Por Mario Cáffaro

La semana, sin sesiones ni en Senado ni en Diputados en Santa Fe, permitió "largar" la discusión y análisis interno sobre la futura norma electoral de la provincia. Charlas, por ahora, internas en cada fuerza política para luego buscar la síntesis entre aliados y luego entre Unidos y el peronismo, más allá de la presencia de otras fuerza con representación parlamentaria.

"Empezamos" fue la escueta respuesta de un funcionario del gabinete de Maximiliano Pullaro en cuyo despacho se concretaron algunas de las varias reuniones entre dirigentes radicales. El gobernador le ha dicho a El Litoral que él está bastante alejado de la discusión de los temas de la política, prefiere dedicarse a la gestión y a caminar el territorio. También ha dicho Pullaro que la reforma electoral está en manos del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y del presidente pro témpore del Senado, Felipe Michlig. Ambos dirigentes mantienen el bajo perfil y prefieren no hacer declaraciones ni hablar con la prensa sobre el tema.

Lo único concreto hasta el momento es el proyecto ingresado por los senadores del Partido Justicialista.

"Es un proyecto de Código Electoral que establece un marco claro y comprensible para todo el proceso. La propuesta consolida en un solo cuerpo legal normas que hoy están dispersas. Sostiene las PASO como instancia para definir candidaturas, establece la boleta única de papel para todas las categorías, fija el cuarto domingo de junio como fecha de las elecciones generales y acorta los plazos de campaña. Incorpora el voto de jóvenes de 16 a 18 años y de ciudadanos extranjeros, suma herramientas como el expediente digital electoral y define reglas precisas para el desarrollo de las campañas, incluyendo publicidad, encuestas y circulación de información" resume Rubén Pirola, firmante del texto.

Los diputados justicialistas, especialmente el bloque Hacemos Santa Fe (perottismo), tiene casi lista su iniciativa aunque Celia Arena aclara que es un proyecto propio, no contradictorio, con el firmado por los senadores.

En el socialismo todavía no hay síntesis, se aclara. Hay aportes de varios legisladores a manera de borrador para cuando haya que fijar la postura partidaria y sentarse con radicales y otros partidos de Unidos. Además, en el socialismo algunos dirigentes quieren escuchar a dirigentes con experiencia y que participaron de la discusión de algunas de las leyes que forman parte del cuerpo actual.

La izquierda le ha pedido una audiencia a Pullaro para saber de qué se trata. Lo hicieron los tres diputados del bloque del Frente Amplio por la Soberanía en nota, con membrete ingresada en Mesa de Entradas de Casa de Gobierno.

Hoy, veinte leyes y nueve decretos reglamentarios son la base del sistema legal electoral en Santa Fe, pero después de la última elección, la provincia reformó su Constitución y esto obliga a dictar algunas normas complementarias.

"Una ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara determina la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones" marca un párrafo del nuevo artículo 56 de la Constitución. El siguiente refiere a los partidos políticos y en el último párrafo dice que "una ley aprobada con mayoría absoluta del total de integrantes de cada Cámara regula el régimen de partidos políticos".

Ya la Legislatura sancionó la nueva ley Orgánica de Municipios en sintonía con la nueva Constitución y recientemente la de Colegio de Jueces en el fuero Contencioso Administrativo que -todo parece indicar- tendría a su cargo la secretaría electoral para dejar en manos de ministros de la Corte Suprema de Justicia la apelación en materia de temas durante el proceso electoral.

En la Casa de Gobierno ya trazaron un mapa de los temas a abordar con la legislación vigente. "Primero fijar la postura entre corrientes internas radicales; luego con el socialismo y el resto de Unidos. Después empezar el diálogo con el justicialismo". La hoja de ruta está definida, pero por ahora sin acelerar. El objetivo es intentar tener la norma sancionada antes del receso invernal aunque buscando el máximo consenso posible. De no ser posible, elongar entre julio y agosto las conversaciones para despegar la ley lo máximo posible del acto electoral.

El gobernador Pullaro ha dicho que el objetivo es alejar lo más posible la elección santafesina de la nacional de octubre. La fecha primaria es el 13 de junio de 2027. Antes, PASO en abril y cierre de listas en febrero. El tiempo empieza a apremiar.

"Hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución". Cláusula transitoria quinta de la Constitución.

En el artículo 56 de la Nueva Constitución "se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de conformidad con los principios de la democracia representativa".

Las personas tienen derecho a participar de los asuntos públicos, directamente o a través de los representantes elegidos en elecciones periódicas mediante sufragio universal, igual y obligatorio. El voto es secreto e intransferible.

Son electores las personas que se encuentren inscriptas en el padrón electoral provincial y se incorporan los extranjeros tanto a nivel provincial que antes estaban en el municipal.

El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de nuevo Código Penal, con endurecimiento de penas, ampliación de delitos imprescriptibles y la tipificación de nuevas figuras vinculadas al crimen organizado, la violencia urbana y los delitos tecnológicos.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien anunció en redes sociales este martes por la noche que acababa de tener una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei “en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anunció el ministro de Justicia.

En rigor, se había previsto que el nuevo Código fuese tratado en el período de sesiones extraordinarias, pero el texto nunca llegó a las cámaras.

El proyecto había sido anunciado a principios de octubre por propio presidente Javier Milei, junto a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, en ocasión de presentar el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen.

Durante el acto, Milei afirmó que se con él se ponía fin a “años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen”. Y prometió que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio”, para que “los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.

Bullrich detalló que el nuevo Código se basaría en tres pilares: agravamiento de penas, imprescriptibilidad de delitos aberrantes y cumplimiento efectivo de las condenas. “La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad”, sostuvo.

Ya entonces se indicó que la reforma propondría que delitos graves como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento no prescriban.

También se endurecerían las penas para delitos cotidianos como hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.

Según trascendió, en el nuevo Código Penal que el Gobierno se propone mandar al Congreso, no se modificaría el delito de femicidio como agravante del homicidio, ni tampoco se avanzaría con el tema del aborto, cuestión de no generar reacciones adversas en el Congreso que terminen frenando el texto.

La reforma será una de las prioridades que el Ejecutivo enviará al Congreso durante la primera etapa de sesiones ordinarias. La decisión fue consensuada por la mesa política del oficialismo para marcar la estrategia legislativa de los próximos meses, en una etapa donde se busca recuperar la iniciativa en cuestiones de interés público.

La agenda incluye, además de las reformas a la ley de Glaciares que ya comenzaron a discutirse en audiencias públicas, cambios en las leyes de expropiaciones, Tierras, Manejo del Fuego y de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

También, el nuevo esquema de financiamiento universitario que pueda ser compatibilizado con el equilibrio fiscal y la ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger para suprimir legislación y “liberar” la economía.

En cuanto al Código Penal, Mahiques trabaja en una nueva redacción de la propuesta elaborada por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre la cual ya elevó una consulta a la Corte Suprema y en la que está trabajando la comisión encabezada por el juez Mariano Borinsky.

Mahiques dispuso una revisión integral del borrador con el criterio de simplificar su estructura, reducir la extensión y otorgarle mayor precisión técnica antes de su tratamiento legislativo.

Por lo demás, el nuevo esquema buscará mantener la esencia del proyecto original, pero con modificaciones sustanciales en su diseño. La intención del Ejecutivo es contar con una normativa más clara y operativa, alineada con los principios del actual gobierno y adaptada a los desafíos contemporáneos en materia penal.

En ese sentido es que los cambios en análisis apuntan al endurecimiento de penas para delitos económicos, narcotráfico, terrorismo y ciberdelitos, así como la incorporación de nuevas figuras vinculadas a problemáticas emergentes. También se prevé una actualización en delitos informáticos, incluyendo hackeos, accesos ilegítimos y ataques a sistemas críticos.

El proyecto contempla además adecuaciones vinculadas a compromisos internacionales, en particular en materia de propiedad intelectual e industrial, y la inclusión de herramientas más estrictas para el combate del crimen organizado. En paralelo, se mantendrían figuras orientadas a sancionar conductas de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria.

Según se supo, la redacción del texto reduciría la cantidad de artículos, de los 912 actuales a medio millar aproximadamente. Además de las nuevas figuras y el criterio de endurecimiento del volumen de las penas, se ampliaría la cantidad de delitos que no prescribirían.

El pleno de la Cámara de Senadores de México aprobó este miércoles un acuerdo para que en cuanto llegue la reforma para ajustar la jornada de trabajo semanal a 40 horas, ésta se envié de inmediato a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social.

La reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se aprobó este miércoles en lo general y en lo particular en el Senado de la República con el aval de legisladores de fuerzas políticas de oposición.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Reuters.

Sin embargo, 15 legisladores de la oposición que votaron en contra del dictamen, acusaron que la reforma debería incluir de manera explícita que por cada cinco días de trabajo debería haber dos de descanso. Esto no se contempla en la reforma aprobada en la Cámara alta.

