los sistemas electorales y las dinámicas políticas acabó incurriendo en paradojas e incluso contradicciones.

La implementación de la Boleta Única Papel en la provincia de Santa Fe a partir de 2011 (en un hito que resultó pionero a nivel nacional), impuso un sistema de votación que permite escoger entre las distintas propuestas electorales de manera segmentada, sin el efecto "arrastre" de la boleta sábana, ni la necesidad de cortarla por categoría.

La consecuencia inmediata fue que, en ese mismo año, el partido más votado en la categoría de Diputados no coincidiera con la del Poder Ejecutivo, como era lo habitual y tal como tenían en mente los convencionales de 1962. Y así fue como, mientras el Frente Progresista se impuso por estrecho margen para la gobernación con Antonio Bonfatti, el justicialismo hizo lo propio en Diputados con María Eugenia Bielsa. También por un estrecho margen, pero indudablemente fue "el partido más votado" en la categoría, por lo cual la Constitución le otorgó un número de diputados (28) que no solamente excedía con mucho lo que hubiese arrojado una distribución proporcional, sino que además otorgaba esa "mayoría automática" a una fuerza de la oposición.

No se trató de un exabrupto histórico: lo mismo sucedió en 2019, cuando se alzó con la gobernación el peronista Omar Perotti, pero la fuerza más votada para Diputados fue el Frente Progresista, con la boleta encabezada por Miguel Lifschitz.

A partir de 2023 las preferencias populares se alinearon, y la propuesta de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe se impuso en ambas categorías; y en este caso por amplia diferencia. En una nueva vuelta de tuerca, el Ejecutivo encabezado por Maximiliano Pullaro y la Cámara de Diputados con "mayoría automática" con Clara García al frente, permitieron habilitar una reforma constitucional que, entre otras modificaciones de fondo, pone fin precisamente a ese sistema de distribución de bancas que le otorgó el plafón político para ser habilitada.

No es un dato menor, ni subalterno: a partir de 2027, las 50 bancas de diputados se distribuirán de manera proporcional, y estrictamente correlativa a la cantidad de votos obtenida por cada una de las listas. Esto eliminará la doble distorsión antes descripta, y también las contradicciones resultantes del sistema electoral, permitiendo un diseño político-institucional donde el que gana gobierna, pero deberá hacerlo en el marco de una necesidad de consenso graduada por la propia voluntad popular. Frente a un cuerpo legislativo en el que, por necesaria correlación, preservará más espacios de representación para los espacios minoritarios, que hasta hoy se quedaban afuera o apenas obtenían alguna de esas 22 bancas restantes a repartir tras la asignación automática de las 28 mayoritarias.

Una distribución que también recepta entre sus pautas la correspondiente a la paridad de género y a las reelecciones indefinidas que, en conjunto, cambiará la cara (al mismo tiempo que buena parte de las "caras") de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia, y permite a Santa Fe, una vez más, avanzar varios casilleros en la dirección de una profunda mejora de sus instituciones.

Por Luis Rodrigo

Cómo dirá la nueva Constitución de Santa Fe: ¿las diputadas y los diputados?, ¿las senadoras y los senadores? ¿O sencillamente los diputados, para el primer caso y los senadores, para el segundo, como ocurre hasta ahora en la Carta Magna?.

La cuestión del llamado lenguaje de género fue puesta a consideración de la Comisión Redactora de la Convención Reformadora durante la mañana de este martes 26 de agosto por Lucila de Ponti, del bloque Más para Santa Fe.

Su propuesta fue recibida por la mayoría con posiciones que aún no están claras y que se resolverán en un cuarto intermedio, que parece contar con apoyos en al menos parte del oficialismo.

En rigor, desde hace años, por sucesivas resoluciones internas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe se nomina a ese cuerpo como "la Cámara de Diputados y de Diputadas", pese a la manera más simple con que figura en la Constitución aún vigente.

Conlleva la decisión de cambiar los dictámenes ya firmados por la mayoría, que no tuvieron en cuenta el pedido que ahora formuló De Ponti. Y también una modificación que para que la Constitución guarde coherencia debería producir más cambios, por ejemplo al nombrar a otros cargos. Parece demasiado complejo.

La cuestión llegó a la Convención en la sesión de la Redactora, en la que también fueron invitadas otras dos comisiones: la de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo (a la que corresponde ese despacho de mayoría) y la de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, con las que se abordaron otros temas muy fuertes: la inclusión de la industria en el texto constitucional; el alcance de la facultad de Poder Ejecutivo de producir perdones contra condenas dispuestas por fallos judiciales en forma de indultos (¿y de "amnistías" en el caso de la Legislatura?); las características de la llamada sanción ficta o de hecho para cuando la Asamblea Legislativa no aprueba ni rechaza, en un plazo determinado, los pliegos envidados por el Ejecutivo ¿debe proceder solo para los jueces de la Corte o también para los cargos de fiscal general y defensor general?

