El Poder Ejecutivo plantea prorrogar parcialmente la Ley de Emergencia en materia de Seguridad para sostener la vigencia del régimen extraordinario de personal policial que permite la reincorporación a la fuerza de efectivos retirados. Durante los dos años que la ley estuvo operativa y según pudo confirmar El Litoral, 88 retirados volvieron a la actividad.

El mensaje enviado por el gobierno a la Legislatura plantea que dicho régimen se encuentra "en plena ejecución y con consecuencias jurídicas consolidadas", por lo que "se estima necesario otorgar continuidad normativa a dicha situación, a fin de preservar el vínculo jurídico con el personal ya reincorporado y mantener en funcionamiento los mecanismos extraordinarios que resultaron eficaces en el refuerzo institucional de la Policía y el Servicio Penitenciario".

Aclara el texto que la prórroga solicitada "responde exclusivamente a la necesidad de consolidar un régimen excepcional en materia de recursos humanos, sin introducir modificaciones a su alcance originario".

El objetivo, se advierte, es "fortalecer las capacidades institucionales de la Policía y del Servicio Penitenciario, consolidando una herramienta que ha demostrado utilidad operativa, manteniendo el respeto por el derecho vigente y la seguridad jurídica del personal comprendido"

La prórroga parcial se propone por el término de doce meses, y podrá extenderse por única vez por igual plazo "si subsisten las circunstancias fácticas que lo motiven".

Se estipula, por otra parte, que "la ley aplicable a los beneficios jubilatorios del personal reincorporado al servicio efectivo o que se reincorporen a partir de la vigencia de la nueva ley, se determinará de conformidad a la normativa vigente a la fecha del primer cese de la prestación de servicios". A los fines del cálculo del haber de retiro se computarán los nuevos servicios prestados acorde a la situación de revista al momento del cese en el marco del presente régimen, pudiendo incrementar su porcentual, si hubieran obtenido ascenso durante este período.

La nueva norma fija que los reincorporados mantendrán la ley vigente al primer cese y podrán mejorar su haber si obtuvieron ascensos.

En la última sesión de la Cámara baja, la diputada Celia Arena (PJ) reclamó que se constituyese la Comisión Bicameral de Seguimiento, para que desde el Poder Legislativo se pudiese controlar la ejecución de la ley.

A su criterio, la comisión de seguimiento "sigue siendo necesaria incluso en una prórroga parcial, porque es nuestro deber conocer los criterios para reincorporaciones o desvinculaciones dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente tras dos años de medidas excepcionales", concluyó.

La Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó la prórroga de la emergencia social, educativa y sanitaria en medio de una negociación política llevada adelante por Unidos para lograr los dos tercios de los votos que habiliten el tratamiento sobre tablas. Fue en el marco de una sesión donde hubo cruces fuertes entre actores políticos no solo por la discusión de la emergencia sino por temas de agenda nacional como la necesidad de una ley de financiamiento universitario y el nuevo sistema de pasantías médicas.

Somos Vida, el sector que conduce Amalia Granata, votó en contra de todas esas iniciativas al igual que Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y Fernanda Castellani y Ximena Sola (Pro- Unidos) mientras que sobre el tema emergencia provincial sumaron a Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) y a la izquierda del Frente Amplio por la Soberanía. En cambio, el Pro votó a favor de la norma provincial.

Sobre emergencia, el peronismo se dividió: Miguel Rabbia, Juan José Piedrabuena y Verónica Baró Graf habilitaron el tratamiento sobre tablas y votaron a favor al igual que Alejandra Rodenas. En cambio, Hacemos Santa Fe que se encolumna con Omar Perotti no dio los votos para el tratamiento rápido y se abstuvo en el proyecto de ley.

A la hora de discutir darle un año más de emergencias al Poder Ejecutivo en tres áreas hubo variadas voces si correspondía o no. Es allí donde el oficialismo utilizó argumentos basados en el impacto que tienen los recortes de políticas nacionales en el territorio santafesino. Para los que se opusieron a las facultades extraordinarias, se consideró que tanto la Ley de Presupuesto vigente como la Ley de Administración Financiera tienen facilidades para actuar ante situaciones apremiantes.

Las butacas retapizadas esperan la convención en la vuelta de Diputados a sesionar.

"Tiendan puentes, sean generosos, sean más dialoguistas" imploró sobre el cierre del debate de emergencias el justicialista Marcos Corach. Antes, había señalado que ante la cantidad de emergencias que tiene el Ejecutivo, tal vez sea conveniente modificar la Ley de Administración. "Pensemos, seamos creativos" desafió para advertir que el Ejecutivo dejó vencer la ley anterior y al día siguiente mandó el mensaje que en un solo día sancionó la Legislatura.

