En una entrevista con Sur24 y En la Tecla (VerTV), Juan Ignacio Pellegrini, presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto, se refirió a la posibilidad de sumar un concejal a partir de diciembre de 2027, tal como permite la nueva Ley Orgánica de Municipalidades. Según la normativa, reformulada por mandato de la reciente reforma constitucional, las ciudades de entre 80 mil y 150 mil habitantes pueden optar por aumentar el número de concejales, lo que afectaría directamente a la estructura política de Venado Tuerto.

Sin embargo, para Pellegrini la situación es clara. "Nosotros quisimos adelantar nuestra postura. La ley establece la opción de sumar un concejal más, pero entendemos que con 10 ediles el Concejo funciona a la perfección", sostuvo. Y añadió: "no estamos dispuestos a generar un gasto innecesario en un momento de austeridad".

El intendente interino argumentó que en la actualidad, con 10 concejales, la ciudad mantiene un funcionamiento eficiente y ordenado, con costos reducidos en comparación con otras localidades de tamaño similar. "En muchas ciudades semejantes, los cuerpos legislativos tienen hasta 14 o 15 empleados, lo que demuestra que Venado Tuerto  es más eficiente en este sentido", afirmó.

Al respecto, destacó que el Concejo Municipal local tiene solo cinco empleados y dos personas contratadas para la limpieza, lo que mantiene los costos “al mínimo”. 

Aunque no cuantificó el costo legislativo, Pellegrini deslizó que, además de los 3,5 millones por edil (2,8 millones de pesos de dieta y 700 mil pesos de cada secretario), hay otros gastos operativos y de estructura que también “impactarían en forma directa” en el presupuesto con la incorporación de un undécimo concejal en Sarmiento y Alem.

"No estamos en contra de la ley, pero creemos que Venado Tuerto no necesita más gastos en este momento", aseveró, aun cuando está claro que, en los comicios de 2031, los venadenses  votarán por nóminas de seis concejales (los cinco que se renuevan y el que se suma), porque en ese momento regirá automáticamente la letra de la nueva ley provincial.

Tras el plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados, cobró fuerza la posibilidad de que el cuerpo introduzca modificaciones al texto votado en el Senado de la futura Ley Orgánica de Municipios que llegaría al recinto el 9 de abril.

"Hay errores de redacción que habría que subsanar" marcó Dionisio Scarpin, presidente de la Comisión de Gobiernos Locales, una de las tres que estuvo en el recinto de Diputados. En tanto, desde la interbancada justicialista aspiran a que haya algunas otras modificaciones. Marcos Corach dejó una serie de sugerencias, más allá del reclamo de discutir la futura norma sobre coparticipación, también habilitada por la nueva Constitución. No obstante, la disposición transitoria fijó el plazo de dos años a contar desde septiembre del 2025 para esta temática que implica cómo se reparten los recursos entre el Estado provincial y los gobiernos locales.

De la primera parte de la reunión de este jueves participaron directivos de Festram dejando una serie de sugerencias, especialmente en materia de pisos mínimos en materia laboral.

Diputados fijó el 8 de abril para dictaminar la ley de municipios. Foto: Gentileza Cámara de Diputados.

Después de escuchar a los dirigentes gremiales, el plenario de las tres comisiones leyó el proyecto votado por el Senado y que consta de 111 artículos. Es allí, en el repaso donde se advirtieron problemas en la redacción que obligarían a introducir cambios que devolverían el texto al Senado. No obstante, a dos semanas del tratamiento, el interbloque de Unidos hablará con el bloque oficialista del Senado para acordar los cambios.

La propuesta justicialista de cambios es extensa. Se destaca el pedido de incluir un nuevo artículo sobre entidades financieras. "Las municipalidades pueden crear instituciones y entidades financieras a través del dictado de una ordenanza, cuya finalidad esencial sea la de canalizar el ahorro público y privado, con una política crediticia que promueva el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, priorizando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social", expone la propuesta.

El otro artículo, en consonancia con la Festram apunta a ampliar los alcances del artículo 82 sobre empleo público municipal. La propuesta dice que "el ingreso al empleo público municipal se funda en criterios de igualdad e idoneidad. Los municipios dictan sus normas sobre organización administrativa, escalafón y estabilidad de sus agentes. La legislación provincial aplicable en la materia constituye un piso mínimo e indisponible de derechos laborales, que puede ser ampliado por la normativa local, pero nunca reducido. Se reconoce a los trabajadores municipales como sujetos de tutela preferente en los términos previstos en el artículo 23 de la Constitución Provincial".

Dionisio Scarpin admitió posibles cambios al texto aprobado en Senado. Crédito: Archivo

Scarpin le dijo a El Litoral que "en términos generales hay que retocar aspectos de ordenamiento y redacción de la ley en la cual estamos todos de acuerdo. En cuanto a las diferencias políticas, serán motivo de conversaciones hasta el 8 de abril cuando vuelva a reunirse el plenario de tres comisiones".

En el plenario, no avanzó la idea de convocar a los foros de intendentes. Desde Unidos se recordó que hubo una tarea preliminar del Senado sobre la cuestión.

En Diputados, el proyecto votado por el Senado se trata en forma conjunta con dos iniciativas propias de legisladores, en este caso de Celia Arena (PJ) y Verónica Porcelli Baró Graf (Frente Renovador).

Uno de los temas que provoca cruces entre sectores políticos es todo lo referido a la temáticas de organismos de control en los municipios, también la conformación de los concejos municipales e incluso cómo ordenar desde la ley las transiciones administrativas.

A partir de las elecciones de 2027, todos los gobiernos locales tendrán un mandato de cuatro años. Hasta hoy son los intendentes los que tienen ese tiempo de mandato así como los concejales mientras que en las comisiones comunales es de dos años. También el año próximo ya no habrá comunas, sino 365 municipios distribuidos en toda la bota santafesina.

Marcos Corach propuso habilitar entidades financieras municipales.

Un artículo de la ley apunta a reglar los períodos de transición especialmente cuando se da el cambio de signo político y que genera fuertes cruces en muchas ciudades.

El artículo 93 del proyecto determina que "la transición ordenada de los gobiernos municipales es el proceso político-administrativo institucional que se desarrolla entre las autoridades salientes y las autoridades electas, con el objeto de asegurar la continuidad del gobierno local, regular la prestación de los servicios públicos y la preservación del interés público municipal".

Dispone además que "los municipios deben establecer, mediante ordenanza, un régimen de transición ordenada que inicia con la proclamación de las autoridades electas por el órgano electoral competente y concluye con la toma de juramento y asunción de las nuevas autoridades, debiendo desarrollarse conforme a los principios de legalidad, orden, planificación, transparencia y colaboración institucional".

De respetar en Diputados el artículo 21 votado por Senado, el mapa santafesino de municipios quedaría ordenado de la siguiente manera:

-Localidades de hasta 3.000 habitantes: intendente a cargo de la función ejecutiva y una Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por tres miembros.

-Municipios de 3.000 y 10.000 habitantes: intendente y Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por cinco miembros.

-Municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes: intendente y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por cinco miembros.

-Localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes: intendente y un Concejo Municipal integrado por siete miembros.

-Municipios de entre 50.000 y 80.000 habitantes: intendente más Concejo de nueve miembros.

-Localidades entre 80.000 y 150.000 habitantes: intendente y un Concejo de once integrantes.

-Más de 150.000 habitantes: intendente y un Concejo Municipal que sumará dos concejales cada cien mil habitantes. Las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrán la cantidad de concejales que tienen al momento de la entrada en vigencia de la ley.

La redacción dispone que los miembros de los Concejos o Comisiones Municipales podrán percibir, durante el ejercicio de su mandato, una asignación funcional, la cual será fijada por el propio cuerpo mediante el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus integrantes. En las municipalidades que tengan hasta 3.000 habitantes la función de vocal será ad honorem.

El Poder Ejecutivo provincial ya trabaja en borradores, legislación comparada y en análisis para que Santa Fe tenga una ley electoral que contenga y ordene el sistema hoy disperso en una serie de leyes que se fueron dictando en los últimos años e incluso algunas dictadas por la última intervención federal, previa a las elecciones de octubre de 1983.

En la Casa Gris, el ala política del gobierno definió un cronograma de trabajo para la primera parte del año: discurso del gobernador Maximiliano Pullaro ante las cámaras legislativas (15 de febrero); paritarias con los distintos gremios estatales; pliegos para futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia (aprobados el 26 de febrero) y la reforma política o electoral que se deriva de la nueva Constitución sancionada en septiembre del año pasado.

Es en el Ministerio de Gobierno e Innovación Política que conduce Fabián Bastia, donde convergerá la tarea de síntesis en las diferentes temáticas.

Las distintas fuerzas políticas saben de la decisión del Poder Ejecutivo y no fueron pocos los legisladores (oficialistas y no oficialistas) que se acercaron a despachos oficiales a conversar sobre la temática.

La opinión primaria de la mesa política de Casa Gris es tener una ley electoral donde converjan las diferentes normas hoy vigentes con las respectivas modificaciones. El debate se acelerará a partir de la sanción de la futura Ley Orgánica de Municipios.

De la mano del ministro de Gobierno Bastia, la Casa Gris avanza en un plan para unificar su sistema electoral.

En Unidos hubo síntesis y entre mañana y el jueves habrá negociaciones con los senadores justicialistas buscando el texto para votar este jueves en el Senado.

El objetivo es que siete días después, la Cámara de Diputados sancione la norma que será la base de funcionamiento de los 365 gobiernos locales algunos de los cuales luego discutirán cartas orgánicas.

En materia electoral, Santa Fe fue haciendo parches sobre parches y ahora, con la nueva Constitución y especialmente la futura composición de la Cámara de Diputados es aconsejable dictar la nueva normativa.

Precisamente Diputados se pronunció en varios ocasiones sobre diplomas de integrantes ante la ambigüedad de distintos artículos. Incluso, en el caso más reciente, el Tribunal Electoral adjudicó una banca a un espacio política, la Cámara entendió que no correspondía esa interpretación y resolvió el lugar para otro espacio. Para el Tribunal la banca 50 correspondía a Igualdad (Rubén Giustiniani) y para la Cámara correspondió al Frente Amplio por la Soberanía (Fabián Palo Oliver).

