El Gobierno envió al Congreso la reforma de la ley nacional de Salud Mental. El proyecto propone una reconfiguración del régimen vigente y una redefinición del concepto de riesgo que guía las internaciones involuntarias, además de cambios puntuales en el Código Civil y en los controles de establecimientos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado el envío de la iniciativa el pasado 7 de abril. Este último viernes, la mesa política del gobierno terminó de delinear los detalles del texto. Este sábado, el trámite ingresó Senado de la Nación con el Mensaje Nº 108/2026. Ahora, comenzará el trámite parlamentario que definirá si se vuelcan al régimen vigente las modificaciones sobre internación, código y controles.

El proyecto introduce modificaciones en la cobertura a prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación, y exige la presencia de profesionales formados en psiquiatría en los equipos de atención. En ese marco, incorpora reglas sobre adicciones dentro de la salud mental y faculta a la autoridad de aplicación a definir dispositivos ambulatorios y de internación para consumo problemático.

El eje central de la iniciativa es que redefine el concepto de riesgo para las internaciones involuntarias, reemplazando el umbral anterior por el estándar de riesgo grave de daño a la vida o a la integridad física, con el fin de ofrecer una formulación que, según el Ejecutivo, sea más abarcativa y clarificadora. Ese cambio de concepto modifica el régimen de procedencia de la internación y la evaluación clínica.

El texto sustituye el concepto vigente de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros” y establece un criterio situacional que contempla antecedentes y la evolución previsible del cuadro. Se detallan requisitos formales para internaciones involuntarias, con dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra.

Se introduce un criterio situacional que exige considerar hechos previos, ideaciones dañinas y la evolución probable sin tratamiento, y se excluyen expresamente los riesgos derivados de conductas no condicionadas por una afección de salud mental. Se mantiene la internación como un recurso terapéutico excepcional, pero amplía los supuestos de procedencia.

En cuanto a firmas y validaciones, el texto exige el dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas —uno psiquiatra— y dispone que el juez pueda autorizar, pedir información adicional o denegar la medida en un plazo de tres días, con facultad para ordenar la internación si el servicio de Salud se niega pese a cumplirse los requisitos legales.

El proyecto prevé además que, excepcionalmente, un solo médico pueda disponer una internación cuando no exista otro profesional disponible, siempre con revalidación por el equipo interdisciplinario en menos de 24 horas, y obliga a notificar al juez en 24 horas con un plazo de tres días para decidir.

Además, el proyecto busca introducir cambios en los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial para alinear la normativa civil con el nuevo concepto de riesgo grave y para regular traslados de urgencia y consentimiento informado en situaciones de riesgo y emergencia. Esos cambios buscan coordinar el derecho civil con las normas de Salud.

En el régimen de controles, la reforma modifica la Ley Nº 26.827 sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dispone que las inspecciones en establecimientos con personas con afecciones de Salud mental se realicen exclusivamente por equipos interdisciplinarios que integren obligatoriamente a un médico psiquiatra, tanto en el ámbito público como en el privado.

El proyecto incorpora a hospitales especializados en psiquiatría y a instituciones privadas a la red sanitaria, exige dispositivos ambulatorios de inclusión comunitaria y prohíbe el rechazo de pacientes por tratarse de problemáticas de Salud mental, con otras precisiones sobre altas, externaciones y medidas protectorias posteriores.

Varios puntos van quedando en claro en la primera jornada de audiencia pública, previa al tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación Argentina.

Uno de ellos es que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado nacional, supone otra grieta política y que el Ejecutivo deberá contar con apoyos provinciales, más allá de los propios de su partido, para lograr una mayoría en el recinto.

Otro es que “el agua no reconoce jurisdicción política”, por lo cual aquello que ocurre en una provincia o región tiene impacto en otra.

Y más allá de los reparos a las modificaciones que se quieren introducir a la norma vigente, el mecanismo en si para concretar la audiencia pública recibió numerosas críticas, ya que se habilitaron dos jornadas de exposición pero se inscribieron alrededor de 100 mil personas, para exponer en representación de organizaciones o a título personal.

Fueron 196 las voces habilitadas para este miércoles en la primera sesión que siguió adelante más allá de la impugnación presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, “las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.

La actividad estuvo liderada por los legisladores de LLA José Peluc (San Juan), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y Nicolás Mayoraz (Santa Fe), titular de Asuntos Constitucionales.

Con transmisión en vivo por el canal de youtube de la Cámara de Diputados de la Nación, la reunión comenzó puntualmente a las 10 y no tenía horario de conclusión. Se acotó el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos, pero se obvió el tiempo de conclusión que estaba previsto para las 19.

“La audiencia va a seguir hasta que termine el último expositor”, anticiparon las autoridades.

Este jueves las presentaciones se harán de manera virtual y a todos quienes quedan por fuera de estas exposiciones se los invita a presentar un escrito o un video para explicar su punto de vista. “Todo va a formar parte del expediente”.

Abierta la sesión, se fueron escuchando los distintos testimonios: el de Marcelo Arteaga, trabajador petrolero de Chubut, que habló del “pasivo ambiental” que quedó luego de la explotación del petróleo. De Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, quien dejó en claro la oposición de su provincia a la reforma de la ley, y habló de “una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel”, en un territorio donde “el 70 % de la población depende del agua del río Colorado

También estuvo Gabriel Cabrera, Ingeniero Glaciólogo de Mendoza quien, “en representación de la ciencia”, dijo que la ley que se quiere aprobar “es defectuosa” y que “el ambiente periglaciar está mal definido en ese texto y es abstracto jurídicamente”.

También se pronunció Natalia Di Pace, presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba) que es reserva de agua natural, quien anticipó que la ley, si se ratifican las modificaciones, va a tener amparos en la justicia.

En cambio, Gustavo Fernández, ministro de la Producción de San Juan anticipó, en representación del gobernador Marcelo Orrego, el apoyo a la ley.

La rionegrina Marta Maffei, diputada mandato cumplido, habló como autora de la ley 26.639 que es la que ahora está en proceso de modificación. “Estuvimos un año trabajando en la ley, consultando a académicos, instituciones, entes especializados y comunidades originarias”.

En ese punto, fue crítica con los cambios introducidos por el Senado nacional que “omiten rigurosamente los recaudos legales y constitucionales establecidos”. Luego de anticipar acciones legales por la modalidad de la audiencia pública, advirtió que la norma tiene una “fachada de federalismo pero logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con el agua”, que es “escasa en territorios que viven crisis climáticas aceleradas”.

Adolfo Pérez Esquivel también estuvo entre los oradores del primer tramo de la audiencia. El Nobel de la Paz, reconocido por su defensa de los derechos humanos y el ambiente, pidió en su argumetación, preservar el agua y la vida de todo el país. Para quienes quieran conocer su opinión completa, dejó un escrito que podrá ser fuente de consulta antes de que la ley sea tratada en Diputados.

Greenpeace rechazó el intento de modificar la Ley de Glaciares y advirtió riesgos para las fuentes de agua dulce. Foto: Martin Katz / GreenpeaceCasi 200 expositores participaron en la audiencia por Ley de Glaciares. Foto: Martin Katz / Greenpeace

Sobre el resultado de esta posible aprobación, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni confió este miércoles en que sería sancionada en el marco de las reformas que impulsa el gobierno nacional.

Matías De Bueno, abogado y docente de la UNR, adelantó que, si se aprueba la ley, corre el riesgo de ser declarada inconstitucional.

Por ahora, falta mucho por escuchar en otra jornada de exposiciones prevista para este jueves. Y el debate aún no llegó al recinto.

En medio de las tensiones políticas que atraviesan el Congreso y en vísperas del inicio del período ordinario, un proyecto de ley sorprendió a oficialistas y opositores al proponer la obligatoriedad de que legisladores, jueces e integrantes del Poder Ejecutivo nacional se realicen exámenes toxicológicos para determinar si consumen drogas.

La iniciativa invoca como finalidad garantizar la "integridad, idoneidad y transparencia en la función pública" y está impulsada por el santafesino Gabriel Chumpitaz (PRO).

Al tiempo que lleva la firma de algunos de sus pares de bloque, los también santafesinos Verónica Razzini y José Nuñez, más Patricia Vázquez, Sergio Capozzi y Emanuel Bianchetti. Y dos representantes de La Libertad Avanza: Lorena Villaverde y Carlos Zapata.

"La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir", señala el autor del proyecto en los fundamentos.

Y agrega que "esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder. Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones", añadió.

Específicamente, el proyecto establece en su artículo 1 “la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios”. Conforme estipula el texto, están alcanzados por la ley todos los funcionarios del Ejecutivo, la Justicia y el Congreso".

Esto incluye, además, a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales, así como también a autoridades de rangos equivalentes en provincias o municipios que adhieran, eventualmente, a esta legislación. Pero no al personal que no tenga rango de funcionario.

El proyecto también aclara que el narcotest será obligatorio al asumir el cargo, se hará al menos una vez al año y “de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios”.

Entre las sustancias que buscará detectar el examen están previstas la cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas, siempre y cuando no estén “prescriptas por un profesional de la salud”.

El texto precisa, por otra parte, que “los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. El resultado será remitido a la Autoridad de Aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo”.

