El presidente de Cuba confirmó que se iniciaron conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos, mientras la isla atraviesa una crisis de combustible, apagones y protestas nocturnas.

Miguel Díaz-Canel indicó desde la sede del Comité Central del Partido Comunista que comenzaron contactos con la administración de Donald Trump para “buscar soluciones” mediante el diálogo a las diferencias bilaterales.

El mandatario sostuvo que hubo “factores internacionales” que facilitaron esos intercambios y encuadró el proceso como “sensible”, conducido con “seriedad y responsabilidad” para alejarse de la confrontación. Remarcó que, históricamente, Cuba evita responder a “campañas especulativas”, en alusión a filtraciones y versiones previas.

Horas antes del discurso, el Gobierno cubano anunció la liberación de 51 presos con mediación del Vaticano. Díaz-Canel defendió la decisión como soberana y ligada a una “vocación humanista”, en un punto que lleva años de reclamo social dentro de la isla.

Desde Washington, Trump reaccionó con un mensaje más medido de lo habitual al amplificar una nota periodística sobre el tema, aunque —según el mismo reporte— su entorno deslizó que la Casa Blanca apunta a cambios en el liderazgo cubano. La mención aparece en un contexto de presión explícita: el presidente estadounidense volvió a hablar de un “gran cambio” próximo para Cuba en un acto político en Florida.

El mensaje se emitió en medio de una crisis económica que, según reconoció el propio Díaz-Canel, se agravó por un “cerco energético” que dejó al país sin ingresos de combustible durante más de tres meses.

La Habana a oscuras, una postal que se repite durante los últimos meses. Foto: Reuters / Norlys Perez.

En el impacto cotidiano, enumeró suspensión de clases, transporte escaso y apagones prolongados; en la calle, se multiplicaron cacerolazos nocturnos como protesta.

El Gobierno cubano vincula este escenario con la “emergencia nacional” declarada por Washington a fines de enero, que, según La Habana, cortó el flujo de petróleo que llegaba desde Venezuela o México.

En la comparecencia llamó la atención la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”— señalado como interlocutor en contactos con Marco Rubio, el secretario de Estado al que Trump le asignó el “expediente Cuba”.

Díaz-Canel no detalló el temario de negociación, pero la nota menciona indicios que se asoman alrededor del diálogo: permisos para importación de petróleo por privados y señales sobre reformas económicas en la isla.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó este miércoles por la tarde una conferencia de prensa en relación a la situación de la policía.

La atención a la prensa se realizó desde las 17.15 en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, donde el gobernador comenzó hablando con una premisa concreta: “Queremos aclarar algunas cuestiones que circulan en redes sociales”.

Pullaro indicó que se trata de un “reclamo justo y genuino” y manifestó la postura de la Casa Gris: “Estamos profundamente agradecidos al trabajo de los últimos dos años para reducir y derrumbar todos los indicadores de violencia e inseguridad que vivían los rosarinos”.

El gobernador Pullaro, tras enumerar una serie de reclamos atendidos; entre los que se incluyen la mayor frecuencia para agentes que prestan servicio en Rosario y son de ciudades del norte de Santa Fe, el boleto y el gabinete psicológico; brindó números de los salarios.

“Se pidió además que se pueda aumentar el monto de la tarjeta alimentaria y pasó de 83 mil a 168 mil pesos”, expresó el mandatario santafesino. “Se entendió también que el personal que viajaba y tenía que quedarse en un hotel, el gobierno también les iba a garantizar las noches de hotel para descansar correctamente”, sumó el ex ministro de Seguridad.

El personal policial este miércoles en Rosario. Crédito: Mauro Yasprizza

“Ningún policía de Santa Fe va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo el personal técnico. Equivale a un esfuerzo muy importante”, reforzó Pullaro.

“Hubo mucha manipulación de las estadísticas y los sueldos”, remarcó el gobernador y sumó: “El policía que cumple tareas operativas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez o Santo Tomé tendrá un plus de 500 mil pesos más. Si maneja el vehículo oficial, cobrará 2.188.835”.

“Si pertenece al GOE, Comando Radioeléctrico o Infantería al volante de un equipo oficial, va a ganar 2.334.535 por mes”, completó el líder de la Casa Gris.

Sobre el momento en el cual se hará oficial, adelantó que “va a estar estratificado en el decreto que voy a firmar en minutos”.

Tras acordar puntos en la negociación, Pullaro resaltó que “a ocho personas hasta el momento se les devolvió el arma y se les pidió que salgan a la calle”, aclaró sobre lo mencionado previamente por Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad.

“Luego, por razones que no están claras, el personal policial se volvió a movilizar. Nosotros seguimos con nuestra postura de negociación”, sostuvo Pullaro.

“Acá hay que poner un límite, vamos a estar controlando la cobertura y las salidas. No es porque el gobierno está incumpliendo un acuerdo, es porque los que se sentaron a hablar con el gobierno no pudieron cumplir”, agregó.

“El cambio en la política salarial se mantiene, pero entendemos y quiero ser claro, que habiendo atendido todos los planteos de bienestar y salariales, no hay ninguna necesidad de seguir manifestándose”, sumó.

Agustina Labath - Gustavo Ocampo

Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Desde fines de 2025, el país es escenario de intensas protestas sociales, impulsadas inicialmente por el deterioro de la economía y agravadas por la represión estatal. En las últimas semanas, más de 600 personas murieron y más de 10.000 fueron arrestadas, según datos de organizaciones internacionales de derechos humanos.

“El régimen está aplicando el mismo libreto que en 2022: represión total a través de la Guardia Revolucionaria, que responde directamente al líder supremo”, explicó el analista Joaquín Bernardis en diálogo con CyD Litoral.

La chispa del estallido no fue un caso aislado, como el asesinato de la joven kurda Jina Mahsa Amini en 2022, sino una serie de medidas económicas que golpearon a la población. Entre ellas, la eliminación de subsidios y restricciones para comerciantes a la hora de adquirir divisas, sumadas a una inflación estructural que supera el 40% anual.

“El aumento del costo de la canasta básica, especialmente en carne y harinas, generó un malestar profundo en la población. Hoy las protestas alcanzan incluso a Teherán, algo inusual por su nivel de control”, señaló Bernardis.

En este contexto, el gobierno teocrático encabezado por el Ayatollah Ali Khamenei se enfrenta no solo a un colapso social, sino también a una incertidumbre política interna. La muerte del expresidente Ebrahim Raisi en un accidente aéreo en 2024 dejó vacante la línea sucesoria dentro del régimen, que se apoya cada vez más en el ala militar para sostenerse.

