El Gobierno nacional formalizó este martes una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, un ciudadano chileno sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde a un pedido de la Justicia Federal en el marco de un proceso de extradición impulsado por Chile.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 302/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, donde se detalla que la suma de $20.000.000 será destinada a aquellas personas que, sin haber participado en los hechos investigados, brinden datos útiles que permitan concretar la detención del prófugo.

Según se desprende del documento oficial, Apablaza Guerra, de 75 años, tiene una orden de captura vigente desde el 31 de marzo de 2026, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. La medida apunta a hacer efectiva su extradición a Chile, país que lo reclama por su presunta participación en delitos vinculados al terrorismo.

El texto oficial aclara que la recompensa se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley 26.538, que habilita al Estado a ofrecer compensaciones económicas para obtener información clave en investigaciones complejas o de gravedad institucional.

En este caso particular, las autoridades consideraron que se trata de un expediente de alta relevancia, tanto por la naturaleza de los delitos investigados como por el contexto internacional en el que se inscribe el pedido de extradición.

La causa que involucra a Apablaza Guerra tiene un largo recorrido judicial. De acuerdo con lo consignado en la resolución, el proceso de extradición permaneció suspendido durante años debido a distintas instancias de apelación e impugnaciones presentadas por la defensa del acusado.

Además, el expediente atravesó instancias administrativas y judiciales vinculadas a su condición de refugiado, en el marco de la normativa internacional sobre protección de personas perseguidas.

Sin embargo, la situación cambió recientemente cuando la Justicia determinó que el acusado dejó de cumplir con las condiciones impuestas en el proceso, lo que derivó en la orden de detención inmediata.

Este incumplimiento, definido como “inconducta procesal” en el documento oficial, fue clave para reactivar las medidas judiciales y avanzar en la búsqueda del imputado.

El Ministerio de Seguridad detalló que las personas que cuenten con información relevante pueden comunicarse de forma gratuita a la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Uno de los puntos centrales del sistema es la confidencialidad: las autoridades garantizaron que la identidad de quienes aporten datos será preservada durante todo el proceso.

Asimismo, el pago de la recompensa estará sujeto a la evaluación de la información brindada. Es decir, solo se abonará el monto en caso de que los datos aportados resulten útiles y determinantes para concretar la detención del prófugo, previo informe de la autoridad judicial interviniente.

La resolución también instruye a las fuerzas de seguridad federales a difundir ampliamente la búsqueda, incluyendo la publicación de afiches y la difusión en medios de comunicación de todo el país.

El pedido de captura de Apablaza Guerra tiene implicancias que trascienden las fronteras argentinas. La solicitud de extradición fue impulsada por la República de Chile, que lo acusa formalmente de delitos considerados de extrema gravedad.

En ese contexto, la decisión del Gobierno argentino de ofrecer una recompensa busca acelerar su localización y detención, en línea con compromisos de cooperación judicial internacional.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la medida responde a la necesidad de dar una respuesta urgente ante un caso complejo, que involucra tanto aspectos judiciales como diplomáticos.

Con esta resolución, el Ejecutivo refuerza el uso de herramientas previstas por la ley para colaborar con la Justicia y promover la participación ciudadana en la resolución de delitos de alto impacto.

A poco más de un año de sus desapariciones, las investigaciones de los casos de Lian Gael Flores y Loan Danilo Peña, dos menores cuyos paraderos continúan siendo un misterio, atraviesan etapas clave judiciales y reclamos de información ante la falta de avances concluyentes.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso recientemente, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, elevar de $10 millones a $20 millones la recompensa para quienes aporten datos verificables sobre el paradero de Lian Gael Flores, de 3 años, visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en el sector rural conocido como Campo de Bollo, en el departamento Unión, provincia de Córdoba.

La medida, amparada en la Ley Nacional 26.538, busca reactivar la colaboración ciudadana y dar un nuevo impulso a una investigación que hasta ahora no arrojó una pista firme sobre el menor, a pesar de rastrillajes, allanamientos y toma de testimonios. Se exhortó a quienes tengan información útil a comunicarse de forma confidencial a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

La familia de Lian mantiene un fuerte reclamo público por mayor celeridad y recursos, mientras fuerzas de seguridad, organismos judiciales y la comunidad esperan que nuevos datos permitan acercarse al esclarecimiento del caso.

En la provincia de Corrientes, el caso de Loan Danilo Peña —que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, cuando tenía 5 años— continúa generando preocupación y movilización social.

La investigación judicial, que pasó al fuero federal por tratarse de un posible delito de trata y sustracción de menores, mantiene abierta la causa sin que aún se haya confirmado el paradero del niño. En los primeros días tras su desaparición se activó la Alerta Sofía y se ofreció una recompensa inicial de $5 millones, además de una alerta amarilla internacional de Interpol para intensificar la búsqueda en países limítrofes.

Recientemente, la Policía Federal Argentina presentó una reconstrucción digital actualizada del rostro de Loan, elaborada por peritos forenses con la proyección de cómo podría verse hoy, y la incorporó formalmente al expediente y a los sistemas de búsqueda nacionales e internacionales con la esperanza de facilitar su identificación.

Fuentes judiciales y de la causa indicaron que, aunque no se han logrado hallazgos definitivos que permitan localizar al menor, la investigación sigue en curso y se han solicitado medidas para optimizar recursos, coordinación interinstitucional y difusión de la información actualizada para reforzar la cooperación ciudadana y global.

La desaparición de menores conmueve a la sociedad y genera cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos de búsqueda y la articulación de los organismos estatales. En ambos casos —tanto en Córdoba como en Corrientes— se ha ofrecido un incentivo económico para quienes brinden datos útiles, se han dispuesto medidas judiciales y se multiplica el llamado a la colaboración social, aunque aun no se registran resultados concluyentes que permitan determinar el destino de Lian Gael o de Loan.

Mientras las familias esperan respuestas desde hace meses, las autoridades federales, provinciales y judiciales buscan consolidar líneas de investigación, mantener activas las alertas y sostener el trabajo de búsqueda con la esperanza de que nuevos datos puedan aportar claridad a estos casos que siguen abiertos en la agenda pública y judicial del país.

Fernanda Isabella Aguirre tenía apenas 13 años cuando desapareció en San Benito, Entre Ríos, el 25 de julio de 2004. Su caso se convirtió en uno de los expedientes abiertos más extensos del país y, a pesar del paso del tiempo, nunca se logró determinar qué ocurrió ni dónde está.

Ahora, a 21 años del hecho, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió aumentar la recompensa destinada a quienes aporten datos relevantes, en un intento por reactivar una búsqueda que nunca se detuvo, pero que tampoco dio respuestas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso elevar a 5 millones de pesos la recompensa para quienes brinden información certera que permita dar con el paradero de Fernanda Isabella Aguirre, según consta en la Resolución 1396/2025, publicada el 12 de diciembre en el Boletín Oficial.

La medida actualiza el ofrecimiento lanzado originalmente en 2023, cuando el monto se fijó en 2 millones de pesos.

