La quiebra del exBanco Integrado Departamental (BID), declarada el 24 de abril de 1996, transita por estos tiempos un capítulo inesperado para muchos: el pago de intereses postconcursales que alcanzan $13.856 millones, correspondientes al noveno dividendo concursal.

Según la Ley de Concursos y Quiebras, la declaración de quiebra suspende automáticamente el devengamiento de intereses. Solo los créditos laborales y los amparados por garantías reales mantienen su derecho a cobrar intereses durante el proceso, y en este caso, ambos ya fueron cancelados en etapas anteriores.

Para los demás acreedores, los intereses postconcursales se liquidan únicamente cuando se abonó el 100% del capital verificado, lo que actualmente se cumple con el pago de un capital de $144 millones (en valor histórico). En este sentido, la página oficial de la sindicatura (www.sindexbid.com.ar) ofrece un detallado instructivo para acceder a estos pagos -el plazo vence el 31 de mayo-, incluyendo los procedimientos para familiares de titulares de créditos fallecidos.

Este noveno dividendo combina el pago de capital mencionado y la liquidación de los intereses suspendidos desde la quiebra. Para calcular esos intereses, el juzgado autorizó a la sindicatura la aplicación sobre los importes verificados que no obtuvieron intereses con anterioridad (caso Banco Central de la República Argentina), la tasa pasiva del Banco Nación, capitalizada mensualmente, y sobre ese monto total, liquidar, hasta donde las disponibilidades lo permitían, el pago de intereses. La decisión judicial responde a la necesidad de atenuar las distorsiones causadas por la inflación. Y el mecanismo de cálculo distingue entre dos grupos de acreedores. Uno es el de los que recibieron pagos parciales de dividendos (como los ahorristas, donde los intereses se ajustan considerando los pagos parciales efectuados en dividendos previos, desde 1996 hasta 2019, cuando se completó el pago, a valor histórico, de los 365 millones de capital verificado). El otro grupo es el de los acreedores que no recibieron pagos previos (generales, quirografarios y subordinados). Para ellos, los intereses se calculan desde la fecha de reconocimiento del crédito hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha de cierre de devengamiento establecida en la propuesta elevada al tribunal por la sindicatura.

Cabe recordar que, en el séptimo dividendo, en 2022, y en el octavo dividendo, en 2023, cuando se cancelaron distintas categorías de privilegios ostentados por el Banco Central de la República Argentina (en virtud de redescuentos otorgados en favor del BID), se pagó un total de $304 millones de capital y, por primera vez, $1.400 millones de intereses postconcursales.

El proceso de liquidación en vigencia es, sin dudas, infrecuente, ya que rara vez un trámite falencial logra cancelar la totalidad del capital de todas las categorías y proyectar el pago (aunque parcial) de intereses postconcursales. Además, este paso, según se vislumbra, comienza a cerrar un ciclo judicial y financiero que se extendió por más de tres décadas.

Sin embargo, recorriendo las etapas finales de este intrincado trámite -sin descartar futuras distribuciones de intereses-, la novedad debe presentarse tal cual es, con sus claros y sombras. Las circunstancias descriptas no pueden ni deben celebrarse como una reparación plena: ninguno de los ahorristas (aun con unos $8.400 millones a cobrar en concepto de intereses postconcursales en este noveno dividendo) recibirá una compensación equivalente al daño económico y moral sufrido en abril de 1995, cuando fueron víctimas de un incalificable despojo.

En del sur de La Pampa, una crisis silenciosa se despliega en los campos de los departamentos de Caleu Caleu y Lihuel Calel. La comunidad agropecuaria enfrenta una sequía prolongada que ha transformado la vida rural en una lucha desesperada por la supervivencia.

Desde el año 2023 hasta la fecha actual, la región ha sido azotada por la pérdida de 5.392 animales, marcando un impacto devastador en la economía local y la estabilidad de los productores ganaderos. Más de 100 mil vacunos han sido sacrificados o trasladados a áreas con mejores condiciones, en un intento por salvaguardar el ganado restante.