Habrá que señalar que varios ministros estuvieron el miércoles en Legislatura hablando con los diferentes bloques. Fabián Bastia (Gobierno) se sentó en el Senado con representantes de ambas cámaras. José Goity (Educación) estuvo en Diputados y también se la vio a Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano).

Todos los sectores conocían el apuro del Ejecutivo y también de Legislatura que inició anoche el receso parlamentario debido a que este viernes es el Día del Empleado del Poder Legislativo.

Las butacas retapizadas esperan la convención en la vuelta de Diputados a sesionar.

La Legislatura funciona prácticamente a demanda del Poder Ejecutivo y ha perdido gran parte de la iniciativa. La emergencia fue defendida con argumentos y números por los radicales Silvana Di Stéfano y Marcelo González así como por la socialista Gisel Mahmud. Di Stefano enfocó la alta demanda que tienen los efectores de salud así como la mayor demanda de alimentos de sectores sociales, especialmente adultos mayores. "El 60% de los jubilados nacionales de Santa Fe cobran haberes por debajo de la línea de pobreza" afirmó.

Fabián Palo Oliver (FAS), Amalia Granata, Armas Belavi, Argañaraz, Silvia Malfesi fueron en contra de las facultades extraordinarias y Celia Arena fundamentó la abstención del perotismo.

En el medio, la ex ministra Claudia Balagué (FAS) marcó diferencias con el titular de Educación, Goity y no compartió utilizar el rótulo catástrofe educativa. "No hay catástrofe educativa, sí hay problemas que se abordan con políticas públicas; la salida no es con emergencia". Antes había señalado que formar docentes, comprar libros, alfabetizar se puede hacer con el presupuesto del ministerio.

Además, Balagué validó las evaluaciones nacionales, dijo que hay que respetarlas e incluso sembró dudas sobre las mediciones provinciales "hay que ser muy cuidadosos en cómo se contrata para esto" advirtió señalando que es un camino ya iniciado por Mendoza y Misiones.

El Poder Ejecutivo provincial se encamina a solicitar una prórroga a la Legislatura santafesina para el envío del proyecto de presupuesto 2025. La decisión es una consecuencia casi directa del discurso enunciado por el presidente Javier Milei el domingo, respecto de la proyección de gastos y recursos para el año que viene, a nivel nacional.

"Prácticamente, hay que reescribir el presupuesto de Santa Fe", confió una fuente de la Casa Gris a El Litoral para graficar la incidencia del discurso presidencial en la redacción de las estimaciones locales. Y ello será así, no sólo por las variables macroeconómicas que se develaron y que operan como parámetros para el presupuesto local – aun, cuando se hayan planteado de manera sobre o subestimada-, sino también por el impacto que generará en el ámbito local la política fiscal de la Nación, y por los recursos que serán girados desde ese ámbito a la provincia, a la luz del "ajuste" anunciado y después relativizado. Sólo si la mirada se posa en la inflación proyectada, los especialistas advierten que para alcanzar la meta del 18% anual, debería registrarse una inflación promedio del 1,4% mensual. El guarismo resulta inverosímil a la luz de la coyuntura actual.

Por todo, y según se conversó en la reunión de gabinete que presidió el gobernador este lunes, la decisión será pedir una prórroga -probablemente de treinta días- para el envío del mensaje al parlamento. Según el plazo constitucional, el proyecto debería ser girado antes del 30 de setiembre. El de 2025 será, además, el primer presupuesto que redacte ciento por ciento la gestión actual. El del año en curso había sido elaborado de manera conjunta y en transición, con los responsables de la gestión de Omar Perotti.

En medio de la puja que mantiene la actual gestión de gobierno con el Poder Judicial en general y con la Corte en particular, uno de los datos que no pasó desapercibido en el encuentro de gabinete, fue el aumento de partidas que ha solicitado el sector para el año que viene.

En la previa de la confección del presupuesto, todas las áreas, Poderes y organismos formulan sus pedidos al Ministerio de Economía en función de las necesidades que pretenden satisfacer. Pero la requisitoria que formuló el Poder Judicial, sorprendió. Es que según confió una fuente de la Casa Gris a este medio, se solicitó un aumento del presupuesto del 348%. Ello implica prácticamente triplicar los recursos, respecto de los asignados en 2024; un año que, de enero a agosto, lleva acumulada una inflación del 93,7%.

La cifra causó sorpresa y fue puesta bajo la lupa; es que, precisamente, la actual gestión cuestionó desde el primero día "por cara e ineficiente" a la justicia santafesina.