De Ponti pidió tener "una perspectiva más amplia en la consideración de los géneros" y sostuvo que una Constitución se redacta en un momento histórico determinado y que en esta etapa, por ejemplo en Diputados, esa forma de nombrar a la cámara baja con la expresión "de Diputadas y de Diputados" ya se utiliza. Pidió por último "no invisibilizar" la participación de las mujeres protagonistas de la Convención, y no tener "una Constitución excesivamente masculinizada"

Del tema tomó nota la presidencia a cargo de Joaquín Blanco y quedó solo como un asunto más a tratar dentro de una amplia lista de consideraciones para modificar eventualmente los dictámenes.

De Ponti forma parte de la Comisión Redactora y formuló esa propuesta el lunes 25, cuando según comentó notó "una mirada" que parece imponerse en la mayoría y es contraria a su propuesta.

Los partidos que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe buscaban este jueves, acordar un dictamen del oficialismo para que la oposición pueda realizar propuestas frente a ese texto y eventualmente añadir sus firmas, en la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, que preside el radical Lisandro Enrico y está integrada por 20 convencionales.

En un jueves clave, porque en la última hora del viernes 22 terminará el plazo para que las comisiones giren sus dictámenes a la Comisión Redactora, la discusión central pasaba por resolver aspectos muy relevantes para el futuro del servicio de justicia en Santa Fe. La veintena de potenciales firmantes de dictámenes (el propio titular de la Comisión habló de la pluralidad de posiciones que seguramente no se modificará) acordaron volver a sesionar a las 16 y sin falta producir los despachos.

La provincia ha vivido una tardía modernización de su fuero penal, con la reforma de su Código Procesal, el fin del proceso escrito por el oral y el fin del rol inquisitivo de los jueces al añadirse dos nuevos órganos, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Además, en décadas anteriores a esos cambios, se han incorporado institutos que la Constitución vigente no había previsto para mejorar el proceso de selección de candidatos a jueces, fiscales y defensores mediante una “autolimitación” del Poder Ejecutivo, a la hora de elevar los pliegos de los propuestos al Poder Legislativo.

En todos los casos, Santa Fe procedió con leyes a construir ese andamiaje institucional que no ha sido siempre el más sólido, porque en definitiva las circunstancias políticas provinciales influyeron a lo largo de los distintos gobiernos en esas instituciones. Ahora el paso es convertir esas modificaciones de fondo en textos inamovibles de la Carta Magna.

Durante la mañana de este jueves 21, en la comisión que preside Enrico (hoy ministro de obras públicas pero como senador un férreo defensor de todos los cambios que faciliten la persecución penal del delito y “el fin de la puerta giratoria”), los convencionales de Unidos terminaban de unificar posiciones y/o redactar un solo texto.

A la Convención llegaron con 8 propuestas partidarias diferentes y todo indica que ahora están cerca de contar con una sola visión integral sobre cómo será la justicia en Santa Fe. Las dudas se plantearon arriba, junto al título, y a esta altura deben explicarse.

¿El Ministerio Público de la Acusación debe ser extrapoder o pertenecer al Judicial? En este punto las aguas estuvieron divididas dentro del oficialismo, con posiciones minoritarias que buscaban que no figure ese término. Ahora todo indica que se llegará a un texto que incluya la palabra por la que tanto bregó la actual fiscal general María Cecilia Vranicich. Tal vez el órgano extrapoder sea un Ministerio Público Fiscal que también contenga a la Defensa y además del MPA.

Autonomía. Tanto para los fiscales como para los defensores (en distintas ponencias de sus representaciones gremiales y profesionales) es vital que el gobierno de los recursos (y su seguridad en el presupuesto) no queden en manos de otro poder. El tema parece doméstico pero en los hechos hace la diferencia entre poder o no dar una mejor respuesta

¿Quién tendrá el control sobre el desempeño de los fiscales? Sin dudas es la pregunta más seria para encontrar una respuesta que contenga todas las posiciones. Tantas diferencias dentro de Unidos hizo sin embargo que se acepten caminos intermedios posibles en los que se guarden (o recuperen) espacios de poder. En pocas palabras, allí compiten el mundo judicial santafesino y sus autoridades, el de los catedráticos, el de los profesionales y el de los partidos políticos y el Poder Legislativo. Este último hoy tiene el control directo para las faltas graves de fiscales y defensores y es evidente que eso cambiará. (Habrá que ver si en el futuro ese proceso tiene tanta transparencia para el público como en la actualidad, al ser parte del debate legislativo que naturalmente tiene instancias públicas).