Las cifras son alarmantes. En mayo de 2023, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), había 650 productores ganaderos en la zona cuidando un total de 270 mil cabezas de ganado. Para septiembre del mismo año, entre 90 mil y 100 mil animales ya habían abandonado la región en busca de pasturas más adecuadas. Hoy en día, la situación se ha agravado aún más, con más de 100 mil animales desaparecidos de los pastizales.

La cruda realidad se manifiesta en cada aspecto de la vida rural. Los productores se ven obligados a desprenderse de sus vientres, el activo principal de su actividad en estas tierras implacables. Pequeños agricultores, antes prósperos, ahora enfrentan la quiebra, con pérdidas de ganado y precios de venta que apenas cubren los costos operativos.

Las precipitaciones han sido un factor determinante en esta crisis. En 2022, escasez. En 2023, apenas 300 mm de lluvia, con un déficit notable en las estaciones críticas para el pastizal. El 2024 comenzó con un enero caluroso y ventoso, donde la lluvia escaseó, dejando a la región al borde del colapso.

En respuesta a la adversidad, los productores han aplicado diversas estrategias, desde destetes anticipados hasta la venta de ganado de menor calidad y suplementación alimentaria. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes para detener el declive económico y social de la comunidad rural, obligando a muchos a vender su ganado restante como último recurso.

En el sur pampeano, la sequía no solo afecta los campos y la producción ganadera, sino que también pone en riesgo el sustento y el futuro de las familias rurales. Cada animal sacrificado, cada sacrificio económico, representa un capítulo en la historia de una comunidad resiliente que se aferra a la esperanza en medio de la adversidad, mientras enfrenta el desafío continuo de sobrevivir en un entorno implacable.

Muchos venadenses suelen preguntarse qué es, y qué encierra, la misteriosa construcción de hormigón enclavada sobre una elevación en la esquina de Sigal y Barberis -hoy Plaza del Docente- del barrio San Cayetano. No son tantos los que saben que es un búnker, con muros de más de un metro de espesor, para evitar la fuga de radiaciones en tratamientos oncológicos, y que es lo único que se edificó del Centro Asistencial de Alta Complejidad que la Fundación del Banco Integrado Departamental anunció a fines de marzo del ’94, con la voz cantante del gerente general del BID, Roberto Cataldi.

En aquella conferencia de prensa convocada en el salón de actos de la sede de la Fundación BID -actual edificio de Anses en 25 de Mayo y Lavalle- también estaban presentes el presidente anfitrión Paulino González; el intendente Ernesto De Mattía; la presidente del Concejo Municipal, Haydée Guaci; y los médicos Jorge Vilariño, Raúl Corna, Juan Dubois y Roberto Salvai.

En la ocasión se anunció la creación de un Centro de Terapia Radiante (bomba de cobalto), Resonancia Magnética Nuclear (diagnóstico por imágenes) y una vanguardista Biblioteca Médica, en la primera etapa de la obra; en tanto que en una segunda instancia el centro asistencial sumaría nuevos servicios y equipamientos, como densitómetro óseo, acelerador lineal, laboratorio de investigaciones en enfermedades infecciosas y dosajes de drogas, colaboración con los centros de ablación e implante de órganos, y centros de rehabilitación para enfermedades neurológicas y cardiovasculares.

El lunes 28 de marzo de 1994, el semanario La Ciudad dedicaba una página al lanzamiento del proyecto bajo el título: “Alta complejidad para todos”. foto: gentileza Archivo Histórico Digital (VT)

Según consta en la edición del semanario La Ciudad del lunes 28 de marzo del ’94, con los fondos que la Fundación recibía del Banco Integrado Departamental, uno de los objetivos prioritarios era “cubrir el déficit de la ciudad en materia de alta complejidad oncológica”, manifestaba Cataldi. En ese mismo acto, las partes suscribieron el convenio por el cual la Municipalidad cedió a la Fundación del Banco Integrado Departamental la mitad de la Chacra 30, identificada como manzana L y con una superficie de 9.175 metros cuadrados, comprendida entre calles Natalio Perillo, Isaac Sigal, Pedro Barberis y Ángel Re. El Concejo Municipal aprobó dicho convenio en su sesión del martes 29 de marzo, a través de la ordenanza N° 2235/94, aunque haciendo notar que el texto establecía atención gratuita “a los pacientes de escasos recursos y sin cobertura social derivados por la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad…”, estimando conveniente el cuerpo legislativo “solicitar a esa Fundación, la adopción de idéntico criterio -convenio mediante- con otras instituciones asistenciales, como el Hospital Gutiérrez”, para que también puedan derivar pacientes con la correspondiente documentación certificada por sus asistentes sociales.