“Raisi era el sucesor natural de Khamenei, y su muerte dejó un vacío de poder. Hoy, los grandes aliados del régimen son las Fuerzas Armadas, que actúan como sostén del poder religioso”, explicó el analista.

A ello se suma una pérdida de influencia en el plano regional. Milicias aliadas como Hezbolá, Hamas y los hutíes en Yemen han sido golpeadas militarmente por Estados Unidos, Israel y coaliciones árabes. Según Bernardis, esto marca un retroceso significativo en la proyección geopolítica de Irán.

“Prácticamente todos sus aliados regionales fueron desarticulados. En lo externo, el régimen está más aislado que nunca, y en lo interno, completamente deslegitimado ante su propia población”, afirmó.

La combinación de crisis económica, represión, descontento social y vacío de poder hace de Irán un foco de altísima inestabilidad para 2026. A pesar de los intentos del régimen por contener la situación, la magnitud de las protestas y la violencia de la respuesta oficial han encendido alarmas en la comunidad internacional.

“La legitimidad del régimen está en su punto más bajo desde la Revolución Islámica. Si esto no se resuelve pronto, podríamos estar ante el comienzo de una nueva etapa en la historia iraní”, concluyó Bernardis.

Las protestas en Irán, iniciadas el 28 de diciembre de 2025 ante una profunda crisis económica, inflación descontrolada y descontento social, se transformaron en un movimiento de rechazo más amplio al gobierno. Según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 648 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones. Esta cifra corresponde a víctimas verificadas, pero los expertos alertan que podría ser solo una parte del saldo real.

La ONG indica además que, debido al corte de internet y comunicaciones por parte de las autoridades, resulta “extremadamente difícil verificar de forma independiente” el total de fallecidos. Basándose en estimaciones extraoficiales y fuentes locales, algunos analistas señalan que el número de muertos podría superar los 6.000, un dato que multiplicaría por diez las cifras oficiales hasta ahora disponibles.

Uno de los principales obstáculos para dimensionar la crisis es el corte casi total de internet y de las comunicaciones impuesto por las autoridades iraníes. Esta estrategia limita el trabajo de periodistas, organismos humanitarios y familiares de las víctimas, y complica el flujo de información hacia el exterior.

Desde Iran Human Rights explicaron que, en base a reportes no oficiales, testimonios locales y datos fragmentarios, la cifra real de muertos podría superar los 6.000, lo que convertiría esta represión en una de las más graves de las últimas décadas en el país.

Además de los fallecidos, las organizaciones denuncian miles de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y juicios sumarios contra manifestantes. Activistas y familiares aseguran que muchas personas permanecen incomunicadas y que se registraron casos de uso excesivo de la fuerza, munición real y torturas en centros de detención.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, afirmó que “la comunidad internacional no puede permanecer en silencio frente a lo que podría ser una matanza masiva”, y reclamó medidas urgentes para proteger a la población civil.

La situación en Irán generó condenas de gobiernos y organismos internacionales, que exigieron al régimen iraní el cese inmediato de la violencia y la restauración de las libertades básicas. Sin embargo, hasta el momento no se registraron cambios en la postura oficial del gobierno, que continúa justificando la represión bajo el argumento del “orden interno”.

Mientras tanto, las protestas continúan de manera intermitente, pese al riesgo que enfrentan quienes salen a las calles.

Con cifras que crecen día a día y un fuerte cerrojo informativo, la crisis en Irán plantea serias dudas sobre la verdadera dimensión de la represión estatal. En medio de protestas, muertos y detenciones masivas, la advertencia de las organizaciones de derechos humanos deja un interrogante abierto: ¿cuántas víctimas más quedan aún fuera de los registros oficiales?

Violentos enfrentamientos estallaron en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) entre manifestantes pro palestinos y un grupo que apoyaba a Israel. La Policía fue desplegada en el campus después de que los partidarios de Israel intentaran derribar un campamento de protesta pro palestino, según el periódico estudiantil de la UCLA, el Daily Bruin. Mientras tanto, se practicaron tres centenares de detenciones en la Universidad de Columbia, de acuerdo a lo informado por la mayoría de las agencias de noticias internacionales. Los arrestos en la Universidad de Wisconsin en Madison fueron doce.

Las imágenes de la emisora ​​KABC, afiliada a ABC, mostraron a personas empuñando palos o postes para atacar tablas de madera que se levantaban como una barricada improvisada para proteger a los manifestantes pro palestinos, algunos de los cuales sostenían pancartas o paraguas. El ataque del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel por parte de militantes de Hamás desde Gaza y la consiguiente ofensiva israelí contra el enclave palestino desataron la mayor avalancha de activismo estudiantil estadounidense desde las protestas contra el racismo en 2020.

En la medida que las manifestaciones estudiantiles se extendieron a docenas de escuelas en todo Estados Unidos en los últimos días expresando su oposición a la guerra de Israel en Gaza, sus autoridades llamaron a la Policía para sofocar o despejar las protestas. Las protestas estudiantiles en los Estados Unidos también adquirieron connotaciones políticas en el período previo a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando los republicanos acusaron a algunos administradores universitarios de hacer la vista gorda ante la retórica y el acoso antisemitas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles comunicó en X que estaba respondiendo a la solicitud de UCLA "debido a múltiples actos de violencia dentro del gran campamento en su campus", para restablecer el orden y mantener la seguridad pública. Una legisladora de la ciudad de Los Ángeles, la concejala Katy Yaroslavsky, cuyo distrito incluye a la UCLA, publicó en X: "Todos tienen derecho a la libertad de expresión y a protestar, pero la situación en el campus de UCLA está fuera de control y ya no es segura".

El martes por la noche, la policía de la ciudad de Nueva York arrestó a docenas de manifestantes pro palestinos escondidos en un edificio de la Universidad de Columbia y desmanteló un campamento de protesta que la escuela Ivy League había tratado de desmantelar durante casi dos semanas. Los agentes subieron a Hamilton Hall, que los manifestantes habían ocupado en las primeras horas del martes, a través de una ventana del segundo piso.

En tres horas, habían desalojado a los manifestantes y arrestado a decenas, informó un portavoz de la Policía. Poco después de que la Policía entrara, la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, publicó una carta en la que solicitaba que los agentes permanecieran en el campus al menos hasta el 17 de mayo -dos días después de la graduación- "para mantener el orden y garantizar que no se restablezcan los campamentos".