En paralelo, los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario han advertido acerca de una justicia "al borde del colapso", por las vacantes que representarían el 30% de los juzgados. Como viene informando El Litoral, los pedidos de renuncia se han precipitado, previo a la reforma previsional que fue sancionada el jueves pasado. En el mismo escenario de tensión y conflicto, el sindicato de Trabajadores Judiciales le ha solicitado formalmente una audiencia al ministro de Gobierno, Fabián Bastía, para reclamar por la firma de un centenar de decretos que tienen paralizada la designación, promoción y ascensos de entre 300 y 400 agentes.

Por Resolución General 11/2024, la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe dispuso que los saldos a favor generados por el pago de cuotas del Impuesto Inmobiliario de los años 2022 y 2023, sobre partidas categorizadas con "desastre agropecuario", podrán compensar los saldos a favor en las cuotas del impuesto correspondientes al presente año.

Es la primera vez que en la provincia se reintegran o permiten utilizar saldos a favor de impuesto inmobiliario rural a quienes fueron declarados en desastre y habían pagado el impuesto.

La medida de la API alcanza a las emergencias dictadas por los decretos 20/2022, 80/2022, 2476/2022, 623/2023 y 1887/2023, según la resolución dictada con fecha 4 del presente mes.

El artículo 1 de la decisión considera "ingresado en término el Pago Total Anual del impuesto Inmobiliario del año fiscal 2024, para las partidas rurales y suburbanas con Desastre Agropecuario alcanzadas por las disposiciones del decreto 1887/2023, cuando el pago se efectúe haste el 30 de abril de 2024".

El segundo artículo de la resolución señala que "los contribuyentes alcanzados por el Desastre Agropecuario en los términos de los decretos 62/2023 y 1887/2023 que realizaron pagos por el impuesto inmobiliario correspondientes a las cuotas de los períodos fiscales 2022 y 2023, podrán realizar la compensación de pagos mediante la aplicación web".

Los interesados pueden consultar detalles de cada situación y de la mencionada resolución ingresando en www.santafe.gov.ar/normativa/ - Tipo de Norma: Resoluciones - Organismo: Administración Provincial de Impuestos, Número: 0011, Año: 2024 y buscar.

En aquellos casos que el saldo a favor antes referido se haya generado a partir del Pago Total Anual, se podrá solicitar su reintegro.

Asimismo, "se establece la prórroga del Pago Total Anual 2024 del Impuesto Inmobiliario para este universo", señala la decisión oficial.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prorrogó hasta el 1 de diciembre la interoperabilidad de los QR para cobrar con tarjeta de crédito.

La decisión fue adoptada por el Directorio de la entidad y es la segunda postergación que sufre esta medida

El plazo original vencía el 1 de septiembre, pero fue pospuesto hasta el lunes 16 de octubre, a pedido de Mercado Pago y ahora otra vez fue extendida su entrada en vigencia.

Que los códigos QR sean puedan ser utilizados por todas las empresas que brindan este servicio es una medida reclamada por los bancos que generaron el sistema MODO.

“La disposición establece que los comercios que exhiben un código QR para cobrar con tarjetas de crédito deberán aceptar que los clientes puedan realizar los pagos con cualquier billetera digital interoperable, independientemente de la marca del QR”, dijo el BCRA en un comunicado de prensa.

Además, sostuvo que “los adquirentes y agregadores que ofrecen el servicio no podrán discriminar en las comisiones y plazos de acreditación de los fondos al comercio según la marca de billetera que ordenó el pago”.

En el mismo sentido, la medida estipula que cuando los adquirentes o agregadores también sean aceptadores de pagos con transferencia deberán ofrecer a los comercios un único código QR que contemple todos los instrumentos de pago.

Según el BCRA “esta norma mejora la experiencia de pago para las personas ya que hasta ahora la interoperabilidad de los QR estaba limitada a los pagos con transferencia (PCT)”.

El Gobierno de Venado Tuerto informa que la apertura de sobres con las ofertas para la construcción, mantenimiento y explotación comercial de una playa de estacionamiento de camiones ha sido prorrogada hasta el martes 15 de agosto, a las 10, en la sala de reuniones del Palacio Municipal.

La presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 9 del mismo día en mesa de entradas de la Secretaría de Desarrollo Económico, Belgrano y 25 de Mayo.

Los pliegos de condiciones generales y especiales del concurso público de ofertas están disponibles en la página web municipal (venadotuerto.gob.ar/ licitaciones).