¿Consejo de la Magistratura o Consejo Asesor? Más allá del nombre el consenso anterior a la Convención es que Santa Fe no tiene que repetir la frustrada experiencia nacional que creó la Reforma de 1994. La discusión de fondo es por su composición y su carácter vinculante o no para las ternas (en ese número hay consenso) que propondrá al gobernador de turno para que -pliegos mediante- elija a los candidatos sobre los que tendrá, como siempre, la última palabra la Legislatura para nombrar jueces, fiscales y defensores.

Este lunes, en el marco de la Convención Reformadora de la Constitución provincial, se reunió la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que emitió 11 dictámenes.

Uno de ellos fue referido a la declaración sobre las Islas Malvinas en la Carta Magna santafesina. Los restantes fueron respecto a los artículos 5° (que regula manejo de los fondos del Tesoro, Régimen Tributario, capacidad de tomar crédito y límites); 18° (responsabilidad del Estado); 21° (Seguridad Social, y régimen jubilatorio y previsional provincial); y lo vinculado a Seguridad Pública; Servicios Públicos; Federalismo de concertación (relación de provincia y Nación); Políticas públicas; reconocimiento de consejos y colegios de profesionales; cláusula democrática y republicana; y democracia directa y participación ciudadana.

Los dictámenes contaron con las firmas de todos los convencionales de Unidos y del Frente de la Esperanza. En tanto, los convencionales de Activemos y Más para Santa Fe, acompañaron todos los documentos, salvo en los artículos 21 y el dictamen referido a Servicios Públicos. Por su parte, los convencionales de La Libertad Avanza no acompañaron ninguno de los dictámenes.

Cabe agregar que además se elevó una solicitud a la Comisión Redactora para que convoque a la misma comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, y a la Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, para incluir un artículo en la Constitución, vinculado a promoción industrial.

La Convención Reformadora fue convocada para el jueves, desde las 18, a los efectos de considerar el dictamen emitido por la comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento que aconsejó rechazar la impugnación de Amalia Granata (Somos Vida y Familia) al diploma de Alejandra Oliveras (Fe) y dar formal ingreso a los proyectos presentados para tratar en diferentes comisiones.

La decisión fue confirmada tras una extensa reunión de la comisión de Labor Parlamentaria que antecedió a otra entre las autoridades de la convención y las autoridades de las seis restantes comisiones. El objetivo es ordenar el funcionamiento de la Convención tras la experiencia de la primera semana de labor.

Entre otras cuestiones se resolvió que los plenarios de las comisiones se van a llevar adelante en los recintos del Senado o de Diputados para que la prensa pueda seguir, desde las barras, el desarrollo de los encuentros. En la primera semana y en las reuniones de comisiones se resolvió que la prensa espere fuera de las oficinas con la excusa de la poca disponibilidad de espacios en los lugares designados para esos encuentros. Recintos legislativos y transmisión en los streaming de las respectivas cámaras, dijo Fabián Bastia (Unidos) quien ofició de vocero del encuentro. Antes de la reunión, Rubén Giustiniani (Activemos) informó que presentaría un proyecto de resolución para garantizar el acceso a prensa y al público a las reuniones de comisiones. No obstante, en Labor Parlamentaria tanto el oficialismo como los restantes bloques validaron que haya acceso a las comisiones y de allí trasladar las reuniones a los recintos.

El plenario del jueves, citado para las 18, tendrá otra previa de Parlamentaria para ajustar detalles del funcionamiento.

Pero además para el jueves, la comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales tiene una agenda de trabajo y para las 16 invitó a los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para conocer las inquietudes sobre la reforma. La comisión que preside Lisandro Enrico (Unidos) recibirá el mismo jueves, pero en horario matutino, a la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, y a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. El cronograma prevé además reuniones con el Procurador General, colegios de Magistrados, de abogadas y autoridades de las facultades de Derecho de la provincia.

Parte de la reunión de Labor Parlamentaria estuvo centrada en notas de La Libertad Avanza cuestionando la convocatoria a una audiencia pública, en Rosario, para este viernes, por autonomía municipal. En los hechos y por una cuestión reglamentaria, la audiencia fue diferida para el viernes 1 de agosto en el recinto del Concejo Municipal. No obstante, la comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial se reunirá este viernes en la ciudad del sur y en dependencias de la facultad de Derecho de la UNR.