Los estudiantes que se encontraban fuera del salón, lugar de varias ocupaciones estudiantiles que se remontan a los años 1960, se burlaron de la Policía con gritos de "¡Vergüenza, vergüenza!". Se vio a la Policía cargando a decenas de detenidos en un autobús, con las manos atadas a la espalda con bridas, la escena iluminada con las luces rojas y azules intermitentes de los vehículos policiales. "¡Palestina libre, libre, libre!" Los manifestantes corearon afuera del edificio.

Otros gritaban "¡Dejen ir a los estudiantes!". Sueda Polat, de Apartheid Divest de la Universidad de Columbia, la coalición de grupos estudiantiles organizadora de las protestas, negó que representaran un peligro e instó a la Policía a dar marcha atrás. En su carta, Shafik señaló que los ocupantes de Hamilton Hall habían destrozado la propiedad de la universidad y estaban invadiendo la propiedad.

La universidad advirtió anteriormente que los estudiantes que participaban en la ocupación se enfrentaban a la expulsión académica. Unas horas antes de que los uniformados entraran en Columbia, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y funcionarios de la policía de la ciudad aseguraron que la toma de Hamilton Hall había sido instigada por "agitadores externos" no afiliados a Columbia. Un líder de la protesta estudiantil, Mahmoud Khalil, un académico palestino que asiste a la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Columbia, cuestionó las afirmaciones de que personas externas dirigieran la ocupación.

En medio de una serie de reformas y replanteamientos de políticas sociales, el gobierno actual bajo la administración de Javier Milei propuso la posible inclusión en los nuevos planes sociales de una cláusula que permitiría la baja inmediata de los beneficiarios en caso de participación en actos de violencia o disturbios públicos, tales como cortes de ruta o manifestaciones violentas.

El borrador de esta normativa, que se encuentra bajo el expediente “EX-2024-23928359”, ha generado debate y controversia desde que se filtró a la prensa. Según el artículo 16 de los requisitos de uno de los programas que reemplazarán al Potenciar Trabajo, conocido como "Volver al Trabajo", se establece que aquellos beneficiarios que incurran en actos de violencia que alteren el orden público podrían ser dados de baja de manera inmediata del programa.

El documento, fechado el 11 de marzo pasado, identificado como "Referencia: EX-2024-23928359- -APN-SSGA#MCH - ANEXO I - LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO", estaba a punto de ser firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo Omar Yasín. Sin embargo, la reciente salida de Yasín del gobierno ha detenido temporalmente el proceso, a la espera de la opinión de su reemplazante, el abogado Julio Cordero, quien podría introducir modificaciones al texto original.

La propuesta ha sido justificada como una medida para promover el orden público y desincentivar la participación en actos de violencia por parte de los beneficiarios de los programas sociales. Según funcionarios del Ministerio de Capital Humano, esta disposición estaría en línea con los dichos de la ministra Pettovello y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quienes previamente habían expresado su apoyo a medidas que desincentiven los piquetes y manifestaciones violentas.

La discusión en torno a esta medida se intensifica en un contexto de reestructuración de programas sociales en Argentina. El Potenciar Trabajo, que será dividido en dos programas especializados, "Volver al Trabajo" y "Programa de Acompañamiento Social", ha sido objeto de críticas por su presunta ineficacia en la inserción laboral de los beneficiarios.

El "Programa Volver al Trabajo" estará dirigido a la población de 18 a 49 años, con el objetivo de fortalecer habilidades laborales y mejorar la empleabilidad para incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. Por su parte, el "Programa de Acompañamiento Social" se enfocará en mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, con el propósito de brindar apoyo integral para su inclusión social.

Sin embargo, la propuesta de incluir la baja inmediata por actos de violencia en los nuevos planes sociales ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad y organismos de derechos humanos. Algunos críticos argumentan que esta medida podría vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión, al condicionar la asistencia social a la abstención de actividades de protesta legítima.

Por otro lado, el gobierno sostiene que la medida busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y promover la inserción laboral a través de conductas socialmente responsables por parte de los beneficiarios de los programas sociales. Se espera que en los próximos días se aclaren más detalles sobre esta propuesta y se abra un espacio para el debate público al respecto.

Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de los programas sociales en Argentina continúa, con miras a encontrar un equilibrio entre la asistencia social y la promoción del empleo formal, así como el respeto a los derechos individuales y la estabilidad del orden público.

En el primer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, la CGT cuenta con la masividad de la protesta y la amplitud de sectores adheridos, como una muestra del rechazo de buena parte de la sociedad a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Desde el propio gobierno, en tanto, se advierte a la medida como "un sinsentido", que se desarrolla "del lado equivocado de la historia".

En una jornada en la que desde ambos lados se buscará medir prolijamente los resultados (aunque indudablemente luego las evaluaciones públicas vayan a ser dispares), y con la advertencia oficial de que se encuentra "plenamente vigente" el protocolo anti piquetes, la voluntad expresada por todas las partes es la de que se trate de una jornada pacífica; en atención a lo cual hubo gestiones y contactos previos.

Concretamente, el lunes representantes de la CGT mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para consensuar la organización de la movilización y "garantizar un acto pacífico".

De cara a la medida de fuerza en rechazo al DNU de desregulación de la economía -que incluye la reforma laboral- y la Ley Ómnibus, desde la central obrera informaron que en el encuentro se acordó que las columnas de manifestantes ingresarían por la Avenida de Mayo desde la Avenida 9 de Julio hacia la Plaza del Congreso, "garantizando la circulación de bomberos, ambulancias, autos con emergencias y el ingreso y egreso de frentistas en toda la traza".

Para evitar desmadres, desde la CGT le solicitaron a las autoridades del Gobierno porteño que "ejerzan un estricto control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad operativas en el lugar, a fin de garantizar el desarrollo pacífico del acto sin incurrir en provocaciones y/o agresiones" y también se pidió poder "instalar el palco sobre la calle Entre Ríos y desde allí llevar adelante el acto hacia el interior de la Plaza del Congreso, dejando espacio de circulación sobre la Avenida Entre Ríos", explicaron en un comunicado.

La central sindical remarcó que se buscará garantizar "la seguridad de todos los compañeros que concurran y el normal desarrollo de las actividades de los vecinos de las zonas afectadas".

"Los trabajadores nos manifestaremos en paz y en orden, para peticionar frente al Congreso que los Diputados asuman la responsabilidad política de cumplir con el mandato popular, garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos constitucionales", concluyeron de cara al paro de hoy, que cuenta además con la presencia de movimientos sociales y organizaciones piqueteras.

Desde el Gobierno de la Ciudad le solicitaron a la CGT "detallar medidas del escenario a emplazar sobre la Plaza del Congreso, permitiendo la libre circulación de tránsito por la Av. Entre Ríos". Sobre el accionar de la fuerza de seguridad, la administración de Jorge Macri aclaró: "Actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones, promoviendo de manera preventiva el cumplimiento de dichas normas, documentando acciones, denunciándolas, y/o haciéndolas cesar según corresponda".

