Alrededor de 5 millones de personas presentan mora de más de tres meses en el pago de sus deudas con tarjeta de crédito bancarias o billeteras virtuales, además de otras modalidades informales que no figuran en registros oficiales.

Desde personas mayores que se atrasan en el pago de servicios y medicamentos, hasta solicitudes para las compras en el supermercado, las cuotas de colegios y tarifas, las razones por las que se contraen deudas son variadas pero no atañen, como ocurría una década atrás, a la compra o refacción de un inmueble o de un vehículo.

Son préstamos que se piden para pagar gastos corrientes o para cancelar otras deudas; situación que se convierte en una “bola de nieve”, tal como se advirtió en la reunión convocada este miércoles por la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.

La mayoría de los expositores advirtieron la facilidad de acceso a créditos a través de billeteras virtuales y la falta de control sobre la capacidad de pago de los solicitantes. Foto: Archivo

El tema está en la agenda pública desde hace meses, y dio lugar a varias iniciativas, incluso en la provincia donde, en conjunto con el Banco de Santa Fe, se avanza en una línea de crédito para sanear las deudas de agentes del sector público. La propuesta se podría extender a trabajadores del sector privado.

En la provincia de Corrientes, el gobierno junto al Banco oficial anunciaron un programa que va en esa línea, aunque opera a dos puntas: Corrientes Sostiene Familias destinado a las economías domésticas, y Corrientes Sostiene Empresas, para aliviar la situación del sector productivo.

En Diputados hay 18 proyectos en espera de tratamiento. Varios tienen autoría de legisladores con mandato cumplido.

La convocatoria de la Cámara baja fue para escuchar la opinión de varios expositores. La propuesta partió de la oposición que preside la comisión en la figura de Hugo Yasky (UxP).

También participaron integrantes de la Cámara que, con variantes, impulsan sus propios proyectos, como Marcela Pagano (Coherencia), Andrea Freites (UxP), Kelly Olmos (UxP) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

A lo largo de un par de horas se escucharon presentaciones con algunos puntos en común: “La gente tiene voluntad de pago”, “Los bajos salarios conspiran con el cumplimiento de las obligaciones financieras”, “Hay formas de tomar crédito que están fuera del radar de los controles oficiales”, “El endeudamiento dejó de ser un tema individual para convertirse en un conflicto social” y “En algunos casos se registran prácticas abusivas de cobranza”.

La reunión comenzó con la presentación de la socióloga y docente Lucía Cavallero, quien remarcó que “39 billones de deuda tienen hoy las familias en Argentina, sumado al dato del Banco Central sobre un fuerte incremento de los niveles de morosidad, los más altos de los últimos 20 años.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia en su reunión del último miércoles. Foto: Cámara de Diputados.

El Defensor Adjunto del Pueblo de CABA, Arturo Pozzali, afirmó que “hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no están pudiendo cumplir, principalmente por no tener capacidad de pago”.

Desde Rosario y vía zoom, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. Además, graficó que en época de pandemia había “entre 25 y 30 billeteras virtuales y ahora son 80 aprobadas por el BCRA”. A este panorama se sumó la novedad de “financieras online de origen mejicano”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, advirtió que “a finales de 2023 la morosidad según el BCRA era del 2,7 % del total de deudores (574 mil sobre 20 millones de personas) y en febrero de 2026 fue del 11,2 %: son 4,8 millones de consumidores con deuda financiera”.

La contadora pública y funcionaria de la Municipalidad de Hurlingham, Alejandra Fernández Scarano, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

A su turno, Gabriel Martínez Medrano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), expuso sobre el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española. Y aportó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó “la solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”.

Antes de concluir la reunión se acordó hacer una nueva convocatoria para que el resto de los bloques que integran la comisión, incluso el oficialismo en manos de La Libertad Avanza, sumen más expositores.

Mientras tanto, también hay proyectos en el Senado que abordan el sobreendeudamiento. Uno de ellos es del santafesino Marcelo Lewandowski quien impulsa la regulación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Aunque, a la vez, reclamó que no fueron conformadas las comisiones a las que fue girado el texto.

“Hemos recibido llamados, mails y consultas de familias endeudadas; es una realidad que no le escapa a nadie”, dijo el senador en la última sesión de la Cámara alta celebrada el 9 de abril.

En el marco de sus 76 años de trayectoria, la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 483 “El Industrial” de Venado Tuerto promueve dos eventos de gran importancia para la comunidad educativa y la región. 

Este jueves 9 se llevará a cabo la Muestra Anual Activa 2025, y el sábado 11 será el turno de la Cena del Reencuentro, un encuentro que busca fortalecer los lazos con exalumnos, docentes, empresas y autoridades.

“El objetivo de esta actividad es poner en valor la educación técnico-profesional como motor del desarrollo social y productivo, además de promover la interacción entre la escuela, las autoridades locales y el sector productivo”, destacó la dirección del establecimiento. Durante todo el día, se exhibirán proyectos teóricos y prácticos que reflejan la dedicación y el esfuerzo de los estudiantes, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos educativos y profesionales.

El sábado 11, desde las 21, se realizará la Cena del Reencuentro en el mismo establecimiento, ubicado en calle España 450. Este evento busca reunir a exalumnos, docentes, empresas y autoridades para rememorar anécdotas y celebrar la historia compartida de la escuela. Con un menú que incluye entrada, asado y postre (el costo de la tarjeta es de $20.000), los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una noche de camaradería y recuerdos.

La cena, además de ser una ocasión para reencontrarse, tiene como objetivo seguir estrechando los lazos entre las generaciones pasadas y las actuales, reafirmando el compromiso de la escuela con el futuro de la educación técnica.

A lo largo de sus 76 años, “El Industrial” formó generaciones de técnicos capacitados que hoy desempeñan roles clave en diversos sectores productivos y sociales de la región. Con una formación que abarca áreas como la electrónica, la mecánica, la informática y las ciencias aplicadas, el colegio sigue comprometido con la preparación de profesionales altamente capacitados para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar activamente de ambos eventos, que no solo muestran el crecimiento y los logros de la escuela, sino también el impacto positivo de una educación técnico-profesional de calidad. 

La Dirección Provincial de Juventudes, perteneciente al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, abrió la inscripción al programa Eureka: Ideas que Transforman, una iniciativa innovadora diseñada para fomentar la participación ciudadana de los jóvenes a través de proyectos territoriales que promuevan el desarrollo personal y colectivo.El programa está dirigido a jóvenes entre 15 y 29 años de edad, residentes en la provincia de Santa Fe. Se seleccionarán 500 proyectos en toda la provincia. Las propuestas deben estar compuestas por grupos de 3 a 6 integrantes. Las inscripciones cierran el 15 de agosto.El objetivo principal de Eureka es impulsar la participación ciudadana juvenil mediante la creación de proyectos que fomenten oportunidades de desarrollo personal y colectivo. Los trabajos deben contribuir a la prevención de situaciones violentas y conflictivas, enfocándose en el fortalecimiento de vínculos sanos y la cohesión comunitaria.

Las inscripciones se realizan ingresando a:https://www.santafe.gob.ar/mds/inscripcionesmidh/gc-load/eureka

Los proyectos deben contemplar actividades socio comunitarias con el objetivo que generar un impacto positivo en sus territorios, contribuyan a la promoción y acceso a las juventudes en sus derechos fundamentales y a mayores oportunidades laborales, sociales, económicas, culturales, entre otras.

Los proyectos deben tener como eje principal los siguientes temas:- Lazos y Ciudadanía: Fomentar la participación, convivencia y compromiso ciudadano.- Expresiones Sociales, Culturales y Artísticas: Potenciar el ocio creativo y el acceso a la cultura y el deporte.- Integración Sociojuvenil: Concienciar sobre temas de integración y desarrollo juvenil.- Bienestar Joven: Promover hábitos saludables, seguridad vial y desarrollo sostenible.

