Por unanimidad y sobre tablas, la Cámara de Senadores aprobó una comunicación presentada por el bloque del Partido Justicialista que rechaza la decisión impulsada por la Casa Rosada para quitar a unos 4 millones de usuarios residenciales el subsidio por Zona Fría, una decisión que -de concretarse- afectará de modo directo a la ciudad de Rosario y otras localidades del sur del territorio provincial.

La posición de los senadores es que se debería “morigerar” el “impacto tarifario en relación a los consumos de qas natural de red para uso residencial, en hogares santafesinos alcanzados por las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nro. 27.637, que pudiesen disminuir o dejar sin efecto los beneficios del régimen especial de Zona Fría”.

Como se sabe, en el mapa de la bota solo el sur cuenta con esos beneficios que se sancionaron en 2021. El área servida con redes de distribución del centro norte, en cambio, no recibe ese subsidio cruzado que se integra con aportes del Estado y de la totalidad de los usuarios del sistema.

El esquema planteado por el gobierno nacional es que solo unas pocas regiones del país tengan gas más barato en invierno en los hogares. La Patagonia y unas pocas áreas cordilleranas: así, pierden el subsidio en esa iniciativa el sur de Santa Fe, esa zona de Córdoba y por ejemplo en la provincia de Mendoza solo Malargüe permanecería con ese beneficio.

Los descuentos por el subsidio por Zona Fría van del 30 al 50% del valor del metro cúbico de gas natural distribuido. Las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo Nacional avanzaron en la Cámara de Diputados de la Nación. Y por Santa Fe votaron favorablemente los diputados de La Libertad Avanza Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Alejandro Bongiovanni, y Valentina Raver. 

El texto aprobado en el Senado fue llevado sobre tablas por la minoría del PJ y se sumaron de inmediato firmas de los senadores de la mayoría radical. Al momento de tratarlo no hubo ninguna expresión por la negativa. Subraya que el “régimen tarifario vigente a la fecha, alcanza a unos 550.000 hogares ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe, lo que implica un estimación proyectada de 1.700.000 personas, que fueron incorporadas en una ampliación de la cobertura original propiciada en el año 2021”.

“El impacto final en el costo incremental del gas domiciliario para consumidores santafesinos desafectados del beneficio, se encontraría entre un 30% y un 40%, por lo que el impacto resultaría sustantivo, afectando la provisión accesible del servicio en vísperas de la temporada invernal”, destaca.

A sabiendas de que “el suministro y distribución de gas natural no es competencia de gestión directa del Gobierno. Provincial, sí lo es la preservación de los derechos y la promoción del acceso a servicios básicos para la calidad de vida elemental de los ciudadanos santafesinos”, interpretan los considerandos.

Y siguen: “Siendo así, en su calidad de gestor institucional del interés ciudadano ante el Gobierno Nacional y ante la afectación de derechos de familias santafesinas, en que resulta pertinente requerir su intervención directa”, frente al gobierno nacional. 

Sin barreras para perros lazarillos

Además, otra vez recibió media sanción de la Cámara alta un proyecto de ley que modifica una norma vigente, que garantiza que personas con discapacidades visuales tengan el derecho a seguir acompañadas por sus perros guías o lazarillos en los establecimientos comerciales o el transporte público.

El texto que presentó nuevamente Armando Taferri (PJ-San Lorenzo) modifica incisos de varios artículos para evitar las excusas de quienes rechazan a los ciegos con sus perros lazarillos. El propósito de la Ley 13.315 vigente desde 2012 es “reconocer y garantizar a toda persona que posea algún tipo de discapacidad visual o de otra índole que requiera la utilización de un perro de asistencia, el derecho a ser acompañada” por ese animal. Tanto para “acceder” como para “deambular y permanecer” en “cualquier lugar, establecimiento o transporte de uso o acceso público, con independencia de su titularidad pública o privada dentro del territorio de la Provincia”.

Básicamente, la media sanción del Senado busca corregir la redacción de la norma en aspectos formales de técnca legislativa respecto de, por ejemplo, que es “a los efectos de la presente ley” que se define a esos canes especialmente adiestrados, y lo mismo algunos incisos vigentes para perfeccionar  la norma.