En declaraciones a Todo Noticias (TN), la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recordó la vigencia del protocolo antipiquetes: "Es para todos porque hay marchas en todo el país". Y señaló que la marcha deberá hacerse "por la vereda". "Cuando lleguen a Congreso trataremos de cortar la menor cantidad de calles posibles, de acuerdo a la cantidad de gente que haya", agregó.

En este marco, supuso que el acto no sería tan convocante porque "la gente está harta de los aprietes y de los extorsionadores". La crítica es contra los dirigentes sindicales que luego de estar ausentes durante el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a las calles a menos de dos meses de asumido Milei. "Esto ya lo conocemos, ahora empiezan a quejarse los que durante 4 años se callaron la boca. Cuando gobiernan ellos cuidan sus intereses y no paran, cuando gobierna otro empiezan a extorsionar. El país no aguante más esto, creo que va a haber una resistencia enorme al paro", concluyó.

En la misma sintonía, el Gobierno porteño emitió un comunicado resaltando que "no se podrá interrumpir el tránsito vehicular, no se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria y tampoco estará permitido el uso de palos o elementos contundentes, ni podrá haber niños en las marchas".

"Entendemos que hay gente del lado equivocado de la historia por haber anunciado un paro a los poquitos días de haber asumido un Gobierno y cuando lo único que queremos es que quienes ellos representan, que son precisamente los trabajadores, estén mejor", calificó el gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni en sus habituales contactos con la prensa.

En la misma línea, el funcionario remarcó que "si hay alguien que ha perdido en serio en las últimas décadas, han sido los trabajadores. La marcha es un absoluto sinsentido. Los propios organizadores han reconocido que busca voltear el DNU y la Ley Bases sin entender que el Congreso es parte del juego democrático y republicano", retrucó además.

Asimismo, recordó la inacción de la central durante la administración de Alberto Fernández: "Estamos asombrados por el silencio que han tenido durante tantos años, con niveles de inflación y pobreza tremendos".

"Que triunfe la libertad. El que quiera ir a trabajar, que lo pueda hacer. Y el que quiera parar, lo haga, sin complicarle la vida al resto y sin pretender que los demás se acoplen a algo con lo que la mayoría no está de acuerdo", planteó respecto a la jornada de protesta.

Antes, se reservó una respuesta a Héctor Daer, que en los últimos días amenazó a los legisladores para que rechacen la ley ómnibus. "Me resulta extraño que alguien que es parte de la democracia indique quiénes pueden y quiénes no caminar por la calle. Voy a hacer de cuenta que esas declaraciones no existieron", indicó el vocero presidencial.

El paro nacional de la CGT de hoy es respaldado por organizaciones sindicales de España, Alemania, Italia, Francia y Bolivia, entre otras, que también llevan adelante sendas movilizaciones para expresar su rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Así, se programaron marchas en Madrid y Barcelona (España), Ginebra (Suiza), Toronto (Canadá), Roma (Italia), París y Toulouse (Francia), Montevideo (Uruguay), Berlín (Alemania) y Bruselas (Bélgica).

El Ministerio de Seguridad recordó a la ciudadanía que el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" se encuentra plenamente vigente, a propósito del paro y movilización de la CGT.

A fin de "asegurar el derecho a circular y movilizarse libremente para todo aquel que así lo necesite y desee" el protocolo incluye un "control estricto de todos los micros afectados a la marcha; controles en las estaciones de tren; y controles en lo que hace a la concentración propiamente dicha".

Además, el Ministerio reiteró que "se encuentra absolutamente prohibido realizar corte de artería o vía de circulación alguno".

Por otra parte, "en virtud del comunicado emitido por la CGT", la cartera aclaró "a la ciudadanía que la agrupación sindical no posee capacidad ni se encuentra habilitada para asegurar, autorizar o restringir ningún tipo de circulación, siendo las autoridades gubernamentales las únicas con potestad para realizar dichos controles, los que serán aplicados bajo estricto control y conforme las pautas ya notificadas oportunamente".

Luego de la ratificación del paro por 72 horas por parte de la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram), tras no llegar a un acuerdo en la mesa paritaria convocada para el martes por el gobierno provincial, este jueves habrá manifestaciones en aquellas localidades cuyos intendentes y presidentes comunales son miembros paritarios.

Así lo resolvieron en asamblea los delegados gremiales de los trabajadores municipales santafesinos en un encuentro mantenido ayer martes, luego del encuentro sostenido en Santa Fe con los representantes paritarios. En la reunión de delegados, que tuvo lugar en la sede de Festram, se diagramaron las protestas.  

En dialogo con Sur24, Juan Carlos Arigoni, secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales de Venado Tuerto y la región (ATM), confirmo que una de las movilizaciones “va a ser en Venado Tuerto, donde desde la Regional Sudoeste vamos a marchar hasta la Municipalidad a partir de las 9 de la mañana y hasta alrededor de las 11.30”, afirmando además que el horario de dispuso en función a la presencia de “colegios en esa zona, y hay un horario donde los chicos tienen que retirarse”.

Respecto a la modalidad de la protesta, cabe destacar que no se llevaran a cabo cortes de rutas como había trascendido días atrás, sino que “va a ser una manifestación con banderas y algunos bombos, sin bombas; una marcha pacífica”, anunciando que las movilizaciones tendrán lugar en “todos los lugares donde hay miembros paritarios”, remarcando que ellos “representan a los Foros de Intendentes y son los voceros de cada intendente y presidente de Comuna. En nuestro caso, el intendente Leonel Chiarella es miembro paritario y representante del Foro del radicalismo y no hace más que trasladar lo que ellos dicen, que no pueden pagar este aumento”.

En cuanto al reclamo de los trabajadores municipales, el gremialista sostuvo: “Lo que nosotros pedimos es que el 11% de agosto se pusiera sobre un 6% en octubre para hacer una sumatoria del 17% y ahí sentarnos a negociar a partir de noviembre. Ellos hicieron una oferta escalonada que nos lleva a una pérdida de 5 puntos y cuando a lo largo del año se va perdiendo de entre 2% y 4%, es perdida del poder adquisitivo que va al salario del trabajador”.

Además, expuso que “históricamente hemos corrido atrás de la inflación, y seguimos en ese camino de pérdida del poder adquisitivo”, augurando que “vamos a llegar a fin de año perdiendo 12 o 13 puntos respecto a la inflación, y esa es plata que el trabajador no recupera más”. 

