De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 72% de las personas consultadas redujo sus gastos personales o familiares en los últimos tres meses, producto de la caída de los ingresos y el aumento de los precios.

De acuerdo con el informe, que se realizó entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, dentro del mayoritario grupo de argentinos que admitió haber tenido que reducir sus compras, el 43% de los hogares reconoció haber realizado recortes significativos, mientras que otro 29% admitió reducciones más moderadas. Apenas el 23% aseguró que sus gastos se mantuvieron sin cambios y un 5% afirmó haberlos incrementado.

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“Argentina atravesó una caída generalizada en las ventas minoristas, motivada principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores”, señala el documento en sus conclusiones, que concluyó que los grupos etarios más afectados fueron las mujeres donde el 76% declaró haber reducido sus gastos, frente al 66% de los varones, probablemente porque son las que administran el presupuesto.

Analizado por nivel de ingresos, las desigualdades también se. Entre los sectores de mayores recursos, identificados como ABC1, solo el 38% manifestó haber recortado gastos. En la clase media, ese porcentaje trepó al 67%, mientras que en los sectores de menores ingresos alcanzó un contundente 82%. El informe remarca que estas cifras reflejan la menor capacidad de maniobra de los hogares más vulnerables frente al encarecimiento del costo de vida.

El trabajo de la UBA señala que los hogares tendieron a concentrar sus gastos en productos esenciales, relegando rubros como indumentaria y librerías, que figuran entre los más afectados por la contracción. Esta tendencia coincide con otros relevamientos sectoriales y con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que registró una caída interanual del 4,1% en las ventas minoristas de pymes durante noviembre.

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Aun en este contexto adverso, el estudio muestra que persisten ciertos criterios vinculados al consumo responsable. El 75% de los encuestados afirmó considerar aspectos sociales o ambientales al momento de elegir alimentos y bebidas, y casi el 70% manifestó estar dispuesto a pagar un precio más alto por productos sustentables.

El informe concluye que más de uno de cada dos consumidores combina tres factores: conciencia social o ambiental, disposición a pagar un costo extra y antecedentes concretos de compra, incluso en un escenario de fuerte restricción económica.

El Gobierno nacional resolvió este miércoles la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, que dejará de tener ese rango y pasará a funcionar como una subsecretaría. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según precisó, la medida incluye una reducción del 40% de la estructura administrativa y el despido del 30% de su personal. De acuerdo con estimaciones oficiales, el recorte permitirá un ahorro fiscal de aproximadamente $9.000 millones anuales.

Adorni señaló que la cartera pasará a “garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario”, en línea con la postura expresada por el Gobierno en otras oportunidades, en las que cuestionó enfoques previos sobre memoria, verdad y justicia.

Desde diciembre, la administración de Javier Milei ha implementado una serie de ajustes en áreas vinculadas a los derechos humanos, parte del plan implementado por Federico Sturzenegger. En abril, el Ministerio de Justicia había suspendido los pagos para el funcionamiento del Espacio para la Memoria (ex ESMA) y ordenado una auditoría sobre su presupuesto y gestión.

En paralelo, se confirmó la eliminación de subsidios eléctricos para 15.500 usuarios de alto consumo, ubicados principalmente en barrios cerrados del conurbano y zonas de alta gama como Puerto Madero. Según Adorni, muchos de estos hogares “gozaban de privilegios como piletas climatizadas y consumos comparables con los de una pyme”.

Se iniciará una recategorización automática para estos usuarios, lo que implicará un ahorro estimado en $3.000 millones. Sin mencionar nombres, el vocero deslizó una crítica al expresidente Alberto Fernández, quien reside en Puerto Madero, al afirmar: “Es el fin de privilegios que algunos políticos gozaban, incluso quienes vivían de prestado”.

Durante la conferencia, Adorni también ratificó que cualquier ley que implique gasto fiscal adicional, como una suba de jubilaciones impulsada por la oposición, será vetada. Afirmó que el sistema previsional actual “está quebrado” y que su mejora solo es posible mediante el crecimiento económico y la inversión.