Mientras el Senado de la República se encontraba inmerso en la discusión de dicha reforma, en la Cámara de Diputados, se aprobó el acuerdo, para que en cuanto se reciba del Senado la Ley de las 40 horas, ésta se envié a las comisiones correspondientes para iniciar su proceso legislativo en San Lázaro.

La reforma laboral modifica el artículo 123 de la Constitución, para ajustar la jornada de trabajo de manera paulatina hasta 2030.

Es decir, en 2027 la jornada laboral bajará a 46 horas, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 horas, para culminar en 2030 a 40 horas laborales. Todo eso sin disminución salarial ni la reducción de derechos de las y los trabajadores.

Este mismo miércoles, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, instruyó a la Comisión que no se precipite para elaborar el dictamen.

La reforma será progresiva.

“Ahora que nos llegue la minuta, la indicación del presidente de la Junta de Coordinación Política, su servidor, es que no precipiten el dictamen, que den el término legal y que escuchen las comisiones a quienes quieran venir: trabajadores, organizaciones sindicales o patronales. Vamos a escucharlos con respeto”, explicó.

Hasta el momento no se tiene prevista una reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social para discutir la reforma de las 40 horas.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) se pronunció en respaldo al proyecto de reforma parcial al Código Procesal Laboral que está en la agenda de este jueves en la Cámara de Diputados. "Consideramos que esta reforma es un gran paso para corregir problemas estructurales que hoy generan sobrecostos en el sistema de ART, incertidumbre y pérdida de competitividad, sin mejorar la calidad del empleo ni la protección real de los trabajadores", destaca el documento industrial.

El proyecto de reforma fue presentado por el radical José Corral y habilitado para el tratamiento en Extraordinarias por el Poder Ejecutivo. En las últimas semanas, Corral y su compañero de bloque, Martín Rosúa, mantuvieron varias reuniones con sectores empresariales explicando los alcances de la iniciativa, incluso en una jornada organizada por la fundación Libertad en la ciudad de Rosario. "Subió la litigiosidad pero bajó la accidentología" subrayó Corral tras ese encuentro.

En tanto, la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de Diputados se reunirá este miércoles con Fernando Raúl Marchionatti, presidente de la Cámara de Apelación en lo Laboral, Circunscripción N°2 (Rosario), para dialogar e intercambiar opiniones respecto al funcionamiento del fuero laboral santafesino, litigiosidad provincial y perspectivas legislativas.

Ayer, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, con gran parte de su gabinete, realizó una reunión para evaluar el funcionamiento de las comisiones médicas, medida prevista en la última reforma al sistema de ART en Santa Fe. Del encuentro participaron empresarios, camaristas laborales y legisladores, entre ellos Corral, Rosúa y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Joaquín Blanco.

Más allá del apoyo de empresarios, hay todavía dudas en la Cámara de Diputados sobre la redacción del proyecto. El objetivo de los autores es avanzar con la media sanción este jueves o bien postergarlo para el tiempo ordinario.

"Las empresas santafesinas pagan una alícuota promedio de ART del 4,03%, un 45% más que el promedio nacional (2,78%). Además, un trabajador en nuestra provincia tiene más del doble de probabilidad de iniciar un juicio laboral que uno en la provincia de Córdoba. En consecuencia, este sobrecosto estimado para el sector productivo provincial asciende a USD 100 millones al año", agrega el comunicado de Fisfe.

"Además, la tasa de litigiosidad en Santa Fe es desproporcionada: un trabajador en nuestra provincia tiene más del doble de probabilidad de iniciar un juicio laboral que uno en Córdoba (260 juicios contra 118 juicios por cada 10.000 trabajadores)", ejemplifica.

El proyecto de reforma que se debatirá en la Legislatura "está inspirado en modelos exitosos de otras jurisdicciones, y busca solucionar este problema mediante una adhesión efectiva a la normativa nacional y una reestructuración de los procesos judiciales".

Luego, Fisfe explica que "concretamente, la reforma propone establecer las comisiones médicas como un paso obligatorio antes de poder iniciar un juicio laboral, lo que agiliza los tiempos de resolución para todas las partes. Además, plantea una reforma en la determinación de honorarios profesionales derivados de las pericias médicas, desvinculando los honorarios de los peritos de la gravedad de las lesiones o los porcentajes de incapacidad asignados. Actualmente, al estar los honorarios alineados al monto de la sentencia, existe un incentivo a asignar porcentajes de lesión más altos para aumentar el valor del juicio, sesgo que es corregido por el proyecto".

Desde FISFE, por último, piden a los legisladores "a agilizar el tratamiento de este proyecto de reforma, que nos permitirá alcanzar un sistema laboral más justo y equilibrado".

Ingresó al Senado de la Provincia una nota de la Corte Suprema de Justicia que, con la firma de todos sus ministros, impulsa fuertes cambios en el mapa judicial de Santa Fe para "profundizar" la reforma dispuesta por dos leyes del año pasado.

El texto constituye una propuesta de numerosos cambios (de distrito, de circunscripciones y de categorías de juzgados) que según la cabeza de la Justicia santafesina "se enmarcan en el deseable anhelo de contar con órganos jurisdiccionales dotados de mayor competencia y conocimiento en el vasto territorio provincial; lo que provocará un mayor acercamiento de la justicia al justiciable, a la vez de una importante reconducción y disminución de la litigiosidad en materia civil, comercial y laboral desde los ejidos urbanos más densamente poblados, hacia los nuevos órganos aquí y considerados".

La iniciativa de los ministros de la Corte "no involucra la creación de nuevos Juzgados, sino una transformación de unidades ya existentes, a las cuales se les proveerá de mayor competencia material" e indica que para "asegurar la viabilidad de la presente reforma (...) se ha efectuado una profunda evaluación que contempla no solo las realidades funcionales de cada órgano jurisdiccional, sino también los adecuados índices de atención y respuesta que desde cada dependencia objeto de la presente reforma, se puede proveer a la ciudadanía toda".

El escrito que solicita modificaciones en la Ley 10.160 Orgánica del Poder Judicial pasó en la sesión del jueves 13 de noviembre a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, bajo el expreso pedido de la acordada de solicitar "la pronta consideración, tratamiento y sanción del proyecto de ley que se remite".

Los fundamentos del proyecto reconocen que dos leyes de 2024, la 14.264 y su modificatoria 14.323, introdujeron "profundos cambios en el esquema organizacional y en el mapa judicial de este Poder Judicial, en tanto provocó la transformación de diferentes órganos jurisdiccionales con competencia en materia de Circuito en Cámaras de Apelación y Juzgados de Primera Instancia de Distrito".

Indica que, a la par de tales reestructuraciones, "la mentada reforma produjo la unipersonalización de los hasta entonces Tribunales Colegiados de Familia y Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extractontractual" y subraya que "en dicho orden de ideas, desde este Máximo Tribunal provincial se llevaron a cabo todas y cada una de las transformaciones y adaptaciones previstas por la nueva normativa; las que involucraron reestructuraciones internas en los diversos estamentos que componen este Poder Judicial. Ahora bien, luego de esquematizar y ejecutar de manera escalonada y precisa el nuevo diseño organizacional que el legislador previó en la reforma legal, a través de las decisiones adoptadas", en cuatro Acuerdos, "se entiende oportuno profundizar el mismo en base al proyecto de ley que aquí se acompaña".

La iniciativa busca modificar los artículos 5, 6, 7, 77, 79, 109 Y 112 de la Ley N° 10.160 y sus modificatorias sobre los distritos, las circunscripciones y la planta judicial. Contiene disposiciones sobre jueces en lo Civil, Comercial y Laboral y de Primera Instancia de Circuito.

Uno de los artículos propuestos por la Corte plantea que "los juicios en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, iniciados ante los juzgados de circuito aquí transformados, continuarán ante los juzgados de distrito respectivos, adaptándose en lo pertinente el procedimiento en las causas que así lo requieran". Y otro punto a considerar por los legisladores ordena: "Deléguese en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia la implementación progresiva de la presente ley, la cual no podrá exceder de un año a partir de su entrada en vigencia".

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que luego de las elecciones legislativas del domingo llegarán las reformas de segundo orden y que el paquete tributario propondrá la baja, eliminación y simplificación de impuestos.

“Parte es lo que viene, la reforma tributaria, que va a favorecer a todos. Cuando digo a todos es a Nación, provincias, empresarios, a la gente. Vamos a un esquema de simplificación de impuestos, de menores impuestos, de baja de impuestos. Va a haber baja de impuesto a las Ganancias a los individuos”, afirmó Caputo.