Cabe recordar que esta playa, cuyo predio deberá contar con una superficie de entre dos y seis hectáreas, subsanará el inconveniente que generan los vehículos de gran porte estacionados fuera del radio permitido, siendo una opción para los camioneros y facilitando el ordenamiento circulatorio en la ciudad.

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El Gobierno nacional, a través de la Resolución 186/2023, publicada en el Boletín Oficial, prorrogó por un año la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que vencen en 2023. También afecta a los certificados que vencían en 2022 y que ya habían sido extendidos.

Las dificultades que refiere el organismo son las decenas de pedidos de familiares y pacientes que, ya desde fines de 2022, vienen reclamando que no hubiera que renovar este documento, clave para la cobertura de un medicamento o para el derecho a viajar sin cargo en transporte público.

La campaña, impulsada en las redes sociales, apunta a las complicaciones en la renovación: los certificados suelen ser expedidos por dos años y los turnos con la Junta Médica Evaluadora pueden tener siete meses de demora, lo que obliga a comenzar la ronda de trámites casi apenas obtenido el CUD.

Certificado de discapacidad: implementan cambios para simplificar y optimizar el acceso

Se trata del primer paso de implementación del plan de mejora en la Certificación que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció el organismo.

La ANDIS instituyó el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: “Se trata de una propuesta integral con el fin de mejorar los procesos y la normativa vigente para la Certificación de la Discapacidad, a partir de la optimización administrativa, la amplificación del despliegue territorial y el fortalecimiento del rol proactivo del Estado en la vinculación y acompañamiento de las personas con discapacidad”.

Por ello la mencionada agencia nacional consideró que con la oficialización de la prórroga de vencimiento de certificados fue “el primer paso efectivo hacia la implementación de este Plan que se está desarrollando, y se adopta ante las dificultades que se han experimentado en algunas jurisdicciones con el objetivo que ninguna de las prestaciones que derivan de la vigencia del CUD se vea interrumpida como el sistema de prestaciones básicas, gratuidad del servicio de transporte público, entre otras”.

Discapacidad: buenas intenciones legislativas sin recursos ni responsabilidades

En este marco, se Instruyó a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios para que se proceda a la implementación administrativa y operativa de la presente medida, y realice las acciones necesarias a tal efecto. “Asimismo, corresponde instruir a dicha Dirección Nacional a fin de propiciar la notificación del presente acto resolutivo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por intermedio de la Dirección Ejecutiva de esta AGENCIA, como así también a los organismos y jurisdicciones responsables de evaluar y certificar discapacidad”, se comunicó en la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

En Argentina se estima que unos 5 millones de ciudadanos tienen algún tipo de discapacidad, el 55% son mujeres y 45%, varones. De este total, 8 de cada 10 están desocupados.

Dentro de ese universo, según el último anuario estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hay más de 3.744 argentinos con CUD que buscan empleo y no lo consiguen.

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A través de la Resolución 144/2022 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio argentina confirmó que habrá una nueva prórroga en el programa Ahora 12. Se sumarán nuevos productos, cuáles son las novedades de la nueva etapa del programa de fomento al consumo.

El Ministerio de Economía confirmó que extenderá hasta el 30 de junio de 2023 la vigencia del plan Ahora 12 para compra en cuotas con tarjetas de crédito. La novedad es que se suman al programa celulares de producción nacional, que tendrán financiamiento de 3, 6 y hasta 12 cuotas.

La medida se hizo oficial este lunes a través del Boletín Oficial, por medio de la Resolución 144/2022 de la Secretaría de Comercio, que integra el Ministerio de Economía.

Por lo tanto, el Ahora 12 (creado en 2014) tuvo varias prórrogas a través de estos años. Se confirmó entonces que el programa de fomento al consumo interno seguirá vigente hasta el 30 de junio de 2023 en todo el país.

Desde la Secretaría de Comercio, con Matías Tombolini al frente, aseguraron que el programa puede extenderse nuevamente, una vez alcanzada la fecha de finalización actual.

En la Resolución 144/2022, se especifican los nuevos alcances de la extensión del programa, vigente por los próximos 6 meses. Se incorporaron al plan oficial los teléfonos celulares con tecnología 4G, siempre y cuando sean aparatos producidos en el país.

Según lo dispuesto, los consumidores podrán adquirir bienes y servicios con un financiamiento de 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los proveedores y comercios que se encuentren adheridos a dicho Programa.

El límite disponible para las financiaciones en cuotas estará determinado por el tope fijado por la emisora de la tarjeta de crédito con cada uno de sus usuarios.

Las tasas directas del programa se calcularán a partir de la Tasa Nominal Anual equivalente al 85% de la tasa de plazos fijos que establezca el Banco Central para personas humanas, para las imposiciones a 30 días, de hasta $10 millones.