También se establece un protocolo de actuación, para el caso de que el resultado del narcotest propuesto encuentre resultados positivos, abriendo distintas posibilidades. En primer lugar, la posibilidad de solicitar una contraprueba, dentro de las 48 horas.

“Si la contraprueba confirma el resultado, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación”, establece uno de los artículos.

Luego, los procedimientos difieren conforme al poder al que pertenezca el sujeto en cuestión. En caso de que revista en el área del Poder Ejecutivo, una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción emitirán un informe al Presidente de la Nación, quien tomará la decisión final sobre su futuro en el Gabinete.

Si se trata de un diputado, senador o autoridad del Congreso, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara. Esta “podrá recomendar la destitución y, en caso de ser aprobada por mayoría simple, se iniciará el procedimiento de juicio político o remoción según corresponda”, según prevé el proyecto.

Para el Poder Judicial, se dará intervención al Consejo de la Magistratura, el cual deberá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente.

“Si el funcionario da positivo en más de una ocasión, se aplicará automáticamente el procedimiento de remoción conforme a las normativas vigentes de cada poder del Estado”, plantea además la iniciativa de Chumpitaz.

También se aclara que el costo del examen toxicológico será afrontado por cada funcionario, y rechazar el procedimiento será considerado igual que si el resultado fuera positivo, tal como sucede con los controles de alcoholemia en la vía pública.

“Esta medida no solo contribuye a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también garantizará que quienes desempeñan cargos de alta responsabilidad lo hagan con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño”, manifiesta el proyecto en sus fundamentos.

En este punto, el legislador incluye una referencia particular a Santa Fe, donde “en los últimos veinte años el narcotráfico ha avanzado de manera alarmante y ha penetrado diversas esferas de la sociedad, la necesidad de controles más estrictos sobre los funcionarios públicos se vuelve aún más urgente".

Y sigue: "La violencia ligada al narcotráfico en ciudades como Rosario hacen imprescindible la implementación de mecanismos de control como el presente proyecto. No se trata únicamente de una medida preventiva, sino de un compromiso ineludible con la transparencia y la seguridad de la ciudadanía".

"En una provincia que ha sido testigo del impacto devastador del narcotráfico, exigir a los funcionarios públicos un estándar de conducta intachable es una necesidad imperiosa para garantizar que las decisiones de gobierno no se vean contaminadas por intereses espurios”, desarrolla.

No es la primera vez que una iniciativa de este tipo llega al Congreso. En 1997, un proyecto del diputado Miguel Angel Toma (PJ-Capital), al que acompañó con su firma el jefe del bloque peronista, Jorge Matzkin, impulsaba la realización de una rinoscopía obligatoria para funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, secretarios de Estado y legisladores de las dos cámaras del Congreso.

"La lucha contra el narcotráfico debe ser integral y quienes deben encabezarla tienen que contar como requisito insoslayable la autoridad moral que convoque al conjunto de la sociedad", expresaba Toma en los fundamentos de su iniciativa, por la que se reclama un "exámen médico por drogadicción a todos los funcionarios de Estado".

Pero la propuesta ni siquiera cosechó suficiente apoyo en su propia bancada: "Es inaceptable que los funcionarios tengamos que ser sometidos a una revisación de drogas como un jugador de fútbol", opinaba por entonces Erman González.

En esa misma línea, el diputado Oraldo Britos cuestionaba que se ponía “bajo sospecha a todos los políticos", mientras otros alegaban que la hipótesis de las eventuales adicciones ya estaba cubierta por la Constitución, con la exigencia de idoneidad.

Curiosamente, en aquella oportunidad fue otro diputado santafesino (según recogió en un reporte para el diario La Nación el periodista Martín Di Natale) quien manifestó su apoyo. Se trata del demoprogresista Carlos Caballero Martín, quien apoyó "fervorosamente" la instrumentación de un mecanismo que controle el estado de drogadependencia de un legislador o funcionario en general.

"No debemos quedarnos solamente con la nariz”, sostuvo, y propuso añadir al proyecto una investigación sobre el patrimonio de la dirigencia política, con la colaboración de la DGI.

En este caso, Chumpitaz plantea que, si bien la droga es un negocio ilícito, opera con una matriz de oferta y demanda similar a la de cualquier negocio convencional.

En consecuencia, se debe atacar el narcotráfico y sus derivados, como el narcomenudeo y el microtráfico; pero, al mismo tiempo, se debe accionar en la prevención y control de adicciones, enfatizando de manera categórica: "Quienes pretenden liderar estas difíciles batallas contra la droga, tenemos que dar el ejemplo".

El legislador rosarino señaló: "Esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder".

"Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones", cerró.

"Hoy presenté un proyecto de ley que impulsa una profunda liberalización y desregulación del sector agropecuario y elimina las retenciones en un plazo prudencial. Retenciones y cepo son el instrumental clásico para esquilmar exportadores. Eso debe cambiar ya", posteó el diputado nacional santafesino Luciano Laspina (PRO).

El legislador presentó la iniciativa horas antes de la reiteración de la promesa del presidente Javier Milei de rebajar las retenciones sobre las agroexportaciones agroindustriales durante 2025, en medio de reclamos por falta de rentabilidad de los productores, que asumen precios internacionales bajos y subas "dolarizadas" de costos.

Según el propio Laspina, su iniciativa "prohibe que el Estado pueda intervenir -con cualquier mecanismo- en la fijación de precios del mercado. Se deroga el artículo 755 del Código Aduanero que es el 'huevo de la serpiente', que permite al PEN establecer retenciones y regulaciones de todo tipo a los exportadores.

"¿Cómo eliminar las retenciones para siempre?", se preguntó el diputado santafesino, en clara referencia a la posibilidad implícita de que década nuevo gobernante dispone al respecto. "Cualquier discusión impositiva -dice Laspina- por justa que sea, no puede soslayar el equilibrio fiscal. Esto exige prudencia en la secuencia, priorizando impuestos con mejor ecuación costo-beneficio. Sin duda las retenciones figuran en primer lugar.

"Una reducción abrupta de las retenciones tendría un costo fiscal difícil de absorber. Sin embargo, una reducción drástica a largo plazo, aplicada de manera gradual y creíble por ley, permitirá obtener los beneficios de largo plazo, minimizando el costo fiscal de corto plazo", sostiene.

Explica que "esto explica la lógica secuencial del proyecto: fijamos una reducción mensual del 0,35% en todas las alícuotas. Esto equivale a una reducción anual de 4,2 puntos porcentuales. Para la soja, por ejemplo, las retenciones bajan a la mitad en 4 años y desaparecen totalmente en 7 años".

Detalla que "la senda de reducción de 4,2 puntos porcentuales anuales se fijó atendiendo a dos criterios: en primer lugar, la necesidad de resolver un problema de larga data con una prudente gradualidad", aunque advierte que "el Poder Ejecutivo podrá reducirlas antes si hay espacio fiscal", en clara referencia al superávit del sector público nacional.

Indica Laspina que "en segundo lugar, la tasa de interés" resultaría "libre de riesgo, medida por los Bonos del Tesoro Americano a 10 años -que rinden aprox. 4% anual- que es 'el costo de oportunidad' de retener exportaciones para beneficiarse del 'carry positivo' que genera la reducción de alícuotas".

Concluye apuntando que "la ley busca erradicar definitivamente el 'pecado capital' del subdesarrollo argentino que ha sido 'matar la gallina de los huevos de oro' asfixiando al campo argentino, el sector más dinámico de nuestra economía".

Cabe recordar que el gobierno nacional recaudará US$ 5.500 millones por retenciones a las cadenas de producción y exportación de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, durante este año. Son cifras que no coparticipan, para una administración central que se ha desentendido de la inversión para que la logística lleve la producción a los puertos de exportación, en medio de un escenario de caminos en estado crítico.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la cifra que recaudará este año la administración Milei "representa un aumento del 80% con relación a la recaudación obtenida en 2023, que fue de US$ 3.070 millones". En pesos corrientes, la recaudación estimada del año que finaliza alcanza $ 5 billones considerando el tipo de cambio utilizado para liquidar los derechos de exportación correspondiente a cada producto durante el año.

Según las proyecciones de los economistas Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, en 2025 la recaudación por derechos de exportación a las principales seis cadenas agroindustriales del país, alcanzará unos US$8.165 millones si se mantienen las alícuotas actuales.

Durante una reciente reunión en la Sociedad Rural Argentina, el presidente Javier MIlei prometió: "en la medida que podamos consolidar esta tendencia a lo largo del año que viene y que se pueda verificar que el aumento de ingresos no es de tipo transitorio, sino de tipo permanente, más la reducción del gasto público porque la motosierra continúa, se va a traducir en baja de impuestos".

El economista Salvador Vitelli reveló a mediados de este año que el gobierno central recaudó US$203.000 millones en derechos de exportación al sector agroindustrial del país, recaudación que no se coparticipa. Los datos abarcan 34 años, pero refieren principalmente a lo que sucedió desde la salida de la Convertibilidad, cuando el gobierno nacional repuso el gravamen para financiar planes sociales.