En este caso, se trata de un impuesto cuyo esquema de liquidación el Gobierno modificó por medio del capítulo fiscal (Ley 27.743): dio marcha atrás al régimen cedular que impulsó el ex ministro de Economía, Sergio Massa, y restableció el Mínimo No Imponible (MNI) y las deducciones. En línea con los pedidos de los gobernadores a quienes les había caído la coparticipación.

Así, desde mediados del año pasado, los empleados en relación de dependencia y los jubilados pagan Ganancias en base al monto del MNI y deducciones que se actualiza de forma semestral por el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el último ajuste en julio, los asalariados solteros comenzaron a pagar el impuesto a partir de un sueldo bruto de $2.624.280 y los casados con dos hijos a partir de $3.453.000.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba este miércoles en donde convocó a los argentinos no kirchneristas a votar por La Libertad Avanza (LLA) para no perder el voto.

“Sobre todo va a haber un incentivo muy obvio, muy grande para que haya ahorro interno, para que se desarrolle el mercado de capitales. Entendamos el potencial de esto, si nosotros logramos desarrollar el mercado de capitales y que el Gobierno no pueda tener más déficit, ¿A dónde se va todo eso ahora? ¿Cómo se canaliza eso? Préstamos al sector privado”, comentó.

En cuanto a la relación con los gobernadores, jugadores claves para que la reforma se apruebe en el Congreso, comentó que cuando se van a las reuniones en el Ministerio de Economía, incluso los peronistas, cuando se van le dan un abrazo y le dicen que sigan así.

“Le digo que nos den una mano con Ingresos Brutos. Todos los tenemos claro, nosotros desde el estado que impuesto al cheque y retenciones son los peores y los gobernadores tienen clarísimo que Ingresos Brutos es el peor de los impuestos, peores que los otros dos que nombre”, afirmó. Pero que en muchas provincias representa el 80% de sus ingresos por lo que para ir reduciéndolo se necesitará la reforma tributaria.

Según una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), los saldos a favor de ingresos brutos que las provincias le deben a las empresas alcanza montos actuales equivalentes a los $54.000 millones y el 57% de estos son en jurisdicciones donde las empresas no tienen establecimientos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, valoró el debate que se está dando en el ámbito de la Convención Constituyente, y dijo sentirse "contento y satisfecho" con los primeros dictámenes aprobados por el pleno. En declaraciones a la prensa en la ciudad de Rosario, Maximiliano Pullaro consideró que "fue un debate muy profundo el que se llevó adelante en estos casi cincuenta días". Y desde su rol también de convencional, admitió que participó "aunque tal vez no tanto como hubiera querido por mi responsabilidad de gobernador. Pero estamos cumpliendo con lo que habíamos dicho – sostuvo-; estamos teniendo una Constitución moderna o al menos eso es lo que se desprende de los dictámenes aprobados".

En tal sentido, valoró que los artículos reformados "terminan con las reelecciones indefinidas así como con los fueros parlamentarios". Del mismo modo, rescató que "se consagra el equilibrio fiscal, y ello va a mostrar que Santa Fe es una provincia productiva, que va a consolidar las instituciones de seguridad pública para que no tengamos que retroceder. Por todo ello estamos muy conformes y contentos. Como lo dijimos siempre, esperamos tener la Constitución más moderna de la Argentina", aseveró.

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia consideró como aporte valioso que se "terminen (a partir de la reforma) con algunos privilegios" de la política. "A partir de ahora –planteó-, nadie se va a poder quedar treinta años en un cargo; sólo quedan habilitados dos períodos. Eso es muy importante y ha sido fruto del debate de todos los partidos políticos que han dado lo mejor para que se sancione una buena Constitución. Eso me llena de orgullo".

Pullaro destacó que "fue un debate muy profundo el que se llevó adelante en estos casi cincuenta días". Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe

Asimismo, consideró importante que se abandone el esquema de mayoría automática para la integración de la Cámara de Diputados. "Es lo más justo –consideró-; había que terminar con cosas que se acomodan para un lado o para el otro. Cuando uno piensa una Constitución, piensa en el momento que gobierna y en el que no gobierna; por lo tanto, tienen que ser reglas claras de orden y control. Tiene que regir para todos por igual". La Constitución –acotó-, más allá de ser una base de derechos y garantías, es un control ciudadano y político para los tres poderes del Estado. Al poder hay que limitarlo siempre".

El recinto de Diputados durante la Convención. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe

- ¿El actual gobernador se presentaría para la reelección?

- No lo sé; no lo tengo en claro todavía, pero teniendo en cuenta la posibilidad y con las ganas de seguir y gobernar para el desarrollo de Santa Fe, puede ser una oportunidad…

"Reconocimiento pleno de la autonomía" pidió Juan Pablo Poletti; "inmediatez en la aplicación", exigió Pablo Javkin; ya, clamó Leonardo Raimundo; "mayor coparticipación", reclamó Horacio Campagnuci. Fueron cuatro de las voces de intendentes que expusieron ante la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora.

La comisión escuchó a los responsables de los entes metropolitanos, Cristian Hoffmann (Santa Fe) y Héctor Floriani (Rosario) a los intendentes de las dos ciudades más pobladas y de los foros que representan a jefes territoriales del Partido Socialista, la UCR y del PJ donde el reclamo fue que la nueva Carta Magna tenga garantizada la autonomía plena de los municipios tal cual lo estableció la reforma constitucional nacional de 1994.

Omar Colombo (Recreo) expuso por los socialistas; Nicolás Cuesta (San Justo) y Sebastián Heredia (Fuentes) por los radicales y Campagnuci y Julián Vignatti (Arteaga) por los justicialistas. De esta manera, la Comisión tuvo una mirada de los diferentes espacios políticos que gobiernan el territorio además de los dos grandes centros urbanos sobre las expectativas puestas sobre la reforma constitucional en marcha.

Desde todos los sectores políticos se recordó la inmediatez de los gobiernos locales con el vecino, las cada vez mayores funciones que cumplen los gobiernos locales y la necesidad de poder estar asociados entre localidades aledañas donde la contaminación ambiental, los residuos o los servicios no saben de la cuadra que separa a un municipio de otro.

Pero también hubo un fuerte respaldo al concepto de asociativismo plasmado en Santa Fe a través de la ley de áreas metropolitanas. "Los socialistas tenemos mucho que decir en esto porque fue Miguel Lifschitz quien lo empezó a aplicar siendo intendente de Rosario y siendo senador lo plasmó en una ley" dijo Colombo.

Hoffmann consideró valioso integrar las áreas metropolitanas al texto constitucional y Floriani incluso presentó la redacción de dos posibles textos a incluir en la reforma. Ambos titulares de entes acompañaron a Poletti y a Javkin quienes resaltaron la importancia de la integración poniendo como ejemplos temas como transporte público de pasajeros, tratamiento de residuos, servicios públicos, etc. "Autonomía con proceso de descentralización y regionalización" resumió Poletti. Para el intendente local la autonomía plena debe contemplar lo institucional, político, administrativo, económico y financiero.

"Por fin llegó el debate" exclamó Javkin recordando que las dos grandes ciudades tuvieron autonomía plena en la Constitución de 1921, aplicada en la década siguiente y que el piso es la Constitución nacional de 1994, mencionando varios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociendo el derecho de los municipios.

"La autonomía que establezca la Constitución no puede estar supeditada a leyes posteriores" advirtió el intendente rosarino. Consideró lógico distinguir ciudades por habitantes, economía y aplicación inmediata de la autonomía una vez reformada la Carta Magna.

"No hay que repetir el error de sobrerregular con leyes aberrantes" pidió el sanlorencino Raimundo quien puso como ejemplos leyes de arbolado, transporte, medio ambiente o loteos donde siempre se debe tener aval del gobierno provincial.

"No se puede hablar de autonomía sin hablar de una nueva ley de coparticipación" advirtió Vignatti quien incluso informó que los intendentes justicialistas nucleados en Vamos presentaron un proyecto donde piden un 16% de los fondos nacionales y un 20% de los recursos provinciales. "Somos austeros, somos eficientes pero tenemos que tener mayores recursos" exigió.

Campagnucci se quejó de que los municipios de Santa Fe tienen casi un 50% menores de recursos que provincia de Buenos Aires y menos que los cordobeses. "Los legisladores generalmente no conocen lo que es pagar sueldos y tener la incertidumbre de poder hacerlo" planteó para exigir coparticipación diaria para tener previsibilidad de recursos.

"Valoramos que se nos escuche pero tengan en cuenta que cada vez tenemos mayores responsabilidades" había señalado el sanjustino Cuesta.

El intendente de Rosario planteó en su exposición la necesidad de que algunos temas de autonomía sean rápidamente tratados por los concejos municipales y luego se convoque a una estatuyente local con miembros a elegir en los comicios del 2027.