Los proyectos serán evaluados según su diseño, metodología, sostenibilidad, innovación, impacto y composición social. Se otorgará un puntaje máximo de 100 puntos, considerando aspectos como la capacidad operativa, planificación, creatividad y redes de colaboración.Para más información, los interesados pueden enviar consultas a juventudes@santafe.gov.ar  Las inscripciones están abiertas, y los resultados se comunicarán a través de la página web oficial y el correo electrónico de los postulantes.

Por Diego Budassi 

El jueves por la mañana, el Concejo de Firmat llevó a cabo su primera sesión extraordinaria del año para tratar un par de proyectos ligados al arribo de fondos provinciales que serán volcados en distintas obras para la ciudad.

Es preciso aclarar que la sesión paso a un cuarto intermedio para constituirse en comisión, con la presencia del arquitecto Gustavo Caletti, director de obras públicas y el CPN Diego Bullorini, secretario de Hacienda y Finanzas y Coordinador de Gabinete, para darle celeridad a los expedientes.

La propuesta del playón deportivo y la instalación de 15 cámaras de videovigilancia en barrio Fredriksson fue presentada por el Bloque de Firmat Futura (Janina Pellegrini y Nicolás Rufine), y aprobada en 2023.

Para ambas obras, de vital importancia en dicho sector de la ciudad, se invertirán 50 millones de pesos que llegaron a las arcas municipales bajo el Programa “Incluir” promovido por la gestión Perotti desde la Casa Gris.

El proyecto contempla construir el playón en la plaza Estanislao López, con una cancha de básquet, otra de vóley y una de fútbol. Respecto al sistema de seguridad, el Ejecutivo evaluará los puntos “conflictivos” y de ahí en adelante tomará las decisiones pertinentes para ubicar estratégicamente las cámaras.

Vale remarcar que la propuesta contempla la incorporación de nuevos equipos para la estación central de videovigilancia.

Otro de los temas abordados y aprobados tiene estrecha relación con el Plan de Reingeniería del Tránsito. En paralelo, meses atrás el Automóvil Club Argentino (ACA) desarrolló un estudio vehicular de la ciudad y en base a los resultados obtenidos, el Municipio fue incorporando dichas sugerencias.

De ese modo, el Concejo acompañó de manera unánime la necesidad de modificar el sentido de circulación de las calles Laprida y Maipú desde Avenida 25 de Mayo y hasta Avenida Roque Sáenz Peña (Ruta 93); General Paz y Chacabuco desde Roque S. Peña y hasta 25 de Mayo y de otorgar doble mano a las calles Avellaneda y Santa Fe en el tramo 25 de Mayo y Roque Sáenz Peña.

La última propuesta aprobada fue la suscripción de convenios con la Dirección Provincial de Vialidad, que tengan como objetivo la ejecución de trabajos de conservación, obras complementarias de la Red Vial Provincial y la reparación de equipos viales de titularidad de la DPV.

Dos proyectos de leyes, dictaminados por todas las comisiones, fueron retirados del recinto antes de ser votados el pasado jueves en la Cámara de Diputados. En ambos casos, eran proyectos ingresados por diputados del Frente Progresista y que formarán parte del futuro gobierno provincial. Los dos temas habían sido votados en otras ocasiones por la Cámara Baja pero no habían tenido eco en el Senado. El retiro fue a pedido de la futura gestión provincial que encabezará Maximiliano Pullaro.

Son los proyectos para establecer el funcionamiento del Juicio por Jurados en la provincia y otro con modificaciones al Código Fiscal estableciendo créditos fiscales para entidades mutualistas de clubes deportivos. La primera iniciativa es del demoprogresista Gabriel Real y la segunda de la socialista Lorena Ulieldin y si bien ambos terminan sus mandatos en diciembre estarán en funciones en el Poder Ejecutivo. Real será secretario de Asuntos Legislativos y Ulieldin estará en cargos de conducción de API como lo estuvo durante la gestión de Miguel Lifschitz.

Sobre el Juicio por Jurados era la tercera vez que el tema iba a ser votado positivamente por la Cámara de Diputados y Real recordó que una ocasión el autor fue el radical Santiago Mascheroni quien será secretario de Justicia a partir del 10 de diciembre. El proyecto de Real junto a otro ingresado por Ariel Bermúdez (Creo) llegó al Orden del Día con dos dictámenes ya que la radical Marlen Espíndola firmó uno en minoría. En cambio, el de la mayoría encontró las firmas del titular de la comisión, Joaquín Blanco (PS), más los socialistas Gisel Mahmud y Esteban Lenci, la macrista Ximena Solá, el justicialista Leandro Busatto y el propio Real.

"Nos pareció atinado que las próximas autoridades nos solicitan mirar con detenimiento el proyecto y aceptamos la vuelta a comisión convencidos del cambio sustancial en el sistema penal que significará la puesta en práctica de este mecanismo previsto en la Constitución de 1853" sostuvo Real en el recinto. A Diputados le restan dos sesiones del Período Ordinario y el tema pasará para la próxima cámara. El proyecto busca reglamentar el instituto previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y que la provincia nunca puso en práctica.

En las ocasiones anteriores, el debate fue precedido de la visita de expertos que trabajan la cuestión desde la cátedra universitaria e incluso de expositores de provincias donde lo tienen en vigencia.

En el caso del proyecto de Ulieldin están en juego recursos en momento en que no abundan para la gestión. El proyecto apunta a permitir que las asociaciones mutuales deportivas puedan deducir hasta un 30% del pago de Ingresos Brutos para destinar el importe del crédito fiscal para la construcción, mejora o ampliación de la infraestructura edilicia; a la adquisición de implementos y materiales que resulten útiles para la práctica de los deportes o actividades que allí se realizan; a la organización o realización de eventos; y en general para la realización de cualquier actividad que resulte de interés para dicha entidad deportiva. Otra parte también la podrían afectar a la cobertura de gastos corrientes de las diferentes actividades deportivas y recreativas que desarrollen las entidades mencionadas (contratación de profesores, pago de viáticos, adquisición y reparación de elementos deportivos).

El tema había sido votado en marzo de 2021 y reingresado por Ulieldin ante el no tratamiento del Senado y ahora esperará la opinión de la gestión que en el área económica encabezará Pablo Olivares.

Para la última sesión del año, la Cámara de Diputados ya tiene el respectivo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para votar una reforma a una ley de endeudamiento originada en la gestión de Antonio Bonfatti y que Omar Perotti propuso actualizar en la cifra. En cambio, el Senado mutó la cifra por un porcentaje (1,15) del total de recursos del último Presupuesto de la Administración Provincial. En principio, el dictamen eleva ese endeudamiento al 3,5%. El asunto tiene fijado tratamiento preferencial.

En los Asuntos Entrados de las dos cámaras legislativas, en la última semana están contenidas una docena de observaciones legales efectuadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia, varias de las cuales tienen que ver con el funcionamiento de consejo de administración de hospitales de diferentes puntos de Santa Fe, entre ellos el Cullen de nuestra capital.

También fue observado legalmente el aporte no reintegrable del Poder Ejecutivo para la ejecución de la obra construcción de pavimento intertrabado en la localidad de Arroyo Leyes, dpto La Capital.

Este miércoles se contestarán las preguntas y dudas de la primera ronda de consultas en el marco del concurso de ideas para el denominado sector 3 (14 hectáreas) del Área Recreativa Norte (AReN), lanzado el 28 de febrero por el Gobierno de Venado Tuerto y el Colegio de Arquitectos Distrito 3 (CAD3).

La convocatoria es abierta para que los arquitectos y demás profesionales de la comunidad puedan elevar sus proyectos, y los equipos deben contar con un profesional matriculado en el CAD3.

El desarrollo será en etapas, ya que la actual intervención del municipio en el AReN se focaliza entre la avenida Dr. Luis Chapuis al noreste y la ruta 8 al suroeste, siempre con la meta de consolidar un gran parque recreativo.

