El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó este domingo que “la reforma del Estado y la reforma fiscal” serán las prioridades legislativas del Gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Radio La Red, Benegas Lynch dijo que su trabajo en enfoca en la actualidad en la futura agenda parlamentaria y a la espera de "las sesiones extraordinarias que sugiera Javier (Milei) con las prioridades y batallas que él quiera dar y que necesite someter a consideración del Poder Legislativo”.

Al marcar las prioridades, el diputado electo puntualizó que se trata de “la reforma del Estado y la reforma fiscal”.

Agregó que otro eje inicial será “desregular y modernizar el mercado laboral y luego, abrirse al mundo, competir, y en paralelo la reforma monetaria”.

“Ese es el plan de gobierno de Javier Milie al corto plazo, empezando por presentar en el Congreso la reforma del gasto de la política y la reforma fiscal”, agregó.

Resaltó que el presidente electo “ha hecho una presentación formal del plan de Gobierno y ha proyectado la Argentina de acá a 35 años, con tres generaciones de reformas”.

En esa línea, precisó que “las reformas de tercera generación, de acá a 20 años, como es el caso de los vouchers de educación, no son un tema para tratar ahora”, y que “en cambio, la prioridad en el tema educación es la desregulación burocrática y de contenidos, y es a través de sacarle la burocracia y la cosa verticalista desde un Ministerio de Educación.

Benegas Lynch dijo que el foco no estará puesto en dar de baja los planes sociales, a los que describió como "la herramienta climax de feudalismo político para tener asistencialismo y a la gente totalmente dependiente del Estado, pero en la situación en la que estamos (los beneficiarios de planes sociales) son las víctimas, y el victimario es el Estado”.

Sobre la posibilidad de derogar la actual ley de alquileres en el corto plazo, Benegas Lynch manifestó que -a su entender- no va a estar dentro de las primeras medidas que tomará el presidente electo Javier Milei tras asumir el 10 de diciembre próximo.

“No creo que sea incluida dentro de esto, no se pueden dar todas las batallas, hoy las prioridades son bajar el tema de la obra pública, transferencias discrecionales a provincias, subsidios, empresas estatales y jubilaciones de privilegios”, subrayó el dirigente libertario.

No obstante, Benegas Lynch calificó a la ley de alquileres como un “disparate” y que muestra "dónde están parados los políticos, que quieren controlar, gravar y estar encima de cada paso que da el contribuyente".

El Senado de la Nación convocó a una sesión para este jueves donde se trató un amplio temario que incluyó el tratamiento de los acuerdos para cubrir cargos en el marco del programa de fortalecimiento de la Justicia Federal y proyectos de Ley sobre Alquileres, Impuesto a las Ganancias, tarifas del servicio eléctrico, universidades nacionales, salud, educación, producción orgánica y prevención de la violencia digital contra las mujeres.

El senador nacional pidió la palabra durante la sesión cuando se debatía el proyecto de ley de modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación (alquileres) y sostuvo: "La posibilidad de tener un lugar para vivir es una cuestión de derechos”, pero advirtió que “no es una ley que va a resolver los grandes problemas de vivienda del país”. “Tenemos que encarar el problema de fondo y debe ser a través de una política de Estado”, remarcó.

En ese sentido afirmó: "Necesitamos una política de viviendas para implementar en todo el país” y recordó que “Procrear fue la única política de vivienda positiva en los últimos años para la casa propia”.

“Actualmente en Santa Fe, por ejemplo, se van a estar entregando en estos 4 años unas 20 mil viviendas. Sin embargo y a pesar de que estamos en números récord de construcción de viviendas sociales, vamos a terminar la gestión en Santa Fe teniendo más de 100 mil familias anotadas que están esperando su oportunidad. Este es el volumen de la demanda que tenemos y el nivel preocupante que tiene, además, el déficit habitacional”.

“Durante la campaña presentamos una política pública muy concreta que nos iba a permitir financiar la construcción de 40 mil viviendas para las familias santafesinas y nos sentamos con las cámaras empresariales del sector para avanzar en un esquema de promoción de la construcción de viviendas cuyo destino sea el alquiler”, resaltó Lewandowski.

“Vamos a acompañar esta Ley con las modificaciones que estamos haciendo porque la media sanción en Diputados es una espada de Damocles para el que alquila poniendo en una condición de alarma permanente a las familias si cada 4 meses no puede acordar el coeficiente de actualización”, criticó.

