Este jueves se proyectó en el Centro Cultural Ideal de Venado Tuerto el documental “Lealtad a la Justicia Social”, de Walter Peña y Nicolás Cuíñas, que se transformó en un disparador para la reflexión y el debate, con un marco de público numeroso y participativo.

Los realizadores presentaron la obra como un viaje a través de la historia argentina, centrado en los hechos previos al 17 de octubre de 1945, cuando una movilización popular marcó el nacimiento del justicialismo en el país. Según Peña, el documental busca reflejar cómo esta gesta histórica dio origen al peronismo y al antiperonismo de manera simultánea, y por qué hoy sigue siendo fundamental mantener “la lealtad a la justicia social”.

El filme combina testimonios de distintos sectores, desde sindicatos y derechos humanos hasta artistas y docentes, con animaciones e inteligencia artificial que dan vida a fotografías históricas de Perón, Evita y los protagonistas de aquel momento. También se incluyen performances teatrales y cuadros de danza y rap que conectan la historia con el presente, mostrando las emociones y tensiones de aquella semana decisiva de octubre. Peña destacó que el documental tiene un fuerte valor educativo, y mencionó que docentes que ya lo vieron lo consideran apropiado para ser proyectado en escuelas.

Por su parte, Jorge Sola, cosecretario nacional de la CGT y oriundo de Venado Tuerto, tomó la palabra en su rol de promotor de la iniciativa en el marco de las actividades por el 80° aniversario del 17 de octubre de 1945 que se cumplió el año pasado. En primer término, resaltó que el documental funciona como disparador de diálogo, en un recorrido federal que ya incluyó Mendoza, Rosario y Córdoba, y continuará por distintas regiones del país. Hizo hincapié en la importancia de conocer la realidad del interior, donde los desafíos productivos, el desempleo y la caída de pymes son similares a los de Santa Fe y Buenos Aires, aunque con particularidades propias de cada provincia.

Sola dedicó gran parte de su intervención a analizar el contexto económico y social actual, señalando que muchas decisiones de la Casa Rosada se encuentran “desconectadas” de la realidad de trabajadores e industrias locales. En este marco, abordó la reforma laboral, calificándola como “una oportunidad perdida” para modernizar el mundo del trabajo con participación de todos los actores involucrados y advirtió que esta desconexión entre la política y la realidad productiva genera “incertidumbre” entre trabajadores y pequeñas y medianas empresas.

En un mensaje contundente sobre justicia social, el dirigente recordó su propia historia: proviene de un entorno humilde y pudo acceder a la universidad gracias a políticas que promovieron la igualdad de oportunidades. “No hay libertad posible cuando falta la comida, cuando no se llega a fin de mes o cuando no se puede estudiar. La libertad sin justicia social no existe”, afirmó, destacando la urgencia de acercar las soluciones a quienes más las necesitan.

Más adelante, el referente del Sindicato del Seguro insistió en que los gremios cumplen un rol que no debe reemplazar la responsabilidad política, y destacó que el diálogo, la participación y la empatía con los más vulnerables son clave para construir un país más justo.

Dirigentes empresarios de todas las provincias analizaron junto a los legisladores las principales necesidades y problemáticas que atraviesa el sector ante la sostenida caída del consumo y del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de importaciones y la pérdida de rentabilidad que tiene como consecuencia el cierre de pymes.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, manifestó el presidente de CAME, Ricardo Diab, y agregó: “La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo”.

En ese sentido, uno de los reclamos fue un nuevo consenso fiscal que dé un marco de ordenamiento a los impuestos provinciales, entre ellos los Ingresos Brutos, y a las tasas municipales, además de la reducción de la presión fiscal a las pymes. De esta manera se evitaría lo que muchas veces sucede: que la marginalidad se convierta en la única salida para evitar la carga tributaria que se superpone.

Al respecto, CAME propuso que la capacitación sea un puente para cortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Por eso pidió que el Congreso acompañe la oferta de capacitación de la Escuela de Negocios de CAME, que apunta a mejorar la empleabilidad y la profesionalización de las pymes.

Por otra parte, para luchar contra el comercio ilegal y el contrabando, CAME requirió avanzar con el proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que propone un régimen especial para pymes en zonas de fronteras para así reducir asimetrías cambiarias y fomentar la competitividad.

A su vez, se planteó que para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habría que contemplar un monto mínimo de inversión más bajo que el establecido para las microempresas y para las pequeñas empresas (US$ 150.000 y US$ 600.000, respectivamente). Asimismo, que las inversiones puedan realizarse dentro de los primeros cinco años desde la entrada en vigencia del RIMI (versus los dos años estipulados).

Por último, los representantes de CAME solicitaron mayores líneas de financiamiento, ya que sólo 1 de cada 3 pymes accede a él. En tanto, los diputados nacionales presentes informaron que trabajarán en la posibilidad de declarar la emergencia pyme en todo el país.

Además del presidente de CAME, Ricardo Diab, estuvieron presentes los vicepresidentes Fabián Castillo y Claudia Fernández; la secretaria general, Beatriz Tourn; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el secretario de Organización, Silvio Farach; el secretario Gremial, Guillermo Polke; el secretario de Relaciones Internacionales, Alfredo González; el secretario de Prensa, Salvador Femenía; el secretario de Relaciones Institucionales, Fausto Brandolin; el secretario de Capacitación, Luis Alonso; el secretario de Servicios, Dino Minnozzi; el secretario de Interior, Gerardo Díaz Beltrán; el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios, Vicente Lourenzo; el coordinador de la Comisión de Fronteras y de la Comisión de Ilegalidad, Fabián Hryniewicz; y representantes de federaciones y cámaras de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. 

En el marco de las políticas de promoción productiva que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó una nueva convocatoria para que empresas de toda la provincia participen en Agroactiva 2026, una de las principales ferias agroindustriales del país.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que “el objetivo es seguir acercando herramientas concretas para que nuestras pymes puedan crecer. Estas ferias son una oportunidad real para mostrarse, generar contactos y abrir nuevos mercados”.

El funcionario señaló que “trabajamos para que cada vez más empresas santafesinas den el salto, puedan posicionar lo que producen y transformar esa visibilidad en ventas y trabajo para la provincia”, afirmó Puccini.

La iniciativa se desarrolla a través del programa Santa Fe Expone, que busca fortalecer la presencia de firmas santafesinas en encuentros estratégicos, lo que permite mayores oportunidades de visibilidad, vinculación y crecimiento comercial.

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de mayo y está destinada a empresas de los sectores agtech, alimentos, productos regionales, industria metalmecánica y agroindustrial, insumos agropecuarios, energías renovables, textiles, construcción, entre otros.

Para acceder al formulario de inscripción se debe ingresar a https://sf.gob.ar/empresasagroactiva.

De acuerdo a lo detallado, al momento de la selección, se priorizará a aquellas pymes que participen por primera vez y que incorporen innovación, valor agregado o desarrollos tecnológicos en sus procesos o productos.

Para este año, Agroactiva se llevará a cabo del 3 al 6 de junio en la ciudad de Armstrong, donde el Gobierno provincial dispondrá de un espacio institucional sin costo para los expositores seleccionados.

Agroactiva nació como una feria local y se ha consolidado como una referencia internacional en el ámbito agroindustrial. En sus tres décadas de historia ha crecido exponencialmente, atrayendo a empresas, fabricantes, importadores y distribuidores de bienes, insumos y servicios para el sector agropecuario.

En la actualidad representa la muestra a cielo abierto más convocante de la Argentina y la región. Cada edición constituye una oportunidad única para mostrar lo último en tecnología, maquinaria e innovación aplicada al campo.

El programa está dirigido a emprendedores y pymes de toda la provincia, con el objetivo de facilitar su participación en ferias y exposiciones productivas a nivel nacional.

Cada año, alrededor de 400 empresas santafesinas forman parte de más de 30 muestras en distintos puntos del país, lo que consolida una política activa de acompañamiento al entramado productivo.

El diputado nacional Pablo Farías (Provincias Unidas) fue elegido para presidir la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, en la reunión constitutiva que se llevó a cabo este martes.

El responsable de presentar ante la comisión la propuesta del bloque Provincias Unidas para la presidencia de Farías fue el diputado bonaerense Pablo Juliano, quien sostuvo que debido a su trayectoria en la gestión pública y legislativa ha impulsado "iniciativas vinculadas a la radicación de empresas en las zonas industriales y al desarrollo del área portuaria de la ciudad de Santa Fe”, como también le ha tocado ser interlocutor y llevar adelante “la relación inmediata y la interacción del gobierno provincial con instituciones intermedias”.

Además, Juliano destacó la capacidad de Farías de “cultivar el diálogo y las buenas relaciones entre el Estado y la sociedad civil”.

Al dirigirse a los integrantes de la comisión, Farías expresó que “como santafesino, conozco la importancia de las pymes para la economía, pero, sobre todo, el esfuerzo que realizan todos los días por sostener sus actividades y mantener las fuentes de trabajo”.

Pablo Farías, diputado nacional.

“Estamos atravesando un momento difícil para las industrias del país, -continuó el diputado- , particularmente para el sector que involucra a la temática de la comisión, que son las pequeñas y medianas empresas”.

“Un sector que es importantísimo a la hora de pensar el desarrollo del país. Aproximadamente el 75% de los empleos privados de nuestro país dependen de pequeñas y medianas empresas. Más allá de la caída que ha habido en los últimos meses, siguen siendo un factor importante de la economía, más de 500 mil empresas hoy reciben esta calificación, de ser pequeñas y medianas”, resaltó.