Katia Passarino (Unidos), presidenta de la comisión, confirmó que además de la audiencia pública de Rosario se convocará otra para el martes 6 en Santa Fe y una tercera en la ciudad de Reconquista. El objetivo es que el tema autonomía tenga amplia discusión y escuchar en las tres ciudades a instituciones y particulares sobre la temática habilitada por la ley de reforma.

La comisión de Labor Parlamentaria está integrada por las autoridades de los bloques políticos y miembros designados por el pleno de la Convención. Tiene por función es organizar y planificar el desarrollo del trabajo legislativo: proyecta el orden del día, elabora el Plan de Labor Parlamentaria y promueve medidas que agilicen el tratamiento de los temas. Es el órgano de coordinación que asegura el funcionamiento dinámico y eficiente de la Convención. El encuentro fue encabezado por el presidente del cuerpo, Felipe Michlig y estuvieron presentes la mayoría de los integrantes así como los secretarios y subsecretarios parlamentarios.

Las autoridades de la Convención Reformadora informaron que hasta las 8 del domingo 27 de julio está abierta la convocatoria pública dirigida tanto a convencionales como a cualquier ciudadano para la presentación de proyectos para la modificación de los artículos que están permitidos por Ley.

Las propuestas se pueden presentar de manera presencial en la Mesa de Entradas del Senado de la Legislatura o en forma virtual a través del sitio de Convención Reformadora, desde "Sumá tu propuesta", utilizando el sistema de identificación digital ID Ciudadana.

Extensa reunión de Labor Parlamentaria. Foto: Convención Reformadora.

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías realizó este martes su segunda reunión de trabajo presidida por la justicialista Alejandra Rodenas acompañada por el vicepresidente es Joaquín Gramajo y el secretario es Gino Svegliati.

Se sumaron al encuentro los restantes miembros María Victoria Tejeda, Germán Baumgartner, Leonardo Diana, Lucía Masneri, Arnaldo Ghione, y Gisel Mahmud de Unidos para Cambiar Santa Fe; Osvaldo Sosa, y Facundo Olivera del bloque Más para Santa Fe; Elisabet Vidal y Juan Pedro Aleart de La Libertad Avanza; Juan Argañaraz de Somos Vida y Libertad; Caren Fruh del Frente de la Esperanza; y María Victoria Capoccetti de Activemos.

En la reunión se fijaron los días de reunión que serán los martes y miércoles para recibir a todas aquellas agrupaciones, organizaciones y sujetos individuales y colectivos que presentaron proyectos. Esto se va a organizar en función de cada uno de los artículos que toque reformar a la Convención y que conciernan a esta comisión.

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Los doce integrantes de la bancada de Más para Santa Fe resolvieron renunciar al cobro de la dieta por su tarea en la Convención Reformada y este martes empezaron a enviar notas particulares comunicando la decisión a la secretaría Administrativa.

La decisión del bloque que conduce Rubén Pirola fue adoptada en la reunión donde además avanzaron en la redacción de un proyecto único de reforma de la Carta Magna que sería presentado en las próximas horas. "Queremos diferenciarnos de Unidos que ingresó al menos siete proyectos de reforma" dijo un vocero del sector que trabaja en la redacción intentando compaginar las diferentes ideas dentro del bloque.

Varios productores agropecuarios se reunieron a metros de la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Llegaron desde Rosario, Rafaela y Sastre. Fue para llegar juntos a las 10 de la mañana de este martes a la mesa de entradas del Senado, lugar donde se entregan las propuestas de reforma para la nueva Constitución de la Provincia. Buscaban hacer lo propio con cuatro proyectos que tienen alrededor de 300 adherentes formales para proteger la propiedad privada y asegurar el equilibrio entre campo y ciudad.

El coordinador de los trabajos fue Bryan J. Mayer, ex candidato a convencional por el departamento Castellanos. Según explicó el funcionario, “estaba trabajando en 14 proyectos de diversos temas que venía desarrollando con mi equipo cuando Fernando Belinde y la Asociación de Productores Unidos me propuso hacer algo en conjunto con colegas de Rosario y Sastre, lo que me pareció muy atinado ya que fueron temas que también impulsé durante la campaña”.

Al revisar los nombres del equipo redactor se distingue a María Soledad Aramendi que, si bien trabajó a título personal, es Presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Junto a ella se destaca también la participación del Ing. Agr. Guillermo Farbman. Aramendi mantiene un alto perfil en materia agropecuaria y su presencia en esta movida demuestra las severas inquietudes que hay en el sector rural sobre el contenido de la futura carta magna de nuestra provincia.