"La ley de declaración de la reforma es muy clara. Por supuesto que la consagración final va a ser siempre una carta orgánica y eso va a implicar un llamado estatutario pero no le vamos a pedir a los santafesinos que vayan a votar estatuyentes en febrero del año que viene", aclaró ante un planteo de El Litoral.

"Tenemos elecciones en el 2027. Hay un primer paso que hay que dar ahora, el día después de que se sancione la Constitución. Los municipios tenemos que tener un mecanismo de autonomía inmediato y luego en la próxima elección municipal, seguramente se elegirán los estatuyentes para darle el marco final. Cuestiones básicas de los 31 años de demora no pueden requerir volver a pasar por un proceso electoral, sobre todo porque el consenso es unánime, como bien se escuchó en la reunión" acotó Javkin.

Cuando se le preguntó qué tema enviaría en forma inmediata al Concejo, el rosarino dijo "todos los que la Constitución consagre, en materia de recursos, en materia de funciones, la Constitución de Santa Fe va a tener un reconocimiento pleno de su autonomía. ¿Vamos a tener que seguir pidiendo permiso para sacar un árbol?. ¿Vamos a poder disponer de otros recursos para hacer obras en presupuestos intertemporales? ¿Vamos a poder asociarnos con otros municipios para extender una línea de colectivos sin tener que pedir la autorización de la provincia?. ¿Qué vamos a tener que esperar para eso? Nosotros estamos teniendo juicios por jurado en faltas municipales, nos van a impedir que firmemos un acuerdo por temas de seguridad con el fiscal regional?"

No obstante aclaró que en materia electoral y otros aspectos será la constituyente local la que definirá los alcances.

Este miércoles figuran en el Boletín Oficial tres documentos que aplican cambios en diferentes áreas de la aviación argentina, tanto comercial como estatal.

El primero de ellos es la Disposición 14/2025, con firma de Hernán Adrián Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo, en el cual se habilita a una nueva aerolínea a realizar la conexión entre Barcelona, España, y Buenos Aires.

Se trata de la empresa de bandera española Fly Level Barcelona LH, S.L., habilitada a “explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas” en dicha ruta.

La segunda tiene que ver también con lo comercial, pero con una modificación más profunda en la reglamentación del Código Aeronáutico.

El decreto 378/2025, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, entrará en vigencia a los treinta días de su publicación.

Entre una serie de puntos, el reglamento determina que los pilotos de vuelos regulares no podrán superar las 1.000 horas de vuelo por año calendario ni las 120 horas por mes calendario.

Además, ningún explotador podrá programar ni ningún miembro de la tripulación aceptar asignaciones que excedan los límites establecidos: con tripulación mínima, los tiempos máximos varían según un cuadro específico; con tres pilotos, el máximo es de 13 horas de vuelo; y con cuatro pilotos, 17 horas. En casos de tripulación aumentada y con instalaciones de descanso adecuadas, estos límites pueden extenderse hasta 17 horas (tres pilotos) o 19 horas (cuatro pilotos).

El descanso mínimo para los tripulantes de vuelo será igual a la duración del servicio inmediato anterior, pero nunca inferior a 10 horas consecutivas. Además, cada 168 horas consecutivas, los tripulantes deberán contar con al menos 30 horas de descanso, y anualmente tendrán derecho a 15 días consecutivos de vacaciones.

Mediante el decreto 377/2025, se transfiere desde la Secretaría General de la presidencia de la Nación al Ministerio de Defensa el control de la flota aérea presidencial.

La cartera a cargo de Luis Petri deberá “monitorear y dar seguimiento a las actividades de planificación, coordinación y ejecución relacionadas con los traslados terrestres y con los traslados aéreos del Presidente de la Nación y los que le encomiende expresamente la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN para los integrantes del PODER EJECUTIVO NACIONAL en las sedes de Casa Rosada, Residencia Presidencial de Olivos y Residencia Presidencial de Chapadmalal, dentro y fuera del territorio nacional”.

Entre otros puntos, se remarca que deberá continuar con el informe de actividades vinculadas al mantenimiento y funcionamiento hacia la Secretaría a cargo de Karina Milei.

Helicópteros:

Aviones:

Detalles del Código Aeronáutico by El Litoral

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe pone en marcha este 2025 el nuevo plan de estudios para la carrera de Contador Público.

La nueva currícula aprobada por el Consejo Superior reduce la duración de la carrera a 4 años, actualiza los contenidos, ofrece una mayor flexibilidad en el recorrido académico y enfatiza el componente práctico de la formación profesional.

Horacio Alessandria, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSF. Foto: Gentileza UCSF

En ese marco, el decano de la Facultad, magister Horacio Alessandria explicó que la reforma busca reforzar lo que se denominan competencias blandas, que son transversales a cualquier profesión. Además, se actualizan contenidos y se pone énfasis en la práctica. Con esto queremos poner al alumno en situación real, de toma de decisiones, de simulación".

En la reforma intervino una comisión conformada por docentes, alumnos próximos a graduarse, empresarios y mandos altos que están al frente de las empresas para conocer de primera mano las competencias que están necesitando y buscan al momento de tomar un contador para trabajar con ellos. "Con esto, tenemos la visión del mercado, de la demanda", aseguró Alessandria.

El nuevo plan tiene una carga horaria total de 2.805 horas, frente a las más de 3.500 del anterior; en línea con las 2.700 exigidas como piso por el Ministerio de Educación.

Además, incorpora y refuerza contenidos relacionados con la informática y las herramientas digitales, y establece como requisito de egreso el manejo del inglés. Pone especial atención en las competencias blandas, como comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas.

Entre las 30 materias, hay cuatro optativas que permiten los estudiantes direccionar su carrera según sus intereses o necesidades.

Respecto a los estudiantes que ya están cursando Contador Público en la UCSF, el decano explicó que se fueron reuniendo para informarles los cambios y evacuar dudas al respecto, tanto en la sede Santa Fe como en Reconquista.

El nuevo plan busca reforzar las competencias blandas, transversales a cualquier profesión. Foto: Flavio Raina

Para quienes están cursando el plan anterior, existe la posibilidad de cambio de plan, solo que va a depender del momento de la carrera en el que cada alumno esté y deberá analizarse la conveniencia. "El plan tiene algunos ajustes, como materias nuevas y otras que desaparecen", señaló.

"Entonces, cuanto más avanzado estás en la carrera, quizás resulta menos conveniente el pase, pero es posible", detalló Alessandria.

Finalmente, sobre las expectativas para este nuevo tramo, "vemos que los interesados en comenzar la carrera el próximo año están tomando muy bien esta noticia y la tendencia se refleja en las inscripciones: hoy estamos casi un 50% arriba de las inscripciones de 2024 a esta fecha", afirmó el decano.

La Facultad de Ciencias Económicas ofrece las carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público, junto a otras que incorporan fuertemente la transformación digital, como la Licenciatura en Administración de Empresas Digitales (LAED), que es 100% virtual, el ciclo de Licenciatura en Negocios Digitales (carrera corta de 3 cuatrimestres) y la Licenciatura en Tecnología de la Información.

Las inscripciones para el 2025 está abiertas. Para mayor información, pueden visitar el sitio www.ucsf.edu.ar/ingreso; consultar al WhatsApp 3425371285, o al mail ingresouniversitario@ucsf.edu.ar.

El Arzobispado de Santa Fe expresó su respaldo al proceso de reforma constitucional para ponerla "más en consonancia" con la carta magna nacional y los tratados internacionales, y se pronunció por eliminar la cláusula de confesionalidad del Estado, propiciando un reconocimiento de la libertad de cultos, que a la vez contemple el rol histórico y actual de la Iglesia Católica.

En un documento firmado por el arzobispo Sergio Fenoy, el obispo auxiliar Matías Vecino, el Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social y la Junta Arquidiocesana de Educación, dan cuenta del "gran consenso político" para avanzar con la reforma, y en particular en lo que respecta a la organización del Estado, fundamental para "los tiempos de grieta que estamos viviendo". Y mencionan allí "limitar los mandatos de legisladores y presidentes comunales, reformar la justicia, incluir nuevas instituciones como el Ministerio Público de la Acusación, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo, entre otras".

Pero principalmente apuntan a la parte "doctrinal" de la Constitución, y específicamente al artículo 3, según el cual actualmente "la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes".

"Sin pretender entrar en las motivaciones que impulsaron a aquellos constituyentes, o en la coyuntura histórica que los habrá conducido, lo cierto es que hoy semejante párrafo es inadmisible desde todo punto de vista", remarca el Arzobispado, subrayando que "la confusión del orden civil con el religioso es no sólo anacrónica, sino también errónea".