Además de Venado Tuerto, habrá protestas en Helvecia, Reconquista, Sauce Viejo, San Lorenzo, ruta 11, entre otros. “En todos los lugares donde haya intendentes paritarios va a haber movilizaciones, en modo de protesta y repudio al ofrecimiento, y demostración de la necesidad que tenemos de que se haga una recomposición salarial acorde a la inflación”.

Activistas de la organización Greenpeace cubrieron este jueves la casa de verano del primer ministro británico, Rishi Sunak, en North Yorkshire, Inglaterra, con una tela de color negro como protesta por los planes gubernamentales de llevar adelante más perforaciones de petróleo y de gas en el Mar del Norte.

La acción se produce durante un verano marcado por impactos climáticos crecientes que incluyen temperaturas inéditas, inundaciones y otros fenómenos.

El Gobierno de Sunak fue criticado duramente por avanzar en los planes para otorgar alrededor de 100 nuevas licencias de explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte, que según Greenpeace serán catastróficos para el clima.

La organización ecologista destacó en un comunicado que “la perforación de nuevos pozos de petróleo en el Mar del Norte no hará nada para aumentar nuestra seguridad energética o reducir las tarifas de la gente. Solo el compromiso con las energías renovables y la eficiencia energética puede lograrlo”.

Un ejemplo es el campo de Rosebank, el mayor yacimiento de petróleo no desarrollado en el Mar del Norte.

El Gobierno está decidiendo si aprueba su explotación y Sunak declaró que cree que debería seguir adelante, una posición que enfureció a los ambientalistas.

Estados Unidos exigió la liberación del presidente de Níger

“Rosebank solo beneficiará a un puñado de accionistas de combustibles fósiles. El año pasado Equinor obtuvo 28,7 mil millones de dólares en ganancias”, denunció Greenpeace.

Además, resaltó que el Reino Unido pagará enormes subsidios para ayudar a las compañías petroleras a obtener grandes ganancias.

La petrolera noruega Equinor solicitó desarrollar Rosebank, con la ayuda de subsidios gubernamentales del Reino Unido. De aprobarse, “Equinor recibirá efectivamente 3,75 mil millones de libras del dinero público del Reino Unido para desarrollar el campo”, agregó la ONG.

Greenpeace también advirtió que la explotación del yacimiento de Rosebank y otros campos en el Mar del Norte creará más contaminación por CO2 que las emisiones anuales combinadas de los 28 países más pobres del mundo, según datos del Banco Mundial.

Recordó que la Agencia Internacional de Energía fue clara en que no debe haber inversión en nuevos campos de petróleo y gas si el mundo quiere cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Greenpeace recalcó que “la única manera de asegurar un suministro de energía asequible y seguro para el Reino Unido es construir más energía renovable”.

La organización instó a Sunak a tomar una decisión: “las ganancias del petróleo o nuestro futuro”.

El Gobierno de la provincia de Jujuy, decretó asueto administrativo y escolar para este miércoles 21 de junio, luego de los brutales incidentes registrados este martes feriado, en pleno Día de la Bandera.

La comunicación oficial estuvo a cargo del ministro de Gobierno y Justicia jujeño, Normando Álvarez García, quien explicó que la medida fue adoptada en atención a los acontecimientos recientes de enfrentamientos que tuvieron lugar en la provincia.

Jujuy: alrededor de 50 heridos y 17 detenidos fue el saldo de los incidentes

El propio gobernador Gerardo Morales, quien estuvo presente en la aprobación de la nueva Constitución provincial, habló con los medios este martes luego de los momentos de mayor tensión.

“Ya hemos vivido esta situación cuando nos hicimos cargo en el 2015, nos llevó meses normalizar todo. Nos habían tomado la plaza. Es lo que hicieron durante los 15 años previos a nuestra llegada, un Estado paralelo”, sentenció Morales.

Previamente, Morales habías respondido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una particular discusión vía Twitter que involucró a una serie de personalidades de alto rango.

Presidente @Alferdez, usted está a cargo de evitar los cortes y liberar el tránsito en rutas nacionales e internacionales como la 52, la 9 y la 34. Estas rutas son competencia federal. Hágase cargo de resolver eso. https://t.co/LSdOqSF6Iq

— Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 20, 2023

“Presidente Alberto Fernández , usted está a cargo de evitar los cortes y liberar el tránsito en rutas nacionales e internacionales como la 52, la 9 y la 34. Estas rutas son competencia federal. Hágase cargo de resolver eso”, escribió en la red social.

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto a sectores de la CGT como la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, resolvieron adelantar para este miércoles la movilización en repudio a los hechos ocurridos en Jujuy.

La convocatoria se iniciará este miércoles a las 13 horas en el Obelisco, para desde allí movilizarse hacia la Casa de la Provincia de Jujuy, ubicada en Santa Fe y la avenida 9 de julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizará el acto, en el que se reclamará “el cese de la represión” y “el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos”.

Tras los incidentes en Jujuy, Larreta y Bullrich se mostraron juntos para respaldar a Morales y criticar al gobierno

Junto a las dos CTA y a las corrientes internas de la CGT, otras organizaciones llamaron a marchar este miércoles en condena a la represión en Jujuy, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La movilización que estaba prevista para el jueves, y entre las demandas que exigirán en las calles incluyeron que el Estado jujeño atienda los reclamos “de aumentos de salarios” esgrimidos por “gremios docentes y estatales”, como también “el pedido de los pueblos originarios” respecto de sus tierras.

Alrededor de medio centenar de heridos, uno de gravedad, y al menos 17 detenidos fue el saldo tras los incidentes que se produjeron este martes en las inmediaciones de la Legislatura en la provincia de Jujuy.

Ante el conocimiento de lo declarado por el mandatario provincial, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a la Legislatura y hasta prendieron fuego algunos sectores y autos que estaban estacionados en las cercanías del lugar y que, previamente, usaron como escudos.

Casi 50 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 17 detenidos fue el saldo de las casi cuatro horas de enfrentamientos entre la Policía de Jujuy y los manifestantes que protestaron contra la reforma de la Constitución provincial.

Alrededor de medio centenar de heridos, uno de gravedad, y al menos 17 detenidos fue el saldo tras los incidentes que se produjeron hoy en las inmediaciones de la Legislatura en la provincia de Jujuy.

El gobernador Gerardo Morales aprobó la citada reforma, pero, minutos antes a la declaración de la nueva Constitución, se produjo una lluvia de balas de goma, gas pimienta, pedradas, palos y vallas caídas. En simultaneo, juró frente al parlamento y, en menos de un minuto, aprobó la reforma.

