Desde las primeras horas de este jueves se lleva adelante el segundo paro general de la CGT y organizaciones sociales contra el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza tiene alcance nacional y afecta a los servicios esenciales de los argentinos. Según explicaron, se convocó a esta huelga para rechazar las políticas de recortes de fondos para alcanzar un superávit y en su oposición a la Ley de Bases, que buscarán seguir podando en su inminente tratamiento en el Senado (sobre todo el apartado laboral), y el mega DNU.

Mientras el gobierno replica en redes el mensaje "yo no paro" y el propio vocero presidencial trató a los sindicalistas como "los fundamentalistas del atraso", miles de argentinos sentirán la falta de los servicios esenciales.

En la ciudad de Santa Fe

Los servicios municipales mantendrán las guardias mínimas ese día y se trabajará de la siguiente manera:

• Sin recolección de residuos

• SEOM: funcionará con normalidad

• Sistema Público "Las Bicis": funcionará con normalidad

• Colectivos: no habrá servicio

• Tribunal de Faltas: no habrá atención al público

• GSI y GSM: guardias mínimas

• Área de Género y Niñez: se cubrirá mediante guardia telefónica

• Cementerio, COBEM, Centro de Monitoreo y línea 0800: guardias mínimas

En la previa, los líderes de la CGT fundamentaron este segundo paro general contra Milei. "No podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites. Somos organizaciones sindicales responsables y tenemos claros cuáles son los límites y las posibilidades de cada sector para llegar acuerdos", argumentó el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer.

Lo dijo el día en que se anunció el paro, hace casi un mes y menos de 24 horas después de que referentes de la "mesa chica" de la central se reunieran en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor presidencial Santiago Caputo, en un intento de destrabar la entonces posible medida de fuerza, lo cual duró menos de un suspiro.

"El impacto que va a generar el ajuste de precios, de tarifas, y el ajuste que se viene dando de achicar los salarios solo nos va a llevar a un proceso recesivo de un nivel inaceptable, por ese motivo tomamos la decisión de convocar a un paro de 24 horas el 9 de mayo", enfatizó Daer aquel día.

El referente de Sanidad extrañamente se viene mostrando desde la llegada de Milei muy duro en su perfil, más cerca del "combativo" camionero Pablo Moyano de lo que cabría esperar, ya que pertenece al sector siempre dialoguista de los "gordos".

Se espera que el Gobierno tras este nuevo paro busque volver a tender puentes con los dirigentes moderados que tallan fuerte en la conducción cegetista, como los "independientes", para seguir explorando el futuro de un vínculo que se nota problemático por las claras diferencias ideológicas y de caminos a seguir.

Por Mauro L. Muñoz

En la reunión paritaria de este lunes, el gobierno de Santa Fe informó a los gremios que representan a los maestros provinciales que realizará una presentación para que Nación retome el envío de las transferencias del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La información fue confirmada por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, al salir de la reunión. "Vamos a hacer una presentación para que Nación retome ese envío, porque creemos que debe ser una política pública de Estado", sostuvo en diálogo con los medios de prensa.

El titular de Hacienda detalló que la presentación se realizará en primera instancia por vía administrativa y, en caso de no tener curso, se acudirá a la Justicia. "De acuerdo a cómo se dan los reclamos entre una provincia y el Estado nacional, se va a tratar de completar la primera instancia que es administrativa. El Ministerio de Educación se ocupará de la presentación porque es el que tiene el vínculo. Seguramente, luego de agotar esa posibilidad, el reclamo seguirá por vía judicial".

De acuerdo a la información brindada por el gobierno santafesino, desde que asumió la actual gestión nacional, se restringió el envío del FONID. "Hasta el momento, representa unos $10 mil millones, de los cuales $3.200 millones correspondientes al mes de enero, fueron cubiertos por la Provincia", sostiene la comunicación gubernamental.

El eliminado FONID, junto al ítem de conectividad -que también fue discontinuado- representaban el 8,5% del salario bruto de un maestro de grado de jornada simple en Santa Fe, con 10 años de antigüedad, según los cálculos de la Fundación Mediterránea en base a los números de septiembre de 2023.

En tanto que la participación de las transferencias en concepto de FONID sobre los gastos corrientes de la provincia representaban el 1,1 %, de acuerdo a ese mismo estudio de las economistas Laura Caullo y Azul Chincarin.

El FONID fue creado por la Ley 25.053 sancionada en 1998, inicialmente con carácter de emergencia por el término de cinco años (hasta 2003), aunque luego fue prorrogado sucesivamente por distintas leyes y DNU, la última de ellas, hasta el 31 de diciembre pasado.

En enero 2024, la administración libertaria decidió no renovar su vigencia. El concepto hubiera supuesto para Santa Fe $3.154 millones de acuerdo a lo estimado por la Oficina Nacional de Presupuesto. Pero el Fondo se venció legalmente y la confrontación de las provincias con la Casa Rosada impidió una salida política.

Cabe indicar que hay jurisdicciones que decidieron abonar el FONID con fondos propios, ante la negativa por parte del gobierno central a transferir esos recursos. En estos momentos, el Incentivo Docente significa una suma nacional de $ 28.000 por cargo a un docente de Santa Fe.

El Gobierno santafesino argumentó en reiteradas ocasiones que la evolución de los recursos propios es la regla que define la pauta salarial, descartando que pueda afrontarlo con presupuesto provincial.

En la reunión paritaria de este lunes, el ministro Olivares detalló que el mes de marzo ya marcó un déficit mensual de $ 22.000 millones. "No es casualidad: es el mes donde comenzaron las recomposiciones a cuenta de la paritaria 2024. Por lo tanto debemos seguir la posibilidad de recomposición de salarios con la evolución de los recursos", indicó.

Argentina volvió a reclamar la detención internacional del ministro iraní Ahmad Vahidi, señalado por la justicia local como uno de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas.

Vahidi, que es requerido por la Justicia argentina, es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días.

En ese marco, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en Lyon emitió una Circular Roja para su detención.

Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol.

Vahidi, de 65 años, fue comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y ministro de Defensa de su país entre 2009 y 2013.

Así llegaba la comitiva iraní a Sri Lanka, encabezada por el presidente Ebrahim Raisi:

En el arribo al aeropuerto internacional Mattala Rajapaksa de Sri Lanka, en el marco de una visita por cinco acuerdos y la construcción de la central hidroeléctrica Uma Oya, no se lo vio a Ahmad Vahidi.

Paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina.

Si bien no es la primera vez que se pide una detención a Interpol por el caso AMIA, sí es la primera que ocurre durante el gobierno del presidente Javier Milei.

pic.twitter.com/YOSD0Sqfch

Vahidi es señalado por la Justicia argentina como uno de los autores intelectuales del atentado, al haber supuestamente participado en una reunión en 1993 en la ciudad de Mahshad, donde se tomó la decisión de perpetrar el atentado en Buenos Aires.

"No se limitó a participar pasivamente del cónclave, sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque. Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales", asegura el dictamen del fiscal fallecido Alberto Nisman en 2006.

Siguen activas las circulares rojas en Interpol con el objetivo de lograr la captura internacional -aún sin éxito- de los ciudadanos iraníes por el ataque a la AMIA.

Las universidades nacionales están atravesando momentos críticos, con presupuestos que ponen en jaque la posibilidad de continuar funcionando con normalidad. En este marco, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, compartió en detalle la realidad que les toca afrontar y los efectos que provoca las partidas insuficientes que están recibiendo.  

“Todos los días estamos recibiendo facturas de servicios con aumentos y a su vez, tenemos que ir siguiendo los aumentos de los insumos básicos que debemos comprar para el mantenimiento edilicio, y claramente no alcanzan para poder funcionar con normalidad, debiendo trabajar en la emergencia sin podernos ocupar de otras cuestiones que también son importantes al momento de hablar de calidad educativa, ya que tienen que ver con mejoras, arreglos, medidas de seguridad y demás. Todo lo que no se hace en tiempo y forma puede convertirse en una emergencia”, comentó Mammarella. 

Cabe señalar que la partida para el funcionamiento, que se destina para cubrir todos los gastos que están por fuera de los salarios, estuvo, hasta el pasado mes de marzo, en valores constantes desde enero del 2023. En este mes de abril, recibieron una actualización del 70 por ciento, después de un período inflacionario de más del 270 por ciento, que es “totalmente insuficiente para desarrollar nuestras actividades de manera normal”. 

A modo de ejemplo, el rector de la UNL indicó que “recibimos una factura de luz que está por encima del 50 por ciento del gasto total que tenemos para mantenimiento”, exclamó. 

“Otro de los problemas es que no sabemos qué va a suceder. Todos los meses venimos recibiendo indicaciones, incluso el presupuesto se está ejecutando mes a mes porque desconocemos qué va a suceder con el correr de los días, lo que nos impide hacer previsiones hacia adelante. Esperamos que, a lo largo del año, podamos contar con alguna certeza de lo que vamos a tener para funcionar y así programar nuestra actividad”, resaltó. 

El directivo contó que la alta casa de estudio trabaja en diferentes proyectos que apuntan a ir consiguiendo fondos para cubrir gastos. “Hay iniciativas, desarrollos, investigaciones que se llevan a cabo con este fin. Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano para seguir, no sólo con las puertas abiertas sino funcionando con calidad que es nuestra responsabilidad”, puntualizó. 

Consultado por la infraestructura educativa, Mammarella informó: “Más allá de alguna obra que podemos seguir teniendo en marcha con fondos universitarios, se hace casi imposible seguir proyectando, en especial por las actualizaciones de los precios que vamos recibiendo, los cuales son muchos más elevados de los que programamos en su momento”. Y añadió: “Nuestra universidad es centenaria, tiene edificios antiguos, de gran valor patrimonial, incluso fueron declarados monumentos históricos, lo que requiere una inversión en mantenimiento mucho más importante. Tenemos 63 edificios, 180 mil metros cuadrados cubiertos en el centro norte de la provincia que necesitan atención”.

Frente al interrogante del futuro del cursado, el rector respondió: “esperemos que no corra riesgo”, aunque ese temor es una realidad en todas las universidades, no sólo por la falta de presupuesto, sino por la falta de acuerdo paritario con los docentes de este nivel superior.

“No sabemos si esto se va a normalizar o vamos a seguir de este modo”, afirmó.    

Días atrás, los rectores de las universidades nacionales, se reunieron con miembros de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, para trasladar esta preocupación y solicitar el acompañamiento de los legisladores. 

“Fueron muy receptivos con nuestro planteo, porque si bien representamos a instituciones de jurisdicción nacional, ejercemos toda nuestra actividad en la provincia de Santa Fe; la mayoría de nuestros estudiantes son de la provincia y el producto de las formaciones, investigaciones, el desarrollo, el movimiento económico y demás queda en la provincia, formando parte del patrimonio y riqueza santafesina”, explicó. Y disparó: “Si se perturba o afecta la educación, se perjudica toda la provincia de Santa Fe”. 

El próximo martes 23 de abril, se realizará una marcha nacional para reclamar por la grave situación financiera que atraviesa el sistema público de educación, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la que se sumarán gremios docentes, no docentes y el movimiento estudiantil. 

Esta manifestación tendrá su epicentro con una movilización desde Congreso a Plaza de Mayo, en Buenos Aires, a partir de las 15:30.

Una de las secuelas del llamado al reclamo tendrá lugar en la ciudad de Venado Tuerto donde, desde la comunidad de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Venado Tuerto (UTN-FRVT) convocaron a una serie de actividades, que comenzarán a las 17:30 con un abrazo simbólico a la “Tecnológica”, ubicada en Laprida 651, bajo el lema “Yo Apoyo la Universidad Pública”. Allí, según la información trascendida, se procederá a la lectura de un documento elaborado a nivel nacional en defensa de la universidad pública y en reclamo por el presupuesto, para dar paso a palabras de alumnos, docentes y del decano de la casa de estudios, Jorge Rena. También se permitirá el ingreso a aulas de la facultad para abrir el debate y profundizar sobre la problemática.

“Este abrazo simbólico a nuestra Casa es un acto de carácter político, pero es totalmente apartidario, queremos hacer visible ante la sociedad la situación actual de las partidas presupuestarias asignadas a los gastos de funcionamiento de la universidad públicas argentinas”, expusieron desde la comunidad universitaria de la UTN Facultad Regional Venado Tuerto. 

En tanto que en el ex Normal, edificio donde funciona el Profesorado Nº 7, una jornada con micrófono abierto.