Las retenciones a la agroindustria fueron dispuestas por Eduardo Duhalde en abril de 2002, cuando las llevó al 20% para granos y aceites, 10% para otros productos primarios y 5% para carnes. Néstor Kirchner las incrementó en enero y noviembre de 2007, para llevarlas al 35% en el caso de la soja, 32% aceites, 28% el trigo y 25% para el maíz. Cristina fracasó en su intento por las "retenciones móviles" sugeridas por su ex ministro y hoy presidente de la UCR, Martín Lousteau. Y Mauricio Macri eliminó las retenciones al trigo, el maíz y la carne, pero las repuso al 12% en 2018.

Según el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, los productores del Centro-Norte de la provincia aportaron una recaudación aproximada al fisco nacional -por la campaña 2022/2023- un total de US$313,2 millones, siendo el 27,3% por la comercialización de granos y el 72,7% restante en concepto de derivados. Ello representaría el 5,9% de la recaudación a nivel nacional de este tipo de tributos durante el año 2023.

Aquél informe recordó que las retenciones son "un impuesto no coparticipable, es decir, una vez recaudado por la nación, dicho monto no se incluye dentro de los fondos a entregar a las provincias. Lo anterior implica que las retenciones pueden ser vistas como recursos que la provincia no sólo no puede utilizar de manera directa (dada la naturaleza intrínseca de un impuesto), sino que tampoco puede utilizar de manera indirecta (dado que no se coparticipan)".

La legislatura de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de la diputada provincial del Partido Socialista (PS), Varinia Drisun que establece un régimen de promoción de proyectos culturales (creación, producción, difusión e investigación) o de preservación del patrimonio santafesino a través de aportes privados.

Se trata de un sistema de mecenazgo mediante el cual personas o empresas pueden destinar recursos económicos para apoyar proyectos culturales y recibir beneficios fiscales, en este caso, a través de una deducción del impuesto a los ingresos brutos.

“Es una propuesta que tiende a ampliar el acceso a la cultura de los santafesinos y santafesinas, y una forma de ordenar de manera transparente y efectiva la inversión del sector privado”, describió Drisun.

El proyecto que este viernes el Senado convirtió en ley había obtenido media sanción en la sesión del jueves 15 de agosto en la Cámara de Diputados y sintetiza los alcances de otros tres proyectos similares presentados por los diputados Germán Scabuzzo, Fabián Palo Oliver y Juan Argañaraz. Asimismo, la diputada Varinia Drisun valoró “el trabajo en conjunto que realizamos junto a los equipos de los Ministerios de Cultura y Economía del Gobierno de Santa Fe con el objetivo de enriquecer su alcance y que el proyecto aprobado pueda aplicarse en la realidad de nuestra provincia”.

La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda también se refirió a la aprobación del proyecto: “Estamos satisfechos con la sanción de esta ley de mecenazgo. Desde nuestro lugar, pudimos participar de la elaboración de la norma para que se convierta en una eficiente herramienta jurídica para la participación de actores privados en la defensa, el sostenimiento de nuestra cultura y nuestro patrimonio en todos los territorios de la provincia de Santa Fe”.

“Santa Fe tiene empresas muy poderosas –continuó la ministra Rueda- y esta es una herramienta que le permite a las empresas hacer aportes genuinos a la cultura y hacerse además de un crédito fiscal. Tiene un impacto objetivo que es económico y un impacto subjetivo que es la defensa y el amor por el patrimonio santafesino”, cerró.

Los aportes del sector privado, que podrán ser devengados de los impuestos sobre los ingresos brutos, pueden ser destinados a artes escénicas, plásticas y visuales; espectáculos; patrimonio material; formación cultural; libros y publicaciones; producción y edición musical, audiovisual y contenido digital, entre otros.

Además, se establece que el Ministerio de Cultura será el organismo de aplicación, y deberá proveer instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento del programa, además de verificar la ejecución de los proyectos.

Entre los artículos del proyecto también se establece que podrán ser beneficiarios quienes tengan domicilio y desarrollen su proyecto cultural en el territorio provincial, mientras que los aportantes podrán ser todos los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que estén al día con sus obligaciones tributarias.

“El mecenazgo cultural es una forma de apoyo que permite a los patrocinadores contribuir a la vida cultural de su comunidad mientras obtienen beneficios. De esta forma, se genera un impacto social, que resulta clave para el crecimiento de la sociedad”, destacó la diputada Drisun.

“Santa Fe es una provincia que se destaca por sus políticas públicas culturales que se despliegan a lo largo y a lo ancho de su territorio y este proyecto busca que se sigan sumando iniciativas, además de fortalecer el rol del estado como promotor de la actividad cultural”, finalizó la diputada del PS

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para implementar el divorcio simplificado en sede administrativa y civil cuando la disolución del matrimonio es de mutuo acuerdo entre las dos partes.

De esta manera, se busca evitar la judicialización de los divorcios, que demandan más tiempo y recursos económicos para el pago de las costas judiciales y honorarios profesionales de abogados intervinientes.

"Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunas de sus bienes con entera libertad", se señaló en los fundamentos del proyecto elaborado por el ministerio de Justicia.

"Sumado a ello, los divorcios judiciales generan un incremento del número de causas en el sistema judicial. Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes", acotaron desde la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona.

En este sentido, "se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esa manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”.

“El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado de Registro de Estado civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo”, indicaron.

Según se señaló, son varios los países tienen un sistema de divorcio administrativo o uno de divorcio notarial, entre los que se encuentran Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón.

En defensa de la institución del divorcio vincular matrimonial, en el texto del proyecto el Gobierno se rebatió la teoría de que la disolución formal del vínculo matrimonial “traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad”.

“Si bien las restricciones, prohibiciones y obstáculos al divorcio se basaron en el argumento de que facilitar el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad, esto no sucedió, más allá de un aumento en los divorcios inmediatamente posterior a la sanción de la ley 26.994, que fue producido por la acumulación de separaciones de hechos ya existentes que fueron transformadas en divorcios”, recalcaron.

“Asimismo, se sostuvo que el divorcio causaba deficiencias en el desarrollo de los hijos y otros efectos negativos, situación que fue estudiada a lo largo de los años y en la que se concluyó que en las familias disfuncionales no es el divorcio per se lo que tiene un efecto negativo en los hijos, sino que la situación de deterioro matrimonial, haya divorcio o no, es lo que genera estos efectos negativos”, concluyeron.

En la ciudad de Paraná es noticia, las escuelas secundarias de Entre Ríos incorporan contenidos con el fin de preparar a sus alumnos para cumplir con el rol que les reserva el juicio por jurados. Se estima que en el primer semestre del año habrá 26 procesos de este tipo en la provincia vecina y se sabe que durante el 2023 se llevaron a cabo 39.

Este año Santa Fe se sumó a la lista de provincias que disponen de ese sistema, al aprobarse la Ley 14.253 tras su debate en ambas Cámaras. En el Senado santafesino, otra iniciativa plantea seguir los pasos que -entre otros- han dado los entrerrianos.

A cuatro de las comisiones del Senado de la Provincia de Santa Fe fue derivado un proyecto de ley de Rubén Pirola (PJ- Las Colonias) que crea el programa "Ser Jurado", con "el objetivo de consolidar el sistema de juicio por jurados en la provincia de Santa Fe, a través del conocimiento y la difusión" de la norma sancionada el 21 de marzo.

El texto que se discutirá en las comisiones de Seguridad Pública; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, dispone que sea el Ministerio de Seguridad y Justicia la autoridad de aplicación, no el Ministerio de Educación. Ambos coordinarán la incorporación en la currícula escolar de las escuelas de nivel secundario del sistema educativo provincial de acciones de difusión del sistema de juicio por jurados.

Las acciones a realizar por el Poder Ejecutivo Provincial tendrán como fin: a) Resaltar el carácter democrático del juicio por jurados y el papel protagónico que detentan los ciudadanos en la administración de justicia; b) Crear conciencia ciudadana sobre la participación en el sistema de justicia, la carga pública de ser jurado y los derechos y obligaciones inherentes; c) Promover la realización de simulacros de juicios por jurados en las escuelas secundarias del sistema educativo provincial, en instituciones de la sociedad civil, universidades y colegios profesionales; d) Coordinar acciones y trabajos conjuntos con el Poder Legislativo y Poder Judicial, en el marco y alcance de las respectivas competencias; e) Difundir las experiencias de juicio por jurados llevados adelante en otras provincias; y f) Realizar las acciones establecidas en el artículo 94, segundo párrafo, de la Ley N.º 14253.

En los considerandos se recuerda que "Santa Fe se ha sumado a las provincias de nuestro país que han incorporado a su sistema de administración de justicia el instituto del juicio por jurados". Una lista de un mes atrás señalaba que otras once ya lo han hecho. Destaca que en el artículo 94, segundo párrafo, se autoriza al Ministerio de Seguridad y Justicia para la "suscripción de convenios con instituciones a los fines de realizar las capacitaciones a los operadores judiciales, la difusión entre la población, la realización de investigaciones empíricas sobre el funcionamiento del sistema de jurados¨.

El autor de la ley a debatir en el Senado agrega: "considero conveniente que las acciones de capacitación y de difusión que encomienda la Ley puedan ser realizadas en el marco de una ley específica, que permita llevar adelante un programa continuado y sostenido a los fines de consolidar el sistema de enjuiciamiento por jurados en nuestra provincia, que sin dudas constituye un gran paso en nuestro sistema de administración de justicia".