El aumento responde a un pedido expreso del Juzgado de Transición N° 2 de Paraná, a cargo del juez Pablo N. Zoff, que solicitó reforzar la difusión y el incentivo económico ante la ausencia de información útil en los últimos años.

Fernanda Aguirre tenía 13 años cuando fue vista por última vez en la localidad de San Benito, cerca de la capital entrerriana.

Su desaparición generó una profunda conmoción en la comunidad y derivó en una investigación judicial que, aunque tuvo imputados y condenados por otros delitos vinculados al caso, nunca logró establecer el destino final de la adolescente.

El expediente, caratulado “Fernanda Isabella Aguirre s/ incidente (de localización)”, sigue en trámite y continúa siendo una prioridad para el sistema judicial y los organismos de seguridad, que consideran que aún pueden aparecer datos valiosos para destrabar el caso.

La resolución firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva reconoce que el tiempo transcurrido vuelve indispensable actualizar los montos previstos en el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

En sus considerandos, la norma remarca que la actualización económica está contemplada en el Anexo II de la Resolución 828/2019, que habilita incrementos basados en la complejidad del caso, la gravedad del delito y el paso del tiempo, siempre que así lo amerite la autoridad solicitante, en este caso el Juzgado entrerriano

El Ministerio de Seguridad también instruyó a sus áreas de Comunicación y a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para que refuercen la difusión del material oficial, incluyendo el afiche del programa de recompensas que detalla la actualización del monto y los canales disponibles para aportar información.

Los datos pueden ser suministrados de manera anónima al 134, la línea gratuita habilitada para recibir comunicaciones referidas a personas buscadas en todo el país. El pago, en caso de que la información resulte útil, se realizará en el Ministerio o en el lugar que la cartera determine, garantizando la reserva de identidad del aportante.

A lo largo de las últimas dos décadas, la búsqueda de Fernanda Aguirre ha sido sostenida por su familia, organizaciones sociales y distintas áreas del Estado.

Su caso, junto con otros de niñas y adolescentes desaparecidas, puso en agenda la necesidad de reforzar los mecanismos de actuación temprana, mejorar la coordinación interjurisdiccional y fortalecer las políticas de prevención de delitos contra las infancias.

Si bien en los primeros años se realizaron numerosos operativos, rastrillajes y líneas investigativas, la causa sufrió vaivenes y períodos de estancamiento.

La actualización de la recompensa aparece como un intento por incentivar a posibles testigos que nunca se animaron a hablar o que puedan tener información que, hasta ahora, no fue considerada relevante.

La resolución también se enmarca en una política general del Ministerio para mantener activas las búsquedas históricas, actualizar datos y revisar expedientes que, por el paso del tiempo, requieren nuevas estrategias de investigación.

Para Entre Ríos, el caso Aguirre es uno de los más sensibles de su historia reciente. Fue uno de los primeros en exponer públicamente problemáticas vinculadas a redes de trata y explotación, y derivó en reclamos sociales que marcaron época.

Aunque las líneas investigativas han variado, ninguna logró reconstruir qué pasó después de que la adolescente fuera vista por última vez camino a su casa.

El incremento de la recompensa se suma a otras medidas orientadas a incentivar la participación comunitaria.

La ministra Monteoliva enfatizó en la resolución la importancia de garantizar la difusión en medios escritos, radiales y televisivos, y reforzar la presencia del afiche oficial en comisarías, organismos públicos y espacios de circulación masiva

Los especialistas sostienen que, en casos de larga data, la memoria colectiva puede ser una herramienta fundamental. Personas que no declararon en su momento, vecinos que recuerdan datos después de muchos años o quienes hayan escuchado información relevante pueden ser clave para aportar nuevas pistas.

La línea 134 funciona las 24 horas, todos los días, y permite realizar denuncias sin necesidad de revelar identidad. Cada informe es evaluado por la autoridad judicial correspondiente, que luego determina si la información tiene mérito y autoriza el pago.

“El conocimiento del cerebro evolucionó enormemente en los últimos años, y esto se lo debemos en gran medida la creación de tecnologías innovadoras que nos permiten observar cómo funciona el cerebro en vivo”, explicó Juan José Gigliotti, neurocirujano, psicoanalista y neurocientífico, durante su charla con Sur24.

“Hace 10 años no podíamos hacer lo que hacemos ahora. Antes, con técnicas como la electroencefalografía, un siglo atrás, se sabían muy pocas cosas. Pero desde la aparición de la tomografía en los años 70, la resonancia magnética en los 90, y luego la resonancia magnética funcional, podemos ver cómo trabaja el cerebro en tiempo real, mientras estamos conversando, jugando o resolviendo problemas”, detalló el subdirector de ENAP (Estudio para las Neurociencias Aplicadas).

Hoy en día, el acceso a sensores avanzados permite monitorear el cerebro mientras realiza actividades cotidianas. Sin embargo, "a pesar de los avances, aún hay muchas cosas que siguen siendo un misterio, pero la investigación continúa”, destacó.

“El cerebro, por naturaleza, consume una gran cantidad de energía. Eso lo lleva a buscar la manera de ahorrar recursos, a mantenernos en la zona de confort, donde todo es predecible y no exige grandes esfuerzos”, explicó.

En sus palabras, el cerebro es un complejo dispositivo de ahorro de energía que prioriza lo conocido sobre lo desconocido. “Si analizás lo que hacés todos los días, verás que la mayoría de tus actividades son repetitivas, ya sea al despertar, al vestirnos, al comer, al trabajar. El cerebro te lleva por esos caminos porque no quiere gastar energía en lo nuevo. Si uno evaluara sus rutinas desde afuera, se sorprendería de lo mucho que repite, todo para evitar el gasto de energía”, aseguró el jefe del servicio de Neurocirugía del Sanatorio Castelli de Venado Tuerto.

Y continuó: “Lo curioso es que, cuando uno decide cambiar, aunque sea en pequeñas cosas, el cerebro empieza a reorganizarse. Con cada pequeño esfuerzo por salir de tu zona de confort, las neuronas se alinean en esa nueva dirección. Y eso, aunque parezca pequeño, es un paso gigante para cambiar la forma en que pensamos y vivimos”, subrayó.

“El cerebro es el mejor aliado que podés tener, pero también puede ser tu peor enemigo e incluso esclavizarte. Todo depende de cómo lo entrenes. Si lo dejás hacer lo que quiera, te llevará siempre al mismo lugar: la comodidad. Pero si te decidís a cambiar, él también lo hará”.

Para Juan José Gigliotti, la emoción juega un papel esencial en el proceso de cambio personal. “Las emociones son el combustible que pone en marcha el motor del cambio. Si no hay emoción, es muy difícil que el cerebro se decida a tomar una nueva dirección. Necesitás sentir algo profundo, algo que realmente te motive a dar el paso, porque si no, el cerebro simplemente no se involucra. El cerebro no responde a la lógica fría, responde a la pasión, a lo que te mueve desde adentro”, explicó.