El punto central es que la ley vigente en Santa Fe no fija las penalidades previstas por una norma nacional anterior contra la discriminación, la Ley 23.592 y sus modificatorias

Las primeras lecturas del proyecto de ley de Presupuesto 2025 del gobierno nacional ratifican el rumbo anunciado en enero pasado por la Secretaría de Energía de la Nación, que el ministerio de Economía ha retrasado con pragmatismo, según lo que le indicaba el índice inflacionario.

Habrá, según lo previsto, una quita de subsidios a los hogares de ingresos medios y bajos, que aún gozan de subsidios que cubren hasta el 57% de los costos reales en generación y transporte de los kilovatios (en gas natural 70%). A la diferencia la paga el Estado Nacional y las cuentas proyectadas para el año próximo hablan de una sensible disminución, ahora con registros de la inflación que parecen permitirla.

Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas dice que en agosto los usuarios residenciales N1 (altos ingresos) cubrieron con el pago de sus boletas el 86% de los costos de producir y transportar energía eléctrica; que los sectores medios o N3 lo hicieron en un 38%; y que los bajos o N2 en apenas un 24%. La Nación aspira a que solo familias parte de esas familias subsidiadas mantengan las ayudas, en un cronograma para aplicar en lo que queda de 2024 y a lo largo de 2025.

Cada segmento inscripto en el RASE tiene un número de usuarios cambiante. En los primeros días de septiembre venció el plazo para las familias que no habían hecho su declaración jurada ante el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía y tenían sin embargo esos beneficios porque la Nación (en el gobierno nacional anterior) los inscribió por contar con ayudas sociales. Dos semanas después, el gobierno nacional aún no ha brindado información actualizada, que es clave para saber que sucede en cada provincia.

En la norma presupuestaria que tratará el Congreso el objetivo es el déficit cero. A ese número se llega (entre otras muchas variables) con proyecciones de menos gastos en subsidios a la energía, que ciertamente fueron el talón de Aquiles del rojo fiscal durante años y hoy se busca no repetir. Pero el costo es a cargo de los usuarios.

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en un hilo de X explicó "De dónde venimos y hacia dónde vamos" en su materia. Respecto de los subsidios escribió que se busca crear "un sistema de autosuficiencia económica-financiera; tarifas que cubran el costo del suministro; subsidios focalizados". También "un modelo exportador de los recursos energéticos" que en rigor ya se ha iniciado con ventas de gas natural a Brasil, vía la agotada Bolivia.

¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en materia energética? Vamos camino a la autosustentabilidad del sistema, la normalización de los mercados de energía y hacia un esquema de inversión privada.Así, estamos dejando atrás un modelo que fracasó por estas tres razones: 1) No… pic.twitter.com/1dbZWCrbxG

Se apuesta a "un esquema de inversión privada" aunque 2024 se caracterizó por una dura pulseada entre Economía y las empresas de generación térmica que tienen acreencias sobre el Estado nacional que fueron otra vez prorrogadas. Se piensa que será posible que los acuerdos entre privados sustituyan a Cammesa, sin que el Estado se haga cargo de los faltantes entre actores del sistema. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (una SA que controla el sector público) es quien asume lo que los usuarios argentinos no pagan, por vía de su deuda con las grandes termoeléctricas (además de los subsidios).

"Este nuevo modelo viene a reemplazar el vigente entre 2002 y 2023", puntualizó Chirillo. El horizonte es hacer caer "el gasto público continuo a través de subsidios a la oferta y la demanda" actualizar las "tarifas deprimidas" de esos años y derrumbar "subsidios elevados y generalizados". De hecho, se calcula que a fines de 2023 todos los usuarios residenciales pagaban apenas 48% del verdadero valor de la energía eléctrica. (Con el gas natural por redes los números son aún peores).

Quienes han podido leer el presupuesto estiman que la aspiración del gobierno es que los usuarios cubran con sus facturas un 85% de los costos de producción y transporte de los kW en 2025, en promedio. Y que para fines de 2024 esa proporción ya llegue a un 65% y en el año próximo apenas 15% sea afrontado por el Estado.