Primer paso concreto en la ejecución del Área Recreativa Norte

La expectativa ahora es poder canalizar inquietudes profesionales relacionadas con aspectos generales de la convocatoria, alcances de la intervención y presumiblemente cuestiones técnicas sobre cotas, niveles y aquello relacionado con un área inundable.

La ronda de consultas -la primera de las tres estipuladas- será canalizada por una asesoría conformada por dos profesionales del CAD3, las arquitectas Evangelina Beltramo y Beatriz Pinturella, y dos por el Gobierno de Venado Tuerto, la arquitecta Ayelen Cipolletti y el ingeniero agrónomo Sebastián Gallo.

Este concurso tiene un cronograma definido, ya que el plazo para la presentación de proyectos cerrará el 1 de junio y el 14 del mismo mes el jurado emitirá su fallo.

La propuesta elevada deberá contemplar la integración del espacio público, el impacto ambiental, accesibilidad, equipamiento y servicios, mobiliario urbano e iluminación y paisajismo

Vale recordar que el jurado de evaluación de proyectos estará integrado por representantes del Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal, UTN-FRVT, CAD3 y Colegio de Ingenieros Agrónomos (Ciasfe 4).

La Cámara de Diputados realizó durante el último año, 26 sesiones; dio ingreso a 4.331 proyectos; hubo 261 reuniones en las diferentes comisiones internas pero además funcionaron cuatro comisiones especiales; hubo seis audiencias públicas por otras tantos temas y reuniones, en comisiones, con cinco ministros del Poder Ejecutivo.

El 2022 fue el primer año de la actual composición de la Cámara de Diputados que no hubo límites a la presencialidad plena tras las restricciones de los años 2020 y 2021 por la pandemia de Covid. En las etapas más duras del Covid, el cuerpo sesionó en el Paraninfo de la UNL; realizó encuentros totalmente virtuales con solo el presidente en el recinto y, en otras ocasiones, apenas con jefes de bloques.

“Se volvieron a abrir las puertas de la Cámara a toda la comunidad santafesina después de la pandemia, lo que significó recuperar este ámbito como lugar de encuentro y reconocimiento a personas comprometidas con la salud, la cultura, la educación, el deporte. En especial, sobresale el homenaje realizado a nuestros héroes de Malvinas a 40 años de la guerra”, señaló Pablo Farías, presidente del cuerpo.

En el año que pasó, la Cámara hizo 26 sesiones entre el Período Ordinario y los dos Extraordinarios pero además el recinto albergó a cuatro asambleas legislativas y cuatro sesiones conjuntas, es decir sumó a los integrantes del Senado para discutir pliegos o bien analizar la conducta de funcionarios del sistema penal.

La Secretaría Parlamentaria, a cargo de Gustavo Puccini, entregó una síntesis de la tarea propiamente parlamentaria así como la vinculación con la ciudadanía y el trabajo de cada una de las áreas de trabajo de la Cámara.

A la hora de destacar los principales temas abordados menciona la sanción de las leyes de Presupuesto para 2022 y 2023, la Tributaria 2023; la ampliación del parque Islas de Santa Fe; autorizaciones de endeudamiento externo; introducción del concepto Ficha Limpia en leyes electorales, pero también posturas sobre Hidrovía, sistema educativo, seguridad, uso de cannabis con fines terapéuticos, deuda de Nación con Santa Fe además con los problemas de abastecimiento de gas oil que se produjo en una parte del año.

En las 26 sesiones, fueron ingresados 4.331 proyectos y fueron tratados 2.458 de los cuales fueron 375 de ley, la mayoría de los cuales no fue respaldado por el Senado. Como informara El Litoral, en el año último fueron promulgadas 120 leyes por el Poder Ejecutivo.

El reglamento de la Cámara contempla hoy el funcionamiento de 19 comisiones internas permanentes más allá de la creación de especiales, bicamerales, de información y de seguimiento. Las permanentes se dedican a estudiar temáticas en específico y son el ámbito por excelencia para el análisis y tratamiento de cada proyecto, donde se debate, y de ser necesario, se acude a especialistas y expertos para escuchar otras opiniones y poder abordar la redacción de un dictamen.

En las 19 comisiones, hubo 261 reuniones donde Asuntos Constitucionales y Legislación General realizó 25, seguida por Género, Mujeres y Diversidad con 21; Asuntos Laborales con 20 y Presupuesto y Hacienda con 19. En la otra punta, Juicio Político no realizó ninguna reunión porque no hubo ningún trámite iniciado sobre la materia.

En las comisiones durante el 2022 fueron convocadas 85 personas ya sea funcionarios, organizaciones intermedias o personalidades destacadas para analizar diferentes proyectos.

También formó parte del año parlamentario la realización de seis audiencias públicas y catorce jornadas especiales. En las audiencias públicas se analizaron la urbanización de barrios populares con la llegada de servicios públicos; por el concurso de Vicentín SAIC y la avocación del expediente solicitada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia; sobre una futura ley de deporte femenino; para modificar la ley de control del tabaquismo; sobre acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y disidencias así otra sobre la temática de derechos paliativos.

En cuanto a las comisiones especiales, son cuatro las que están constituidas: información y seguimiento de las causas judiciales en razón del concurso de Vicentín S.A. que realizó diez reuniones; de información e investigación del caso de Carlos Orellano (2); de integración regional, Mercado Común del Sur y seguimiento del sistema de Hidrovía Paraguay-Paraná (6) y víctimas de delitos y sus familiares (5).

La vuelta a la presencialidad, permitió que la Cámara de Diputados recuperara las actividades de puertas abiertas con muestras culturales, recorridos guiados al palacio legislativo, reconocimientos y distinciones, capacitaciones internas y visitas educativas a través del programa Diputados por un Día.

Por otra parte, en el año fueron recibidos por las autoridades de la Cámara de Diputados el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

Cifras:

El ciclo Diputados por un Día realizó 29 jornadas en el año último con la participación de 99 instituciones educativas con la participación de 1602 alumnos y 150 docentes.

Este programa que tiene una larga trayectoria en la Cámara propone una experiencia de aprendizaje mediante un juego de roles, en el que los participantes dimensionan la importancia de la labor de los representantes, la función que cumplen las instituciones democráticas y, a la vez, les abre las puertas a nuevas prácticas de socialización para el ejercicio de su ciudadanía.

– Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados

Durante el último año, hubo presencia de funcionarios citados en comisiones o incluso en el recinto como el caso de Rubén Rimoldi, ministro de Seguridad para conocer los alcances de la ejecución de la llamada ley de emergencia en seguridad pública y servicio penitenciario, reunión donde la que informó y se trenzó en largas discusiones fue Ana Morel, la secretaría de Administración de la cartera. En un hecho inédito en la historia parlamentaria, el ministro estuvo en silencio durante gran parte de la reunión. Finalmente, el viernes pasado, el Poder Ejecutivo decidió correr a Morel del cargo en Seguridad.

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet asistió a una reunión de comisiones por la reglamentación de la Ley Provincial de Humedales así como el accionar de la provincia en el marco PIECAS-DP.

En otras ocasiones, fueron visitantes los ministros de Economía, Walter Agosto, por el Presupuesto 2023 y la norma tributaria; de Gobierno, Celia Arena, por los concursos de coberturas de cargos en el Consejo de la Magistratura, y de Infraestructura, Silvina Frana por créditos externos.

La diputada provincial Georgina Orciani obtuvo media sanción en proyectos que tienen por finalidad la expropiación de espacios en beneficio de la localidad de Santa Isabel.

La legisladora que integra el bloque UCR-Evolución encabezado por Maximiliano Pullaro, tiempo atrás presentó dos proyectos diferentes que esta semana obtuvieron la aprobación de la Cámara baja. Estas propuestas no tiene otro fin que beneficiar a la localidad de Santa Isabel.

En primero lugar, se requiere la expropiación de la parte no utilizada de la casa del Banco Santa Fe, la cual originariamente era utilizada como vivienda para la familia del gerente de la sucursal isabelense, pero desde hace muchos años está en desuso. La localidad se favorecerá de forma directa con esta gestión de la diputada, ya que se brindará un espacio para el desarrollo funcional inherente a la gestión de la Comuna local en materia social, cultural, educativa y deportiva.