El Gobierno, además, avanza en la reestructuración de organismos culturales. Confirmó la disolución del Instituto Juan Domingo Perón y la centralización administrativa del Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Libertad y el Instituto Nacional del Teatro, que perderán la autonomía que mantenían hasta ahora.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocieron declaraciones oficiales de organizaciones de derechos humanos en respuesta al anuncio. Tampoco hubo comunicados formales por parte de bloques legislativos o sectores partidarios.

En las últimas semanas, los presidentes comunales e intendentes de las localidades del departamento General López afectadas mostraron su preocupación por la decisión del Correo Oficial de la República Argentina S.A -Correo Argentino- de despedir personal, no renovar contratos y ofrecer retiros voluntarios a empleados de distintas sucursales en el marco de un proceso de reorganización interna a nivel nacional que comenzara a fines de abril de este año, lo que redundó en la presentación un proyecto de parte de la senadora departamental Leticia Di Gregorio en la Cámara alta santafesina, orientada a rever las medidas por el impacto negativo de las mismas en los distritos afectados. 

Consultados por Sur24, los mandatarios sureños manifestaron su descontento y preocupación ante este tema y enumeraron las distintas problemáticas que la merma de personal y el posible cierre de las sucursales del Correo Argentino traería a las poblaciones, sobre todo a las más pequeñas. 

Entre las localidades donde se produjeron despidos se encuentran Berabevú, donde la oficina cerró sus puertas, Teodelina, Hughes y Cafferata. 

En diálogo con Sur24, el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, manifestó que, si bien en su localidad no corre riesgo la continuidad de la sucursal del Correo Argentino ya que, a pesar de ser despedido el jefe aún quedan dos empleados más, “me sumo al reclamo, porque si bien quedan empleados, fue despedido el jefe del Coreo y eso es lamentable”.

“Teodelina tienen un movimiento muy grande del correo, sobre todo con las compras on line, y es utilizado por los vecinos con mucha frecuencia”.

Más allá del empleado despedido en Teodelina, el mandatario destacó la complejidad de la situación sobre todo “en los pueblos más chicos, porque a veces no tienen ni cajeros ni bancos y es el único medio para efectuar cobros”, añadiendo que “esto aísla más a las localidades, donde sus vecinos tienen que viajar varios kilómetros para poder cobrar sus jubilaciones y demás”. 

Por su parte, el presidente comunal de Hughes, Mauricio Donatti, explicó a Sur24 que, en sintonía con lo ocurrido en Teodelina, allí también despidieron al jefe de la sucursal local del Correo Argentino y único empleado de la repartición, por lo que en la actualidad se encuentra viajando una persona de Venado Tuerto para la atención de esa sucursal. 

“Por ahora no cerraría”, anuncio Donatti, agregando que “si bien acá los jubilados cobran en el banco, el correo es muy utilizado por las empresas y para la distribución de muchas cosas que llegan por ese medio”.

Una de las localidades más afectadas es Cafferata, donde a fines de abril fue despedido el jefe del correo del pueblo y corre peligro la continuidad de la oficina. 

“Esto pone totalmente en peligro la continuidad de la oficina local”, manifestaba Joan Stramesi, su presidente comunal.

“Hay más de 100 jubilados que cobran en la oficina del correo, ya que no tenemos bancos ni cajeros. Por eso estamos con mucha angustia y con mucha bronca por la falta de sensibilidad en la toma de estas decisiones”, agregó. 

“Cuando hacen recortes desde una planilla de Excel se olvidan que están parando una actividad y que están generando un perjuicio enorme a una localidad de poco más de 1.000 habitantes”, aseguró Stramesi.

Cafferata es un distrito que “contribuye significativamente a la economía nacional. Tenemos más de 20.000 hectáreas productivas, y solo estamos pidiendo un poco de reciprocidad. Queremos que esta oficina se siga sosteniendo y que nuestros jubilados puedan cobrar en nuestra comunidad y no ver nuevamente como hacen dedo en la ruta para ir a cobrar a Chañar Ladeado (pueblo ubicado a 15 kilómetros)”, finalizó el presidente comunal.

El próximo martes 23 de abril, se realizará una marcha nacional para reclamar por la grave situación financiera que atraviesa el sistema público de educación, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la que se sumarán gremios docentes, no docentes y el movimiento estudiantil. 

Esta manifestación tendrá su epicentro con una movilización desde Congreso a Plaza de Mayo, en Buenos Aires, a partir de las 15:30.