En este sentido, Farías subrayó que “aún así, en el país y la región nos falta mucho por desarrollar. La cantidad de empresas por habitante que tiene la Argentina está todavía por debajo de países como Chile, Uruguay, Brasil, ni hablar si nos comparamos con cualquier país desarrollado. Seguramente aquí podremos dar algunos debates que van a ser fundamentales en la búsqueda de un cambio en ese sentido”.

Para finalizar, el recién electo presidente de la comisión de pymes expresó su apertura para generar los espacios de diálogo y trabajo que propongan las diferentes fuerzas políticas y su “compromiso de diálogo y respeto hacia todos, más allá de las diferencias”.

A la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas le compete el estudio y la implementación de las medidas que tiendan a la protección y desarrollo de dicho sector productivo, a través de una adecuada legislación en materia impositiva, crediticia y de promoción de sus actividades, así como también dictaminar en todo proyecto en que las pequeñas y medianas empresas se encuentren involucradas por sus implicancias en cualquiera de los aspectos antes especificados.

(Por Emerio Agretti) - Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, fatiga la agenda de reuniones con gobernadores en busca de apoyo para la reforma laboral, en el Senado la comisión técnica que lidera la asesora Josefina Tajes lleva adelante encuentros individuales con los diferentes actores sociales y parlamentarios.

La senadora Patricia Bullrich confirmó que el debate en el recinto arrancará el 11 de febrero y aseguró que el oficialismo tiene los votos de 44 senadores para aprobar la iniciativa. Ese respaldo vendría apuntalado por las gestiones con mandatarios y sectores involucrados, y sostenido en algunos cambios requeridos y negociados.

De ese modo, tras la ronda de consultas, y como ya había adelantado Bullrich, el oficialismo aceptaría introducir modificaciones en la redacción original, que consta en el dictamen de comisión. Pero los cambios no se harán en la previa, sino en la propia votación del cuerpo.

El oficialismo está dispuesto a producir cambios en el texto, pero no será en comisión, sino en el recinto. HCSN

Así lo adelantó Tajes, en su carácter de titular de la mesa técnica que analiza la viabilidad de las demandas de los sectores cercanos al Gobierno. La asesora legislativa anticipó que la intención es sesionar el martes 11 de febrero y ratificó que conservarán "el espíritu del proyecto" original.

"No hay un nuevo dictamen. El dictamen ya está aprobado y firmado. El procedimiento es el habitual: el proyecto va al recinto, se vota en general y, en el debate en particular, se incorporan las modificaciones o aclaraciones que eventualmente se hayan acordado”, detalló, en declaraciones a un portal parlamentario.

En ese sentido, explicó que "las cámaras nos envían por escrito sus inquietudes o los artículos que necesitan profundizar" y que analizarían la posibilidad de incorporar algunas de sus solicitudes. Por otra parte, rechazaron dividir las votaciones para evitar integrar los apartados más discutidos desde las provincias.

Josefina Tajes junto a Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, senadores electos por la ciudad de Buenos Aires. Archivo El Litoral

"Es cierto que existen conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por el impacto fiscal de algunos aspectos tributarios, particularmente vinculados al impuesto a las Ganancias y a la coparticipación, pero en ningún momento se habló de dividir la ley ni de separar el capítulo laboral del impositivo", precisó.

Precisamente, la cuestión del impacto sobre las cuentas provinciales de las modificaciones en Ganancias es la principal que plantean los mandatarios, y que por lo mismo sustenta las objeciones desde el gobierno santafesino.

También, en boca del propio gobernador Maximiliano Pullaro, se planteó un apoyo a la modernización, pero con la advertencia de que se debe contemplar en particular la situación de las pymes, que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia y en el país.

Santa Fe hizo llegar su posición a legisladores nacionales y a funcionarios del Ejecutivo, reclamando que el proyecto incorpore una mirada productiva y federal, y que no traslade a las pymes la carga de renegociaciones permanentes, aportes adicionales o esquemas que solo pueden afrontar grandes compañías con estructura jurídica y financiera.

Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia. Flavio Raina

Al frente de la bancada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia expresó su respaldo a los ejes centrales del proyecto, fundamentalmente en lo que hace a dos puntos clave: reducir la litigiosidad laboral y avanzar en la formalización del empleo.

Sin embargo, formuló reparos sobre aspectos específicos de la iniciativa, en particular el Fondo de Asistencia Laboral. Concretamente, el destino de aportes que hoy van al sistema previsional y que, con la reforma, podrían redirigirse a esquemas privados de capitalización. Y el interrogante al que eso da pie: cómo se financiará el sistema jubilatorio.

A su paso por la comisión del Senado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su respaldo al espíritu del proyecto y destacó la necesidad de actualizar la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y sociales.

Su presidente, Natalio Mario Grinman, subrayó que la previsibilidad es clave para promover empleo formal y competitividad, aunque reconoció observaciones sobre artículos específicos.

Una postura similar adoptó la Unión Industrial Argentina (UIA), que presentó un documento con 20 puntos de apoyo, aunque dejó trascender reparos sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que establece un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones, por su impacto en los costos empresariales.

Las principales objeciones provienen de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de ADIMRA, que solicitaron la eliminación de cinco artículos (126, 128, 130, 131 y 132). Según advirtieron, esas disposiciones contradicen el objetivo de previsibilidad y equidad que proclama la reforma.

Entre los puntos más cuestionados figuran el fin de la ultraactividad plena de los convenios colectivos, la eliminación de aportes obligatorios a cámaras empresarias -mientras se mantienen los sindicales- y la priorización de convenios por empresa o región por sobre los de actividad.

Las entidades advierten que estos cambios favorecen a grandes compañías y colocan a las pymes en una situación de desventaja estructural.

En tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino reclamó modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), al considerar que excluye a amplios sectores de las economías regionales, como bodegas, molinos, procesadoras de alimentos y fabricantes de maquinaria agrícola.

El rechazo más duro llegó desde el sistema bancario. ADEBA, ABA y ABAPPRA cuestionaron la habilitación para que billeteras virtuales paguen salarios y jubilaciones, al sostener que el sistema bancario formal garantiza seguridad, trazabilidad y gratuidad para los usuarios.

Aunque por razones distintas, cámaras empresarias y la CGT coinciden en rechazar parte del proyecto por entender que desarticula los mecanismos de negociación colectiva.

La CGT no se cierra al diálogo, pero expresa resistencia. Reuters

Así en lo que atañe al artículo 126, que pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT), principio por el cual un convenio mantiene su vigencia hasta tanto sea reemplazado por otro.

Eso obligaría a las empresas y a los sindicatos a renegociar de manera permanente, con el lógico desgaste que implica para ambas partes, y el riesgo de que se generen vacíos legales que puedan provocar un aumento de la litigiosidad.

Lo mismo ocurre con los artículos 130 y 131, que buscan hacer prevalecer convenios de ámbito menor sobre otros de ámbito mayor. En Argentina rige el principio de negociación por sector o rama de actividad. Eso implica un “piso” de condiciones para las empresas y para los trabajadores en todo el país y en todas las empresas.

El Gobierno propone cambiar ese paradigma a la negociación colectiva por región o por empresa. La CGT coincide con las cámaras en el rechazo a esta modificación, por entender que pondría a trabajadores en una situación de debilidad frente a las empresas.

A la vez, los empleadores consideran que la eliminación de reglas comunes podría generar competencia desleal, ya que las empresas que negocien con seccionales de sindicatos o comisiones internas más débiles podrían utilizan la baja de salarios para ganar competitividad a expensas de sus rivales.

También hay resistencia al art. 132, que habilita a la autoridad administrativa a suspender los efectos de convenios, aún homologados, cuando se verificasen “distorsiones económicas graves que afecten el interés general”. Otra vez, la cuestión pasa aquí por la falta de certeza y el potencial aumento de litigiosidad.

“En Santa Fe no premiamos la especulación financiera. Quien gana dinero prestando plata, paga como corresponde”, lanzó el gobernador Maximiliano Pullaro al defender con firmeza la decisión de gravar la actividad financiera, incluyendo a las billeteras virtuales que operan como entidades de crédito.

“Si las fintech prestan plata como los bancos, pagan como los bancos, no menos. Porque no es una actividad productiva, es una actividad financiera”, subrayó el mandatario en conferencia de prensa, dejando en claro que en la provincia la prioridad es fortalecer el sistema productivo, no la renta financiera.

Pullaro recordó que los bancos pagan en Santa Fe un 9 % de Ingresos Brutos, un esquema fiscal diferencial que busca desalentar la especulación financiera y redirigir los recursos hacia sectores que generan empleo y valor agregado.

“Le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, cuando las billeteras virtuales y las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar igual. No hay privilegios para la especulación”, afirmó de manera categórica.

Pullaro fue contundente al describir el modelo económico que impulsa el gobierno que encabeza: “Los recursos que recaudamos cobrando más a quienes hacen negocios prestando plata, los volcamos al sector productivo. De ahí salen las líneas de crédito con tasas subsidiadas, los programas de asistencia a pymes, al campo, a la industria y todas las políticas públicas que acompañan el desarrollo real de Santa Fe”, explicó.

Y aclaró que no se trata de una medida aislada ni contra una empresa puntual: “No le cobramos de más a nadie. Lo que hacemos es aplicar una política pública que tiene una lógica muy clara: fortalecer al que produce, no al que especula”.