“Cuando tenés una emoción poderosa, el cerebro empieza a liberar neurotransmisores como la dopamina, que es la hormona de la recompensa, y la serotonina, que está relacionada con el bienestar. Estos químicos no solo te hacen sentir bien, sino que también te motivan a seguir adelante, a seguir luchando por tus metas”, explicó. Y agregó: “El cerebro tiene un poder infinito, pero solo va a seguir la dirección que vos le indiques. Si estás preocupado por todo, tu cerebro se llenará de estrés, ansiedad y miedo. Pero si aprendés a cambiar esos pensamientos, a conectar con tus emociones, tu cerebro se convierte en tu mejor aliado”, concluyó.

Al hablar sobre ejemplos en el ámbito profesional, Gigliotti comparó esta dinámica con los fracasos de algunas empresas a lo largo de la historia: “Kodak no se adaptó a la era digital, Blockbuster no vio venir a Netflix. Y, en ambos casos, su fracaso fue por negarse al cambio. Si se hubieran dejado llevar por las emociones de la transformación, por ese impulso de querer hacer algo nuevo, probablemente habrían sobrevivido a la disrupción tecnológica. Lo mismo nos pasa a nosotros: si decidimos hacer lo mismo siempre, nos quedamos atrás”.

“El cerebro necesita emociones que lo desafíen, que lo mantengan alerta. Es como tener un motor potente, pero si no lo usás, se apaga. Es como tener una Ferrari, pero sólo usarla en primera. Cuanto más se activa el cerebro, más ágil se vuelve. El cambio emocional, por pequeño que sea, genera un efecto dominó que mejora nuestra vida”, aseguró.

“No es fácil, pero todo empieza con la decisión de querer cambiar. Y si esa decisión está alineada con una emoción positiva, el cerebro se pone a trabajar para ayudarte a lograrlo. La transformación comienza desde el interior”, sostuvo.

Un tema central en el diálogo con Juan José Gigliotti fue el poder de los pensamientos y cómo estos influyen en el funcionamiento del cerebro. “Cada día, nuestra mente, en la adultez, genera entre 40 mil y 60 mil pensamientos. Y el cerebro, increíblemente, no distingue lo real de lo imaginario. Si le decís algo negativo, el cerebro lo asume como verdad, sin cuestionarlo”, dijo el miembro titular de la Asociación Argentina de Neurocirugía y del Colegio Argentino de Neurocirujanos. 

Según sostuvo, esta es una de las razones por las cuales muchas personas permanecen atrapadas en pensamientos limitantes. “Si constantemente pensás que no podés lograr algo, el cerebro trabaja para confirmarlo. El cerebro necesita una certeza, y si vos le das una señal de ‘no puedo’, se alinea con esa creencia y genera emociones negativas, ansiedad y estrés”, explicó.

“Si te decís a vos mismo que no podés hacer algo, tu cerebro va a encontrar razones para que eso sea cierto. Pero si decidís pensar que podés, el cerebro empieza a buscar la forma de ayudarte a lograrlo, se alinea con tus decisiones y se convierte en tu aliado”.

El profesional también reflexionó sobre el efecto que esto tiene sobre el cuerpo. “Los pensamientos negativos, como la preocupación constante, liberan cortisol y adrenalina, dos hormonas relacionadas con el estrés. Esto afecta no solo nuestra mente, sino también nuestra salud física. Si mantenemos una mentalidad negativa, el cuerpo comienza a mostrar señales de agotamiento, ansiedad y enfermedad”, alertó.

En un contexto muy actual, Gigliotti también abordó las consecuencias del aislamiento, especialmente durante la pandemia. “El cerebro es social por naturaleza. Necesita interacciones, necesita conectarse. La soledad no es algo que podamos sobrellevar a largo plazo, y, de hecho, ya antes de la pandemia, el aislamiento estaba asociado con una vida más corta. Las personas que se aíslan, que se desconectan de su entorno social, tienen hasta diez años menos de vida”, precisó.

Este tema se vio acentuado por el aislamiento social de la pandemia de Covid-19 y el uso excesivo de las pantallas. “La pandemia no solo afectó nuestra salud física, sino que también tuvo consecuencias a nivel emocional y mental. La gente se sintió atrapada, desconectada, en constante estado de alarma, y eso generó un desequilibrio emocional muy fuerte. Lo que vimos con el aislamiento no fue solo un impacto psicológico, sino físico, en nuestra salud”, explicó.

Además, Gigliotti resaltó un dato alarmante sobre la salud mental de los jóvenes. “Hoy, en Argentina, hay un suicidio por día entre jóvenes menores de 12 años. Este dato es escalofriante, y nos habla de la magnitud del problema que enfrentan los adolescentes en la era digital”. Explicó que, aunque los jóvenes están conectados a través de las redes sociales, el aislamiento emocional sigue siendo un problema grave, ya que la falta de interacciones personales genuinas está afectando su bienestar emocional y psicológico.

“El suicidio juvenil está creciendo a niveles alarmantes, especialmente en el contexto actual. La desconexión emocional y el aislamiento social, potenciados por el uso de las pantallas, son una de las principales causas detrás de esta tragedia”, afirmó, estadísticas oficiales en mano.

En la misma línea, añadió que, además de las redes sociales, la sobreexposición a los contenidos negativos y la comparación constante en plataformas digitales alimentan la baja autoestima y las ideas suicidas. “Es vital que los jóvenes aprendan a reconocer los efectos negativos de las redes sociales y encuentren formas de reconectarse con el mundo real. La salud mental debe ser prioridad, y es hora de cambiar la manera en que educamos sobre estos temas”.

El médico afincado en Venado Tuerto forma parte de la red internacional “Educando para la Vida”, que reúne a docentes, médicos, psicólogos, artistas y especialistas de diferentes áreas con el propósito de llevar herramientas de autoconocimiento y neuroeducación a todo el continente.

En los últimos meses, Gigliotti visitó República Dominicana, Ecuador, México, Bolivia, Perú y Chile, donde brindó conferencias y talleres enfocados en el funcionamiento del cerebro, las emociones y la importancia del aprendizaje continuo.

“Cada país nos enseña algo distinto sobre cómo las personas enfrentan el cambio y el miedo. En todos los lugares, sin importar la cultura, el cerebro humano reacciona igual: busca seguridad, pero también necesita desafíos”, puntualizó el especialista.

Antes de fin de año, tiene previsto visitar El Salvador y nuevamente México, para cerrar el ciclo anual de encuentros internacionales. Y anticipó que, para noviembre de 2026, se proyecta un congreso internacional en Venado Tuerto con la participación de destacados profesionales de América Latina.

“Queremos que Venado Tuerto sea sede de un evento que inspire, que nos una en torno a la educación emocional, la salud y el bienestar. Será un encuentro abierto, donde la comunidad podrá conocer cómo funciona su cerebro y cómo entrenarlo para vivir mejor”, completó.

Detuvieron este jueves a Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, uno de los prófugos más buscados por la provincia de Santa Fe.

Cappelletti, de 30 años, era vinculado a la banda Los Menores y acusado de asociación ilícita en relación al juego clandestino.

Con una recompensa por su captura de 20 millones de pesos, fue localizado por Gendarmería Nacional en las inmediaciones de Pellegrini y Colón la ciudad de Rosario.

“A cualquiera que vaya en contra de la paz social lo vamos a perseguir hasta encontrarlo”, era el mensaje que acompañaba la iniciativa, con el objetivo de fomentar la colaboración ciudadana.