“Ojalá a partir del 10 de diciembre, con lo que nosotros deseamos que sea un gobierno de nuestro signo, que sea un gobierno con Sergio Massa encabezándolo, pueda atender una política de Estado que sea la de más construcción de viviendas que permita que aquel que trabaja con lo que hoy paga de alquiler pueda acceder a la casa propia”, concluyó.

Finalmente, terminada la sesión Lewandowski celebró la aprobación del paquete de pliegos judiciales que contaban con el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Al respecto sostuvo que para Santa Fe “es muy importante que se pudiera avanzar con la aprobación de los pliegos porque implica un juez federal, un fiscal federal y un defensor con asiento en Rosario y un defensor en Santa Fe más para combatir el crimen organizado y el narcotráfico”.

Se aprobaron los pliegos de Román Pablo Lanzón, como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario; Matías Felipe Scilabra, como Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, Fiscalía Nº 2; Ramiro Dillon Villamayor, como Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Defensoría Nº 3; y Pablo Andrés Vacani, como Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, entre otros.

Luego de tres meses sin sesiones en el Senado para votar proyectos de ley, el oficialismo negocia con la oposición con el objetivo de convocar al recinto este miércoles, sin temario definido.

La idea sería, en principio, aprobar un nutrido paquete de pliegos judiciales, entre los cuales se encuentra el de la jueza Ana María Figueroa para continuar en la Cámara Federal de Casación Penal.

Juntos por el Cambio desconfía de la magistrada, que se encuentra cerca de cumplir los 75 años (la edad tope para jubilarse) por declaraciones de fines del año pasado en las que había denunciado un “ensañamiento judicial” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

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Su pliego no tiene ninguna impugnación, pero desde Juntos por el Cambio advierten que Figueroa tiene un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura por demorarse en resolver un planteo para que se deje sin efecto un sobreseimiento contra la ex presidenta y que la causa Los Sauces/Hotesur se reabra y vaya a juicio oral.

El 31 de mayo pasado, cuando la comisión de Acuerdos del Senado avaló su pliego y el de otros 47 candidatos a cubrir cargos judiciales, Figueroa aclaró que no tiene “ningún feedback con el Poder Ejecutivo” ni con el Instituto Patria, por lo que no estaba condicionada en absoluta para dictar su fallo.

Aquel día también ratificó sus dichos sobre el “ensañamiento” contra Cristina Kirchner al recordar que la vicepresidenta fue citada a ocho indagatorias en una sola jornada, en una fecha que además coincidía con el natalicio de Néstor Kirchner.

“No es habitual que en Argentina a una persona la citen a ocho indagatorias el mismo día. No es razonable eso, no hubo ningún otro caso en la historia”, destacó Figueroa aquel día.

El interbloque Juntos por el Cambio ya adelantó que no está dispuesto a acompañar designaciones judiciales.

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Para habilitar la sesión, el interbloque oficialista necesitará 37 legisladores sentados en sus bancas. A sus 31 miembros (que deberá asegurar con asistencia completa) deberá sumar a sus tres habituales aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia de Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina), y luego le faltarán tres senadores más.

Para lograrlo, apunta al bloque Unidad Federal que surgió como una escisión del Frente de Todos. La idea es contar con el apoyo del presidente de esa bancada, Guillermo Snopek, quien en las PASO competirá como precandidato a diputado nacional por Jujuy en una de las listas de Unión por la Patria.

Los otros dos son la puntana María Eugenia Catalfamo y el entrerriano Edgardo Kueider, quienes celebraron en sus redes sociales la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi.

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En este bloque del peronismo disidente también están enrolados la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola, quienes apoyan la precandidatura presidencial de Juan Scharetti.

Otro proyecto que podría ver luz en la posible sesión es la ley de prevención y represión del lavado de activos, que será tratada este martes a las 17.30 hs en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Para poder incorporarlo al temario sobre tablas requerirá de dos tercios de los votos.

Otros proyectos con dictamen que están en parrilla con dictamen son la creación del régimen de monotributo tecnológico (o “monotech”), el de muerte perinatal, y el de pubertad precoz, todos con media sanción de la Cámara de Diputados.

Por Luis Rodrigo

Con el compromiso de un rápido tratamiento en comisiones, ingresaron para su estudio al Senado de la Provincia de Santa Fe dos proyectos de ley que buscan otorgar beneficios a los médicos, enfermeros y otros trabajadores de los equipos de salud que enfrentaron la pandemia en el ámbito público.