El gobernador santafesino fue más allá y vinculó esta postura con la identidad cultural y económica de la provincia: “Santa Fe no es una provincia que apuesta al capital financiero ni a la especulación. Somos una provincia de trabajo, de producción. Somos gringos, hijos de inmigrantes, de criollos, de pueblos originarios. Nos enseñaron a trabajar desde chicos y ese es nuestro ADN”, afirmó. Y agregó: “Acá, la especulación financiera no tiene lugar. Lo que tiene lugar es el desarrollo productivo, y desde el Gobierno Provincial lo acompañamos con decisiones concretas”.

Pullaro dejó en claro que la política tributaria tiene un objetivo definido: defender la economía real. “Cuando decimos que en Santa Fe gravamos la actividad financiera, no es por capricho. Es porque creemos que quien gana dinero prestando plata tiene que contribuir más, porque no genera producción, no genera empleo, no genera desarrollo”, subrayó.

Y completó: “Lo que hacemos para acompañar al campo, a la industria, a los comercios, a las cooperativas y a las pymes, sale de entender que la renta financiera tiene que tributar más que la actividad productiva”.

“Nuestra decisión es política, económica y cultural. En Santa Fe defendemos al que invierte, al que produce, al que genera empleo. No estamos acá para financiar la especulación. Estamos para construir una provincia que crezca desde el trabajo y la producción, no desde la renta financiera”, concluyó Pullaro.

Las Pymes elaboradoras de biodiésel en la Argentina volvieron a plantear al gobierno central sus problemas con el precio regulado con el que abastecen a las petroleras para que éstas a su vez mezclen el producto con el hidrocarburo que se expende en los surtidores del país. Tras la salida parcial del cepo, los empresarios buscan que el mercado que abastecen se regule al ritmo del precio del dólar del Mercado Único y Libre de Cambio.

"Estamos convencidos de que un precio denominado en dólares es la mejor forma de quitar costos innecesarios -por ejemplo, coberturas de moneda- a los productores de biodiésel y dar previsibilidad a todo el sistema, como ocurre con el petróleo o el gas natural", señalan los industriales.

En una carta elevada a la licenciada María Tettamanti, secretaria de Energía del ministerio de Economía, así lo exponen los responsables de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles; la Cámara Santafesina de Energías Renovables y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados. Las entidades piden una "urgente reunión" y proponen una fórmula técnica para acompañar su planteo.

La misiva -con copia al subsecretario de Combustibles Líquidos, ingeniero Federico Veller, expone la "preocupación con la coyuntura" por el impacto al sector de la fase 3 del programa económico que "principalmente consiste en una flexibilización cambiaria con flotación entre bandas y eliminación del dólar blend, que causó un salto discreto del dólar divisa vendedor".

Recuerdan los productores que los costos nominados en dólares ascienden a entre el 80% y el 90% del costo total en el caso de la producción de biodiésel. "El salto del dólar y la proporción de costos nominados en esa moneda, tensan la ecuación económica de los productores, poniéndolos en jaque y junto a ellos a las entregas de biodiésel".

El artículo 14 de la Ley 27.640/21 -marco regulatorio vigente de biocombustibles- expone que "las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles que establezca la autoridad de aplicación deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de su elaboración, transporte y el precio para producto puesto en su planta de producción".

A su vez la resolución 3/2023 de la Secretaría de Energía ajustó excepcionalmente el precio publicado por la autoridad de aplicación, basándose en "la modificación de los precios relativos en la estructura de costos del biodiésel", razón por la cual proponen una fórmula permita fijar el precio basado en la nueva política cambiaria argentina.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este miércoles “In Company 2”, la segunda instancia de una iniciativa que busca apoyar a las pymes en la construcción de sus capacidades para la internacionalización, propiciando la exportación de sus productos. Durante el acto desarrollado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, se firmaron convenios con empresarios y asesores técnicos, y se ofreció un balance de la primera convocatoria, realizada en 2024. El programa pone a disposición de cada pyme un profesional calificado -asesor en comercio exterior- para formular y ejecutar un plan de negocios internacional a su medida, formular un plan de inversión individual y acompañarla en la búsqueda del financiamiento o socios y a la búsqueda de contrapartes en el mundo. La iniciativa posee cuatro líneas de asistencia, que se implementan de acuerdo al perfil y la necesidad de la compañía.La primera convocatoria del programa se realizó el año pasado y 147 empresas de 50 localidades, de 18 departamentos, participaron. Las firmas pertenecían a diversos sectores de la producción, desde el agropecuario, hasta la venta de indumentaria y calzado. Se realizaron 900 informes, y la inversión destinada por el Gobierno alcanzó casi 150 millones de pesos. De la convocatoria participaron las cámaras de comercio exterior de Santa Fe, el norte santafesino, Rosario y Rafaela. También la Agencia para el Desarrollo de Villa Constitución. 

En su discurso, el gobernador manifestó que “hoy la fuerza de una provincia se mide por su capacidad productiva y por lo que tiene para darle al Estado nacional, y Santa Fe tiene un modelo para ofrecer”, y aseguró que “es imposible salir adelante si Argentina no apuesta a fortalecer su sistema productivo”.“Nosotros somos una provincia que tiene genética productiva, y cuando miramos la cantidad de pequeñas y de medianas empresas que hay, vemos que Santa Fe es una provincia de gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante y que sabe cómo hacerlo -continuó Pullaro-. Nosotros sabemos qué necesita el mundo y sabemos producir para poder venderle al mundo. Entonces estamos convencidos que esto es un modelo que queremos proponerle a la Argentina, de cómo hacer las cosas”.El mandatario provincial dijo que “Santa Fe por supuesto tiene la potencia del campo y de la industria instalada, pero tiene una capacidad única para poder desarrollarse, explorar nuevos mercados y consolidar las posiciones. Entonces ahí tiene que estar el Estado de la provincia, acompañando a cada santafesino que se animó a invertir, que se animó a creer y que quiere empezar a producir más”.Del acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, participaron también el intendente local, Juan Pablo Poletti; los ministros provinciales de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; y de Educación, José Goity; los secretarios de Comercio Exterior, Georgina Losada; y de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso; diputados, intendentes y presidentes comunales; representantes de cámaras empresarias y exportadoras, consultoras, entidades intermedias y empresarios del sector, entre otros.

Previamente, el ministro de Desarrollo Productivo sostuvo que “para la Provincia el mercado internacional forma parte de una agenda estratégica, y la queremos potenciar, que sea una política de Estado, que esto quede con una matriz productiva”, y recordó que “somos la segunda provincia más importante en materia de exportación”.Asimismo, destacó “la importancia que tiene para una empresa del interior encontrar un destino en el mundo, ese nuevo mercado internacional que muchas veces parece lejano, pero que no lo es. In Company viene a tratar de darle asistencia técnica a las empresas, a destrabar todos esos miedos que pueden existir para poder llegar a un destino, acompañar y ayudar”.Mientras, Losada dijo que “es un orgullo estar aquí firmando nuevos convenios entre consultores, empresas y el gobierno de la provincia para brindar asistencia técnica a las empresas que quieren dar sus primeros pasos en la exportación, consolidar mercados, o aquellas que dejaron de exportar y están queriendo, por un nuevo contexto macroeconómico, insertarse en el mundo”.

(Por Gabriel Rossini) - La industria santafesina terminó el año con un retroceso de la producción manufacturera que rondará el 3 por ciento, después de atravesar un 2024 donde hubo entre 7 y 8 meses de caídas interanuales (que en algunos fue de hasta 2 dígitos), una recuperación heterogénea y limitada en algunas ramas a partir de los meses de agosto y setiembre, y que, de no haber sido por la actividad del complejo soja tras un 2023 de sequía histórico, hubiera estado entre los peores años del siglo XXI.

El último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) indica que la producción manufacturera creció en octubre el 14,9 % respecto del mismo mes del año pasado, sostenida por una fuerte recuperación de la actividad del complejo industrial soja, que creció el 121,9 % en el mes; lo que achicó la caída acumulada de toda la actividad de los diez primeros meses al 3,7 %. Todo indica que en noviembre y diciembre se mantendrá este comportamiento.

Pero aún más de la mitad de las distintas ramas industriales (58 %) sigue por debajo de los niveles del año pasado y, en caso de descontarse de la medición el complejo oleaginoso, la actividad hubiese caído en octubre el 4,4%. Hubo meses en el que más del 90 % de los sectores estuvieron produciendo por debajo de los niveles de 2023. Pese al esfuerzo hecho por la mayoría de los empresarios industriales para evitar despidos, la caída de la actividad igual impactó en los niveles de empleo ya se perdieron este año 5.500 puestos de trabajo en Santa Fe.

"Fue un año bastante complejo, con variables que se están acomodando, esperando que el próximo año la discusión sea por enderezar la micro, que la sociedad tenga mayor poder adquisitivo y -por sobre todas las cosas- que las Pymes industriales puedan recuperarse", resumió en la cena del Día de la Industria el presidente de la UISF, Cristian Fiereder.

Unos días del mes de junio muestran con contundencia el estado en el que estaba la industria manufacturera santafesina en la mitad de este año: por primera vez General Motors y Acindar, las dos empresas más grandes de la provincia sin tener en cuenta las que integran el complejo agroindustrial, estuvieron paradas al mismo tiempo por la brutal caída del consumo. En el caso de Acindar era la segunda parada del año. Mientras se escribe esta nota está parada por tercera vez, con 700 empleados suspendidos. En el caso de General Motors en octubre incrementó su producción más del 170 %, tras 13 meses consecutivos de retrocesos, debido al bajo nivel de comparación originado en la falta de insumos importados para producir en 2023.

En este contexto de crisis profunda y falta de políticas claras por parte del gobierno nacional, la mayoría de los empresarios industriales santafesinos han logrado sobrevivir a la ola libertaria por una serie de medidas que tomaron en sus empresas a partir de las enseñanzas que les dejó el gobierno de Mauricio Macri. Empezando por no endeudarse, situación que había puesto en riesgo a muchas de las firmas de la región en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos.