Una de las secuelas del llamado al reclamo tendrá lugar en la ciudad de Venado Tuerto donde, desde la comunidad de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Venado Tuerto (UTN-FRVT) convocaron a una serie de actividades, que comenzarán a las 17:30 con un abrazo simbólico a la “Tecnológica”, ubicada en Laprida 651, bajo el lema “Yo Apoyo la Universidad Pública”. Allí, según la información trascendida, se procederá a la lectura de un documento elaborado a nivel nacional en defensa de la universidad pública y en reclamo por el presupuesto, para dar paso a palabras de alumnos, docentes y del decano de la casa de estudios, Jorge Rena. También se permitirá el ingreso a aulas de la facultad para abrir el debate y profundizar sobre la problemática.

“Este abrazo simbólico a nuestra Casa es un acto de carácter político, pero es totalmente apartidario, queremos hacer visible ante la sociedad la situación actual de las partidas presupuestarias asignadas a los gastos de funcionamiento de la universidad públicas argentinas”, expusieron desde la comunidad universitaria de la UTN Facultad Regional Venado Tuerto. 

En tanto que en el ex Normal, edificio donde funciona el Profesorado Nº 7, una jornada con micrófono abierto.

“Esperamos contar con la presencia de las autoridades locales, concejales, legisladores, organizaciones sociales y sindicales, entidades educativas de todos los niveles, asociaciones civiles, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, profesionales, estudiantes, y toda persona que se sienta interpelada por la realidad que atraviesa la universidad pública”, cerraron. 

El llamado a la “Gran Marcha Universitaria” se originó el pasado 10 de abril donde, en el marco del 91º Plenario de Rectoras y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional(CIN), los representantes de las 73 universidades públicas integrantes del CIN hicieron la convocatoria a Plaza de Mayo para el próximo martes 23 de abril en defensa de la educación y el sistema universitario, en medio de las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Milei.

“La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave, y se necesita la respuesta urgente de los poderes del Estado nacional”, remarcaban.

"Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema". explicaron las autoridades universitarias a través de un comunicado.

En esa línea, señalaron que en febrero aprobaron una declaración manifestando "preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas".

En ese sentido, añadieron: "Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)", que fue dado de baja por la Administración libertaria y forma parte del salario docente.

"Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria", sostuvieron en el escrito.

Por último, pidieron a la sociedad en general que se sume al reclamo para defender el derecho acceder a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre y que cualquier acuerdo a nivel nacional priorice la cuestión educativa.

Desde que el Gobierno Nacional anunció las medidas de recortes de presupuesto al Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fueron varios los artistas que se pronunciaron al respecto y repudiaron la decisión.

Entre ellos, en las últimas horas, lo hizo el reconocido actor de Hollywood Viggo Mortensen -reconocido mundialmente por interpretar a Aragorn en la trilogía de “El Señor de los Anillos”, dirigida por Peter Jackson-, quien se sumó al reclamo con un enérgico mensaje en defensa del cine como elemento fundamental de la identidad cultural del país.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, dijo: "En Argentina, ir a ver cine en salas siempre fue un acto sociocultural, pero hoy se ha vuelto un acto sociopolítico imprescindible".

La publicación del clip se da en simultáneo al estreno de su última película, Eureka, en las salas argentinas.

Mortensen es hijo de un danés y de una norteamericana y si bien nació en Nueva York, vivió gran parte de su niñez en Buenos Aires desde que tenía dos años.

Desde entonces, aunque tuvo que mudarse a Estados Unidos tras el divorcio de sus padres, el actor ama Argentina y conserva algunas costumbres típicas, como tomar mate sin azúcar y hacer dulce de leche casero.

Otra de sus pasiones locales es el club San Lorenzo, del que es hincha fanático y cada vez que visita el país acude a ver los partidos. En varias ocasiones, durante sus películas, incluye símbolos que hablan de ese amor por el país.

En sus filmes, suele aparecer vestido con los colores cuervos –azul y grana–, y en su camarín siempre cuelga un banderín del Ciclón. Debajo del traje con el que personificaba a Aragorn llevaba la camiseta del Beto Acosta.

