El presidente Javier Milei emitió un duro comunicado luego del rechazo del DNU en el Senado y apuntó nuevamente contra “la clase política” y consideró que esa situación es "como un intento de socavar el Pacto de Mayo".

"Que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar", apuntó el mandatario. Asimismo, remarcó que el voto en el Senado pone en riesgo la convocatoria al Pacto de Mayo que realizó durante la Asamblea Legislativa.

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"Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos", precisó el comunicado de la cuenta oficial Oficina del jefe de Estado.

Y añadió: "El día primero de marzo de 2024, el Presidente de la Nación extendió una invitación, en un acontecimiento histórico sin precedentes, a todos los integrantes de la dirigencia política, sin distinción partidaria, para firmar el Pacto de Mayo".

Además, remarcó que "este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer diez políticas de Estado que permitan edificar un nuevo orden económico, rescatando a Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial".

"Este acuerdo, largamente demandado por la clase política durante décadas pero que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional", señaló.

Y advirtió: "Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción".

Milei cerró el comunicado con críticas a la oposición al señalar: "Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos".

"En su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar", precisó.

El proyecto de nueva Constitución sometido a plebiscito este domingo en Chile era rechazado por la mayoría de los ciudadanos cuando el escrutinio oficial ya había computado los resultados de más de la mitad de las mesas.

El rechazo al texto reunía 55,16% de los votos válidos contra 44,84% de aprobación cuando se había cumplido el conteo de 54,20% de las 39.728 mesas totales, informó el Servicio Electoral (Servel) en su sitio web.

Los chilenos votaron para decidir si aprobaban o rechazaban un proyecto de nueva Constitución escrito en su mayoría por partidos de derecha para que reemplazara a la elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

La tendencia fue reconocida sin demora por Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de orientación pinochetista y uno de los principales responsables de la redacción del proyecto consultado.

El resultado del plebiscito "es una muestra de un cansancio constitucional que tiene el país, y la responsabilidad que tenemos como partido es ser consecuentes con la ciudadanía", dijo.

"Este tema queda cerrado; los chilenos están hastiados y lo que ha ocurrido hoy es la mejor demostración y el reflejo; nosotros damos por cerrado este tema", agregó Macaya.

El presidente Gabriel Boric, que impulsaba una iniciativa más progresista de carta magna que fue rechazado en otro plebiscito en 2022, dijo al votar que valoraba el carácter democrático de la consulta cualquiera fuera su resultado.

"Nuestro gobierno seguirá trabajando con las prioridades de la gente, independientemente de lo que suceda hoy", dijo el mandatario en su centro de votación en Santiago y agregó que la consulta "fortalece la democracia más allá del resultado".

Las mesas de votación cerraron a las 18 (misma hora en la Argentina) y comenzó entonces el conteo de los votos "a viva voz", como es tradición en el país, donde las autoridades de las mesas computan los sufragios uno a uno frente al público y los medios de comunicación.

Más de 15 millones de personas estuvieron habilitadas para sufragar en 3.000 centros de votación en Chile y otras 120.000 en el exterior.

Debido a la obligatoriedad de la votación, se percibieron largas filas en las comisarias para excusarse por estar a más de 200 kilómetros del lugar de sufragio.

Según datos de Carabineros, más de 300.000 personas realizaron la solicitud de manera online, de las cuales más de 200.000 fueron validadas en las comisarías de manera presencial.

El número de solicitudes fue más del doble comparado con el primer proceso constitucional, en el que fueron cerca de 103.000 las excusas registradas.

Otras figuras políticas se acercaron a votar en sus respectivas mesas, incluyendo los expresidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, así como el líder de ultraderecha José Antonio Kast.

Bachelet, que se manifestó "en contra" del borrador de nueva Constitución, afirmó que prefería "algo malo que algo pésimo".