“Este inmueble puede ofrecer un espacio para el funcionamiento de dependencias comunales que actualmente no cuentan con un lugar adecuado a sus diferentes funciones, permitiendo el desarrollo y crecimiento de estas área”, afirmó Orciani.

El segundo proyecto presentado por la legisladora, dentro de la misma temática, ordena expropiar y devolverle a los vecinos de esta localidad el espacio del “Laguito” que hasta el día de hoy no ha sido utilizado por la Dirección Provincial de Vialidad. La diputada radical afirma que la conservación del terreno por parte del Estado, el cual no ha presentado ningún tipo de interés, no logra otra cosa que perjudicar a los santafesinos y santafesinas que ven limitados sus derechos por falta de gestión en la utilización del mismo.

Ambos espacios se encuentran completamente inutilizados y perdiendo valor día a día. El desuso de estas instalaciones genera una sensación de abandono que trae aparejado el deterioro, con la consecuente mala imagen que daña indirectamente a toda la comunidad. “Reclamé que se cedan estos espacios a la Comuna de Santa Isabel para que allí se desarrolle parte de la vida de los y las isabelenses, garantizando el crecimiento y beneficio de los mismos”, cerró Georgina Orciani.

En los últimos días, los asesores de los diputados que integran la comisión de Legislación del Trabajo comenzaron a evaluar una serie de iniciativas, entre las que se encuentra la de tres diputados oficialistas que van en ese sentido. Se trata del primer paso para la puesta en marcha de cualquier proyecto de ley. 

Uno de los proyectos a la vista que busca modificar la Ley de Contrato de Trabajo es el que tiene como autor al sindicalista Hugo Yasky. El jefe de la CTA propone una semana laboral de cuatro días. El texto del sindicalista allegado a la vicepresidenta Cristina Kirchner establece que la jornada laboral no podrá exceder las ocho horas diarias o cuarenta horas semanales. 

“De acuerdo a la OIT, los horarios largos o que no permiten tener vida social son, entre otros, un factor de riesgo psicosocial”, es uno de los fundamentos que acompañan al proyecto de ley del secretario general de la CTA. 

Asimismo, entre los fundamentos se afirma que “la reducción de la jornada laboral implica un aumento de los beneficios para el sector empleador que verá incrementada la productividad marginal del trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral”. 

Entre sus argumentos, Yasky planteó que la reducción de la jornada laboral “aumentará la producción por trabajador/a, permitiendo un aumento de la rentabilidad empresarial”. La iniciativa fue presentada el año pasado. 

Otra propuesta que tiene como objetivo reducir la jornada laboral es el presentada por la diputada, también oficialista, y dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea. Ella impulsa una jornada laboral de un máximo de seis horas diarias, y un tope de 36 horas semanales. 

Entre los fundamentos del proyecto de Ormaechea se destaca la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, a pesar de la alta carga horaria. 

“Partimos de la premisa que el derecho del trabajo no crea trabajo, pero el derecho del trabajo con la modulación de la jornada permite su redistribución. La reducción de jornadas sin reducción de salarios, manteniendo los niveles salariales porque ya los salarios en la Argentina perdieron, en el período 2016/2019 según las mediciones Indec o el Indec de la Cámara de Diputados, entre un 26,4 y un 31,4% del poder adquisitivo”, detalló en los fundamentos de su proyecto. 

Un tercer proyecto oficialista que prevé la reducción de la jornada de trabajo es el del secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo. En consonancia con el de Ormaechea estipula que la duración de la jornada no podrá exceder las seis horas diarias o las 36 semanales. Y la jornada no podrá exceder las ocho horas en tanto la jornada semanal no exceda de cuatro días de trabajo. 

Mario Cáffaro

Sin disidencias, con despachos de comisiones, sobre tablas, y sin discursos, la Cámara de Diputados votó quince proyectos de leyes y los giró en revisión nuevamente al Senado. Se trata de todas iniciativas que fueron aprobadas en los primeros dos años de trabajo de la actual composición del cuerpo pero que no tuvieron eco en la Cámara de Senadores. Son iniciativas propias de legisladores y que pertenecen a diferentes temáticas. Se destacan entre ellas la creación de un mecanismo compensatorio de los aportes que el Estado provincial destina a ASSA para cooperativas de servicios y gobiernos locales que prestan servicios públicos públicos de agua potable por red y/o servicios cloacales así como otro fondo para la red vial rural y urbana de municipios y comunas.

Los autores de cada uno de los asuntos tienen expectativas que los temas sean incluidos en las conversaciones que mantienen autoridades de ambas cámaras para avanzar en consensos en la agenda parlamentaria. Si bien, trabajan sobre temáticas específicas: futuro Código Procesal Penal para Menores; Ley de Educación, Ley de Salud, la expectativa es que haya otros temas incluidos en los acuerdos.

Los temas aprobados y girados son los siguientes:

La propuesta de Garibay de creación de crear la Agencia de inversiones y Comercio internacional ‘Santa Fe Global’, la prevé como persona jurídica de Derecho Público Estatal Autárquica con misión de promover el desarrollo económico productivo de la provincia y la instalación como una plaza de negocios a nivel internacional.

Además estipula que la Agencia funcionará en la capital de la provincia y se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología.

La iniciativa de Pullaro y del bloque UCR Evolución de crear un mecanismo compensatorio del Estado provincial para cooperativas o municipios que prestan servicios de agua y cloacas, busca equiparar los aportes que el propio Estado hace para ASSA, prestataria del servicio en quince localidades.

Así propone crear en el presupuesto provincial un Fondo de Equiparación de Servicios Sanitarios equivalente al 69,2% sobre el aporte asignado a ASSA para financiar así a 347 localidades, que representar alrededor del 40 % de la población no atendida por ASSA. “La propuesta no solo busca equipar los recursos que vía presupuestaria se destina habitualmente a ASSA, sino aquellos que con fines especifico pretenden mejor el servicio sanitario en la provincia con un estricto criterio de igualdad”, explicó el autor. “La propuesta viene a empezar a dar respuesta – no debemos olvidar que aún existen localidades sin servicio de agua potable en red- a la desigualdad tanto en los niveles de calidad del servicio y de las tarifas que abonan los usuarios, entendiendo que debemos poner en debate todo el sistema sanitario con una nueva ley que reemplace a la vigente Ley 11.220 que busque un mismo nivel de servicio entre todos los ciudadanos santafesinos”, agregó.

La diputada provincial del Bloque UCR Evolución, Silvana Di Stefano, presentó un nuevo proyecto en el que pide a la provincia que gestione ante la Nación la reglamentación de la ley 27.098 de Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo. 

“Los clubes son actores comunitarios que contribuyen a la integración social y a la inclusión, y son a su vez instrumentos de promoción del deporte, la cultura y educación”, aseguró Di Stefano. 

La mencionada ley fue promulgada el 20 de enero de 2015 y aún se encuentra sin reglamentar. Entre los beneficios que significaría para los clubes, está la asignación de fondos, un presupuesto participativo, una tarifa social básica de servicios públicos, y asistencia y asesoramiento para facilitar el cumplimiento de los requisitos necesarios para inscribirse en el Registro. 

“A pesar de la existencia de numerosas resoluciones que aprueban beneficios, contribuciones económicas y programas a favor de estas instituciones, la falta de reglamentación no deja de ser un perjuicio que recae directamente sobre los clubes”, indicó la legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro. 

“Es importante que esto se concrete, teniendo en cuenta la realidad de numerosas instituciones de nuestra provincia que requieren políticas específicas de apoyo económico, de mejora de infraestructura, y de facilidades para su administración”, manifestó la diputada, quien todas las semanas visita este tipo de entidades en distintas localidades de la región. 