Propios y extraños admiten que según los años, luego del estallido de la Convertibilidad, los subsidios de luz, gas, transporte y combustibles líquidos (en este último caso por vía de la quita de impuestos) llegaron a ser 3,5 puntos del PBI. Hoy es de menos de un punto. Y bajará aún más el año próximo según lo que se diseña en el presupuesto.

En la explicación oficial la reducción de los subsidios se ejecutará mediante una selección más "eficiente" de la asignación en los subsidios energéticos. En otras palabras, que las ayudas del Estado lleguen solo a los casos más desesperantes. El pato de la boda es, otra vez, la clase media al compararse sus ingresos por grupo familiar (el Estado para ello cruzará datos de sus bases de distintos orígenes para discriminar a unos y otros según los criterios de una Canasta Básica Energética (CBE).

Si su costo (según clima y características del grupo familiar) supera cierto porcentaje del ingreso de un hogar, el Estado subsidia. De lo contrario, no.

Los subsidios eran una forma de transferencia de recursos del Estado a los usuarios de forma indiscriminada, al punto de que eran ayudados por el Estado los multimillonarios igual que los más pobres. Ahora serán lo contrario. Sin términos medios que lleguen a esas capas, identificadas como N3 en el RASE.

El ritmo de cómo se haga esa quita de subsidios dependerá según lo visto en 2024 de lo que decida el ministerio de Economía bajo cuya órbita se encuentra Energía.

En lo que debe ser leído como una señal a la clase media cuyos subsidios ya están en tiempo de descuento, el gobierno nacional prorrogó solo a los hogares de bajos ingresos las chances de inscripción para obtener subsidios del sector público en el nivel mayorista de la energía eléctrica y el gas natural por redes. Los usuarios residenciales con ingresos bajos podrán hacerlo hasta el 4 de septiembre; en cambio, los de ingresos medios ya no tendrán cómo reinscribirse.

En otras palabras, solo las familias con peor situación económica que aún figuran por defecto como N1 (altos ingresos) podrán exponer su situación ante el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía). Los usuarios residenciales que pertenecen por su posición económica a la clase media, en cambio, ya perdieron su oportunidad de ser considerados bajo esa categoría: N3.

A partir de la primera disposición de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético que depende del Ministerio de Economía (D.1/24) el Rase se congela para la clase media y queda abierto solo para los usuarios residenciales de bajos ingresos que aún no hayan completado el trámite para mantener los descuentos en sus tarifas de luz y gas por redes.

Capas medias y bajas aún engrosan el segmento N1 de altos ingresos ya que cuando se creó el RASE se dispuso que todos los usuarios que no se inscriban serían anotados en esa categoría de la segmentación tarifaria que inició el gobierno nacional anterior, ya cuando se agotaba su último año de gestión.

Así, junto a usuarios residenciales que tienen un buen pasar económico y pagan sus tarifas de los servicios de energía sin subsidios y sin que esas obligaciones superen el 10% de sus ingresos, aún existen otros que deberían haberse anotado en las categorías N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios).

En parte, la demora de la franja media en hacer su declaración jurada ante el RASE pudo haberse vinculado a la prohibición de comprar hasta 200 dólares a valor oficial, pero esa restricción terminó hace algo menos de un mes. En el caso de los N2 (familias pobres) que aún figuran como N1 es posible que la falta de acceso a internet, el desconocimiento o la condición de eternos morosos de los servicios provoque que aún no se haya aprovechado la oportunidad de obtener una muy considerable rebaja.

El gobierno nacional anunció en febrero de este año que su política de subsidios para los servicios públicos de luz y gas natural por redes se reducirá a una Canasta Energética en la que solo habrá ayudas para los hogares bajo "pobreza energética", es decir, aquellos que sin ayuda estatal deberían destinar más del 10% de sus ingresos familiares al pago de esos alguno o los dos servicios.

El plan solo es por ahora un anuncio y en su lugar se ha continuado con el esquema que había diseñado la gestión anterior: el de la segmentación tarifaria mediante el RASE, con una progresiva quita de subsidios. Mes a mes, bajo decisiones directamente emanadas del ministerio de Economía, se ha demorado la expulsión de la clase media de las ayudas estatales. Los hogares de ingresos altos (N1) fueron los primeros en quedar con ninguno o un bajo nivel de beneficios en generación de luz y gas. Pero los N3 y N2 aún gozan de esos precios que no reflejan los costos reales de generación y transporte. (La distribución, como la que realiza en Santa Fe la Epe, no está contemplada).