En un caso, se trata de otorgar beneficios a la hora de la jubilación; en otro de hacerlo para facilitar el ingreso a planta permanente sin tener en cuenta las condiciones de edad y antigüedad laboral que hoy están vigentes, siempre que se trate contratados -profesionales o no- que fueron parte de las áreas Covid-19 donde todo era prevención extrema para evitar los contagios, mucho antes de que se llegara al desarrollo de las vacunas que permitieron superar un momento dramático para la humanidad.

Se trata de dos expedientes que fueron saludados desde las barras con aplausos. Dirigentes del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud y de la Asociación de Médicos de la República Argentina, con sus banderas de Siprus y Amra estuvieron en la Cámara para apoyar desde su ingreso a las dos iniciativas.

Pocas veces presencian en las barras los directamente interesados el simple ingreso de un proyecto de ley. Ocurrió esta vez y eso generó algunas intervenciones más de los legisladores que los compromete con el tratamiento y la media sanción.

En un caso, Guillermo Cornaglia (PJ-Nes-Belgrano) se extendió sobre la necesidad de que se avance en “un acto de justicia” para que haya un reconocimiento con un cómputo diferencial para los trabajadores del ámbito de la salud que efectivamente estuvieron en la lucha contra el coronavirus. No solo por enfrentar más riesgos que los habituales en su labor, sino por haber tenido que pasar jornadas agotadoras con escasos recursos humanos de reemplazo y no menos angustias de llevar a sus familias, una enfermedad que aún no tenía una vacuna que prevenga sus peores efectos.

Pocos lo recuerdan pero hubo vacunas VIP para funcionarios políticos nacionales acomodados durante la gestión de Ginés González García, en febrero de 2021 y antes de ese escándalo, en enero de aquel año, El Litoral reveló que 30 dosis fueron utilizadas para inmunizar al personal de calle del Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe. Y para entonces muchos médicos, enfermeros, personal de limpieza y administrativos en constante contacto con pacientes Covid no habían sido vacunados.

Por otra parte, un proyecto de ley impulsado por el representante por La Capital, Marcos Castelló busca crear beneficios extraordinarios para ingreso a planta permanente de los contratados que actuaron en contacto con el virus, para que su edad o su antigüedad laboral no limite su ingreso formal al sistema público de salud, en mérito a su labor en aquellas circunstancias extremas.

El músico y cantante destacó que su texto a debatir en comisiones debe ser visto como “una devolución a todo lo que han sufrido y trabajado en la pandemia” los equipos de salud. Habló de quienes ya no están y de los que no dudaron en sumarse aún sin ser personal de planta en los efectores públicos en el peor momento.

La ley impulsada por Castelló plantea exceptuar a los agentes dependientes del ministerio de Salud (alcanzados por los acuerdos paritarios celebrados antes del 15 de diciembre de 2022) en los cuales se dispusiere el pase a planta de personal permanente, de lo establecido en la Ley Nº 9282, que exige no tener más de diez años de graduado y cuarenta años de edad para ingresar en las funciones de Profesional Ayudante en las Unidades de Organización Asistencial y Sanitaria.

El proyecto contempla también, que dicha excepción no podrá extenderse más allá de la edad prevista por la Ley N° 6915 y modificatorias para obtener la Jubilación Ordinaria.

La Cámara de Diputados giró al Senado una veintena de proyectos de ley que podrán ser considerados recién a partir de mayo del año venidero por la Cámara Alta.

Se trata de los siguientes proyectos:

(Por Luis Rodrigo) – Una reunión de los jefes de los bloques de las dos cámaras legislativas estaba prevista, para las 14.30 de este miércoles 24, con plazos, temario y resultados difíciles de prever. Tanto los diputados como los senadores del partido de gobierno y de la oposición quieren que el prorrogado período ordinario de sesiones del año termine con leyes que les interesan, pero saben que no todo podrá ser.

Tal como ha advertido El Litoral, no menos de 150 iniciativas que nacieron en Diputados esperan la chance de una aprobación en la cámara alta, y un número menor -pero no por eso menos complejo- corresponde a los senadores y necesita de la confirmación de la cámara baja.

