Un proyecto de Resolución elaborado por el concejal Sebastián Roma (PJ) fue aprobado en la última sesión del órgano legislativo venadense, mediante el que convoca a las autoridades de Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y a representantes del Círculo Médico -Departamento General López- “para que desarrollen y expongan las razones de las dificultades y las alternativas que podrían implementarse a fin de dar respuestas para los incumplimientos reiterados que recaen en los afiliados de nuestra ciudad”, establece la iniciativa que contó con el apoyo unánime del recinto.

“Presentamos una resolución dirigida a la los directores del Iapos y también dirigida al Círculo Médico y a otros círculos profesionales para convocar a una reunión en el Concejo, para tratar de conocer las distintas posturas que puedan explicar algunas de las dificultades que nos plantean los usuarios”, desarrolla a este medio el edil justicialista, a quien le llegaron diferentes inquietudes de trabajadores provinciales que no tienen otra alternativa que atenderse con esta obra social.

“Fundamentalmente lo que venimos detectando, en primer lugar, son dificultades en el contrato con la asociación que nuclea a los anestesiólogos, que traba cualquier tipo de intervención quirúrgica y esto es un grave problema de desde hace bastante tiempo”, explicó el edil de la oposición.

A su vez, describe que en la mesa de atención que está en el Hospital Gutiérrez “los afiliados lo que dicen es que no pueden resolver un montón de dificultades que tienen y que generalmente se le termina diciendo que viajen a Rosario o que paguen de manera particular, lo que por supuesto entendemos que no corresponde porque Venado Tuerto es una sucursal muy importante; tiene un montón de usuarios (agente de la salud, empleados municipales, docentes, policías, entre otros) y debería funcionar como lo hace en otras localidades”.

Específicamente, el mensaje del edil venadense argumenta: “Se ha constatado una preocupante falta de gestión eficiente por parte del Iapos en lo que respecta a la resolución de problemas administrativos y operativos que impactan negativamente en los afiliados de Venado Tuerto, lo que

representa una afectación directa de su derecho a la salud al no recibir la atención médica adecuada en tiempo y forma”.

En este sentido, sostiene que “la Ley Provincial Nº 12465 establece claramente que la finalidad del Iapos es la protección integral de la salud de los afiliados y su grupo familiar, siendo de carácter obligatorio garantizar la cobertura de todas las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que incluye la provisión de profesionales y servicios de anestesiología, necesarios para la realización de intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos médicos de urgencia y alta complejidad”.

La carencia de esta cobertura esencial para los procedimientos quirúrgicos, “no solo vulnera los derechos de los afiliados, sino que además contraviene las obligaciones que la ley impone al Iapos en términos de prestación continua y adecuada de servicios de salud, afectando gravemente la calidad de vida de sus beneficiarios y poniendo en riesgo su integridad física”, expresa Roma a través de su presentación.

Ante ello, menciona que los usuarios de esta obra social se encuentran “frente a una vulneración del derecho a la salud”.

La argumentación de convocatoria a las autoridades correspondientes, se basa en que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 26, impone a los Estados la obligación de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la salud, bajo los principios de accesibilidad y universalidad”.

Y, “en el marco de la normativa provincial y los tratados internacionales mencionados, es responsabilidad del Iapos asegurar la provisión de prestaciones de salud de manera integral, sin exclusiones ni demoras, especialmente en aquellas especialidades que resultan esenciales para garantizar la atención médica completa, como es el caso de la anestesiología, cuya falta de cobertura adecuada ha sido uno de los reclamos más recurrentes y graves manifestados por los afiliados en la ciudad de Venado Tuerto”, reza el proyecto legislativo.

Por Gustavo Capeletti

Para el mediodía de este martes estaba previsto que más de un centenar de organizaciones que contienen a pacientes con enfermedades graves raras presentaran una nota a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Ministerio de Salud para reclamar por la atención en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales “DADSE”.

De acuerdo a un relevamiento que realizaron a nivel país son, por lo menos a “88 los pacientes, como mínimo, del programa federal Incluir Salud que necesitan su medicación urgente y el gobierno nacional se las cortó de forma repentina, y 37 de la DADSE”. “El gobierno no puede ajustar a las personas con enfermedades graves o a los niños con cáncer”, señalaron.