“Los clubes, alejados de las prácticas profesionales, llevan adelante una gran tarea dentro de su radio territorial. Son las primeras entidades en recoger a nuestros niños, niñas y adolescentes en sus primeras prácticas deportivas y sociales, aportando valores esenciales que se proyectan a lo largo de toda su vida, como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, el trabajo en equipo y el compromiso”, valoró Di Stefano. 

El gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, informó que se extiende el plazo de inscripción, hasta el 3 de junio, para la convocatoria 2022 de presentación de proyectos productivos destinados a financiar la compra de reproductores ovinos (machos y hembras), infraestructura e insumos necesarios para desarrollar la actividad. Además, en esta oportunidad, se extiende la invitación a escuelas agrotécnicas que deseen participar.

Sobre el financiamiento, la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, detalló: “Estos forman parte de los fondos otorgados por la Ley Nacional Nº 25.422, cuyo monto pasó de 5.2 millones de pesos en 2021 a 21 millones en el corriente año”. Seguidamente afirmó: “El objetivo es lograr el desarrollo y la modernización de los sistemas productivos ovinos que permitan la sostenibilidad a través del tiempo, mantener las fuentes de trabajo y el arraigo rural”.

Cabe destacar que la asistencia financiera se realizará a través de aportes reintegrables en el caso de los productores, y no reintegrables en el caso de grupos establecidos e instituciones educativas. Los montos varían de acuerdo al proyecto presentado en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), sin tasa de interés y un período de gracia de hasta dos años, con cinco cuotas anuales y un plazo total de pago de hasta 7 años.

Para consultar los trámites y formularios a presentar por parte de los productores, ingresar al siguiente link: https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=257839

Para mayor información también se podrán remitir los correos electrónicos: leyovinacaprinasf@santafe.gov.ar y leyovinasantafe@gmail.com , o a los teléfonos 342- 4505381 / 4505300 int. 4182 (Santa Fe); o 3482- 421340 (Reconquista).

El senador provincial Lisandro Enrico llevó adelante una nueva agenda de trabajo en Santa Fe, esta vez, sesionando por primera vez como Presidente del Bloque UCR. En la ciudad, el legislador presentó distintos proyectos para la región, además de realizar seguimientos de obras y trámites para instituciones del departamento. “Ante el Ministerio de Salud seguimos trabajando y solicitando la creación de cargos y pases a planta permanente del personal de distintos centros de salud de la región. En cuanto a seguridad, reiteramos nuestro pedido para que se incluyan comisarías al programa de modernización de edificios”, detalló Enrico. En relación a la educación, el Senador llevó adelante gestiones ante el Ministerio para que se construya el edificio de la Escuela Especial 2125 en la localidad de María Teresa y para que se incorpore como “zona desfavorable” la Escuela 711 de Aarón Castellanos, además de reclamar por la creación de un cargo para dicha institución. “Por otro lado, en el Ministerio de Economía, solicitamos la inclusión y firma de convenios del programa “Más Conectados”, que consiste en un proyecto de fibra óptica que mejora la conectividad a internet, además de la adquisición de equipamiento mobiliario informático, extensión de la red de cámaras de vigilancia y wifi gratuito en espacios públicos”, mencionó el Senador. Además, Enrico trabajó en trámites relacionados a Personería Jurídica de varias instituciones del departamento y, en la sesión ordinaria número 2 en la cual participó por primera vez como Presidente del Bloque UCR, presentó una solicitud para que se avance con la obra de reconstrucción de la Ruta Provincial 15 Chañar Ladeado – Cafferata y para que se finalice el nuevo edificio de la Escuela Agrotecnica de Rufino, aunque la actividad más destacada de la jornada fue la presentación de un proyecto de ley para que Santa Fe cuente con un poncho como vestimenta representativa que se encuentra a la espera de su aprobación en ambas Cámaras (Senadores y Diputados).

A sabiendas de que en la Cámara de Diputados el oficialismo perdió en las últimas elecciones la mayoría para poder aprobar leyes que son rechazadas por la oposición, el kirchnerismo desempolvó proyectos de consulta popular vinculante con el objetivo de que sea la ciudadanía la que defina sobre temas trascendentales para la vida democrática. Cada vez que el kirchnerismo logra aprobar una iniciativa en el Senado, luego choca de frente en Diputados porque allí no le alcanzan los votos propios, y ni siquiera sumando a los pocos aliados que le quedan de bloques minoritarios. Por ejemplo, el 28 de agosto del 2020, en plena pandemia de coronavirus, el oficialismo aprobó en el Senado un proyecto de reforma judicial que apuntaba a reordenar la justicia penal federal y a crear juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias. Nunca llegó a tratarse en Diputados, donde quedó sepultado en el cofre de los recuerdos. El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, aprobado el 7 de abril pasado, no tuvo mejor suerte y también quedó cajoneado. Lo mismo podría esperarse del proyecto de ley impulsado por Oscar Parrilli para que el Estado recupere una parte de los dólares por bienes no declarados en el exterior, y hacerse de esos recursos para destinar a la cancelación de la deuda con el FMI. El proyecto consiguió el jueves pasado 37 votos afirmativos contra 31 negativos en el Senado. El problema es que no hay tierra fértil en Diputados para que avance, a raíz del rechazo del interbloque Federal, un actor clave que en muchas ocasiones vota en línea con Juntos por el Cambio. La excepción fue a fines del año pasado con la ajustadísima aprobación de la reforma del impuesto a los Bienes Personales en Diputados, donde el Frente de Todos logró imponerse por un solo voto, aprovechando el faltazo de tres legisladores de Juntos por el Cambio. En condiciones normales, eso no habría sucedido.

Por eso, Parrilli reflotó el proyecto que había presentado en noviembre pasado para flexibilizar los requisitos para habilitar las consultas populares vinculantes, y le pidió al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, que arbitre los medios para avanzar con la iniciativa. Según el texto de la reforma planteada por el neuquino, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Cámara de Diputados “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”. La propuesta de Parrilli incluye un cambio en la mayoría necesaria para convocar a consultas populares vinculantes: “Deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presente en cada una de las Cámaras”, en lugar de la “mayoría absoluta” que prevé la legislación actual. En los fundamentos de su iniciativa, el senador kirchnerista de Unidad Ciudadana recuerda que “lamentablemente en los veinte años que lleva sancionada esta Ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra Patria ha sido sometida a la opinión popular”.

La jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, también presentó un proyecto similar, con la particularidad que establece que la fecha de la consulta popular, cuya participación es optativa- coincida con la de las elecciones nacionales, que son obligatorias. Según sostiene la senadora kirchnerista, esta modalidad permitirá transparentar el pensamiento de los candidatos sobre los temas de trascendental importancia que se pongan en consideración en la consulta popular, de manera tal que la ciudadanía pueda tener esa información a la hora de votar.

La posibilidad de hacer una consulta popular vinculante fue planteada en un proyecto de 2018, para destrabar el debate sobre el aborto. Actualmente hay un proyecto de Martín Tetaz, firmado por otros legisladores (entre ellos Mario Barletta) para regular la protesta social, permitiendo la circulación.

Una consulta popular es un mecanismo de democracia semidirecta incorporado a la Constitución nacional en la reforma de 1994 (artículo 40) y reglamentado en 2001 por la ley 25.432, aunque hasta ahora no se aplicó. La ley 25.432 estableció dos tipos de consulta: 1) La vinculante, que es convocada por el Congreso para someter al pueblo un proyecto de ley y cuyo resultado obliga al Gobierno. 2) La no vinculante, que puede ser promovida por el Congreso o el Poder Ejecutivo. La Constitución precisa que la consulta popular es vinculante (las autoridades deben acatar su resultado) sólo si nace de una convocatoria de la Cámara de Diputados, no así si fue propuesta por el Senado o por el Poder Ejecutivo. A través de la consulta popular se le pide la opinión a la sociedad sobre una determinada ley o política (en esos casos se denomina referéndum), o bien sobre cuestiones de Estado excepcionales (conocido como plebiscito), como, por ejemplo, la anexión o la cesión de determinado territorio al país. Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional reconoce además la iniciativa popular, que le otorga a todos los ciudadanos el derecho de presentar proyectos de ley ante el Congreso, pero para eso se le exige respaldarlos con las firmas del 1,5% del padrón electoral nacional, distribuidas al menos en seis provincias del país. Sólo luego de un proceso de verificación de firmas, el proyecto llegará al Congreso, que dispondrá de un año para aprobarlo o rechazarlo.

