Techint y las Pymes piden emparejar la cancha a las fábricas argentinas, lo que el gobierno promete hacer con menos carga fiscal pero sin devaluar. Y el campo reclama la reducción de retenciones por la baja del precio de los commodities en un contexto de dólar atrasado.

La administración Milei no devaluará más allá del deslizamiento mensual programado, e incluso se concentra en la baja del crawling peg para anclar la inflación, confiado en el ingreso de dólares de inversiones. Pero no sería el 2025 el año en el que les dará respuestas a grandes y pequeños industriales ni al campo.

Nadin Argañaraz apuntó que "recién en 2026 podría haber margen fiscal para una nueva baja de impuestos". Para el economista y titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, "el 2025 tiene un enorme desafío en materia de recaudación nacional", a la hora de mantener la recaudación tras haber eliminado ingresos por 1,4 puntos del PBI.

El analista recordó que en el proyecto de ley de presupuesto 2025 -aún cuando el gobierno de Milei está dispuesto a omitirlo para gobernar por decreto- se preveía una presión tributaria del 22,92% del PBI en 2025, apenas por debajo del 22,95% del 2024. Lo que lleva a la pregunta de qué compensará las ausencias del impuesto País y del blanqueo, a igualdad de pretensiones recaudatorias.

Argañaraz recuerda que el impuesto PAIS, en 2024, recaudó el equivalente a 1,1% del PBI. Y que según el Iaraf, otro 0,5% equivalente del PBI fueron ingresos por la moratoria, el blanqueo y el anticipo de bienes personales.

Apunta el analista que "en bienes personales ya existe una pérdida equivalente a 0,29 puntos porcentuales del PBI y de PAIS se puede suponer 1,1 puntos porcentuales. La suma es de 1,4% del PBI, suponiendo que la moratoria y el blanqueo rindan en 2025 lo mismo que en 2024. Lo más significativo es el impuesto PAIS, no coparticipable".

Por vía de la recuperación económica, el gobierno espera subas en las recaudaciones de Ganancias, Derechos de exportación (si el campo no retiene en silobolsas como sucedió este año y si se recuperan los precios), aportes y contribuciones, combustibles y derechos de importación.

Argañaraz recuerda que Ganancias se modificó a mediados del 2024 y en el caso de Combustibles la proyección tiene implícita una suba real del impuesto, que sigue retrasado respecto a años previos.

Pero el analista señala que este año no habrá margen para renunciar a recursos en la Casa Rosada. Argañaraz no analiza la posibilidad de más recortes del gasto, pero admite "la posibilidad que se pueda pensar en alguna reforma (tributaria) que inicie a fines de este año, con impacto pleno en la recaudación durante 2026".

Para la toma de decisiones la clave es lo que se espera, de ahí la importancia de la confirmación de alguna reforma concreta.

"Las provincias y CABA también participan del desafío, dado que parte de la recaudación nacional esperada es coparticipable", señala Argañaraz sin más detalles. Nación apunta contra Ingresos Brutos y ha dejado trascender que lo compensaría con un "súper Iva".

Pero la Rosada pretenderá que esa baja en la presión fiscal para ganar productividad, sea a costa de menores ingresos de los gobernadores, que resistirán esa pretensión

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyectaron un crecimiento del PBI argentino del 4,3% este año; el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó una suba del 5% y el propio gobierno proyectó esa misma cifra.

"El margen fiscal -dice Argañaraz- va a existir en la medida que el crecimiento de la economía genere recursos fiscales extras, yendo una parte a aumento real de gasto y otra parte a la baja real de impuestos".

No es exactamente lo que dice el propio presidente. Milei afirmó: "No tengo problemas en bajar más los impuestos, que me digan de dónde recortar". Dijo que a las retenciones las tiene en la mira y también el impuesto al cheque. Y sostuvo que " estamos pensando una reforma impositiva".

Argañaraz sostuvo que "es muy importante que, a la hora de avanzar en una reforma tributaria, exista coordinación entre los tres niveles de gobierno, de modo tal de asegurar que el espacio fiscal que pueda ceder uno de ellos, no sea ocupado por los otros niveles, dejando el nivel de carga tributaria sin grandes cambios, aunque con distinta estructura".

Eso es parte de la disputa entre Economía y los municipios, en especial de la provincia de Buenos Aires, donde el aumento de tasas pone en jaque al comercio -en especial del conurbano- predisponiendo a los actores económicos menos en favor de lo que existe y más por un cambio de conductas fiscales en ese distrito, en un año de elecciones.

Por César Rodríguez

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la Argentina podría llegar a estar en condiciones para bajar los impuestos "antes de lo esperado".