Algunos artículos vigentes tienen su origen en la Ley Electoral N° 2600 sancionada en 1938 y que sufrió muchas modificaciones a lo largo de casi 90 años de vigencia. El sistema electoral de Ley de Lemas fue reemplazado por el Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Luego, se pasó al sistema de Boleta Única y más adelante se dispuso -por ley- la gratuidad de la publicidad en las campañas electorales para partidos políticos, haciéndose cargo el propio Poder Ejecutivo.

En algún momento la provincia tuvo Ley de Cupo Femenino y en los últimos años se incorporó la paridad.

La unificación de leyes electorales en Santa Fe busca simplificar el proceso y resolver disputas, como la asignación de bancas. Foto: Archivo / Fernando Nicola (dron).

"Debemos trabajar en una ley nuevo que contenga todos los aspectos con vistas a los próximos años; no una ley para la coyuntura" les dijo el propio ministro Bastia a dirigentes socialistas y justicialistas que lo visitaron para hablar de este tema.

La mayoría de los dirigentes de las principales fuerzas políticas admiten la necesidad del tema, aunque luego aparecen las diferencias cuando se habla de pisos electorales para ocupar bancas, de la posibilidad de establecer para tener boletas a cargos legislativos haya candidatos a los cargos ejecutivos. Son todos borradores que necesitarán de largos procesos de diálogos para encontrar una síntesis.

En la página del Tribunal Electoral están las 20 leyes vigentes a la hora de elecciones con una docena de decretos reglamentarios lo que hacen sumamente engorroso todo el sistema. De allí la necesidad de buscar puntos de entendimiento y simplificar el sistema.

En tanto, en lo que tiene que ver con la autoridad electoral, parece decisión que el Tribunal ya no será encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia sino por un camarista del fuero Contencioso Administrativo con un tribunal de alzada también del fuero.

(Por Agustín Aranda) - Como es natural en los balances, en especial los contables, los números suelen ser claves para explicar el pasado, pero también para alertar sobre el futuro. Y en el caso de la ciudad de Rosario esta no es la excepción. Con números claros en 2025 la ciudad avanzó en postergados anhelos institucionales, redefinió su mapa político y celebró alojar a miles de deportistas internacionales.

También enfrentó problemas con sus fuerzas de seguridad, acusadas de robar dinero al Estado, y con su ciudadanía, que al igual que en otros puntos del país bajó en los cuidados, elevando las tasas de contagio de enfermedades que en otro momento no eran parte de la agenda periodística.

El 3 de diciembre el intendente Pablo Jakvin firmó y promulgó la ordenanza que días antes se había aprobado en el Concejo Municipal para dotar a la ciudad de la tan anhelada autonomía municipal. La ordenanza fue el inicio formal del proceso de redacción de una Carta Orgánica municipal que será la base de la nueva configuración legal e institucional del gobierno local.

Durante el debate legislativo algunos bloques opositores expresaron críticas y reservas sobre el alcance de ciertas facultades y la rapidez del proceso. Sin embargo, la ordenanza tuvo un apoyo amplio, algo que fue visto por el oficialismo como señal de consenso político, aunque también trajo cuestionamientos de sectores disidentes sobre mecanismos de control y equilibrio fiscal.

Con la autonomía, Rosario podrá hacer las normativas y organizar con mayor independencia del Ejecutivo provincial temas que impactan directamente en la vida cotidiana de sus habitantes: desde la posibilidad de una policía municipal hasta la administración de servicios y tributos locales.

Este cierre del año encuentra a funcionarios y legisladores preparando la agenda técnica para la próxima etapa: la conformación de comisiones, consultas sectoriales y la eventual elección de convencionales que definirán la futura Carta Orgánica.

Durante todo el año la Municipalidad fijó sus acciones alrededor del Tricentenario de lo que algunas personas dentro del estudio de la historia santafesina reconocen como la fecha de inicio de poblamiento que llevó más tarde el nombre “Rosario”, la ciudad nunca fundada, pero que tiene registros de primeros pobladores en 1725. De ahí la fecha.

Rosario vivió una jornada inolvidable en la celebración central de su Tricentenario.

El gobierno encargó un ambicioso programa de obras públicas -algunas completas y otras en pendiente- para transformar el casco histórico de la ciudad. Incluyó renovaciones integrales en espacios emblemáticos como la Plaza 25 de Mayo, el Pasaje Juramento, la Catedral, el Palacio Municipal, el Cultural Fontanarrosa, Puerto Joven y la Tecnoteca (escuela municipal innovadora de tecnología y oficios digitales), entre otras obras y acciones.

La intervención buscó articular restauración patrimonial, mejoras urbanas y puesta en valor de los puntos neurálgicos de la ciudad. En paralelo, hubo un calendario de actividades culturales, recitales masivos con la presencia de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto, entre otros artistas, además de recorridos guiados para la ciudadanía.

Casi 39% de los votos obtuvo la lista de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario durante las elecciones de concejales de junio. Encabezada por el conductor televisivo Juan Pedro Aleart y en línea con una campaña que declaraba “Aleart es Milei” en sus carteles de propaganda fue la fuerza más votada de la ciudad. En segunda posición quedó el frente Fuerza Patria, con alrededor de 31,8% de los votos, seguido por Provincias Unidas que alcanzó aproximadamente 15,6%, en un duro revés para el oficialismo local y provincial.

Al igual que en otros distritos, la participación no fue alta, y el mapa de calor del voto arrojó marcadas diferencias. La Libertad Avanza dominó en muchos de los circuitos del norte y noroeste, mientras que Fuerza Patria mantuvo una presencia fuerte en sectores del sur y este de la ciudad. Provincias Unidas tuvo mejor performance en algunos sectores del centro y macrocentro.

Estos resultados se cristalizaron semanas atrás cuando asumieron los y las nuevas concejalas, en un Concejo Municipal que ya no tiene mayoría del oficialismo luego de la irrupción de LLA, quien ya contaba con dos representantes. El nuevo mapa político “de tercios” quedó confirmado cuando le otorgaron la segunda vicepresidencia del cuerpo legislativo a Aleart.

Son 14 los policías investigados por malversar 300 millones de pesos por “cargas fantasmas de combustible”, en un expediente judicial que sacudió las estructuras internas de la policía en Rosario durante 2025. La fiscalía destacó la complejidad del entramado investigado y la necesidad de controles más estrictos sobre recursos, procedimientos y transparencia administrativa.

Hay 14 policías investigados por malversar 300 millones de pesos.

Entre auditorías, una intervención y muchas internas por las reformas del gobierno de Pullaro, la decisión desde la provincia fue cambiar la conducción de la Unidad Regional II que se encarga de la seguridad en Rosario. En noviembre Guillermo Solari fue presentado como nuevo jefe junto a Hernán Rammuno como subjefe.

Ese fue el total aproximado de atletas que participaron de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, realizados en septiembre con Rosario como sede principal, en un evento que incluyó más de 55 disciplinas olímpicas y paralímpicas.

La semana de competencias dinamizó la actividad turística de la ciudad, con ocupación hotelera superior al 80 %, flujo constante de visitantes y un impacto significativo en gastronomía, transporte y otros servicios. La recepción masiva en el Fan Fest y las ceremonias de apertura y cierre destacaron a Rosario como un centro de eventos de repercusión nacional.

Además de la dimensión deportiva, los JADAR impulsaron actividades complementarias: clínicas deportivas, encuentros con estudiantes y jornadas de inclusión, generando un efecto multiplicador que trascendió los estadios y se extendió a barrios y clubes de la ciudad.

Ese fue el umbral epidemiológico que Rosario logró mantener por quinto año consecutivo en la sífilis congénita, con menos de 0,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos, cumpliendo con la meta establecida por la Organización Panamericana de la Salud. El número surgió como dato positivo en un contexto de aumento general de casos de la enfermedad en Argentina.

Hasta la semana 44 de 2025, Nación estimó un total de 36.702 casos de sífilis en el país, casi igualando el récord histórico de 36.917 casos de 2024. Rosario siguió esa tendencia con un incremento sostenido en diagnósticos, lo que generó preocupación entre autoridades sanitarias y especialistas. Y puso el foco en aumentar los chequeos de todas las personas adultas. Eso incluye a las parejas de las personas embarazadas para evitar contagios al bebé.

Desde 2024 la ciudad reforzó sus acciones de detección masiva por fuera del centro y las fechas tradicionales (ubicadas en diciembre), ya que entendieron que muchas personas no se movilizaban hasta allí para hacer los testeos.

Entre las explicaciones, las autoridades apuntaron a la baja percepción del riesgo y pidieron a todas las instituciones aportar en abrir las charlas de prevención. Eso, mientras intentan aumentar la detección temprana y lograr que las personas que se contagiaron completen los tratamientos y no vuelven a infectarse, algo que fue parte de la estadística en 2025.

Por Ivana Fux

Por imperativo de la nueva Constitución provincial, hacia 2035, los mandatos de todos los intendentes – ya no existe en Santa Fe la figura del presidente comunal- deberán estar unificados. Par lograr ese "acople", el texto de la nueva carta magna establece calendarios electorales que operarán como ordenadores de dicho esquema.

De ello deriva una particularidad: en 19 ciudades, habrá de manera excepcional un mandato de seis años. Se trata de las que fueron creadas recientemente por ley y de las que ya venían renovando autoridades municipales en los comicios intermedios.

Ellas son: Alvear, Armstrong, El Trébol, Florencia, Fray Luis Beltrán, Helvecia, Las Toscas, Puerto General San Martín, Recreo, Roldán, Romang, San Guillermo, San José De La Esquina, San José del Rincón, San Vicente, Sauce Viejo, Suardi, Teodelina y Villa Minetti.

En diálogo con El Litoral, el diputado Joaquín Blanco, ex presidente de la Comisión Redactora durante la Convención, explicó cómo se instrumentará el nuevo texto constitucional.

- ¿Cómo se planifican las elecciones de aquí en adelante para que se puedan unificar los mandatos de todos los intendentes en la provincia?

