El Gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia en la sureña región Puno por 60 días para que las Fuerzas Armadas dirijan el control del orden interno en esa jurisdicción, con apoyo de la Policía Nacional de Perú (PNP), de acuerdo con un decreto publicado este domingo (04.06.2023).

Puno es una región surandina, fronteriza con Bolivia, donde se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de inicios de 2023 y que mantuvo el bloqueo de caminos y carreteras por más tiempo.

La semana pasada, las organizaciones sociales de Puno convocaron a un paro de 24 horas para retomar las movilizaciones de protesta contra Boluarte, pero el acatamiento a la medida fue bajo.

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La prórroga del estado de emergencia en Puno responde a la aplicación del artículo 137 de la Constitución Política, inciso 1, que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

El Ejecutivo peruano dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) continúe asumiendo el Comando Unificado del Ejército y la PNP en Puno, de acuerdo con las normas legales vigentes que definen los alcances de un comando militar en una situación similar.

Durante este periodo de emergencia, las Fuerzas Armadas tienen la labor de proteger los activos críticos nacionales -con intervención y apoyo de la PNP- y la protección a instituciones públicas, privadas e instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y vías que determine la Policía.

En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno, se acordó también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en las próximas semanas, similar a la que hicieron a inicios de 2023 y que fue uno de los últimos actos de movilización tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado de Castillo y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo al Gobierno de Boluarte, quien asumió el Ejecutivo por ser la vicepresidenta.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 decesos ya que otras personas, entre ellas varias haitianas, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció toque de queda en la región de Puno por tres días. Esto se dio luego de que el 9 de enero, se registrará una jornada violenta, dejando 18 muertos en la ciudad de Juliaca y más de 30 heridos.

La inmovilización social obligatoria corresponderá desde las 8.00 p.m. hasta las 4.00 a.m. El titular anunció esta medida en el séptimo día de manifestaciones que se registró con saqueos, incendios, ataques, entre otras acciones.

“Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un Decreto Supremo que declara la inmovilización obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 04:00 de la mañana. Esto, en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos”, informó el premier.

El premier Otárola junto a su Gabinete Ministerial se presentó ante el Congreso de la República para solicitar la cuestión de confianza. En medio de las violentas protestas que se desarrollaron en Juliaca, algunos legisladores han revelado que no votarán a favor de la confianza.

La presidenta Dina Boluarte tiene un mes y un poco más en el cargo, pero hasta el momento se ha cobrado 45 decesos en las protestas que se han desarrollado en las regiones del país. Entre los muertos se han identificados civiles y agentes policiales, algunos no han sido identificados.

En ese sentido, el premier anunció que por respeto a las personas que perdieron la vida y los que resultaron heridas proceden a declarar un día de duelo nacional para el 11 de enero. Es decir, se deberá izar la bandera hasta media asta.

“Para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta ocurridas en diversas ciudades, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas”, aseguró.