Una zona muy golpeada por la legislación vigente y la interpretación de la misma es la de Sastre y Garibaldi, por ello no sorprende que Daniel Bernard, acompañado por Mariano Trossero y María Celia Baldo hayan trabajado en detalle con el resto del equipo. Sumaron fuerte acompañamiento de un nutrido grupo de productores y vecinos autoconvocados que tomaron el toro por las astas, como dicen en el campo.

“Parece que en las comunas y municipios se olvidaron de lo que es el respeto inamovible de la propiedad privada y el respeto por la propiedad preexistente.”

Entre sus declaraciones a la prensa, Belinde hizo hincapié en “el avance que los límites urbanos van teniendo hacia el sector rural y las implicancias que eso tiene para la producción”. Por su parte, Bernard indicó que “la mala información que existe sobre la aplicación fitosanitaria genera un gran prejuicio que se traduce en políticas erradas que generan un gran daño sin que nos den herramientas para contrarrestarlo”. Además, todos coincidieron en que la inseguridad rural es uno de los grandes problemas que acechan el desarrollo productivo sin compromiso político de solución.

En ese marco, los cuatro proyectos se pueden resumir primeramente en uno que propone establecer “principios en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, ordenamiento territorial y ambiental y desarrollo sostenible; contemplando la sostenibilidad económica, social y ambiental de las actividades productivas y garantizando la protección de la propiedad privada.”

El segundo, propone que no se pueda declarar zona urbana a toda aquella donde aún no se hubieran asegurado los servicios básicos. Sin perjuicio de ello, también reclaman un resarcimiento económico para todo actor privado que se vea afectado en su capital o producción por medidas del Estado, en cualquiera de sus niveles, que los afecte. También contiene un inciso para agilizar la reubicación de asentamientos irregulares.

En línea con el cierre del anterior, otro proyecto prohíbe la circulación en propiedad privada en lugares donde existan caminos públicos, excepto previa autorización o por tratarse de una situación de urgencia. Esto se debe a la gran cantidad de casos de intrusión denunciados en toda la provincia, que no guardan consecuencias contundentes.

Finalmente, los referentes y sus adherentes pidieron plasmar que los municipios y comunas no puedan arbitrariamente o subjetivamente, ni sin la participación de personal técnico o profesional llevar adelante restricciones a las diversas actividades económicas legalmente aceptadas; contra la propiedad privada ni contra el derecho al trabajo. También se plantea un resarcimiento en consecuencia, por el lucro cesante. Esta iniciativa apunta especialmente contra los famosos “límites agronómicos” que, según indican, “son cada vez mayores por desconocimiento y sesgo ideológico”, y además generan pérdidas de trabajo, económicas, de consumo y recaudación, perdemos todos. Cuando la solución es el respeto y cumplimiento de las leyes y las buenas prácticas agronómicas.

El bloque Más para Santa Fe presentó su propuesta de reglamento para el funcionamiento de la Convención Constituyente, que comenzará el 14 de julio. Fue tras la reunión del pasado lunes entre futuros convencionales del sector y de Unidos, realizado en el Senado.

En un comunicado precisan los alcances del proyecto y subrayan que "por primera vez desde la aprobación de la Ley de necesidad de reforma, el oficialismo convocó al diálogo a la oposición". Ahora, el bloque Más para Santa Fe envió su proyecto de reglamento interno "con el objetivo de establecer pautas claras y democráticas para el funcionamiento de la Convención. En los próximos días, continuarán las conversaciones políticas para buscar acuerdos amplios y representativos", destaca el comunicado.

El reglamento presentado busca garantizar un proceso participativo y plural que permita construir una nueva Constitución con legitimidad y visión de futuro. "Frente al intento del bloque Unidos de concentrar facultades en la presidencia de la Convención, nuestra propuesta apunta a democratizar su funcionamiento, promoviendo el debate entre todos los bloques y abriendo canales para que la ciudadanía de toda la provincia pueda ser parte del proceso".

Dice el comunicado del bloque que "Santa Fe necesita una nueva Constitución no para beneficiar coyunturalmente a un gobierno, sino para dar respuestas concretas a los desafíos del siglo XXI. La única manera de lograrlo es promoviendo consensos y garantizando que todas las voces sean escuchadas".

Advierte que "el oficialismo pretende aprobar el reglamento con mayoría simple, desconociendo lo que establece la Ley de necesidad de reforma: que la Convención debe regirse por el reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia. Dicho reglamento requiere una mayoría de dos tercios para su modificación, el mismo criterio que se necesita para aprobar el texto constitucional definitivo".