- Esto surge de la definición de la Convención Constituyente de que todos los mandatos de los gobiernos locales duren 4 años. Esto es todo una novedad... La enorme mayoría de las localidades de la provincia tiene menos de diez mil habitantes. Y la comuna es un híbrido porque ejerce a la vez la tarea ejecutiva y legislativa. El cambio es muy grande y muy profundo porque todas se convierten en municipio.

Todos los mandatos van a tener cuatro años. Entonces lo que definimos es, en primer lugar, que las comunas cuyas autoridades asumieron el pasado 10 de diciembre tendrán un mandato de dos años porque la convocatoria a elecciones de ese proceso se dio antes de que se sancionara la nueva Constitución.

Pero a partir del 2027, esa misma comuna ya tendrá formato de municipio y con un mandato para sus autoridades de cuatro años. De esa forma, todos quienes se presenten en 2027 y sean electos van a tener la posibilidad de una reelección consecutiva en el 2031.

- ¿Es decir que la de 2027 recién se cuenta como la primera elección o primer mandato?

- Exactamente, y en el 2035 finalizaría la posibilidad de que ese intendente pueda seguir presentándose. Entonces, vamos a poner un caso muy concreto, un presidente comunal que juró el pasado 10 de diciembre por la nueva Constitución y tomó funciones por primera vez en su comuna tiene 2 años de mandato, la posibilidad de presentarse en el 2027 por 4 años y si gana, la posibilidad de presentarse en el 2031 por otros 4 años. Entonces, en el 2035 finaliza la posibilidad de reelecciones consecutivas.

- Eso para las comunas. ¿Qué sucede con los municipios?

- Ahí tenemos una particularidad… Desde el retorno a la democracia, por ley, se han ido creando nuevas ciudades en la provincia y la renovación de sus autoridades no coincidía con la elección general de gobernador. Entonces, se empalmaban con las elecciones intermedias.

Históricamente eran ocho ciudades, pero en los últimos años se sumaron otras y hoy son 19 las que tienen ésa característica. En la Convención Constituyente acordamos que era importante que se unificaran también, y que la elección de intendente coincidiese con la elección de gobernador, senadores, diputados y demás intendentes de la provincia.

- ¿Qué se resolvió para esas ciudades específicamente?

- En esas ciudades, los intendentes que asumieron el 10 de diciembre último tendrán un mandado de cuatro años; es decir, hasta 2029. Y en 2029 habrá una elección sólo para renovar intendente en esas 19 ciudades con la salvedad de que excepcionalmente, ese mandado se extenderá por seis años. De esa manera, se llegará a 2035 con todos los mandatos unificados; se acoplarían estas 19 ciudades al resto de las elecciones municipales.

- ¿Cómo operaría en ese caso la reelección?

- Se toma como primer mandato el período 2025/2029 y allí se accede a la reelección, con lo cual el eventual mandato del reelecto concluiría en 2035, es decir, al cabo de esos seis años que se otorgan de manera excepcional. En definitiva, todos tienen la posibilidad de gobernar 10 años hasta llegar al 2035. Por ejemplo, al intendente de Santa Fe, le quedan dos años de mandato. En 2027, se contará si es reelecto, como primer mandato en el marco de la nueva Constitución. Por lo tanto, podría presentarse nuevamente en 2031 porque ésa representaría su primera reelección desde que rige la nueva carta magna. Entonces, llegaría a 2035 con su nuevo mandato de cuatro años, habiendo estado diez años en el cargo. Desde ese entonces, ya no podría acceder a una nueva reelección consecutiva. Esto rige para todos los cargos, excepto para el gobernador actual que quedó habilitado a presentarse para la reelección en las próximas elecciones de 2027.

- De todos modos permanecen las elecciones intermedias para renovar concejos…

- Claro; en todas las ciudades de más de veinte mil habitantes. Definimos este criterio que tiene que ver con que son Concejos más amplios, de mayor número; son localidades que tienen más participación, más politización, donde hay más cultura democrática en el sentido del funcionamiento de estos cuerpos deliberativos. Tienen una vida cívica más intensa. Allí se van a mantener las elecciones intermedias para renovar por mitades los concejos cada dos años.

Ricardo Roccaro

Con la sanción de la Reforma Constitucional de Santa Fe en el mes de septiembre de 2025, los Constituyentes, en lo referente al Régimen Municipal, reconocieron la “autonomía municipal”, e incorporaron las figuras de “áreas metropolitanas” y “regiones”. Y les han asignado a la Legislatura Provincial, la tarea de sancionar de dos leyes que revisten una importancia suprema:

• Nueva Ley Orgánica de Municipios y

• Nueva Ley de Coparticipación.

El plazo para la sanción de la nueva ley orgánica de municipios es de un año, y para la nueva ley de coparticipación es de dos años. Si bien, son muy importantes ambas leyes, en el presente artículo se desarrollará el tema de la coparticipación.

Esta ley deberá ser el resultado de un pacto fiscal moderno que refleje la actual realidad institucional y logre cumplir con la exigencia de solidaridad y equidad, un equilibrio que seguramente no será fácil conseguir.

Lo primero que se debe definir es la formación de la masa coparticipable, que es la cantidad de dinero recaudado que se dispone para la distribución entre el Gobierno Provincial y las Municipalidades.

Esta masa coparticipable se puede direccionar por impuestos, de manera individual o generar una masa coparticipable única que abarque todos los impuestos que percibe el Gobierno Provincial y la coparticipación de los impuestos nacionales. Además deberá definir, si coparticipa todos los impuestos o alguno o algunos no se redistribuyen a los municipios.

En la actualidad, la legislación establece el primer criterio, pues, cada impuesto tiene un mecanismo distinto de distribución, y uno de ellos -el Impuesto a los Sellos- no se coparticipa. Los dispositivos de distribución de recursos tributarios (coparticipación), tienen, en principio, dos pasos bien definidos:

• La distribución primaria

• La distribución secundaria.

La distribución primaria es la que se realiza entre el Gobierno Provincial y la totalidad de los municipios, vale decir, de una masa coparticipable, qué porcentaje recibe el Gobierno Provincial y qué porcentaje reciben los municipios, en su conjunto.

La distribución secundaria es la que se realiza entre los municipios, luego de detraído los recursos que, por distribución primaria, se destinan al Gobierno Provincial.

Estos valores deberían depender de las competencias y funciones que se asignen o se acuerden entre el Gobierno Provincial y los municipios, y la determinación de los costos de dichas competencias y funciones.

En el mismo sentido de lo expresado en párrafos anteriores, se debe definir si se va a optar por una masa coparticipable única o dividida por los distintos tributos coparticipables de manera individual, aunque podría ser la distribución primaria tomando como una sola masa coparticipable unificada.

Resulta importante aclarar que para fijar un porcentaje, es conveniente tomar en consideración que la autonomía reconocida por la reforma constitucional recientemente sancionada amplía las responsabilidades del gasto por parte de los gobiernos locales.

Por lo tanto, surge racional un aumento en la participación primaria para las municipalidades, puesto que en estos últimos tiempos se viene registrando un incremento en las funciones de los gobiernos locales, generando o tendiendo a generar déficit, que un aumento en la participación disminuiría la posible mayor dependencia de transferencias discrecionales.

studio pormenorizado de las distintas competencias, que podríamos clasificar en "Exclusivas del Gobierno Provincial", "Exclusivas de las Municipalidades" y "Concurrentes", nos podrían otorgar una información totalmente válida que pueda reflejar en un porcentaje que sea justo y equitativo.

Resulta oportuno aclarar que probablemente las funciones que pueden ser concurrentes surjan de la Ley Orgánica de Municipios, y de las cartas orgánicas de cada municipalidad.

Es absolutamente recomendable que los criterios que se utilicen para llevar adelante la distribución secundaria, descansen en bases objetivas y auditables, que combinen ciertos parámetros, y que incluyan, entre otros a los siguientes:

• Población

• Necesidades básicas insatisfechas

• Superficie

• Capacidad contributiva

• Producto bruto geográfico

• Capacidad y esfuerzo fiscal

Puede pensarse también en algunas combinaciones de estos parámetros para “afinar” un poco más un modelo eficiente que pueda acercarse a esquemas que logren un equilibrio entre la equidad y la solidaridad.

Independientemente de las pautas que se pueden considerar específicas para diseñar los mecanismos de distribución, una nueva ley debe contemplar elementos básicos a tener en cuenta, tales como:

• Automaticidad y simultaneidad en la remisión de fondos que se coparticipan,

• Libre afectación de los recursos coparticipables,

• Transparencia, control y coordinación fiscal, y mecanismos de revisión y actualización de datos,

• Actualización de la masa coparticipable y

• Establecimiento de incentivos a la gestión fiscal local

Con relación a la automaticidad y simultaneidad en la remisión de los fondos, se puede exigir que dichos fondos sean transferidos de forma automática, diaria y simultánea a las cuentas de los gobiernos locales, sin ingresar previamente al Tesoro Provincial. Esto elimina el riesgo de usos discrecionales o retenciones indebidas.

La ley también debe prohibir expresamente la afectación de los fondos coparticipables a gastos o programas provinciales específicos, a los efectos de garantizar la libre disponibilidad de los recursos por parte de los municipios, respetando su autonomía.

En relación a la transparencia, el control y los mecanismos de revisión y actualización de datos, no debemos obviar que un sistema federal moderno es inconcebible sin rendición de cuentas e información disponible para todos y cada uno de los actores del sistema, que incluya los montos recaudados, los coeficientes aplicados y las transferencias efectivas a cada jurisdicción.

Para centralizar un mecanismo de control y coordinación fiscal, resulta recomendable la creación de un órgano permanente, integrado por representantes de la Provincia y los gobiernos locales. Su función sería de fiscalizar la aplicación de la ley y proponer eventuales ajustes técnicos, institucionalizando y haciendo operativa la discusión del federalismo fiscal en el ámbito provincial.

La ley debería establecer los plazos temporales para la actualización de los datos que conforman los coeficientes de distribución.

La previsión de que por defecto, cualquier nuevo impuesto forme parte de la masa coparticipable, debería ser la regla; solo por excepción, los recursos de un determinado tributo deben excluirse de una distribución con los municipios.