“Esperamos contar con la presencia de las autoridades locales, concejales, legisladores, organizaciones sociales y sindicales, entidades educativas de todos los niveles, asociaciones civiles, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, profesionales, estudiantes, y toda persona que se sienta interpelada por la realidad que atraviesa la universidad pública”, cerraron. 

El llamado a la “Gran Marcha Universitaria” se originó el pasado 10 de abril donde, en el marco del 91º Plenario de Rectoras y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional(CIN), los representantes de las 73 universidades públicas integrantes del CIN hicieron la convocatoria a Plaza de Mayo para el próximo martes 23 de abril en defensa de la educación y el sistema universitario, en medio de las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Milei.

“La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave, y se necesita la respuesta urgente de los poderes del Estado nacional”, remarcaban.

"Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema". explicaron las autoridades universitarias a través de un comunicado.

En esa línea, señalaron que en febrero aprobaron una declaración manifestando "preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas".

En ese sentido, añadieron: "Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)", que fue dado de baja por la Administración libertaria y forma parte del salario docente.

"Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria", sostuvieron en el escrito.

Por último, pidieron a la sociedad en general que se sume al reclamo para defender el derecho acceder a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre y que cualquier acuerdo a nivel nacional priorice la cuestión educativa.

Se anunció un paro nacional docente por parte de los trabajadores nucleados en CTERA para este jueves 4 de abril, el cual incluye a las aulas de la provincia de Santa Fe tras comunicado de Amsafe.

La medida de fuerza se da en protesta por la eliminación del FONID y la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente.

CTERA hizo conocer su decisión a través de un comunicado publicado en las redes sociales, reclamando: La restitución del FONID; La urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente; La restitución de un piso salarial a nivel nacional; El envío de fondos para los programas educativos nacionales; Aumento urgente para los haberes de las docentes y los docentes jubilados; El envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales y en Solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores estatales.

Sostiene, además, el documento que “en este nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007, la CTERA rechaza el Protocolo de Seguridad del Gobierno Nacional, que criminaliza la protesta social.

✔️ ESTE JUEVES 4 DE ABRIL PARO NACIONAL DOCENTE pic.twitter.com/UhA1CpSZWg

Agrega que “CTERA realizará el lanzamiento de una Campaña de firmas, exigiendo al Gobierno Nacional garantice la Educación Pública en todo el país”.

Y detallaron que durante el Paro Nacional “se realizarán conferencias de prensa y acciones en las provincias para visibilizar la grave situación educativa”.

Por el lado de Amsafe, el comunicado publicado este martes por la noche incluye los siguientes reclamos: restitución del Fonid, convocatoria a Paritaria Nacional Docente, defensa de nuestras jubilaciones, financiamiento para educación y repudio al protocolo de seguridad.

El último reclamo a nivel provincial había sido el 26 y 27 de marzo, que continuó las 48 horas del 19 y 20 del mismo mes.

A esto se le suma el paro de los docentes universitarios nucleados en la Conadu Histórica durante el próximo miércoles 10 y jueves 11 de abril en rechazo al ofrecimiento de 12% de aumento por parte del Gobierno Nacional y para protestar por el "ajuste" que sufren los trabajadores y las casas de altos estudios.

Más de 15.000 personas llegaron este sábado a Jerusalén en la culminación de la llamada "Marcha por la Unidad", organizada por las familias de los rehenes israelíes en manos del movimiento islamista palestino Hamas que exigen la puesta en libertad de sus seres queridos.

La marcha está a punto de completar cuatro días de un viaje que comenzó el miércoles en el kibbutz de Reim, atacado por las milicias de Hamas el 7 de octubre, y terminará en la plaza de París del barrio de Rehavia, en el centro de la ciudad.

En las últimas horas, se incorporó a la marcha el líder de la oposición israelí, el ex primer ministro Yair Lapid, quien denunció la "incapacidad" del gabinete de guerra liderado por el premier, Benjamin Netanyahu, para lograr la liberación de los 134 rehenes que se encuentran en Gaza.

"Nos preguntan si estamos haciendo lo suficiente, y la respuesta es no", declaró, según reprodujo el medio local Times of Israel.

"Este país no puede vivir con la idea de que no van a regresar. Si hay que marchar, se marcha, y si hay que gritar, se grita", añadió.

En su ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre, Hamas mató a unas 1.200 personas y capturó a otras 240, entre ellas una veintena de argentinos.

Como respuesta, el Ejército de Israel comenzó una ofensiva sobre la Franja de Gaza que, según las autoridades gazatíes, dejo más de 30.300 palestinos muertos, en su mayoría civiles.

En medio de la incertidumbre por los recortes de fondos nacionales hacia las provincias, los ministros de Educación de 19 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reclamaron recursos al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

Los representantes de las jurisdicciones -incluido el ministro santafesino José Goity- emitieron un documento tras reunirse en Buenos Aires para solicitar que el gobierno nacional garantice una serie de fondos ante los recortes de la administración de Javier Milei en la remisión de fondos a las provincias.

El reclamo se di en el marco de una asamblea del Consejo Federal de Educación, en la que el tema principal iba a ser el plan de alfabetización que prepara la Secretaría de Educación de la Nación, pero la preocupación por los fondos para los salarios docentes ocupó el centro de la escena.

Los funcionarios remitieron la nota a su par nacional que "frente a la incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: leyes 26.075 y 25.053 -particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura- y la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad de las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones".

"Conscientes de las particularidades de cada una de las provincias, entendemos que los temas muy genéricamente planteados constituyen un eje común que nos llevan a firmar la presente a quienes tenemos a nuestro cargo el área educativa en cada una de nuestras jurisdicciones. Solicitamos en consecuencia una pronta respuesta sobre el presente planteo".

El comunicado lleva la firma de los responsables de educación en San Luis, Neuquén, San Juan, La Rioja, Salta, CABA, Mendoza, Catamarca, Formosa, Córdoba, Río Negro, Misiones, La Pampa, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Fe, Jujuy, Santiago del Estero y Corrientes.

Uno de los puntos centrales de los reclamos se inscribe en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) ya que compone un porcentaje del salario básico que reciben los docentes y genera la preocupación en las cuentas provinciales.

En declaraciones formuladas a este medio días atrás, el ministro santafesino aseguró que el gobierno nacional se había comprometido a sostener el FONID. "Necesitamos que los fondos de la agenda educativa estén aparte de la conflictividad política. Es algo que tenemos que lograr como sociedad y como dirigentes políticos, pero también gremiales", remarcó Goity.