Para el PJ "para conformar el quórum se requerirá la presencia de al menos 36 convencionales (la mitad más uno del total), y que el presidente del cuerpo sólo podrá votar en caso de empate".

El proyecto de Más para Santa Fe también propone una organización en comisiones de trabajo que permita un tratamiento especializado de los distintos ejes de la reforma.

Las comisiones propuestas son: de Declaraciones, Principios, Derechos, Garantías y Deberes Constitucionales; de Régimen Político, Electoral y de Participación Ciudadana; de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo; de Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público de la Defensa; de Régimen Municipal, Políticas Públicas y Modernización del Estado; y de Revisión, Armonización y Técnica Legislativa.

La propuesta incluye que cada comisión podrá sesionar con, al menos, un tercio de sus miembros, una vez transcurridos 30 minutos del horario de inicio. Por último, en línea con el reglamento vigente de la Cámara de Diputados de Nación​, propone que la presidencia provisional de la Convención sea ejercida por el convencional de mayor edad. En este caso, dicho rol corresponde a Osvaldo Sosa, representante del departamento Vera.

"Para que Santa Fe tenga una nueva Constitución legítima, moderna y democrática, es imprescindible respetar las reglas, promover el diálogo y garantizar la representación plural. El pueblo santafesino merece una Constitución que esté a la altura de sus necesidades", subraya.

El bloque además resolvió que habrá una mesa política encargada de continuar los diálogos políticos con el oficialismo, integrada por Rubén Pirola (Partido Justicialista), Juan Monteverde (Ciudad Futura) y Diego Giuliano (Frente Renovador).

El ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia, señaló ante El Litoral que la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro cumplió la palabra empeñada con el electorado en el 2024. Además de las leyes penales, destacó la norma sobre Gobernanza de Datos para acercar al ciudadano al Estado y defendió las razones del dictado de la Ley Previsional.

En la nueva sede de El Litoral en el puerto santafesino, la conversación con uno de los ministros del Poder Ejecutivo que cultiva el alto perfil y el diálogo con la Legislatura, con los partidos, con gremios e incluso con sectores del gobierno nacional.

"Vamos camino a un Estado más eficiente, más ordenado, más cercano al ciudadano", sostuvo el ministro. Foto: Manuel Fabatia

-En un año de muchas reformas en leyes penales, seguridad, sistema penitenciario, previsional, Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Unidos lo coronó con la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución. Fue un año muy intenso este 2024 para la gestión de Maximiliano Pullaro.

-Es un año de un gobierno transformador, pero fundamentalmente para nosotros es un año donde cumplimos la palabra. La palabra empeñada con el electorado; la palabra comprometida en ese contrato electoral. En las transformaciones me atrevo a decir que son más de 20 leyes. Son tantos los procesos transformadores de cambio que parece que nos olvidamos de algunos.

Ejemplo: el paquete de leyes de persecución del crimen, de seguridad, y de carácter jurídico de persecución del crimen como fueron las primeras normas. Los cambios legales en el Ministerio Público de la Acusación han sido notables; los cambios en el Código Procesal Penal han sido de la misma envergadura; ley de narcomenudeo; la de regulación de la pena privativa de la libertad; cambios en el funcionamiento del Servicio Penitenciario.

"Si no hacíamos la reforma previsional y no le dábamos sustentabilidad al sistema, había que dársela a la Anses", aseguró Bastia. Foto: Manuel Fabatia

Pero no debemos olvidar la ley de Gobernanza de Datos y de Información Pública que transparenta al Estado, que nos permite pasar de un Estado colonial a un Estado digital; estamos en el pleno proceso de transformación a la digitalización. Esto va a poner al ciudadano y el Estado en cercanía, en proximidad. Necesitamos un Estado abierto, transparente y esos son compromisos que asumimos.

Después las grandes leyes que citaste: la reforma de la Constitución, los cambios en la Corte Suprema de Justicia, no solo vinculado a la ampliación de la Corte sino al funcionamiento interno; la ley Previsional; la Emergencia en Aguas que permitió una transformación en ASSA y que van a seguir los cambios; la corrección del sistema normativo, normas que son fundamentales para poder seguir llevando adelante esa política en seguridad que hoy hoy luce valiosa y lo es porque había determinación política, porque se sabía lo que se quería hacer, porque el 14 de diciembre del 2023 se mandaron las leyes pero porque hubo anclaje legal y eso lo tuvimos gracias a la Legislatura.

La Legislatura nos acompañó, hubo mucho debate, muchísimo trabajo. Nosotros hemos visto una Legislatura con un enorme esfuerzo y hemos estado interactuando de forma permanente. Eso nos llena de satisfacción porque lo que se construyó como el tema normativo, lo vemos en solución para la gente. Nosotros creemos que hemos avanzado mucho.