El funcionario contestó una serie de consultas en en redes sociales este domingo de Pascuas, y al responderle la pregunta a un usuario dijo que los impuestos irán bajando "cuando tengamos superávit fiscal".

El intercambio se dio como respuesta a un posteo del titular de la cartera económica en X, donde celebró la decisión de una empresa argentina por reducir sus precios un 10%.

"Si combinamos la ortodoxia macroeconómica con actitudes empresarias como esta, vamos a salir de este lío antes de lo esperado por nadie", aplaudió Caputo.

En la publicación, adjuntó la foto de la notificación redactada por la marca en la que expresaba que "motivados por la firme convicción de colaborar con la desaceleración de la inflación reinante", decidieron rebajar todos los productos de la lista.

"Sabemos que el desafío es grande, hay demasiados obstáculos impositivos que entorpecen el buen accionar de las empresas", consideraron en el comunicado que compartió Caputo.

Toto, se sabe cuando van a empezar a bajar/eliminar los impuestos?

En febrero el superávit financiero fue de $1,2 billones. La reducción del gasto público, principalmente por la eliminación de la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias, es hasta ahora la principal responsable.

La caída en los recursos para las provincias llegó a su nivel más bajo en 9 años, y en medio de los acuerdos con los gobernadores, el Ejecutivo prevé que la aceleración del ajuste para llegar al innegociable "déficit cero".

"Falta, pero podemos llegar a ese punto antes de lo esperado", consideró el ministro.

El gobierno está logrando un superávit primario sin emisión monetaria y con aumento de reservas del Banco Central.

Las empresas del Estado tuvieron un fuerte recorte de giros por parte del Tesoro, mientras se evalúa el cierre de varias.

Aerolíneas Argentinas, Intercargo y ARSAT no recibieron transferencias en los dos primeros meses del año.

En esa línea, la firma de energía ENARSA concentró el 60% de los fondos devengados, pero con una caída interanual del 47%.

Forma parte de la "motosierra” aplicada por Milei y su ministro de Economía, en su intento por poner las cuentas en orden y achicar la emisión monetaria.

El Gobierno acaba de aplicar otra baja de contratos, en este caso por 15 mil puestos, mientras redujo el tiempo de renovación del resto.

Las empresas públicas no sólo no tuvieron un aumento de partidas asignadas para este año, sino que en los dos primeros meses del año, las transferencias desde la Administración Central a 29 compañías estatales sufrieron un recorte del 53% en términos reales.

Así, de un crédito vigente para ese universo de empresas públicas para este año de $2,5 billones, en enero y febrero, el gasto devengado (o sea, comprometido, pero que puede aún no haber sido cancelado por la Tesorería General), fue solo de $300.000 millones.

La transferencia de recursos fue muy desigual. Por ejemplo, mientras que casi el 60% ($177.922 millones) se lo llevó Energía Argentina SA (ENARSA), hubo otras empresas que tuvieron cero pesos devengados, como Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos o la Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA) o ARSAT.

Si bien la empresa encargada de explotación de hidrocarburos y de distribución del gas y la electricidad recibió más de la mitad de los fondos devengados para las compañías estatales, tuvo un recorte de fondos comprometidos en el primer bimestre del 47%, a valores corrientes, respecto de enero y febrero de 2023, según los datos del nuevo Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que lanzó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

La otra gran destinataria de los recursos que la Tesorería le giró a las 29 empresas públicas fue la firma a cargo del transporte de pasajeros por tren Operador Ferroviario SE, que recibió $81.474 millones en los dos primeros meses del año, sobre $336.000 millones presupuestados para el 2024.

Sin embargo, comparado con el primer bimestre del 2023, esa partida también tuvo un recorte en términos reales que superó el 47%.

La empresa es la encargada de la operación y el mantenimiento de las líneas metropolitanas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Belgrano Sur y Tren de la Costa, y otras de larga distancia que llegan, por ejemplo, a Mar Del Plata y trenes regionales que viajan a 9 provincias.

Este universo de compañías estatales fue incluido en la primera versión de la Ley Bases, como sujetas a su posible privatización.

Aún no está definido si en el nuevo texto que el Gobierno enviará al Congreso esta primera semana de abril, incluirá a todas nuevamente o solo a algunas de ese listado.

Las firmas públicas más afectadas por estas medidas fueron, además de Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos o ARSAT, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA); la prestadora del servicio de rampa en 21 aeropuertos del sistema nacional, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Tandanor, Dioxitex SA, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA, y el Polo Tecnológico Constituyentes SA. En lo que va del año, ninguna tuvieron transferencias desde el Tesoro.

