(Luciano Andreychuk) - (*) “Los prostíbulos son Guantánamos de cercanía. Y La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande de la historia”.

(*) Carmen Calvo, jurista, profesora universitaria y política española.

En la Santa Fe de 1895, hace exactamente 128 años, la prostitución estaba regulada por ordenanza. Era legal, pero sólo en las llamadas “Casas de Tolerancia”, hoy un eufemismo para no caer en las “impúdicas” expresiones tales como burdeles, puteríos o quilombos.

Era aquello algo así como el “Barrio Rojo” de Ámsterdam, en Países Bajos, sector famoso por su historia, sus dinámicas culturales y por ser uno de los barrios más liberalizados del mundo en cuanto a la prostitución, pero salvando las distancias del tiempo y del espacio histórico.

En los burdeles santafesinos de fines del siglo XIX, estaba prohibida la entrada de menores “de ambos sexos”. Si alguno era encontrado allí, podría recaer sobre el encargado o regente una multa de cinco pesos moneda nacional. Incluso debía intervenir el Defensor Público de Menores.

Todo esto consta en los digestos históricos de la Municipalidad de Santa Fe, un compendio de normas y ordenanzas que permiten ver cómo se organizaba la sociedad de aquel entonces; qué se permitía y qué no; cómo se vivía en aquella ciudad de calles adoquinadas, tramways, y carros tirados a caballo.

También estaba prohibida la entrada a cualquiera de estos establecimientos de personas que padecieran alguna “enfermedad contagiosa” (hoy, infecciones de transmisión sexual, ITS).

Y cada encargado debía presentar al municipio una completa nómina de las personas que los habitaban, con designación del nombre, patria, edad y estado de cada una de las prostitutas. Si se aumentaba el número, también se tenía que informar.

A su vez, los regentes que admitieran mujeres en calidad de inquilinas, huéspedes, sirvientas u obreras que ejercieran la prostitución clandestina, debían pagar una multa de 25 pesos moneda nacional por la primera vez. Incluso podían dictaminarse desalojos y cierres de estas casas. Lo clandestino estaba penado con arresto y celda.

Cada regente debía inscribir las prostitutas y, por orden de fecha, los ingresos y las salidas de sus “clientes”. No se admitían mujeres embarazadas, ni mucho menos darles el ejercicio de la prostitución. Cada mujer debía tener su correspondiente boleta de sanidad. Una médico municipal visitaba regularmente a las meretrices para hacerles controles por controles de natalidad y, sobre todo, por eventuales infecciones venéreas.

Las prostitutas -debían ser mayores de 20 años- que trabajaban en un Casa de Tolerancia, no podían mostrarse en las puertas de las calles, en las ventanas ni en balcones de la casa que ocupaban. Tampoco llamar a transeúntes ni utilizar cualquier tipo de provocación sexual.

La misma prohibición regía cuando estaban fuera de su horario de “trabajo”, en las calles o paseos públicos. A los teatros no podían concurrir con “trajes deshonestos”. Cada prostituta llevará consigo un retrato en tarjeta fotografiada conteniendo al dorso el timbre de la Intendencia, su nombre, el número de orden que le correspondía en el Registro de Inspección, la calle y el número de la Casa de Tolerancia que ocupaba.

Toda mujer prostituta enferma “de mal venéreo” y diagnosticada por el médico municipal, no podía permanecer en la casa. Para la curación, la Intendencia solicitaba una sala en el hospital, y se destinaba un local especial para esa mujer, la cual, claro, no podía seguir ejerciendo la prostitución. De no dar aviso de su enfermedad venérea, una meretriz estaba sujeta a pagar 50 pesos moneda nacional.

Es interesante analizar la expresión “Casas de Tolerancia”, o los prostíbulos en una ciudad lejana, que ya yo existe, pero que se deja ver por los entresijos de la historia. ¿Tolerancia a qué? ¿Al adulterio legitimado socialmente? ¿Tolerancia a contraer una infección de transmisión sexual? ¿Tolerancia a una expiación de culpas por una infidelidad?

Esa “tolerancia”, ¿aludía acaso a la mirada complaciente de la sociedad conservadora de aquel entonces, que aceptaba en algún punto que una persona “consumiera” prostitución? ¿Era esa expresión la forma de cuidar, proteger las formas, usos y costumbres de la “moral pública”?

Podría verse desde el anverso. Aquella prostitución regulada, normativizada, era el resguardo a la prostitución clandestina, que hoy cunde en la Argentina. Según datos actuales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la mayoría de las sentencias con condenas firmes -un 72%- fueron por explotación sexual. La prostitución lleva a la trata de personas, y a un círculo vicioso de la cual una mujer explotada sexualmente termina siendo esclava.

Existe la letra de un tango nuevo que describe desde un prisma diáfano esto último, y que alude a las prostitutas: “Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noches le rezan a un santo, que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, ‘garpando’ la cuota de su soledad, Un Dios Cafisho les tiene la mano, y con ella esa trampa de brillo mortal”.

(Por Joaquín Fidalgo) – María Altagracia Henriquez Mota fue detenida el pasado martes en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de San Nicolás, en un operativo de la Policía Federal. Estaba prófuga desde mediados de 2019 y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 3 millones de pesos para quien ayudara a capturarla. Está acusada de explotar sexualmente al menos a cinco mujeres, entre las que figuran dos de sus hijas. Ella fue indagada este viernes por el fiscal federal que tiene en sus manos la causa, el doctor Gustavo Onel.

El doctor Onel sostiene que María Altagracia era cómplice de un conocido proxeneta que ya fue condenado en 2021: José Luis Vega. Este hombre fue sentenciado a 5 años y medio, y enviado al penal de Marcos Paz, por “explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”.

Para el fiscal, Henríquez Mota -junto con Vega- habría acogido a S.D.P. y A.M.M. (se reservan las identidades por tratarse de víctimas) en el prostíbulo que funcionaba en calle Alvear al 1300 de la ciudad de Rafaela, con la finalidad de explotarlas sexualmente, desde una fecha no precisada y hasta el 9 de mayo de 2018, cuando Gendarmería allanó el edificio.

En el marco de la investigación, también se supo que la mujer, antes de cometer los mencionados delitos en Rafaela, había tenido como “último domicilio conocido en calle 39 Nº 1957, localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe”.

La mujer fue hallada por las fuerzas policiales en un domicilio de la localidad de San Nicolás.

El funcionario determinó también que lo mismo hizo María Altagracia con otras tres mujeres (P.R.H., Y.J.L. y A.R.H.) hasta el 25 de mayo de 2019, cuando se produjo un segundo allanamiento en el mismo local clandestino.

Cayó la dominicana que vivió en Venado y tenía pedido de captura internacional

Según se habría establecido, Vega era quien proporcionaba el domicilio para que las mujeres residan y ejerzan la prostitución. La mujer, por su parte, sería quien organizaba y administraba el local.

Durante el allanamiento de 2019 a la casa de calle Alvear los gendarmes incautaron preservativos con y sin uso, geles íntimos y documentación con anotaciones relacionadas a cifras diarias, gastos, deudas y referencias.

Para la Justicia, se habría demostrado que, en ese domicilio, los acusados obtuvieron un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los “pases” realizados por las víctimas. La documentación encontrada comprobaría que las mujeres explotadas aportaban la mitad de lo que recibían por sus servicios. El valor de cada pase en aquel momento oscilaba entre los 400 y los 1.500 pesos.