En el reclamo elevado a ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Russo, y al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Dr. Diego Spagnuolo, los representantes de organizaciones de pacientes con patologías poco frecuentes, patologías crónicas, patologías discapacitantes y cánceres de toda la Argentina alertaron que “en las últimas semanas, hemos sido testigos de una situación alarmante que afecta gravemente a miles de argentinos y argentinas que necesitan de manera urgente el acceso a medicamentos e insumos médicos para poder vivir”.

Se trata, especificaron, de “las demoras y falta de respuesta” que sufren actualmente por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), ahora dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, entidad encargada de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, sin cobertura médica. La misma realidad preocupante se presenta con el Programa Federal Incluir Salud, dependiente de la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señalaron.

Para las organizaciones demandantes, estas demoras implican un “grave riesgo para la vida y la salud de adultos, embarazadas, adolescentes, niños y niñas con cáncer”, así como para todos los pacientes con patologías crónicas y graves que representan las asociaciones que integran. “La interrupción en la entrega de medicamentos y la asistencia en salud pone en peligro la estabilidad y el bienestar de quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir”, describieron.

De no revertirse, podría traducirse en “consecuencias devastadoras, incluso en pérdidas de vidas humanas”, lo cual consideraron una violación a lo establecido en convenciones vigentes y en la Constitución Nacional. En el final, pidieron que “se actúe con celeridad para resolver esta emergencia que afecta a miles de personas en todo el país”.

Alexis Descourvires, de la Organización de mamás y papás contra el Glioma, integrante de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), dijo al respecto a El Litoral que “principalmente, dentro de todo lo que está pasando, estamos reclamando por el corte de la entrega de medicamentos”, ya que “hay pacientes con riesgo de vida, otros en enfermedades crónicas, que por ahí no son mortales, pero son incómodas, dolorosas”

En tren de explicar la problemática desatada, indicó que “están ocurriendo dos cosas, es más o menos lo mismo, pero en dos ámbitos distintos. Uno es la Dirección de Asistencia y Dirección de Medicinas Especiales (DADSE), que es el último recurso para las personas con mayor vulnerabilidad; aquellas que no tienen obra social, no tienen prepaga, aquellas que el municipio o la provincia ya les dio negativa porque no pueden confiar en las medicaciones que están utilizando, recurren a allí”.

Al asumir este gobierno, se suspendieron todas las actividades de la DADSE, nunca se designó un funcionario en la dirección para que firme, ya sea las licitaciones para la compra de medicamentos o el avance de los trámites que inician los pacientes, consignó. Entonces, “al no avanzar esos trámites, empiezan a faltar medicamentos y empiezan a no avanzar los expedientes de cada paciente. Y esto está pasando, hay trámites que se ingresaron a la DADSE en noviembre y al día de hoy no se tiene respuesta”, reseñó Descourvires,

En el medio, el gobierno inició una auditoría que terminó en una demanda, en una denuncia, en una demanda por supuestas compras directas o sobreprecios, lo que “nosotros no negamos que se haga, nos parece perfecto que lo hagan”, pero “lo que no se puede hacer es, porque se está haciendo una auditoría, detener el funcionamiento de una dirección como la DADSE y dejar de asistir a las personas que corren riesgo de vida o corren deterioro en su calidad de vida”. “Y también hay pacientes del programa federal Incluir Salud, con el cual también nos está pasando lo mismo”, agregó.

Por último, lamentó: “No tenemos contacto con el Ministerio de Salud, por eso estamos mandando esta carta. Hemos intentado, pero no lo hemos logrado”.

El debate por las regalías, los derechos de los autores y las grandes plataformas tiene un nuevo capítulo que involucra a la plataforma Spotify, que ha dicho que ha pagado a los sellos editoriales “decenas de millones” de dólares -desde que hace unos meses habilitó a sus usuarios a quince horas de reproducción de audiolibros en su paquete de suscripción Premium- y la Sociedad de Autores del Reino Unido que asegura que esas liquidaciones todavía son opacas y que no han impactado en los ingresos de los autores.

Spotify, la plataforma conocida por brindar la posibilidad de escuchar música on line, sostuvo ante el sitio The Bookseller que la liquidación a los sellos editoriales corresponde a “100% de regalías” y que espera “seguir aumentando” los pagos en el futuro.

Aunque evitó dar una cantidad más precisa de los pagos realizados hasta ahora, dijo que la cifra de "decenas de millones" fue pagada tanto en libras como en dólares.