El eliminado Fondo Nacional de Incentivo Docente y el ítem de conectividad representan el 8,5 % del salario bruto de un maestro de grado de jornada simple en Santa Fe, con 10 años de antigüedad, según los cálculos de la Fundación Mediterránea. La participación de las transferencias en concepto de FONID sobre los gastos corrientes de la provincia representaban el 1,1 %, según ese estudio.

El análisis de las economistas Laura Caullo y Azul Chincarini sirve para evaluar el peso de los recortes nacionales en medio de la incertidumbre paritaria con el sector docente, de la que Santa Fe no está exenta.

En el promedio nacional, el peso relativo de los recortes es mayor. "El Fonid, sumado al ítem de conectividad, se traduce en aproximadamente un 10 % del salario bruto de un maestro de grado con 10 años de antigüedad y jornada simple. En nueve provincias, el Fonid supera el 10 % del salario testigo, mientras que en otras quince se sitúa por debajo de ese umbral.

"La finalización del aporte nacional en diciembre pasado plantea a las provincias la decisión de continuar el pago con recursos propios, añadiendo complejidad a las negociaciones paritarias. De todos modos, en un año recesivo y con reducción en los ingresos fiscales, difícilmente los salarios públicos de cualquier nivel de gobierno puedan reponer el efecto de la inflación de los últimos meses", plantearon los analistas.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, dijo en las últimas horas que los recortes nacionales -incluyendo el programa Hora 25 a ser redireccionado- "complican la discusión paritaria" y reclamó que Nación debata con las provincias la reasignación de los recursos.

Cabe recordar que la Oficina Nacional de Presupuesto calculó que Santa Fe tenía presupuestados $ 3.154 millones por el Fondo Nacional de INcentivo Docente, creado como "provisorio" por cinco años en 1998, y prorrogado desde entonces hasta el 31 de diciembre pasado, cuando su vigencia ya no fue renovada.

Según el Ieral, "en el primer semestre de 2023, el FONID con relación a los gastos corrientes de las provincias, en promedio a nivel consolidado, representó un 1,2 % de los gastos corrientes de las provincias. "Superan este umbral, Santiago del Estero (1,7 %), Mendoza (1,6 %), Jujuy (1,5 %), La Rioja (1,5 %), Río Negro (1,4 %), Chaco (1,4 %) y Misiones (1,3 %). Mientras, en Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y Neuquén este guarismo no supera el 1 %".

Para los autores del estudio, "no parecen montos tan importantes como para que no puedan ser reemplazados por las provincias ahorrando en otras erogaciones socialmente menos valoradas".

"Al 21 de febrero de 2024, la ejecución del Fondo Nacional de Incentivo Docente se encuentra pendiente de pago", reseña escuetamente el último informe de la Oficina Nacional de Presupuesto. El concepto hubiera supuesto para Santa Fe $3.154 millones, pero el Fondo se venció legalmente y la confrontación de provincias con Casa Rosada impidió una salida política.

El Fonid fue creado por la Ley 25.053 sancionada en 1998, inicialmente con carácter de emergencia por el término de cinco años (hasta 2003), aunque fue prorrogado sucesivamente por distintas leyes y DNU, la última de ellas, hasta el 31 de diciembre pasado. En enero 2024 no se renovó su vigencia.

"No hay plata". La consigna remanida de la administración de Javier Milei supone que Santa Fe dejará de percibir lo que el año pasado constituyó el 3,8% de los Recursos de Origen Nacional distribuidos a las provincias. Axel Kicillof se llevó el 18,3% por el mismo concepto, incluyendo un 7,5% del Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires que creó "a sola firma" Alberto Fernández y que acaba de ser eliminado -también por decreto- por el presidente Milei.

Pero las genéricamente denominadas "trasferencias discrecionales" no siempre son decisiones a sola firma del presidente de turno (caso ATN), sino que en otros casos suponen obligaciones legalmente contraídas por el gobierno central pero que no forman parte de las "transferencias automáticas" de la coparticipación. El año pasado representaron el equivalente al 1,01% del PBI.

Por ese concepto Santa Fe recibió $68.107 millones en transferencias de capital y $21.828 millones en transferencias corrientes, totalizando $89.935 millones por ambos rubros a valores nominales el pasado año, según la OPC en base a datos oficiales del Sistema Integrado de Información Financiera.