En tanto, AYSA, la empresa de aguas y cloacas que presta el servicio en el AMBA, tuvo una reducción en enero y febrero del 98,5% en los fondos devengados provenientes de la Administración Central.

En enero no recibió nada y para febrero, tenía comprometidos $810 millones de gastos de capital, contra un crédito vigente en el año de $305.793 millones.

En AYSA se produjeron ya unos 200 despidos en lo que va del año.

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que se ocupa del mantenimiento de los trenes y sistemas ferroviarios, también sufrió un abrupto freno en los recursos que le debe girar Economía, del 91,7%. Tenía comprometidos $1.600 millones para gastos corrientes (de funcionamiento) en febrero, contra $118.500 millones para todo el año.

En porcentaje de recorte respecto de los dos primeros meses de 2023, le siguen Radio y Televisión Universidad Nacional de Córdoba SA (-82,8%); Corredores Viales, la firma dedica a gestionar la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas (-74,9%); Casa de la Moneda (-73,1%); y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SA, la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (-71,6%).

El Correo Argentino, con casi 17.000 empleados distribuidos en sus sucursales en todo el país, tuvo una merma de financiamiento estatal del 66,7%. Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la empresa productora de carbón ubicada en Santa Cruz, del 64,7%.

La agencia oficial Télam, que está cerrada desde el 4 de marzo y sus más de 700 empleados con una dispensa temporaria de tareas desde esa fecha, tuvo una reducción presupuestaria del 61,7%.

En tanto, Radio y Televisión Argentina, que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, sufrió una merma en las transferencias en el primer bimestre del 40%.

En la radio pública, a principios de marzo, 100 periodistas, productores y empleados administrativos recibieron cartas documento informándoles que no les renovaban los contratos que vencían al finalizar febrero o comienzos de este mes.

Para los dos primeros meses de este año, Aerolíneas Argentinas no tiene fondos devengados. La partida prevista en el Presupuesto para 2024 es de $75.400 millones. La aerolínea de bandera abrió un proceso de retiros voluntarios durante marzo para 8.000 de sus 11.000 empleados, y en el que se habrían inscritos unos 600 trabajadores.

Con el objetivo de déficit cero, además de la reducción de personal contratado en las empresas públicas, se espera que el recorte en las transferencias desde la Tesorería se mantenga.

El gobierno de Italia aprobó este lunes un recorte de los subsidios contra la pobreza introducidos hace cuatro años, una medida criticada como una “provocación” anunciada en medio del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

La primera ministra, Giorgia Meloni, que lidera la coalición de gobierno más derechista desde la caída de Benito Mussolini, sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, dijo que el “ingreso ciudadano” será sustituido por un “cheque de inclusión”, acotado a ciertos hogares que cumplan una serie de requisitos.

Primo maggio: il Governo festeggia con i fatti. Anche oggi al lavoro per migliorare la condizione dei lavoratori. #1maggio pic.twitter.com/1nJmb14UDl

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 1, 2023

El Gobierno afirma que este plan de subsidios es muy caro, con un coste de cerca de 8.000 millones de euros (8.800 millones de dólares) el año pasado, y argumenta que desincentiva a personas aptas para trabajar, especialmente a jóvenes, a buscar un empleo.

Desde que asumió el cargo en septiembre, Meloni ha impulsado recortes del impuesto a las empresas, prometiendo también restaurar la credibilidad económica de Italia, reduciendo la deuda contraída durante la pandemia.

“Estamos reformando el ingreso ciudadano para hacer una distinción entre los que pueden trabajar y los que no”, dijo Meloni en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

Su Gobierno también facilita a las empresas la contratación a corto plazo, que los sindicatos afirman que mantiene a los trabajadores en situaciones precarias, y promete exenciones fiscales a las empresas que contraten a personas beneficiarias de los nuevos cheques de inclusión.

El programa de ingreso ciudadano fue introducido en 2019 por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), una formación populista, y sus partidarios afirman que otorga una ayuda importante a millones de hogares de bajos ingresos, en particular en las regiones más pobres del sur.

Los nuevos cheques de inclusión comenzarán a aplicarse en enero de 2024 y tendrán un coste de unos 5.400 millones de euros al año.

Estarán destinados exclusivamente a hogares con menores o donde vivan personas mayores de 60 años o discapacitados, y tendrán un tope de 500 euros al mes.

El ex primer ministro de M5S, Giuseppe Conte, dijo que “un gobierno no se reúne un 1 de mayo para condenar a jóvenes a una vida de precariedad, destruyendo sus sueños de tener una casa o de tener hijos”.

Roberto Fico, el expresidente de la Cámara de Diputados, perteneciente también al M5S calificó la decisión como una “provocación”.