(Por Valentina Chiaraviglio) - El 11 de marzo de 2026, a las 9:30 de la mañana, el Tribunal Constitucional de Italia celebrará una audiencia pública que podría marcar un antes y un después para miles de descendientes de italianos en el mundo. La cuestión: si mantiene o deroga el Decreto Tajani, la norma aprobada en 2025 que restringió drásticamente el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia (ius sanguinis).

Para muchos argentinos —entre ellos numerosos santafesinos— el fallo podría significar recuperar un derecho que consideraban perdido. “Hay fundamentos sólidos para que el Tribunal declare la inconstitucionalidad del decreto”, afirma el abogado italiano, Dr. Emiliano Rosalia.

Hasta marzo de 2025, la ciudadanía italiana por derecho de sangre contemplaba un acceso prácticamente ilimitado: hijos, nietos, bisnietos e incluso generaciones más lejanas podían obtener el reconocimiento sin mayores obstáculos. Sin embargo, con la sanción del Decreto Tajani, esa tradición cambió de raíz.

La norma limitó el derecho automático solo a quienes pudieran acreditar que su ascendiente había nacido en Italia y conservado su ciudadanía, dejando fuera a miles de descendientes de emigrantes.

A ello se sumó otro golpe: desde enero de 2025 comenzó a regir una tasa de 600 euros para iniciar cualquier trámite —judicial o administrativo— que, sumada a traducciones, apostillas y certificaciones, encareció el acceso de forma considerable. “Mucha gente ya había invertido tiempo y dinero en sus carpetas y, de un día para el otro, se encontró ante un cierre total”, recuerda el Dr. Rosalia.

Descendientes hasta hoy excluidos podrían recuperar su derecho a la ciudadanía.

Un grupo de ocho solicitantes venezolanos de ascendencia italiana presentó ante el Tribunal Constitucional de Italia un recurso contra la nueva norma. Argumentan que la ley vulnera un principio consagrado en generaciones de jurisprudencia: la ciudadanía por descendencia no puede retrotraerse ni condicionarse con carácter discriminatorio o retroactivo.

La demanda recibió el respaldo de asociaciones de defensa de derechos de la diáspora y contó con asesoramiento de destacados abogados especializados. Ese planteo no se limita a estos ocho casos: refleja una expectativa compartida entre comunidades de descendientes en América Latina, entre ellos la numerosa colectividad italo-argentina.

Desde su estudio legal con base en Roma —y con conexiones en Santa Fe— el Dr. Emiliano Rosalia analiza con esperanza la próxima audiencia. “Hay fundamentos sólidos para que el Tribunal declare la inconstitucionalidad del decreto, sobre todo por su aplicación retroactiva a quienes nacieron antes del 27 de marzo de 2025”, sostiene.

Para Rosalia, la esencia del ius sanguinis está en juego: “La ciudadanía italiana siempre fue considerada un derecho adquirido por nacimiento. Nadie puede perderlo salvo por decisión personal de renunciar. Cuando una norma pretende alterar eso de forma retroactiva, se vuelve incompatible con la Constitución”.

Además, el abogado subrayó el impacto simbólico y concreto que tendría una decisión favorable para descendientes en Argentina: muchos podrían retomar trámites paralizados, y abrirse una nueva corriente de solicitudes, en un contexto donde Italia necesita rejuvenecer su estructura demográfica.

También, Rosalia reconoció el costado emocional de esos meses: “Lo más difícil fue explicarle a la gente que veía cómo su esfuerzo se desmoronaba. Algunos habían ahorrado durante años para pagar traducciones, apostillas o búsqueda de partidas. Fue devastador”, admitió.

Si el fallo resulta favorable, no solo se revertirá una medida administrativa: podría restaurarse un vínculo legal, simbólico y cultural entre Italia y su extensa diáspora. Descendientes hasta hoy excluidos —bisnietos, tataranietos— podrían recuperar su derecho a la ciudadanía, lo que implica trámites, derechos, pero también identidad.

Para los consulados, tribunales y oficinas en Italia y en el exterior, implicará un probable incremento en solicitudes. Para quienes esperan con paciencia, una esperanza renovada.

Emiliano Rosalia y Valeria Fornari, el equipo ítalo-santafesino de Rosalia Studio Legale.

Al calor de la inminente audiencia, las expectativas se mezclan con la ansiedad. Pero para muchos descendientes de italianos —argentinos, venezolanos, latinoamericanos— marzo de 2026 representa una posibilidad concreta de reconectar con sus raíces legales, de reabrir una puerta que se había creído cerrada para siempre.

Para recibir más información o asesoramiento, podés comunicarte con el equipo de Rosalia Studio Legale al número +39 351 808 3451 o por correo electrónico a info@ciudadaniaenroma.it. También en Instagram a través de @studiolegalerosalia o visitar su sitio web en www.rosaliastudiolegale.it.

Con la firma del dirigente Mario Deschi, del partido PAIS, el constitucionalista Domingo Rondina presentó un recurso de reconsideración ante el Tribunal Electoral de la provincia (TEP), para que se revise el último dictamen del organismo en el que por unanimidad, se habilitó el voto para los jóvenes de entre 16 y 17 años en los próximos comicios provinciales. Dicho segmento del electorado puede sufragar en las elecciones nacionales, pero no así en los comicios locales. Santa Fe es la única provincia en el contexto nacional que no tiene habilitado el Voto Joven.

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El escrito, de unas cuarenta fojas, se reserva la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, si el TEP rechaza el pedido de reconsideración. A partir de ahora, interviene nuevamente el procurador Jorge Barraguirre y el Tribunal Electoral. Entendiendo que el voto del citado organismo fue unánime, se presume que la decisión de la semana pasada será ratificada. Ese escenario llevaría, entonces, a Rondina a recurrir a la Corte y allí la incógnita es si la mayoría de los integrantes del máximo tribunal sostienen el mismo pensamiento que su presidente, Daniel Erbetta, quien promovió el fallo favorable a la ampliación de derechos.

La situación deriva en una complicación adicional para la logística electoral porque en junio, la provincia debe imprimir los padrones que se utilizarán en los comicios. La impugnación plantea la incertidumbre respeto de si los mismos deberán incluir o excluir a los chicos de 16 y 17.

Rondina advierte que su impugnación fue ante “la decisión sorpresiva del Tribunal de incorporar al padrón a miles de personas de entre 16 y 17 años”. Reclama “urgencia en la tramitación” del planteo, y admite que al haberse tratado de una resolución “sin cauce procesal y sin traslados, es difícil entender de qué modo se puede impugnar”. En el mismo sentido, plantea que si el Tribunal entendiera que la vía elegida para la objeción es “improcedente”, solicita que se gire el trámite a la Corte, admitiendo la procedencia del recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, reserva derechos y acciones para recurrir ante el máximo tribunal a través de la Queja.

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En los fundamentos, el escrito pone en duda la competencia del TEP para resolver sobre la temática aludida (Voto Joven) puesto que lo define como órgano “administrativo” . Asimismo, plantea que es la propia Constitución la que incluye una cláusula en la que se precisa que es elector “quien tenga los 18 años cumplidos”. Y advierte – entre otros puntos- que la citada incorporación de electores implica “ampliar el padrón y sumar dificultades a los candidatos de los partidos (sobre todo, los más pequeños, como PAIS) para acceder a bancas de diputados y concejales”. Esto último fue definido por referentes de otros partidos políticos como un “cambio de reglas en pleno proceso electoral”. Pero esas fuerzas políticas prefirieron no participar de la impugnación formal .