Este jueves también se habían manifestado dos gremios de representación nacional (Ctera y UDA) exigiendo a la secretaría de Educación el "urgente envío de recursos económicos" a las distintas jurisdicciones del país para la implementación de políticas públicas educativas.

Asimismo, las organizaciones gremiales se quejaron por la falta de convocatoria para la paritaria nacional docente de parte del gobierno central.

La paritaria nacional docente establece el punto de partida de las negociaciones provinciales, ya que determina tanto el piso salarial que deben percibir todos los docentes del país, como los adicionales que Nación otorga a las jurisdicciones para alcanzar ese mínimo inicial.

Con el objetivo de resolver estas cuestiones es que los gremios presionan por el llamado a paritaria antes que se deba volver a las aulas.

El debate por las regalías, los derechos de los autores y las grandes plataformas tiene un nuevo capítulo que involucra a la plataforma Spotify, que ha dicho que ha pagado a los sellos editoriales “decenas de millones” de dólares -desde que hace unos meses habilitó a sus usuarios a quince horas de reproducción de audiolibros en su paquete de suscripción Premium- y la Sociedad de Autores del Reino Unido que asegura que esas liquidaciones todavía son opacas y que no han impactado en los ingresos de los autores.

Spotify, la plataforma conocida por brindar la posibilidad de escuchar música on line, sostuvo ante el sitio The Bookseller que la liquidación a los sellos editoriales corresponde a “100% de regalías” y que espera “seguir aumentando” los pagos en el futuro.

Aunque evitó dar una cantidad más precisa de los pagos realizados hasta ahora, dijo que la cifra de "decenas de millones" fue pagada tanto en libras como en dólares.

Sin embargo, la Sociedad de Autores (SoA) -un sindicato del Reino Unido de escritores, ilustradores y traductores literarios profesionales, fundado en 1884 para proteger los derechos y promover los intereses de los escritores- sostuvo en una declaración que "siguen preocupados por la falta de claridad sobre los acuerdos".

"La industria editorial todavía está esperando ver el efecto en los ingresos de los autores y no queda claro si se trata de ventas adicionales reales o simplemente es una estrategia que permite ser parte del mercado a Amazon".

Spotify aseguró que los titulares de derechos de audiolibros reciben una compensación "en función de los títulos que se escuchan y durante cuánto tiempo se escuchan" aunque no quiso dar más comentarios sobre su modelo de compensación.

"Nuestros socios editoriales de libros negocian licencias con Spotify y nos dicen que nuestro modelo de pago es competitivo con otras ofertas de audiolibros", sostuvieron para defenderse.

La Sociedad de Autores solicitó a la plataforma que los ingresos por Spotify se anoten por separado en las declaraciones de regalías "para que los autores puedan sopesar el impacto y garantizar que estas descargas se realicen correctamente, contabilizados como licencias y no como ventas”.

La declaración de la Sociedad de Autores llega en un momento en el que se debate, en un plano más amplio, la transparencia de la plataforma. Por eso la insistencia de la Sociedad de Autores por saber cuál es realmente el negocio detrás de la reproducción de los audiolibros y qué tan cercano al derecho de los autores y el gusto de los lectores es.

En una grabación filtrada recientemente de una reunión interna en Audible (empresa propiedad de Amazon), un empleado le preguntó al director ejecutivo Bob Carrigan por qué la empresa tenía “miedo” de su competencia.

Carrigan dijo: "Es difícil ignorar lo que está haciendo Spotify".

Esto se produjo semanas después de que Audible anunciara que despediría al 5% de su fuerza laboral y, en diciembre, Spotify también anunció planes de despidos, que afectaron al 17% de sus trabajadores.

Gobernadores, legisladores, gremios e intendentes de Unión por la Patria (UxP) se reunirán este jueves para fijar una posición ante el debate en el Congreso por la ley "Bases" y definir un modo de participación en el paro general y la movilización que la CGT llevará adelante el miércoles próximo.

Así lo indicaron fuentes de UxP, que anticiparon que el encuentro congregará a mandatarios provinciales, representantes legislativos, gremios de la CGT, intendentes del PJ y movimientos sociales, entre otros sectores.

Si bien todavía no está definida la hora ni el lugar de la cita, podría llevarse a cabo en la ciudad de La Plata, en la sede de la Gobernación bonaerense, el mismo lugar donde el mandatario anfitrión, Axel Kicillof, había convocado en diciembre pasado a referentes de UxP para hacer una manifestación de rechazo al DNU de desregulación económica anunciado por Javier Milei.

Entre los referentes confirmados asistirá el jefe del bloque de diputados de UxP, Germán Martínez, y el dirigente de Patria Grande y ex precandidato presidencial Juan Grabois.

El lunes pasado, al reunirse con diputados de UxP en el Congreso, Kicillof había anticipado su intención de plasmar una reunión conjunta con gobernadores, legisladores del peronismo y aliados para definir una estrategia de rechazo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno, mientras el debate parlamentario por la ley "Bases" avanza en el plenario de comisiones de la Cámara baja.

Si bien hasta ahora el peronismo dio libertad de acción para los dirigentes que quisieran participar de manera inorgánica de la movilización de la CGT del 24 de enero, tampoco puede descartarse que se resuelva una modalidad de intervención conjunta.

Por otro lado, y como parte del mismo rechazo a la ley "Bases", la conocida "Junta de Gobernadores" de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) pidió este miércoles cambios en los artículos vinculados a la producción de hidrocarburos de esa normativa, en defensa del "dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos".

Los gobernadores y representantes de las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego se reunieron en la ciudad de Buenos Aires y algunos de ellos, los que pertenecen a UxP, podrían estar durante esta jornada en la reunión convocada por Kicillof.

Mónica Ritacca

Los Centros de Trasplantes y Diálisis de la provincia de Santa Fe, a través de la asociación que los nuclea, emitieron un comunicado expresando preocupación ante una situación crítica que pone en riesgo la prestación de servicios esenciales para más de 2 mil personas en la región.

Según manifiestan, la imposibilidad de acceder a la provisión de insumos necesarios para llevar a cabo las diálisis se ha convertido en una amenaza inminente debido al impacto directo del actual contexto económico del país.