Por último, que la ley establezca un mecanismo de incentivo para que los municipios propugnen mejorar su eficiencia fiscal, premiando a quienes mejoren su recaudación propia, pues si se desentienden de su función tributaria, sin tener el menor efecto negativo, se estaría indirectamente recompensando una posible irresponsabilidad fiscal.

Y una cosa es ayudar al que menos tiene y otra un poco diferente es dar ayuda al que menos esfuerzo realiza.

La Reforma Constitucional de Santa Fe fue un paso adelante en el reconocimiento de las autonomías de los gobiernos locales. Sin embargo, la nueva Ley de Coparticipación Provincial es el verdadero examen para el federalismo santafesino.

Sancionar una ley que incorpore estos puntos no solo cumplirá con un mandato histórico, sino que fortalecerá las finanzas locales, fomentará la eficiencia fiscal y sentará las bases para un desarrollo regional más equilibrado y justo. La autonomía que garantiza la Constitución se mide, en última instancia, en la capacidad financiera para tomar decisiones.

La pelota está ahora en el campo de la Legislatura y ésta tiene un plazo que vence en septiembre del 2027. ¿Podrán los actores (legisladores, gobernador e intendentes) lograr el consenso para cumplir el mandato constitucional, y plasmarlo en una normativa legal?

Rosario amaneció este miércoles en modo fundacional. Con el Monumento a la Bandera como escenario, el intendente Pablo Javkin encabezó la ceremonia de promulgación de la ordenanza que declara la autonomía municipal, un paso habilitado tras la reciente reforma constitucional de Santa Fe y la ordenanza aprobada la semana pasada por el Concejo.

Frente a distintas fuerzas vivas y referentes políticos y sociales de la ciudad, Javkin destacó que la declaración es «un sueño de grandeza, un acto de necesidad» y «un grito de libertad responsable».

“Llegó el tiempo que pone fin, de una vez y para siempre, a tutelas innecesarias, trámites anacrónicos y límites que no tienen sentido”, manifestó el intendente. «La firma que pondré hoy es mucho más que un poco de tinta esparcida, porque el papel contiene letras que sellan el fin de una deuda y anuncian el inicio de una nueva era», agregó, recuperando una aspiración que tiene más de un siglo.

La ceremonia, que comenzó pasadas las 8:30 de la mañana con la interpretación del Himno Nacional a cargo de Ike Parodi, buscó revestir la novedad de un carácter épico. El documento oficial se firmó sobre una mesa diseñada por Ángel Guido, uno de los creadores del Monumento a la Bandera, y estuvo acompañado por objetos históricos como un tintero perteneciente al exgobernador Nicasio Oroño y la Carta Orgánica de 1933.

Javkin definió este logro como el cumplimiento del «mandato histórico de la generación del tricentenario». En su discurso, reconoció a sus predecesores, incluyendo a Mónica Fein (presente en el acto) y Horacio Usandizaga (quien saludó telefónicamente), y mencionó a figuras desde Luis Lamas hasta Miguel Lifschitz.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial, Rosario amplía su competencia plena en diversas áreas que antes requerían la intervención del gobierno provincial.

Las nuevas facultades incluyen la gestión de terrenos baldíos, el arbolado público, la mesa de negociación paritaria con los trabajadores municipales, la subasta o reutilización de vehículos del corralón municipal y la emisión de bonos y letras para financiar obras.

Además, las ordenanzas aprobadas habilitaron el primer paso hacia la designación de 28 convencionales estatuyentes. Este cuerpo será elegido en 2027 y tendrá la responsabilidad de redactar la Carta Orgánica Municipal, definiendo el nuevo marco institucional y administrativo de la ciudad, incluyendo aspectos financieros y la duración de los mandatos.

En cuanto a otros temas de agenda, Javkin reiteró su postura en contra de la creación de policías municipales, destacando las mejoras recientes en la política de seguridad.

Este fin de semana finalizó el 143° período ordinario de sesiones de la Legislatura que no pasará a la historia como uno de los más fructíferos en materia de debates sobre leyes y políticas de estado ni por producción legislativa. Apenas poco más de 20 leyes sancionadas en el año calendario.

Un importante atenuante fue la realización de la Convención Reformadora, eje central del año político santafesino. A esto se le sumaron tres elecciones, dos de ellas provinciales y la de octubre de diputados nacionales. El mapa político surgido de esos comicios empezará a plasmarse en el nuevo mes que se inicia.

Julio, agosto y septiembre fueron cruzados por la Convención. Preparativos, conformación del cuerpo, debates, sanción y jura de la nueva Carta Magna marcaron un tiempo político histórico después de 63 años de la última reforma. En los próximos meses/años se irán viendo los alcances del nuevo contrato social santafesino y si cumplió con los objetivos del constituyente y de la ciudadanía.

El uso central del edificio de Legislatura para la actividad de la Convención; 28 de los 69 convencionales fueron legisladores, entre ellos el presidente del cuerpo, Felipe Michlig; más el personal legislativo como soporte técnico a la asamblea obligaron a paralizar la actividad legislativa.

Habrá que añadir que la gestión de Maximiliano Pullaro logró de la Legislatura en los primeros meses (diciembre 2023) una docena de leyes claves en materia de seguridad y de emergencias en áreas críticas para ordenar la gestión de Unidos.

El Poder Ejecutivo también estuvo atravesado por la reforma constitucional donde participó no solo el gobernador Maximiliano Pullaro en esa asamblea sino ministros como Fabián Bastia -jefe de bancada- o Victoria Tejeda.

El otro elemento importante es que Unidos -más allá de disidencias internas- tiene el control absoluto de la agenda del Poder Legislativo. Mayoría propia en la Cámara de Diputados y los dos tercios en el Senado.

Demandará mucho tiempo volver a encontrar este cuadro político en Legislatura porque la nueva Constitución prevé distribución proporcional en la Cámara Baja dejando de lado la garantía que dieron los estatuyentes de 1962 al Poder Ejecutivo.

Ante este marco, el año deja la sanción de leyes como de parques productivos y distritos productivos tecnológicos; de prohibición de heredar cargos en el Estado santafesino; un régimen de iniciativa privada; la validación del ambicioso convenio entre la provincia e YPF; así como la autorización a tres endeudamientos externos.

Otras normas tienen que ver con la continuidad de estados de excepción para la administración y prórrogas de expropiación temporal de empresas para que cooperativas de trabajadores puedan llevar adelante la producción.

Ahora viene un acotado período de Sesiones Extraordinarias ya que -nueva Constitución mediante- el 15 de febrero, el gobernador irá a Legislatura a la apertura del año legislativo. Ya no habrá que esperar a mayo como decía la Carta Magna de 1962.

Pero este lunes, el Poder Ejecutivo definirá un ambicioso temario para Extraordinarias donde el Poder Legislativo parece haberle delimitado para las futuras leyes de Presupuesto y Tributaria 2026.

Es más, en los pasillos de Legislatura se da por hecho sesiones los días 11 y 18 para que cada cámara apruebe ambos temas. El Presupuesto está en Diputados y la Tributaria en el Senado.

El último miércoles, el ministro Pablo Olivares y gran parte del equipo de Economía, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, mantuvieron una extensa reunión -a puertas cerradas para la prensa- sobre Presupuesto.

No hubo sobresaltos al decir de los protagonistas y Olivares se llevó un dossier de 20 requerimientos de su antecesor, Walter Agosto. Son precisiones sobre algunos sectores de la administración que están expuestos en un pedido de informes.

Agosto entiende que el Presupuesto del año próximo esconde un importante déficit y para ello es central trabajar el financiamiento de ese rojo. El justicialista señala que cuando el gobierno difunda las cifras de septiembre y octubre de este año ya aparecerá un déficit en las cuentas santafesinas producto de los menores ingresos tributarios por la recesión y por otro la ejecución de inversiones.

Pero la Casa Gris espera otras definiciones legislativas y serán, al menos, doce los proyectos habilitados por el Ejecutivo. "Es de esperar que las sesiones se prolonguen más allá del 18 porque enero será mes de receso" se dice al lado de Pullaro en Casa de Gobierno.

Pliegos para que Lotería pueda convocar a licitación para licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia; la norma para regular la red de conectividad e infraestructura tecnológica que se está ejecutando; prórroga de parte de la emergencia en seguridad, y varios cambios en el sistema de justicia son parte de la agenda.

Capítulo aparte la futura Ley Orgánica de Municipios donde el Ejecutivo demoró el envío de la iniciativa ante el ruido político generado entre intendentes por las dos audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados. La definición pasará para el año próximo teniendo septiembre como fecha límite de acuerdo a la Constitución.

Más allá de las cortas Extraordinarias, y después del atípico 2025, la tarea legislativa por delante tiene que empezar a definir las mandas de la Constitución. El año próximo no tiene elecciones por delante y parece el escenario ideal para definir normas sobre municipios, coparticipación, leyes electorales, etc.

Serán esas normas las pruebas cabales de la consistencia del frente Unidos pero también de los acuerdos a tejer con el justicialismo, acuerdos que plasmaron una Constitución marcada por alto consenso.

(Por María José Valdéz y María José Ramón) - La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, participó este jueves del acto de entrega de diplomas a los concejales electos y definió el encuentro como “una celebración de la democracia”. En diálogo con El Litoral, subrayó la importancia de los gobiernos locales y reivindicó su rol cotidiano frente a las demandas sociales.

Según explicó, la ceremonia sintetiza uno de los aspectos más valiosos del sistema institucional: la cercanía con la gente. “A mí me gusta mucho esta parte de la vida democrática”, dijo la legisladora. “Aquí están quienes están más cerca de las necesidades de su pueblo: intendentes, concejales, presidentes comunales”.

García remarcó que muchos de ellos trabajan en contextos complejos, donde las urgencias superan la disponibilidad de recursos. “Vivimos un clima de época donde por ahí no llegan los fondos y la Nación no atiende necesidades básicas”, afirmó. “Ellos ponen la cara y encuentran a los vecinos no solo en sus oficinas, sino también en el supermercado, en el club o en la escuela de sus hijos”.

