La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) envió este jueves una carta a la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos solicitándole que “se revea, en carácter de urgente” el decreto 841/2022, que estableció un bono de 24 mil pesos para trabajadores del sector privado.

Pide Camima “contemplar casos particulares en que los empresarios pymes no pueden afrontar ese costo”. La entidad que preside José Ammaturo recordó que representa a un sector caracterizado por ser de mano de obra intensiva.

“Queremos manifestarle los importantes inconvenientes económicos y financieros que nos produce dicha medida unilateral, llevando a muchas pymes a no poder afrontar el mismo, con las consecuencias laborales que podrá entender”.

Según el dirigente empresario, “esta medida imprevista (al igual que uno de los feriados) se establece en un mes de grandes erogaciones” para las pymes que “deben afrontar sueldos, aguinaldos, vacaciones, además de soportar en particular la carga de cuatro feriados en el mes sin poder producir”.

“Las pymes metalúrgicas entienden perfectamente las necesidades de sus empleados ante una economía que les hace perder el poder adquisitivo de sus salarios en forma constante, sabiendo además que un bono no soluciona la economía de sus trabajadores y sí complica financieramente a las empresas, principalmente a las pymes, es por ello que Camima y el resto de las cámaras metalúrgicas acabamos de firmar (simultáneamente al dictado del DNU 841/2022), acuerdos en el marco de las paritarias”.

Los empresarios metalúrgicos acordaron tanto con la UOM como con ASIMRA, un aumento de salarios anual del 110% para el período abril 2022 a marzo 2023. Los convenios contemplaron las proyecciones de inflación a futuro y superaron los porcentajes previstos.

“La industria metalúrgica cuenta con convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios. Las negociaciones paritarias han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación. La metodología dispuesta por el Gobierno afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes de trabajadores y empresarios industriales como son las paritarias”, cuestiona la carta de Camima a Olmos.

Para la cámara, el decreto del Gobierno “interfiere con acuerdos existentes” porque “hace responsable del pago de un bono a empresarios pymes, que no son los culpables de la inflación, solo sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores”.

“Solicitamos se revea en carácter de urgente los alcances de este decreto con el fin de contemplar los casos particulares que hemos señalado, en pos de una buena relación entre trabajadores y empleadores, evitando situaciones críticas económicas y financieras de las empresas, que lamentablemente tarde o temprano se reflejará en las relaciones laborales”, finalizó el escrito.

Además, Ammaturo se puso a disposición de la ministra para “generar las reuniones operativas y de articulación que considere necesarias” de manera tal de poder sentar posición de las pymes metalúrgicas argentinas.

El pronunciamiento sectorial se produce en medio de las medidas gremiales que detuvieron en las últimas semanas la producción de neumáticos o afectaron las operatorias de empresas de logística o lácteas, incluyendo actos de violencia contra personal que quiso prestar servicios.

“El conflicto que afecta a la industria del neumático impide ejercer derechos constitucionales básicos como los de trabajar, comerciar y circular libremente, así como el derecho de propiedad.

“Los bloqueos; las tomas de establecimientos y oficinas; el impedimento a los trabajadores que quieren desarrollar su tarea y las presiones vulneran derechos, por ello el mensaje debe ser claro y contundente, representan violencia y no pueden admitirse en una sociedad libre”, señala la Cámara de las Pymes.

“Asimismo, estas acciones generan cuantiosas pérdidas, no sólo a las empresas del sector afectado, sino también a las compañías asociadas a su cadena de valor y a cada uno de los usuarios finales”.

Mientras el gobierno nacional formuló un llamado a la “sensatez de todos los sectores”, Camima advirtió que “el único camino para resolver los conflictos y construir la Argentina que todos queremos es respetar la República, la Constitución y las Leyes, con el diálogo como bandera y rechazando el empleo de la fuerza en cualquier huelga o manifestación.

“Por ello, pedimos el cese de los bloqueos y cualquier acción intimidatoria y violenta. Ante la actual situación social y económica no podemos permitir la pérdida de puestos de trabajo, el corte de las cadenas de suministro o el desabastecimiento de los mercados”.

Las Pymes metalúrgicas advierten que “la alta situación de incertidumbre que atraviesa hoy la Argentina no tiene margen para cambiar el eje de los temas centrales. El Gobierno debe hacer cumplir a rajatabla las leyes emanadas de la Constitución nacional y dejar de avanzar con proyectos innecesarios, como la reforma de la Corte Suprema de Justicia que no solucionarán los problemas cotidianos que vivimos, como bloqueos; violencia laboral; falta de insumos y de materias primas importados; inseguridad; falta de una moneda de referencia, y usurpaciones, entre tantos otros.

“La Argentina -dice- necesita reformas estructurales que otorguen confianza y previsibilidad. Resulta imperiosa la búsqueda de un desarrollo sostenido, con generación de empleo genuino e inversión y, para ello, resulta indispensable un marco institucional que brinde seguridad jurídica”.

La diputada nacional cordobesa Laura Rodríguez Machado -junto a 14 legisladores de Juntos por el Cambio- presentó un proyecto de ley para que “los bloqueos a empresas sean considerados delitos penales”. Plantea la legisladora del PRO que se sancionen con “reclusión o prisión de 3 a 8 años” a quienes “bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial”.

La bancada oficialista que preside el santafesino Germán Martínez, por su parte, expresó su “profundo rechazo” a declaraciones de Espert y señaló la posibilidad de plantear la “remoción por inhabilidad moral” del legislador liberal. Espert pidió “cárcel o bala” para gremialistas del Sutna que bloquearon las fábricas de neumáticos, y desde su cuenta de Twitter propuso: “Sindicato que cierra empresas, pierde la personería gremial”.