Lagos, que también es de centroizquierda y se opone al nuevo texto, dijo que esperaba "que se cierre la discusión constitucional con un resultado claro" y que Chile salga de la votación "más fuerte, más integrado".

El conservador Piñera, que está a favor, dijo al votar que Chile necesitaba "estabilidad y unidad". "Yo estoy seguro de que una de las dos opciones, y ustedes saben cuál es, cierra mejor el proceso y nos da mejores herramientas y oportunidades para empezar a derrotar a la delincuencia y la violencia que están desatadas en nuestro país", agregó.

Kast, líder del Partido Republicano, responsable de la mayor parte de la redacción del texto, dijo tras votar que esperaba que "sean muchas las personas que emitan su sufragio y que prime la paz, la cordura, la libertad y que gane el sentido común".

Chile se rige por la Constitución de 1980, que tuvo una importante reforma en 2005 durante el gobierno de Lagos pero que fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019.

Eso derivó en un primer proceso constitucional, redactado en su mayoría por convencionales de izquierda e independientes, que finalmente fue rechazado por 61% de los chilenos en un plebiscito el 4 de septiembre de 2022.

Aquella votación constituyó un gran revés para Boric, uno de los principales impulsores de la fallida reforma.

El presidente de izquierda, en el poder desde marzo de 2022, no expresó su intención de voto sobre el nuevo borrador de Constitución, lo que le valió críticas de la oposición.

La vocera del gobierno, Camila Vallejo, llamó a no "confundir" a la ciudadanía y rechazó que la elección sea una evaluación del gobierno, sino que se vota por aprobar o rechazar este nuevo texto constitucional.

El borrador de carta magna rechazado este domingo contenía 182 páginas, 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias que se redactaron en cinco meses de trabajo.

El texto no estuvo exento de polémica. Los sectores progresistas del país opinaron que significaba un "retroceso" en materia de derechos, principalmente por el riesgo que habría corrido la ley de aborto en tres causales, mientras la derecha lo definió como la "Constitución de la seguridad".

El borrador constitucional contemplaba un retiro del pago de contribuciones a la primera vivienda, la libertad de elección de salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.

La libre elección en materia de salud habría podido dar rango constitucional a las prestaciones de salud privada de Chile, algo muy criticado por el oficialismo debido a los altos costos del sistema.

Además, el texto consultado proponía reducir la cantidad de diputados de 155 a 138 y establecer que los partidos políticos necesitaran superar un umbral de 5% de los votos para poder entrar en el Congreso.

El gobierno había anticipado que si la iniciativa sometida a referendo era rechazada, no apoyará un tercer intento de sancionar una nueva carta magna.

Con eso coincidió esta noche el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona: "En este período político no hay ni una posibilidad de iniciar un tercer proceso constitucional", sostuvo.

El gobierno de Argentina rechazó este miércoles “de manera categórica” la reciente realización de maniobras militares en las islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833, y afirmó que constituyen un “apartamiento” de las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) que instan a reanudar las negociaciones por la soberanía, suspendidas arbitrariamente por los británicos en 1982, luego del conflicto bélico en el Atlántico sur.

En paralelo, el Ejecutivo advirtió que esos ejercicios militares violan una resolución de la ONU que indica que la región del Atlántico sur es una “zona de paz y cooperación” internacional.

A través de un comunicado, titulado “El gobierno argentino reiteró su enérgico rechazo a los ejercicios militares llevados a cabo en las Islas Malvinas”, la administración encabezada por el presidente Alberto Fernández expresó que la Argentina “rechaza una vez más, de manera categórica, la realización de maniobras militares en las Islas Malvinas”, concretadas a fines de julio y divulgadas por medios internacionales.

El informe oficial apunta a que “en esta oportunidad se trató de una nueva edición de los ejercicios militares denominados ‘Cape Bayonet’, que reúne a las distintas fuerzas británicas que forman parte del despliegue de ocupación ilegal que el Reino Unido realiza en las Islas Malvinas”.