La diputada destacó la mezcla de experiencia y renovación que convive en cada acto institucional. “Hay autoridades que vuelven con la ilusión renovada, y otras que recién comienzan su camino”, apuntó. Para García, la convivencia intergeneracional enriquece la mirada local y fortalece la representación.

Consultada sobre las expectativas para el próximo año, García subrayó que 2026 marcará un punto de inflexión. “Va a cambiar toda la provincia, porque se vienen las autonomías”, planteó. La diputada recordó que la reforma constitucional aprobada es el punto de partida para una nueva organización institucional en Santa Fe.

“El gobernador, fiel a su estilo, enviará una serie de leyes que acompañan los cambios derivados de la reforma”, adelantó. Entre ellas figura el proyecto de autonomías municipales, una de las iniciativas más esperadas por los gobiernos locales.

La legisladora confirmó que ya comenzaron las instancias preparatorias. “Ayer hubo reuniones sobre dónde debe ir la legislación”, señaló. Además, anunció dos audiencias públicas abiertas: una en Santa Fe, el 26 de noviembre, y otra en Rosario. “Están invitados todos los que quieran opinar”, dijo. “Estas autoridades locales van a ser protagonistas”.

Sobre la fecha exacta en que podría ingresar el proyecto, García fue cauta. “Será inminente. El fin de año está a la vuelta de la esquina”, respondió. Algunos textos, anticipó, podrían ser tratados en extraordinarias.

La autonomía municipal, eje de la discusión política. Foto: Fernando Nicola

García evaluó que el trabajo conjunto entre los poderes del Estado permitió avanzar en una agenda compleja y transversal. “A lo largo de estos dos años hemos conformado un equipo entre la Legislatura y el Ejecutivo”, sostuvo. “Sentimos que dimos herramientas para abordar los temas más cruciales”.

Entre esos desafíos mencionó la seguridad, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento de la institucionalidad local. La legisladora insistió en que la reforma constitucional abre una nueva etapa y requiere un andamiaje normativo amplio y participativo.

“El fin de año llega con presupuesto y ley tributaria, que estarán entre los temas de las próximas sesiones”, agregó. Para García, esa base financiera es indispensable para que los cambios institucionales puedan sostenerse en el tiempo.

La diputada insistió en que las autonomías son una demanda histórica de intendentes y comunas. “Son ellos quienes conocen el pulso real del territorio”, afirmó. “Necesitan herramientas claras, previsibilidad y capacidad de decisión”.

Este miércoles 22 de octubre, a las 12 del mediodía, se realizará en el Concejo Deliberante de Venado Tuerto el acto de jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe. La ceremonia será presidida por el intendente Leonel Chiarella y el presidente del Concejo, Santiago Meardi, y contará con la participación de instituciones locales y vecinos, en un acto abierto al público.

“Es un acto con una significancia institucional muy relevante para nuestra ciudad, que pone en valor las instituciones democráticas y republicanas, y reivindica la cultura del diálogo y los consensos básicos tan necesarios para el progreso de cualquier sociedad”, destacó Meardi.

Según adelantó el edil, la senadora Leticia Di Gregorio —quien ya prestó juramento ante la nueva Carta Magna— será la encargada de tomar juramento al intendente y éste, al presidente del Concejo. Luego, Meardi tomará juramento a los concejales y Chiarella hará lo propio con los secretarios del Ejecutivo municipal.

“Es un acto público, abierto a todos los vecinos e instituciones. Además, quienes estén presentes, incluidos los periodistas, podrán realizar también el juramento simbólico de lealtad”, indicó Meardi.

El titular del cuerpo deliberativo subrayó que “después de tantos años e intentos de diferentes gobiernos, finalmente se logró reformar la Constitución, dando lugar a una carta magna avanzada a nivel país, moderna y más inclusiva”.

Según explicó, la nueva Constitución “termina con muchos privilegios de la política, establece el equilibrio fiscal como un valor fundamental y eleva a rango constitucional la ficha limpia, entre otros avances”.

También resaltó que la reforma habilita “un régimen municipal más sólido, con autonomía plena para las ciudades y comunas, y con elecciones cada cuatro años, lo que significa estabilidad institucional y la posibilidad de planificar políticas a largo plazo”.

En cuanto a los aspectos centrales de la reforma, el presidente del Concejo destacó que se introdujeron “cambios muy importantes en términos judiciales y legislativos”.

“Por un lado, se establece un límite de 75 años para integrar la Corte Suprema y nuevas reglas para la designación y revocatoria de jueces, fiscales y defensores. En lo legislativo, desaparece la mayoría automática en Diputados y se adopta el sistema D’Hondt, de representación proporcional”, explicó.

Además, remarcó que la nueva Constitución “permite una sola reelección para todos los cargos electivos, incluido el de gobernador, lo que genera un recambio institucional más sano y ejemplar en el país”.

El acto se desarrollará en el recinto del Concejo Deliberante y estará abierto a toda la ciudadanía, organizaciones e instituciones locales. “Queremos que sea un momento compartido por todos los venadenses, porque marca un paso histórico para la provincia y nuestra ciudad”, concluyó Meardi.

Por efecto de la reciente reforma constitucional, el Poder Ejecutivo tendrá hasta el 31 de octubre próximo para presentar formalmente ante la Legislatura el proyecto de presupuesto provincial 2026. Antes de esa modificación, el plazo caducaba el 30 de setiembre.

El Ministerio de Economía de Santa Fe aguardaba con expectativa la formulación del presupuesto nacional para contar con las variables macroeconómicas que guiarán la elaboración del proyecto local. Los datos fueron revelados por el presidente Javier Milei hace dos semanas.

La provincia ingresó desde entonces en una suerte de cuenta regresiva para cumplir con el nuevo mandato constitucional respecto de los plazos, pero las últimas vicisitudes en términos de la macroeconomía obligaron a las autoridades de la cartera de Hacienda santafesina a "recalcular".

Por ahora, la provincia tiene la certeza de que tomará índice de inflación, tipo de cambio y tasa de crecimiento tal como lo estipuló Nación. El presupuesto de Santa Fe respetará esas variables macro, aunque algunas de ellas – inflación, esencialmente- serán tomadas con cierto escepticismo.

Del mismo modo, se respetarán los parámetros que fijó el gobierno central para las proyecciones de los recursos federales que llegarán a la provincia.

Sin embargo, para la elaboración de la "letra chica" que determinará el flujo de gastos y recursos, y qué nivel de inversión se planificará para el año que viene en la provincia, la Casa Gris esperará al menos hasta la semana que viene.

Ante las variaciones del dólar, la volatilidad económica de las últimas semanas y el fantasma de la recesión, los funcionarios provinciales del área de Economía prefirieron evitar la premura, analizar el escenario con prudencia y "recalcular" las proyecciones que se venían ensayando todavía en borradores.

La intención es poder comenzar a trabajar el proyecto de presupuesto sobre la base de un panorama "lo más realista posible y con datos certeros".

"Por la incidencia de lo sucedido en los últimos treinta días, nos puede cambiar todo lo que teníamos proyectado hasta julio. Eso nos obliga a recalcular", se explicó a El Litoral desde la Casa Gris. Mientras tanto, se seguirán analizando las demandas que fueron acercando cada uno de los Ministerios y reparticiones del estado.

En otro orden, la provincia sigue esperando que la Casa Rosada conceda los avales necesarios para poder avanzar con la efectivización y desembolso de dos créditos internacionales. Ambos fueron tomados con la CAF (ex Corporación Andina de Fomento; actualmente, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

El primero de ellos fue por 75 millones de dólares para costear obras vinculadas con el desarrollo de los Juegos Odesur, que se realizarán en la provincia durante el 2026. El segundo es por 150 millones de dólares para avanzar con el programa integral de logística urbana y metropolitana del Gran Rosario, con otras viales estratégicas en la zonas portuarias para el desarrollo productivo.

La documentación respectiva fue presentada en tiempo y forma a principios de año pero los permisos formales siguen sin otorgarse. Según pudo saber este diario, se registró un avance puesto que el expediente fue girado desde el Ministerio del Interior a la Secretaría de Hacienda. Pero el permiso final y formal sigue sin concederse.

María José Valdéz

La provincia de Santa Fe ya cuenta con su nueva Constitución, aprobada este martes en la Convención Reformadora tras un amplio debate y con el acompañamiento mayoritario de los bloques políticos. El texto, que será jurado el viernes y entrará en vigencia el lunes con su publicación en el Boletín Oficial, marca un hito institucional en la historia santafesina.

Este 9 de septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la vida política santafesina. La Comisión Redactora de la Convención Reformadora presentó el dictamen de mayoría, que ordena y actualiza la Constitución provincial. La última gran reforma databa de 1962, por lo que el nuevo texto busca adecuarse a los desafíos de un mundo transformado en materia de derechos, ambiente, transparencia y tecnología.

La nueva Constitución conserva la estructura republicana y democrática, pero incorpora principios modernos: equidad de género, memoria activa, sostenibilidad ambiental, inclusión social y reconocimiento de derechos de cuarta generación.

La Legislatura santafesina fue el escenario de Reforma.

La propuesta amplía el catálogo de derechos individuales y colectivos. La salud se consagra como un derecho fundamental, garantizado por un sistema público, gratuito y de calidad. Se reconoce al medicamento como un bien social y se promueve la producción pública.

El trabajo es definido como un derecho humano y un deber social. Se establecen condiciones como salario justo, jornada limitada, desconexión digital y prevención de la violencia laboral.

El acceso a un ambiente sano y equilibrado pasa a ser un derecho de todos los habitantes. El agua se declara un bien colectivo, con acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento.

La igualdad y la no discriminación aparecen reforzadas. La Constitución reconoce desigualdades estructurales y ordena al Estado aplicar políticas activas para reducirlas, con atención a la infancia, las mujeres, las juventudes, las personas mayores, con discapacidad e indígenas.

Se incorporan además derechos vinculados al mundo digital: acceso a la conectividad, alfabetización digital crítica, protección de datos personales y regulación de algoritmos e inteligencia artificial para evitar sesgos y discriminación.