El nombre de Cappelletti, de 30 años, ha cobrado notoriedad desde el 28 de agosto, cuando fue señalado como el principal operador del juego ilegal en Rosario. Su vínculo directo con la organización narco Los Menores y, en particular, con Lisandro “Limón” Contreras, lo posiciona como una figura central en la continuidad de las apuestas clandestinas tras la caída de antiguos referentes.

La estructura delictiva que rodea a Cappelletti se consolidó luego de la detención de Leonardo Peiti en diciembre de 2021. Peiti, quien fuera el máximo exponente del juego ilegal en Rosario, Rafaela y Melincué, fue condenado a tres años de prisión efectiva tras acogerse a la figura de “arrepentido” y abonar una multa de 42,5 millones de pesos. Durante su declaración, Peiti reconoció que entregaba mensualmente entre 4.000 y 5.000 dólares a los entonces fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal para recibir información sobre investigaciones y posibles allanamientos. La condena de Ponce Asahad a tres años de cárcel y el inminente juicio contra Serjal no lograron frenar la operatoria ilegal, que simplemente cambió de manos.

La caída de Cappelletti, quien se sumó hace pocas semanas al “top 10” de más buscados, llega acompañada de justamente una serie de detenciones que lo ubicaron dentro de la nómina de mayor interés.

Hace un mes, el 27 de agosto, cayó Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, de 39 años, en la esquina de Leandro N. Alem y José Mazzini, en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

En su momento, se trataba de uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados por la Provincia de Santa Fe, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.

Ya en septiembre, el día 12, la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), conjuntamente con personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe, detuvo este viernes por la noche en Colón al 1200 de la ciudad de Rosario, a Waldo Bilbao (45), por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos y era el tercero en la lista de los más buscados.

En la misma línea y tan sólo 24 horas después de ser ubicado en la lista, fue detenido Ernesto Fabián Quintana, fugado en 2023 tras ser detenido con una importante suma de estupefacientes y haber cometido un crimen. El Ministerio de Seguridad puso 25 millones de pesos de recompensa por información.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, duplicó, de 8 millones de pesos a 16 millones de pesos, el monto que pueden recibir quienes aporten datos certeros que permitan identificar o localizar a los autores de homicidios no esclarecidos desde el año 2014 en adelante. La medida se adopta en el marco del Programa de Recompensas, una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, para reducir los niveles de violencia e impunidad. Uno de sus puntos centrales del programa es que garantiza la reserva absoluta de la identidad de las personas que brinden información útil, tanto antes como durante y después del proceso judicial o de investigación.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que “es una decisión muy clara del gobernador que todos los homicidios en Santa Fe tengan una recompensa de base” para que logren ser esclarecidos y terminar con la impunidad. Detalló asimismo que en paralelo a la espera de datos, el trabajo de pesquisa se intensifica y ello lo demuestra la captura de Waldo Bilbao, el viernes pasado en Rosario, uno de los delincuentes más buscados de la provincia. A él se llegó a través de tareas de inteligencia, no por datos aportados para recompensa: “Hay una mesa de inteligencia con el Ministerio de Seguridad Nacional y las fuerzas federales”, explicó.En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, detalló que Bilbao “se encontraba en el tercer puesto de la lista de más buscados”; y fue capturado durante un operativo a cargo de la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), con apoyo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe. Vale recordar que hay prófugos de gran peligrosidad que son parte de los ofrecimiento de recompensas especiales, como lo eran Bilbao y Sebastián “Dibu” Gómez, este último detenido hace algunas semanas en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, por la PDI. El primero a negocios del narcotráfico; el segundo por haber organizado un asesinato para una banda narco, además de otros delitos, amenazas entre ellos.  Por otra parte, desde junio del año pasado, y partir de las tareas de inteligencia que permite el paquete de leyes aprobado en 2023, en el inicio del gobernador Pullaro, han sido arrestados los siguientes prófugos: Mauricio Laferrara, en junio 2024; Lisandro “Limón” Contreras y Jonatan Riquelme, en diciembre 2024; Mauri Ayala en junio 2025; Mirko Yedro y Pablo Raynaud, en julio 2025.

Cualquier persona que posea datos relevantes sobre hechos ocurridos desde 2014, que aún no hayan sido resueltos, puede colaborar y, en caso de ser información válida y comprobada, acceder al cobro de una recompensa.Con este instrumento, la Provincia busca sumar herramientas concretas a la política de persecución penal y prevención de delitos complejos, apuntando a quebrar pactos de silencio, favorecer la colaboración ciudadana y acelerar los tiempos de justicia, especialmente en los casos de homicidios vinculados al crimen organizado.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información que permita esclarecer el homicidio de Rolando Fabio Grenier, ocurrido en 2017 en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. La causa sigue impune y se espera que algún dato nuevo permita identificar al agresor.

Ocho años después del asesinato de Fabio Grenier, ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 2017 en Trelew, la Justicia aún no logró identificar al responsable. Ante la falta de avances en la investigación, la Unidad Fiscal local solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación que se ofrezca una recompensa para incentivar a potenciales testigos a brindar datos relevantes.

La respuesta llegó esta semana con la publicación de la Resolución 947/2025 en el Boletín Oficial. Allí se establece una recompensa de cinco millones de pesos ($5.000.000) para aquellas personas que, sin haber participado en el hecho delictivo, puedan aportar información útil para identificar al autor o los autores del crimen.

La víctima, de nombre completo Rolando Fabio Grenier y titular del DNI N.º 33.772.152, fue encontrada sin vida alrededor de las 7:45 de ese domingo por personal policial de la comisaría segunda de Trelew. El cuerpo yacía sobre la calle Moreno, entre Abraham Mathews y Ricardo Berwin, con múltiples heridas punzo-cortantes.

Anexo by El Litoral

Uno de los elementos centrales de la causa es una videograbación obtenida del Apart Hotel “Patagonia Suites”, ubicado sobre la calle Abraham Mathews N.º 186. En las imágenes se ve a Grenier corriendo por la vereda de calle Moreno a las 3:44 de la madrugada, y apenas diez segundos después, aparece otro hombre corriendo en la misma dirección.

Este segundo individuo —que se presume sería el agresor— es descrito como delgado, con buzo o campera a rayas horizontales, jean claro tipo localizado y zapatillas o zapatos oscuros. La filmación lo muestra realizando movimientos violentos con su mano hacia la víctima, que en ese momento se encontraba apoyada contra una pared. Sin embargo, su identidad aún no fue determinada, lo que frena el avance del caso.

Quienes tengan datos relevantes sobre el hecho pueden comunicarse de forma anónima con el Programa Nacional de Recompensas llamando a la línea gratuita 134, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

La resolución también aclara que el pago de la recompensa será realizado por el Ministerio de Seguridad en el lugar que se indique, previa verificación de la utilidad de la información aportada por parte de las autoridades competentes. La identidad del aportante será preservada en todo momento.