Sin embargo, la Sociedad de Autores (SoA) -un sindicato del Reino Unido de escritores, ilustradores y traductores literarios profesionales, fundado en 1884 para proteger los derechos y promover los intereses de los escritores- sostuvo en una declaración que "siguen preocupados por la falta de claridad sobre los acuerdos".

"La industria editorial todavía está esperando ver el efecto en los ingresos de los autores y no queda claro si se trata de ventas adicionales reales o simplemente es una estrategia que permite ser parte del mercado a Amazon".

Spotify aseguró que los titulares de derechos de audiolibros reciben una compensación "en función de los títulos que se escuchan y durante cuánto tiempo se escuchan" aunque no quiso dar más comentarios sobre su modelo de compensación.

"Nuestros socios editoriales de libros negocian licencias con Spotify y nos dicen que nuestro modelo de pago es competitivo con otras ofertas de audiolibros", sostuvieron para defenderse.

La Sociedad de Autores solicitó a la plataforma que los ingresos por Spotify se anoten por separado en las declaraciones de regalías "para que los autores puedan sopesar el impacto y garantizar que estas descargas se realicen correctamente, contabilizados como licencias y no como ventas”.

La declaración de la Sociedad de Autores llega en un momento en el que se debate, en un plano más amplio, la transparencia de la plataforma. Por eso la insistencia de la Sociedad de Autores por saber cuál es realmente el negocio detrás de la reproducción de los audiolibros y qué tan cercano al derecho de los autores y el gusto de los lectores es.

En una grabación filtrada recientemente de una reunión interna en Audible (empresa propiedad de Amazon), un empleado le preguntó al director ejecutivo Bob Carrigan por qué la empresa tenía “miedo” de su competencia.

Carrigan dijo: "Es difícil ignorar lo que está haciendo Spotify".

Esto se produjo semanas después de que Audible anunciara que despediría al 5% de su fuerza laboral y, en diciembre, Spotify también anunció planes de despidos, que afectaron al 17% de sus trabajadores.

Por Nicolás Loyarte

Organizaciones de la diversidad sexual celebran este martes el 11 aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género, pionera en América Latina en garantizar este derecho y la primera en el mundo en no patologizar a las identidades trans, al tiempo que reclamaron por una reparación histórica, a la que consideraron “una deuda pendiente de la democracia”.

La Ley de Identidad de Género tuvo un precedente en la provincia de Santa Fe, que sirvió luego para el cambio impulsado a nivel nacional. Se trata del caso de Alejandra Ironici, quien en noviembre de 2011 consiguió el reconocimiento legal de su identidad a través de una readecuación en su Documento Nacional de Identidad. En aquella oportunidad, fue el Estado provincial quien acompañó esta acción de forma conjunta. Y el por entonces gobernador Antonio Bonfatti le otorgó el nuevo documento a Ironici.

“Se trabajó junto con el Estado de manera estratégica”, recordó hoy quien fuera el abogado de Ironici, Lisandro Genero. “Una resolución judicial ordenó la reasignación de identidad de género”.

Alejandra Ironici fue una referente trans santafesina, pionera dentro de la comunidad, al ser la primera persona de la provincia en cambiar su nombre en el DNI, en trabajar dentro del Estado y en reasignar su sexo mediante intevención quirújica. En agosto del año pasado fue víctima de un transfemicidio.

“Lo novedoso para aquellos años es también que fue la primera vez que se adecuó un cuerpo a la identidad”, recordó Genero, y destacó además que lo hizo “una obra social del Estado (Iapos) en compensación con otra obra social del Estado (Ioma)”.

Ironici fue presidenta de la ONG Movimiento de Integración Sexual Étnico y Religioso (Miser) y estudió Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS UNL). En la actualidad, el abogado Genero es el representante legal de esa ONG y lleva adelante acciones en la promoción de sensibilización para promover derechos en igualdad, “a través de los cuales todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos”, dijo.

El 9 de mayo del 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley N 26.743, con la cual se garantiza el derecho a la identidad de género sin patologizar a las identidades trans y con este momento histórico “comenzó la democracia” para el colectivo. “La democracia para las travestis y trans llegó con la ley de identidad de género”, dijo la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, Agustina Ponce.

La normativa “reconoció a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros, masculinidades trans y no binaries quienes luego de décadas de persecución y exclusión sistemática comenzaron a ser abrazadas por el Estado”, expresaron en un posteo en Instagram desde la organización 100% Diversidad y Derechos.