La educación se garantiza como gratuita, laica, inclusiva y universal. La obligatoriedad llega hasta el nivel secundario y se refuerza la vinculación entre la escuela y el trabajo. La alfabetización digital, la educación ambiental y la promoción de la salud se incorporan como ejes transversales.

La cultura se reconoce como derecho y como patrimonio colectivo. Se promueve la diversidad cultural, la protección del patrimonio material e inmaterial y el fortalecimiento de bibliotecas y espacios de memoria.

En materia política, se amplían los mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa popular, el referéndum, la consulta y la revocatoria de mandato se incorporan como herramientas concretas. Las audiencias públicas serán obligatorias en leyes ambientales y de servicios públicos.

El voto sigue siendo universal, igual y obligatorio, e incluye a extranjeros en elecciones provinciales y municipales.

El Poder Legislativo mantiene su carácter bicameral. La Cámara de Diputados tendrá 50 miembros electos por representación proporcional y paridad de género. El Senado se compone de un representante por cada departamento.

El Poder Ejecutivo estará a cargo del gobernador y vice, con mandatos de cuatro años y posibilidad de una sola reelección consecutiva.

El Poder Judicial se moderniza con una Corte Suprema de siete miembros, paridad de género y representación territorial. Se fortalecen el Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa, que funcionarán con autonomía.

Entre los organismos de control, se consolidan el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, con misión de garantizar transparencia, eficiencia y protección de derechos frente a la administración pública.

La autonomía municipal es uno de los ejes más destacados. Los municipios tendrán capacidad plena en los órdenes institucional, político, administrativo y financiero. Los que superen los 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica.

La coparticipación se garantiza mediante un sistema automático y solidario, con criterios de equidad y proporcionalidad.

Se habilitan convenios intermunicipales y la creación de regiones y áreas metropolitanas para impulsar desarrollo, obras públicas y cooperación institucional.

La reforma incorpora un fuerte enfoque ambiental. Se establece la obligación de políticas climáticas de mitigación y adaptación, la preservación de humedales, bosques y biodiversidad, y la protección de los derechos de las generaciones futuras.

Imagen de la última plenaria de la Convención Reformadora.

Las disposiciones transitorias ordenan la entrada en vigencia de la nueva Constitución a partir de su publicación. Todas las autoridades provinciales y municipales deberán jurarla en un plazo de 30 días.

Algunas normas tendrán implementación progresiva. Por ejemplo, la ley de coparticipación deberá aprobarse en un plazo máximo de dos años y la nueva Ley Orgánica de Municipios, en uno.

La reforma también aclara que los mandatos provinciales actuales no serán considerados como primer período, salvo el del gobernador y la vice.

La reforma constitucional propuesta por la Convención Reformadora busca colocar a Santa Fe en sintonía con el siglo XXI. No se limita a actualizar formalidades: amplía derechos, incorpora la agenda ambiental y digital, fortalece la transparencia y otorga a los municipios un rol protagónico.

El debate en el plenario será decisivo. Pero, de aprobarse, la provincia pasará a tener una de las constituciones más modernas del país, capaz de responder a los desafíos de una sociedad diversa, digital y en permanente transformación.

Texto Final Ordenado

Maximiliano Pullaro eligió la última sesión del pleno de la Convención Reformadora para trazar un balance de los casi dos meses de debate y para reivindicar el carácter histórico del proceso. Como gobernador y como convencional constituyente, se mostró orgulloso del resultado alcanzado: una nueva Constitución Provincial que -dijo- “abre las puertas al futuro” y que simboliza la derrota de los privilegios y de las viejas estructuras de poder.

“El honor de ser parte de esta Generación del 25 es aún mayor al poder hacerlo también como gobernador de la provincia invencible de Santa Fe”, expresó. Y añadió: “Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible”.

El mandatario remarcó el clima de diálogo que atravesó la Convención. “Se suele decir que el que tiene mayoría impone. Nosotros demostramos que había otro camino: nos escuchamos y construimos consensos”, afirmó. Como dato central, subrayó que el 93 % del articulado fue aprobado con el apoyo del 67 % de los convencionales, un nivel de acuerdo inédito en la provincia. En ese mismo tono, reivindicó la derrota de “los pesimistas” que auguraban un fracaso y la de “las corporaciones que concentraban poder”. “Hoy ese poder vuelve al pueblo de Santa Fe”, sostuvo.Pullaro también valoró que la reforma haya sido impulsada desde un frente político, el de Unidos, que ganó con contundencia en la provincia, pero que igualmente optó por el diálogo. “Hubo debates intensos, pero siempre en el marco del respeto. Supimos que el futuro exigía superar privilegios y grietas”, añadió.

El gobernador destacó las innovaciones que introduce la nueva Carta Magna. “Se decidió eliminar los privilegios, poner límites al poder y crear mecanismos inéditos de control. Incorporamos con rango constitucional la ficha limpia, que todavía se discute en el Congreso nacional, y asumimos como deber irrenunciable la seguridad pública”, remarcó.Entre otros puntos, señaló la renovación de la justicia, la democratización de las decisiones, la ampliación de la participación ciudadana y la creación de herramientas institucionales que -sostuvo- harán posible “atraer inversiones y generar desarrollo en la provincia”.“Dentro de dos días, el poder tendrá menos poder. Esa es la paradoja y la fortaleza de este proceso”, enfatizó.Hacia el final de su intervención, Pullaro reivindicó el lugar de Santa Fe en la historia institucional del país: “Somos la cuna del federalismo y una vez más nos animamos a ser la locomotora de un cambio que Argentina necesita. Esta Constitución es el resultado del esfuerzo colectivo de todos los santafesinos”.

Por Luis Rodrigo

"La provincia de Santa Fe tiene nueva Constitución", exclamó Felipe Michlig, presidente de la Convención Reformadora, este sábado, al cabo de 8 horas de sesión plenaria.

Valoró el aporte de todos los partidos políticos para la redacción de los artículos que regirán, en breve, los destinos de la provincia; valoró que la cláusula transitoria que habilita, "si el partido, el Frente y la gente lo quiere", la reelección del actual gobernador obtuvo el 67% de votos positivos, y que el 93,1% de los artículos puestos a consideración fueron aprobados con los dos tercios de los votos afirmativos.

"Vamos hacia lograr que los poderes del Estado sean más transparentes y más eficientes", confió.

- ¿Estaba previsto que al final de la sesión dijera "Santa Fe tiene una nueva Constitución", que fue la declamación que desató los abrazos, las celebraciones y la emoción de unos y de otros? ¿Lo habían conversado en labor parlamentaria?

- No, la verdad es que no lo había pensado. Cuando fue el altercado de los otros días, que me arrepiento tanto de haber dicho lo que dije (al convencional de LLA, Nicolás Mayoraz), yo quería agradecer el trabajo a todos, pero también decir que faltaban dos sesiones muy importantes. No teníamos idea de cómo iba a ser esta última sesión. Sabíamos que iba a ser extensa, hubo que dividirla en dos días, con mucha discusión y mucho debate. Yo ese día quería decir que habíamos hecho mucho, pero que todavía faltaba, como para definir el esfuerzo, escalar el Aconcagua y después el Everest. Y es lo que sentí hoy.

- Que había llegado a la cima.

- Si, pero en el buen sentido. No por una cuestión grandilocuente, sino como una forma de decir: estamos dando un paso muy importante para el futuro de Santa Fe que tiene que ver, primero, con terminar con los privilegios de la dirigencia política, los fueros parlamentarios, las reelecciones indefinidas, bajar los costos de la política. Tener, por fin, en los pueblos chiquitos, como vivimos nosotros, elecciones cada 4 años, que se pueda planificar mejor, que los esfuerzos estén destinados al servicio de la gente y no al servicio de las campañas electorales.

Después, consagrar derechos. Aquí se ha hablado tanto de distintos colectivos que no están visibilizados o no existen, por lo menos, en la letra de la Constitución que todavía tenemos vigente. Y esta reforma amplia y parcial consagra muchísimos derechos para muchísima gente que está invisibilizada.

- Santa Fe va a ser una provincia muy curiosa, con una excelente cláusula constitucional sobre educación y sin ley de educación. ¿Por qué se pudo acá y entre las cámaras no? Es una pregunta retórica.

- Hay una impronta distinta, un orden distinto en la provincia con el liderazgo de un gobernador que está haciendo cambios estructurales de los cuales muchos duelen o molestan, pero que son necesarios. También puedo decir que hemos buscado durante tantos años la posibilidad de ponernos de acuerdo para reformar la Constitución y nos preguntamos qué pasó, por qué nos costó tanto. Tal vez el tema era la reelección del gobernador, y fíjate que se hablaba tanto del impedimento y tuvo el 67% de votos positivos.

- Casi no tuvo discusión.

- Más de los dos tercios de apoyo de los convencionales para permitir la cláusula transitoria para que (Maximiliano Pullaro) pueda presentarse en 2027, si así se define.

- Tiene que definirlo el partido también…

- Si lo define el partido, el Frente... Tienen que estar de acuerdo Maxi, Gisela (Scaglia) y, después, la gente es la que decide. Porque no menoscabemos la gran importancia que tiene el soberano, el voto popular. Creo que esto también es una cuestión muy importante, muy fuerte de buscar a través del diálogo y de insistir, insistir, insistir para buscar los consensos.

Yo creo que uno de los desafíos, entre tantas leyes que tendremos que tratar sobre autonomía, sobre cuestiones de la justicia, también estará una nueva ley de educación. Si no escuché mal es la única provincia que todavía no tiene una ley de educación. Es grave para nosotros y tiene que interpelarnos y servir para que nos pongamos a trabajar en esta cuestión.

- Cuando se comenzó a hablar de la reforma de la Constitución, una de las prevenciones más grandes fue que había una ola, un contexto histórico, una situación nacional que tiende para un sector no muy progresista y existía ese riesgo, ese peligro. Hay un resultado electoral del 13 de abril que todo lo explica. Sin embargo, se ha logrado un texto constitucional que es especialmente cuidadoso en aspectos como los que vivimos hoy en los que hubo tanta emotividad. Está muy bien plantada la idea de una constitución distinta en el país, con esta última cláusula que habilita acciones positivas.