El presidente del bloque del justicialismo menciona "experiencias e iniciativas que han sido llevadas adelante en otras provincias para difundir y capacitar sobre juicios por jurados". Y recuerda que en Entre Ríos se "sancionó la Ley 10799, en diciembre de 2019, por la que se crea el Programa Ser Jurado con la 'función de formar a la ciudadanía en general y a los alumnos de los últimos años del secundario en particular, sobre qué significa ser jurado y cuál es el rol que le compete a cada uno de ellos' ".

Otro tanto, en Chaco su Ley 3292-E, que en diciembre de 2020, "creó el 'Programa Yo Jurado' para ser "incorporado en los diseños curriculares para los alumnos de 4° y 5° año del nivel secundario y en los institutos terciarios de formación docente de toda la Provincia, instituido por ley 2364-B".

"Resultaría útil adoptar una modalidad similar en nuestra provincia y jerarquizar las acciones de difusión", subraya Pirola en los fundamentos.

En Corrientes presentaron un proyecto de ley para cobrar la atención médica a extranjeros. La iniciativa, cuyo autor es el legislador autonomista José Antonio Romero Brisco, ingresará a la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes este miércoles.

Dentro de los puntos que establece el documento está “el arancelamiento de la atención y servicios en el ámbito del sistema de Salud Pública de la Provincia, para todos los extranjeros que, de acuerdo a la categorización establecida en la Ley Nacional N° 25.871, sean ‘residentes transitorios’ o ‘residentes precarios’, debiendo solventar los costos de dichas prestaciones a través de un seguro de salud con cobertura suficiente o por sí mismos”.

Cabe aclarar que la residencia precaria es la autorización que da Migraciones mientras dura el trámite de admisión de una persona extranjera que quiere residir en Argentina. Dicha condición permite permanecer, salir del territorio nacional y volver a entrar, trabajar y estudiar. Mientras que se considera residentes transitorios a los turistas, pasajeros en tránsito, tripulantes del transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales y académicos. En ambos deberán abonar por la atención médica.

No obstante, la ley exime a los extranjeros que revistan la condición de “residentes permanentes” y “residentes temporarios”. En dichos casos, “los servicios de salud pública provincial se prestarán de manera igualitaria y sin distinción”.

En casos de urgencia o emergencia, el proyecto de ley señala que “la atención no podrá ser negada” a los extranjeros residentes transitorios o precarios y que en ese caso “la autoridad de aplicación arbitrará, con posterioridad, los medios para el cobro de los gastos en que se incurriera”.

La autoridad de aplicación planteada es el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, que se encargaría de “llevar a cabo todas las acciones necesarias para la implementación de esta ley, y fijará los aranceles”.

De sancionarse la ley, el Gobierno de Corrientes estará facultado a “celebrar convenios de reciprocidad con otros países, a fin de garantizar para los habitantes de nuestra provincia el acceso al sistema de salud pública en otros territorios”.

El diputado Romero Brisco mencionó “la adversa situación económica que viene atravesando el país” y resaltó que en este contexto “uno de los mayores desafíos que enfrenta la prestación de servicios de salud pública, es la administración de recursos finitos (y en ocasiones, escasos) frente a una esencial demanda”.

“Toda asistencia sanitaria, desde las más simples hasta las de mayor complejidad, posee un costo, y entendiendo que el mismo es solventado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga de quienes tengan acceso a dichas coberturas, pero que también es afrontado por el Estado Provincial, sin distinción alguna, para los casos de personas que no posean tales beneficios ni recursos suficientes, es que considero necesario y oportuno legislar a fin de resguardar y garantizar el acceso al sistema público de salud pública provincial”, justificó el legislador.

Romero Brisco señaló que el objetivo no es “privar a nadie del acceso a los servicios de salud pública en nuestra provincia, máxime en en casos de urgencia o emergencia”, y que su iniciativa responde “a la imperiosa necesidad de resguardar el alcance y calidad del servicio de salud pública provincial, implementando una distinción tendiente a dar mayor solvencia al mismo, frente a una demanda que sin duda estará siempre en constante crecimiento, tanto por la calidad de sus profesionales como de sus establecimientos”.

¿Qué sucede con los fondos de las personas fallecidas que quedaron atrapados en los bancos, que nadie puede tocar hasta que sea probada la condición de heredero al cabo de un largo juicio? Hoy, esos recursos se desvalorizan cada día, frente a la inflación, salvo que el juez actuante tome la precaución de proteger su valor mediante un plazo fijo de renovación automática.

En no pocas ocasiones, al mismo tiempo que se debe enfrentar el duro proceso del duelo se inician también juicios sucesorios, por los bienes inmuebles y muebles que quedan. Pero el caso del dinero inmovilizado en cuentas bancarias personales, en pesos y sin intereses, es particularmente angustiante para los deudos. Sin una cuenta conjunta con alguno de los herederos, aún los más cercanos, todo se complica.

¿Qué sucede con los fondos de las personas fallecidas que quedaron atrapados en los bancos, que nadie puede tocar hasta que sea probada la condición de heredero al cabo de un largo juicio? Hoy, esos recursos se desvalorizan cada día, frente a la inflación, salvo que el juez actuante tome la precaución de proteger su valor mediante un plazo fijo de renovación automática.

Se sabe: la Justicia se toma su tiempo y finalmente, incluso luego de años, es poco o nada lo que queda en esas cuentas inmovilizadas. Si los ahorros estaban a nombre del occiso, en pesos, y el juez es inflexible los pesos quietos pronto serán intangibles recuerdos.

Un oportuno proyecto de ley que recibió ya media sanción del Senado de la Provincia de Santa Fe y pasó a Diputados obliga a los magistrados a cuidar ese valor mediante los instrumentos bancarios disponibles, mientras se lleva a cabo el proceso judicial, con la constitución de plazos fijos que deben renovarse automáticamente hasta la sentencia.

Se trata de una simple incorporación de un texto que ordena cómo deben actuar los magistrados. El futuro artículo 23 bis propuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, dispone: "Los jueces deberán ordenar la constitución de depósitos a plazo fijo a 30 días renovables automáticamente de todos los fondos existentes en cuentas judiciales. Quedan exceptuados los depósitos correspondientes a cuotas alimentarias y aquellos que, ya sea de oficio o a petición de parte, el juez estime conveniente emitir disposición fundada en contrario. Sin perjuicio de ello, el acreedor alimentario podrá pedir que los depósitos a su nombre se mantengan a plazo fijo hasta tanto se solicite su retiro".

Es decir que los casos de excepción se justifican "en la naturaleza de la necesidad que está llamada a cubrir la cual resulta de impostergable satisfacción y, por ello, su disponibilidad por parte del beneficiario deber ser inmediata, no siendo habitual que dichos depósitos permanezcan paralizados en cuenta bancaria judicial", según explican los fundamentos del proyecto que llegó a la Legislatura desde la Casa Gris.

La modificación al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Ley N° 5531, toma nota por fin de un problema que sufren los ciudadanos desde hace décadas. Pero que la disparada inflacionaria del último semestre agravó. Perfectamente lo describen los considerandos: "El proyecto responde a la necesidad de proteger los fondos depositados judicialmente de la depreciación producida como efecto de la inflación, ante la extensión temporal de los procesos judiciales y la paralización consecuente de los depósitos bancarios afectados a los mismos".

"En tal sentido -sigue-, se propone la incorporación de un nuevo artículo al Código Procesal Civil y Comercial mediante el cual se impone afectar los fondos existentes en cuenta judicial a la constitución de depósitos a plazos fijos a treinta días renovables automáticamente, hasta tanto sea ordenada su ejecución y/o restitución".

Por último, "atendiendo a los distintos supuestos que pueden presentarse en lo procesos judiciales en particular, se estima oportuno facultar al Juez interviniente a disponer de oficio y/o a petición de parte, la no constitución de depósito a plazo fijo cuando razones de conveniencia justifiquen lo contrario en el caso concreto, debiendo así ordenarlo fundadamente".

El mensaje recuerda, como precedente, "la Acordada Nº 3/2022 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la V Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Rafaela, mediante la cual dicho Tribunal instruyó a los Jueces de Primera Instancia bajo su jurisdicción que, oficiosamente, imputen los fondos existentes en cuenta judicial en depósitos a plazo fijo de manera que la generación de intereses morigere los efectos depreciatorios de la inflación". Bravo por ese tribunal, que hace ya dos años se ocupó del tema.

"Sin perjuicio del precedente citado y de la eventual implementación de similar medida por otros Juzgados de Primera Instancia de la Provincia de Santa Fe, entendernos necesario elevar dicha pauta a una norma general con carácter imperativo en razón de fin tuitivo perseguido. Consideramos que, de prosperar el proyecto, se brindará una solución satisfactoria a la problemática advertida adaptándose la norma procesal a las contingencias de la economía y evitándose deterioro de las sumas de dinero depositadas judicialmente, todo ello en protección del derecho de propiedad de las partes en litigio", destaca el texto que presenta la adaptación del proceso judicial civil a la inflación.