La crisis radica en la dependencia en un 80% de insumos importados, cuyos costos han seguido la volatilidad del dólar. La discrepancia entre lo que deben abonar los centros y el costo real de la prestación ha generado una brecha insostenible. Actualmente, los centros cuentan con insumos hasta fin de año, pero de no ajustarse los valores de los módulos prestacionales, se verán imposibilitados de adquirir insumos para enero del próximo año y, por ende, continuar brindando el servicio.

Además, la falta de financiamiento para realizar compras, sumada a los retrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, que efectúan sus pagos a 90 días, agrava la situación. A este complejo panorama se suman las recomposiciones salariales del recurso humano y el inminente aumento en los costos de energía eléctrica y agua, elementos fundamentales para llevar a cabo las prestaciones.

Frente a la situación, hubo una reunión en el Ministerio de Salud. En ella participaron miembros de la Asociación de Diálisis y Trasplantes de la Provincia de Santa Fe y el Subsecretario de Logística de la cartera sanitaria.

Consultado por El Litoral, el doctor Gabriel Riccobelli, presidente de la organización, “el encuentro sirvió para que las autoridades estén al tanto del problema”. No hubo ninguna propuesta, al menos por ahora.

“En la provincia de Santa Fe hay 23 Centros de Diálisis. En la ciudad capital 3. La verdad es que estamos haciendo un sacrificio tremendo para mantener las diálisis. Pero no sabemos hasta cuándo honestamente. La situación nuestra es alarmante y la del paciente también. Hablamos de personas que necesitan diálisis tres veces por semana, que hacen kilómetros para hacerla, y que si no la hacen corren riesgo de vida. Es una obviedad decirlo, pero las personas que se hacen diálisis es porque están aguardando un trasplante”, manifestó.

En la provincia de Santa Fe, 2.111 personas dependen de la diálisis, siendo 200 de ellas niños, la mayoría de los cuales reciben diálisis peritoneal. A nivel nacional, la cifra asciende a 30.201 personas. Ante este panorama, además, solicitan ser considerados como electrodependientes y buscan urgente el diálogo con las autoridades competentes para hallar soluciones a la crisis.

Es esencial destacar que el 90% de los pacientes dializados pertenecen a sectores vulnerables, siendo la mayoría de ellos jóvenes. De los 494 niños y jóvenes de 0 a 19 años que requieren diálisis en todo el país, 134 son menores de 10 años, de los cuales 28 se encuentran en la provincia de Santa Fe, siendo 10 de ellos menores de 10 años.

La provincia de Santa Fe ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cantidad de pacientes en diálisis y el cuarto lugar, considerando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante esta crítica situación, los Centros de Trasplantes y Diálisis hacen un llamado a la sensibilidad y acción inmediata de las autoridades para garantizar el acceso ininterrumpido a la diálisis, una herramienta vital que permite a miles de personas mantener su calidad de vida.

La diputada provincial de Encuentro Republicano Federal, Betina Florito, insistió con un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de los pacientes judiciales de la Colonia Psiquiátrica “Dr. Abelardo Freyre” ubicada en Oliveros, localidad del departamento Iriondo, en el sur de la provincia de Santa Fe. “El Servicio Penitenciario no ha atendido las graves irregularidades que denunciamos el año pasado. En un lugar adonde debemos brindar salud hay pacientes internados que tienen problemas con la ley Penal y que no tienen criterio clínico de internación”, se quejó la dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe. 

El año pasado, a través de otro pedido de información presentado, Florito denunció graves situaciones que aún no han sido aclaradas. Como por ejemplo un paciente que murió quemado y situaciones de abusos. “Hay que separar a los internos que tienen conflictos con la ley Penal. Es grave mezclar a personas con problemas psiquiátricos, que están allí para recuperarse y que están conviviendo con personas que están a disposición de la Justicia porque han cometido un delito y que no tienen criterio de internación”, aseveró. 

La representante en Santa Fe de Miguel Pichetto mencionó que desde julio pasado los trabajadores del hospital están en asamblea permanente. En la semana fueron recibidos por autoridades del Tercer Nivel de Salud quienes solicitaron presentación por escrito para elevar las demandas a los ministerios de Salud y de Seguridad, respectivamente. "Si el Gobierno hubiera respondido a mi pedido del año pasado tal vez otra sería la realidad del hospital", cuestionó Florito. 

De acuerdo a los informes de los trabajadores, hay una sala que tiene 18 personas internadas de las cuales 15 tienen problemas con la Justicia Penal. De esas 15, 12 no tienen criterio de internación. En general, hay alrededor de 125 pacientes que están alojados y conviven con 35 que tienen problemas con la ley Penal. De esos 36, 26 no tienen criterio clínico de internación. "Es decir que esas personas están ocupando un lugar, una cama que no deberían estar ocupando", explicó la legisladora. 

Oportunamente los trabajadores ya elevaron una nota a la dirección de la Institución para solicitar al Ministerio de Salud la declaración de emergencia del hospital. "Al menos lo que los trabajadores pretenden es tener una herramienta para que se frene el ingreso de los internos judiciales y además que los informes que elaboran los equipos de profesionales del hospital (psicólogos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales, enfermería) sean vinculantes a la causa para que pronto esa persona, que no tiene que estar en el hospital, pase a disposición de la Justicia para que ellos determinen si va a la cárcel o a las comisarías de las que provienen", explicó Florito. 

Por último señaló que los problemas no terminan allí. Si no que también hay reclamos salariales con unos 100 reemplazantes de emergencia que no están cobrando sus haberes o tienen retrasos de 3 o 4 meses y por la consideración de los abogados en salud mental como profesionales ya que están en el agrupamiento de Servicios Generales. Y lo propio ocurre con los Talleristas y Perimetrales, concluyó la legisladora provincial.

En la mañana de este jueves, padres y madres de alumnos que asisten a la Escuela N º 893 «Mariano Moreno» de Reconquista se manifestaron en las puertas de la institución educativa a raíz de un hecho de abuso sexual del que habría sido víctima un alumno menor de edad que asiste al último grado de la primaria.

Con carteles que tenían leyendas del tipo «justicia por los niños», entregaron una nota a los directivos escolares en la que manifestaron «nuestra decisión de no enviar a nuestros hijos e hijas a la escuela a partir de la fecha y hasta que continúen asistiendo los niños acusados de ser los partícipes de una violación a otro niño de dicha institución».