Tras los incidentes en Jujuy, Larreta y Bullrich se mostraron juntos para respaldar a Morales y criticar al gobierno

Ante el conocimiento de lo declarado por el mandatario provincial, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a la Legislatura y hasta prendieron fuego algunos sectores y autos que estaban estacionados en las cercanías del lugar y que, previamente, usaron como escudos.

Casi 50 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 17 detenidos fue el saldo de las casi cuatro horas de enfrentamientos entre la Policía de Jujuy y los manifestantes que protestaron contra la reforma de la Constitución provincial, indicaron medios jujeños.

Los reclamos y protestas comenzaron a las 11 de la mañana y tras el avance de la Policía, se trasladaron desde la Legislatura hacia la zona de la vieja terminal. Por otra parte, gremios se dirigieron a la Plaza para diferenciarse de la columna de manifestantes violentos que llegaron hasta incendiar y dar vuelta autos que estaban estacionados en cercanías a la Casa de Piedra.

Jujuy: el camino hacia una provincia tomada por la violencia

Los manifestantes lograron romper vidrios y avanzar sobre la Legislatura. Prendieron fuego elementos y los arrojaron en el interior del edificio.

Por su parte, efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos. Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní- fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria de la capital jujeña.

La Policía local no pudo contener a los manifestantes, algunos de los cuales ingresaron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura provincial luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas del recinto. En ese mismo momento, los convencionales dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.

Llamaron a un paro

En tanto, la CGT regional Jujuy emitió un comunicado para repudiar lo hechos de violencia suscitados y convocó a un paro general por 48 horas para este miércoles 21 y jueves 22. La central obrera local apeló a que se vuelva al diálogo como único camino al consenso. También determinaron en suspender la conferencia de prensa que estaba prevista para el miércoles a cargo de Pablo Moyano que iba a visitar la provincia.

Por otra parte, el aeropuerto de Jujuy estaba cerrado debido a un corte de ruta en la localidad de Perico, y a los aviones que tenían previsto aterrizar allí los desviaron a Salta. Además, los colectivos dejaron de funcionar por los incidentes y no se descartaba se mantuviera esa medida de fuerza preventiva, por falta de seguridad.

Más de 200 detenidos y 150 imputados hay hasta ahora por los disturbios y las protestas por los resultados de las elecciones del domingo en Paraguay, según confirmó este jueves en conferencia de prensa el fiscal general de Estado, Emiliano Rolón.

El funcionario detalló además que se conformaron tres equipos de fiscales para investigar los hechos presuntamente delictivos y los incidentes que se desataron tras los comicios.

Un equipo está encargado de investigar específicamente los hechos “vandálicos” registrados en medio de las movilizaciones que se iniciaron el lunes último y que estuvieron lideradas por seguidores del excandidato presidencial de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas.

En este caso, dijo, hay más de 100 procesados compareciendo ante el Juzgado de Garantías.

El segundo grupo indagará la denuncia del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) contra los manifestantes que se movilizaron en las inmediaciones de la institución.

La denuncia fue presentada por los hechos punibles contra la seguridad de las personas, perturbación de la paz pública, apología del delito, hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral, impedimento de las elecciones, hechos punibles contra órganos constitucionales y coacción a órganos constitucionales contra persona innominada.

Finalmente, un último equipo de fiscales tendrá a su cargo dilucidar el supuesto fraude electoral o de acceso indebido a datos, falseamiento de las elecciones, sabotaje y lesión de confianza.

“Estamos trabajando en equipos técnicos. Las informaciones que surgen a través de los medios, de las redes sociales, se tienen que procesar, no tienen rango de evidencia, pero tan pronto se tenga una visión de conjunto”, afirmó Rolón.

La Policía detalló que son 208 los detenidos por los disturbios y 70 los imputados, aunque hay otros 80 imputados por causas conexas o similares, según el sitio del diario Última Hora.

En las noches del domingo y del lunes, los seguidores de Cubas bloquearon varias rutas, atacaron ambulancias y se enfrentaron en varias ocasiones a la Policía Nacional.

Denuncian un supuesto fraude electoral en los comicios que ganó el colorado Santiago Peña por más de 460.000 votos sobre el opositor Efraín Alegre, que hoy reclamó transparencia en los números.

“Exigimos control y apertura de todas las actas. Porque sin control, la ciudadanía no aceptará como legítimo un resultado en el que no cree. ¿Por qué hay tanto miedo a que los ciudadanos sepan lo que realmente ocurrió?”, se preguntó Alegre en un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la Concertación, la alianza que lo postuló.

Cubas fue tercero, con alrededor de un 20% de los votos, y se convirtió en figura emergente del nuevo mapa electoral.

Además de tener un candidato al Senado preso por supuesto abuso sexual de una menor, la fuerza de Cubas fue denunciada hoy por la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco por un audio viralizado en el que un dirigente del partido insta a “matar indígenas” que respaldaron al oficialismo colorado.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Pozo Colorado, informó el sitio del diario ABC Color.

Con una nueva protesta frente a Casa de Gobierno, agentes penitenciarios de la provincia renovaron esta semana el reclamo por mejoras en las condiciones laborales y aumentos salariales. Lo hicieron con la presencia de guardiacárceles en la plaza pero también, con cruces plantadas que exhibían en algunos casos, la foto de penitenciarios fallecidos; en otras, la leyenda “Ni uno menos”.

Consultado por El Litoral, Martín Mazzeo, el abogado que asumió la representación de algunos de los trabajadores del sector, dijo que allí se retrataba el rostro “de los doce trabajadores penitenciarios que se quitaron la vida en los últimos tres años”. “Sólo en lo que va del año, hubo dos suicidios – acotó-; y en muchos, el acto de quitarse la vida fue en el propio lugar de trabajo”.

El letrado dijo que los magros sueldos y la sobrecarga laboral generan malestar en el personal. “Muchos están evaluando retirarse a los 25 años de servicio aunque no les convenga económicamente, antes que esperar la jubilación a los 30 años”, explicó. Y acotó que suma malestar “la falta de respuestas y el diálogo cortado con el gobierno provincial”. En el mismo sentido, adelantó que se prevén nuevas protestas para las próximas semanas.

Desde el Servicio Penitenciario, fuentes consultadas por El Litoral aseguraron que se mantiene un canal de diálogo con el sector, pero que no es a través del abogado que los representa, sino de los delegados elegidos por los propios penitenciarios. “Es ámbito de conversación existe, y se reúne periódicamente”, aseveraron.