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y la Defensoría del Pueblo, presentó un proyecto de Ley para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia digital y mediática en la Legislatura provincial.La iniciativa se basa en la Ley nacional N° 27.736 (Ley Olimpia), promulgada en 2023 y modificatoria de la ley nacional N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Además, busca ampliar la Ley Provincial Nº 13.348 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”.

La presentación se realizó en el hall de la Legislatura, y estuvieron la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la secretaria de Mujeres, género y diversidad, Alicia Tate; el Defensor del Pueblo, Jorge Henn; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

Durante la presentación se emitió un video de salutación de Fernanda “Chachi” Telesco, una superviviente de la violencia digital y a quien esta normativa busca reparar con la resignificación de su historia. 

Durante la actividad y al respecto, la ministra Tejeda indicó que “venimos a la Legislatura a presentar este proyecto de ley que hemos construido junto con la Defensoría del Pueblo, pero que está abierto para todos los y las que quieran enriquecerlo”.  

“Tenemos la orden de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro de abordar todos los temas, en este caso, lo que es la violencia digital y lo que implica. Por eso era necesario poder estar presente, informando, comunicando cómo estamos trabajando, y ahora esperando ansiosos que pueda ser tratado”, sostuvo Tejeda.

A su turno la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad agregó: “Es un primer paso importantísimo para proteger a las posibles víctimas de los delitos digitales. Tenemos el triste antecedente de que el primer caso de violencia digital se cometió contra una mujer joven, contra “Chachi” Telesco, que sucedió hace 17 años y que debido a la falta de normativa y de jurisprudencia, ni siquiera en la Justicia pudo obtener una reparación. Este proyecto apunta fundamentalmente a la prevención. Reparar es llegar tarde”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Jorge Henn sostuvo que “las redes significan hoy un espacio de oportunidades, pero también un espacio donde se producen acciones disvaliosas que no están contempladas en el Código Penal, ni tampoco en los códigos de convivencia. Frente a este hecho es necesario la implementación de normativas que visibilicen el hostigamiento digital relacionado con una víctima mujer. Festejamos este proyecto, este trabajo conjunto porque de alguna forma, implica poner el acento en la prevención, pero también en que se prevean algunas figuras en el Código de Convivencia”.

Por último el presidente previsional del Senador, Felipe Michlig, indicó que “es una alegría que podamos tener este proyecto de ley para trabajar en una normativa de contención, pero por sobre todo de prevención, concientización, que también preserve derechos y asegure derechos. Vamos a poner todo de nosotros para que tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados convierta en ley esta iniciativa”.

La normativa contempla una serie de reformas al Código de Convivencia que incluye la tipificación como contravención de distintos tipos de violencia digital, tales como el hostigamiento digital, la vigilancia electrónica no consentida, la sextorsión, el ciberacoso, la suplantación de identidad, entre otros. También el desarrollo de un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible para contener, informar y asesorar sobre recursos para la prevención del acoso y violencia digital.Se estipula además el desarrollo de un protocolo específico para el abordaje de las situaciones de violencia digital cuando las víctimas sean niñas, niños y/o adolescentes. A su vez, se plantea la incorporación de la temática de Violencia Digital y ciberseguridad en los contenidos curriculares escolares, ya que para lograr un cambio cultural es fundamental trabajar desde las infancias. Y el desarrollo de un curso virtual y gratuito para consumidores de servicios y productos digitales, orientado a la prevención de la violencia digital.

Estados Unidos cree que TikTok es una fiera amenaza, al menos así opina su clase política, que ha votado a favor de su prohibición si su empresa propietaria no vende la plataforma. La Cámara de Representantes ha refrendado por 352 votos a favor y 65 en contra un proyecto de ley que prohibiría TikTok en suelo estadounidense a no ser que ByteDance la venda.

La aprobación del proyecto de ley por la Cámara de Representantes, que básicamente es su congreso, no es definitiva para la implantación de la ley. Si bien se trata de un gran paso, todavía tiene que ser secundada por el Senado y finalmente firmada por Joe Biden, tras la aprobación de su gabinete, aunque el mandatario ha declarado que la firmaría si supera la votación del Senado.

La clase política de Estados Unidos teme a TikTok, pero, ¿por qué? La clave está en el tratamiento de la información de sus usuarios. En el país norteamericano se teme que ByteDance, quien posee TikTok, pueda extraer los datos de los usuarios de la plataforma y entregárselos al Gobierno chino.

China y Estados Unidos se están disputando el dominio mundial, siendo las dos mayores potencias del planeta. En dicha batalla, la información de 170 millones de estadounidenses que utilizan TikTok, según la plataforma, podría ser clave.

No existen pruebas concluyentes de que ByteDance haga eso, aunque en el país americano sospechan de la empresa, quien para ellos, está demasiado cerca del Gobierno chino. Es por ello que el proyecto de ley exige su venta. Si otra empresa la gestiona, TikTok sería más segura, según el Congreso.

Aunque no se trata de la primera batalla que disputa Estados Unidos contra TikTok. Montana, uno de los 51 Estados que conforman la nación, ya prohibió la plataforma, aunque finalmente la Justicia tumbó el intento. Lo que si tuvo éxito fue la prohibición de la ciudad de Nueva York, que obliga a sus funcionarios a no utilizarla.

Si supera el Congreso, el Presidente de Estados Unidos tendría la última decisión para aprobarla, hoy Joe Biden. El político se juega la reelección este año, y prohibir una de las redes sociales más populares entre los jóvenes podría costarle caro, aunque se ha comprometido a hacerlo si fuese necesario.

¿Qué opina su futuro rival a la presidencia, Donald Trump? El magnate, y previsiblemente candidato republicano, no está a favor de la prohibición. Si bien durante los últimos coletazos de su administración sugirió hacerlo, por 2020, ahora opina lo contrario. Afirma que solo potenciaría a Meta, la compañía que posee Facebook, WhatsApp e Instagram. 

Por Juan Pablo Peralta/Periodista acreditado en Casa Rosada.

Los operadores de Casa Rosada, gobernadores y sus legisladores corren una carrera contrarreloj para definir qué pasará con el tratamiento de la Ley Bases en el recinto de la Cámara Baja. La decisión de eliminar el capítulo fiscal del proyecto que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, parecía que iba a destrabar el asunto, pero la posición del sector denominado dialoguista inició otro camino de incertidumbres. Por esa razón, la sesión que se iba a realizar este martes quedó pendiente para el miércoles con el objetivo de seguir las negociaciones.

El cónclave del lunes en el Consejo Federal de Inversiones entre mandatarios provinciales y diputados de Juntos por el Cambio, UCR, Haciendo Coalición Federal, Innovación y del peronismo no kirchnerista apuntaba a llegar a un acuerdo, pese a que el vocero Manuel Adorni le dijera a Sur24 -en conferencia de prensa- que “habrá un ajuste mayor a las provincias”, luego de la decisión de quitar del paquete de medidas la discusión tributaria. El funcionario moderó esa afirmación, respondiendo también a este medio, que dentro del paquete “se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte de este capítulo económico”.

Previamente al encuentro entre quienes mantienen contactos con la administración central, representada en el Consejo Federal de Inversiones por el ministro del Interior, Guillermo Francos, voces oficiales afirmaban en Balcarce 50 que “no se negocia nada más... hasta acá llegó el Gobierno”, fue la sentencia. “Esperamos que la Ley salga esta semana sí o sí”, argumentó la misma fuente, que a la vez señaló que “si el Congreso no acciona, siempre existe la posibilidad del plebiscito que, aunque no sea vinculante, generaría un clima a favor de la aprobación”, infieren desde el Poder Ejecutivo.

En los despachos de Casa de Gobierno manifiestan estar convencidos de que en el Parlamento “se quiere frenar la ley a toda costa” y advierten que los dialoguistas apoyarían, pero con condiciones. “Los Lousteau de la vida”, describió un hombre cercano al jefe de Estado. Los recortes sobre los estados provinciales recaerán en tarifas, planes sociales y giros discrecionales, entre otras cosas, aleccionan los oficialistas que admiten sentir que la mayor presión proviene de aquellos que se muestran dispuestos a consensuar.

La mayor contrariedad surgió luego de la reunión de los representantes de ese sector acuerdista con el ministro Francos. Los gobernadores afirmaron que el Gobierno estaba dispuesto a coparticipar el Impuesto PAÍS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria). El tributo que recauda el 30% en la compra de dólares para ahorro, pago de gastos con tarjeta de crédito o débito en el exterior y servicios adquiridos fuera del país y con los últimos cambios llegó a acumular $1.510.889 millones (una suba de 202,9%).

Sin embargo, cuando la supuesta propuesta del Gobierno tomó estado público, un comunicado oficial anunció textualmente: “La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”. El propio Adorni potenció la respuesta gubernamental al comentar que él mismo había hablado con el titular de Interior, y que el funcionario le explicó que el tema no había sido tocado. “Jamás se planteó coparticipar” ese gravamen, fueron los dichos de Francos al propio Javier Milei, quien hizo circular que confía en su ministro.

La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante.