Más adelante, pusieron en evidencia que «esta situación facultada por dichas autoridades directivas poniendo en riesgo la integridad de los demás niños que asisten regularmente, lo cual tomamos como un acto inadecuado como docentes y directivos hacia los demás estudiantes».

«Como si nada»

La decisión de no enviar sus hijos a clase fue tomada luego de que «nos enteramos de los hechos y que los alumnos acusados siguen ‘como si nada pasara’, provocando una situación peligrosa y quizás irresponsable para los demás niños», consignaron.

En ese sentido, insistieron en la misiva con que «las autoridades y supervision de la escuela ‘ocultaron todo’, como siempre lo hacen, diciendo que en la escuela solo se acata lo que los directivos dicen», y solicitaron «medidas inmediatas» que protejan a los niños y niñas. «Estos niños no tienen que estar más en la escuela», aseveraron, en referencia a los denuniciados agresores.

La denuncia salió a la luz la semana pasada. Fue cuando trascendió que un alumno menor de edad contó a sus padres haber sido víctima de abuso sexual por parte de tres estudiantes del nivel secundario de 16 años. En ese momento, las representantes de la Region II de Educación, Jorgelina Vogel y Mariana Aguilar, indicaron que hubo una reunión con los padres de los alumnos involucrados, a raíz de lo cual se tomarán otras medidas para la vuelta a clases, después del receso invernal. Las funcionarias afirmaron que debían garantizar la educación de los chicos, por lo que las medidas tomadas hasta el momento fueron consensuadas entre los padres de ambas partes.

La Secretaría de Políticas Educativas de la CGT y el Consejo Directivo de la Unión Docentes Argentinos se expresó “con enorme preocupación por la afectación grave de nervios sensibles de la vida democrática y repudia cada uno de los hechos de violencia perpetrados contra las ciudadanas y los ciudadanos”.

“Es decisión de nuestra representación en la CGT y del Consejo Directivo de la Unión Docentes Argentinos apoyar todas las legítimas medidas colectivas que realicen los trabajadores y las trabajadoras en defensa de derechos inalienables, sindicales y salariales” dijo con vehemencia Sergio Romero.

“Como educadores para la paz y el bien común repudiamos la grave situación de violencia que atraviesa la Provincia de Jujuy”, dijo el dirigente.

Este jueves no habrá clases: Docentes de Santa Fe se pliegan al paro nacional

Por otro lado, indicó que “nos solidarizamos y apoyamos cada reclamo docente a lo largo y ancho del país”.

“En los últimos tiempos hemos asistido a situaciones muy delicadas que esmerilan seriamente la paz social vinculadas a la educación y al mundo del trabajo” y recordó “las balaceras contra las escuelas de Rosario y un importante número de eventos y circunstancias violentas que alcanzaron a integrantes de la comunidad educativa”.

“Resulta agraviante y dramático para nuestro sector los salarios que exhibe por debajo de la línea de pobreza la provincia de Jujuy” y “desde el Consejo Directivo Nacional apoyamos el paro por 48 horas que realizará la Seccional Jujuy en esa provincia”, expresó el dirigente.

“Educamos para la paz y el bien común, llamamos a la concordia y pedimos a quiénes tienen un grado de responsabilidad política que articulen los medios para la solución de los conflictos”, finalizó.

El senador provincial Lisandro Enrico continúa impulsando reclamos ante el gobierno provincial para que se realicen obras hídricas a tiempo en distintas localidades del departamento General López, de acuerdo a que especialistas en meteorología vaticinan que por las características y estado del océano Pacífico nuestra zona tras ser maltratada por la sequía ahora podría padecer otro fenómeno para el segundo semestre del año: el “niño”, con registros pluviales altos.

En este sentido, las solicitudes del senador (desde el 2021 viene pidiendo por obras hídricas) se basan en la ejecución inmediata de una serie de proyectos hídricos que ya están presentados y aprobados, incluso algunos en marcha. Para muchas localidades del sur santafesino es clave que se activen los trabajos antes que lleguen los meses lluviosos del año que se pronostican.

Senador Lisandro Enrico.

A modo de repaso de distintas obras hídricas en el Departamento General López, el senador Enrico informó: “Entre las obras en ejecución con ritmo lento se pueden mencionar el Puente Girard y Defensa Barrio Progreso en Teodelina, la alcantarilla y obras de “Agataura” sobre Ruta Nacional 8 en Venado Tuerto, y el corrimiento de defensa sobre Ruta 90 en Melincué. Las tres ya hace tiempo deberían acabarse, por eso pedimos mayor celeridad en estos meses relativamente con bajos registros de lluvia”.

“Sin embargo -continuó-, hay una serie de obras hídricas que la gestión de Omar Perotti ha descuidado y deben dar un paso cuánto antes. Nos referimos a las obras que tienen el proyecto finalizado para ser ejecutadas, pero aún no fueron licitadas, como la Defensa en Laguna Sancti Spíritu y los Canales Perimetrales de Rufino. Mientras que también hay una nómina de obras que ni siquiera tienen el proyecto técnico finalizado, y están prácticamente desactivadas por Provincia, como el fortalecimiento de canal Ricordi de Murphy, el saneamiento urbano de San Francisco, y la segunda etapa de desagües urbanos y canal norte en Firmat”, informó con cierta preocupación el legislador.

Por último, Lisandro Enrico señaló que con muchos presidentes comunales hace como mínimo desde el 2021 que se vienen pidiendo estas obras ante el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia.

“Lamentablemente se desaprovecharon meses secos donde las máquinas podrían haber efectuado los trabajos sin inconvenientes, pero por la lentitud de la administración pública de este gobierno santafesino y la falta de voluntad política de las autoridades para dar prioridad a estas obras, ahora estamos a contrarreloj si se aproxima el fenómeno de lluvias como algunos especialistas pronostican. Por eso le pedimos al Gobierno de Santa Fe que se focalice en dar ritmo a las defensas y trabajos hídricos que necesitan las localidades antes de que sea tarde”, concluyó Enrico.

Este lunes, sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón presentarán un petitorio a las autoridades de los tres poderes del Estado nacional.

Su objetivo es solicitar la reglamentación de la ley de expropiación que permitiría preservar el inmueble donde ocurrió la tragedia el 30 de diciembre de 2004.

El Senado argentino convirtió en ley la expropiación de Cromañón

En un comunicado, los convocantes declararon: “Esta acción tendrá lugar el lunes 12 del corriente en los correspondientes edificios públicos. Los convocamos a las 13 en Casa Rosada para que nos acompañen a presentar el petitorio”.