En transferencias no automáticas para gastos corrientes, la mayor cuenta se la llevó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, por el cual la Casa Rosada percibió $24.036 millones en 2023.

Se suman $17.801 millones para desarrollo regional (ATN), "apenas" $11.396 millones por la obligación nacional de cubrir parte del déficit previsional (la Anses no actualizó las cuotas desde 2019); $7.061 millones en políticas y gestión socioeducativa (Hora 25); $1.663 millones para comedores escolares y $4.837 millones en la consabida e indeterminada columna de "resto".

Por el lado de las Transferencias no automáticas para gastos de capital, Nación mandó a Santa Fe el año pasado $ 14 millones para obra s viales fuera de la red nacional; $2,082 millones para infraestructura de saneamiento; $612 millones para equipamiento; $1.578 millones en "apoyo para desarrollo de obra pública" y $16.961 para el "resto", totalizando los ya señalados $21.828 millones.

En transferencias no automáticas para gastos corrientes, la mayor cuenta se la llevó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, por el cual la Casa Rosada percibió $24.036 millones en 2023. Además hubo $7.061 millones para el programa Hora 25.

Mientras el gobernador de Chubut amenaza al país con interrumpirle suministros estratégicos por una deuda equivalente a US$12 millones, la pelea por "la caja y el poder" se desarrolla en otros ámbitos. Y afecta especialmente al reducto kirchnerista en la provincia de Buenos Aires.

Durante 2023, las transferencias presupuestarias realizadas por la Administración Nacional a los gobiernos provinciales y municipales totalizaron $1.934.885 millones. "Ese monto implicó el 1,01% del PIB, 0,27 puntos porcentuales por debajo del promedio de los 8 años previos", detalló el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.

"El monto es el equivalente al 13,5% de los recursos coparticipados, porcentaje que varía mucho entre las provincias. Las transferencias corrientes alcanzaron $1.455.969 millones (0,76% del PIB) y las de capital $478.916 millones (0,25% del PIB).

"Para 2024 -recuerda el informe- el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires fue eliminado a través del Decreto 192/2024 de fecha 26 de febrero. Se estima que el Fondo, de haber continuado vigente, hubiese percibido $873.765 millones (0,14% del PIB) durante el presente ejercicio".

La declaración de default de La Rioja -más allá de la emisión de cuasimonedas en ese distrito- ha encendido algunas alarmas sobre las deudas en divisas y bajo jurisdicción extranjera. Santa Fe viene de obtener 65 millones de Euros de un fondo francés de una manera inédita: no necesitó el aval nacional más allá de su trayectoria de cumplimientos, un "bien de Estado" si se cuentan las sucesivas administraciones en la Casa Gris. No en vano Maximiliano Pullaro asistió a la embajada francesa acompañado por Omar Perotti.

Las fricciones en medio de los recortes nacionales a las provincias han puesto sobre la mesa el horizonte de acceso a las divisas por parte de los estados subnacionales, para pagar sus compromisos en 2023, si es que tienen con qué hacerlo. A pesar de la megadevaluación de diciembre, Santa Fe no presenta inconvenientes ni riesgos de default. Ni hay, por el momento, restricciones en Economía y el BCRA para acceder a las divisas necesarias para honrar los compromisos, un problema que llegó a presentarse en otros distritos durante la última etapa de la gestión de Sergio Massa.

La Provincia obtuvo además financiamiento proveniente de emisión de títulos públicos internacionales que comprenden los bonos SF23D y SF27D, emitidos en marzo de 2017 y noviembre de 2016, respectivamente. El primero de estos instrumentos fue cancelado a su vencimiento, el pasado 23 de marzo de 2023; este año vencen US$8,62 millones en mayo y otro tanto en noviembre por el segundo de los títulos referidos.

Además vencen este año otros US$35 millones por amortizaciones e intereses de distintos préstamos: con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (nominado en Dinares Kuwaitíes); el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo (nominado en Dírham de Emiratos Árabes Unidos); el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID por sus siglas en inglés) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El gasto nacional de enero revela la magnitud y morfología del ajuste de la administración de Javier Milei. En el rubro de jubilaciones y pensiones ejecutó presupuestariamente 32,8% menos que en el mismo mes de 2022 a valores reales; en asignaciones familiares la caída fue del 32,5%; en programas sociales 59,6%; en gastos en personal 18%; en transferencias a provincias 53,3%; en transferencias a universidades 16,5% y en gastos de capital (básicamente obras públicas) 75,6%.