Aun así, las mejoras salariales que constituyeron desde el inicio la principal motivación de las protestas, en la práctica, no se produjeron. Tanto a penitenciarios como al sector policial se les trasladó la misma política salarial que habían recibido el resto de los estatales.

En ambos casos, se insiste en la tarea de riesgo y alto estrés que desempeñan y que exige una remuneración diferencial. Pero ello hasta aquí, si bien fue reconocido por los funcionarios del Ministerio de Seguridad, no se ha logrado. Los penitenciarios siguen teniendo básicos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

A media mañana de este miércoles, una importante lista de puntos a lo largo del país sufrirán complicaciones en el tránsito. Dos de ellos serán en la provincia de Santa Fe.

Se esperan complicaciones en la circulación sobre distintos tramos de la autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta 11 a la altura de Tacuarendí, en el norte provincial.

El horario estimado para el inicio de las manifestaciones es a las 10 horas.

Sumado a las posibles complicaciones en el sur santafesino, a primera hora de la mañana se registraron bancos de niebla y neblina en los accesos a la ciudad de Rosario.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica probabilidad leve de chaparrones de lluvias para este miércoles en el noreste y sureste de Santa Fe.

La interrupción en el tránsito se da en el marco de una manifestación a nivel nacional, que contará con 100 cortes en todo el país durante esta mañana.

Un comunicado de la Unidad Piquetera indica que la misma tiene como eje exigir mejores salarios, empleo digno y luchar contra la pobreza, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El último antecedente de este tipo fue a mediados de marzo y anunciaron que para el 15 y 17 de mayo próximo planifican una “gran marcha”.

Durante la noche de este miércoles, en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, se registran diversos disturbios en la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

Villa Francia, en Estación Central, es el lugar que concentra hasta el momento los hechos de mayor violencia. Dos buses fueron quemados por encapuchados. El ataque se registró en Avenida 5 de Abril con Las Rejas.

Carabineros informó que en la misma zona se han registrado ataques con bombas molotov a carros policiales que custodian la zona en 5 de Abril con Manuel Rivas.

La institución policial informó que en Villa Francia un cabo primero resultó herido a bala en un glúteo, debiendo ser trasladado en helicóptero al Hospital de Carabineros. Se encuentra fuera de riesgo vital y hasta el recinto hospitalario también se trasladó el general director de la institución, Ricardo Yáñez.

#EstaciónCentral: Encapuchados prenden fuego a bus del transporte público, cortando el tránsito en el sector de 5 de Abril con Las Rejas.Prefiera vías alternativas y circule con precaución.#LaPrevencionEsNuestraEsencia pic.twitter.com/bGB3OQIbkG

— Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 30, 2023

De acuerdo a fuentes policiales, la lesión se produjo en momentos que un carro policial fue atacado con bombas molotov en 5 de Abril con Manuel Rivas, momento en el cual los policías perdieron el control del vehículo blindado por aceite en la calzada, chocando con un árbol. La colisión obligó a los ocupantes a descender del carro, momento en el cual son atacados a balazos, resultando herido el oficial de la 28° Comisaría.

La delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, quien monitoreó la situación desde temprano, también se trasladó hasta el recinto. Temprano la autoridad local sostuvo reuniones con Carabineros para coordinar el trabajo de la jornada y recomendó adelantar el regreso hasta los hogares de los trabajadores.

También se registran fogatas y barricadas en Av. Grecia con Tobalaba, en la Población Lo Hermida, en comuna de Peñalolén. En el sector, los grupos también accionaron fuegos artificiales contra las policías.

En la comuna de San Bernardo, los desmanes se han concentrado en cercanías de la 62° Comisaría, donde encapuchados han lanzado bombas molotov y objetos contundentes.

Otro bus del transporte público fue atacado en Américo Vespucio con Recoleta, en la comuna de Huechuraba.

De acuerdo a un balance preliminar de las autoridades, se reporta que han sido detenidas 41 personas por distintos hechos. Además, hay cuatro civiles lesionados de menor gravedad, que pertenecen a medios de comunicación.

Durante la noche también se registraron barricadas incendiarias en la Ruta 78, específicamente en el peaje salida a Melipilla, por lo que desde la autopista recomendaron tomar la salida a Pomaire como desvío para quienes se dirigen a la costa o a Santiago.

Durante la jornada las empresas que administran los recorridos informaron de los distintos desvíos que ocasiona la fecha.

Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, y sus aliados en el gobierno más derechista de la historia de Israel, son los impulsores de la reforma que, según críticos, “atenta contra el Estado de derecho”.

La reforma prevista por el primer ministro Benjamin Netanyahu ha generado amplio rechazo nacional e internacional. Decenas de miles de israelíes se manifestaron este 27 de marzo frente al Parlamento israelí, mientras los trabajadores lanzaron una huelga nacional este lunes en una en una dramática escalada del movimiento de protesta masiva destinada a detener el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para reformar el poder judicial.

Nación invitó a Santa Fe a ser parte del encuentro con la compañía nacional de agua de Israel

El caos paralizó gran parte del paísy amenazó con paralizar la economía. Los vuelos procedentes del principal aeropuerto internacional sufrieron retrasos, grandes cadenas de centros comerciales y universidades cerraron sus puertas, y el mayor sindicato de Israel llamó a sus 800.000 afiliados a dejar de trabajar en la sanidad, el transporte, la banca y otros sectores.

Los diplomáticos abandonaron sus puestos de trabajo en las misiones extranjeras, y se esperaba que los gobiernos locales cerraran los centros preescolares y las escuelas. Así como también se esperaba que los gobiernos locales cerraran centros preescolares y recortaran otros servicios. El principal sindicato de médicos anunció que sus afiliados también irían a la huelga.

La creciente resistencia al plan de Netanyahu se produjo horas después de que decenas de miles de personas salieran a las calles para protestar contra el plan. Miles de personas salieran a las calles de todo el país en una espontánea manifestación de ira tras la decisión del primer ministro de despedir a su ministro de Defensa después de que éste pidiera frenar la revisión de la ley.

Al grito de “el país está en llamas”, algunos manifestantes encendieron hogueras en la principal autopista de Tel Aviv, cerrando la vía principal autopista de Tel Aviv, cerrando la vía y muchas otras en todo el país durante horas.

Los manifestantes volvieron a concentrarse el lunes ante la Knesset, o Parlamento, convirtiendo las calles que rodean el edificio y el Tribunal Supremo en un mar de banderas israelíes azules y blancas salpicadas de pancartas del Orgullo Arco Iris. Grandes manifestaciones en Tel Aviv, Haifa y otras ciudades atrajeron a miles de personas más.