Además, enfatizaron que la reglamentación de la ley es crucial para preservar el lugar y su importancia histórica, sin que se vea afectada por la incertidumbre del calendario electoral.

Los convocantes expresaron su preocupación por la posible modificación o reforma del inmueble por parte del titular de la empresa offshore propietaria del lugar, Rafael Levy. Por lo tanto, solicitaron a todos los actores involucrados que cumplan con la expropiación dispuesta por ley.

El comunicado fue firmado por diversas organizaciones como la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, No me Olvides, Movimiento Cromañón, Ni Olvido ni Perdón, No nos cuentes Cromañón, Organización 30 de diciembre, Que no se repita, Sin derechos no hay Justicia y Plaza de la Memoria los Pibes de Cromañón Presentes.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón luchan por crear un espacio de memoria

El 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda Callejeros en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, una bengala encendida prendió fuego al techo del lugar, hecho de material inflamable.

El incendio, que ocurrió con el local superando su capacidad permitida, y la salida de emergencia bloqueada, resultó en la muerte de 194 personas y dejó heridas a 1.500.

En 2009, la Justicia condenó a varios responsables, incluyendo al gerenciador del local Omar Chabán, al manager de la banda Diego Argañaraz, al subcomisario Carlos Díaz, al coordinador general del boliche Raúl Villarreal, y a las funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández.

En 2011, Casación redujo las calificaciones de incendio doloso a culposo y atribuyó la misma figura a los integrantes de Callejeros. También se calificó el caso como omisión de los deberes de funcionario público en lugar de incumplimiento.

El 27 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la ley nacional 27.695, que permite la expropiación del local de Cromañón para establecer un sitio de memoria.

El senador provincial Lisandro Enrico continúa impulsando reclamos ante el Gobierno Provincial para que se

Senador provincial Lisandro Enrico. Foto: Gentileza

realicen obras hídricas a tiempo en distintas localidades del departamento General López, de acuerdo a que especialistas en meteorología vaticinan que por las características y estado del océano Pacífico nuestra zona tras ser maltratada por la sequía ahora podría padecer otro fenómeno para el segundo semestre del año: el “niño”, con registros pluviales altos.

En este sentido, las solicitudes del senador (desde el 2021 viene pidiendo por obras hídricas) se basan en la ejecución inmediata de una serie de proyectos hídricos que ya están presentados y aprobados, incluso algunos en marcha. Para muchas localidades del sur santafesino es clave que se activen los trabajos antes que lleguen los meses lluviosos del año que se pronostican.

Luego de insistentes gestiones, Enrico informó el inicio de obras hídricas de protección para Teodelina

A modo de repaso de distintas obras hídricas en el Departamento General López, el senador Enrico informó:

“Entre las obras en ejecución con ritmo lento se pueden mencionar el Puente Girard y Defensa Barrio Progreso en Teodelina, la alcantarilla y obras de “Agataura” sobre Ruta Nacional 8 en Venado Tuerto, y el corrimiento de defensa sobre Ruta 90 en Melincué. Las tres ya hace tiempo deberían acabarse, por eso pedimos mayor celeridad en estos meses relativamente con bajos registros de lluvia”.

“Sin embargo, hay una serie de obras hídricas que la gestión de Omar Perotti ha descuidado y deben dar un paso cuánto antes. Nos referimos a las obras que tienen el proyecto finalizado para ser ejecutadas, pero aún no fueron licitadas, como la Defensa en Laguna Sancti Spíritu y los Canales Perimetrales de Rufino. Mientras que también hay una nómina de obras que ni siquiera tienen el proyecto técnico finalizado, y están prácticamente desactivadas por Provincia, como el fortalecimiento de canal Ricordi de Murphy, el saneamiento urbano de San Francisco, y la segunda etapa de desagües urbanos y canal norte en Firmat”, informó con cierta preocupación el legislador.

Melincué: con diseño innovador comenzó el corrimiento de la defensa sobre ruta 90 

Por último, Lisandro Enrico señaló que con muchos presidentes comunales hace como mínimo desde el 2021 que se vienen pidiendo estas obras ante el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia. “Lamentablemente se desaprovecharon meses secos donde las máquinas podrían haber efectuado los trabajos sin inconvenientes, pero por la lentitud de la administración pública de este gobierno santafesino y la falta de voluntad política de las autoridades para dar prioridad a estas obras, ahora estamos a contrarreloj si se aproxima el fenómeno de lluvias como algunos especialistas pronostican. Por eso le pedimos al Gobierno de Santa Fe que se focalice en dar ritmo a las defensas y trabajos hídricos que necesitan las localidades antes de que sea tarde”, concluyó Enrico.

Los municipales de Rufino siguen con la medida de fuerza que lleva 22 días y las soluciones cada vez se alejan más. Allí, en medio del reclamo por el descuento de los días de paro provincial realizados los días 27 y 28 de abril, ya hubo dos audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde no se logró resolver el conflicto, y este lunes 29 habrá un nuevo encuentro entre trabajadores y Ejecutivo para destrabar la situación, aunque no hay mayor optimismo.

Suba del 400%: intendentes y trabajadores municipales lograron un acuerdo por las asignaciones familiares 

En ese contexto, después de semanas de declaraciones cruzadas entre las partes, la delegada de los municipales rufinenses, María José Barrios, aseguró: “Sabemos que el intendente de Rufino (Natalio Lattanzi) no tiene ganas de solucionar este conflicto”. Y añadió: “Sigue necio en la actitud de recolectar los residuos por su cuenta, no de la manera que tendría que hacerlo el Municipio, y alterando todas las posibilidades de diálogo, haciendo publicaciones que incentivan la violencia por parte de los ciudadanos y llevan a la confrontación con los trabajadores; no hay una demostración de querer solucionar nada”.

Además, Barrios aseguró que “el conflicto es usado políticamente, porque en 22 días de paro podría haber más de una posibilidad de solucionarlo. Hubo mediadores, personas que intercedieron, varios interlocutores, y sin embargo no arribamos a ninguna solución”.