El músico venadense Heber Acosta había sufrido  el presunto robo de un bajo eléctrico Epiphone EB-3 este jueves por la tarde en la ciudad. El hecho se registró entre las 18.55 y las 19.05 sobre calle Sáenz Peña al 800, justo antes de llegar a Estrugamou, a pocos metros del semáforo y de la librería TyP, cuando el joven y su novia se distrajeron unos minutos.

Según relataron, se encontraban esperando para ingresar a un ensayo musical, cuando en un descuido dejaron el bajo apoyado contra un árbol, frente a una vivienda. Luego de que Heber ayudara a cargar una caja en la moto de su novia, se dirigieron al kiosco de la esquina, olvidando momentáneamente el instrumento.

“Fueron apenas cinco minutos. Cuando volvimos, el bajo ya no estaba. Nos queríamos morir. Era el instrumento con el que mi novio toca desde hace más de 20 años. Está en dos bandas y tiene un enorme valor para él, no sólo económico sino emocional”, contó la joven a Sur24.

Al consultar con un vecino del lugar, les confirmaron que un auto rojo se detuvo y cargó el bajo en el interior del vehículo. A partir de esa información, comenzaron a buscar cámaras de seguridad cercanas que pudieran haber captado el hecho, y enseguida acudieron a la Comisaría Segunda para radicar la denuncia de la desaparición del bajo Epiphone EB-3 de color negro, con stickers de Los Simpsons y una ficha reforzada. Incluso ofrecían recompensa a quien pudiera aportar datos concretos sobre su paradero.

Desde las redes sociales y mediante carteles, los propietarios pedían la colaboración de la comunidad, se comunicaron con este medio y apelaban a la buena voluntad de quien lo haya encontrado o visto algo: “Queremos creer que quien lo llevó, lo hizo con intención de devolvérselo a su dueño. Ojalá podamos recuperarlo. Es una herramienta de trabajo, una parte de su vida”.

Y fue así como suponían, pues los docentes del Colegio Industrial, José Palacios y Damián Pippo, lo llevaron al verlo en la vereda, a merced de cualquiera, y aguardaron el reclamo público de su propietario para proceder a la devolución, en perfectas condiciones.

“Muchísimas gracias por este gesto y por contribuir a una mejor sociedad”, destacaron los jóvenes en referencia a los docentes y, además, a todos los que se pusieron a su servicio en busca del rescate. 

El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación activó una recompensa por 6 millones de pesos a los fines de que aporten información relevante en cuanto al paradero de Damián Vélez y Benjamín Barrios, sindicados como partícipes del accidente de tránsito en Wheelwright, ocurrido el pasado sábado 12, en el que Ricardo Roque Heck, de 19 años oriundo de Hughes, perdió la vida tras colisionar su motocicleta con una camioneta Nissan Frontier.

Desde la Comuna de Hughes, difundieron la recompensan ofrecida con las fotos de los prófugos y comunicaron los contactos ante cualquier información: 3465 499613 - 3462 565015 - 3465 407290.

Tras el siniestro fatal, la investigación judicial continuó con una serie de allanamientos en la localidad de Alcorta, ya que en el momento del choque, en el interior del vehículo mayor, los agentes encontraron estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación, lo que derivó en la intervención inmediata de la Fiscalía de turno y la sección de Microtráfico.

Durante la audiencia, celebrada para imponer la prisión preventiva a una de las acusadas, la fiscal Susana Pepino indicó que el episodio vial ocurrió alrededor de las 00:45, cuando la imputada (Morena V.) conducía a gran velocidad una camioneta marca Nissan modelo Frontier de color negro y embistió a Heck, quien circulaba en moto en cercanías del ingreso a Wheelwright.

Luego del impacto, la mujer investigada dejó a la víctima a su suerte, a sabiendas de que estaba en una situación de desamparo. “Abandonó el vehículo en el lugar y, junto con dos hombres (los prófugos) y un adolescente que la acompañaban, se fugó”, sostuvo Pepino.

En cuanto a los estupefacientes, la funcionaria del MPA detalló que “en la camioneta abandonada se hallaron 4,8 gramos de cocaína distribuidos en 14 envoltorios y 12,3 gramos de marihuana, así como una tarjeta bancaria a nombre de la imputada de iniciales (Jasmín R.) y papeles característicos de la venta de drogas al menudeo”. A su vez, detalló que “el vehículo tenía un pedido de secuestro por robo”.

La representante del MPA expuso que “al enterarse del siniestro, la imputada de iniciales YMR intentó encubrir el accionar de la otra mujer investigada”. En tal sentido, relató que “se encargó de que tanto la autora del homicidio como las personas que la acompañaban fueran trasladadas en remís por diferentes localidades del sur provincial, a fin de procurar su impunidad”.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, informa que se encuentran en trámite de actualización las recompensas para las personas que aporten información y datos fehacientes por los homicidios de Damián Lucero, Joaquín Pérez, Mauro Villamil y Rocío Romano; en tanto que se han generado nuevos pedidos por las causas de Ivana Garcilazo, Lautaro Aranda, Enrique Candelaria, Nicolás Agüero, Matías Isassa y Maximiliano Gómez.

Además, el Gobierno de Santa Fe mantiene en vigencia las recompensas en relación a los homicidios de Marcos Iván Daloia, Héctor Raúl Figueroa, Diego Alejandro Celentano, Walter Eduardo Paglia y Andrea Verónica Portillo; al igual que por los paraderos de Paula Perassi y Mónica Soledad Aquino.

“Las recompensas se originan a partir de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al Gobierno de la Provincia, mientras que los montos se establecen de acuerdo a la complejidad de cada causa”, explicó Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales. “Cada fiscal interviniente realiza el pedido de recompensa a la Fiscalía Regional y de ahí se eleva a la Fiscalía General antes de que llegue al Ministerio de Justicia y Seguridad”, amplió al funcionaria.

La identidad de aquellas personas que brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.

El pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del MPA y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos, en relación al mérito de la misma. “Es que no se podría emitir el pago de la recompensa si el fiscal de la causa no asegura que esa información haya sido importante”, aclaró Masneri.

La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación: Fiscalía Regional N° 1 sita en Av. General E. López N°3302 de la ciudad de Santa Fe; Fiscalía Regional N° 2 sita en calle Sarmiento N°2850 de la ciudad de Rosario; Fiscalía Regional N° 3, sita en calle Alvear N° 675 de la ciudad de Venado Tuerto; Fiscalía Regional N° 4, sita en calle Iriondo N° 553 de la ciudad de Reconquista; o Fiscalía Regional N° 5, sita en calle Necochea N° 44 de la ciudad de Rafaela.

A través de la Resolución 54/2024 publicada en el Boletín Oficial se ofrece una recompensa de $5 millones para aquellos que proporcionen información crucial que conduzca a la detención de los responsables.

La causa, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, aborda los cargos de "INCENDIO U OTRO ESTRAGO (ART. 186 INC. 1)". El incendio, que comenzó el 25 de enero de 2024 alrededor de las 22:30 horas, ha consumido 5971 hectáreas de bosque nativo y vegetación diversa en el Parque Nacional Los Alerces, declarado "Sitio de Patrimonio Mundial".