En la Argentina sólo se utilizó una vez el plebiscito, para aprobar la celebración de un tratado con Chile por el conflicto del Canal de Beagle, en el año 1984. En aquella ocasión, el presidente Raúl Alfonsín argumentó: “Queremos que todos los argentinos participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que constituye un elemento de tensión con Chile hace un siglo. Es un problema territorial, no una ley más”. El uso del plebiscito fue reprobado por el justicialismo, no obstante que el 25 de noviembre de 1984 el “Sí” obtuvo el 81,13% de los votos. Los cancilleres Dante Caputo (Argentina) y Jaime del Valle Alliende (Chile) firmaron el Tratado de Paz y Amistad, el 29 de noviembre, en el Vaticano. Argentina reconoció la soberanía chilena sobre las islas al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, salvo las situadas al norte del Canal de Beagle, y el Estrecho de Magallanes. A cambio, Chile, gobernado por el dictador Augusto Pinochet, limitó la proyección hacia el Atlántico que el derecho internacional le otorgaba a su archipiélago austral.

El diputado justicialista Luis Rubeo reingresó el proyecto de ley que apunta a declarar la necesidad de reformar la Constitución santafesina y propone elegir convencionales constituyentes en forma simultánea a los comicios para autoridades provinciales que se realizarán el año próximo.

El proyecto ya había sido presentado en marzo del año pasado y sin tratamiento en comisiones, perdió estado parlamentario en noviembre pasado. Sobre la temática hoy es el tercer proyecto con estado parlamentario en la Cámara Baja. El 2 de marzo fue el demoprogresista Gabriel Real el que presentó su proyecto y sobre fines de mes el bloque Igualdad hizo lo propio.

“Propongo un proyecto de Ley por medio del cual se declara la necesidad de la reforma de la Constitución de la Provincia sometiendo a reformar distintos artículos que en la ley se declaran. Con la finalidad de despejar cualquier tipo de suspicacia de intencionalidad política y para no sobrecargar ni al Gobierno ni al pueblo de la provincia, la propuesta es que los diputados constituyentes de los que habla el artículo 114 de la Constitución sean elegidos el mismo día en que se realicen las próximas elecciones a gobernador en forma conjunta”, informó Rubeo a El Litoral.

Para el legislador, durante los últimos años numerosas cuestiones han sido objeto de debates políticos y académicos y en muchas de ellas se ha arribado a un consenso mayoritario y entiende que esos acuerdos incluyen la autonomía municipal; prolongación del mandato de los presidentes comunales, ampliación del período ordinario de sesiones de la Legislatura; otorgarle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y a la Defensoría del Pueblo, incorporar a la Constitución la normativa para desplegar más derechos humanos y redefinir las funciones del Ministerio Público.

La propuesta de Rubeo es una reforma dividida en tres capítulos:

*  Temas que se deberán reformar en el sentido que esta Legislatura indica expresamente.

* Temas que se pueden reformar pero sin instrucciones concretas, derivando el debate a la Convención.

* Temas expresamente prohibidos de modificar, para evitar avasallamiento incidental de algunas cuestiones esenciales del sistema institucional.

La propuesta del justicialista incluye respetar la paridad de género en las bancas de la futura convención y una adecuada distribución territorial de los representantes santafesinos a elegir. “Es cierto que las urgencias de la hora pasan por encontrar respuestas para los millones de argentinos que sufren un presente indigno y que no están en condiciones de esperar a que el futuro les traiga las soluciones, pero también es cierto que alguna vez debemos pensar para los próximos cincuenta años y la realidad histórica demuestra que sólo aquellos pueblos que han construido instituciones sólidas y perdurables han logrado el bienestar, y que éste sea duradero”, señaló Rubeo.

En la primera sesión ordinaria del Concejo Municipal llevada a cabo este miércoles, el concejal del bloque Primero Venado, Nahuel Pasquinelli, presentó tres proyectos, siendo uno de ordenanza, un decreto y uno de resolución. Abordó la temática de género, endometriosis, y el Pronacom. En el proyecto de decreto solicitó la modificación del reglamento interno del Concejo Municipal para crear la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades para incluir la dimensión de estos colectivos de manera transversal en todos los proyectos que trate este Concejo en especial los vinculados con cuestiones de trabajo, salud o violencia en las mujeres. Por otro lado, el proyecto de resolución, pidiendo al poder ejecutivo provincial que reglamente la Ley Provincial Nº 14.030, sobre “Red de Promotores de Diagnóstico Temprano, Control y Tratamiento de la Endometriosis”, reconociendo a esta patología como crónica y qué acciones ha llevado adelante para el diagnóstico temprano, control, tratamiento y medicamentos ante el Iapos, prepagas y obras sociales. Por último, impulsó la ordenanza de reactivación del Programa Nacional de Compactación de Vehículos, que había sido suspendido por la pandemia del covid 19.

Bryan J. Mayer El Litoral “Desde que volvió la democracia, nunca ocurrió que se haya convocado a sesiones extraordinarias y que no se haya tratado ningún tema” cuenta a El Litoral el histórico periodista parlamentario Félix Álvarez. Ocurre que no todos los años hay extraordinarias, pero en esos casos es porque el Poder Ejecutivo Nacional no las convocó. Ante lo inédito del panorama – atravesado por discusiones de lo más diversas en materia política – y a pocos días de la llegada del Presidente Alberto Fernández al Parlamento para inaugurar el año legislativo, consultamos a cuatro legisladores nacionales para conocer su mirada sobre el funcionamiento del Congreso de la Nación después de las últimas elecciones.

El diputado oficialista Marcelo Casaretto indica que el gobierno nacional no tiene mayoría parlamentaria “ni en los primeros dos años de gestión, ni ahora” y explica que “como Frente de Todos tenemos 118 votos y para sesionar nos hacen falta 129”. Ante ese choque de fuerzas, el bonaerense adelanta que “va a terminar el período de sesiones extraordinarias sin poder convocar a una sesión con quórum. El 1° de marzo empieza el período ordinario donde ya el temario es abierto pero donde vamos a estar en la misma situación: en la medida que no haya acuerdos será muy difícil avanzar en los temas de interés de los argentinos”. Se atreve a pronosticar que “las próximas dos semanas estarían dominadas por el acuerdo con el FMI” y que tendrán la obligación de “ir construyendo consensos sesión por sesión y tema por tema” entre el oficialismo y “alguna de las oposiciones”.

Mario Barletta fustigó al oficialismo. Justificó el fallido período extraordinario en que “este gobierno no tiene un apego al régimen republicano y de hecho prefiere más los autoritarismos donde el congreso y la justicia – los otros Poderes – no funcionen. Eso está en la esencia misma del gobierno”. El ex intendente santafesino también se jacta de que “después de las elecciones, haber emparejado la situación les genera necesidad de estar calculando permanentemente” los votos que tengan para cada negociación.

El Senador Nacional Marcelo Lewandowski afirmó a El Litoral que “en un contexto tan cambiante y con algunos asuntos que no solo dependen de decisiones propias sino que involucran la participación de terceros, es una posibilidad que los tiempos difieran de lo planificado”. De esta manera se espera que los temas puedan ir destrabándose con el correr del año que “no será de poca actividad” y donde el santafesino anuncia ya haber tenido “reuniones con el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, con el subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Pablo “Tato” Giles, con el fin de realizar gestiones para resolver y atender las necesidades de los santafesinos”

“El principal problema que tuvo el Congreso tuvo que ver con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos” comienza el mendocino Julio Cobos. Para el ex vicepresidente de la Nación, dicha situación “no sólo implica en un cambio en la conducción, sino un reordenamiento de las comisiones que se reparten proporcional a la cantidad de legisladores que tiene cada bloque o interbloque. Ahí el Frente de Todos no se pone de acuerdo como primera minoría y de ahí que no se pueden armar las comisiones”. En la misma línea explica que sólo están constituidas – tanto en el Senado como en Diputados – las comisiones Presupuesto y Hacienda por el tratamiento del proyecto de presupuesto 2022. Vale destacar que el trabajo en comisiones es la instancia previa y obligatoria para debatir y – eventualmente – reformular los proyectos que luego llegan al recinto para debatirse en sesión y convertirse o no en Ley.