Rufino: sin acuerdo en la conciliación, se profundiza el conflicto entre municipales y Ejecutivo 

“Vemos claramente que no depende de nosotros -analizó Barrios-, que hasta hemos puesto la maquinaria a disposición para salir a recolectar residuos y hacer actividades de emergencia, como llevar agua potable a vecinos que no tienen acceso, pero no podemos hacer eso porque no contamos con las llaves de los vehículos que cuidamos mientras hacemos las guardias, así que estamos en una situación de testarudez muy grande, con consecuencias que van a ser muy difíciles de remediar para volver a tener un diálogo que atienda las situaciones emergentes que existen en cualquier municipalidad”, informó.

Por último, la secretaria general de los trabajadores rufinenses se refirió al nuevo encuentro previsto para este lunes, destacando que “le ponemos poca expectativa. Tampoco se pudo hacer que los intendentes firmaran algo en el acta paritaria, porque claramente ninguno había hecho descuentos, los únicos fueron Rufino y Las Rosas, este último agravado por un conflicto anterior. Muchísimo tiempo de paro, en el medio, elecciones, y los trabajadores firmes luchando por un descuento que se les hizo por dos días de paro y hoy terminamos en una huelga local de 22 días, en síntesis, un contexto muy complicado”.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa comenzó este domingo a las 20 un paro total en el complejo Vaca Muerta luego de que un operario perdiera un brazo en un accidente laboral.

Desde el gremio denunciaron la situación y aseguraron que “se acabó la paciencia” y que “empieza la acción”. Además, se mostraron “cansados de los accidentes trágicos que cuestan vidas o dejan trabajadores mutilados”.

“Ante la ausencia de respuestas de parte de las empresas y del Gobierno Nacional para poner fin a esta situación, decidimos poner en marcha un plan de lucha definido el jueves pasado”, comunicaron sobre la medida que tiene tiempo indeterminado.

“Estamos hartos de ver como las discusiones sin sentido se prolongan el tiempo con el solo fin de dilatar la toma de medidas. Es alarmante el desprecio de los empresarios por la vida y la integridad de las personas. La displicencia miserable de quienes tienen poder de decisión cuesta o destroza vidas de trabajadores y eso es inadmisible”, resaltaron.

Por otro lado, indicaron que piden “medidas urgentes” y que el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo estén presentes para que dejen de “tomar decisiones de escritorio y conozcan el territorio”.

También denunciaron la inexistencia de “un plan de capacitación o prevención de accidentes de parte de las ART, que son controladas por la SRT y por el Ministerio de Trabajo”.

“Los trabajadores son un legajo que aporta dinero y solo sirven para batir récords de producción, mientras nosotros batimos récords de muertes”, cerraron.

No es la primera vez que el sindicato expresa su descontento al respecto. En el cierre de abril hicieron lo propio tras la muerte de un petrolero en un choque de camiones.

Entonces, realizaron críticas por el mal estado de los caminos aledaños a Vaca Muerta y cortaron las rutas 1, 5, 6, 7, 8, 17, 51, 57, 151 y Autovía Norte, en Río Negro, La Pampa y Neuquén.

El paro total en Vaca Muerta se realizó luego que Gustavo Riquelme, de 48 años, perdiera un brazo a fines de abril por un accidente laboral.

El delegado regional del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Pedro Bustos, aseguró que en los próximos días se abonará parte adeudado a los trabajadores del Hospital “Gutiérrez” de Venado Tuerto. Si bien el pago de los servicios prestados en diciembre del 2022 y enero del corriente estaban previstos para los primeros días de junio, se está a la espera de la aprobación de un fondo extraordinario para acelerar ese proceso y saldar los compromisos con los más de 40 trabajadores que están en esta situación.

“Los reemplazos que se realizan en el área de Salud, se van poniendo en módulos y se van abonando con un retraso de tres o cuatro meses de promedio, aunque en esta oportunidad esa demora fue mayor al período que normalmente maneja la provincia”, manifestó Bustos, adelantando que, luego de gestiones realizadas, se consiguió que los primeros días del mes de junio se paguen 10 o 12 módulos y “se está evaluando la posibilidad de tener una partida extraordinaria o excepcional para ir cumpliendo con los saldos de todos los trabajadores de la provincia, en especial de los que están más demorados”.

Protesta de trabajadores del Hospital “Gutiérrez” por demoras en los pagos

Según precisó el funcionario, esta no es una realidad sólo de Venado Tuerto, sino que afecta a los diferentes efectores santafesinos. “Siempre reconocimos esta falencia y que hay una dinámica de atraso que es histórico, es más yo hace más de 30 años, cuando inicié mis funciones como profesional en el ámbito público, empecé a cobrar a los 8 o 9 meses. En estos tiempos, el contexto, es decir la inflación y los salarios que no alcanzan, agrava más la situación”, explicó el médico pediatra.

Bustos también remarcó que la “presión” que se generó desde el Hospital Gutiérrez, ayudo a visibilizar un problema generalizado en todo el territorio provincial e impulsó la necesidad de dar una respuesta lo más rápido posible.

Pedido de intervención urgente al gobernador Perotti ante la delicada situación de los trabajadores del Hospital Gutiérrez

El delegado regional afirmó que en esta oportunidad la demora fue “más extensa” de los habitual, llevando a que se adeuden servicios prestados en el mes de diciembre del año pasado, es decir casi cinco meses. “No sabemos por qué se dio de este modo, lo más probable es que esté vinculado al manejo de los recursos por parte de la cartera de Economía”, exclamó.

Para Bustos en este contexto inflacionario “hay que buscar un mecanismo diferentes de pago”, que permita acortar los tiempos y que el personal que realiza los reemplazos no pierdan tanto. “Hay que evaluar las normativas para poder adaptarlas a estos tiempos”, afirmó.

Fotos de las viandas tomadas por los propios trabajadores.

Otro de los reclamos que surgieron desde el Hospital “Gutiérrez”, está vinculado a las condiciones de las viandas para el personal, donde se encontraron con alimentos en mal estado, crudos, con pelos y hasta con un gusano. “Es lamentable lo que sucedió y no es la primera vez que se recibe comida en estas condiciones. La proveedora es una empresa que ganó la licitación y descaradamente hace esto, con una mala producción de los alimentos”, señaló Bustos. Y añadió: “Ni bien se tomó conocimiento de esto, se decidió, entre los directivos y el consejo de administración, labrar un acta y solicitar al Ministerio de Salud que se diera la baja a la empresa y prohibirle que se vuelva a presentar a una licitación”.

Por último informó que, desde el Hospital, se hizo un convenio con otra empresa para la preparación de las viandas a través de una contratación directa.