Según la información oficial disponible el 86,7% de los clientes de las Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe son hogares, pero representan un 35% del consumo. El sector, desde el punto de vista de la facturación, representa un 30% de lo que se emite.

En el RASE, a febrero de este año, había 419.268 usuarios residenciales N1 (altos ingresos); 638.354 en el N2 (ingresos bajos y muy bajos); y apenas 200,309 como N3 (ingresos medios).

Según el "Reporte de Tarifas y Subsidios N°16 del Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política que comparten la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en julio, los subsidios cubrieron el 65% de las tarifas que pagaron los usuarios residenciales N3 (ingresos medios); mientras que en el caso de los N2 (ingresos bajos) la ayuda del Estado Nacional alcanzó al 78%. En el nivel N1 (altos ingresos) el sector público solo cubrió un 20% de los llamados costos reales de generación y transporte en el mercado mayorista.

A propósito de este último sector, el de las empresas que hacen funcionar y mantienen la red de torres y líneas de alta tensión, la Secretaría de Energía de la Nación actualizó sus pagos que inciden en todos los usuarios finales: residenciales, comerciales e industriales, así como en los llamados Grandes Usuarios que directamente contratan su provisión de ese insumo industrial a nivel mayorista.

En la Epe, de acuerdo con una fuente confiable se afina el lápiz respecto del número final con que esa suba impactará en sus complejos cuadros tarifarios. El aumento operó a partir de agosto y para la facturación de ese mes se deberán actualizar esos valores.

Tres niveles

Para la segmentación de los usuarios residenciales en el RASE existen tres tipos de usuarios: N1 (Ingresos Altos: Hogares con ingresos mensuales totales equivalentes o superiores a $ 3.056.091 (3,5 de la CBT, Canasta Básica Total) o ser propietarios de tres o más vehículos con menos de cinco años, tres o más inmuebles, o embarcaciones de lujo. Aplican excepciones en zonas frías con un umbral de $ 3.728.431; N2 (Ingresos Bajos): ingresos familiares menores a $ 873.169 (1 CBT), y pueden poseer un inmueble y, en ciertos casos, un vehículo con menos de tres años; N3 (Ingresos Medios): Ingresos mensuales totales del hogar entre $ 873.169 y $ 3.056.091 (1-3,5 CBT), o poseedores de hasta dos inmuebles y un vehículo con menos de tres años; hogares con personas discapacitadas tienen umbrales ajustados mas altos.

La primera voz extraña al elenco de funcionarios gubernamentales que explicaron y justificaron la reducción de los subsidios estatales a los hogares, que se apoyará en “presunciones” para estimar ingresos en los hogares, fue de una usuaria de Hernández, Entre Ríos. Comparó las facturas de esa provincia con las de porteños y bonaerenses y advirtió que los efectos del ajuste serán más duros en el interior. En el Amba, aún con muy altos consumos, en hogares sin subsidios, se pagaron en enero $ 16 por kW/h, pero los entrerrianos de la misma categoría que cuidaron mucho el recurso, $ 63 por kw/h.

Fueron efectivamente del interior la enorme mayoría de las quejas, entre otras tantas, con la advertencia de que a los niveles N2 y N3 a ajustar ya sufre un fuerte aumento del transporte por la quita nacional.

Otro usuario, que comenzó por advertir que había perdido la conexión justamente por un corte de luz, alcanzó a decir la palabra “hipocresía” y más tarde pudo explicar que esa era la actitud del gobierno nacional tras al acusarlo de “mandatario” de los intereses de las empresas.

Con más o menos crudeza se les recordó a los funcionarios de los entes de control nacionales que deben vigilar la regulación de las prestadoras que obtuvieron concesiones a cambio de inversiones aún pendientes.

Pero las críticas más interesantes fueron de quienes tienen más elementos de juicio, en especial las defensorías del pueblo y los directores de entes reguladores de distintas provincias.

La defensora Adriana Santagati, de Río Negro, fue a las fuentes. Leyó y señaló errores metodológicos de los informes técnicos de la Secretaría de Energía de la Nación para la construcción de la Canasta Básica Energética (el mínimo que una familia necesita para su subsistencia) y que pone límites a los kilovatios y metros cúbicos de gas a subsidiar según los ingresos presuntos de cada hogar.