“La versión salió de los gobernadores, ellos mintieron”, enfatizaron en la sede del Ejecutivo mientras que los aludidos comenzaron a tejer el rumor de la posibilidad de que se caiga el tratamiento de las medidas a mitad de esta semana. De todos modos, en Casa Rosada sostienen que están dadas las condiciones para tener quórum y que el megaproyecto se trate. “Será que algunos (gobernadores) se quedaron con ganas de que ganara (Sergio) Massa, que fue quien les prometió coparticiparles el Impuesto PAÍS”, remarcó en off uno de los hombres más cercanos al despacho presidencial.

La justificación que da el oficialismo es que cada vez que un tributo se coparticipa después no cae más. Más allá de eso, otro asesor ministerial preguntó: “Cómo se va a coparticipar un impuesto que va a caer cuando se elimine el cepo”. Algo que el equipo económico tiene como plan, si es que no hay otras vicisitudes, antes de fin de año.

En el contexto de otra jornada de arduas negociaciones, en Balcarce 50 sostienen que no experimentan ninguna frustración por lo que se bajó de la llamada “Ley Ómnibus”. Porque el objetivo es alcanzar el déficit cero. “Lo que pasa es que el negocio de muchos sectores es la permanente inestabilidad económica”, aseveran desde el núcleo duro de La Libertad Avanza.

El bloque de Diputados del PRO presentó un proyecto de ley con el objetivo de que el Ministerio de Salud de la Nación garantice que los centros médicos públicos, obras sociales y prepagas distribuyan de manera gratuita y obligatoria el esquema completo de vacunación para las personas que ya hubieran contraído la enfermedad. “No es una vacuna accesible y todos los que tuvimos dengue tenemos que dársela”, argumentaron.

La diputada Sabrina Ajmechet impulsó la iniciativa denominada “Integración al calendario nacional de vacunación de la vacuna contra el virus del dengue”, luego de haber sumado el apoyo del presidente del PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, María Sotolano, Sofía Brambilla, Martín Ardohain, Silvana Giudici, Ana Clara Romero, Aníbal Tortoriello, Diego Santilli, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro, Gabriela Besana, Sergio Capozzi, Verónica Razzini, Fernando Iglesias, María Eugenia Vidal y Héctor Antonio Stefani.

Por medio de su cuenta personal en la red social X, la representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sustentó su propuesta al recordar su experiencia personal sobre cuando fue diagnosticada. “Tuve dengue hace casi 10 años, cuando no se sabía en CABA de qué se trataba ni cómo hacer el seguimiento. Nunca me sentí tan mal en mi vida”, aseguró, para después remarcar que los médicos le advirtieron: “Tratá de no contagiarte de nuevo porque el dengue hemorrágico del segundo contagio es mucho más grave”.

En este sentido, Ajmechet enfatizó en el poco conocimiento que se tenía del virus transmitido a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypty, ya que afirmó que el único consejo que pudieron darle los especialistas que la trataron fue que utilizara repelente contra insectos. “Hoy por fin me pude dar la vacuna. No es una vacuna accesible y todos los que tuvimos dengue tenemos que dársela”, expresó al hacer referencia al inoculante desarrollado por el laboratorio japonés Takeda y que se trata de la única opción que fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) hasta el momento.

El esquema de vacunación contra el dengue consiste en la aplicación de dos dosis de 0,5 ml cada una, las cuales deben ser inyectadas con un intervalo de tres meses. La inoculación abarca un amplio espectro de la población, debido a que es apta para aplicarse en ciudadanos mayores de 4 años.

Los resultados del estudio realizado por Takeda comprobaron que es capaz de reducir en un 80% los síntomas febriles y en un 90% los riesgos de hospitalización. Asimismo, enfatizaron que la respuesta entre los menores de hasta 4,5 años fue favorable, debido a que después de finalizar la vacunación la tasa de internaciones disminuyó en un 84% y los síntomas de los casos positivos se recortaron en un 61%.

“Los expertos ven a la vacuna como una nueva herramienta que contribuye de manera importante a las demás medidas de prevención ya existentes”, fundamentó la diputada Sofía Brambilla, tras destacar que el proyecto de ley tiene como bases “garantizar el derecho a la vida y el derecho a gozar de buena salud”.

Según el primer Boletín Epidemiológico Nacional del año, en las últimas semanas se confirmaron un total de 17.540 casos positivos. No obstante, advirtieron que el 57% de ellos, es decir, unos 10.056 se detectaron entre mediados de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024. En respuesta a los resultados de las estadísticas, las autoridades apuntaron que la cifra final obtenida dio un resultado “por encima de lo esperado”.

Hasta el momento, la región del país que enfrentaría una situación más delicada corresponde a las provincias del Noreste Argentino (NEA), puesto que entre Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones acumularon un total de 16.852 de infectados. El 16.808 de los diagnósticos fueron de origen autóctono, 44 de ellos fueron calificados como importados.

A pesar de que el ente sanitario mencionó que los tres serotipos que se encuentran en circulación en el país son DEN-1, DEN-2 y DEN-3, en el NEA solamente se detectaron casos compatibles con DEN-1 y DEN-2. En cuanto al grupo de edad que resultó más afectado a nivel nacional, apuntaron que entre los 15 y 34 años se evidenció la mayor cantidad de casos positivos, mientras que entre los 30 y 39 años hubo mayor cantidad de muertes.

En este contexto, algunas provincias hacen lo propio con la vacunación. Por ejemplo, los senadores correntinos de Unión por la Patria (UxP) solicitaron al Gobierno de Corrientes que se decrete la Emergencia Sanitaria, se promueve la vacunación gratuita y la entrega de repelentes en la provincia luego de que se registraron 10 muertes y 201 casos positivos, según precisó El Litoral. Incluso, remarcaron que hay “100 casos positivos por día y que no dan abasto con las pruebas serológicas en laboratorios, ante casos sintomáticos”.

De acuerdo con la información proporcionada por Télam, la iniciativa fue presentada por José Aragón, Martín Barrionuevo y Celeste Ascúa, con la finalidad de aumentar el presupuesto destinado a la compra de reactivos para test, más personal de salud, entrega de repelentes y un plan de vacunación gratuito. A su vez, ratificaron la necesidad de extender “un plan de concientización a través de campañas de difusión y el control de precios de medicamentos y repelentes para evitar prácticas especulativas”.

En paralelo, el Gobierno de Misiones se convirtió en el primero en garantizar la vacunación gratuita en contra del dengue para los habitantes de entre 20 y 40 años, a excepción de las personas gestantes, en período de lactancia y pacientes oncológicos o con inmunodeficiencias. La campaña de inoculación comenzó el pasado 17 de enero en algunos municipios de la provincia, aunque se espera que las dosis comiencen a ser distribuidas en el resto de la provincia con el paso de los días.

Al respecto, el ministro de Salud misionero, Héctor González, argumentó la implementación de la política pública al informar que en las últimas semanas hubo un brote de contagios en el distrito, el cual dejó un saldo de 41 internados y 4 víctimas fatales. “La inmunización es una herramienta más para cuidarte a vos y a todos los misioneros, pero tenemos que seguir trabajando juntos para erradicar al mosquito transmisor de nuestras casas”, remarcó al reiterar el pedido de eliminar los cacharros que pudieran acumular agua.

Para poder acceder a las dosis, el titular del organismo explicó que deberán ingresar a la aplicación Alegramed, sacar un turno para una consulta médica y solicitar una orden de aplicación de la vacuna. Acto seguido, el sistema le informará sobre la fecha, horario y centro de vacunación correspondiente al que deberá asistir para iniciar con el esquema de inmunización.

El proyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso establece férreos controles a las movilizaciones y penas de prisión efectiva para quienes corten calles u organicen piquetes.

En el artículo 326 plantea una modificación al Código Penal de la Nación para que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses".

"Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado", indica el texto de la norma.

Además, Milei plantea penas más altas de entre dos y cinco años para "quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe".

"Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres (3) a seis (6) años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta", agrega el texto.

Según el articulado, "los organizadores de las reuniones o manifestaciones, serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación".

En caso de que un menor de 13 años esté en la calle sin sus progenitores "la autoridad pública que así lo constate deberá cursar inmediato aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nacional o correspondiente a cada jurisdicción".

Posiblemente el artículo 333, relacionado al 326, sea uno de los más polémicos. El mismo indica: “Notificación. Toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas”.

Este hace referencia al 331, el cual indica: “Entiéndase por ‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”.

Con los “derechos aludidos” se referiría a impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentes interjurisdiccionales mediante una movilización o protesta social.

Estos fragmentos del documento generaron ruido en diversos sectores por las eventuales interpretaciones subjetivas a las cuáles podría estar atado al momento de aplicación, a pesar de las correspondientes aclaraciones.

Por Mauro L. Muñoz

En el ambicioso proyecto de ley "ómnibus" que este miércoles envió el gobierno de Javier Milei al Congreso nacional se incluye una serie de reformas al sistema educativo.

El título VII es el referido a los cambios en Educación. Allí se introduce un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria y abre las puertas a que las universidades públicas empiecen a cobrarles a los extranjeros que no residan de forma permanente en la Argentina.

Además, el apartado educativo de la mega ley establece que los docentes deberán revalidar sus conocimientos cada 5 años, según criterios establecidos por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación.