Para el Gobierno, estos “ejercicios constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas”.

En ese sentido, se señala que “la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado”.

“Al respecto -dice el comunicado- el canciller Cafiero ha señalado que la presencia militar británica en las islas se contrapone manifiestamente a la permanente voluntad de la República Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinente de las Naciones Unidas”.

El texto pone de relieve que el jefe del Palacio San Martín “ha remarcado que la alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no sólo es totalmente injustificada sino también representa una amenaza para toda la zona”.

Por eso, el comunicado oficial subraya que el gobierno argentino “reafirma una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina, los que, estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX) y posteriores de la Asamblea General así como de otras organizaciones y foros internacionales”.

“Asimismo, de conformidad con las resoluciones mencionadas, el Gobierno argentino reitera que se trata de una controversia de soberanía que debe ser resuelta de manera bilateral entre ambos países, y reafirma su disposición a reanudar las negociaciones”, concluye.

Las Malvinas fueron usurpadas por los británicos en 1833 y, pese a que la ONU en 1965 estableció que hay una disputa de soberanía entre ambos países y que se debe negociar una solución pacífica, el Reino Unido accedió a concretar reuniones oficiales en esa dirección solo entre 1966 y 1982.

Pero luego de la guerra del Atlántico sur, congelaron las reuniones bilaterales desoyendo la resolución 37/9 de las Naciones Unidas que indicaron que el conflicto no modificaba la naturaleza de la controversia, es decir que se mantenía el pedido de diálogo binacional entre Argentina y el Reino Unido.

Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, y sus aliados en el gobierno más derechista de la historia de Israel, son los impulsores de la reforma que, según críticos, “atenta contra el Estado de derecho”.

La reforma prevista por el primer ministro Benjamin Netanyahu ha generado amplio rechazo nacional e internacional. Decenas de miles de israelíes se manifestaron este 27 de marzo frente al Parlamento israelí, mientras los trabajadores lanzaron una huelga nacional este lunes en una en una dramática escalada del movimiento de protesta masiva destinada a detener el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para reformar el poder judicial.

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El caos paralizó gran parte del paísy amenazó con paralizar la economía. Los vuelos procedentes del principal aeropuerto internacional sufrieron retrasos, grandes cadenas de centros comerciales y universidades cerraron sus puertas, y el mayor sindicato de Israel llamó a sus 800.000 afiliados a dejar de trabajar en la sanidad, el transporte, la banca y otros sectores.

Los diplomáticos abandonaron sus puestos de trabajo en las misiones extranjeras, y se esperaba que los gobiernos locales cerraran los centros preescolares y las escuelas. Así como también se esperaba que los gobiernos locales cerraran centros preescolares y recortaran otros servicios. El principal sindicato de médicos anunció que sus afiliados también irían a la huelga.

La creciente resistencia al plan de Netanyahu se produjo horas después de que decenas de miles de personas salieran a las calles para protestar contra el plan. Miles de personas salieran a las calles de todo el país en una espontánea manifestación de ira tras la decisión del primer ministro de despedir a su ministro de Defensa después de que éste pidiera frenar la revisión de la ley.

Al grito de “el país está en llamas”, algunos manifestantes encendieron hogueras en la principal autopista de Tel Aviv, cerrando la vía principal autopista de Tel Aviv, cerrando la vía y muchas otras en todo el país durante horas.

Los manifestantes volvieron a concentrarse el lunes ante la Knesset, o Parlamento, convirtiendo las calles que rodean el edificio y el Tribunal Supremo en un mar de banderas israelíes azules y blancas salpicadas de pancartas del Orgullo Arco Iris. Grandes manifestaciones en Tel Aviv, Haifa y otras ciudades atrajeron a miles de personas más.

“Esta es la última oportunidad de detener este avance hacia una dictadura”, dijo Matityahu Sperber, de 68 años, que se unió a un grupo de personas que se dirigían a la protesta frente a la Knesset.