No obstante, advierte que esto no supone abrazar la posición radicalmente contraria, representada por el laicismo. Que, aclara (citando el documento Iglesia y Comunidad Nacional, de la Conferencia Episcopal en 1981), no es "una forma de encauzar un legítimo pluralismo religioso, sino la voluntad legalmente disimulada de impedir la inspiración cristiana de la cultura nacional". Y marca que esto, por ejemplo, podría desembocar en "la prohibición de la enseñanza religiosa en cualquier escuela, incluso las católicas, las evangélicas o las judías; no se podría visitar a los enfermos en los hospitales o a los presos en las cárceles, negándoles el derecho a recibir atención espiritual; o se deberían quitar de los espacios públicos todas las ermitas en las cuales los vecinos suelen descansar el corazón del agobio de la vida".

Por eso entiende que, entre los extremos de la confesionalidad y la laicidad, hay dos posibilidades intermedias, que se corresponden con la idea jurídica de secularidad: "la libertad religiosa que sostiene la paridad de todos los credos, y la libertad religiosa que reconoce la importancia histórica de la Iglesia Católica en la cultura y la identidad del pueblo santafesino".

"La solidaridad, el amor y el respeto por el otro, el valor de la comunidad, la importancia de la familia, el perdón, la igualdad, la libertad, el principio de la subsidiariedad, la participación, etc., son todos aportes que brotan del Evangelio traído a nuestras tierras desde 1573 por la presencia de la Iglesia. Piénsese también en el rol que la Iglesia tuvo en la gesta independentista y en la promulgación de la misma Constitución Nacional de 1853 aquí en Santa Fe. Sería desleal no reconocerlo", expone el documento.

Mons. Matías Vecino, obispo auxiliar de Santa Fe de la Vera Cruz.

En tal sentido, considera aceptable la idea de "paridad o igualdad de cultos", pero advierte sobre "la la injusticia que se cometería y la contradicción jurídica en la que se incurriría, habida cuenta de que la Constitución Nacional y el Código de Derecho Civil y Comercial prevén lo contrario".

En consecuencia, la Iglesia santafesina propicia que la redacción de la próxima Constitución "debería reflejar el respeto a la pluralidad de una sociedad que es precisamente plural en sus distintas expresiones religiosas. Debería, además de reconocer la justa autonomía de los dos órdenes, garantizar su cooperación".

Al respecto, deja en claro la distinción entre "sostenimiento del culto" (pago a ministros sagrados, construcción de templos, etc.) y "mutua colaboración" para las actividades en función del bien común. "El Estado no paga el sueldo de los curas. Salvo unas pocas capellanías y el debido mantenimiento de templos que son patrimonios históricos, no hay aportes del Estado Provincial a la Iglesia Católica. La asistencia a los necesitados, a los adictos o a los enfermos, y la educación de los niños y jóvenes, no es parte del sostenimiento del culto", aclara.

Por lo mismo, pone de manifiesto que "la Iglesia en Santa Fe tiene aproximadamente 800 institutos educativos en todos los niveles, con los que ha contribuido a la formación de generaciones enteras de santafesinos. Tenemos la primera escuela secundaria del país, la Inmaculada de los jesuitas. Además, contamos con casi 20 casas de recuperación de adictos, más la red enorme de las Cáritas parroquiales distribuida por todo el territorio, desde los barrios populares hasta los pueblos más remotos. En una sociedad que se jacta cada vez más de ser pluralista, sería lamentable que toda la educación y la promoción humana sea laica y esté monopolizada y homogeneizada por el Estado, sin que los padres puedan intervenir, y sin que otras instituciones -la Iglesia entre ellas- puedan hacer su aporte enriquecedor".

A continuación también sienta postura sobre "la incorporación de los derechos fruto de las luchas sociales de los últimos tiempos. La participación de las mujeres en la vida pública, el respeto por la diversidad cultural y racial, la perspectiva de género, entre otras, tienen que ser temas incorporados en el texto, pero no debería transformarse en una mirada única, bajo el riesgo de caer en otro sesgo de corte distinto. Una cosa son las perspectivas, y otra muy distintas la imposición de ideologías, que todo lo pretenden explicar con su óptica obtusa y cerrada.

"Hay otros temas que no podemos dejar de mencionar, aunque sea de pasada, pero que requerirían un debate y un trabajo prolongados, sin innecesarias precipitaciones. Nos referimos a la dignidad de la persona humana desde la concepción y hasta la muerte natural, al derecho a la objeción de conciencia en materia educativa y sanitaria, al valor del cooperativismo y al cuidado de la Casa Común, distinguiendo entre la dignidad de las personas y el valor de los demás seres vivos. ¡Qué gran gesto podría representar para todo el arco social si el año próximo se nos diera la posibilidad, a todas las instituciones y a todos los ciudadanos, de poder discutirlos!", añade.

Para concluir, el Arzobispado invita a procurar, por todos los medios, "contar con una Constitución valiosa para los santafesinos. O como diría el Papa: para 'todos, todos, todos' los santafesinos. Tal vez a la gran mayoría este tema los tiene indiferentes, pero terminará de una u otra manera influyendo en sus vidas cotidianas".

En abril de 2024, se iniciaron en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe casi el doble de trámites para obtener el beneficio que los que se habían generado en igual período de 2023. El aumento significativo, según se interpreta en el propio organismo previsional, respondería a la discusión pública suscitada en torno de las reformas que se plantearían al actual régimen jubilatorio, y que cambiarían los parámetros para los futuros pasivos.

Según datos a los que pudo acceder El Litoral, en abril de 2023 habían ingresado a la Caja 282 trámites, en tanto que el mes pasado el número ascendió a 518. De acuerdo con la estadística, en enero se habían iniciado 293 trámites, en febrero 197 y en marzo 388. Pero es en abril cuando se produce el salto más representativo en términos de volumen, con 518 expedientes.

Imagen ilustrativa. Crédito: Mauricio Garín

Si el análisis se circunscribe a los sectores que han motivado la mayor cantidad de trámites iniciados, la estadística arroja como resultado que de los 518, 291 fueron presentados por docentes, 124 por agentes de la administración central, 46 por efectivos policiales, 35 por empleados de Municipios y Comunas, 19 por agentes del Poder Judicial y 9 del Poder Legislativo, entre los principales sectores.

Como se sabe, el Poder Ejecutivo impulsa en la Legislatura -ya cuenta con la aprobación del Senado- un proyecto de ley para crear una comisión que analice el sistema previsional y proponga eventuales modificaciones. La intención es bucear alternativas para reducir un déficit creciente, que en marzo fue de 23 mil millones, en abril de 27.500 y en lo que va de mayo, ya asciende a 30 mil. La estimación es que el año cerrará con un rojo del orden de los 400 mil millones de pesos.

Sobre esa base, y si bien las reformas no están plasmadas aún en ningún texto concreto, se exploran cambios que podrían modificar criterios como la edad y los aportes. La iniciativa genera reparos en el Socialismo -el único senador de ese partido no adhirió a la norma en el momento de la votación- y rechazo de los gremios.

En el marco de la misma discusión promovida desde el gobierno, el Foro Provincial de Previsión Social de Santa Fe se reunió días atrás y concluyó (según consta en el acta respectiva) en que "deberían incrementarse las edades jubilatorias de los regímenes, establecer la igualdad de edad entre los afiliados hombres y mujeres para acceder a los beneficios, y correlativamente, incrementar los años de servicios con aportes". A modo de "recomendación", plantearon impulsar una modificación de la normativa en el sentido mencionado. Integran el Foro, las Cajas de profesionales, las cajas municipales y demás entes previsionales públicos de la provincia.

Atento al incremento en la iniciación de trámites jubilatorios sobre un organismo altamente deficitario, el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, insistió en la necesidad de apelar "de manera urgente" a una nueva "reingeniería" del régimen. "Los números no cierran desde hace tiempo, y si el problema no se enfrenta y se le busca una solución, se agrava", sostuvo, ante la consulta de El Litoral.

Boasso se refirió al incremento en abril del número de trámites para acceder al beneficio. "Registramos ese aumento como si la gente creyera que se tiene que apurar para jubilarse porque si hay una modificación, va a afectar sus derechos. Y no es así -aseveró-. No es así en ningún lugar del mundo porque todas las modificaciones que se puedan llegar a implementar serán progresivas. Hipotéticamente, si se incrementara la edad, no le va afectar a la persona que hoy tiene 59 años; no la va a afectar porque no va a cumplir 65 de un día para el otro. En todos los regímenes del mundo se ha ido incrementando (la edad) en el tiempo. Entonces... tranquilos todos; tranquilos", recomendó.

En otro orden, intentó despejar temores respecto de una eventual transferencia del organismo. "En innumerables oportunidades, el gobernador ha dicho que va a seguir defendiendo la Caja en el ámbito provincial. Por lo tanto, aventar ese riesgo de que se va a transferir como en el 'menemato'-, es erróneo. Como también lo es pensar que va a venir un sistema de capitalización como el de las AFJP. No; la decisión política del gobernador es muy clara en ese sentido, así como la de respetar derechos de proporcionalidad de los haberes respecto de los sueldos".