También incluye cambios en la difusión de resultados de evaluaciones estandarizadas, legitimación del homeschooling a partir de cuarto grado de primaria, incorporación del formato digital de los libros que formen parte de las bibliotecas escolares y que instituciones privadas puedan aportar fondos a las cooperadoras de escuelas estatales.

A su vez, establece la delegación a las provincias sobre la definición de “las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”, aunque reconoce que seguirá habiendo un “convenio marco” definido por la Secretaría de Educación, el Consejo Federal y las entidades gremiales docentes con representación nacional.

Entre los cambios más significativos, se modifica el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional sobre la evaluación del sistema educativo. “Al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”, define.

Se establece también que “todos los alumnos deberán ser evaluados con periodicidad en términos de matemáticas y lecto-comprensión en adición a otras evaluaciones que determine la autoridad de aplicación”, apunta el texto. De esta manera, se incorpora a la ley la prioridad de enfocar la evaluación en las áreas de matemática y comprensión lectora, algo que ya se venía haciendo en las últimas ediciones de las pruebas Aprender

Este examen integrador para alumnos que terminan el secundario es una medida que ya implementan otros países como el caso Brasil donde se denominan ENEM, aunque con un formato distinto en el que el puntaje que allí se obtenga es considerado para el ingreso a la universidad estatal.

Asimismo, como instancia de monitoreo de la calidad educativa, se sostendrán los sistemas de evaluación del sistema educativo (como pruebas Aprender, por ejemplo). Y se agrega que los padres y los docentes podrán tener "acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.

En el caso de la evaluación a maestros y maestras, se incorpora como una de las condiciones para quienes se incorporen a la docencia, con el objetivo de certificar “las capacidades y conocimientos adquiridos” por los egresados de las carreras de formación.

A tal fin, el artículo Nº 545 de la ley busca incorporar como inciso j y k al artículo 76 de la Ley de Educación Nacional: "evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia mediante un examen que certifique los capacidades y conocimientos adquiridos"; y "revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada 5 años”.

La sección III de este apartado del proyecto se centra en las universidades de gestión estatal y privadas. Allí se establece la autorización a universidades para arancelar el estudio superior a extranjeros que no tengan residencia permanente. A la vez que garantiza la gratuidad para todos los argentinos y extranjeros que tengan un DNI argentino permanente.

"Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos" enumerados previamente, se explica en el texto de 664 artículos.

Otro de los cambios será que para ingresar a la universidad pública los aspirantes podrán optar por un examen o un curso de nivelación. También plantea que las instituciones del nivel superior, no podrán “autoevaluarse” cada seis años, como permitía la ley, sino que cada 10 años deberán obtener evaluaciones externas, a cargo de la Coneau o de entidades privadas constituidas para ese fin.

Respecto al financiamiento de las universidades, que compone uno de los gastos más grandes de la cartera nacional, el proyecto plantea que los aportes se distribuirán entre las instituciones en función del número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida y el total de egresados.

“Los montos correspondientes para cada institución serán determinados anualmente en el presupuesto general de la administración pública nacional”, dice. Y agrega que se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos.

A su vez, el proyecto abre la puerta a que las instituciones reciban "fondos complementarios" a los del Estado.

En casa

Por otra parte, modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional para bajar la edad de acceso a estudios a distancia de los 18 años al segundo nivel de la escuela primaria (9/10 años). “Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial, a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes, adultos, podrán impartiste en distintas modalidades educativas”, se plantea.

Mauro L. Muñoz

El presidente Javier Milei envió Congreso de la Nación el proyecto de "ley ómnibus", que contiene 664 artículos que proponen más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU, además de privatizaciones, emergencias por dos años y cambios económicos, impositivos y contractuales, entre muchos otros temas.

El proyecto, que podría ser tratado durante las sesiones extraordinarias, se denomina "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" y fue entregado este miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem.

El punto inicial del extenso texto declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", pudiendo ser prorrogada "por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años".

Para ello, solicita facultades legislativas: "Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa", indica la norma.

En el Título II, referido a la "reorganización administrativa", el proyecto le otorga en el artículo Nº6 al Ejecutivo la potestad de implementar "la mejora de la carrera de los agentes de la administración pública nacional" mediante un "sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas prestablecidas".

A su vez que dispone que "podrá intervenir todos los órganos y entidades de este ámbito, con la "sola exclusión de las universidades nacionales".

La Privatización de Empresas Públicas se establece en el artículo N°8 del segundo capítulo del Título II, en el cual determina que un total de 41 empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal -detalladas en el Anexo I- quedan sujetas a privatización.

Relativo a los "desburocratización administrativa", el capítulo III fija que "todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos". Este proceso, determina el artículo Nº14, deberá "concretarse en un plazo que no exceda de los dos años desde la entrada en vigencia de la presente ley".

Más adelante en el articulado, el Título III referido a la "reorganización económica" establece una serie de modificaciones a regulaciones previas. Entre ellas, se regula la reventa de entradas deportivas y desgrava mercaderías amparadas por el régimen de equipaje que se importen para consumo sin fines comerciales. Además, sustituye artículos de la Ley de entidades de seguros y su control y de la Ley orgánica de asociaciones mutuales.

El capítulo III del mismo título faculta al Poder Ejecutivo Nacional en su artículo Nº106 a establecer una "fórmula automática de ajuste" de determinadas prestaciones, derogando la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Asimismo, incluye un amplio "régimen de regularización de activos" que alcanza a personas humanas, sucesiones indivisas y sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

La desregulación económica también realiza modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales e introduce cambios a la Ley de Impuestos Internos. Además, fija en un 15% el Derecho a las Exportación para distintas mercaderías, excluye a algunas economías regionales y las eleva del 31% al 33% para los derivados de la soja. Y en esta última sección establece que se le otorgue al Poder Ejecutivo la facultad de mover e incrementar aranceles hasta el último día de su mandato, el 9 de diciembre de 2027.

Por otra parte, bajo el título "Promoción del Empleo Registrado", el capítulo VI de la ley ómnibus enviada al Congreso por Milei incluye un plan de regularización de deudas de relaciones laborales no registradas para empleadores del sector privado. Este "blanqueo laboral", detallado en los artículos desde el 215 al 220, brinda un plazo de regularización de hasta 5 años para que los empleadores sumen a todo su personal no registrado.

También toca el sector de la energía, en el capítulo IX, propiciando amplias reformas sobre la legislación vigente en Hidrocarburos, Biocombustibles y Energía Eléctrica con el fundamento de lograr tener "una visión integrada e internacional del sector energético, conforme los recursos naturales existentes y por desarrollar de la República Argentina". Para ello, fija el principio de subsidiariedad del mercado, propicia la participación de los privados en el sector, unifica los entes reguladores, avanza en la transición energética, entre otras disposiciones.

Además, según establece el capítulo IV de "Operaciones de Crédito Público", la mega ley pretende derogar la legislación vigente que obliga a la autorización y control del Congreso en cuanto a la deuda externa.

Mientras que, en su artículo 221, el proyecto apunta a la "consolidación de deuda" del sector público nacional, planteando que se agrupe en el Estado "las tenencias de títulos de deuda pública de las entidades del Sector Público Nacional comprendido en el artículo 8° de la Ley No. 24.156, y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad" de la Anses.

Es decisión del Presidente Javier Milei liberar de las trabas del Estado opresor a las fuerzas productivas de nuestra Nación con el objetivo de comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. pic.twitter.com/tqxTGskPhG

En cuanto a las reformas fiscales, incluye un blanqueo de capitales para activos en el país y en el exterior, que prevé a través de incentivos fiscales que aquellos que tienen sus bienes no declarados, regularicen su situación.

“Se crea un nuevo régimen para la regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social con el fin de promover un sinceramiento de la economía y promover la inversión privada. En términos tributarios también se implementan programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos”, menciona el proyecto en el capítulo V.

En cuanto a la reforma política dispuesta en el Título VI, el Capítulo I referido al sistema electoral incluye la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modifica las listas cerradas o "sábanas".

Con esta reforma se establece que dentro de los 10 días de realizada la convocatoria de elecciones generales se constituirá un Consejo de Seguimiento para actuar ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, los apoderados de las agrupaciones políticas de orden nacional que participen en el proceso electoral.

También se fija el financiamiento de los partidos políticos, indicando que un 50% del monto asignado en el presupuesto será distribuido en forma igualitaria entre las listas presentadas, mientras que la otra mitad será repartida entre los 24 distritos electorales.

Y por último, este apartado instruye al Poder Ejecutivo Nacional a que "dicte, dentro del plazo de 90 días de sancionada la presente norma, un nuevo texto ordenado del Código Electoral Nacional".

En el plano de seguridad, se busca convertir en ley el reciente protocolo "antipiquetes" del Ministerio de Seguridad imponiendo penas de prisión por participar en una protesta. Además, flexibiliza la posibilidad de "autodefensa" ante determinadas situaciones delictivas.

Así se establece en el apartado de Seguridad Interior, detallado en el Título IV, capítulo I. Por un lado, agrava la pena por participar de una manifestación de hasta 3 años y 6 meses de prisión y, con hasta 4 años o se causaran daños. Mientras, para los líderes de las marchas que bajo la amenaza de quitas de planes o subsidios obligaran a terceros a participar, la pena puede llegar a seis años. Para las manifestaciones, además, en el artículo 333 la ley establece que deberán ser notificadas "ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de 48 horas".