También los ayudó a amortiguar la crisis la buena relación que mantuvieron con los gobiernos provincial y municipales, quienes apuntalaron dentro de las posibilidades y recursos a quienes se enfrentaron con dificultades, buscando diseñar soluciones ante la ausencia de políticas nacionales o que directamente las afectaban poniendo en riesgo su subsistencia -como fue el caso del sector de los biocombustibles- o para atender necesidades propias, como la construcción de seis gasoductos en distintas regiones de la provincia, los distintos programas de capacitación y reentrenamiento del ministerio de Educación, los créditos a tasas subsidiadas, el proyecto de ley de parques productivos y las mesas sectoriales como la del Gas y el Petróleo, por nombrar algunas.

En nuestra región la obra de provisión de energía eléctrica al Área Industrial Los Polígonos, el avance en las del Gasoducto Metropolitano que estará concluido en el primer semestre del año próximo y el inicio del servicio de cargas desde el Aeropuerto de Sauce Viejo son algunas de las decisiones que se tomaron en 2024 destinadas a apuntalar la actividad económica de la región. Están pendientes obras de infraestructura, sobre todo viales, en disputa con el gobierno nacional.

La otra buena noticia es que aún en un contexto recesivo y de caída de la actividad, los empresarios industriales no perdieron las esperanzas de un futuro mejor ya que han manifestado en las encuestas cualitativas que hacen las entidades gremiales empresarias, organismos oficiales y consultoras un optimismo que se traduce en un porcentaje que superan el 70% cuando se les pregunta cómo piensa que será el año próximo.

Pero los empresarios industriales no solo tuvieron que enfrentar un proceso recesivo y un nuevo régimen de organización económica y política. También tuvieron su batalla cultural y debieron salir a disputar (otra vez) las ideas sobre el rol decisivo que tiene la industria en la organización de una sociedad porque, entienden, no hay ninguna desarrollada que no sea industrial. El presidente y sus ministros reivindican un modelo de país agroexportador que dejó de existir hace más de 100 años, no creen en el agregado de valor ni en las cadenas productivas, ni en el rol que los estados juegan en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ni en la importancia de las empresas productivas, ni en la necesidad de que el estado intervenga en el proceso para apuntalar, equilibrar e impulsar las distintas actividades económicas.

El mundo puso en los últimos años a la industria en el centro de la escena. Trabajos difundidos en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, y de organismos financieros como el FMI, han profundizado en la necesidad de que los estados se involucren en la confección e implementación de políticas proteccionistas y de reindustrialización en sus países a través de distintos mecanismos como la inversión en investigación y desarrollo, subsidios, exenciones fiscales, créditos blandos, el compre nacional, construcción y desarrollo de infraestructura, la aplicación unilateral de regulaciones (como la prohibición de exportar determinados insumos a países competidores), políticas educativas y medidas de protección arancelarias -sobre todo en sectores que consideran estratégicos como el de los chips - después del período de apertura económica y acuerdos de libre comercio que ordenaron la economía mundial tras la caída del Muro de Berlín y hasta la crisis financiera de 2008.

El gobierno nacional subestima el rol de la industria, sobre todo de la manufacturera, porque cree que sus empresarios no están acostumbrados a competir y dependen de la protección que le brinda el Estado, que cazan en el zoológico y fabrican productos de menor calidad que venden más caros que en cualquier otro país. Nada nuevo. Desde los tiempos de Martínez de Hoz esa fue la política de algunos gobierno como el de Carlos Menem y Mauricio Macri. Los industriales se defienden mostrando que son competitivos para producir puertas adentro de la fábrica y que los sobrecostos están en la logística, la infraestructura y, sobre todo, en la comercialización.

El presidente le da importancia solo a algunos sectores de la economía como los de la energía y la minería porque, además, cree que ellos, junto con la agroindustria, van a generar los dólares que necesita para sostener la organización financiera que impuso en el país y pagar los intereses de la deuda que, de concretarse el acuerdo con el FMI, crecerá por lo menos en U$S 20 mil millones. Para este tipo de inversores propuso y consiguió que sea sancionada una ley como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, poniendo en desigualdad de competencia a las empresas locales, a quienes le prometieron una ley pymes que aún no fue al Congreso.

De hecho y a contramano de lo que pasa en el mundo, volvió a echar mano de la apertura indiscriminada de las importaciones reduciendo o eliminando aranceles con el argumento de que servirá para bajar los precios (esto nunca ocurrió en la economía argentina) sin tener en cuenta las consecuencias en el entramado productivo y social del país. La historia económica argentina tiene varios ejemplos al respecto sobre las consecuencias que estas decisiones provocan en los entramados productivos y social.

Un informe de Fundar, que difundió en sus redes Daniel Schteingart, Director de Planificación Productiva de la Fundación, pone en datos la importancia relativa de la industria en la economía argentina: con heterogeneidades hacia su interior de acuerdo con el sector al que se mide -por ejemplo si pertenece al sector agroindustrial o si solo son ensambladoras- representa el 19% del PBI, emplea a 2,6 millones de personas, explica el 54% de la investigación y desarrollo de la economía, da cuenta del 57% de las exportaciones, tiene un índice de productividad que es 63% mayor a la media y paga salarios 42% mayor a la media, la formalidad del empleo es de 10 puntos mayor a la media y sus efectos multiplicadores son mayores al resto de los sectores.

Además, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, destacó que el sector industrial aporta el 30% de la recaudación tributaria total y representa el 40% de la recaudación total del impuesto a las Ganancias. "Somos parte de la salida argentina. Veníamos con una macroeconomía totalmente desordenada, con un comercio arbitrario y deteriorado, con una inflación tremenda, falta de divisas para producir. La industria es parte de la solución y el mundo lo está viendo así. Nosotros esperamos que el año que viene tengamos mejores condiciones para reflotar todas las Pymes", dijo en el balance del año.

Muchas veces se escuchan desde sectores de la sociedad vinculados con las finanzas pedidos para que se implementen materias de educación financiera en las escuelas porque los tiempos que vivimos así lo ameritan. También deberían incluirse materias vinculadas con la historia económica argentina para evitar que políticas que destruyeron el aparato productivo, con sus consecuencias sociales de pobreza y marginalidad, vuelvan a repetirse con un respaldo que asombra. Hay historias que conviene no olvidar.

El 4 de junio del 2025 se cumplirán 50 años del Rodrigazo, el que para muchos fue el momento de quiebre de la economía argentina a partir de un cambio radical en su estructura que se profundizó a partir del golpe de Estado de 1976 y se consolidó con la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz de 1977, una norma para "modelar el país por los próximos treinta años" como fue presentada, a partir de la cual las finanzas reemplazaron como ordenadores del sistema económico argentino al modelo de sustitución de importaciones que había generado la sociedad más igualitaria de América Latina, dando inicio a un proceso de deterioro de las condiciones de vida de la sociedad argentina que se mantiene hasta ahora.

Ese día de 1975, a la hora de la cena, el ministro de Economía Celestino Rodrigo, que había asumido el cargo 2 días antes, anunció una serie de medidas económicas que cambiaron para siempre a la economía argentina como una devaluación del "peso ley" del 61% en relación al dólar comercial y del 100% para el financiero; el desdoblamiento cambiario para el dólar turista que pasó a costar de 10 a 45 pesos, el aumento promedio de un 100% en todos los servicios públicos y transporte, el alza de hasta un 180% en los combustibles, del 75% en las tarifas eléctricas y una suba del 80 por ciento de los salarios.

Por entonces el país llevaba 11 años de crecimiento consecutivo (desde 1964), un desempleo del 2,3 %, una industria dinámica con sectores competitivos y la brecha entre los ingresos del 10 % más rico y el 10 % más pobre era de 12 veces (hoy es más del doble). El Rodrigazo lo convirtió en un proceso recesivo, de brutal reconversión en favor de los sectores financieros más concentrados, un endeudamiento sin precedentes y una etapa de megainflación que entre 1975 y 1991 fue todos los años de tres dígitos, acumulando en ese período el 8.438,7% según el Indec. A partir de 1975 y hasta 2001 la economía argentina no creció y el sector industrial solo creció en promedio el 0,7 por ciento anual.

Gabriel Rossini

Las pymes argentinas exportaron entre los meses de enero y noviembre de 2024 un total de 7,9 millones de toneladas, un 27,5% más que los primeros 11 meses acumulados de 2023 y sumaron 9.234 millones de dólares, de acuero con el informe mensual elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Pero el aumento en el volumen exportado fue morigerado por la baja del precio promedio de cada tonelada exportada que fue del 4,5%, alcanzando en promedio 1.174 dólares por tonelada, lo que indica que cada vez hay que exportar más cantidad para ingresar la misma cantidad de dólares.

De acuerdo con el relevamiento de CAME, de las 7.701 firmas que exportaron en este período, 5.486 son empresas pymes, es decir que, en el transcurso de los primeros once meses del año, el 71,2% de los operadores son pequeños y medianos.

Analizando la composición de las empresas que exportaron por sectores, cuatro de los 16 monitoreados presentaron retrocesos en sus ventas al exterior siendo el más importante el de Tabaco y derivados (-30,8%), siendo el rubro que más creció el de Manufacturas diversas (+1.266%), mientras que en toneladas el mayor crecimiento fue en el rubro Petróleo y combustibles (+117%).

Respeto de los productos exportados, casi el 50 por ciento de las pymes del país se concentraron en en Alimentos sin procesar, que también incrementó su volumen pero deja en evidencia la falta de valor agregado, lo que permitiría obtener mayores ingresos y generar empleo.