De todos modos, insistió en que "la reingeniería" del organismo "es imprescindible, porque no se puede seguir jubilando gente a los 53 ó 54 años puesto que ya no son viejos", sentenció. Frente a ello, volvió a recomendar "tranquilidad". "No hay que salir corriendo para jubilarse porque cualquier modificación se va a implementar paulatinamente.", concluyó.

Las tarifas de gas natural por redes fueron reformadas por el gobierno nacional, en el mismo acto regulatorio por el que aumentó fuerte sus valores, luego de cumplirse casi un año sin subas en ese combustible.

La actualización tiene un fuerte impacto informativo en términos porcentuales por los nuevos precios del millón de BTU que se traduce en metros cúbicos en los hogares. Pero además de esos publicitados cambios, existe otro del que poco se ha hablado y será relevante para los usuarios: el del cargo fijo que perciben las empresas distribuidoras.

La llegada de las próximas boletas incluirá un aumento de ese ítem tarifario que algunos expertos estiman en hasta un 5.000%. Conviene reiterarlo: se trata de uno de los componentes a sumar para conformar el total. Pero tan fuerte será el impacto de la reforma tarifaria que se ha decidido mensualizarlo, ya no lo calculará de forma bimestral.

Las tarifas de gas, desde las privatizaciones de los '90, deben contemplar idealmente un pago suficiente para cubrir el costo y las ganancias de las petroleras que extraen gas en la Argentina (llamado en boca de pozo), o del que deba ser importado porque en invierno es insuficiente la producción nacional; el costo del mantenimiento de las redes, la inversión y las ganancias de las empresas que transportan en gasoductos el combustible desde las áreas de producción a las principales ciudades del país; y finalmente los mismos conceptos para las empresas de distribución como Litoral Gas en el norte de la provincia de Buenos Aries y la provincia de Santa Fe, y de subdistribución, como en caso de la Cooperativa Setúbal en una zona de la capital provincial.

Obviamente, la salida traumática de la convertibilidad de 2001 y sucesivas políticas nacionales que congelaron o poco actualizaron las tarifas crearon subsidios con fondos del Tesoro, que el actual gobierno nacional ha decidido recortar. Básicamente, quitar esas ayudas a la clase media o lo que queda de ella.

En términos técnicos, hasta ahora, el 50% del Valor Agregado de Distribución (lo que cobran las empresas distribuidoras y subdistribuidoras) le daba forma al cargo fijo y el resto se canalizaba a través del cargo variable. Desde que comenzó el mes de abril todo el VAD se aplica sobre el cargo fijo.

El cambio crea un efecto de mayor previsibilidad en la distribución respecto de sus flujos de caja, que ya no estarán tan atados a las variaciones en el consumo tan vinculadas al clima.

Más cargo fijo, menos cargo variable es la base de la nueva formula. Y con ello, una tarifa más "plana" en la curva de las gráficas mensuales de las tarifas finales de los usuarios residenciales N1, de ingresos altos y sin subsidios; N2, de muy bajos recursos, con subsidios; y N3, de los llamados ingresos medios, ahora casi sin ayudas del fisco. Nada es más claro que la imagen que publicó en una red social el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, sobre lo que pagarán el gas natural por redes las familias.

La reforma puesta en práctica por la resolución del tarifazo del gas incluye una reforma que, en rigor, fue parte de las discusiones en la última audiencia pública celebrada por Enargas. De la idea de aumentar el valor del costo fijo de la tarifa (técnicamente, el cargo fijo) para la distribución fue parte de las exposiciones de los representantes de las empresas de ese segmento.

El propósito es doble: que quienes consumen muy poco gas paguen un costo fijo tarifario más alto, porque finalmente mantener las instalaciones de las redes hasta su llave de paso hogareña es tan costoso como para las viviendas que tienen un consumo alto; y por otra parte, que para las empresas distribuidoras su flujo de caja sea constante, menos empinado en invierno pero (antes) más alto en meses cálidos. Se espera que los efectos de las subas impacten en sus bolsillos luego del invierno.

El negocio del gas natural por redes, a diferencia de lo que sucedió con la electricidad, tiene una sola contraparte en el sector público: el Estado Nacional. Tal vez esa particularidad puede explicar que durante décadas de atrasos tarifarios las empresas no hayan desertado del negocio (como sucedió con el agua potable y la energía eléctrica en distintas provincias). También, porque los clientes de las distribuidoras de gas privadas y los socios de las cooperativas tienen, en general, mejores condiciones económicas que la totalidad de usuarios formales (y los enganchados) de la energía eléctrica y los servicios sanitarios.

La llegada de las próximas boletas incluirá un aumento de ese ítem tarifario que algunos expertos estiman en hasta un 5.000%. Conviene reiterarlo: se trata de uno de los componentes a sumar para conformar el total. Pero tan fuerte será el impacto de la reforma tarifaria que se ha decidido mensualizarlo, ya no lo calculará de forma bimestral.

El pasado 29 de diciembre, a través del Decreto 126/2023, el presidente Javier Milei instruyó a la Sindicatura General de la Nación a que elabore en un plazo de 30 días hábiles un completo Informe de Entrega y Recepción, que detalle la situación administrativa, patrimonial y financiera del sector público nacional al 7 de diciembre.

Con esta medida, que forma parte de una batería de decisiones orientadas a realizar un diagnóstico profundo del estado en que se recibió la administración pública.

El nuevo gobierno busca identificar áreas y temas críticos para poder establecer prioridades de gestión, tomar rápido control de la situación, garantizar la continuidad operativa de los organismos públicos y sentar las bases para encarar las reformas que se consideren necesarias.

El informe requerido deberá contener un corte al 7 de diciembre en cada ministerio, secretaría y organismo descentralizado, y la Sindicatura General de la Nación será la encargada de determinar su contenido, requisitos y modalidades, contando con la colaboración de las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones.

Por su parte, los titulares de cada área de la administración deberán designar un funcionario responsable de proveer toda la documentación que sea necesaria.

Según expresan los considerandos del decreto, esta medida busca que las nuevas autoridades cuenten con información "precisa y adecuada" sobre la situación existente, de modo de facilitar el proceso de transición, la rápida toma de control de cada organismo y la continuidad de su funcionamiento, así como para identificar los principales desafíos y trazar un plan de reformas en consecuencia.

El informe deberá abarcar todos los aspectos relevantes, desde recursos humanos y dotación de personal, inventario de bienes, estado de los sistemas informáticos, contrataciones y proyectos en curso, pasivos, compromisos asumidos y cualquier otro elemento significativo desde el punto de vista administrativo, financiero o presupuestario.

Con esta radiografía integral sobre la mesa, el gabinete de Javier Milei podrá trazar un diagnóstico claro sobre los puntos débiles y fuertes de la estructura estatal recibida, detectar áreas críticas que requieran atención urgente, y diseñar e implementar las reformas y políticas necesarias para recrear un Estado moderno, eficiente y al servicio de los ciudadanos, conforme la visión planteada durante la campaña electoral.

Migue Blanco fue los últimos 18 años, CEO de la empresa de salud Swiss Medical. "Me llegó este ofrecimiento (SIGEN) en el marco de un nuevo gobierno que viene con una agenda de cambios muy importante, la cual yo también considero hay que hacer en este país para tener un mejor funcionamiento del Estado para beneficio de todos nosotros. Y decidí aceptar ese desafío", explicó Blanco a los trabajadores.

Agregó: "Creo que la capacidad del plantel profesional que tiene la SIGEN puede desempeñar un lugar relevante para ayudar en este proceso de cambios".

Y concluyó: "Es un desafío que tendremos, lo vamos a hacer todos y yo espero contar con el apoyo de ustedes para llevarlo adelante. Nos aguardan grandes trabajos y esperamos que nos vaya bien. Quiero desearles muy felices fiestas para ustedes y sus familias y brindemos por un mejor año en 2024. Muchas gracias".

El Congreso Chileno firmó un acuerdo para redactar una nueva Constitución, tres meses después de que la ciudadanía rechazó en un plebiscito una anterior propuesta de Carta Magna.

El proceso estará a cargo de un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos por voto popular que tendrán por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución y una Comisión Experta designada por el Congreso.

La Comisión Experta, que comenzaría a funcionar en enero del próximo año deberá presentar un anteproyecto al Consejo Constitucional, que será votado en abril de 2023, para instalarse el 21 de mayo y entregar el proyecto final el 21 de octubre del mismo año.

El 26 de noviembre o el 1 de diciembre se realizará un plebiscito de salida obligatorio en el que se decidirá si se ratifica o no el proyecto de Carta Magna, agrega el texto del acuerdo, alcanzado anoche después de más de tres meses de negociaciones.