No estaba claro cómo respondería Netanyahu a la creciente presión. Algunos miembros de su partido, el Likud, dijeron que apoyarían al primer ministro si hacía caso a las peticiones de detener la reforma. El plan impulsado por Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, y sus aliados en el gobierno más derechista de la historia de Israel.

Israel en una de sus peores crisis internas. Ha desencadenado que han galvanizado a casi todos los sectores de la sociedad, incluido el ejército, donde los reservistas públicamente que no servirán a un país que vira hacia la hacia la autocracia.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Luis Pagnoni, el Centro Comercial e Industrial De Venado Tuerto sentó su postura sobre el Proyecto de Consenso Fiscal que obtuvo media sanción en el Senado nacional y este miércoles avanzó en Diputados, con apoyo del Frente de Todos. Al respecto de esta norma explican que les genera una “tremenda desconfianza”.

“Estamos expectantes de lo que puede surgir del mismo, sabiendo que puede tener importante influencia en el sector privado, castigando la mayoría de las veces al que trabaja”, agregaron desde la entidad que nuclea a comerciantes locales, uno de los sectores que se vería afectado.

“Hacemos saber que rechazamos todas las decisiones que puedan seguir incrementando la enorme presión tributaria que ya existe en nuestro país, esperando que se revea la legislación que tenga como única finalidad generar recursos, sin pensar en el detrimento económico que están provocando”, mencionaron.

“Un ejemplo claro es el Impuesto a los Ingresos Brutos que se ha transformado en distorsivo y confiscatorio en los distintos sistemas que aplican las Provincias. Estimamos que herramientas como éstas, en manos de los Gobernadores de Provincia, puede ser aún más contraproducentes para el país, esperando que en el momento de legislar sean iluminados y piensen en el pueblo argentino que no se merece lo que está viviendo”, cerraron desde el CceIVT.

Este miércoles se conocía que a través el oficialismo, el Consenso Fiscal obtuvo dictamen a favor. Este proyecto fue firmado entre el Gobierno nacional y 21 provincias, y el será debatido en el recinto de la Cámara de Diputados. El PRO emitió un dictamen de rechazo.

Con 24 votos, el oficialismo logró un dictamen de mayoría para aprobar el proyecto que tiene como objetivo, según se informó oficialmente, “buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país”.

Entre otros puntos, el Consenso Fiscal habilita a las provincias a crear nuevos impuestos y subir las alícuotas de algunos ya existentes, como Ingresos Brutos y Sellos. También estipula que solo podrán tomar deuda en dólares con líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, establece que el gasto puede aumentar en relación al crecimiento del producto bruto interno y obliga a los distritos a desistir de cualquier juicio contra el Estado Nacional.

Gustavo Capeletti

Un duro revés le asestó este martes el juez civil de Reconquista, Fabián Lorenzini, a la concursada Vicentin SAIC al rechazar la propuesta de pago a acreedores presentada el pasado 17 de noviembre. En un escrito de 12 carillas, el magistrado que entiende en el concurso preventivo privado más grande la historia de nuestro país requirió a la sociedad concursada, la reformulación de la propuesta de acuerdo preventivo presentada, debiendo por lo tanto ser “modificada y ajustada” de un “modo razonable”, previo a ponerla de manifiesto en el expediente. Asimismo, exhortó a la agroexportadora caída en default que “cumplimente en debida forma con el plan de reorganización empresaria”, conforme fuera establecido en la resolución de fecha del 24 de agosto de este año. En esa línea, dispuso también la reorganización de la Mesa Técnica, sin perjuicio de las pautas que pudieran proponerse por parte de los interventores dentro del plazo asignado para ello. El titular del Juzgado de Primera Instancia, Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista citó que el 11 de noviembre el contador Omar Scarel, presidente del directorio de la firma presentó un escrito nominado “mejora de propuesta de acuerdo preventivo”, en el que describió la propuesta concordataria. Y que, al día siguiente, acompañó otro escrito titulado “Plan de Negocios”, de 15 páginas conteniendo cuadros sinópticos en los que pretendió desarrollar un esquema productivo, de negocios, económico, financiero, laboral y estratégico para los próximos 14 años de la sociedad concursada. A esa altura, el juez Lorenzini expuso su convicción de que dicha propuesta concordataria debe ser “modificada y ajustada por la concursada de un modo razonable”, de tal forma que “satisfaga adecuadamente los intereses en juego y justifique el esfuerzo compartido de los acreedores, trabajadores y terceros involucrados en la búsqueda de una resolución al conflicto”. A ese convencimiento llegó – de acuerdo al fallo – luego de “haber reflexionado acerca de tales escritos (y de sus efectos jurídicos y económicos)”, y haber ponderado de los intereses en pugna, la necesidad de obrar en resguardo de los activos, de la viabilidad de la empresa, de la estabilidad de las fuentes y puestos de trabajo y considerando asimismo la responsabilidad empresaria subjetiva, especialmente por el eficiente uso del tiempo otorgado al prorrogarse el período de exclusividad.