El informe pone dos ejemplos respecto a la necesidad de industrial la producción local. Uno es el del sector de Pieles y manufacturas de cuero, que registró un crecimiento interanual del 13,5% en montos exportados y un 9,9% en volumen, totalizando 153,6 millones de dólares, que industrializados sumaría mucho más.

El otro es dentro de la industria alimenticia las preparaciones de hortalizas, frutas y demás partes de plantas, que durante los 11 meses del año 2024 exportaron un total de USD 402,2 millones, con un crecimiento interanual del 56,4%, consolidándose como el principal producto exportado en el rubro de Alimentos procesados.

Finalmente, por destino, el 33,1% (3.060,9 millones de dólares) de las exportaciones de las pymes argentinas tuvieron como principal destino Sudamérica, destacándose Brasil y Chile como principales socios.

El segundo continente en relevancia para las pequeñas y medianas empresas argentinas fue Europa (24,3%), con Países Bajos, España e Italia como los principales socios comerciales (1038,8 millones de dólares).

Finalmente, cabe destacar que, de los más de 198 posibles destinos de exportación para las pymes argentinas, 30 países concentran más del 87% de las operaciones (8.036,3 millones de dólares).

Por Ignacio Hintermeister

Las ventas minoristas pymes retrocedieron 21,9% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 17,2% en el primer semestre del año. Sin embargo -y a pesar de que el sexto mes del año tuvo menos días hábiles- en la comparación mensual desestacionalizada, repuntaron 1,2% con relación a mayo.

“Si bien los comercios están más aliviados por la mayor estabilidad en las listas que reciben, la dinámica de las ventas que no despuntan preocupa. No hubo ningún rubro que haya escapado a la tendencia general. Impactó en la caída la cantidad de feriados que hubo en el mes, el del 17 de junio por la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y el puente por el Día de la Bandera que generó un fin de semana largo de cuatro días”, apuntó el análisis de la Cámara de Actividades Mercantiles.

El indicador de consumo interno marca así que la actividad habría dejado de caer, sin mostrar evidencias de una recuperación rápida como pretendía el gobierno pero en línea con una leve recuperación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes de abril -último dato disponible- que aumentó por segundo mes consecutivo en términos reales (+6,7% m/m).

Sin embargo cabe recordar que el mismo tiempo el desempleo -durante el primer trimestre de la administración Milei- trepó a 7,7%, una suba de 2 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con octubre-diciembre de 2023 y de 0,8 p.p. frente a igual período del año pasado.

De igual manera, el Indice General de Actividad de la consultora de Orlando Ferreres registró una caída de 4,4% interanual en mayo de (-6,0% en 5 meses) mientras que la producción industrial se contrajo 9,8% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para los primeros cinco meses del año una caída de 9,2%.

Los indicadores avanzados confirman que el nivel de actividad está en el piso dependiendo del sector y que la recuperación lenta afecta mientras tanto los ingresos fiscales, que de la mano de la moratoria y el blanqueo pueden eventualmente compensar la transición hacia el prometido nuevo régimen cambiario (salida del cepo) y monetario (tasas positivas) que desalienten la suba de dólares.

El informe de Came destaca que “el Día del Padre ayudó a repuntar los productos vinculados a esa fecha, pero esto sólo se dio en los días previos. No hubo venta posterior, como habitualmente sucede. La gente buscó comprar en cuotas, con mucha demanda del programa Cuota Simple.

“En Alimentos y bebidas -añade- los comercios indicaron que la caída del consumo se debió a que mucha gente se volcó a los mercados mayoristas en la búsqueda de mejores precios.

El Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se elaboró en base a un relevamiento mensual entre 1.276 comercios minoristas del país, realizado del 1 y 5 de julio.

“La medida más destacada que esperan los comercios pymes es la reducción de impuestos, que representa el 40,7% de las respuestas, seguida por el estímulo a la demanda interna con un 17%. Esto sugiere que, en el contexto actual, los comerciantes priorizan las intervenciones directas que pueden mejorar su competitividad y eficiencia operativa sobre opciones de financiamiento más favorables”, señala Came.

Añade que “los mayores desafíos identificados por los comerciantes son la falta de ventas, representando el 57,6% de las respuestas, y los altos costos de producción y logística, que constituyen el 23,4%. Estos dos factores se destacan como los obstáculos más significativos para el crecimiento y la estabilidad de los comercios pymes”.

Pero al mismo tiempo “los comercios valoraron la mayor estabilidad en los precios, pero mostraron su preocupación por los montos que se están pagando por el consumo de energía en un contexto de tan baja demanda. El 35% de los comercios consultados estuvieron reduciendo gastos operativos, mientras que otro 26,5% diversifica productos para suplir la falta de ventas”.

(Por Luciano Andreychuk) - Ocho años se cumplen del nacimiento de Prosumidores, gestado e impulsado durante la gobernación del fallecido Miguel Lifschitz. En la administración provincial anterior, este programa se discontinuó al menos en los primeros dos años. Y este jueves por la mañana era relanzado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo bajo un nombre “recargado”: Prosumidores 4.0.

¿En qué consiste este plan? En que usuarios residenciales, industrias y cooperativas generan por sí mismos energías renovables principalmente a través de paneles o módulos fotovoltaicos (capta los recursos naturales y los transforma en energía eléctrica). Esa energía limpia sirve para como autosustento; pero, además, a través de Prosumidores, el excedente energético puede inyectarse a la red de energía de la provincia, a través de la EPE.

A su vez los prosumidores, por ese abastecimiento a la red general, reciben del Estado provincial un incentivo o compensación económica. Esto no deja de ser un alivio dados los actuales cuadros tarifarios de electricidad, que se fueron por las nubes (por los costos de los proveedores mayoristas), sino que además fomenta el uso de energías renovables y limpias, ese giro de paradigma que el medio ambiente global hoy necesita desesperadamente.

Autogeneración y autoconsumo energético, inyección de los excedentes de energía que se inyectan a la red eléctrica, reconocimiento económico al prosumidor en concepto de promoción de los beneficios ambientales obtenidos por el ahorro de emisiones y de la inversión en potencia renovable realizada: estas parecen ser las patas de un programa que busca generar un círculo virtuoso.

En la actualidad, hay en toda la provincia 1.108 prosumidores o usuarios-generadores (residenciales y de escala productiva, como industrias y Pymes). A su vez, el gobierno provincial pondrá a disposición la “Línea Financiamiento Verde”, en el marco de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Así, habrá $1.000.000.000 para financiar a tasas blandas la provisión e instalación de equipos por medio de una línea de créditos instrumentada a través del Banco Santa Fe. Los destinatarios serán titulares de Pymes, monotributistas y autónomos.

El mes pasado, la Legislatura santafesina sancionó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.424, la cual estableció el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica. Además, estableció los términos y las condiciones que tendrá el programa santafesino.

Los módulos solares, la opción más usada por los prosumidores santafesinos. Crédito: Archivo El Litoral

“Con ello, se le dio un marco nacional a la cuestión energética. Pero el relanzamiento de Prosumidores consiste en darle una mejora y potenciarlo. Aprendimos mucho en estos ocho años, y de ahí se realizaron ajustes superadores. Esto dicho mirando el contexto tarifario actual, bastante diferente a aquel entonces”, le dijo a El Litoral Verónica Geese, secretaria de Energía provincial.

Los costos tarifarios de la energía eléctrica, justamente, hacen que aparezca el interés de muchas industrias y empresas de volverse prosumidores, y de hacer las instalaciones de los dispositivos de captación de energía solar. Es decir, de hacer una inversión que luego será amortizada.

“La mayor parte de las consultas son por instalaciones de determinados tamaños a escala mayor de parte de empresas e industrias. Esto muestra la diferencia en los contextos económicos de hace ocho años a la actualidad”, agregó Geese. En este punto, el círculo puede volverse más virtuoso si se tiene en cuenta que en toda la bota hay unas 120 empresas proveedoras de paneles o módulos solares. Hay demanda, y hay oferta.

Como se dijo, un prosumidor realiza una instalación con paneles fotovoltaicos. El excedente de la energía que se genera, además de servir como autoabastecimiento, se inyecta a la red eléctrica. “Los beneficios son el costo tarifario evitado por el autoconsumo, y el reconocimiento económico de la distribuidora a esa energía excedente inyectada a la red”, precisó Geese.

Ese excedente energético se produce en los días en que, por ejemplo, un prosumidor no está en su hogar, como por ejemplo los fines de semana, donde se consume menos energía eléctrica. Lo mismo con las empresas, en los casos en que no se trabaja. El excedente genera, con todo, un descuento en la factura de electricidad.

Además, habrá un incentivo adicional en concepto de promoción de los beneficios ambientales obtenidos por el ahorro de emisiones y de la inversión en potencia renovable realizada: será de 20 pesos/kWh para Prosumidores Productivos (empresas e industrias) y de 12 pesos/kWh para Pequeños Prosumidores (residenciales).

Verónica Geese, secretaria de Energía provincial. Crédito: Archivo El Litoral / Manuel Fabatía

En este sentido, “el gobierno provincial proyecta invertir inicialmente en 2024 unos 140 millones de pesos en el programa. Ese monto es por los incentivos que se pagarán a los prosumidores. La meta es lograr inyectar en total 4 megavatios (MW) a la red energética santafesina”, explicó la funcionaria.

No obstante, “si después empezamos a notar más interés, esto puede ampliarse. Porque una empresa que se sume al programa puede generar veinte veces lo que genera un usuario residencial. Ojalá que esos 4 MW nos queden chicos”, se entusiasmó Geese.