El Consejo Constitucional deberá ser paritario y tendrá representación de los pueblos indígenas en escaños reservados que serán asignados en base a la cantidad de votos recibidos, dándole al Consejo un número mayor a los 50 consejeros antes mencionados.

Las fechas dependerán de la celeridad con que se apruebe dicho acuerdo en el Congreso, ya que necesita de una reforma constitucional con un quórum de cuatro séptimos para ser aprobada.

Este nuevo proceso nace después del plebiscito del 4 de septiembre pasado, en el que un 62% rechazó una anterior propuesta de nueva Constitución que buscaba reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

El proyecto deberá incluir 12 puntos que conformarán las “bases constitucionales”, a diferencia del anterior que inició desde cero.

Entre estos puntos destacan el reconocer a Chile como una “República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”, reconocer “a los pueblos indígenas”, reconocer los tres poderes del Estado: “Ejecutivo, Judicial y legislativo Bicameral”, entre otros.

(Por Mario Caffaro) – La Cámara de Diputados realizará este miércoles una audiencia pública para analizar reformas a la ley que estableció en Santa Fe el programa de control del tabaquismo mientras que debió postergar la convocatoria al ministro de Seguridad, Jorge Lagna. Pero también este miércoles, ambas cámaras recibirán a la titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Jaquelina Balangione, quien expondrá sobre la situación del sistema carcelario y acerca de las detenciones de personas en comisarías de toda la provincia.

La realización de la audiencia pública para escuchar opiniones sobre el proyecto de reformar aspectos de la ley de control del tabaquismo de la socialista Erica Hynes está anunciada para las 9.30 y entre los invitados, ya han anunciado su participación directivos de las dos principales tabacaleras del país (Phillips Morris y British American Tobacco Argentina); de entidades que agrupan a kioskeros así como el presidente de la Asociación de Medicina Respiratoria de Argentina, Alejandro Videla, y de la Fundación Interamericana del Corazón, Oscar Cabrera. También fueron cursadas invitaciones al ministerio de Salud y otras entidades ligadas a la temática.

El proyecto de Hynes apunta a modificar la ley santafesina (previa a la nacional) que estableció el programa de control de tabaquismo. La socialista insistió en que el tabaquismo es un factor de riesgo común para las cuatro principales enfermedades crónicas no transmisibles: cardiovasculares, respiratorias, cáncer y diabetes. La mortalidad atribuida directamente al tabaco, según la OMS, es de 16 por ciento en América. En nuestro país, esta afección afecta a casi 9.000.000 de personas y produce 44.000 muertes por año.

La reforma que se propone es incorporar a la norma vigente los nuevos productos de tabaco y asociados al consumo de cigarrillos que aparecieron en el mercado conocidos como productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos con o sin administración de nicotina. “El objetivo es adecuar la ley respetando el espíritu del legislador para proteger a la población de la epidemia de tabaquismo”, señaló la socialista. La modificación también incorpora las recomendaciones realizadas por la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud. La principal recomendación, prohibir el consumo de esos productos en ambientes cerrados.

Otra de las modificaciones propuestas es la relativa a la publicidad. En nuestra provincia, el decreto Nº 2759/05 efectivizó la prohibición de ofrecimiento, publicidad y comercialización. Sin embargo, permite que los locales comerciales coloquen letreros en el interior, indicando que tienen productos del tabaco para la venta y cuales son, marcas y especificaciones y precios respectivos, a condición que no se vean directa o indirectamente desde el exterior. También propone la reforma mayores prohibiciones a la publicación, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco. “La propuesta de prohibición presentada va en consonancia con la legislación comparada, dado que otras provincias han avanzado en el sentido de la prohibición de comercializar o publicitar estos productos”. Finalmente incluye la prohibición de arrojar colillas de cigarrillos o cigarros en la vía pública, debido al daño ambiental que ello produce, teniendo en cuenta que las mismas no son biodegradables y que contienen una gran cantidad de sustancias nocivas tanto para las personas como para el ambiente.

Un grupo de 18 gobernadores le llevarán este jueves al presidente Alberto Fernández un proyecto de ley que impulsa una reforma en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. 

Según se supo, los mandatarios provinciales del Norte Grande, el encuentro se producirá a las 18 en Casa de Gobierno. 

En medio de la espera de un fallo de la Corte Suprema por el caso de los recursos que reclama la Ciudad por el manejo de la Policía porteña tras el traspaso de la Federal, la cuestión del “federalismo será el eje de este encuentro”, en el que se planteará elevar el número de miembros de la Corte. 

El aspecto del federalismo fue expuesto de manifiesto además en la última reunión del Consejo de la Región del Norte Grande el pasado viernes en Tucumán, donde el jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló que su presencia en nombre del Gobierno Nacional “reafirma una vez más el federalismo” y la importancia que tiene para la gestión del Frente de Todos (FdT). 

El gobernador de Buenos Aires, es uno de los encabeza el proyecto de reforma. Crédito: Noticias Argentinas 

El pasado 23 de mayo, ese grupo de gobernadores se reunió en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones para “consensuar” e “iniciar la labor” para conformar un proyecto de ley tendiente a que la conformación de una Corte Suprema de Justicia “más moderna y eficaz” y “que tenga un verdadero carácter federal”. 

En ese encuentro en el CFI, los mandatarios provinciales dieron a conocer un documento en el que visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal y pusieron el foco en la disputa que existe con la ciudad de Buenos Aires por los recursos coparticipables y los subsidios a la energía y al transporte en el área metropolitana. 

Entre los mandatarios que impulsan el proyecto se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut). 

Los mandatarios insisten con esta reforma en momentos en que es inminente un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la demanda que le inició el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta a la Nación por los recursos en concepto de traspaso de la Policía Federal. 

Por su parte, el mandatario de Chaco también “banca” el proyecto. Crédito: Noticias Argentinas 

Tras esa reunión en el CFI, Kicillof explicó: “Firmamos una declaración ‘Por una Corte Suprema de Justicia Federal’. Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”. 

“El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal”, señaló la nota y apunta que convocarán “a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias”, continuó. 

En el documento, que también fue publicado en las redes sociales por el gobernador Zamora de Santiago del Estero, los mandatarios también expresaron una “profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y, en general, a toda la sociedad argentina”. 

“A tal efecto, instamos al debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio”, indicaron. 

(Por Ivana Fux) – Con la aspiración de que “entre octubre y noviembre” la discusión llegue al recinto, el Socialismo presentó hoy su propio proyecto de reforma constitucional. Es el sexto con estado parlamentario, después de que también ingresasen los suyos los diputados Gabriel Real, Luis Rubeo, Rubén Giustiniani, Nicolás Mayoraz y Lucila De Ponti.

En diálogo con El Litoral, el presidente del bloque del PS en la Cámara baja, Joaquín Blanco, sostuvo que la presentación del proyecto responde “a una decisión política de todo el partido”, que así lo resolvió en su último congreso extraordinario; y a una coyuntura que se presenta propicia para el proceso. “Estamos ante una crisis fenomenal tanto económica como social y política. Y es en estos contextos donde se abren las posibilidades para los cambios profundos. Creemos que abriéndonos a la participación de la ciudadanía, tenemos la posibilidad de modernizar a la provincia”, planteó.

En el mismo sentido, consideró que la falta de definición sobre el tema del gobierno de Omar Perotti también termina resultado beneficiosa. “Estamos convencidos de que éste es el momento político porque éste es el primer gobierno que no tiene una agenda respecto de la reforma de la Constitución. De esa manera, está despejado lo que para muchos fue el principal escollo de la reforma, y que es la reelección del gobernador de turno. Aquí, ni el partido Justicialista ni el propio gobierno de Santa Fe está planteando la posibilidad de que Perotti tenga la chance de ser reelegido. De este modo, que el proceso de reforma no se vea como un traje a medida de la expectativa de un dirigente o de un espacio político, es algo muy importante para construir consensos. Creemos que éste es el momento y nos sumamos con la nuestra a las otras iniciativas que ya presentaron otras bancadas”, manifestó.

Precisamente, sobre la discusión en torno de la reelección, Blanco dijo que el proyecto del Socialismo prevé dos opciones a discutir. Por un lado, que no haya reelección del gobernador pero estableciendo un límite para el resto de los mandatos de la política en general, a fin de que no haya en otros cargos reelecciones indefinidas. Por el otro, se plantea la posibilidad de incluir la reelección del gobernador por un período, pero recién a partir de 2031 o 2035.

En cuanto al sistema parlamentario, se plantea mantener la bicameralidad, pero rediscutiendo la composición de los cuerpos. “Estamos en contra de la mayoría automática en Diputados; creemos en el sistema D’Hondt y estamos dispuestos a discutir también la representación en el Senado para que haya un equilibrio entre lo territorial y la densidad demográfica. Hay diferentes opciones pero tenemos que poder avanzar en un esquema primero paritario por una cuestión de género; y segundo, en un esquema de representación de las minorías. Pero eso lo dejamos abierto al debate; no tenemos una fórmula cerrada”, aclaró.