Dijo que los promedios determinados como límite para la CBE en la Patagonia “son muy bajos”, inferiores en un 50% y 20% “en el caso del gas y la electricidad”. Un usuario neuquino advirtió que el sur produce el 90% del gas que consume el país y merece precios más accesibles. Cayó muy mal la comparación de sus consumos con las de los países nórdicos que hizo un funcionario nacional.

La defensoría del Pueblo de San Luis advirtió que “aunque conocen perfectamente las bajas temperaturas” que se sufre cada invierno se han hecho estimaciones “por debajo de la supervivencia”.

La defensora rionegrina explicó que la tabla de electrodomésticos provista por el Enre usada para los cálculos no tuvo en cuenta que la población de escasos recursos no tiene equipos nuevos sino viejos de alto consumo.

Reclamó la segmentación de la tarifa según el horario para incentivar el aplanamiento de picos y valles de demanda, como vía para una mayor eficiencia en el uso de los recursos en lugar de limitarse al incremento de las tarifas a los usuarios residenciales como única señal para evitar el derroche, una inquietud que marcaron casi todos los críticos de la medida.

Lo mismo sucedió con el reclamo para que se tome en cuenta la suba de la casta básica alimentaria, de los alquileres y del transporte público y el derrumbe de lo salarios, antes de quitarle subsidios a capas medias y bajas. Reclamó participación del interior en la toma de decisiones que se adoptan desde Buenos Aires, sin consultar a las provincias.

Carlos Saravia, del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, pidió que la carga de los usuarios pueda ser en papel (“no nos han dejado en la gestión anterior”) y explicó que en 2023 esa oficina asumió la carga “porque 46 % de su población carece de conectividad a internet”.

Lamentó la eliminación de fondos fiduciarios para el transporte de la energía eléctrica que deja en grave situación de incertidumbre al NOA y “los privilegios que reciben Edenor y Edesur, sobre los que nos hemos quejado ante la gestión anterior que les perdonaron deudas”, además de pagar el Estado Nacional sus casos sociales.

Mostró su preocupación porque en Cammesa se han desplazado altos cuadros técnicos (gerentes) sin un reemplazo a la vista.

“Somos los entes reguladores de todas las provincias, después de todo lo que ustedes deciden, los que tenemos que salir a firmar cuadros tarifarios”, de las distribuidoras de energía eléctrica provinciales que trasladan los aumentos nacionales, se quejó.

Reclamó sostener sin cambios los subsidios al nivel de ingresos 2 (bajos) y en el N3 (medios) ser más precisos: “no es lo mismo poseer un avión o un yate que un auto de menos de 5 años comprado a crédito”.

La defensora del Pueblo de la Nación, Margarita Grosso hizo “observaciones” para evitar que se excluya injustamente a familias que necesitan el subsidio y “dudas” a partir del análisis de los informes técnicos ofrecidos por el gobierno, sobre cómo se consideran los ingresos totales del hogar. ¿Se cuentan los ingresos brutos o los netos? ¿Cómo se calculan los ingresos informales teniendo en cuenta el alto porcentaje de trabajo no registrado? ¿Se tienen en cuenta los gastos soportables por los hogares vinculados a la accesibilidad de la vivienda, pago de alquileres o cuotas de préstamos hipotecarios de vivienda única? ¿Cómo se evalúa el caso de quienes carecen de agua de red y deben utilizar una bomba que consume energía eléctrica?

“Solicitamos que sea revisado el ítem que habla de la medicina prepaga (para excluir a hogares del subsidio), acceder a la salud es un derecho y hay ejemplos de personas forzadas a contar con esa prestación”, dijo. Exigió que “toda la política de servicios públicos tenga como centro a la persona”, de acuerdo con recomendaciones de Naciones Unidas.

Dentro de una metralla de preguntas, disparó las siguientes: ¿Qué sucede con quien tiene un vehículo de menos de cinco años para trabajar en un empleo no registrado, por ejemplo para mensajería o el traslado de personas con discapacidad? ¿Con qué fuentes se conocerá el consumo de telefonía celular?.