El búnker de la Plaza del Docente recuerda el malogrado Centro Asistencial de Alta Complejidad que el desplome del BID impidió completar en los ’90.

Con su habitual suficiencia en esos tiempos, el hombre fuerte del BID anunció a fines de marzo que “en los próximos 30 días está el compromiso de comenzarlo”, y estimó en seis meses el plazo para inaugurar la primera parte de la obra (Centro Oncológico Radiante), en tanto que el proyecto completo demandaría unos tres años de trabajo. Desde ya que Cataldi era mucho más optimista que el propio texto del convenio, que obligaba a comenzar la obra dentro de los seis meses y concluirla en no más de tres años desde su inicio. Meses más tarde, a mediados de noviembre del ’94, el Concejo aprobó la eximición del pago de los derechos de edificación, en razón de la función social que cumpliría el Centro Asistencial de Alta Complejidad. Mientras tanto, la Fundación BID ya había adquirido parte del equipamiento, como la bomba de cobalto de última generación, que había costado unos 300 mil dólares. La misma ya estaba depositada en la Aduana, a la espera de completar los trámites administrativos de rigor para su traslado al búnker de Sigal y Barberis. La sola enumeración de las dependencias que contemplaba el proyecto diseñado por el arquitecto Edgardo Camps es sorprendente, pero impresiona más aún desplegar la vista de planta del proyecto -forma parte del expediente archivado en el Concejo Municipal- y observar que el búnker (9,85 m x 7,40 m) es el minúsculo apéndice de una construcción que se hubiera desarrollado a lo largo de 63 metros (desde Barberis a Perillo) y más de 26 metros (desde Sigal a Ré).

Un 12 de abril del ’95 el Banco Central le soltaba la mano al BID con la suspensión de sus operaciones, y a pesar de las versiones de pronta reapertura, sería el final de sus días. Uno tras otro, en efecto dominó, fueron languideciendo todos los emprendimientos lanzados por el emporio, los empresariales, y también los comunitarios, como el Centro Oncológico, del que sólo se llegó a construir el búnker para alojar los equipos de terapia radiante, y el Cine Teatro Verdi, que había sido desmantelado para una remodelación integral de sus instalaciones y, tras quedar a medio hacer, necesitó largos años para su reapertura. La crisis financiera internacional y la temeridad de la gestión crediticia erosionaron las bases del banco cooperativo de Moreno y 25 de Mayo, y el Banco Central, virando de cómplice a victimario de la noche de la mañana, dijo basta en aquella Semana Santa que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venado Tuerto y la región. Las empresas satélites que gerenciaba el BID, luego de haberlas absorbido, y los proyectos culturales, deportivos y sociales, entraron de pronto en zozobra.

En el caso del complejo sanitario, se interrumpió y jamás se reanudó. Se habían generado algunas expectativas de continuidad en los meses siguientes al desplome del mecenas, a través de instituciones locales, pero no pasaron de rumores. Los equipos adquiridos para el tratamiento de patologías oncológicas, que habían sido importados y permanecían en depósitos aduaneros, nunca fueron reclamados y se perdieron. La quiebra del BID, un año después, en abril del ’96, y la posterior disolución de la Fundación, confirmaron una nueva frustración. En la ciudad ya había cambiado el gobierno municipal en diciembre del ’95. Era el fin de una época de dominio absoluto de Ernesto De Mattía y Roberto Cataldi. Tras 12 años de hegemonía radical, el caudillo justicialista Roberto Scott se apoltronó en el Sillón de Aufranc y tiempo después firmó el decreto que nulificó la cesión del predio, basado en la interrupción de las obras, según preveía el artículo cuatro del convenio. Tal vez influyó también que el nuevo mandatario había basado su exitosa campaña electoral en los ataques a Cataldi y De Mattía, los protagonistas de la megaobra sanitaria inconclusa. Años después la ciudad y la región pudieron contar con servicios oncológicos de alta complejidad, en este caso impulsados por la Mutual entre Asociados de Cooperación Mutual Patronal y Cooperación Seguros, que inauguraron en 2001 el Centro de Tratamiento Oncológico (CTO), en el Km 364,5 de ruta 8.

