El ministro de Economía, Pablo Olivares, se refirió este lunes a la situación del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) frente a los anestesistas que cobran honorarios a los afiliados. En ese marco, el ministro manifestó “una profunda preocupación. Los anestesiólogos son parte de los recursos humanos de los sanatorios, el Iapos no tiene contrato con ellos, sino que el contrato que realiza la obra social es a través de gerenciadoras, que procuran la prestación de sanatorios. Lo que estamos viendo con profunda preocupación es que lo que está sucediendo con el Iapos es meramente un síntoma, la punta del iceberg, que parte de esos recursos humanos han salido de control de sus patrones y están comenzando a pedir honorarios al afiliado”.“Esto se debe a que el Iapos es una institución de referencia para después realizarlo con las demás obras sociales, por una cuestión de Estado público y por una cuestión de volumen. El afiliado no tiene por qué pagar algo que ya Iapos está pagando a los empleadores de los anestesiólogos. La preocupación es que si este síntoma expresa que los patrones han perdido el control de sus recursos humanos (que le facturan a cualquiera de sus pacientes), ¿qué nivel de control va a tener el quirófano donde se va a entrar?”, se preguntó el ministro.En ese sentido, Olivares enfatizó que “el afiliado no tiene porqué pagar. Pero aclaramos que, en primer lugar, si por alguna razón se ve coaccionado a pagar, ese dinero va a ser reintegrado y ese monto va a ser debitado de la correspondiente gerenciadora porque es parte de lo que ya se está pagando”.En segundo lugar, “el Estado va a tomar medidas. La Asociación de Anestesiólogos de Rosario no tiene competencia para establecer aranceles, hemos analizado los estatutos, es una competencia del Colegio de Médicos. Lo que ha acontecido es que a lo largo de un tiempo ha sustraído de hecho la facultades para generar la oferta, es decir, los cupos de formación de anestesiólogo está siendo gestionada exclusivamente por los propios anestesiólogos. Eso ha regulado la oferta, han hecho acuerdos con anestesiólogos de otras provincias para que no puedan venir a prestar servicio aquí y que ni los de acá pueden prestar en otras provincias. Esto ha generado una cartelización con control del territorio. Esto está significando una presión en los aranceles de los sanatorios, que han tenido un incremento de esos aranceles de más de 500% en un año”.“Desde el Iapos vamos a seguir muy de cerca esta situación. Sabemos que una cirugía que se tiene que reprogramar implica un riesgo, si por alguna razón algún afiliado tiene una alguna contingencia, el Iapos va a ser querellante ante esa situación y, por supuesto, vamos a propiciar las denuncias que correspondan. Desde el Iapos vamos a ser querellantes para que si en alguna situación se configura alguna tipificación penal, podamos acompañar”, finalizó el ministro de Economía.

El Gobierno nacional se sumará al Ejecutivo de Chubut como querellante en la causa en la que se investiga la quema de unas 2.400 hectáreas de bosques dentro del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en esa provincia patagónica.

Chubut, cuyas autoridades responsabilizan a organizaciones ligadas a comunidades de origen mapuche, había anticipado que iba a ponerse al frente de ese reclamo para que se esclarezca el origen del incendio y que se apliquen "medidas ejemplificadoras" contra los autores.

"El gobernador (Ignacio Torres) dijo que había indicios de que los focos del incendio pudieron ser intencionales. Estamos todos abocados a poder terminar con el incendio y después empezar las investigaciones necesarias. Si termina derivando en una investigación que dice que esto fue intencional, los responsables deberán estar tras las rejas", dijo este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni en su conferencia diaria.

El gobernador chubutense apunta a un ex brigadista perteneciente a la comunidad lof Paillako, cuyo nombre es Cruz Cárdenas.

(Por Ivana Fux) – Finalmente, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez concedieron a las partes que intervienen en la denominada “causa Sain”, la posibilidad de acceder a las actuaciones. Así se lo notificaron este miércoles tanto a los abogados defensores de los presuntos imputados, como al querellante. En este último rol se encuentra el propio estado santafesino, después de que el gobernador Omar Perotti le ordenara al Fiscal de Estado, Rubén Weder, solicitar ser incorporado como tal.