Además, en este aniversario recordaron “la furia y la lucha de Lohana Berkins, Diana Sacayán, Claudia Pía Baudracco y cientxs de compañerxs que dieron su vida para alcanzar este enorme logro”.

En tanto, las organizaciones también resaltaron que la reparación histórica continúa siendo “una deuda pendiente de la democracia”.

El próximo 24 de mayo distintas organizaciones de la diversidad sexual convocaron a realizar la Primera Marcha Plurinacional por la Ley de Reparación Histórica, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires donde la movilización será a las 15 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

Se trata de una normativa que permita la entrega de una pensión mensual y reparatoria a las trans y travestis mayores de 40 años que hayan sido víctimas de violencia institucional en base a su identidad de género.

En la actualidad, hay tres proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación por parte de las diputadas del Frente de Todos Mónica Macha, Mara Brawer y Gabriela Estevez que buscan una reparación histórica para el colectivo, que equivale a la entrega de una pensión mensual para aquellas mayores de 40 años que hayan vivido violencia institucional.

También fue presentado un proyecto de ley en la legislatura bonaerense por el Poder Ejecutivo por iniciativa de la cartera de género provincial y en la provincia de Santa Fe se incluyó en 2022 a las personas travesti trans mayores de 35 de forma permanente en las pensiones sociales enmarcadas en la ley 5110.

“¡A 40 años del retorno de la democracia y habiendo alcanzado la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti trans y el DNI no binario vamos por la Reparación Histórica!”, publicó 100% Diversidad y Derechos al respecto.

Por otra parte, el Archivo de la Memoria Trans estrenaba este martes, en el marco de los 11 años de la ley, “Cuentos y leyendas”, una serie de capítulos sonoros y cada martes de mayo publicarán un nuevo episodio.

En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor (15 de marzo), el gobierno de Venado Tuerto tiene a disposición de vecinos y vecinas un espacio para canalizar consultas, reclamos e inquietudes relacionadas con la prestación de servicios y los derechos que asisten con los consumidores. 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en la planta alta de la Terminal de Ómnibus, ofrece asesoramiento, pero también interviene en gestiones ante diferentes casos, logrando alto porcentaje de resoluciones por la vía de la conciliación. 

En 2022 celebró 15 audiencias, recepcionó consultas y atendió de buenos oficios 64 casos, y brindó asesoramiento y mediación ante reclamos por facturación de servicios públicos y servicios generales (en particular, Internet y telefonía), entidades financieras, Billetera Santa Fe, garantías de electrodomésticos, compras online, obras sociales, planes de autoahorro, viviendas industrializadas, agencias de viajes, etc. 

Informes y consultas OMIC: Quintana 865, primer piso, teléfono 15503554, e-mail: omic@venadotuerto.gob.ar; lunes a viernes de 7 a 13. 

El 15 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que desde 1983 fue declarada por la ONU para conmemorar el discurso del presidente John F. Kennedy el 15 de marzo del 1962, donde consideró por primera vez al consumidor como pieza fundamental en el proceso productivo. 

Algunos de los derechos básicos que tenemos como consumidores son: derecho a ser escuchados; derecho a la seguridad de productos y servicios; derecho a ser informados; derecho a ser compensados; derecho a satisfacer las necesidades básicas; derecho a un medio ambiente saludable; derecho a la educación de los consumidores. 

La semana pasada, el campo volvió a hacerse visible cuando desde la Federación Agraria Argentina (FAA) convocaron a una asamblea en el cruce de las rutas 90 y Autopista Rosario-Buenos Aires (altura Villa Constitución), donde asistieron productores de la región agremiados a la entidad.

Desde la delegación correspondiente al sur santafesino, el productor rural de Santa Isabel, Claudio Maciel, junto a otros trabajadores de la tierra se hicieron presentes en el encuentro que también reunió a miembros de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Sobre esta concentración que tuvo como eje principal el problema de rendimiento que vive el campo argentino en medio de una extensa e histórica sequía, el productor regional detalló que en el sur santafesino la actualidad no varió. “Debido a las temperaturas que se están registrando, la situación del campo se está poniendo cada vez más crítica, ya que tampoco se esperan lluvias en lo inmediato, sumado a que en la región también hubo heladas tempranas en febrero”, analizó, agregando que si esta tendencia climática persiste “la realidad será muy dura”.