- De mayor emotividad fue hoy toda la sesión porque, primero, todos reconocían el trabajo y los aportes. Lo que estaba escrito fue modificado con los aportes de todos y se consagraron derechos de muchos colectivos que no eran tenidos en cuenta. Incluso, de lo que era el texto de Unidos, que era la primera minoría, pero se agregaron otros aportes muy valiosos de los distintos bloques políticos. Pero también quiero destacar una cuestión de lo que ha sido un informe preliminar que me han hecho llegar y no lo quise manifestar: artículos aprobados con los dos tercios de votos fueron 81. O sea, el 93,1% de los artículos fueron aprobados con los dos tercios de los votos afirmativos. Y solamente seis, el 6,89 por mayoría simple. Todos los artículos aprobados. Esto habla a las claras del consenso que se logró a través del diálogo que conseguimos de muchas charlas y muchas horas de trabajo. Esto me hace pensar que estamos para consagrar una constitución moderna y, reitero, con esas premisas que parecen redundantes y parecen una muletilla, pero terminamos definitivamente con muchos privilegios de los dirigentes políticos y de la política, que bajamos los costos de la política, que consagramos derechos de ciudadanos. Todo esto es perfectible pero vamos hacia lograr que los poderes del Estado sean más transparentes, más eficientes y que estén al servicio del progreso, del desarrollo y de una mejor calidad de vida para todos los santafesinos.

Este sábado en el plenario de la Convención Reformadora se votaron modificaciones en la sección "educación" de la Constitución santafesina.

A continuación un repaso detallado del articulado y su nuevo contenido.

ARTÍCULO 109. Toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso, desde una perspectiva de derechos humanos.

La Provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único, articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión.

El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.

La Provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el ejercicio pleno de este derecho.

ARTÍCULO 110: La Provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan, como mínimo, a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y al ordenamiento jurídico.

De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones.

ARTÍCULO 111. La Provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar.

La Provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud.

ARTÍCULO 112. El Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales.

ARTÍCULO 113. La Provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo.

Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional; los concursos públicos, abiertos y transparentes; y la estabilidad”.

En la Constitución en pleno proceso de reforma este es el texto del capítulo “Educación”.

ARTICULO 109. El Estado provincial provee al establecimiento de un sistema de educación preescolar y elemental y puede organizar y proteger también la enseñanza secundaria, técnica y superior. La educación impartida en los establecimientos oficiales es gratuita en todos sus grados.

La educación preescolar tiene por objeto guiar adecuadamente al niño en sus primeros años, en función complementaria del hogar.

La educación elemental es obligatoria e integral y de carácter esencialmente nacional. Cumplido el ciclo elemental, la educación continúa siendo obligatoria en la forma y hasta el límite de edad que establezca la ley.

La educación secundaria tiende a estimular y dirigir la formación integral del adolescente. La normal propende a la formación de docentes capacitados para actuar de acuerdo con las características y las necesidades de las distintas zonas de la Provincia.

La educación técnica tiene en cuenta los grandes objetivos nacionales y se orienta con sentido regional referida preferentemente a las actividades agrícolas, ganaderas e industriales de la zona.

La Provincia presta particular atención a la educación diferencial de los atípicos y a la creación de escuelas hogares en zonas urbanas y rurales.

ARTICULO 110. Los padres de familia e instituciones privadas pueden crear escuelas u otros institutos de educación en las condiciones que determine la ley.

La educación que se imparta en los establecimientos privados desarrollará, como mínimo, el contenido de los planes de estudios oficiales y se identificará con los objetivos nacionales y los principios de esta Constitución.

Queda garantido a los padres el derecho de elegir para sus hijos el establecimiento educativo de su preferencia.

ARTICULO 111. La Provincia establece institutos que investiguen y orienten la vocación de los adolescentes hacia una elección profesional adecuada.

Procura, asimismo, que los alumnos que acrediten vocación, capacidad y méritos, dispongan de los medios necesarios para alcanzar los más altos grados de la educación.

Arbitra igualmente las medidas que fueren menester para impedir o combatir la deserción escolar.

ARTICULO 112. El Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales.

ARTICULO 113. La Provincia destina recursos suficientes para el sostenimiento, difusión y mejoramiento de los establecimientos educativos del Estado.

La ley asegura al docente un régimen de ingreso, estabilidad y carrera profesional según sus méritos y estimula y facilita su perfeccionamiento técnico y cultural”.

Por Luis Rodrigo

Con un texto que prosperó en apoyos en las comisiones previas a la sesión de este sábado -y en cambios planteados por la oposición justicialista-, el oficialismo se aseguró que se consagren con un muy fuerte respaldo los cambios al capítulo dedicado a la educación en la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Por 50 votos a favor y 15 en contra la Convención Reformadora aseguró que nadie en el futuro pueda pensar en que el Estado provincial tenga la chance de no sostener el sistema educativo y dejarlo en manos “de las familias o de la sociedad”, o lo contrario que se busque eliminar la educación del ámbito privado.

La modificación de cinco artículos de la actual Carta Magna obligan al Estado (cualquiera sea su circunstancial gobierno) a “garantizar” el derecho a la educación, que además ahora declara como obligatorias las escuelas primarias y secundarias.

Contra los deseos del PJ no se fijaron órdenes al legislador para que una ley imponga porcentajes presupuestarios, pero están sin dudas los principios rectores en esa dirección.

Que se haya logrado el acuerdo entre radicales, peronistas, socialistas y macristas es una novedad relevante en el ámbito político de Santa Fe. Se trata de los partidos y las fuerzas políticas con más peso que gobiernan o han gobernado la provincia y que, sin embargo, no han logrado hasta aquí sancionar una ley de educación.

¿La mora legislativa se podrá por fin saldar gracias a lo sucedido en la Convención? En rigor, el preámbulo de la Constitución (que no se toca en 2025) contiene el verbo “proveer” al lado de “educación” que ciertamente involucra recursos y labores y obligaciones. “Proveer a la educación” es parte de una extensa enumeración del “objeto” (del objetivo) de la Constitución.

La décima sesión de la Convención contó con una pausa nocturna del jueves 4 a este viernes 5 y continuó con los dictámenes de la Comisión de Derechos y Garantías que preside la convencional Alejandra Rodenas. Allí se construyeron acuerdos que luego se consolidaron en la Redactora encabezada por Joaquín Blanco. En ambas jornadas estuvo en el recinto como invitado especial el ministro de Educación, José Goity.

En cuanto al debate de fondo mientras la mayoría progresista apoyó los cambios en educación los bloques derechistas de LLA y SVyL se ocupó de describir esas modificaciones como “socialistas”, hubo además momentos de tensión.

Por Unidos, Daina Gallo Ambrosis, expuso en pocas líneas qué es hoy el sistema educativo que depende de la provincia, tanto en gestión pública como privada y en los distintos niveles y modalidades, con elogios a la vocación como eje distintivo. Dijo que “sin educación no podríamos ejercer los demás derechos”, tras describir ese derecho como anterior a los demás hasta en términos cronológicos. Mucho después, desde el peronismo se observó algo parecido: “Sin educación no hay igualdad, sin igualdad no hay libertad y sin libertad no hay democracia”, expresó Alcides Calvo.

María Victoria Tejeda subrayó que los cambios en la Constitución parten de observar “los aprendizajes como primera instancia de evaluación”. La respaldó Claudia Levin al destacar que es vital para mejorar que haya una evaluación de resultados. También habló de la responsabilidad del Estado para una educación inclusiva, plural y democrática, con perspectiva de derechos humanos.

Julio Garibaldi expresó que es “un derecho innegociable (…) en tiempos en que se pone en discusión si el Estado tiene que retirarse de la escuela y de toda la educación, (…)”.

Para Lisandro Enrico es “fruto de estos tiempos” la reforma constitucional que impone “la evaluación de los resultados” y asumió que hoy no son los deseados. “Si queremos entrar al mundo del conocimiento debemos mejorar”, subrayó en tono de autocrítica que luego, Nicolás Mayoraz (de LLA) no consideró así.

“El derecho a aprender y a enseñar contiene a la iniciativa privada en la educación”, subrayó el también ministro de Obras Públicas. Y lo mismo “el derecho de las familias a elegir entre esos sistemas de gestión”. Sin embargo, hubo más tarde hubo reproches de SVyL por no contener en los artículos a las familias ni la gestión privada.

“Pocos estamentos de la sociedad nos provocan tantas esperanzas como el de la educación; no damos una discusión técnica o normativa, debatimos qué sociedad queremos”, consideró Calvo.

“Teníamos un proyecto más de avanzada, pero hay progresos importantes”, consideró Juan Monteverde, también de Más para Santa Fe, que deseaba la definición de educación como un “derecho colectivo”, a propósito del “derecho a enseñar y aprender”, que se consagra finalmente. Aseguró que no hay políticas públicas en Educación “o en cualquier ámbito”, sin la participación de los “trabajadores organizados”.

Rubén Giustiniani de Activemos admitió que un lugar común debe hacer sentir orgullosos a los argentinos “es real que la educación pública iguala”. Y siguió: “ya contamos más de cien años de la gratuidad en la escuela y 50 en la gratuidad universitaria. Habló de la reforma universitaria y del ascenso social retratado en la obra de teatro “M'hijo el dotor”, del uruguayo Florencio Sánchez.

Elisabet Vidal de LLA consideró “insuficientes” las referencias a “la familia” y opinó que “falta una prohibición de adoctrinamiento político e ideológico”.

Para Mayoraz no hubo en toda la sesión “ni un solo mea culpa” por los resultados escolares cuando “son quienes han gobernado”. Y lo mismo apuntó sobre la ausencia de una ley de educación santafesina. “Expropian la educación”, afirmó.

La Convención Reformadora de Santa Fe entra en sus días finales. Como estaba estipulado en la ley n° 14.384, fueron 60 los días que los convencionales se tomarán para modificar parte del articulado de la Carta Magna provincial.

Así las cosas, este miércoles 3 de septiembre, el plenario votó una resolución ordenando las tres sesiones pendientes hasta el final del mandato el 12 de septiembre.