“Esta es la última oportunidad de detener este avance hacia una dictadura”, dijo Matityahu Sperber, de 68 años, que se unió a un grupo de personas que se dirigían a la protesta frente a la Knesset.

No estaba claro cómo respondería Netanyahu a la creciente presión. Algunos miembros de su partido, el Likud, dijeron que apoyarían al primer ministro si hacía caso a las peticiones de detener la reforma. El plan impulsado por Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, y sus aliados en el gobierno más derechista de la historia de Israel.

Israel en una de sus peores crisis internas. Ha desencadenado que han galvanizado a casi todos los sectores de la sociedad, incluido el ejército, donde los reservistas públicamente que no servirán a un país que vira hacia la hacia la autocracia.

Los disturbios en que degeneraron algunas de las manifestaciones del jueves en Francia contra la reforma de las pensiones dieron lugar a 457 detenciones que llevaron a cabo las fuerzas del orden, entre los que hubo 441 agentes heridos.

Las cifras las dio este viernes el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que en una entrevista al canal CNews señaló a la extrema izquierda como la responsable de los actos de violencia que se produjeron al margen de las marchas organizadas por los sindicatos contra la reforma del Gobierno.

Los sindicatos celebraron durante el jueves la novena jornada de protestas en menos de dos meses. La tensión fue máxima en Francia durante toda la jornada. En París, individuos vestidos de negro y encapuchados lanzaron proyectiles a las fuerzas del orden durante el recorrido entre la plaza de la Bastilla y la Ópera. En otros puntos, se usó la basura acumulada en la calle para provocar incendios.  Los agentes respondieron lanzando gases lacrimógenos para poder dispersar a la multitud.

En la última semana, se han arrestado a centenares de personas acusadas de montar barricadas en plena calle y de atentar contra el mobiliario urbano. Los manifestantes han acusado a Macron de “querer desacreditar las protestas”.

Philippe Martinez, el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), ha querido dejar claro que los grupos extremistas son una minoría y que la mayoría de las protestas son pacíficas: “Lo que no está organizado es muy marginal”.

El pasado miércoles, el presidente Emmanuel Macron intervino para defender una vez más su reforma de las pensiones, lo que calentó más los ánimos de los franceses. Como respuesta, los manifestantes se agolparon de nuevo en las calles y están dispuestos a continuar con las protestas.

Francia y el Reino Unido decidieron el viernes (24.3.2023) aplazar la visita del rey Carlos III, prevista inicialmente a partir del domingo, por las actuales protestas contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron.

“Los Gobiernos francés y británico (…) tomaron esta decisión para acoger a su majestad el rey Carlos III en las condiciones que corresponden a nuestra relación de amistad”, reza una declaración del Elíseo, que no precisa ninguna nueva fecha para la visita.

El rey Carlos III recibió a Volodímir Zelenski en el palacio de Buckingham

El soberano británico tenía previsto iniciar en Francia su primer viaje al extranjero desde su llegada al trono. El lunes (27.3.2023) estaba previsto que participara en un homenaje en el Arco del Triunfo y en una cena en el Palacio de Versalles, antes de viajar a Burdeos el martes.

Francia: séptimo día de protestas contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron

Sin embargo, la convocatoria de una nueva movilización el martes contra la reforma de las pensiones ha obligado a Londres y París a aplazar la visita a una fecha aún por confirmar, máxime cuando las últimas protestas degeneraron en disturbios.

Los franceses y las francesas salieron a la calle hoy en la séptima jornada de protestas contra la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, a quien los sindicatos le han pedido reiteradamente que “consulte al pueblo” antes de seguir adelante con la iniciativa.

Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. El rechazo se plasmó en una serie de masivas protestas desde el 19 de enero y unas huelgas en los transportes y el sector de la energía.

Sin embargo, por el momento estas acciones no lograron la retirada del proyecto, que se debate actualmente en el Senado (cámara alta) y deberá aún pasar por la Asamblea Nacional (cámara baja) para un voto final.

“Es la recta final”, dijo Marylise Leon, la secretaria general adjunta del sindicato CFDT. “Todo se juega ahora”, declaró en una entrevista a la emisora Franceinfo.

La tensión sobre la reforma alcanzó su máximo nivel esta semana tras las negativas de Macron a reunirse con representantes de los sindicatos, lo que provocó un “gran enojo”, según Philippe Martinez, líder del sindicato CGT.

“Cuando hay millones de personas en las calles, cuando hay huelgas y todo lo que obtenemos de la otra parte es silencio, la gente se pregunta: ¿Qué más tenemos que hacer para que se nos escuche?”, dijo el líder sindical, pidiendo un referendo sobre la reforma de las pensiones.

“Ya que está tan seguro de sí mismo, el presidente de la República debería de consultar al pueblo. Veremos cuál es la respuesta del pueblo”, propuso.

“Imploro a quienes dirigen este país que salgan de esta forma de negación del movimiento social”, insistió su homólogo de la CFDT, Laurent Berger.

La policía prevé que entre 800.000 y un millón de personas acudan durante la jornada a las 230 protestas organizadas a lo largo del territorio.

Poco después de las 17.30, la CGT estimó a AFP que unas 300.000 personas se manifestaron en la capital, mucho menos que el martes, cuando tuvo lugar la última protesta.

Los gremios franceses se manifestaron una vez más en contra de la reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron. Los manifestantes alegan que los planes de elevar la edad jubilatoria es una amenaza a todo el modelo social.

Se trata de la sexta jornada de huelga contra la reforma jubilatoria desde el 19 de enero en la segunda economía de la Unión Europea (UE). Los huelguistas bloquearon la expedición de combustible de todas las refinerías

Según los sondeos, dos de cada tres franceses se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

El Gobierno plantea que elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población.

La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.

En esta nueva jornada los sindicatos esperan sacar “más de dos millones” de personas a la calle.

Con el servicio de trenes y el transporte público de París “muy perturbados”, el gobierno llamó a los franceses que puedan a trabajar desde casa.

Sin embargo, con un 60% de los maestros de educación infantil y primaria en huelga y miles de escuelas cerradas, muchos de ellos se vieron obligados a buscar alternativas para el cuidado de sus hijos.

Una quinta parte de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y alrededor de un tercio de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto de Orly.

Se esperaba que no hubiera trenes a Alemania y España, y los que van y vienen de Gran Bretaña y Bélgica se reducirán en un tercio. Mientras que la mayoría de los trenes de alta velocidad y regionales no funcionan.

Aunque el objetivo es bloquear la economía, el impacto económico de las huelgas será “limitado”, según los analistas del banco ING, para quienes, incluso en caso de largos bloqueos, no será superior a 0,2 puntos porcentuales del PIB.