Otros puntos que incluye el proyecto de reforma del Socialismo es la incorporación de las autonomías plenas para los municipios, y la extensión de dos a cuatro años para los mandatos de presidentes comunales.

Acerca de la estrategia parlamentaria que se instrumentará para poder llevar adelante la discusión, a la luz de que son numerosos los proyectos y promovidos por diferentes bloques, Blanco consideró que el proceso “tiene que tener un punto de llegada que debería ser el segundo semestre del año”. Ese camino a recorrer, explicó, debe incluir la opinión de “todos los actores institucionales de la provincia, como Poder Judicial, Poder Ejecutivo, pero también la academia y la sociedad civil para lograr una verdadera síntesis”. “Que haya seis proyectos con estado parlamentario nos habla de una coincidencia política de que éste es el año”, vaticinó.

El legislador insistió en que es necesario acordar “fecha probable” de llegada del proyecto al recinto para lograr, mientras tanto, los consensos necesarios. “Es una práctica muy habitual sobre todo a nivel nacional. Yo creo que entre octubre y noviembre el tema debería estar votándose en el recinto”, concluyó.

El Litoral El oficialismo tuvo que cancelar la sesión prevista para este jueves a las 14 en la Cámara de Senadores porque no consiguió sumar las voluntades necesarias para poder avanzar con el proyecto de ley de modificación del Consejo de la Magistratura. “Nos falta el número”, reconocieron desde el bloque que comanda José Mayans. “Weretilneck no se suma y va con su proyecto”, agregó la misma fuente en referencia al senador rionegrino que tiene su propia iniciativa, que es diferente a la del Frente de Todos. “Volvimos a citar a la comisión porque no hay número para aprobar nuestro proyecto de ley y porque corremos el riesgo de que se podría imponer el de Juntos por el Cambio”, se excusaron. La realidad es que el oficialismo necesita dos votos para poder avanzar con su proyecto y hoy no los tiene. Sus 35 senadores lo dejan sin el quórum y sin la mitad más uno. Y para poder lograr esto necesita de dos de los independientes: el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. En el caso de la legisladora misionera está asegurado su apoyo, pero el rionegrino, que venía negociando con el Frente de Todos modificaciones en el proyecto oficial a cambio de su acompañamiento, decidió dar por cerrada la discusión y avanzar con su proyecto propio. Alberto Weretilneck tiene un tercer dictamen que es el que se refiere a su proyecto que él solo firmó. Aunque suele funcionar como un aliado del Frente de Todos en el Senado, está enfrentado con su coprovinciano, el ministro de Justicia Martín Soria, y no suele apoyar proyectos del oficialismo que tengan que ver con Justicia porque entiende que eso sería entregarle una victoria a su competidor directo en el “pago chico”. En este contexto, el ex gobernador de Río Negro negociaba con el oficialismo cambios en el proyecto del Frente de Todos y de esa manera habría prometido su acompañamiento. Para ello, propuso respaldar el proyecto del Gobierno y excluir a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura, pero, a cambio, quiere un consejo con mayor presencia federal en donde se sumen representantes -abogados y jueces- de las provincias. Hasta este miércoles a la mañana, el poroteo era positivo para el oficialismo, que tenía los 35 votos propios a los que le sumaba el de la misionera Magdalena Solari Quintana, quien ya firmó el dictamen favorable al proyecto que había enviado el Ejecutivo y, con el voto de Weretilneck tendría la mayoría para este próximo miércoles darle media sanción. Pero no sucedió. Ante esto, el oficialismo decidió que el miércoles 30 de marzo a las 16, dos horas más tarde del horario en el que estaba previsto que comience la sesión, se reunirán conjuntamente las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales en el Salón Azul, sito en el primer piso del Palacio del Congreso, a efectos de tratar, nuevamente, el Consejo de la Magistratura.

(Por Ivana Fux) – Omar Perotti no le cerró la puerta a una eventual reforma de la Constitución provincial. Tampoco se mostró como el dirigente que vaya a promover dicho proceso. En rigor, ello es una cuestión de estrategia. Ubicar al mandatario en el centro de esa polémica conllevaría dos riesgos: confrontar con una oposición que tiene mayoría en la Cámara de Diputados; e indefectiblemente, reducir la discusión a la presunta intención del mandatario de lograr su reelección. Por eso, el debate se intentará instalar y motivar desde la propia institución partidaria. El viernes, se reunirá la mesa chica del Justicialismo para fijar la fecha de encuentro del Consejo Ejecutivo Provincial. El cónclave con referentes de todos los sectores internos intentará recomponer la situación después de que se frustrara semanas atrás una reunión para comenzar a consolidar un proceso de unidad en la fuerza. Pero, además, el temario a discutir incluirá, precisamente, la reforma constitucional. Y ello permitirá medir qué grado de consenso existe dentro del propio peronismo para avanzar con el proceso.

Consultado por El Litoral, el gobernador se refirió al tema este lunes. Aprobado el presupuesto y controlada la situación sanitaria, la pretensión de la gestión es comenzar a darle aire a algunas reformas políticas. Ya se habilitó (en un segundo intento) el tratamiento en extraordinarias del proyecto de ley de Voto Joven; y hacia fines de marzo, se reflotaría el espacio de discusión sobre autonomías municipales. ¿Incluyen esas posibles reformas a la propia Constitución de Santa Fe, pronta a cumplir sesenta años? “Ojalá haya instancias de diálogo para cosas que le sirvan a la gente -respondió Perotti a este diario-; y que podamos encontrar en el esquema legislativo, en el diálogo o en la tarea parlamentaria misma, reformas que le sirvan a la gente”.

– ¿Le sirve una reforma de la Constitución a la gente?

– Yo creo que en este momento la cabeza de la gente no está en eso.

– ¿En la suya, gobernador?

– Ustedes saben lo que he pensado y lo he dicho en oportunidades anteriores; que me parecía que había que ir generando las condiciones para discutir algunas cuestiones de fondo. Pero uno salía a la calle y nadie te paraba para decir ‘quiero la reforma’. Sí creo hay que buscar las formas en las que pueda llegar a darse la actualización de algunos mecanismos. Sin dudas que (la Constitución) quedó vieja; esos son elementos a favor. Lo importante de esto sería que cada una de estas cosas pudieran tener su desarrollo sin interrumpir las cosas que en lo diario necesita la gente y que son las que yo priorizo. Nadie se va a poner en contra (de la reforma) si no se demora la provisión de agua, de cloacas, de gas, si se suman viviendas, se avanza con las rutas y además, genera alguna de estas modificaciones. Seguramente sí va a haber muchos más reclamos si uno pone toda su atención en esto y desatiende cada una de las cosas que la gente considera como urgentes.

Perotti volvió a tomar distancia del gobierno nacional, tras conocerse el paquete de medidas económicas que incluyen un aumento de las retenciones y la creación de un fondo estabilizador para regular los precios del trigo. “Yo hubiera empezado por aprovechar las oportunidades y dar una señal a todos nuestros sectores de ver cómo aprovechamos al máximo la posibilidad de crecer en la provisión de granos y harina al mundo. Eso fue lo que le transmitimos al presidente respecto de que el conflicto bélico (entre Rusia y Ucrania) genera incremento de costos de algunos insumos que importamos y suba de precios de cosas que exportamos”, expresó.

“Ojalá se dé pronto un proceso de paz. La reconstrucción que habrá que hacer de Ucrania después de la guerra no va a permitir que sean proveedores normales y habituales en todo su potencial de trigo o de girasol. Alguien va a tener que ocupar ese espacio y es una enorme oportunidad para la Argentina. Eso es lo que queremos hacer, por eso hemos lanzado nuestro propio programa de aliento a los productores con líneas de financiamiento promocionadas para que podamos crecer en más trigo, más maíz, más soja y en las producciones fruti-hortícolas”, planteó.

“No estamos en desacuerdo en tratar de resguardar los precios de la canasta familiar -aclaró-, pero sería bueno que los esfuerzos se hagan en todos los sectores porque los únicos precios que subieron a nivel internacional no fueron sólo los de los granos”. Y para concluir, sentenció: “Ojalá nos equivoquemos y funcione perfecto, pero no estamos de acuerdo en que cuando se da la suba de precios tengamos que generar sobre nuestra industria agroalimentaria una suba adicional. Nuestra defensa tiene que ver con algo más profundo, como es la defensa de la industria nacional, de la incorporación de valor agregado. No queremos que el agregado de valor que puede hacer la Argentina lo termine haciendo India o China, que son los que se llevan los granos para industrializarlos en su país”, concluyó.