-Pero hubo leyes que afectaron a los ciudadanos como, por ejemplo la reforma previsional que afecta a los estatales o la emergencia en Aguas que vino acompañada de un fuerte aumento de tarifas.

-La ley previsional claro que le afecta a la gente, pero positivamente. Es lo mejor que pudo haber hecho nuestra gestión en favor de los trabajadores públicos, los funcionarios públicos y también de los que pagan impuestos que son los que sostienen la caja.

Entrevista al ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe , Fabián Bastia. Foto: Manuel Fabatía

Si nosotros no hacíamos la reforma previsional y no le dábamos sustentabilidad al sistema, había que dársela a la Anses, había que transferirla a Anses. Era inviable en estas condiciones con un déficit proyectado de 430.000 millones al 31 de diciembre. Era imposible que el conjunto de los santafesinos sigan soportando ese déficit, pero la solución no lo iba a poder seguir soportando el Estado santafesino, la solución era sacarse la caja de encima.

Nosotros somos responsables y le decimos la verdad a la gente: con sacrificio, un esfuerzo corrector se salva la Caja. Esto es sistema de reparto y solidario. Tiene que ser sustentable y sostenible. ¿Qué significa la sostenibilidad? Tenemos estos derechos, con qué los sostenemos. Creo que sí, que ha sido una ley sumamente positiva, justa, equilibrada, progresiva y progresista.

-Desde fuera del sistema puedo coincidir con su mirada, pero molesta a los supuestos beneficiarios del sistema.

-Puede haber molestado ante el desconocimiento. Creo que hubo información maliciosa de algunos gremialistas, pero no más que eso, cuando se la explica, la ley se entiende. Acá se dijo que los docentes se iban a jubilar los 65 años y usted sabe que es una mentira total. Ahora te vas a jubilar, si estás frente al aula, a los 57 años tanto es así que los varones también se pueden jubilar los 57.

Es un sistema que ahora está corregido de todas las anomalías que tenía. No se olvide que usted podía comprar años en la Anses y venía y se jubilaba en Santa Fe; no se olvide que usted compraba años y encima computaba el dos por uno porque compraba años en una moratoria; que acá el régimen de pensiones tenía un desmadre total donde existían los matrimonios por conveniencia conocidos como Adelfa en mérito a esa historia social que conocimos. De esos casos había muchísimos.

Usted me va a decir un caso genera el déficit, no, pero sí el conjunto de vicios, de irregularidades y anomalías. Después otra cosa, la esperanza de vida. Por suerte para todos nosotros, para toda la humanidad, vivimos más y la jubilación es un beneficio a la vejez y la pensión es un beneficio a proteger a determinados familiares del trabajador, del jubilado en determinadas condiciones.

Haber adaptado el sistema a la realidad actual es sumamente justo, muy valioso y es muy positiva la norma. El tiempo está demostrando, que lo que decíamos se está viendo reflejado en los hechos.

¿Cómo evalúa la relación con los gremios estatales, usted incluso es partícipe de mesas paritarias. En sus discursos como legislador hizo mucho hincapié en el término eficiencia. Cómo es un Estado más eficiente, lo han logrado en parte?

-Sí, claro. Nosotros hablamos siempre de orden, de ordenar el Estado, el ordenar un todos sus aspectos. La eficiencia va unida el ordenamiento y creo que vamos camino a un Estado cada vez más eficiente. Si me pregunta si hicimos más eficiente de cómo lo tomamos, le dijo que sí, hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que seguir.

Somos muchos más eficientes que antes, pero creo que todas estas transformaciones que proponemos como la digitalización, como la información pública, como la cercanía, la agilidad en la gestión y en los trámites que resuelve el ciudadano nos va a permitir con recursos iguales dar mejores respuestas.

En el 2024 hemos comprado mejor: 45.000 millones de ahorros en medicamentos; hemos comprado mejor en la alimentación para los detenidos en las cárceles; hemos comprado muy bien los vehículos para la policía, hemos podido ir por el 20% que nos permite la ley porque tuvimos bajo los presupuestados y así con cada movimiento.

Ni hablar de la licitaciones públicas en materia de obra, que cuando nosotros fuimos a contratar para hacer bacheos en rutas terminamos pagando 60/ 70 por ciento menos que lo que se estaba pagando que había quedado licitado del tiempo anterior. La continuidad del Estado merece que se atiendan los contratos y las obligaciones. No ha habido interrupción en el tiempo de ninguna clase de obra ni de la ejecución. Asumimos y no discontinuamos nada; revisamos algunas cosas que había que revisar, pero no hubo discontinuidad del Estado.