Ya el 10 de febrero, el juez Jorge Patrizi había hecho lugar a un planteo de Hernán Martínez (h), defensor de Sain, por el que solicitaba acceder al expediente. Pero la decisión del magistrado fue apelada por los fiscales. A exactamente un mes de la resolución de Patrizi y aun cuando la apelación no fue resuelta, los fiscales decidieron levantar la reserva. Ante la consulta de El Litoral, las defensas interpretaron que ello fue así porque todos los plazos procesales ya se encontraban vencidos. Ante la misma consulta, desde la fiscalía se explicó que ya se encuentran “en condiciones de imputar”, por lo que la defensa necesita conocer las evidencias

La nota de los fiscales habilita el “acceso a las constancias de la Investigación Penal Preparatoria (IPP)”, y estipula el mecanismo de acceso a la documentación. Ello, “atento a la sensibilidad de la información recabada, y tendiendo a preservar otras investigaciones penales y procurando evitar cualquier posible afectación a la protección de datos personales de miles de personas”. La cifra “miles” aludiría a los hombres y mujeres presuntamente “espiados” o a los eventuales “perfilamientos” realizados durante la gestión de Sain. A partir de esta decisión, las partes podrán acceder a las constancias de la IPP, y estarán autorizadas a “extraer copias de las constancias de la actividad desplegada por la Fiscalía”, incluyendo las declaraciones testimoniales, oficios, presentaciones judiciales; y “la documental secuestrada que no contenga datos personales de terceras personas”. También podrán solicitar “una copia de la información contenida en sus respectivos dispositivos de comunicación y almacenamiento”.

En otro orden, y según pudo saber El Litoral, Jiménez y Hernández solicitarían una transcripción textual de la exposición que realizara semanas atrás el Fiscal de Estado, Rubén Weder, en la Cámara de Diputados. La convocatoria había surgido a instancias del justicialista Luis Rubeo, quien solicitó invitar al funcionario para que revelara los resultados o avances de la investigación administrativa que Omar Perotti le ordenara realizar sobre el Ministerio de Seguridad. Ese encuentro se realizó a puertas cerradas y sin prensa. Por los testimonios periodísticos posteriores, Weder sostuvo que -al menos hasta aquí- no se habían hallado evidencias de situaciones delictivas o irregulares. Si se interpreta que la figura del querellante conlleva una pretensión punitiva, y si el propio Fiscal aduce que no halló delito en su investigación sumaria, los fiscales podrían plantear que la provincia debería desistir, entonces, de seguir participando en el proceso como querellante. Mientras tanto, se sigue aguardando una definición respecto de cuándo se realizarían las correspondientes audiencias imputativas. Las fechas podrían fijarse en lo que queda de esta semana.

El Litoral La provincia de Santa Fe había solicitado formalmente constituirse como querellante en la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por el presunto delito de espionaje ilegal y asociación ilícita. Las supuestas irregularidades habrían sido cometidas mientras se desempeñaba como ministro de Seguridad de Santa Fe. Según confirmó a El Litoral el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, el escrito con la solicitud redactado por el fiscal de Estado, Rubén Weder, fue ingresado ante la Fiscalía de Delitos Complejos. Los fiscales intervinientes (Mariela Giménez y Ezequiel Hernández) fueron los encargados de remitir, con el dictamen respectivo, las actuaciones a la Oficina de Gestión Judicial. Se deberá constituir, luego, un tribunal para resolver. Este mediodía fue aceptado el pedido del fiscal de Estado, Rubén Weder, y el Ejecutivo podrá intervenir en el asunto que tiene como involucrados a varios ex funcionarios de la gestión que encabezó Marcelo Sain, en Seguridad. Mientras tanto, avanza en el ámbito de Fiscalía de Estado la investigación administrativa que, también por decreto, ordenara el año pasado el gobernador para intentar desentrañar qué fue lo que sucedió en el Ministerio de Seguridad mientras lo conducía Marcelo Sain.