Asimismo, el mega proyecto de ley propone extender la definición de la legítima defensa. En este sentido, reforma el artículo 34 del Código Penal habilitando que no reciban penas quienes obren "en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".

En este apartado impulsa también los juicios por jurados. Dispone que sean juzgados por jurados todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias que tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los cinco años de prisión o reclusión. Especifica en el anexo que "el debate será dirigido por el juez que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal. El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia".

La Cámara de Senadores de la provincia, por unanimidad, dio sanción definitiva a la iniciativa de la diputada provincial, Betina Florito, que actualiza el ejercicio profesional de la Fonoaudiología. De esta manera, al mismo tiempo, la sanción implica la adhesión a la Ley Nacional del Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología y la modificación de 10 artículos de la Ley Provincial N° 9981, que es una norma del año 1987. Una ley que fue de vanguardia, innovadora y que sirvió de base para la redacción de la ley nacional.  

“Los cambios propuestos por la comisión revisora obedecen a la necesidad de revisión, modificación, adecuación, reformulación y actualización, todo esto debido a los avances y al desarrollo científico y tecnológico, a la incorporación de la Carrera de Licenciatura en Fonoaudiología dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, a la aparición y crecimiento de las diferentes áreas de incumbencia profesional y a la creación de un Registro de Especialidades", señaló la legisladora que por otra parte, es Licenciada en Fonoaudiología. 

La iniciativa de la dirigente de Encuentro Republicano Federal fue elaborada a partir del trabajo de la comisión revisora compuesta por fonoaudiólogas y fonoaudiólogos y Licenciados en Fonoaudiología colegiados de la 1ra y 2da Circunscripción del Colegio de Profesionales de la Fonoaudiología de la Provincia de Santa Fe, especializados en áreas de incumbencias de la profesión. 

Los aspectos mas destacados de esta actualización son: el artículo 3, que habla de la exclusividad en cuanto a actividades que sólo el profesional fonoaudiólogo puede realizar. Ahí se detalla las áreas de voz, audición, lenguaje y se agregan dos más: el aprendizaje pedagógico y las funciones estomatognáticas (que son áreas que trabaja hace muchos años el fonaudiólogo pero que en la ley N° 9981 no estaban); el artículo 4 que refiere a quienes pueden ejercer la profesión. Por supuesto que los licenciados en Fonoaudiología y los Doctores en Fonología. Y se agrega: todos los profesionales que no tengan sanción Ética o que no estén inhibidos legalmente; el artículo 5 sobre los ámbitos: se agrega a partir de la pandemia Covid-19 la atención remota (tele asistencia o tele práctica) y también la participación en monitoreo intraquirófano; el artículo 10, en cuanto al alcance, se agrega que no se excluyen nuevas áreas, siempre que sean aprobadas por el Consejo Directivo Provincial que está conformado por los dos Colegios Profesionales de la provincia (1ra y 2da circunscripción). 

Otras observaciones que propone la Ley sancionada es que se realizó una revisión de la redacción repetitiva y se actualizó terminología. Por último la Ley declara como medio oficial de comunicación el correo electrónico de cada Colegio Profesional y se agregan nuevos ámbitos de trabajo como los centros de día y geriátricos (que no estaban contemplados en la ley N° 9981).

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Lilia Lemoine generó polémica con el anuncio sobre un proyecto de ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad en caso de ser electa.

“No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”, dijo.

Lemoine agregó que “la mujer, cuando se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre”, quien “podrá decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”.

La mujer, una influencer con miles de seguidores, cosplayer y asesora de Javier Milei, se encuentra en el octavo lugar de la boleta libertaria.

Lemoine se mostró “100% en contra" de la ley de interrupción voluntaria del embarazo: “Hay casos especiales que hay que tener en cuenta”.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura que, quizás, porque le dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’? O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en medio de la calentura, hace… ¿viste? ‘Ay, papito, dale’. Mi abuela me lo contaba, era enfermera”, dijo en Neura.

A la aspirante al Congreso no le "parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”.

“Si la mujer se da cuenta (que el hombre no se cuida), es una violación, entonces va, hace la denuncia por violación y puede tomar la pastilla del día después”, señaló.

Lilia Lemoine también fue consultada por sus declaraciones en la que sería una cámara oculta realizada en Reino Unido, donde entre diversos delitos, confiesa haber mantenido una relación oculta con Javier Milei.

“Es un tema delicado y no es buen momento para hablarlo porque él está en pareja, está feliz y lo decidimos mantener en secreto porque no daba”, expresa en vivo en Neura Lilia

Respecto a la situación en la que se dio la primera confesión, indica: “No lo conté abiertamente, me hicieron una cámara oculta en Inglaterra, me llevaron igual que a varios”.

También declaró que lo dijo “en confidencia” y después de haber tomado “un par de tragos de sake”.

Motivado en la implantación de un sistema que visibilice la situación de las mascotas en nuestra provincia, se originó este proyecto de ley, que en su primer artículo enuncia: "La presente ley tiene como finalidad crear un registro de animales y tenencia responsable de mascotas. Determinar las obligaciones y derechos de los responsables de animales de compañía. Proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable. Regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía. Debemos hacer todo lo que este a nuestro alcance para terminar con el maltrato y abandono de las mascotas".

El proyecto fue ingresado en la legislatura santafesina por el Diputado Sebastián Julierac de la Coalición Cívica Humanos, con el número Nº 52145, mediante diversas actividades buscarán impulsar el proyecto apoyado por Protectoras de animales de toda la provincia.

En virtud de la necesidad imperante de establecer un marco legal que regule y ampare la creación y mantenimiento de una base de datos de animales domésticos, principalmente perros y gatos, se fundamenta la ley con el fin de salvaguardar el bienestar y la integridad de los mencionados animales, promover la responsabilidad de su tenencia y propiciar el uso eficiente de los recursos estatales.

Con media sanción por unanimidad y sobre tablas, el Senado santafesino aprobó un proyecto de ley que actualiza la norma sobre tránsito. Si la Cámara de Diputados le otorga la sanción definitiva se sumará la posibilidad de circular de día con las luces Led, en lugar de la luz baja.

Desde el punto de vista técnico, cualquier vehículo equipado con el Sistema DRL Day Time Running Light es tan visible como aquel que circula con las tradicionales luces bajas.

Con la decisión de los representantes de los 19 departamentos, ahora Santa Fe se encuentra camino de adaptar su legislación a esa tecnología que, de hecho, los inspectores en general no persiguen dentro de los límites del mapa de la bota. Los problemas para quienes se acostumbran a no encender la luz baja y circular solo con los Leds previstos por el fabricante están, por ejemplo, al circular por las rutas en la provincia de Córdoba. (Las multas van de los $23.480 a $46.960).El Senado aprobó una iniciativa del senador Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) que, al adherir a la ley Nacional 27.425 que incorporó ese tipo de iluminación diurna también acepta los cambios hechos a nivel federal para la Ley Nacional de Tránsito N°24.449.

Así, de avanzar en Diputados, se acepta en Santa Fe que se haya sustituido el artículo 47 de la ley 24.449, por el siguiente texto: "Uso de las luces. En la vía pública los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 y encender sus luces observando las siguientes reglas: a) Luces bajas o luces diurnas (sistema DRL: Day Time Running Light): mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas o las luces diurnas permanecerán encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales; b) Luz alta: su uso obligatorio sólo en zona rural y autopistas siempre y cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclame; c) Luces bajas, de posición y de chapa patente: deben utilizarse cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo demande; d) Destello: debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos; e) Luces intermitentes de emergencias: deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas; f) Luces rompe niebla, de retroceso, de freno, de giro y adicionales: deben usarse sólo para sus fines propios; g) Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia deben encenderse conforme a sus fines propios, aunque la luz natural sea suficiente; h) A partir de la vigencia de la presente ley, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los fabricantes e importadores deberán incorporar a los vehículos 0 km nuevos modelos, un dispositivo que permita en forma automática el encendido de las luces bajas o de las luces diurnas (sistema DRL), en el instante en que el motor del mismo sea puesto en marcha, conforme al inciso a) precedente".

AntecedentesFue la legislación nacional sancionada por el Congreso de la Nación el 23 de diciembre de1994 y promulgada parcialmente por el Poder Ejecutivo Nacional en febrero de 1995 la que obligó a los conductores de todo el país a circular, según las provincias fueron adhiriendo a la norma, en todo el territorio del país con las luces bajas encendidas, aún de día, por obvias razones de seguridad.Con la incorporación de la tecnología Led a los sistemas lumínicos de los vehículos, la legislación nacional obligó a los fabricantes argentinos a agregar un dispositivo que automáticamente encienda las luces DRL, y añadir así otro elemento de seguridad.

Recién en 2010 Santa Fe adhirió mediante su Ley 13.133 a la mencionada norma nacional. Luego, en 2017, otra vez a nivel nacional, se agregó la posibilidad de sustituir de día con los Leds de fábrica la luz baja, mediante la Ley Nacional 27.425.