Horas de incertidumbre se vivieron durante el fin de semana en el negocio de la carne, tras la decisión de frigoríficos de la Región Centro (agrupado en las cámaras AFIC de Córdoba, CAFRISA de Santa Fe y CICER de Entre Ríos) de iniciar este lunes una medida de fuerza que consiste en no recibir hacienda y el martes no faenar ni distribuir el producto, en repudio a la negativa del gobierno de rever la fecha de inicio del troceo que reemplazará a la tradicional media res.

Mientras se desarrollaban negociaciones de último entre los frigoríficos “consumeros” y autoridades del gobierno nacional, para evitar un posible desabastecimiento de carne bovina como consecuencia de una medida de fuerza, desde la Secretaría de Agricultura informaron una nueva fechar para el inicio de la resolución conjunta Nº 4/2021, de los ministerios de Trabajo, Producción y Agricultura, que establece la comercialización de carne bovina en trozos no mayores a los 32 kilos.

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que, atendiendo a los pedidos presentados por las provincias respecto a la necesidad de fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística, ha decidido prorrogar, de forma extraordinaria, por 75 días la implementación de la resolución 2/21, referente al troceo de carnes”, indicó la cartera. De esta manera, se extiende el plazo hasta el 15 de enero de 2023 con el fin de que las provincias y los actores que componen la cadena terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación de esta medida.

Desde su publicación, un amplio sector de la cadena cárnica que incluye a frigoríficos, matarifes y carniceros, han planteado reparos y conforme se aproximó la entrada en vigencia solicitaron más tiempo para adaptar la infraestructura y la logística de distribución.

En las últimas horas se conoció una convocatoria al sector por parte de la Secretaría de Agricultura para este lunes a las 15hs, encuentro al que no habrían sido invitadas las entidades en pie de lucha.

En declaraciones a una emisora santafesina, el vicepresidente de CAFRISA, Antonio D’Angelo, explicó que la reglamentación de la norma recién se conoció la semana previa, por lo que existen muchas dudas. Por eso, para no “cometer errores”, se decidió para la actividad.

“Hay aspectos técnicos poco claros, que pueden confundir a los frigoríficos sobre cómo se debe realizar”, indicó. Y anticipó que mañana martes por la tarde, las tres cámaras volverán a evaluar la situación y se determinará qué hacer los siguientes días de la semana. “Se aspira a tener contacto con el gobierno”, admitió.

En cambio, el presidente de FIFRA, Sebastián Bendayán, también hizo declaraciones esta mañana en otra emisora y advirtió que tras el lanzamiento de la medida de fuerza “no recibimos una comunicación oficial por parte del Gobierno nacional ni tampoco salió nada en el Boletín Oficial sobre una posible prórroga o suspensión”. Al encuentro de hoy en la sede de Agricultura, sólo habrían sido invitadas plantas bonaerenses.

“En estos momentos, yo diría que el 80% de la industria frigorífica consumera no está en condiciones de trozar”, afirmó D’Ángelo. Esto se deba a que no tiene la mano de obra necesaria, los camiones adaptados ni el frío o el lugar físico para el troceo. “Son cortes que se deben hacer en espacios grandes con mano de obra calificada”, dijo, y confirmó que “la mayoría de los frigoríficos no lo han cumplimentado”.

El industrial santafesino puso el foco en la resolución conjunta: “se charló solamente con la cámara ABC, que justamente es la que no tiene nada que ver con esto y la que no se ve afectada, pero no llamó a las otras cuatro cámaras nacionales”.

Si bien coincidió en la necesidad de aliviar a los operarios, que hoy cargan sobre su espalda medias reses que pueden superar los 100kg, D’Ángelo sostuvo que la instrumentación es mala. “Debe llevar una adecuación de la industria, que no se puede hacer en un mes, seis o un año; no se puede hacer una modernización en un año, no existe eso”, dijo, referencia al largo trabajo que requiere el cambio (más capacidad de frío, operarios para el troceo, adaptación de vehículos de reparto).

“Por eso la industria consumera está pidiendo que autoricen a bajar por medios mecánicos”, sostuvo. Pero advirtió: “lo raro es que esa palabra ‘medios mecánicos’, que en un comienzo existía (en la resolución), luego se borró; no existe hoy”. En cambio, se indica que debe salir trozado de la planta “y este punto es el que encierra algo raro”.

El ejecutivo planteó otra duda que genera la norma, que habla de negocios mayoristas y minoristas, pero Senasa refiere a plantas ciclo 1 y ciclo 2. “Esta es una de las dudas técnicas que estamos planteando”. Además, planteó que no saben si un supermercado se considera mayorista o minorista. “Si es minorista no podría recibir media res; pero si lo fuera sí; hay dificultades técnicas en lo expresado”.

