El hombre de 38 años acusado de ser el mayor pedófilo de la Argentina se negó a declarar y continuará detenido al corroborarse que todos los elementos hallados en su domicilio en Ituzaingó son relevantes para constatar su participación en los aberrantes abusos a menores de edad.

Fue este martes por la tarde cuando el acusado se sentó frente a los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la UFI N°5 de Morón y pese a que se negó a declarar, la jueza a cargo del Juzgado de Garantía 1 de Morón, Laura Pintos, ordenó su detención.

La investigación de seguimiento contra el empleado de Telered comenzó hace meses y mediante el uso del Child Protection System (CPS) se logró su identificación, la cual fue preservada para proteger a posibles víctimas.

Con la instalación de una vigilancia encubierta y el respaldo tecnológico del CPS, se esperó el momento en que el individuo iniciara su conexión P2P para compartir el material ilegal.

La acción policial culminó con éxito en la madrugada del martes cuando el sospechoso fue sorprendido en flagrancia mientras compartía material de abuso infantil a través de conexiones P2P.

En el allanamiento a su domicilio, se incautaron más de 100 mil archivos, una macabra colección de muñecos altamente realistas, figuras de bebés y niños, un manual explícito sobre cómo atacar a menores y una decena de juguetes sexuales de gran tamaño.

Un ciudadano de nacionalidad paraguaya fue detenido este miércoles en la provincia de Misiones, investigado por el presunto delito de “trata de personas”, luego de que Gendarmería Nacional lo hallara junto a tres menores de edad cuyo vínculo familiar no pudo acreditar.

La labor estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 50 “Posadas” de GNA, quienes realizaban recorridas en la terminal de ómnibus de la ciudad de Posadas, cuando advirtieron la presencia de tres mujeres menores de edad que eran acompañadas por un hombre.

Los uniformados observaron la situación y antes de que abordaran un micro, cuyo destino no fue informado por la fuerza pública, se acercaron para identificarlo. Ante la consulta policial, el extranjero manifestó ser primo de las jóvenes, pero al no poder comprobar el vínculo, quedó detenido por presunta trata de personas.

Las presuntas víctimas son tres hermanas de nacionalidad argentina, por lo que ante la falta de documentación filiatoria que respalde los dichos del varón y ante la presunción de estar frente a un delito de trata de personas (Ley 26.842), el Juzgado Federal de la ciudad de Posadas dispuso su detención en carácter de incomunicado.

En cuanto a las víctimas vulnerables, se las puso a resguardo con asistencia médica y psicológica por parte del equipo interdisciplinario de Gendarmería Nacional, y se tomó contacto con el Consulado Paraguayo a fin de llevar a cabo las diligencias para ser restituidas a sus progenitores, residentes del país vecino.

Intervino la Red Nacional “Alto al Tráfico y Trata de Personas”, que será responsable de recibir y albergar a las menores en casa refugio dependiente de la Subsecretaria de Relación con la Comunidad y Violencia.

La Agencia Provincial de Delitos Complejos, tras dos meses de investigación, pudieron rescatar a una mujer que era obligada a prostituirse en una propiedad ubicada en el barrio San Pedrito, en la capital de Jujuy. Hay tres detenidos.

El operativo, que se llevó a cabo el pasado sábado 1° de abril pero que recién trascendió este jueves, constó de tres allanamientos simultáneos.

En los mismos se libero a la víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, quien fue trasladada al Hospital Pablo Soria. Además, detuvieron a dos mujeres y a un hombre.

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Por otro lado, en los allanamientos se secuestraron 140.000 pesos en efectivo, varios teléfonos celulares y otros elementos de relevancia para la causa, como anotaciones, preservativos y geles íntimos.

Todo comenzó a raíz de una denuncia anónima que advertía respecto de la existencia de un lugar donde había varias jóvenes que ejercían la prostitución contra su voluntad. Luego de dos meses de vigilar la zona, se confirmaron las sospechas.

En específico, en la propiedad apuntada estaban siendo explotadas sexualmente tres mujeres. Algunas de ellas fueron captadas a través de las redes sociales, por donde se les ofrecían trabajos de cuidadoras de adultos mayores.

Además, las fuentes de la investigación explicaron que uno de los proxenetas se aprovechaba de una de las víctimas debido a su grado de vulnerabilidad, producto de un retraso madurativo.

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Un operativo simultáneo en Francia, España y Colombia, desmanteló una red de trata que explotaba al menos a medio centenar de mujeres latinoamericanas en ciudades francesas. Como resultado al menos doce personas fueron detenidas.

La comisaria Elvire Arrighi, jefa de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Seres Humanos (Ocrteh) en Francia, explicó que las víctimas, de entre 20 y 40 años, eran “principalmente colombianas y venezolanas, pero también de Perú y de Paraguay”.

La red, cuya organización era piramidal, era dirigida desde Colombia por una pareja formada por un colombiano y una venezolana. Las victimas eran reclutadas bajo “promesas de un futuro mejor” en Europa y cobraba los beneficios, que alcanzaban hasta 30 millones de euros anuales.

Al respecto, la comisaria aseguró que el dinero que recibían las mujeres era un monto “que podían difícilmente ganar en sus países de origen”, y la necesidad de “enviar dinero a sus familias” hacían que permanecieran “bajo la influencia de esta red”.

Por último, destacó la “cooperación internacional inédita” entre Francia, Colombia y España, que demuestra que “ante un crimen organizado sin fronteras, las fuerzas policiales pueden aliarse, incluso más allá de los océanos”.

Los investigadores consideraron que la red recaudó “como mínimo” cinco millones de euros, equivalente a 5,3 millones de dólares anuales con la explotación sexual de las víctimas, aunque “las estimaciones pueden elevarse hasta los 20 a 30 millones de euros”.

Durante el operativo policial se arrestó a la pareja en Colombia, seis personas más en España y cuatro en Francia, aunque de nacionalidad española y colombiana.

El caso comenzó hace dos años, tras la denuncia interpuesta por dos mujeres en Burdeos, al suroeste de Francia, y a partir de septiembre de 2021 la justicia francesa abrió una investigación “por proxenetismo, trata de seres humanos agravada, blanqueo en banda organizada y asociación de malhechores”.