-Dado el contexto tarifario y los problemas climáticos con la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿qué trascendencia tiene la generación de energías renovables en materia medioambiental hoy?, consultó El Litoral a Verónica Geese.

-En Santa Fe, la mirada que tenemos sobre las energías renovables es no sólo desde lo ambiental, en esto de decir: “Dejemos de consumir tantas energías fósiles, o de emitir gases de efecto invernadero, o material particulado en el aire”. Es una política pública.

Pero además, ponemos el foco en que las empresas e industrias de la provincia tienen que cumplir estándares ambientales para, por ejemplo, poder exportar, o para diferenciarse en un mercado local o internacional. Bajar la “huella ambiental” de cualquier producto implica ver la energía que se consumió, desde su producción primaria hasta la forma en que se transportó.

Si queremos que los productos santafesinos sean competitivos en el concierto del mercado nacional e internacional, lo primero que debemos hacer es ofrecerle a esos productores, industriales, emprendedores y cooperativistas, la opción de generar energías renovables. Ahí aparece el eslabón de Prosumidores 4.0.

“Después de esta primera etapa del programa relanzado, los siguientes pasos que iremos dando serán vender la energía renovable, para que esas empresas santafesinas, en lugar de tener que realizar inversiones (con la instalación de paneles fotovoltaicos), directamente compren la de los prosumidores residenciales, por ejemplo. Pero eso será una siguiente fase. De momento, estamos creando un ecosistema productivo y energético propio”, concluyó Geese.

Un informe de YPF Luz destaca que al terminar 2023 las energías renovables no convencionales representaron el 17,4% de la generación de energía eléctrica. Que crecieron 10,4% respecto de 2022. Y puntualiza que dentro de ellas, "la generación eólica es la principal fuente del país (69,4%), seguida por la solar (18,5%), la hidroeléctrica renovable (7,0%) y los biocombustibles (5,1%). El factor de capacidad medio país fue de 47,7% para el eólico y 29,6% para el solar.

Por Mariano Cuvertino, diputado provincial

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (conocido por su acrónimo RIGI), se presenta como una nueva política de estímulo a la producción en áreas estratégicas, algo que ya se intentó con distinta suerte en el pasado.

Desde la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, en sintonía con los reclamos de diferentes sectores, iniciamos una serie de acciones para alertar sobre el impacto que este régimen podría tener sobre la producción santafesina y de todo el país. Dejamos aquí un repaso de los principales problemas que detectamos:

1. Es un régimen general, que no discrimina sectores ni regiones.

El primer cuestionamiento que señalamos es que se plantea como un régimen transversal, es decir que no discrimina entre sectores y regiones, como es el espíritu de este tipo de medidas. Si bien se puede desprender que está orientado a recursos naturales no explorados, al dejar librado el resto de los sectores de la economía puede implicar la llegada de mega proyectos a provincias que cuentan con capacidades de producción desde hace muchos años y exponerlas a una situación de competencia desleal. Insistimos en este punto: un régimen de inversión es siempre bienvenido, solo alertamos que debe tener en cuenta la trama empresarial prexistente.

Diputado provincial Mariano Cuvertino.

Pensemos en Santa Fe, por ejemplo, que se caracteriza por una trama económica compuesta en su mayoría por Pymes. Según el último Censo Económico Nacional, nuestra provincia tiene 24.553 empresas de las cuales casi un 80% son micro. Si ponemos el foco en la industria agroalimentaria, existen alrededor de 2.500 establecimientos que emplean a más de 43.000 personas. Estas empresas deberán competir de forma asimétrica y desleal pues no tendrán los mismos beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y jurídicos, que las que operen bajo el RIGI.

2. No promueve el encadenamiento con la industria local.

Las experiencias exitosas de promoción de inversiones con asistencia estatal tienen en común la demanda de industrias satelitales que desarrollan la capacidad local. Es lo que se conoce como encadenamiento, pues pone en funcionamiento una robusta trama productiva regional.

El RIGI, tal como está en el proyecto de ley, no contempla el encadenamiento, sino que, por el contrario, supone la construcción de enclaves aislados de la vida económica de la población al habilitar la importación y exportación libre de bienes "sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones cuantitativas, cupos o cuotas de ningún tipo".

Esto abriría la puerta a la importación indiscriminada de productos nuevos o usados para la venta interna, con lo cual, las empresas que inviertan podrían importar hasta la ropa de sus operarios. Por lo tanto, ya no estaríamos ante una estrategia desarrollista, que tolera ciertas asimetrías con el fin de generar un "big push" productivo, sino ante un modelo puramente extractivista que le daría la espalda al desarrollo local.

En Santa Fe tenemos un ejemplo exitoso de encadenamiento con la Mesa de Gas, Petróleo y Minería que involucra al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, la Federación Industrial de Santa Fe y la Agencia DAT. Este organismo, creado en 2019 durante el último año del gobierno de Miguel Lifschitz, se propuso generar contactos con la región de Vaca Muerta para pensar acciones de desarrollo y generó vinculaciones entre más de 100 pymes santafesinas a las cadenas de valor del oil & gas y la minería. Son estos modelos que podríamos replicar sobre otras actividades económicas donde el potencial de crecimiento requiere planificación, estrategia y mucho diálogo y acuerdo entre los actores involucrados.

3. No impone un plazo razonable para sostener los beneficios

Durante un encuentro con el sector industrial que realizamos junto al senador Paco Garibaldi esta semana (*), nos manifestaron su preocupación por el plazo previsto para sostener los beneficios del RIGI. El proyecto en debate propone treinta años de estabilidad, un tiempo excesivo en comparación con lo que contemplan otros países con regímenes de incentivo similares y que excede el promedio de recuperación de una gran inversión.

De ser así, este hecho impactaría directamente en las provincias de dos maneras: primero, porque afectaría la masa coparticipable al reducir la recaudación nacional (por ganancias e IVA). Segundo, porque avanzaría en facultades de los gobiernos provinciales y municipales al imponer límites al ejercicio de las potestades tributarias sobre recursos propios.

El verdadero desafío es: inversiones sí, pero sin destrucción de la industria nacional. Es decir, promover la llegada de inversiones, sin destruir la industria local. Hace un mes pusimos este tema en debate en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Damos la bienvenida a todo proyecto que tenga como fin desarrollar el potencial productivo, la capacidad técnica y creativa de Argentina.

En las manos de los senadores recae ahora la importante tarea de colaborar para salir de la encerrona "RIGI sí o RIGI no". Queremos un régimen de inversiones pero necesitamos dotarlo de contenido federal, estratégico, que tenga en cuenta las necesidades de todo el país.

(*) Las entidades que participaron de la reunión con los legisladores provinciales Paco Garibaldi y Mariano Cuvertino fueron la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la Unión Industrial de Santa Fe (Uisf) y la Unión Industrial Joven de Santa Fe (Uijsf).

"A pesar de que la situación productiva actual de las PyME industriales difiere sustancialmente de las PyME de Software y Servicios Informáticos (SSI), en el primer bimestre 2024 el nivel de la confianza empresarial para el próximo año aumentó un 20% en ambos sectores".

Así lo refiere la Fundación Observatorio Pyme en su último reporte del Índice de Confianza Empresarial PyME (ICEPyME), que elabora desde hace más de 20 años. El documento reconoce el "extraño fenómeno" entre la situación recesiva y las perspectivas empresarias.

"Las expectativas positivas sobre el país (uno de los subcomponentes del ICEPyME de FOP), arrancan desde muy abajo, pero entre octubre '23 y febrero '24 aumentaron un 57%, tanto entre las PyME industriales como entre las de SSI", señala el documento.

"También aumentaron en ambos sectores las expectativas en el subcomponente sobre el desempeño de la propia empresa que, aunque arrancando desde un nivel mucho más alto que el subcomponente País, crecieron desde octubre '23 un 12% entre las industriales y 16% entre las de SSI".

El indicador de confianza contrasta fuerte con la evidencia estadística de lo que sucede en los últimos meses. Cabe recordar que en febrero de 2024, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 9,9% respecto a igual mes de 2023 (-11,1% en el bimestre), medido por el Indec.

Y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa había advertido que la producción de la industria manufacturera pyme -si bien recortó el nivel de caída en febrero- retrocedió 9,9% en febrero, tras caer 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente.

El documento de la FOP advierte diferencias productivas entre Pymes convencionales e informáticas. "Las ventas reales (facturado deflactado por los precios de la propia empresa) de las PyME industriales en el cuarto trimestre de 2023 con relación al mismo período del año pasado cayeron un 12% y la ocupación disminuyó 3%, mientras que en el mismo periodo las ventas reales y ocupación de las PyME del SSI aumentaron (+15% y +4%, respectivamente).

"Asimismo, las expectativas de ventas y empleo para el primer trimestre resultaban negativas para las industriales y positivas para las del SSI".

La Fundación, que preside Paolo Roca y dirige el economista Vicente Donato, señala diferencias en la confianza industrial. En el sector del calzado y textil aumentó apenas 4%; trepó 35% entre los empresarios de maquinarias y 22% para quienes están al frente de firmas del sector químico.

La diferencia es consistente con los pronósticos de recuperación heterogénea de la economía que por estas horas padece recesión y provoca el debate sobre la posibilidad y la velocidad -o lentitud- de la recuperación.

Un contraste inédito

"Es la primera vez que, en la larga serie estadística de los indicadores de FOP, se verifica de manera tan drástica en el sector industrial el fenómeno de una caída del indicador de producción (mide la evolución de las variables de nivel de producción, empleo, cartera de pedidos, stock de materias primas e insumos y velocidad de entrega de los proveedores- y un simultáneo aumento del Índice de Confianza Empresarial.