El pedido de recompensa fue solicitado por el Juzgado a través de un oficio fechado el 7 de febrero de 2024. La medida busca incentivar a personas que, sin participar en los hechos delictivos, puedan brindar datos útiles para esclarecer el caso.

La resolución establece que la recompensa será gestionada por el Programa Nacional de Recompensas, perteneciente a la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. Aquellos con información relevante pueden comunicarse telefónicamente al número gratuito 134.

El pago de la recompensa estará a cargo del Ministerio de Seguridad y se realizará previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre la calidad de la información proporcionada, asegurando la confidencialidad del informante.

La Dirección Nacional de Comunicación Institucional del Ministerio de Seguridad fue encomendada para difundir la información y el afiche correspondiente en medios de comunicación nacionales, mientras que las Fuerzas Federales de Seguridad recibirán instrucciones para la difusión y publicación del afiche en todas sus formas.

La medida entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, marcando un paso significativo en la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de los responsables del incendio que ha causado daños ambientales irreparables y perjuicios económicos a la comunidad afectada.

Entre los 80 y 90, Pablo Escobar fue el enemigo público de Colombia y Estados Unidos, por lo que la caída del líder del cartel de Medellín es uno de los hechos más resonados en la historia del país, siendo el coronel (r) Hugo Aguilar que en la versión oficial terminó con la vida del capo en un tejado del barrio Los Olivos en Medellín el 2 de diciembre de 1993.

Aguilar se convirtió en un héroe de la patria, pero esto cambió luego de que el 21 de febrero de 2018 fuera capturado por las autoridades y acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y colaboración con paramilitares.

Estos nexos fueron comprobados, pero no fue sino hasta el 23 de enero de 2024 que Hugo Aguilar reveló ante la JEP, en Audiencia Única de Aporte a la Verdad, detalles de sus delitos. El coronel retirado afirmó que las autoridades trabajaron en conjunto con Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) para dar con el paradero del líder del cartel de Medellín.

“Para esa fecha, el señor general Maza le informó al coronel Hugo Martínez Poveda que debíamos recibir a Carlos Castaño y a alias Don Berna, que ellos querían aportar ciertas informaciones y la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar. Efectivamente, nosotros recibimos con el mayor Danilo González a alias Don Berna y Carlos Castaño en la Escuela Carlos Holguín. El comandante (coronel Martínez Poveda) dijo que no hablaba con esos criminales”.

La muerte de Pablo Escobar y la persecución a los miembros del cartel de Medellín es algo público; sin embargo, hasta la actualidad era un misterio el destino que tuvieron las recompensas que ofrecía el Estado por los cabecillas de esta estructura criminal, pero ante la JEP, Aguilar reveló cuánto de ese dinero recibió.

En primer lugar, Aguilar afirmó que no recibió dinero por parte de los paramilitares, resaltando que durante su paso por el Bloque de Búsqueda recibía salarios en Colombia y Estados Unidos, pero que las sumas más altas las recibió producto de los operativos exitosos en contra del cartel de Medellín.

“El operativo contra Pinina, la recompensa que estableció el Gobierno nacional, nos la distribuyeron a los hombres que hicimos el operativo. Lo mismo sucedió la recompensa con el operativo de Gustavo Gaviria”, afirmó Hugo Aguilar ante la JEP.

Respecto a la muerte de Pablo Escobar, Aguilar aseguró que los uniformados que hicieron parte del operativo en el que fue abatido el capo, recibieron a cambio los 5.000 millones que ofrecía el Estado como recompensa, por lo que les pidieron no presumir este dinero públicamente.

“Lo mismo los 5.000 millones que ofrecía el Gobierno nacional por la captura o muerte de Pablo Escobar, como fue una inteligencia electrónica a través del radio Thompson que yo manejé con 23 hombres, a nosotros los 23 hombres nos distribuyeron los 5.000 millones de pesos. Recomendaciones era no hacer alarde de este dinero, pero de allí salieron los recursos de mi patrimonio”, argumentó Aguilar.

Respecto a su relación con Carlos Castaño y los integrantes de Los Pepes, Aguilar recordó que comenzó luego de que estos entregaran la ubicación de Escobar en un operativo en el que el capo escapó, pero esto dio inició a un trabajo mancomunado que tenía como objetivo dar de baja al líder del cartel de Medellín.

“Nos dieron las coordenadas para la ubicación de Pablo Escobar. Yo organicé el operativo, pero cuando llegamos al sitio ya había huido. Ahí entró una relación con los paramilitares que eran Don Berna y Carlos Castaño, que tenían el dominio de las AUC en el Magdalena Medio. De esto tenía conocimiento el comandante del Bloque de Búsqueda en Bogotá”, fueron las palabras de Hugo Aguilar.

Mijail Matveev es acusado de haber usado programas de secuestro (ransomware) como LockBit, Babuk y Hive para realizar extorsiones desde Rusia por al menos 200 millones de dólares, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Habría “encriptado y tomado como rehén los datos de numerosas víctimas, en particular de hospitales, escuelas, asociaciones y de policías” como la de Washington, declaró el fiscal federal de Nueva Jersey, Philip Sellinger.

Prolific cyber criminal and Russian national Mikhail Matveev has been indicted on charges related to the alleged deployment of ransomware on thousands of victims around the world. Read more here: https://t.co/Jc6bRJJhna #CyberIsATeamSport

— FBI (@FBI) May 16, 2023

“Wazawaka”, “m1x” o “Boriselcin” habrían sido algunos de sus nombres falsos. Los ransomware acceden a sistemas informáticos vulnerables para encriptar o robar datos. Los piratas piden luego un pago bajo la amenaza de no desencriptar estas informaciones o de publicarlas.

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por toda información que lleve a su arresto y a su condena. Si es capturado, Matveev podría ser sentenciado a más de 20 años de prisión.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Resolución 281/2023, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, ofreció la mencionada suma “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Rojas Almada”; y precisó que sobre el acusado -nacido el 4 de enero de 1978- “pesa una orden de captura nacional con fecha 20 de febrero de 2023, e internacional con fecha 24 de febrero de 2023″.

El Gobierno indico que, “las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134″.

Robaron un automóvil y una garrafa en una vivienda de San Gregorio

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada preservando la identidad del aportante”, se aclaró en la resolución que lleva la firma del ministro Aníbal Fernández.

En este marco, se instruyó a las fuerzas federales de seguridad la difusión y publicación del afiche con la imagen de Rojas Almada, sus datos y la recompensa ofrecida para encontrarlo.

El asesinato de Ferni ocurrió el domingo 19 de febrero de este año en el primer piso de la casa 187, ubicada sobre la calle Lavardén, manzana 18, de la villa 21-24, en el Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Todo comenzó luego de que la hermana de la víctima realizara una denuncia por averiguación de paradero, tras reiterados intentos fallidos por comunicarse con ella.

Al tomar conocimiento, agentes de la comisaría 4D de la Policía de la Ciudad se presentaron en el domicilio de la joven. Al ingresar a la vivienda, encontraron el cadáver de Ayala Palacios con dos impactos de bala en el pecho. De acuerdo con lo constatado por los peritos, llevaba varias horas fallecida.