Los datos surgen del valioso informe que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la ejecución presupuestaria y en base a datos oficiales. "Durante el mes de enero de 2024, los ingresos de la Administración Nacional totalizaron $5.664.109 millones, mostrando una caída de 1,3% en términos reales respecto a igual período del año anterior", detalla el organismo que asesora a los legisladores nacionales.

No necesitó Milei de la motosierra. La inflación hizo la mayor parte del trabajo al licuar el valor de cada peso que reciben los destinatarios del presupuesto nacional.

El organismo a cargo de Gabriel Esterelles ratificó un anticipo de Luis Caputo. Incluso con menores recursos, el gobierno central logró un superávit financiero de 0,2% del PBI, a un costo social y territorial alto más allá de los "recortes por corrupción" que puedan justificarse en casos como los de 9 mil planes sociales detectados por la justicia a favor de empleados públicos.

Los números explican la tensión política y la incertidumbre sobre la tolerancia social al ajuste. Al tablero de la administración central hay que añadirle que el Impuesto al Valor Agregado creció 13,1% interanual en el primer mes del año, lo que supone inferir que la inflación mejoró la recaudación más de lo que le restó la recesión.

En la "caja" de MIlei y Caputo entraron $391,4 mil millones del impuesto País -411,6% más que en enero de 2023- y $606,4 mil millones por derechos de exportación. Son cifras que "embolsa" la administración central, mientras que Ganancias (la rebaja fue en sintonía con la financiación de la campaña de Sergio Massa) cayó 40,3% en su volumen a valores reales. Es plata que dejó de coparticiparse a las provincias.

Si la presidencia de Milei fue votada para recortar gastos de un país inviable, el Congreso opositor tiene mandato de representar sectores sociales y porciones territoriales cuyas necesidades no son menos imperiosas. Es un dilema: no hay país sin ajuste, como tampoco hay ajuste sin país.

Es en esa tensión donde se dirime -en el corto plazo- si el éxito de la baja de inflación producto del ajuste fiscal, llegará antes que las angustias políticas y sociales interpelen de manera liminar al presidente Milei.

Los números señalan que los gastos primarios sumaron $3.111.184 millones, lo cual implica una caída de 30,8% en términos reales. Con excepción de los subsidios al transporte (que crecieron 144,9% año contra año).

La OPC destaca que "todos los conceptos mostraron disminuciones reales en la comparación interanual, siendo las más significativas las observadas en los gastos de capital (-75,6% a/a), programas sociales (-59,6% a/a), transferencias corrientes a provincias (-53,3% a/a), jubilaciones y pensiones (-32,5% a/a), gastos en personal (-18,0% a/a), asignaciones familiares (-17,7% a/a) y transferencias a universidades (-16,5% a/a)".

El Ministerio de Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza, emprendió un plan de "optimización de recursos" que posibilitará un ahorro de 25.150 millones de pesos este año a través de la "baja de contratos" y la "reducción del 40% de la flota de autos", entre otros gastos.

Además, se está buscando eliminar intermediarios en el proceso de envío de alimentos a los comedores.

Sobre las protestas anunciadas por organizaciones sociales para esta semana frente a los supermercados, Adorni advirtió´: "No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar".

Aseguró que las protestas son convocadas por "personajes que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores", y que buscan impedir que los alimentos "efectivamente lleguen a quienes les tenga que llegar".

El Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de optimización de recursos que en una primera etapa permitirá ahorrar 8.300 millones de pesos, y en la segunda otros 16.850 millones de pesos adicionales.

"La primera etapa incluye la baja de 758 contratos, mientras que hay otros 6.400 que están en revisión. Se va a reducir un 40% la flota de autos, con un ahorro de casi mil millones de pesos, y además se recortarán servicios e insumos por 500 millones de pesos y los celulares de las Secretarías (un gasto de 217 millones de pesos)", precisó Adorni.

Dijo que "en una segunda etapa habrá un recorte equivalente a 16.850 millones de pesos adicionales por la optimización de contrataciones y compras diversas que venían haciendo las diferentes dependencias de la cartera sin un criterio razonable".