Entre los motivos de por qué la propuesta concordataria presentada no será puesta de manifiesto para su consideración por los acreedores, argumentó que “deviene abusiva dado que no contempla plazos ciertos para su cumplimiento” y “pretende subordinar el plazo (pago inicial y los demás hitos temporales) a un esquema incierto” y sujeto a una condición previa cual es la homologación. Tampoco conformó al funcionario judicial la no explicitación de qué tipo de garantías habrían de suscribir los inversores/garantes estratégicos a los fines de su análisis y aprobación previa por parte de los órganos concursales, acreedores y del propio tribunal. El magistrado dedicó un párrafo especial para referirse a los activos no mencionados en la propuesta: las unidades de negocios y establecimientos fabriles situados en el norte de la provincia de Santa Fe. “No se menciona en ningún momento la suerte que habrán de correr los mismos. Tampoco se explicitó que efectos podría aparejar para las fuentes de trabajo que aquellos generan. Consideramos que, la propuesta no puede omitir este aspecto de la empresa, su valor funcional, posibilidades de aprovechamiento o reacondicionamiento e inserción en un eventual esquema de negocios a futuro dado que la protección del paraguas concursal conlleva necesariamente cargas y responsabilidades que no pueden dejarse afuera, so pretexto de mera dificultad económica”, fustigó.

En otro apartado, se refirió al hecho de que la propuesta no fija un valor nominal y dijo que en análisis realizados pudo establecerse que el valor real de la propuesta de pago se cifra en orden a “un 30% dado que, si bien se genera una mejora ostensible al trasladarse las deudas a moneda estable (dólar estadounidense) antes de la quita (estimada por el juzgado en base a los dichos de Vicentin), la espera de 15 años para el cobro total consume completamente dicha mejoría”. Lorenzini también centró sus críticas a que “surge que el pago propuesto a los acreedores proviene de la afectación de un porcentaje de las ganancias que la empresa en crisis generará, no evidenciándose ningún aporte extra por parte de los accionistas. El esfuerzo que la concursada pretende efectuar, se traduciría en percibir menos ganancias, mientras los acreedores deben sacrificar el 70% de sus acreencias. Esto resultaría prima facie violatorio de las pautas de la ley de sociedades”. Por último, puso en evidencia la falta de un plan de salida de la crisis y valoró, como dato positivo, que la Mesa Técnica conformada ha logrado la confluencia exitosa de acreedores de diversos segmentos, representantes de los trabajadores de la concursada, inversores y la propia concursada con sus patrocinantes y asesores.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”. 

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la Justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario. 

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia. 

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam. 

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios. 

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López. 

Hay inversión 

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados. 

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”. 

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”. 

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda. 

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”. 

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios. 

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”. 

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”. 

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”. 

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.