Luis Rodrigo El Litoral El debate parlamentario sigue un orden que, en buena medida, se define en dos ámbitos: la labor de cada diputado o senador en las comisiones y la negociación entre los jefes de los distintos bloques. Por otra parte, también contará la fuerza que habrá de poner según el Poder Ejecutivo y por qué no, el humor social. Obviamente tiene siempre más posibilidades de prosperar una iniciativa formulada por un diputado que pertenece a los bloques con más integrantes y lo contrario cuando se trata de bancadas menos representativas, o directamente unipersonales. El Litoral, sobre la base de la información oficial publicada por el sitio de internet de la Cámara de Diputados de la Nación, revisó el número de proyectos que presentó cada representante electo por los santafesinos. (Sólo en un caso no hubo datos). Se ordenaron esas producciones de cada legislador bajo el supuesto de que los proyectos de ley requieren de una mayor elaboración, incluso de un compromiso político de fondo, respecto de otros proyectos como las resoluciones para comunicar, solicitar o pedir informes y, desde ya, que las declaraciones. Es verdad que puede haber pedidos de informes más interesantes que proyectos ley. También, que resoluciones con pedidos tan serios como interpelar o iniciar juicio político a un funcionario y hasta al titular del Poder Ejecutivo Nacional habrán requerido más que las leyes propuestas más simples. De todas formas, en general, se tiene a los proyectos de ley como aquellos que necesitan de una mayor elaboración. Desde ya que habrá textos con aspiraciones de convertirse en leyes de la Nación que tengan más o menos méritos, según su tema y las condiciones políticas para su aprobación. La casa de las leyes, el eufemismo creado por el periodismo para no repetir expresiones como el Congreso o el Poder Legislativo, no es una fábrica. La “productividad” de los legisladores siempre debe estar entre comillas, y en favor de quienes representan al pueblo de la provincia es justo decir que no se advierten cifras engordadas con proyectos de declaración, que suelen ser fáciles de redactar, firmar y hasta de aprobar. En todos los casos, hay muchos menos proyectos de declaración que de ley o resolución, aunque las redes sociales se ocupen de viralizar (y banalizar) lo que el Congreso trata, al reproducir proyectos de declaración que no debieran merecer una exposición en las bancas.

Al contar las iniciativas legislativas de los 19 diputados nacionales por Santa Fe siempre debe tenerse presente que una parte de ellos recién ha asumido (o reasumido) en diciembre de 2021, pero aún así, hay casos en los que ya existe una cantidad considerable de iniciativas para los recién llegados. La cuenta de cuántos proyectos de ley, cuántos de resolución y cuántos de declaración ha presentado cada diputado nacional electo por los santafesinos da muy distinta de las estadísticas respecto de quienes participan más de las sesiones o directamente no han hablado a lo largo del año pasado, sobre las que El Litoral ya se ha extendido. Precisamente, las quejas de una diputada nacional por Santa Fe que no habló durante 2021 pero, en efecto, presentó numerosos proyectos de ley llevaron a El Litoral a una segunda lectura sobre los jugosos datos que están a solo algunos clics, en la web de la Cámara baja del Congreso de la Nación. Es interesante recordar que ningún punto del reglamento que se aplica en la Cámara, ni de la Constitución o de las leyes, restringe a los diputados la posibilidad de presentar proyectos. En cambio, sí hay unas normas no escritas que, muchas veces, impiden que se le otorgue la palabra a los legisladores y provienen del propio bloque al que se pertenece. La estrategia que sigue el jefe de una bancada en cada debate, además del peso personal que tiene cada representante entre sus compañeros, correligionarios o pares, suele ser determinante. Incluso para que durante todo el tiempo que se pueda se hable, por ejemplo, de la declaración de interés de alguna fiesta o celebración que no puede generar oposición. Los jefes de bloques miran todo el tiempo el tablero que indica el quórum…

Laura Castets de la Coalición Cívica, que no dio ningún discurso durante 2021, sin embargo fue la diputada nacional por Santa Fe que más proyectos de ley presentó (112), además de 174 resoluciones y 45 declaraciones. Ximena García, del bloque de la UCR, que tuvo un par de intervenciones en 2021 en el recinto, en efecto presentó un número también impactante de proyectos de ley a lo largo de ese año (96), 127 resoluciones y 38 declaraciones. En 2020 se había destacado con cifras también altas. El radical Juan Martín quedó bastante más atrás en el número de proyectos de ley presentados (50) a lo largo del año pasado, aunque duplica a otros. Además, pidió 52 resoluciones y 16 declaraciones. Federico Angelini del bloque del Pro aparece luego con 27 proyectos de ley, 49 de resolución y 21 de declaración. Luego, su par de bancada José Carlos Núñez, con 24 iniciativas para crear o reformar leyes, 40 para aprobar resoluciones y 16 de declaraciones. La justicialista del Frente de Todos Vanesa Masetani, que en 2021 habló solo en una oportunidad, produjo 18 proyectos de ley, 3 de resolución y 8 de declaración. Enrique Estévez fue de los que más hablaron en el recinto para fundamentar la posición del bloque del socialismo el año pasado. El jefe de bloque presentó 16 proyectos de ley, 23 de resolución y 5 de declaración. Alejandra Obeid del PJ no habló durante 2021 y lo hizo bastante poco en 2020. El año pasado presentó 15 proyectos de ley, 8 de resolución y 5 de declaración. Germán Martínez, de alta exposición en las últimas semanas a partir de que fue designado jefe del bloque del oficialismo en la Cámara baja del Congreso, se ubica entre los primeros veinte legisladores a los que más veces se les abrió el micrófono el año pasado. En 2021 produjo 15 proyectos de ley, 7 de resolución y 5 de declaración. Otro diputado nacional por Santa Fe de permanente protagonismo en los debates, en especial en materia económica, fue Luciano Laspina del Pro. El sitio Parlamentario lo ubica como el sexto diputado con más palabras en el diario de sesiones el año pasado. Produjo 10 proyectos de ley, 15 de resolución y 4 de declaración. Marcos Cleri, del Frente de Todos, presentó 7 proyectos de ley, 1 de resolución y 3 de declaración en 2021.

En cuanto a los diputados nacionales por Santa Fe que juraron el 7 de diciembre de 2021 debe decirse que todos ya han presentado proyectos. Germana Figueroa Casas del Pro lo hizo con 9 de ley, 21 de resolución y 3 de declaración. Mónica Fein, la ex intendenta de Rosario del PS, presentó ya 7 iniciativas que buscan ser ley, un proyecto de resolución y otro se declaración. El radical Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe y ex embajador argentino en el Uruguay, presentó 6 proyectos de ley, 8 de resolución y 3 de declaración; el mismo número de iniciativas normativas en el caso de María Victoria Tejeda de Evolución Radical, 9 de resolución y 3 de declaración. También con 6 proyectos de ley aparece Gabriel Chumpitaz del Pro, siempre entre quienes llegaron hace muy poco al Congreso. Además ingresó 13 de resolución y 5 de declaración. Eduardo Tonioli del Frente de Todos, 3 de ley y 1 de declaración; Magalí Mastaler, del PJ, un proyecto de ley. En cuanto al ex senador nacional Roberto Mirabella, del justicialismo, que también lleva muy poco tiempo en la otra Cámara cabe señalar que en la web oficial aparece al cliquear en sus proyectos la leyenda que advierte “Error al procesar los datos” y recomienda comunicarse con la sección de publicaciones si el problema persiste. Evidentemente, falla la carga porque Mirabella ha difundido en comunicados de prensa algunas de sus iniciativas como diputado nacional.