Según el vocero presidencial, "en el proceso de envío de alimentos a los comedores había un sistema con el cual claramente no compatibilizamos, que es la discrecionalidad. Va a llevar unos días más, pero va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza".

Y recordó que "sigue abierta la línea anónima y gratuita 134 para cualquier tipo de extorsión que pueda existir. Siéntanse libres de hacer la denuncia y ponernos en conocimiento".

Sobre las protestas en supermercados para reclamar comida, Adorni advirtió que "representantes de determinados grupos sociales han anunciado para esta semana alguna especie de marcha o de protesta frente a supermercados. No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar".

"Muchos de estos personajes tenían relación con el gobierno anterior y entendemos que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores evitando cualquier tipo de intermediación y la compra directa, que presupone algún manejo no debido", lamentó.

Spotify anunció recortará el 6% de su personal “esta misma semana”, luego del desplome del 66% de sus acciones del año pasado. Así, se suma al conjunto de empresas de base tecnológica que cotizan en Bolsa que ajustaron sus recursos humanos.

Las acciones de la compañía se desplomaron tras las dudas de los inversores sobre el viraje de la plataforma hacia el formato podcast, por lo que el nuevo anuncio se suma al de otras empresas de tecnología de las últimas semanas como Amazon, Meta (Facebook), Microsoft o Alphabet (Google) que se encuentran en similar situación.

Microsoft, por su parte, anunció que por la incertidumbre económica y los cambios en las prioridades de los clientes el 18 de enero despediría a unos 10.000 empleados para finales de marzo, es decir, algo menos del 5% de sus 221.000 trabajadores.

La empresa Meta, compuesta por Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció en noviembre despidos de 11.000 puestos de trabajo, un 13% de su plantilla.

Por último, Alphabet, casa matriz de Google, anunció el 20 de enero que va a despedir unas 12.000 personas en todo el mundo, lo que representa poco más del 6% del total de sus empleados.

(Por Emerio Agretti) – El anuncio de medidas de recorte del gasto formulado por el ministro de Economía, Sergio Massa, por un total de 128 mil millones, generó preocupación por cuál será el impacto en cada una de las áreas establecidas (como Salud, Educación y Desarrollo Territorial), pero sobre todo incertidumbre en las provincias, ya que hasta el momento no se ha podido establecer cuál será la afectación específica para cada una de ellas.

En esa tarea se encuentran los responsables de los distintos ministerios que se verían afectados por la reducción de partidas, según revelaron ante la consulta de El Litoral, en un relevamiento por cada una de las áreas. Lo que sí se sabe es que el criterio que guía la medida nacional, en consonancia con el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, es el de reducir el déficit de las cuentas centrales acotando las transferencias a las provincias, por considerar que la mayoría de ellas tienen sus cuentas ordenadas y por lo tanto están en condiciones de afrontar sus respectivos compromisos. Pero todavía no existen precisiones y en las autoridades prima absoluta cautela al respecto, mientras intentan obtenerlas en el ámbito nacional.

Este nivel de indeterminación, sobre el que interrogan también en diversos planteos los legisladores de la oposición, fue confirmado a El Litoral por el ex ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione. Apuntó que, más allá de los recortes en áreas centrales como Salud y Educación (y la manera en que vayan a traducirse a nivel local), la única cifra ya definida refiere a las transferencias a provincias y municipios para afrontar obras locales (hídricas, jardines, infraestructura), por un total de 49.721 millones de pesos. Pero que no están discriminadas por distrito, por lo cual aún se desconoce su impacto en particular.

En cualquier caso, las áreas consignadas y las provincias no son las únicas víctimas de los recortes presupuestarios, ya que hay otros ahorros generados de manera menos directa. De acuerdo a un informe del portal especializado en energía Econojournal, el Ministerio de Economía de la Nación ya acumuló una deuda con petroleras y generadoras de energía por US$ 1.500 millones por no pagar lo correspondiente a los meses de mayo y junio: U$S 1.250 millones a Cammesa, que administra el mercado eléctrico mayorista, que a su vez debe pagarle a las generadoras de energía; y U$S 250 millones a las petroleras que la proveyeron del gas natural para las usinas termoeléctricas.