"A modo de conclusión -dice el informe- cabe destacar que el aumento de la confianza de las PyME industriales no se traduce aún en un aumento del porcentaje de empresas que consideran que este es un buen momento para invertir en equipamiento.

"De hecho, frente al antes mencionado aumento del 20% de la confianza empresarial, la proporción de empresas manufactureras que consideran que es un buen momento para realizar inversiones se mantuvo constante (24% en octubre '23 y 23% en febrero '24), mientras que en entre los empresarios del SSI la consideración positiva del buen momento actual para invertir aumentó del 17% al 27% entre octubre '23 y febrero '24".

La producción de la industria manufacturera pyme recortó el nivel de caída en febrero, al retroceder 9,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De esta manera, es el tercer mes consecutivo en que la actividad fabril cae, aunque aminoró la tasa luego de haberse retraído entre 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente.

En cuanto a la comparación mensual, desestacionalizada, el análisis reveló que también se registró un descenso de 7,7% y en el acumulado del año la actividad cae 21,7%.

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) reflejó que las empresas operaron en febrero con 70,9% de su capacidad instalada, manteniendo los niveles de enero (70,8%).

Asimismo, aportó que "si bien 32,7% de las industrias siguen reportando problemas para la reposición de stock, son dificultades de mucha menor escala que meses anteriores".

Desde la entidad gremial-empresaria indicaron que "lo que más preocupó en febrero fueron las subas de costos, especialmente en servicios y combustibles" y precisaron que "las industrias consultadas manifestaron las dificultades que conlleva trasladar a precios esos incrementos en el contexto actual".

Al mismo tiempo, recogieron las primeras repercusiones del sector con respecto a la autorización del Gobierno para el ingreso al país sin restricciones de productos de la canasta básica producidos en el extranjero.

En este sentido, CAME indicó que "hay incertidumbre por el impacto que pudiera tener la apertura de importaciones en algunos sectores".

Cinco de los seis sectores manufactureros del segmento pyme relevados tuvieron caídas en la comparación anual, pero los más afectados fueron "Papel e Impresiones" (-24,6%) y "Químicos y Plásticos" (-23,1%).

El rendimiento de cada sector:

Las industrias operaron con sólo 70,2% de su capacidad instalada, 0,2 puntos por debajo de enero.

Los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales equivalen al 43,9 por ciento del precio final de los principales alimentos de consumo masivo, según reveló un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El análisis se llevó a cabo sobre 9 productos de consumo masivo, que tienen un valor actual de $50.064, y de ese total, "se ha verificado una carga tributaria de $21.993, es decir, del 43,9% del valor de la compra", aportó el IARAF.

El estudio especifica que pueden agruparse 2 categorías de alimentos de acuerdo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que los grava, y 2 tipos de bebidas teniendo en cuenta las distintas alícuotas de impuestos internos.

En cuanto a los referidos en base al IVA, precisa que los bienes Tipo I son alimentos que tienen una alícuota de IVA del 10,5% con una carga tributaria del 36,2%.

En tanto, los Tipo II son alimentos con alícuota de IVA del 21% (aceite, arroz, fideos, galletas envasadas, mermelada) con una carga tributaria del 41,8%.

Por el lado de los bienes Tipo III y IV, el informe señala que son bebidas sin alcohol en los que, además de todos los tributos de los alimentos, hay que sumar los impuestos internos, que son del 4% para los del Tipo III (agua mineral y jugos) con una carga tributaria del 46,7% y del 8% para los del Tipo IV (bebidas gaseosas) con una carga tributaria del 48,1%.

El informe asegura que "en la Argentina los productos alimenticios de consumo masivo que pasan por un proceso industrial de elaboración y por una cadena comercial de distribución, incorporan en su precio las retribuciones a los insumos, la fuerza laboral y rentabilidad empresarial; así como también tributos de los distintos niveles de gobierno".

Los tributos considerados a nivel nacional son el IVA, Ganancias, Impuesto al cheque, Impuestos internos y las cargas de la Seguridad Social; a nivel provincial, el impuesto a los Ingresos Brutos y a nivel municipal la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.

Los precios de los alimentos de la canasta básica treparon un 6,9% en la primera quincena de marzo, en medio de la polémica entre el Gobierno y los supermercados y firmas líderes de consumo masivo, según aportó el relevamiento de la consultora LCG.

Durante la segunda semana del tercer mes del año, el estudio reveló que los alimentos aumentaron un 3,3%, impulsados principalmente por las subas en bebidas. Dicha cifra representó un leve retroceso, de 0,3 puntos porcentuales, frente a la primera semana del mes, que había registrado un alza de 3,6%.

De esta manera, los productos de la canasta básica escalaron 6,9% en lo que va del mes. Mientras que en el acumulado de las últimas cuatro semanas, tuvieron un incremento promedio de 11,6% y del 11,2% de punta a punta en el mismo período.

El análisis coincidió con las diferencias del Ejecutivo con los supermercadistas y empresarios por la aplicación de promociones (como 2x1 o descuentos del 70% u 80% en la segunda unidad), que según la mirada oficial, esconden la baja de la inflación de las últimas semanas.

Al mismo tiempo, durante la última semana, el Gobierno anunció la apertura de importaciones para productos de la canasta básica para buscar moderar el alza de precios al consumidor a través de una mayor oferta.

En la semana pasada, las bebidas y las comidas listas para llevar fueron los rubros que más aumentaron, con un alza de 8,77% y 5,69%, respectivamente. Le siguieron los panificados y los lácteos con el 4,35% y 2,93%.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) se presentaron ayer -en tiempo y forma- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como amicus curiae en apoyo al Título IV Trabajo del DNU 70/2023 “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.

A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la CSJN, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345).

Los artículos detallados dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar. Las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto.

Medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente.

La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y Coninagro es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Cabe destacar que se anexaron informes en materia económica que justifican el escrito ante la CSJN.

En medio de la discusión de la Ley Ómnibus en el Congreso, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su posición sobre los aspectos controversiales que impactan sobre el sector productivo.

La posición de la UIA está plasmada en una nota dirigida a los presidentes de las comisiones de Legislación General, Gabriel Bornoroni; de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert; y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

Los referentes de la entidad industrial consideran que las medidas son perjudiciales contra la actividad en tres aspectos: la competitividad de la industria argentina, el ingreso de divisas y la promoción de inversiones.

En el comunicado, los industriales mostraron preocupación por el impacto negativo que traería la suba de derechos de exportación al 15% y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que excluye a cierta categoría de empresas.

La posición de la UIA fue expuesta por el economista jefe y director Ejecutivo de la entidad fabril, Diego Coatz, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales.

En relación con el aumento de los derechos de exportación señalaron que “no se conjuga con la promoción de exportaciones con valor agregado, que son las que generan las divisas genuinas que necesita Argentina”.

Según las estimaciones, en 2023 las exportaciones industriales totalizaron US$ 27.000 millones y representaron un 40% del total. Sin embargo, la UIA advirtió que “la presión fiscal por efecto de los nuevos derechos sobre las exportaciones de los bienes industriales y alimentos y bebidas, se incrementarían en promedio más de 11 puntos porcentuales”.

Como consecuencia del impacto directo en el valor FOB dólar de las ventas externas, “se erosiona rápidamente la competitividad ganada por el nuevo tipo de cambio oficial”, agregaron.

Por ello, la entidad solicitó al gobierno nacional que pueda revisar la suba al 15% para los complejos industriales exportadores “evitando penalizar el agregado de valor y la salida exportadora”, remarcaron.

A su vez, consideraron que “es central excluir a las pymes, que son las más afectadas y podrían derivar en una reducción de producción, empleo y exportaciones”, en perjuicio de la industria nacional.

Otro tema cuestionado por los industriales es la normativa que busca atraer grandes inversiones. En este sentido, criticaron que la industria manufacturera nacional esté excluida del régimen.

“Una medida de esta magnitud tendrá un impacto real significativo si alcanza y promueve la actividad económica de todo el sector industrial y propicia la diversificación de la estructura de exportaciones argentinas”, observaron desde la entidad.

En materia impositiva, la UIA sostiene que debe incorporarse un reconocimiento al contribuyente que cumpla en tiempo y forma sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, alegando que “de lo contrario sería una vuelta atrás a un sistema que premia más al que no cumple que al contribuyente que se encuentra al día”.

Por Gabriel Rossini

Empresarios pymes y representantes de las cámaras que agrupan a las empresas productoras de biodiésel de la provincia de Santa Fe -que estuvieron acompañados por cordobeses productores de bioetanol- tuvieron este martes en el Congreso Nacional reuniones con distintos bloques y legisladores de la provincia a quienes les explicaron las razones por las cuales consideran deben ser rechazados los 8 artículos contenidos en la ley ómnibus porque, les enfatizaron, "sería una sentencia de muerte para las empresas" santafesinas.

"Nos reunimos primero con el bloque que preside Miguel Pichetto y que integran los diputados socialistas de Santa Fe, después con senadores y diputados santafesinos donde estuvieron representantes de todos los partidos menos de La Libertad Avanza, y finalmente con el bloque de diputados de Unión por la Patria. En los tres casos comprendieron las consecuencias que tendrá aprobar las modificaciones propuestas por el gobierno nacional y se comprometieron a rechazarlas", le dijo a Sur24 uno de los participantes santafesinos presentes en la reunión.