El Litoral

La ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, confirmó este miércoles que la emergencia sanitaria fue prorrogada hasta fin de año en todo el territorio. ¿Qué implicancias prácticas tiene esta medida?

“Implica que la pandemia por Covid-19 aún no ha terminado”, señaló, categórica. “Si bien vemos otro panorama desde la epidemiología y desde lo sanitario (menos contagios, pocas internaciones), aún estamos haciendo muchas prácticas que tienen que ver con el territorio”.

La titular de la cartera provincial recordó que sigue muy activo el plan de vacunación, de planificación, prevención en atención primaria de la salud (APS): “Durante la pandemia dimos vuelta la mirada que siempre fue la nuestra, la de trabajar en territorio y cercanía; pero en ese momento hubo que reforzar las terapias porque la enfermedad que nos azotaba así lo requería”.

Ahora, la prórroga de la emergencia “tiene que ver con la decisión de sostener a todas las personas que tanto y tan bien trabajaron en la pandemia”.

En definitiva, se trata de contar con una herramienta que agilice los procesos administrativos en caso de ser necesaria la compra de más insumos, por ejemplo, frente a una eventual nueva ola de coronavirus, y a disponer del personal del área sanitaria.

“Hoy se está hablando en todo el mundo de la agenda post pandemia, que no terminó pero nos permite empezar a ver otra realidad. Estamos viendo cómo reacomodamos, reordenamos, pensamos el futuro y como insertamos a estos agentes en la nueva coyuntura que viene a futuro”, expuso Martorano.

Por último, recordó que entre las acciones que se desarrollan con fuerte presencia territorial figura la vacunación Covid que permite evitar que los casos evolucionen a un cuadro de gravedad. En ese sentido evaluó como alta la respuesta para completar esquemas con las dos primeras dosis, en tanto que la tercera tuvo una adhesión del 65 % y la cuarta, solo de un 20 % hasta el momento. “Esas cuatro dosis son las que nos van a permitir salir de esta situación, y pensar a futuro y probablemente en una vacuna anual”.

Mario Cáffaro El Litoral Con dictámenes de comisión y sin debate, la Cámara de Diputados sancionó una nueva prórroga a la 13.666 y por ende continúa “el estado de emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años”. La emergencia declarada suspendió “la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de tierras contempladas” en dicha emergencia. La ley 13.666 fue promulgada en diciembre de 2017 y declaró la emergencia hasta el 28 de febrero del 2020; otra ley prorrogó dicho paraguas hasta el 1 de marzo de este año y ahora, con la promulgación que hará el Ejecutivo en los próximos días lo llevará hasta marzo del 2024. En esta ocasión el trámite legislativo fue abierto por el Poder Ejecutivo en el Senado y el propio Ejecutivo habilitó el tratamiento del tema en el presente período de sesiones Extraordinarias. Diputados completó ahora el trámite. La ley 13.666 fue la primera que prorrogó la ley 13.334 que había establecido un plazo de cinco años para regularizar la situación de esas tierras y en esos primeros cinco años apenas diez familias pudieron completar el trámite de regularización. El tema en 2018 para el dictado de la ley 13.666 lo tomó la entonces diputada justicialista Claudia Giaccone que logró la prórroga a pedido del Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (Moprofe). En ese entonces, la legisladora justificó el mayor tiempo de plazo en parte por no haber contado con la divulgación necesaria y por la imposibilidad de muchas familias con una economía muy inestable, de hacer frente al valor de las declaraciones juradas que deben firmar el titular, más dos testigos, ante juzgado o escribanos. Esta primera prórroga determinó que de no ser viable la gratuidad, el Estado debería asumir su costo. También incluyó allí la creación de una comisión de asesoramiento al Ministerio de la Producción donde además de funcionarios estatales y legisladores la formen un representante de las asociaciones y/o entidades representativas y/o asesoras de los pequeños productores e indígenas que cuenten con personería jurídica o el movimiento que las represente. Esta comisión de asesoramiento al Programa de Regularización Dominial funciona en el Ministerio de la Producción y debe realizar un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en territorio provincial y diseñar propuestas para regularizar la posesión. Esta comisión la preside el Ministro de la Producción con la participación de representantes de otras áreas del gobierno (Gobierno, Hábitat, Catastro, Justicia) más un representante  de las entidades o asociaciones que representen a las pequeños productores y un representante de cada cámara legislativa. Este programa de Regularización Dominial debe, además, realizar todos los actos y trámites que resulten necesarios y conducentes para resolver los conflictos por tenencia precaria de la tierra; determinar los inmuebles rurales en situación de irregularidad o conflicto dominial y la búsqueda de antecedentes que resulten necesarios para solucionarlos; prestar asesoramiento legal para los pequeños productores, trabajadores rurales, campesinos e indígenas que tengan problemas con su situación dominial; promover iniciativas de saneamiento de títulos de dominio sobre inmuebles rurales; articular con las Municipalidades y Comunas y organizaciones de productores con personería jurídica las estrategias conducentes a la detección, asesoramiento e intervención de casos sobre tenencia precaria de tierras rurales que presenten conflictos legales; coordinar las relaciones con las áreas gubernamentales comprometidas con la temática en cuestión y con los Juzgados Comunales; intervenir ante los organismos públicos competentes en los casos en que los beneficiarios no puedan hacer frente a las erogaciones que demanden los trámites pertinentes, para su contemplación a los fines de que no haya impedimentos económicos para la realización de la acreditación correspondiente y  generar propuestas legislativas y ejecutivas conducentes al ordenamiento catastral y territorial. También por ley funciona un Registro Personal de Poseedores donde están inscriptos las personas que invoquen y acrediten la posesión de inmuebles rurales en conflicto de tenencia.