La negociación es impostergable. La Constitución santafesina limita a los pocos días que le quedan al mes en curso el lapso en que la Legislatura puede proponer, debatir y eventualmente aprobar proyectos de ley. Después, la primera de esas tres acciones, la de presentar proyectos de ley, solo le corresponderá al Poder Ejecutivo con la habilitación de temas y expedientes en el período de sesiones extraordinarias. Como mínimo (y la oposición teme que como máximo), el gobernador Omar Perotti convocará para que avancen el mensaje presentado en tiempo y forma para convalidar el proyecto de Presupuesto 2022 y la Ley Tributaria también correspondiente al próximo año.

Aún sin confirmar y con una negociación por delante que parece ardua, entre los senadores se imaginaban fórmulas para un acuerdo con los diputados. Una posibilidad comentada era acordar un esquema en el que haya una ley por cada banca del cuerpo que representa a los 19 departamentos y un número aceptable de expedientes de los diputados: hoy son 150 y deberían bajar a unos 30. Esa operación parece extremadamente compleja cuando con extrema nitidez se advierte la ausencia del liderazgo que ejercía el ex gobernador Miguel Lifschitz en Diputados.

No tienen oportunidad para avanzar dos leyes de fondo, de las que Santa Fe carece porque hay visiones ideológicas enfrentadas: la Ley de Educación y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) provocan posiciones distintas entre ambas Cámaras. Ambas cuentan con la meda sanción de Diputados pero las objeciones de las iglesias a las dos y la necesidad de un tratamiento sin apuros para normas tan importantes las deja al margen de una negociación contrarreloj.

Por otra parte, hay otro tipo de normas que las exige el contexto de hechos violentos delictivos que sufre la provincia, y que el gobierno santafesino reclama: se pide que se declare la emergencia en Seguridad y también en el Servicio Penitenciario. Se verá si con proyectos que surjan en el Senado o en Diputados. Y a esos textos que la Casa Gris alienta se podrían agregar otros que la oposición quiere instalar como la creación de una Junta Provincial de Seguridad, que abra la participación a la sociedad frente al espinoso tema que tiene a Rosario como epicentro.

El apuro y la voluntad de llegar a un acuerdo chocan con una difícil situación interna en Diputados donde los acuerdos entre radicales y socialistas ya no son lo que eran, incluso a nivel de las autoridades de la Cámara. Además, causan más ruidos ciertas rispideces recientes entre algunos legisladores del oficialismo en minoría, el amplio abanico de opositores, y los senadores justicialistas del NES que se definen como el “oficialismo responsable”.

En los pasillos de la Legislatura se dice que tanto la falta de diálogo de los funcionarios de la Casa Gris (no aparecen interlocutores con verdadero poder de negociación) como los temas en tratamiento en la Comisión de Acuerdos conspiran contra ese diálogo, urgido porque sin consenso no habrá leyes por lo menos hasta mayo de 2022. Y para eso faltan unos cinco largos meses.

Pasado el mediodía de este miércoles, esa comisión bicameral terminaba de entrevistar a los candidatos a jueces de primera y de segunda instancia en el recinto del Senado. Dentro y fuera de Acuerdos se señala con insistencia que este es el primer envío (de 14 propuestos) por parte de la actual gestión cuando está por terminar su segundo año de gobierno.

Una fuente confiable dijo a El Litoral que esta tarde o recién el jueves por la mañana podrían estar listos los dictámenes que recomendarán la aprobación o el rechazo de cada nombre al pleno de la Asamblea Legislativa formada por los 19 senadores y los 50 diputados. Y que no se descarta que haya pulgares para abajo. En cambio, el pliego de Mario Gabriel Mehauod como director obrero del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) parecía contar con el respaldo necesario.

El tratamiento de los nombres propuestos por el Ejecutivo no influye en el clima interno del Poder Legislativo. Sí, en cambio, ha generado cierta preocupación la acusación que el jefe del bloque de senadores Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ-NES-San Lorenzo), ha formulado formalmente ante Acuerdos contra los fiscales del Ministerio Público de la Acusación que pidieron a la Cámara alta sin éxito, a fines de 2020, poder investigarlo e imputarlo. Más allá de los alarmantes argumentos presentados por el legislador en su escrito de más de 40 páginas, con cuestionamientos sobre el acceso indiscriminado a datos del tráfico de comunicaciones del celular de Traferri, durante cuatro años, sin la debida autorización judicial, el tema preocupa por la lectura que de ese hecho hace la sociedad, tanto los juicios de valor como por los prejuicios en juego. Del tema se habló en la reunión de este miércoles, aunque no se tomaron decisiones: aparentemente habrá una instancia de consulta más antes de que se defina qué hacer con la denuncia.