El precio de las garrafas

Hubo quejas por el precio de las garrafas de 10kg, de hasta $ 12.000 en pleno verano y temor por su futuro costo en invierno cuando suba la demanda. Entidades de consumidores destacaron que la actual gestión ha abandonado los controles para la garrafa social. El aumento del gas envasado fue del 100% en los últimos meses.

Sin el secretario

El intendente de Esteban Echeverría lamentó la ausencia del secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirilo, en la audiencia pública llevada a cabo por su secretaría. “No sé qué más importante puede hacer el funcionario que presidir este acto”, dijo el dirigente justicialista que desde hace 15 años conduce ese municipio bonaerense. En 2023, realizó 44 denuncias por apagones de Edesur y otras diez por tener 700 postes en mal estado en ese distrito.

Con la firma de la secretaria de Energía de la Nación, Claudia Royón, es ahora oficial el aumento de la energía eléctrica para parte de los hogares en todo el país, los inscriptos como N1 en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía. Los usuarios residenciales que cuentan con mejores ingresos (o que no se anotaron en el Rase) ya no tendrán ni un centavo de sus tarifas subsidiadas por el Estado nacional. Por otra parte, por el mismo instrumento, se morigera la suba prevista inicialmente para el valor del kW mayorista para las industrias y los comercios.

En el caso de Santa Fe, se estima que en la Epe recibirán parcialmente el impacto unos 419.268 usuarios residenciales y que, en una proporción marcadamente menor, lo mismo les sucederá a los clientes comerciales e industriales de la Empresa Provincial de la Energía. Todo indica que será similar lo que suceda con las cooperativas eléctricas, que poseen aproximadamente un 10% del mercado eléctrico santafesino.

Mientras en la compañía estatal se inicia el proceso de revisión de sus cuadros tarifarios para esas categorías de usuarios (residenciales N1, comercios e industrias), ya hay especulaciones sobre cuánto más cara será para ellos la energía eléctrica.

Es oficial: la EPE aumenta sus tarifas desde este miércoles

Hay datos ventilados en la audiencia pública del último ajuste tarifario de la Epe para actualizar el Valor Agregado de Distribución, que permiten algunas especulaciones. Entre ellos, que en el promedio de las facturas de los clientes de la empresa cada vez pesa más el costo del Kw (que la distribuidora compra en el mercado eléctrico mayorista, a través de Cammesa). Hay casos de hasta un 50%, cuando históricamente ha sido de un tercio, lo que habla de retraso del VAD.

Entre esas consideraciones y el impacto ya estimado para los hogares N1 en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se estima que en Santa Fe llegarán subas que como mínimo se ubicarán en un 55% pero que podrán alcanzar hasta un 90%. Con este último movimiento, se termina por completo el subsidio para quienes no se inscribieron en el Rase, ante el llamado del gobierno nacional a registrarse para seguir recibiendo subsidios a la energía eléctrica o el gas, o porque sus ingresos los califica en el grupo de los hogares con mejores ingresos. En pocas palabras, se trata del fin de las ayudas nacionales al consumo de metros cúbicos de gas natural y de kilovatios/hora de energía eléctrica a la franja social más pudiente. Para ese segmento, en términos del valor de la energía mayorista (que es parte de la tarifa) la suba es de un 120%.

En cambio, para industrias y comercios, en especial las Pymes, se supone que será diferente el sinceramiento ya que en esos casos se les otorga un precio por megavatio sustancialmente menor que el que regirá para los N1, con una retracción de las ayudas fiscales que ronda el 30% por kW y que debería significar en las boletas finales un 10 ó 15%.

De todos modos, los porcentajes que se comentan en estas líneas no son más que especulaciones de conocedores del mercado eléctrico a nivel nacional y de la realidad de la empresa distribuidora provincial. Para conocer los aumentos y su impacto en el bolsillo de los clientes residenciales más acomodados, en las industrias y los comercios, habrá que esperar los cuadros tarifarios y el anuncio oficial de la Epe.

EPE: unos 700 mil usuarios esperan que la Nación le ponga números al aumento

Desde este lunes, 1ro de mayo, rige lo que el ex ministro de Economía Martín Guzmán intentó durante su gestión llevar a cabo, que prometió a los organismos internacionales de crédito para enderezar las cuentas fiscales, pero que no logró llevar a cabo -aparentemente- por la interna en el oficialismo.