Diputados unificó tres iniciativas y solicitó “el urgente traslado de aquellos detenidos cuyo número exceda la capacidad para la cual está habilitada la comisaría 12 de Santo Tomé” donde días atrás se produjo otra fuga masiva de personas. Los autores de los pedidos fueron Fabián Palo Oliver (UCR), Betina Florito (Somos Vida Santa Fe) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia Santa Fe).

El presidente del bloque socialista en la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco, mostró su preocupación ante la reciente acusación, en el juicio del caso Alvarado, sobre un funcionario del Ministerio de Seguridad de gestionar beneficios a bandas narcocriminales. “Para nosotros es una situación absolutamente inaceptable. No nos alcanza con la renuncia, queremos explicaciones políticas del gobernador Perotti y del ministro Lagna”, señaló. “El Ministerio de Seguridad está en una crisis muy profunda: la abrupta salida de Marcelo Sain, los allanamientos en noviembre pasado, la renuncia masiva de funcionarios, la acefalía que sufrió durante varias semanas y ahora esta nueva noticia”, destacó Blanco en relación a la salida de Horacio Lucchini, ex director provincial de Análisis Criminal Estratégico. “¿Qué antecedentes tenía esta persona para desempeñarse en ese cargo? ¿Se abrió un sumario administrativo para investigar si realmente lo que está denunciado sucedió en la práctica, si cambiaba o trocaba por plata beneficio a bandas vinculadas con el narcotráfico? Son preguntas que necesitan respuesta”, escribió en un pedido de informes aprobado por la Cámara. “El Estado debe presentarse ante la justicia. Queremos que se active una causa penal para que se llegue hasta las últimas consecuencias para tratar de desentrañar qué pasó con este funcionario y averiguar si esto era una red más amplia”, ahondó Blanco.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, presentó este miércoles en Rosario la nueva etapa del Programa Precios Santafesinos, que tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2022.

La actividad se realizó en la sede de Gobierno de esa ciudad y participaron el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano; la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht; y directivos y socios de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (CASAR).

Al respecto, Aviano manifestó: “Como habitualmente hacemos cada dos meses, corresponde prorrogar el programa y establecer una nueva etapa. En este caso, en las conversaciones que tenemos habitualmente con sectores de la industria, mayoristas y las dos cámaras de supermercados y autoservicios de la provincia, hemos hecho un acuerdo de extender el programa, no por dos meses, sino hasta el 31 de enero de 2022.

“Continuamos con 120 productos a precio único en toda la provincia, que significan un gran esfuerzo de toda la cadena para acompañar esta referencia de productos que son genéricos, no obligan a colocar una marca determinada de cada uno de los artículos de los ocho rubros que contempla, sino que cada comercio minorista elige la marca pero debe respetar el precio acordado”, agregó.

Asimismo, el secretario de Comercio Interior destacó: “Es muy importante para nosotros, en un contexto de complejidad y con normativas nacionales vigentes hasta el 7 de enero, este anclaje de precios en más de 1400 productos. Todos los programas de precios que estaban siendo instrumentados en las provincias continúan con su vigencia. Seguimos con los mismos rubros, almacén, panificados, bebidas, lácteos, carnes, frutas y verduras, artículos de limpieza y productos para celíacos”.