Según se informó en la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el crimen ocurrió “entre las 06:00 horas del día 19 de febrero de 2023 y las 03:00 horas del día 20 de febrero de 2023″. “El imputado era pareja de la víctima y el suceso se perpetró mediante el empleo de una arma de fuego con la cual se efectuaron disparos que impactaron en el torso de la víctima y le habrían dado muerte”, se agregó.

Robaron pulseras y anillos en un comercio de Rufino

Luego de realizar un relevamiento de testimonios, los investigadores averiguaron que la pareja había discutido ese domingo por la madrugada. A raíz de eso, el fiscal a cargo de la causa, Pablo Recchini —de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44— solicitó al juez Iturralde que emitiera una orden captura para encontrar y detener a Rojas.

La hermana de la víctima comentó que Ferni y Rojas “convivían aproximadamente hace siete meses, pero estaban juntos hace un año o un año y medio” y si bien afirmó que “nunca” vieron entre ellos una situación de violencia, sí se enteraron que el hombre tenía denuncias de pareja anteriores.

Otra de las hermanas de Ferni, aseguró que Rojas tenía antecedentes penales por “violencia de género” y por “homicidio”, por lo cual estuvo cuatro años preso. “Algo pasaba: notábamos que él era muy celoso. Le revisaba el celular, cuando sonaba o le llegaba un mensaje, él estaba atento a eso, él la mató por celos”, denunció.

Este miércoles, la Policía Federal logró detener a la mujer oriunda de República Dominicana que era buscada por el Juzgado Federal de Rafaela, en el marco de una investigación por trata de personas.

Se trata de María Altagracia Henríquez Mota, quien era buscada desde mayo de 2019 por el delito de “Explotación sexual, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad Ley 26.842 (Art. 145 bis y 145 ter. inc. 1, inc. 4 y penúltimo párrafo del CP) en un domicilio ubicado en calle Alvear Nº 1384, de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe”.

Cabe acotar que, de acuerdo a la información que se había brindado en su momento, la mujer tuvo como “último domicilio conocido en calle 39 Nº 1957, localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe”.

Recompensa de $3.000.000 por datos sobre una mujer que estuvo radicada en Venado

El operativo se desplegó en la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde finalmente se aprehendió a esta mujer de 52 años. Fuentes oficiales aseguraron que fue hallada en inmediaciones de calle Balcarce 700 de la citada localidad.

Ahora, la dominicana quedó a disposición del Juzgado Federal de Rafaela a cargo de Marcelo Bailaque, quien en las próximas horas le tomará declaración indagatoria por el delito investigado.

De acuerdo a los investigadores, la dominicana sería una especie de recaudadora de una gran red de trata de personas en la provincia de Santa Fe.

Mientras se buscaba a esta mujer, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de tres millones de pesos a quienes aporten datos sobre el paradero.

El mensaje de recompensa que emitió el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las crónicas policiales que datan de años atrás. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó dos veces en el mismo año a una proxeneta del barrio Villa Dominga de la ciudad de Rafaela, donde funciona la denominada “zona roja”. La primera fue en marzo y refiere al secuestro de una embarazada de 19 años, la cual pudo escapar y denunciar lo ocurrido en 2014. La segunda sentencia, dictada en octubre de 2021, incluye a un hombre de 52 años, que proveía los medios para que se consumara el delito.

Los condenados fueron María Guillermina Herrera (33) a 5 años de prisión como autora del delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”; sanción que unificada a una condena del 12 de marzo de 2021, le valió una pena única de 8 años y 6 meses.

Por el mismo delito, fue declarado culpable José Luis Vega (52), a quien le impusieron pena de 5 años y 6 meses de prisión, que purga en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

Según indican, María Altagracia Henriquez Mota de nacionalidad dominicana, que se escapó en 2019, formaba parte de este red de explotación sexual.

Recompensa de $3.000.000 por datos sobre una mujer que estuvo radicada en Venado

El hilo conectar con Venado Tuerto se conoció cuando el 30 de diciembre a través de una Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación publicado en el Boletín Oficial, ofreciendo “como recompensa dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos tres millones ($3.000.000), destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión” y agregan que último domicilio de la mujer con pedido de captura internacional fue registrado en Venado, más precisamente en calle calle 39 Nº 1957, de la ciudad del sur de Santa Fe.

El Gobierno Nacional ofrece 3 millones de pesos para quien aporte información que permita dar con el paradero de María Altagracia Henríquez Mota, con pedido de captura internacional desde el 27/05/2019. En caso de contar con datos que puedan resultar de ayuda, comunicate al 134? pic.twitter.com/t1hpGNTrsR

— Ministerio Seguridad (@MinSeg) December 30, 2022

De acuerdo a la investigación Henriquez Mota integraba junto a otras personas una amplia red de trata que extendía en varias direcciones de la ciudad de Rafaela, entre ellas la que indica la resolución del ministerio nacional, en Alvear al 1300, parte de la denominada “zona roja” de esa ciudad.

En tanto la buscada con pasado en Venado, es considerada parte de esta banda y habría oficiado como una especie de “recaudadora” en el prostíbulo que funcionaba en Alvear al 1300 (los otros funcionaban en Edison al 200 y en las primeras cuadras de Jaime Ferré).

De los múltiples allanamientos realizados en 2019, cuando se perdió contacto con la buscada por la justicia, rescataron a ocho mujeres obligadas a ejercer la prostitución, entre las cuales había dominicanas y argentinas, entre las que que estaría la propia hija de Henriquez Mota.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación emitieron una resolución en el Boletín Oficial (891/2022) para dar con el paradero de María Altagracia Henríquez Mota, de nacionalidad dominicana, quien tiene un pedido de captura activo desde mayo de 2019, por el delito de “Explotación sexual, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad Ley 26.842, (Art. 145 bis y 145 ter. inc. 1, inc. 4 y penúltimo párrafo del CP.) en un domicilio ubicado en calle Alvear Nº 1384, ciudad de Rafaela provincia de Santa Fe”.

El mensaje puntualiza que se ofrece “como recompensa dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos tres millones ($3.000.000), destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión”.

Agregando además que la prófuga (DNI Nº 94.937.193) tuvo como “último domicilio conocido en calle 39 Nº 1957, localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe”, ampliando así el espectro de búsqueda.

Además resuelven que “las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134”.

Y agrega que “el pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada preservando la identidad del aportante”.

Leandro Sebastián Martínez (43) exhibía una vida exitosa: casa en un country, cargo gerencial en una empresa de plásticos y reuniones familiares de fin de semana. Pero, a espaldas de todos, abusaba de una nena de 12 años. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó a 4.000.000 de pesos la recompensa para cualquiera que pueda aportar información respecto de su paradero. 

La resolución fue firmada por el ministro Aníbal Fernández en respuesta a la solicitud de la Fiscalía N° 2 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Carina Saucedo, y del Juzgado de Garantías N° 1. 

Martínez tiene pedido de captura nacional e internacional, con un alerta roja de Interpol. Lo acusan de los delitos de “abuso agravado por la condición de ser encargado de la guarda de la victima menor de 13 años, en cuanto menos dos oportunidades y abuso sexual simple, todos ellos en concurso real entre sí”. 