En 2003, a pedido de Amsafé departamental, que había impulsado un reconocimiento a los trabajadores de la educación, el Concejo Municipal aprobó mediante una ordenanza (3097/03) la creación de la Plaza del Docente, en el mismo predio asignado en el ’94 a la Fundación BID para emplazar el complejo médico. Más tarde, el 19 de diciembre de 2003, en el 75° aniversario de Amsafé, se inauguró el espacio público, con búnker incluido. En su momento, el entonces delegado del gremio docente, Alberto Maurino, hizo gestiones para incorporar la construcción en desuso al enclave de los maestros, tal vez como un museo de la educación regional, pero la iniciativa nunca progresó. Casi 30 años después, nadie se animó a demoler la fornida estructura que sólo guarda oscuridad y simboliza un final de época. Para muchos venadenses, no sirve para nada; otros creen que puede servir para entender, sobre todo a las nuevas generaciones, la Argentina y el Venado Tuerto de los ’90, tiempos de falsa opulencia y del gigante de los pies de barro.

Desde fines de mayo, con la declaración de la quiebra de la sociedad administradora del tradicional Geriátrico Santa Fe, se vienen sucediendo febriles gestiones en busca de su continuidad, ya no con sus dueños originales, sino a través de la constitución de una cooperativa de trabajo que, además de salvaguardar los 34 puestos laborales que están en juego, también podría conservar la única institución de la ciudad habilitada por el PAMI para el alojamiento y cuidado de personas de la tercera edad.

Jueza María Celeste Rosso y síndico Luis Carletta, ofrecieron todas las explicaciones.

Desde el primer momento uno de los concejales que más se involucró en la problemática es el justicialista Pablo Rada, quien aseguró a Sur24 que continúa “muy atento” a la evolución de los acontecimientos, intentando en todo momento “acercar posiciones en favor de la continuidad del servicio”, y más aún después del pedido expreso del gobernador Omar Perotti de “agotar los esfuerzos” para sostener en pie los servicios del geriátrico ubicado en avenida Santa Fe al 600.

Tras destacar la voluntad de Perotti y del ex intendente y actual secretario provincial José Freyre, Rada observó que “hoy la institución transita un proceso de quiebra y la única vía de solución es la constitución de una cooperativa de trabajo con, al menos, las dos terceras partes de los empleados que estaban registrados”. En tal sentido, luego de participar este martes de una reunión con los ex empleados; el director provincial de Economía Social, Emprendedorismo y Agricultura Familiar, Guillermo Tavernier; y la responsable local de Anses, María Cristina Gómez, Rada evaluó: “Por lo que tenemos entendido, siendo una SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada), la quiebra no tiene nada que pueda salvar la situación en lo que respecta a las indemnizaciones, porque incluso el edificio no es de la SRL, así que para muchos de los trabajadores no sólo va a ser difícil cobrar la indemnización en el corto o mediano plazo, sino que también corren el serio riesgo de quedarse sin empleo”, más allá de que el geriátrico continúa abierto en carácter transitorio -por decisión de la jueza civil y comercial María Celeste Rosso-, aunque con sólo 20 de las 40 personas que estaban en el lugar hasta antes del dictado de la quiebra. “Y a todo esto hay que sumar el perjuicio que significa para la ciudad quedarse sin el único geriátrico habilitado para poder operar con PAMI”, añadió.