Durante las reuniones con los legisladores, que sucedieron antes del plenario de comisiones que empezó a tratar el proyecto de ley ómnibus, apareció un borrador con una nueva versión de los artículos incluidos en el proyecto de ley con modificaciones propuestas por el Ejecutivo que también fue rechazado por los empresarios pymes que definieron como "apenas un maquillaje de la versión original" y no cambiaba el objetivo final que es liberar un negocio que entienden terminará en manos de las grandes compañías con las consecuencias que tendrá en la actividad económica y el empleo en los pueblos y ciudades donde están establecidas las plantas.

"Durante una de las reuniones, un legislador con mucha historia en el parlamento nos dijo que a la ley ómnibus la redactaron estudios de Buenos Aires para beneficiar a grupos económicos transfiriéndole recursos y que en su bloque no la iban a tratar y que en caso de tratarse en el recinto la iban a rechazar", explicó este mismo santafesino al tiempo que enfatizó que las empresas pymes del sector se sienten "manoseadas" con el ida y vuelta de esta iniciativa.

De aprobarse las modificaciones, las petroleras dejarán de verse obligadas a realizar un corte mínimo en los combustibles que en el caso del gas oil es del 7,5% y en el de las naftas del 12% y liberaría el mercado para que pudieran ingresar las multinacionales lo que dejaría en inferioridad de condiciones a las empresas pymes, que solo en Santa Fe son 19 esparcidas por toda la geografía.

Por Mariela Goy

En diciembre, las ventas minoristas pymes tuvieron un derrumbe interanual de 13,7%, en la medición a precios constantes. "Es inédito", sostuvo Ricardo Diab, secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que elaboró el informe del cual se desprenden los datos. Y amplió: "Desde que estoy analizando este tipo de temas, no recuerdo otro porcentaje tan dispar, excepto cuando fue la pandemia. Pero no tengo memoria de otra baja tan importante como la que existe ahora".

No solo ese dato es desalentador, sino también lo ocurrido en diciembre, un mes fuerte en términos comerciales por las fiestas navideñas y de fin de año. En la comparación mensual -contra noviembre-, las ventas descendieron un 11,2 %. De esta manera, el último mes de 2023 resultó ser el más desafiante para el sector del comercio pyme, que tenía la esperanza de compensar las pérdidas acumuladas entre enero y noviembre.

"Diciembre es, dentro de las fechas especiales previstas, la más importante, junto con el Día de la Madre, donde el comercio siempre vende más. Y el último mes de 2023 tuvo la peor 'performance' de los últimos tiempos. Ni siquiera en los meses anteriores, en los que ya veníamos con caída, se registró una baja tan importante", remarcó a El Litoral, quien además es presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER).

Los guarismos surgen del informe del Índice de Ventas Minoristas Pymes de Came, elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.256 comercios minoristas del país, que se efectuó del 2 y 5 de enero de 2024. Los siete sectores relevados finalizaron diciembre en baja y fueron liderados por "Alimentos y bebidas", donde las ventas a precios constantes se hundieron 19,8 %, mientras que durante el transcurso del año, solo el rubro de "Calzado y marroquinería" mostró un leve aumento del 0,4 %.

"El aumento de precios y la especulación complicaron la reposición. Creemos que se vienen meses malos, la gente tiene que comer antes que comprar ropa y la incertidumbre que se maneja complica al rubro", dijeron desde un comercio del sector textil e indumentaria, de la ciudad de Santa Fe consultado por Came.

Diab fundamentó este derrumbe de las ventas en "la falta de poder adquisitivo" de la gente. "Entre los fuertes aumentos de precios que hubo -algunos desmedidos- y los tarifazos, generaron una devaluación e hicieron que a la gente no le alcance su sueldo. Los empleados de comercio tienen el mismo salario que hace tres meses atrás; podemos imaginarnos lo que se licuó", añadió. Y dijo que "todo esto dio por tierra el salario, que todavía no está en discusión ni en el comercio ni en muchos otros rubros".

Por otra parte, hizo un racconto de lo ocurrido en el último año. "En junio de 2022, después de que hubiera un tarifazo, empezó a caer el consumo. Recién en diciembre mejoró algo. Pero luego, en enero de 2023 comenzó de nuevo la baja: todos todos los meses, uno tras otro, consecutivamente, estuvieron con volúmenes negativos con respecto al año anterior. Tal es así que en noviembre, habíamos acumulado un 2,5 % negativo; esto es, en los 11 primeros meses contra los 11 primeros meses del 2022. Y luego lo llamativo es que aumentó un punto en un solo mes", describó.

"En octubre de 2023, a pesar de que hubo un anticipo de compra de bienes durables y semidurables -debido a la alta inflación que se avecinaba-, no superó al de octubre del 2022. Entonces, podemos decir que en diciembre, la gente consumió menos porque hubo una compra anticipada, pero que tampoco fue significativa", explicó el secretario general de Came.

El secretario también remarcó que en el comercio minorista "hay una fuerte preocupación. Primero, por la baja venta, el bajo consumo; después por el alto costo de funcionamiento, por el aumento de los combustibles; también por la liberación de los intereses en las tarjetas de crédito", consideró.

Los referentes de Came mantuvieron conversaciones con el secretario de Comercio nacional, Pablo Lavigne, para solicitar la continuidad de un programa similar al vigente "Ahora 12" para compras en 3 y 6 cuotas financiadas. "Ahora estamos esperando una respuesta; me dijo que esta semana podía estar. Pero como hay una liberalización de lo que nos cobra el banco por las tarjetas de crédito, si quieren cobrarnos una cifra superior, también nos complicaría", alertó.

-¿Hay comentarios entre los comerciantes sobre que podrían estar despidiendo personal en los próximos meses?, consultó El Litoral.

-No, no hay ningún comentario al respecto. El sector que nosotros representamos tiene poco personal, a veces es muy familiar, y se resiste hasta el último momento a alguna situación de esa. Ojalá no llegue esa necesidad.

Leandro Aglieri, presidente de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras actividades de la provincia de Santa Fe (Fececo), también sumó su voz como entidad integrante tanto de Came como de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

-¿Qué consideración hace obre la caída del 13,7% interanual en las ventas minoristas?

-Esto no hace más que confirmar la preocupación que nosotros venimos manifestando desde mediados del año pasado, cuando veíamos que la caída del consumo en líneas generales no buscaba ninguna recuperación. Ni siquiera con diferentes programas de incentivo pudo cesar la merma del consumo, porque está directamente relacionada con la pérdida del poder adquisitivo. Así que, en ese contexto, estamos muy preocupados porque a esto se le suma que vemos un escenario nacional que no da respuestas a esta problemática. Y hoy tampoco vemos que esté en la agenda del Gobierno, que hoy pasa por seguir en el camino de lo que piensa puede llegar a ser una solución a unos meses. Pero en el mientras tanto, hay que transitarlo. Y ese transitar significan estos datos de caída de ventas que hablan por sí solos.

-¿Qué lecturas recogen desde Fececo del sector que representan? ¿Se avecinan despidos?

-Lo último que quiere hacer el comerciante es despedir; sobre todo el que está ligado a nuestra Federación que -salvo algunas grandes ciudades como Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto-, reúne a una mayoría de asociados en localidades de menos de 50 mil personas, donde el empleado es un amigo, es una persona que se cruza todos los días en la calle. En ese sentido, el comerciante del interior va a buscar cualquier alternativa antes de despedir a un colaborador, o bajar la persiana, en el peor de los casos.

Obviamente que si mantenemos este nivel de actividad, sumado a lo que pueda pasar con la salida de herramientas claves en el financiamiento -como fue la devolución del IVA o de Billetera Santa Fe-, y también considerando que en enero y febrero, por lo general, la actividad comercial merma mucho, todo esto pueden poner en una situación muy grave al sector. Esperemos que no sea así. Justamente a nivel nacional, estamos elevado esta preocupación tanto a la Cámara Argentina de Comercio como la Came, para que pongan en la agenda esta preocupación y trabajen junto con el Gobierno nacional en buscar las alternativas para que haya una mejora en el consumo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entiende que el espíritu del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía tiene como fin colocar a la Argentina en un sendero de crecimiento ante distorsiones generadas a lo largo de décadas, a la vez que procura revalorizar el rol del sector privado y la iniciativa individual.

La dinámica económica de la Argentina obliga a evaluar los alcances particulares, los beneficios y los posibles perjuicios que surgen del DNU, así como su implementación en momentos críticos de la vida social y económica del país.

En lo que refiere a las modificaciones establecidas para aliviar y agilizar la lógica laboral, la entidad entiende que van en la línea correcta, procurando desandar un largo camino de regulaciones que terminaron por asfixiar a las pymes, sumiéndolas en una industria del juicio que dificulta su crecimiento.

Al mismo tiempo, CAME expresa la necesidad de analizar adecuadamente el eventual impacto que la concentración económica o los cambios en las reglas comerciales puedan tener sobre el sector de las pequeñas y medianas empresas, agravando aún más la recesión que atraviesa el país.

La entidad considera que el éxito en la implementación de estas políticas públicas -que repercutirán en amplios sectores de la sociedad- requiere del mayor consenso posible. Y la práctica de la búsqueda de consensos requiere de un proceso de intercambio, de discusiones y de negociaciones entre las partes involucradas que representan los distintos intereses en juego. El Congreso de la Nación es el ámbito natural donde alcanzar los acuerdos, si lo que se pretende es que los mismos sean viables y duraderos.

Por último, CAME ratifica la voluntad de acompañamiento y de diálogo para con el sector público a los efectos de contribuir en el sostenimiento del empleo pyme y el mercado interno. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, con propuestas y proyectos de ley a favor de las pymes argentinas.