Desde que los subsidios universales del kirchnerismo para la energía eléctrica y el gas natural por redes forman parte del debate sobre el déficit fiscal, se grafica con el valor irrisorio de las boletas por esos servicios en Puerto Madero, generalmente mucho más bajas que en el interior del país en general y en Santa Fe, en particular.

Ya no será válida esa imagen poderosa de la distribución de la riqueza K a la inversa, de millonarios subsidiados. A partir de ahora, si el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía se parece a la realidad, ya no quedará subsidiado ni un centavo de sus consumos energéticos.

A partir de ahora, las ayudas a los hogares llegará únicamente a los N2 (los sectores con los ingresos más bajos) y los N3 fácilmente asimilable a la clase media, que también es el grupo menos numeroso.

Según la segmentación que diseñó el Ministerio de Economía en tiempos de Martín Guzmán y que ahora pone en marcha la gestión de Sergio Massa, en Santa Fe había para febrero de este año 419.268 clientes residenciales N1 (que ahora podrán decir que pagan por entero por sus consumos energéticos); otros 638.358 que corresponden al nivel N2, el de más bajos ingresos; y 206.509 del N3, ubicado en el medio.

Guzmán firmó el 6 de junio de 2022 el decreto 332 que creó el plan de segmentación para la quita progresiva de los subsidios a la generación y el transporte de la energía eléctrica y la producción de gas. A ese texto acude ahora, la secretaria de Energía Claudia Royón del equipo de Massa para establecer las nuevas tarifas.

Un par de datos más: para cuando Guzmán firmó aquel plan que era casi un sacrilegio para el kirchnerismo, el dólar blue costaba 206 pesos para la compra. Y para cuando el ex ministro pegó el portazo, el 2 de julio del año pasado, ya estaba en 236. Al asumir Massa, el 3 de agosto, en 291.

Con una inflación del 83% interanual y en sintonía con lo que viene ocurriendo durante 2022, noviembre llega con aumentos que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Entre las subas destacan la luz y el gas producto de la quita de subsidios.

Uno por uno, los aumentos que rigen a partir de este mes:

La segmentación de los subsidios a las tarifas de energía se puso en marcha y la primera quita se vio reflejada en octubre. Ahora, a partir del próximo martes 1 de noviembre entrará en vigencia el segundo escalón.

La quita de subvenciones es nacional. Cammesa, la administradora mayorista del sistema, decidió que los clientes que no se empadronaron en el registro de subsidios pierdan descuentos por la electricidad que consumen.

De esta forma, un 30% de los hogares tendrá un aumento del 20% por lo que paga por la luz entre octubre y noviembre. Y entre diciembre y enero, la suba será del 40%. Y entre febrero y marzo, otro 40%. Recién el próximo año comenzarán a pagar tarifa plena.

Desde octubre, los clientes ya pueden ver en las boletas si mantienen los subsidios Las boletas ya indican qué categoría tendrán los clientes en noviembre, cuando se aplique la quita de subsidios correspondiente a octubre.

Según cifras oficiales, en el caso del gas natural, unos 4,1 millones de hogares dejarán de percibir la tarifa reducidas sobre un total de 9,7 millones de clientes registrados.

Para el gas, la escala de segmentación indica que los usuarios de todo el país verán en noviembre un incremento de 50% en relación a septiembre.

En agosto, La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares alcanzó un acuerdo salarial para el personal doméstico, el reajuste se pactó en cuatro tramos de 9% cada uno, repartidos en agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Para las trabajadoras de la quinta categoría, la más demandada del mercado, los salarios quedaron así:

$ 48.524 en agosto

$ 52.531 en septiembre

$ 56.537 en octubre

$ 60.544 en noviembre

Las demás categorías recibirán incrementos en igual proporción.

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares (FATERYH) firmó un nuevo acuerdo salarial el 21 de octubre de 2022. Por este acuerdo, se prevé incrementos salariales del 16% para el mes de octubre de 2022, 16% para el mes de noviembre de 2022 y 16% para el mes de enero de 2023.