Luego de su aprobación en el Senado, tuvo sanción definitiva la ley para la creación de un juzgado de primera instancia de distrito en lo laboral y un juzgado de primera instancia de familia en el distrito judicial 3 con sede en Venado Tuerto. “Es la ciudad de mayor densidad poblacional de esta zona y no alcanzan los recursos humanos para toda la demanda de causas”, explicó la legisladora radical. 

Por otra parte, 4 proyectos de ley tuvieron media sanción: 

-La ampliación de derechos para las mujeres que trabajan en el servicio penitenciario, que busca lograr que las mujeres accedan a las mismas jerarquías que los hombres y terminar con las desigualdades de género en el Servicio.

– La creación de una delegación de Inspección General de Personería Jurídica en Venado Tuerto, para dar respuesta a una problemática que afecta a muchas instituciones de la provincia, como por ejemplo las cooperadoras escolares, que deben regularizar su situación permanentemente pero no tienen la respuesta en su territorio por parte del Estado. 

– Modificación del artículo 34 de la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios para garantizar más derechos y mayor accesibilidad de servicios básicos para los bomberos: el derecho de afiliación a IAPOS; cupos en planes de construcción de viviendas, pensiones no contributivas por edad o por años de servicio. 

 – Modificación del artículo 32 de la misma ley para que el Fondo de Seguridad   Provincial tenga una afectación específica y sea administrado por un Consejo Administrador. 

*Estos dos proyectos de ley se unificaron en un solo proyecto en conjunto con el diputado Marcelo González. 

– La creación de un área para el desarrollo de programas, políticas inclusivas, capacitaciones y acompañamiento para la prevención del maltrato y abuso a los adultos mayores (con Silvana Di Stefano). 

En cuanto a los proyectos de comunicación se destacan los relacionados al Banco de Santa Fe, para que el gobierno provincial interceda para la creación e instalación de sucursales para tres localidades del Departamento General López, la ampliación del personal de atención en 13 y la instalación de cajeros automáticos en 18 para General López y Caseros. “Son muchos los vecinos del sur provincial que deben trasladarse a otras localidades para realizar operaciones”, destacó.  

Otros de los proyectos a destacar también es el pedido de repavimentación de la ruta 94 desde la circunvalación de Santa Isabel hasta la ruta nacional 8 y la creación de cargos de salud mental para la región. 

Una de las actividades de los legisladores es recorrer municipios y comunas, trabajar junto a los gobiernos locales y fortalecer las instituciones. “Es una tarea que disfruto mucho ya que me permite conocer las distintas realidades de cada localidad y apoyar a las organizaciones civiles”. 

Desde que asumió su banca en el Concejo Municipal dentro del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, Mariana Iturdibe ha bregado por una sociedad donde las personas con discapacidad sean parte y que “convivamos con ellos”, resalta la edil.

“El tema de discapacidad es algo que siempre me movilizó y en particular yo pienso que hay que tener una mirada de convivencia, es decir, convivir entre todos sin diferenciar. Que podamos sentirnos cómodos y libres”, agrega.

Para discutir esta temática, necesariamente institucionalizada, con la concejala Iturbide como referente del Legislativo local, representantes del Ejecutivo (Subsecretaría de Movilidad y Dirección de Desarrollo Humano) y entidades públicas e intermedias, reflotaron la Comisión de Discapacidad, que se reúne los primeros viernes de cada mes “para buscar soluciones a problemas que desde nuestros roles podamos hacer visibles”.

Según la Agencia Nacional de Discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) “es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901.

Los derechos establecidos vigentes son:

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.

Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.

Al respecto, Mariana Iturbide subrayó con convicción: “Yo me quedaría conforme si termino mi mandato y que todas las personas con algún tipo de discapacidad tengan su CUD, porque esto les da muchas herramientas y derechos, además de estar informados cómo se gestiona y para qué sirve”.

A la par de este planteo, la legisladora anticipó que en la próxima reunión de la Comisión de Discapacidad, que será el viernes próximo (ya que el pasado fue feriado) tratarán de avanzar en una campaña para dar a conocer los beneficios que tiene el CUD y cómo y dónde tramitarlo, “con algún puesto en ‘Venite al Parque’ o en eventos en los espacios públicos”.

Como portavoz (dentro del Concejo) de las demandas de las personas con discapacidad, Iturbide cuenta que “las necesidades específicas las vamos manejando con el área de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad o con Desarrollo Social, desde donde se evalúan y se intenta dar una solución. O bien por la poca respuesta que se puede dar desde el Legislativo las vinculamos al Ejecutivo”, aunque admitió que “falta un montón”.

“La idea siempre es informar y visibilizar, como lo hicimos por ejemplo con la Ordenanza de adhesión al uso del bastón verde, que surgió a partir de Berenice Cejas que perdió la vista de uno de sus ojos y que me explicó la necesidad de hacer visible el bastón verde y entre todos empezamos a pensar en cómo hacerlo para que muchos se interesen”.

Visibilización del bastón verde, con las letras de Venado Tuerto conmemorando esta iniciativa.

Involucrándose aún más en el tema, Mariana pidió que se inicie un relevamiento en la ciudad sobre la cantidad de personas que presentan algún tipo de discapacidad, para así obtener datos concretos al momento de poder ayudarlos.

“Sé que muchas personas no se acercaron a anotarse pero sí las trabajadoras sociales en los barrios se contactan con las personas con discapacidad”. Otro dato, aportado desde el Municipio, es que un 5,6 por ciento de los empleados públicos tiene algún tipo de incapacidad (tal como lo solicita la ley).

Enumerando los proyectos de Ordenanza presentados por Mariana Iturbide, respecto a Discapacidad sobresalen:

Una ciudad más inclusiva: apunta a “pintar muros de la ciudad con imágenes de señas de Lengua de Señas Argentina (LSA) simples y de uso diario, con el objeto de promover y difundir esta lengua; para ubicar en plazas y paseos carteles con ilustraciones y señas que hagan referencia al lugar y las actividades que en él se realizan”.

Invitando a esta iniciativa “a los centros de atención primaria, vecinales, correo, oficinas públicas y municipales a incorporar cartelería con mensajes en LSA”.

Accesibilidad para todos: la presente Ordenanza establece “la sanción de multa prevista por el Código de Faltas en el artículo 65 inc. 54 a quien estacionare un vehículo, cualquiera sea su porte, de manera tal que obstruyera total o parcialmente una o varias rampas de accesibilidad, la realización de tareas comunitarias designadas por el DEM, priorizando el área de discapacidad”.

“En caso de reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en los artículos 1° y 2° de la presente ordenanza, el Tribunal de Faltas podrá, mediante resolución fundada, disponer inhabilitación provisoria de quince (15) días a seis (6) meses para conducir”, agrega el mensaje.

Esclerosis múltiple: se declara de Interés Municipal “el evento de iluminación del nombre de la ciudad de Venado Tuerto en ocasión de la celebración del Día Mundial Contra la Esclerosis Múltiple (30 de mayo), con el fin de concientizar acerca de esta afección. Y la tarea de visibilización, concientización y defensa de los derechos de las personas con esclerosis múltiple llevada a cabo por ALCEM en la ciudad de Venado Tuerto”.

Visibilizar el bastón verde: dispuso “la adhesión del municipio de Venado Tuerto a la Ley Provincial N° 13572, que establece el uso del bastón verde para personas con baja visión mediante adhesión a la Ley Nacional N° 25682”.

De esta manera, “el DEM instrumentará los medios necesarios para difundir las ventajas de la utilización del bastón verde para personas con baja visión y de su significado para la comprensión de toda la ciudadanía, haciendo hincapié en la gratuidad del acceso al mismo, según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Provincial N° 13572”.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DEL LUNES 11 DE OCTUBRE