Sequía: el campo marchará a Buenos Aires

Y contó que “después del martes quedamos en contacto para analizar la situación y realizar esta semana o la próxima una reunión por Zoom para que los dirigentes tengan un panorama exacto de lo que sucede en cada región. Si se incrementa o no el porcentaje de mal estado de los cultivos y así poder hablar a la población con cifras claras”, detalló Maciel sobre lo que dejó la asamblea en Villa Constitución.

Entre los pedidos en los que coincidieron los manifestantes, según Claudio Maciel, los que más peso tienen “son la liberación de retenciones porque con ese 33 % uno tiene un fondo para subsistir; que el tipo de cambio sea unificado para venta del cereal y la compra de insumos y el impacto del Impuesto a las Ganancias, ya que el productor agropecuario no va a tener ganancias y ya están pidiendo los anticipos, mientras no sabemos si va a haber una devolución por el estado del campo”, detalló.

En la ocasión, la necesidad de hacer visible la delicada situación de los productores hizo que la Federación Agraria declarara el estado de alerta y movilización y el titular de la entidad Carlos Achetoni instó a que el Gobierno dé respuestas antes del lunes 13 de marzo y que, en caso contrario, se implementarán medidas gremiales, como una movilización en Buenos Aires.

El integrante de la FAA a nivel regional sostuvo que espera “un pronto razonamiento de los legisladores para que tomen las decisiones correctas”, aclarando a la vez que “defendemos la propiedad privada, porque si no tenemos buen rédito tendremos que desprendernos de nuestros bienes, desde los más chicos a los más grandes, para poder pagar las deudas y por eso si hoy no nos movemos vamos a desaparecer como productores”, enfatizó.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DE ESTE LUNES 6 DE MARZO DE 2023

El ministro de Economía, Sergio Massa, recogió este miércoles una serie de pedidos por parte de representantes de la CGT referidos a las deudas con obras sociales, el pago de una suma fija a los trabajadores para paliar la inflación, y el impacto del impuesto a las Ganancias.

Pero acuciado por un gasto público que no admite más desvíos, el jefe del Palacio de Hacienda tomó nota, prometió estudiar los reclamos y eventualmente dar una respuesta.

La delegación de la CGT estuvo encabezada por Pablo Moyano, quien estuvo acompañado por Omar Pérez, dirigente de la Federación de Trabajadores Camioneros, Mario Manrique de SMATA, Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, Omar Plaini del sindicato de Canillitas y Pablo Flores de AFIP.

Según trascendió, Moyano puso énfasis en que el Gobierno dicte por decreto el pago de una suma fija para todos los trabajadores, medida que no es bien vista en el Palacio de Hacienda dado que complicaría las conversaciones que se están manteniendo con empresarios para controlar la inflación y las importaciones, entre otros temas.

Otro punto que estuvo en la mesa de discusión es el dinero que el Estado nacional le adeuda a las obras sociales sindicales.

Massa tiene la intención de girarle a las obras sociales unos $ 21 mil millones en los próximos cuatro meses que están retenidos en la Superintendencia de Salud desde la conducción de Martín Guzmán.

La discusión por las partidas que el Estado les adeuda tiene como trasfondo el financiamiento de las enfermedades de alta complejidad y la atención de discapacidades.

La propuesta de Massa es que el presupuesto 2023 contenga una partida especial para el financiamiento de esos gastos pero diferentes sectores sociales se oponen a que esas prestaciones dependan de las arcas estatales.

El sindicalismo busca quitarse de encima estas obligaciones debido a su alto costo que, según calculan podría ascender a $ 50 mil millones a fin de 2022.

El secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Juan Marcos Aviano, le contestó este martes a la Defensoría del Pueblo (zona centro-norte) sobre el pedido que ésta le elevó a la Provincia para que se implementen medidas en pos de mejorar la atención ciudadana para evitar estafas con Billetera Santa Fe.

“Tenemos muy pocos reclamos por casos de estafas”, dijo Aviano, en contraste con los 147 casos atendidos por la Defensoría en los últimos días en la ciudad de Santa Fe, según las estadísticas dadas a conocer por el Defensor Jorge Henn. “Son reclamos -sostuvo Aviano-, lo que no significa que se haya generado una estafa o un saqueo”.