En este sentido, Pablo Rada destacó que “la gestión de la jueza (María Celeste) Rosso ha sido fundamental, a través del síndico (Luis Carletta), que ahora tiene un plazo de dos meses para hacer las actuaciones correspondientes, en tanto que el PAMI también intervino generando los convenios con los familiares de los abuelos que aún están alojados en el geriátrico, porque el dueño original, antes de presentar la quiebra, renunció al convenio con PAMI, causando un problema adicional, ya que los afiliados quedaban privados del servicio a través de su obra social”, acotando que también intervino la oficina local de la Anses para monitorear el tema de las indemnizaciones.

El concejal Pablo Rada participó de la reunión con ex empleados junto con el director provincial de Economía Social, Guillermo Tavernier.

Consultado sobre las posibilidades inmediatas de constituir la cooperativa, reiteró el edil que “necesitamos por ley que dos tercios de los empleados que estaban registrados manifiesten su voluntad de formar parte de la misma, y hoy estamos muy cerca, a sólo cuatro o cinco firmas de alcanzar ese porcentaje mínimo. Y a partir de ahí -subrayó- entraría a jugar la Provincia, que ya puso a disposición el equipo técnico de la Dirección de Cooperativas, a cargo de Guillermo Tavernier; ofreció su asesoramiento jurídico; e incluso desde la Dirección de Salud regional que coordina Pedro Bustos facilitarán contratos Covid para médicos y enfermeras a los efectos de salvar la situación en esta emergencia y que el geriátrico pueda seguir funcionando en la órbita del PAMI, mientras tanto se establece la cooperativa de trabajo que luego quedaría como responsable del servicio”.

Para dimensionar la importancia del geriátrico, el ex secretario de Obras Públicas puntualizó que “tiene una capacidad operativa en condiciones normales de más de 60 abuelos y hoy quedan unos 20 aproximadamente, porque otros tantos fueron trasladados a casas de familia y otras localidades a partir del dictado de la quiebra”.

“Como concejal de la ciudad estoy participando activamente de las gestiones por el salvataje desde hace 30 días en resguardo de las fuentes de trabajo, y los mismos empleados me manifiestan que desde enero último intentaron conectarse con el Municipio y no tuvieron el acompañamiento necesario. Creo que es necesario involucrarse en mayor medida, porque si bien se puede alegar que es una cuestión de intereses privados, es obvio que esto termina afectando a la ciudad”, señaló Rada. Y amplió: “Nosotros tomamos la posta y ahora estamos gestionando la posibilidad cierta de organizar esta cooperativa, pudiendo no sólo mantener las fuentes laborales, sino también continuar en el cuidado de los abuelos y que puedan estar cerca de sus familias, y con todas las garantías de un geriátrico habilitado. Seguramente la semana que viene habrá una nueva reunión y esperamos reunir la cantidad necesaria de firmas para constituir la cooperativa y empezar a solucionar esta delicada situación”, finalizó el concejal del PJ.

La jueza que interviene en la quiebra del geriátrico Santa Fe, Celeste Rosso, junto con el síndico Luis Carletta se reunieron durante la mañana con los empleados para brindar precisiones sobre la situación que se encuentra el establecimiento. Según detalló, los esfuerzos están puestos en poder seguir sosteniendo esta institución que hoy alberga a una veintena de adultos mayores y personas con discapacidad. “La quiebra, por ley, no implica el cierre”, indicó.

Finalizado el encuentro con los trabajadores, quienes minutos antes llevaron a cabo una protesta frente al edificio ubicado en avenida Santa Fe al 600, dialogó con la prensa y contó: “En el expediente de quiebra estaba prevista la visita junto al síndico, al médico forense y el asesor que representa a los adultos mayores y personas con discapacidad que están en el geriátrico, porque cuando salió la sentencia, el 26 de mayo, se estableció una norma, que es excepcional, para la continuación de la explotación al tratarse de un servicio esencial en este marco de pandemia por Covid-19”.