-¿Están dispuestos a vivir con lo nuestro ante la falta de aportes de Nación? Usted es el ministro político ¿tiene diálogo con funcionarios nacionales?

-El diálogo político es bueno y el trato es bueno más allá de algunas cosas que a veces aparecen o las formas de cada uno. El tema es que no hay respuestas. Me pregunta si estamos dispuestos a vivir con lo nuestro y yo le digo que en el 2024 vivimos con lo nuestro.

Estamos con la demandas vinculadas al sistema previsional. Santa Fe no ha recibido ni el anticipo pago a cuenta del déficit que otras gestiones anteriores abonaban y percibía la provincia. Esto habla de la eficiencia del gobierno de Maximiliano Pullaro, de nuestro gobierno.

-Algunas provincias están firmando acuerdos, incluso Entre Ríos para que Anses empiece a devolver los aportes. ¿Ustedes están dispuestos a canjear ese tema por la el acuerdo de cruzamiento de deudas?

-No conozco el convenio que firmó Entre Ríos, ni las condiciones en las que firmó. Además no me gusta nunca hablar de los demás. Si le puedo decir que no vamos a firmar instrumentos que no defiendan a Santa Fe. Cada instrumento documental que firmemos va a ser garantizando los derechos de Santa Fe, de los santafesinos en definitiva porque cualquier negociación no debe traer aparejado renuncias para nosotros. Los derechos de Santa Fe son irrenunciables. Podemos transar, llegar a un acuerdo transaccional pero sobre la base de una determinación clara de lo que se nos debe.

-Está atacada judicialmente o por lo menos observada judicialmente la ley de Reforma constitucional.

-Es oportunismo político. Es ingresar a la campaña como constituyente discutiéndola judicialmente. Es una incoherencia, una contradicción absoluta que no es la primera vez que lo veo de Nicolás Mayoraz con quien tengo una buena relación. Tengo buena relación de cuando éramos diputados. Él presentaba proyectos de reforma y ahora mandó a los diputados de su sector político a votar en contra. Primer partido que oficializa y primer candidato cabeza de lista que arranca su campaña y elige el modo cuestionando la ley de necesidad. Se entiende...

-El gran desafío de Unidos debe ser armar la lista de convencionales, no romperse

-Cómo se va romper, Unidos está más fuerte que nunca. Somos una coalición de gobierno que ha sorprendido no solo a la comunidad política santafesina y a la sociedad, sino que a todo el país porque es muy sólida la gestión.

Es muy sólido el andamiaje legislativo con el Ejecutivo; es muy sólido el vínculo con los municipios y comunas, que es tan diverso. Fíjese la heterogeneidad de origen de nuestro espacio y de nuestros gobiernos locales Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Santo Tomé, Villa Gobernador Gálvez, citando los más grandes. También es muy diverso en municipios de otro tamaño de población. Somos muy homogéneos en la gestión.

Unidos está muy fuerte usted cree que si no estaríamos tan fuerte, podríamos hacer reformas estructurales tan potentes como la que hicimos. Allí está la verdadera foto, inclusive en la defensa de los intereses santafesinos. No hay ningún actor que tenga opinión distinta. En el ministerio que me toca conducir, tenemos representantes de siete partidos, inclusive una funcionaria como Claudia Giaccone de origen peronista y están los de la UCeDe, socialismo, radicales. Es interesante cómo funciona Unidos.

Mario Cáffaro El Litoral Los diputados Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (bloque Igualdad) anticiparon detalles del proyecto de reforma constitucional que ingresaron para el debate en la Cámara baja. Es la segunda iniciativa que cobra estado parlamentario al haber caducado los proyectos anteriores. El otro fue presentado por el demoprogresista Gabriel Real. Es un proyecto de reforma parcial de la Constitución y Giustiniani señaló que entre los ejes centrales mantiene inalterables el art 64 de no reelección del gobernador y vice; el 31 de la bicameralidad y el 4 que dispone que la ciudad de Santa Fe siga siendo capital. “Son fantasmas o vacas sagradas que hay que dejar como están para iniciar un debate que produzca un compromiso y consenso para el proceso de reforma. Compromiso que debe ser público ante la sociedad” señaló. “Proponemos habilitar un listado de temas muy amplios y generales para el debate y resolución: institucionales, ambientales, Consejo de la Magistratura, autonomía municipal, etc.”, reseñó a El Litoral. “En lo electoral mantenemos los procedimientos de las leyes existentes salvo la distribución de constituyentes electos por sistema D’Hont proporcional”, agregó.