“Tanto Plus Pagos como Defensa del Consumidor no hemos comprobado en esos reclamos -que son muy poquitos- una estafa”, reiteró Aviano. Y dijo luego que “si una persona deja el usuario y contraseña predeterminados en su celular, alguien se la ve y la roba, no es una estafa o saqueo, es un descuido. Por ello siempre le decimos al usuario que no deje el usuario y la contraseña predeterminados”.

Otra cosa son las estafas. En estos casos tenemos algunos reclamos por casos de uso de tarjetas de crédito y préstamos, o con cajeros automáticos. Estamos trabajando con todas las entidades financieras para evitarlos. Y lanzamos una campaña para prevenir las estafas y hackeos que suceden”, explicó Aviano.

“Con la Defensoría del Pueblo estamos trabajando muy bien y son muy poquitos los casos atendidos”, finalizó Aviano.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, en el marco del Programa Billetera Santa Fe, recuerda que ante inconvenientes en el uso de la herramienta la primera medida que deben adoptar las y los consumidores es reclamar ante la operadora del sistema, Plus Pagos.

Las vías habilitadas para realizar reclamos ante la mencionada operadora son el chat boot a través del número 3416470678 o por medio de un correo electrónico a info@pluspagos .

Luego de realizar reclamos por la mencionada vía, la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor es quien resulta competente para recibir para recibir, tramitar y resolver válidamente cualquier reclamo relativo a este Programa.

Ante dicha área las vías de reclamo son amplias y diversas para atender a las necesidades de las y los usuarios:

De manera presencial, solicitando turno en: https://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php

>>En Santa Fe: Ministerio de la Producción, Pellegrini 3100 – 0800 555 6768 (opción 3) de 8 a 12 horas en días hábiles.

>>En Rosario: Mitre 930 – 3º Piso – (0341) 4721519-4721511 de 8 a 12 horas en días hábiles.

O a través de un trámite online en Ventanilla Única Federal: https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario

Finalmente, también se pueden presentar reclamos por Billetera Santa Fe ante las Oficinas Municipales o Comunales de Información al Consumidor (OMICs/OCICs), creadas por convenio con el Gobierno Provincial y que trabajan con facultades descentralizadas en materia de protección de consumidores. El listado de OMICs/OCICs se puede consultar ingresando al siguiente enlace:

https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/259414/1365404/

Al respecto, la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, Maria Betania Albrecht, informó: “Los reclamos más frecuentes consisten en la necesidad de reversión de una operación por un error en el tipeado del importe, contando los comercios con un plazo de 4 horas para revertir dicha operación; también nos encontramos con cuentas bloqueadas que deben ser blanqueadas. Respecto de esto último es importante recordar que siempre debemos cargar el número de trámite del último DNI que hayamos tramitado, de lo contrario la cuenta se bloqueará. La aplicación tiene un sistema sensible de seguridad, lo cual es bueno e importante para cuidar la privacidad y los intereses económicos de las y los consumidores, derechos esenciales de los mismos. Por ello, ante estos simples errores se bloquea la cuenta. Pero comunicándose con Plus Pagos o ante esta Dirección Provincial, rápidamente intervenimos para dar una solución efectiva al inconveniente”.

Asimismo Albrecht indicó: “En caso de inconvenientes por recargos en el precio, limitación del uso de Billetera Santa Fe en determinados días, exigencia de una compra mínima para abonar con la aplicación, o cualquier otra práctica abusiva, es importante que las y los consumidores estén atentos y nos hagan llegar a nosotros sus reclamos, en virtud de ser la única autoridad de aplicación en la normativa de comercialización y protección de derechos de consumidores”.

“Estamos hace un tiempo recorriendo todo el territorio provincial, informando a comerciantes y consumidores, promocionando derechos, auxiliando en el uso de la aplicación y también fiscalizando el debido y correcto uso de la herramienta”, concluyó la funcionaria provincial.

Reclamos ante la Defensoría del Pueblo

El Secretario de Comercio interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, recibió este viernes, en la Delegación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Rosario, a autoridades de la Defensoría del Pueblo delegación Sur de la provincia. Durante el encuentro se dialogó sobre los canales ya indicados por la Provincia para presentar reclamos, de manera directa y ágil, por inconvenientes con Billetera Santa Fe.

Aquellos reclamos que la Defensoría del Pueblo reciba y quiera tramitar serán válidamente canalizados a través de la plataforma de Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, desde donde se gestionarán a nombre de la Defensoría, al igual que se viene haciendo desde el inicio del programa Billetera Santa Fe en el mes de enero 2021.