“A partir de ahí -continuó- se comenzó con un arduo trabajo, como por ejemplo constatar en el Ministerio de Salud de la provincia que el geriátrico tuviera habilitación, lo mismo en la Municipalidad local”. Al estar todo en regla para funcionar, se convocó a los trabajadores a seguir brindando servicio, ya que se requiere la aceptación de la mayoría de los empleados, quienes deberán conformar una cooperativa laboral.

Según Rosso, el síndico que fue seleccionado por sorteo, “tiene experiencia en la continuación de empresas a través de cooperativas de trabajo, incluso ya empezamos a entablar diálogo con organismos nacionales como el PAMI para poder realizar un nuevo convenio”. Y añadió: “Yo puedo disponer por ley que se sostenga el servicio, pero necesitamos dos cuestiones: que los abuelos puedan quedarse, esto va a permitir que PAMI pague y los trabajadores para que brinden los servicios”.

“Dentro del marco de la ley voy a hacer todo lo posible para que el geriátrico y sanatorio Santa Fe continúe su explotación, no sólo por las fuentes laborales y las personas alojadas, sino por Venado Tuerto y la región”, enfatizó.

Por su lado, el síndico Luis Carletta expresó: “Lo que nosotros queremos realmente es que los abuelos que se han ido, que son la mitad de los que había hace diez o quince días, vuelvan, dándoles todas las garantías de un buen servicio, no sólo a ellos sino también a las familias que confían en este geriátrico. Además, hoy no sabemos dónde fueron llevadas las personas mayores y en qué condiciones están las residencias que los están albergando”.

Para un buen funcionamiento se necesita volver a contar con un número similar o superior al que venía teniendo el establecimiento que duplicaba con amplitud los 20 que hay actualmente. “Hubo una mala información de PAMI, porque cuando la propietaria del nosocomio manda la recesión unilateral del contrato con el organismo nacional, se comunicó a los familiares que debían retirar a los abuelos porque la institución cerraba, sin esperar la resolución judicial, que determinó a los pocos días la continuidad”, sentenció.

Ahora, los empleados del geriátrico Santa Fe realizan una manifestación frente al inmueble donde funciona la institución en reclamo de certezas en cuanto al proceso de quiebra que lleva adelante la residencia para adultos mayores.

El pedido de los más de 30 empleados del único geriátrico venadense habilitado por el gobierno provincial es que la jueza que interviene en el proceso de quiebra, Celeste Ross les explique en que situación se encuentra el proceso para tener precisiones en cuanto a como seguir.

Uno de los empleados, Jonhatan Freytes informó: “Somos más de 30 familias que nos vamos a quedar sin trabajo sin posibilidad concreta de cobrar alguna indemnización. En un principio se hizo una reunión en el geriátrico y se nos dijo que con la venta del inmueble se podría pagar a largo plazo, pero el abogado que nos representaba nos dijo que el inmueble no se puede vender porque hay un problema con los herederos, además nuestro abogado renunció, asique estamos en problemas, porque nos llegó una carta que tenemos que responder en 24 horas y no sabemos que hacer”.

Además, Freytes explicó que “nosotros estamos yendo a nuestro lugar de trabajo porque recién el sábado la jueza falló a favor de la quiebra, todavía no recibimos ningún telegrama y aún quedan 20 abuelos”, y añadió: “Para nosotros es una angustia, porque si bien la jueza puso una cláusula de trabajar tres meses más no sabemos si va a haber ingresos, porque si no hay abuelos no creo que nos paguen”.

Tanto la jueza Rosso como el síndico de la quiebra, Luis Carletta se hicieron presentes en el lugar donde los trabajadores se manifiestan y se espera que, luego del diálogo que están manteniendo entre las partes, se arribe a alguna conclusión para conocer el destino tanto de la institución como de los empleados y de los abuelos que aún continúan residiendo allí.

“El síndico que envió la jueza nos dijo que había plata para pagar esta primera quincena de junio, nada más. De nuestro lado, que se nos dé una posibilidad de una cooperativa para no pagar la indemnización, y eso es muy difícil cuando se están llevando a todos los abuelos”, subrayó el trabajador del Geriátrico Santa Fe.