Este fin de semana, carteles con la foto del abusador aparecieron en el barrio privado Weston, de Francisco Álvarez, partido de Moreno. 

“Hoy 21 de junio de 2022 se cumplen dos años y medio de que Leandro Martínez se encuentra prófugo de la justicia. ¿Será que es tan fácil estar prófugo en este país? ¿Cuántos niños se encuentran indefensos ante estos individuos? Pedimos justicia por nuestra hija y por todos aquellos niños cuyos abusadores siguen en libertad”, le dijo la mamá de la víctima a Primer Plano. 

Además, Juan Pablo Gallego, representante legal de la niña y sus padres, tildó de “insólito” que “con tamaño cuadro probatorio, Martínez haya logrado mantenerse prófugo a lo largo del tiempo, lo cual sólo se explica por sus ingentes recursos económicos y omisiones judiciales elocuentes”. 

La víctima ya había advertido su incomodidad en una charla de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela y recién logró que lo denunciaran cuando se las ingenió para que sus agresiones quedaran filmadas. 

Fue en febrero de 2020 cuando la nena insistió en mostrarle a Martínez la habitación recién pintada de su casa. 

En las imágenes puede verse cómo el hombre intenta acercarse a ella durante todo el tour por la casa, la incomoda tocándola delante de su hermanito y luego le señala las nuevas cámaras de seguridad del dormitorio. 

Gracias a esas filmaciones, logró contar lo que le pasaba y sus padres hicieron la denuncia. 

Al salir del dormitorio, Leandro se percató del monitor. Y la nena le dijo: “¿Viste que mis papás pusieron cámaras de seguridad?”. El hombre miró la cámara y presionó el cuello de la nena de modo amenazante. “Me apretó el cuello y me dolió mucho”, aseguró ella. Con esos videos como prueba, la nena contó lo que ocurría a su niñera, porque tenía miedo que el sospechoso tomara represalias contra sus padres. 

Pero, supieron después, el historial de abusos era de larga data. A la nena solía ir a pasar tiempo en la casa de este familiar hasta que una noche ella le envió audios a una amiga contándole uno de los abusos, mientras dormía. 

La mamá de esa amiga les pasó los audios a los padres de la víctima, que retiraron de urgencia a la nena del country en el que vivía su abusador. Cuando la nena reveló lo ocurrido, se alejaron de la familia y adjudicaron lo ocurrido a una confusión. 

Los encuentros se espaciaron hasta que la nena pidió permiso para ir a un pelotero con Martínez, la esposa y los hijos, por lo que sus padres lo autorizaron. Pese a las precauciones, ella afirmó que el agresor le había vuelto a tocar la pierna mientras estaban en el lugar y les dijo: “No quiero ir nunca más con ellos”. 

El papá de la nena había manifestado que, en un principio, pensó que “como se hacía pis encima desde los 6 años y él era tan cuidadoso creí que tal vez la había tocado en la cama para ver si no estaba mojada”. Cuando vieron los videos y supieron la verdad, dedujeron que los abusos comenzaron a esa edad. 

El sospechoso escapó y todavía está prófugo de la Justicia. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplió a cuatro millones de pesos la recompensa para quien aporte información sobre Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció hace cinco meses cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente rumbo a una entrevista de trabajo en Alejandro Korn. Mediante la resolución 1.224, el Ministerio de Seguridad señaló que la recompensa para quien aporte información que contribuya a dar con el paradero pasó de dos millones al doble. Allí se destacó que “las personas que deseen aportar la información podrán hacerlo con reserva de identidad, presentándose ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente del Departamento Judicial La Plata, o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas”. En tanto, al cumplirse hoy cinco meses de la desaparición de Tehuel, integrantes del colectivo LGTBIQ+ se movilizaron en el Obelisco porteño para exigir la pronta aparición del joven. “Exigimos la aparición de Tehuel de la Torre, varón trans que, como tantos compañeres, se encontraba sin trabajo, sin posibilidad de acceso a una vivienda digna y luchando por sostener a su familia, claro ejemplo de la urgencia de la aplicación del cupo laboral trans-travesti”, dijeron las organizaciones a través de un comunicado de prensa conjunto. Entre otros, participaron de la manifestación militantes de la Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOB), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); FAR/COPA en Marabunta, el Movimiento de los Pueblos, el Frente Popular Darío Santillán/Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, y del Movimiento por la Unidad. Tehuel (22) fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos (37), uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento. El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros. La denuncia de la desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Karina Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido. Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado. Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención. Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la funcionaria judicial le imputó el mismo delito que al primer acusado: “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”. El mes pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se reunió con el padre y la hermana de Tehuel, a quienes dio a conocer la decisión del Ministerio de colocar la imagen del joven en los patrulleros de las cuatro fuerzas federales para profundizar la búsqueda. A su vez, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) fue puesto a disposición de la Justicia desde los primeros días de la desaparición y desde el Gabinete de Atención de esa área los profesionales mantienen un vínculo permanente con los familiares, informó la cartera de Seguridad.

Con información de Telam

La provincia de Santa Fe, por intermedio del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, ofrece una recompensa de 1 millón de pesos a distribuir entre aquellas personas que aporten datos útiles, relevantes y decisivos que permitan individualizar el autor o los autores del femicidio de María Florencia Gómez.

María Florencia Gómez, de 35 años, fue asesinada en la ciudad de San Jorge, departamento San Martín, el 12 de octubre pasado.

También, la provincia ofrece una recompensa de quinientos mil pesos, para quien aporte datos útiles que permitan dar con el paradero de Facundo Esteban Crocco.

Facundo Esteban Crocco, de 41 años, el pasado 14 de febrero intentó matar de 27 puñaladas a su pareja en Rufino; hecho que no derivó en un femicidio merced a que la víctima se hizo pasar por muerta para que terminara el ataque.

Asimismo, el gobierno provincial ofrece una recompensa de quinientos mil pesos, para quien aporte datos útiles que permitan dar con el paradero de Hugo Alberto Peralta.

Hugo Alberto Peralta, de 37 años, escapó de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, ubicada a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario, el último 17 de mayo. Cumplía una condena por robo calificado.

En todos los casos, los ciudadanos pueden dirigirse a las sedes regionales del Ministerio Público de la Acusación:

– General López 3302, en Santa Fe Capital, (Fiscalía Regional N°1 – 342 458 5540), correo electrónico: fr1@mpa.santafe.gov.ar

– Sarmiento 2850, en Rosario (Fiscalía Regional N°2 – 341 486 1200/472 1920), correo electrónico: fr2@mpa.santafe.gov.ar

– Alvear 275, en Venado Tuerto (Fiscalía Regional N°3 – 3462 408 807), correo electrónico: fr3@mpa.santafe.gov.ar

– Iriondo 553, en Reconquista (Fiscalía Regional N°4 – 3482 438 431/ 323), correo electrónico: fr4@mpa.santafe.gov.ar

– Necochea 44, en Rafaela (Fiscalía Regional N°5 – 3492 453 562), correo electrónico: fr5@mpa.santafe.gov.ar