Los convencionales ultiman detalles para terminar de darle forma a la nueva Constitución.

El próximo viernes, desde el mediodía, los convencionales se abocarán a tratar los dictámenes elaborados por la Comisión de Derechos, Declaraciones y Garantías, sesión que tendría continuidad el sábado por la mañana debido a la extensión del temario.

En tanto, el martes 9, desde las 17, se hará la sesión para tratar el texto ordenado tras los cinco plenarios donde fueron incorporados los temas votados.

Por último, el viernes 12 desde las 17, la Convención sesionará para aprobar la versión taquigráfica y luego la jura por parte de los integrantes de la asamblea reformadora. Luego, en la explanada de la Legislatura, la nueva Carta Magna será jurada por las autoridades de los tres poderes del Estado.

Últimos días de vigencia para la Constitución del 62.

La citada ley de necesidad de reforma estableció que 42 artículos del documento que tiene vigencia desde 1962 fueran reformados por la actual Convención. La norma fue votada en diciembre de 2024 con una amplia mayoría de respaldo (77% resaltó por entonces el oficialismo).

Entre los cuales se destacan cambios en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cada uno en intensos debates de comisión y en el mismo recinto.

La Convención dio inicio el 14 de julio, tal como había anticipado El Litoral. Ese día se produjo la jura de 68 convencionales, cabe recordar que Alejandra Oliveras no pudo hacerlo debido a un problema de salud que derivó dos semanas después en su muerte.

La novena reunión plenaria de la Convención tuvo la presidencia honoraria de Danilo Kilibarda, quien integró la asamblea que reformó la Constitución en 1962. Lo propuso Marcelo Lewandowski, presidente de Activemos, quien repasó la trayectoria del dirigente que nació en Villa Mugueta y que ocupó cargos en la Legislatura y en el Ejecutivo además de haber ejercido la docencia universitaria.

"Kilibarda es un defensor de los valores democráticos y de la defensa de las instituciones", agregó.

Por Mario Cáffaro

Con más de dos horas de demora, la octava sesión de la Convención Reformadora inició su tarea para definir el nuevo régimen municipal que comprende la autonomía de los municipios de más de diez mil habitantes, pero también sobre los recursos y capítulos a incorporar al texto constitucional sobre ordenamiento urbano y el derecho a la ciudad.

Finalmente, se votarán una serie de cláusulas transitorias para ordenar la transición en los gobiernos locales, especialmente intendentes y concejales actuales más la decisión de emplazar al Poder Legislativo a que dicte una nueva ley orgánica de municipios en un año y en dos, una nueva ley de coparticipación.

La octava sesión se realiza bajo la presidencia honoraria del Papa Francisco a instancias de Amalia Granata (Somos Vida y Libertad) quien fundamentó la decisión y luego se sumaron Jaquelina Balangione (Más para Santa Fe), Hugo Rasetto (Unidos), Lucila De Ponti (Más para Santa Fe), Elisabet Vidal (La Libertad Avanza), Marcelo Lewandowski (Activemos).

En principio, Unidos votará con Fe y Más para Santa Fe las reformas a dos artículos de la Constitución sobre régimen municipal y las cláusulas transitorias más allá de algunas disidencias en particular en ambos temas.

La demora en el inicio de la sesión obedeció a la extensión de la Comisión Redactora en la emisión del dictamen final producto de intercambios de apreciaciones entre bloques.

Valentina Chiaraviglio - Leonardo Botta

En la siesta del jueves 28 de agosto, directivos de Colegios y Consejos Profesionales, junto a Cajas de Previsión Social de Santa Fe, se reunieron frente a la Legislatura provincial para celebrar un hito significativo: la aprobación de un dictamen que reconoce la existencia de estas entidades en la nueva Constitución provincial.

Este logro es resultado de un proceso de diálogo y negociaciones destinado a legitimar el rol crucial de estas instituciones en la provincia. “Venimos a agradecer a los convencionales de la Comisión de Funcionamiento del Estado que emitieron el dictamen”, dijo el Farm. Claudio Morales, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, quien estaba presente en las escalinatas junto a sus colegas.

La mención de los Colegios y Consejos de Profesionales, en la Carta Magna Provincial refuerza el compromiso del Estado con la salud, la educación, la justicia, la seguridad. Permitirá resguardar su existencia frente a intentos legislativos que puedan vaciar su rol o debilitar su función, atentando contra la seguridad jurídica.

Morales explicó que este reconocimiento les otorga una mayor protección legal. "Es muy importante tanto para nosotros como Colegio, como para los santafesinos, ver reflejada en la nueva Constitución la existencia de los colegios que ya venimos existiendo y trabajando hace 70 años aproximadamente", afirmó.

Además, el representante del Colegio de Farmacéuticos destacó que el reconocimiento actúa como un "resguardo ante posibles ataques" que pudieran provenir de la legislación, protegiendo tanto a las entidades como a la población en general.

"Estamos convencidos de que los ciudadanos santafesinos se verán favorecidos con las reformas plasmadas en la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe con el merecido reconocimiento y rango constitucional otorgado", dijeron desde el Colegio.

La provincia reconoce la existencia de los Colegios y Consejos Profesionales creados por ley.

Morales detalló que la inclusión de los Colegios en la Constitución no fue un proceso sencillo: “Desde el inicio de la Reforma, se planteó la necesidad de este reconocimiento. Las autoridades de los Colegios Profesionales se reunieron con representantes de todos los partidos políticos para explicar la situación y la importancia de su rol”.

El artículo que finalmente se aprobó establece que "la provincia reconoce la existencia de los Colegios y Consejos Profesionales creados por ley", explica Morales. Aunque esta redacción no fue exactamente la solicitada originalmente y se buscaba una mención más explícita, se considera un avance importante.

Además Morales mencionó que el Artículo 21 de la nueva Constitución si bien establece la "intangibilidad de los fondos de las Cajas Previsionales, consideramos que el texto podría haber sido más amplio, reflejando conceptos como la igualdad y la solidaridad”.

Claudio Morales, secretario del Colegio de Farmacéuticos en la Legislatura de Santa Fe.

Es importante destacar que los Colegios y Consejos de Profesionales son personas jurídicas de derecho público no estatal, encargadas de funciones que el Estado les ha delegado, tales como el control del ejercicio profesional, la regulación ética y disciplinaria de cada actividad, y la defensa del interés público y de los usuarios de los servicios profesionales.

Por eso, el dictamen representa un paso crucial que fortalece su labor. La nueva Constitución, al reconocer formalmente su existencia, consolida su rol institucional y brinda un marco jurídico sólido para el desarrollo de sus actividades, marcando un precedente relevante para el futuro del ejercicio profesional en la provincia.

Por primera vez en la historia institucional santafesina, los gobernadores y vicegobernadores tendrán la posibilidad de ser reelectos por un nuevo período, de manera consecutiva. La modificación está a tono con casi todas las demás provincias que, ahora con la sola excepción de Mendoza, la habilitan para sus respectivos mandatarios. La mayoría de ellas, al igual que desde ahora Santa Fe, por un solo mandato. En tanto, hay tres que lo hacen de manera indefinida: Catamarca, Formosa y Santa Cruz.

Así lo dispuso el plenario de la Convención Reformadora al votar el dictamen de mayoría elaborado por Unidos referido al Poder Ejecutivo. Y, específicamente, al aprobar en particular el punto 1 que modifica el artículo 64 de la Constitución, con 50 afirmativos (entre ellos, algunos de la oposición justicialista) y 17 negativos.

Así, el artículo 64 quedó redactado de este modo: "El gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período".

Pero en la misma sesión, el cuerpo abordó otra situación, que se encontraba en las antípodas de esta restricción para el Poder Ejecutivo, que ahora se remueve. Se trata del régimen para diputados y senadores provinciales, que gozaban de la posibilidad de reelecciones indefinidas. Un sistema que solo rige en Corrientes y en Córdoba, y al que se sumó recientemente la provincia de Buenos Aires, mediante una ley que desató polémica. San Juan, en tanto, permite dos reelecciones.

En este sentido, lo que opera ahora para los legisladores (al igual que para intendentes y presidentes de comuna) es una limitación: seguirán pudiendo ser reelectos como hasta ahora, pero solo una vez.

El criterio resultante de este doble juego de habilitación y restricción importa establecer una equiparación en el régimen de reelecciones: permitir una sola para todos los cargos electivos (gobernador y vice, intendentes y legisladores). Así, nadie podría permanecer –reelección mediante– más de ocho años consecutivos en el mismo cargo electivo.

La cuestión a resolver sobre esa base, y que importa en buena medida poner coyunturalmente nombre y apellido al artículo votado, es en qué términos podrán acceder a la reelección quienes están actualmente cursando su mandato. Y eso se resolvió, como estaba previsto, a través de una cláusula transitoria, que establece soluciones e implica efectos diferenciados.

"Los mandatos de las autoridades provinciales elegidas por el voto popular que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no serán considerados como primer período, con excepción de lo dispuesto para el Gobernador y Vicegobernador, para quienes el mandato vigente se considera primer mandato" reza (con alguna reiteración de términos para no dejar lugar a problemas interpretativos) la cláusula transitoria votada este miércoles. Y en función de la cual, el contador volverá a cero para todos los legisladores y autoridades locales (que, a partir de 2027, tendrán un "primer mandato" con la nueva Constitución y, por lo tanto, podrán ser reelectos una vez), pero no para el gobernador y la vice, quienes ya están encuadrados en un primer mandato, y solo podrán ser reelectos una sola vez más. Y, naturalmente, tampoco podrán acceder a un nuevo turno alternando sus puestos.

En este caso, la votación se dividió un poco más, sin llegar a afectar la amplia mayoría aprobatoria: con 67 presentes, el resultado fue de 45 votos afirmativos y 22 negativos. El consenso abarcó así siete votos de convencionales la bancada peronista Más para Santa Fe (los también senadores Rubén Pirola, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa y Armando Traferri, más Jaquelina Balangione, Patricia Boni y Alejandra Rodenas), a los que se sumaron, desde Activemos, María Victoria Capoccetti y María Eugenia Martínez Fernández.