Hoy, a las 11, todos los sectores afectados por la inhabilitación de parte del gobierno provincial para realizar pesca deportiva realizarán cortes de rutas en toda la Provincia para pedir que se levanten las restricciones que afectan al sector.

En el caso puntual de Venado Tuerto, la manifestación tendrá lugar en la rotonda de las rutas 8 y 33, donde se procederá a cortar la ruta pacíficamente por el lapso de media hora, aunque se permitiría la libre circulación de vehículos.

Cristian Gándara, propietario del comercio de venta de artículos para pesca CR23 ProFishing, quien además cuenta con un ciclo televisivo y un grupo en redes sociales de amantes de este deporte, dialogó con Sur 24 y dio más detalles sobre los motivos que los impulsaron a tomar esta medida: “Llegamos a este punto porque no habilitan la pesca y la libre navegación. El gobernador Omar Perotti está negado estas habilitaciones y no entendemos por qué. El se basa en un pedacito de río, pero queremos que mire a toda la Provincia. Nosotros estamos en plena temporada de pejerrey, tenemos dos lagunas muy buenas acá donde labura mucha gente, como el que vende carnada, hospedajes, guías de pesca, pesqueros y es un deporte que no tiene contacto.

Además, analizando lo sucedido en el verano donde se habilitó por un tiempo la pesca, Gándara explicó: “En su momento, cuando habilitaron la navegación, los pibes se cruzaban a la isla a hacer fiestas y se volvió a prohibir para evitarlo. Eso no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros; somos tres tipos que pescamos en una lancha desde las 8 de la mañana hasta as 17, vamos y volvemos los tres mismos tipos en un auto y tenemos contacto con una sola persona. Es el deporte con menos contacto que hay, al aire libre y recreativo, por eso no le encontramos explicación”.

Refiriéndose a las pocas respuestas recibidas desde el gobierno de Perotti, el propietario CR23 subrayó: “No tenemos forma de llegarle; ya tuvimos reuniones virtuales con el senador Lisandro Enrico, se está formando una Asociación de Pescadores de Santa Fe, pero a la Provincia no podemos llegar y las respuestas siempre son negativas y sin analizar la cuestión”.

Negativa en el pedido de Rosario

Las protestas para que se vuelva a habilitar la pesca ya comenzaron. Ayer por la mañana, los manifestantes cortaron el puente Rosario-Victoria pero a la tarde recibieron como respuesta un no a la habilitación.

“Ayer se hizo un corte en el puente Rosario Victoria donde les dijeron que a la tarde iban a tener una respuesta, y esa respuesta fue que la pesca sigue inhabilitada, por eso se tomó la decisión de cortar a nivel provincial, puntualmente acá en Venado Tuerto en el cruce de las rutas 8 y 33”, informó Cristian Gándara, añadiendo que “se va a convocar mucha gente porque viene todos los que trabajan directa e indirectamente de la pesca; también estarán los mismos pescadores. Dentro del grupo que se formó hay gente de toda la Provincia, como Rosario, Arroyo Seco, Berabevú, Venado Tuerto, Villa Cañás, Diego de Alvear, etc.; hay un grupo grande armado que por el momento es solo un grupo de WhatsApp, pero se le va a dar forma para hacer una Asociación y ver si se logra tener más llegada”.

Por último, y especificando lo que sucederá en Venado Tuerto durante el reclamo que se llevará a cabo cerca de este mediodía, Gándara argumentó: “Va a ser una manifestación pacífica. Se piensa cortar la ruta media hora y se va a dejar pasar a la gente. Van a venir guías de Pergamino que trabajan en Villa Cañás, de Colón, Junín; dueños de Apart, propietarios de pesqueros tanto de Villa Cañás como de Diego de Alvear; también vienen de Alcorta, Rufino, Santa Isabel, María Teresa; prácticamente de toda la región. Hay mucha gente que trabaja directamente de la pesca”.

Gándara además detalló que habrá cortes en todo Santa Fe, como en Villa Ocampo, Reconquista, San Javier en la ruta 1, en Santa Fe en la Fuente de la Cordialidad, en Monje será en la ruta 11; también habrá un corte en la Autopista Santa Fe-Rosario; en el puente Rosario-Victoria; en las rutas 8 y 33 en Venado Tuerto y en el puente de la ruta 7.