Aviano también informó que “habitualmente hacemos inspecciones por incumplimiento de comercios en el programa Billetera Santa Fe; en el caso de Precios Santafesinos los supermercados adheridos, que están detallados en la página web de la provincia, cumplen porque es voluntario y por eso destaco el esfuerzo del sector privado, minorista, mayorista y de industrias que nos están acompañando. Al programa hay que fortalecerlo en dos niveles: por un lado, sumar mayor cantidad de industriales que puedan proveer productos fabricados en la provincia y, por otro lado, haremos una fuerte campaña de señalización ya que a veces el consumidor está en un comercio y no sabe que tiene Precios Santafesinos y compra otros productos”.

Por último, el funcionario provincial aclaró que “los 120 artículos tendrán una variación promedio del 6 al 7 por ciento en algunos productos, otros se mantuvieron al mismo precio. La mitad de los que incorporamos, permiten la colocación en góndola de artículos regionales que en algunos casos están un 15% más abajo del precio congelado por la resolución N° 1050 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación”.

Por su parte, el presidente de CASAR, Sergio López, indicó que “cada vez que hacemos las actualizaciones tratamos de acomodar los precios y acordar. Esto es un acuerdo entre las partes correspondientes, no nos imponen y eso es importante porque podemos cumplir. El consumidor pide información, que el producto esté en góndola, por eso vamos a lanzar una campaña muy fuerte para que los artículos estén visibilizados, identificados y en góndola, porque estamos cansados de que haya acuerdos y a veces los productos no llegan. Este programa Precios Santafesinos nos dio la posibilidad de poner en valor los productos locales, que son los mejores”.

En julio del corriente año la legislatura provincial convirtió en ley un proyecto del Poder Ejecutivo que establecía eximiciones en el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, cuotas del régimen simplificado, impuesto de sellos e inmobiliario y tasas retributivas de servicios, para sectores afectados por la pandemia.Dichos beneficios caducan a fin de setiembre y el Gobierno provincial pretende extender el plazo de vigencia de los mismos. “Hemos recepcionado pedidos en este sentido de la mayoría de los sectores invoucrados y evaluamos oportuno prorrogar estos beneficios por un trimestre más para apuntalar la normalización que venimos observando en estos sectores que involucran a más de 1.200.000 contribuyentes”, señaló el ministro de economía Walter Agosto.

De aprobarse el proyecto remitido por el gobernador Omar Perotti, quienes desarrollan las actividades vinculadas a la gastronomía, hotelería, turismo y los servicios relacionados, explotación y servicios relacionados a los salones de eventos, playas y parques recreativos, servicios para eventos infantiles, peloteros, alquiler de establecimientos para práctica de deportes, jardines maternales, discotecas, sala de teatros, cines, gimnasios, peluquería, agencias de lotería y clínicas y sanatorios privados que presten servicios de internación y empresas de emergencias médicas en la medida que se encuentren domiciliados en la provincia de Santa Fe, tendrán  eximición del pago de impuestos provinciales para el último trimestre, con lo que la mayoría de éstos sectores finalizarían 2021 prácticamente sin tributar puesto que dichos beneficios están vigentes desde el 1 de abril e incluso muchos de ellos comenzaron a regir en septiembre de 2020.

Agosto señaló que la norma que se propone prorrogar también contempla la exención del pago mensual a los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, independientemente del sector al que pertenezcan, mientras que los pequeños comerciantes minoristas locales, serán eximidos de pagar los saldos de sus declaraciones juradas de ingresos brutos.

Por otra parte, el Gobierno Provincial a través de la Administración Provincial de Impuestos, dispuso un diferimiento hasta enero de 2022 del pago de los vencimientos de las declaraciones juradas de Ingresos Brutos, cuotas de régimen simplificado y de las cuotas 4 a 6 del impuesto inmobiliario, correspondientes a los sujetos afectados. También difirió la suspensión del inicio y prosecución de los juicios de apremio fiscal como la traba de medidas cautelares respecto de todos aquellos sectores.

El objetivo de la prórroga es permitir que todos los sectores alcanzados por el proyecto de ley remitido puedan gozar de los beneficios mientras se da la discusión legislativa.

El ministro de economía informó también que el Plan Especial de Pagos puesto en vigencia por el Decreto 837/2021, que permitía regularizar deudas impositivas devengadas hasta el 30 de abril de 2021, en condiciones favorables de excepcionalidad, continuará su vigencia incluyendo ahora deudas devengadas hasta el 31 de agosto del corriente año. Cabe consignar que en el marco de este régimen se podran regularizar deudas a valores históricos y con financiación de 6 cuotas sin intereses o 12 cuotas con un interés de financiación del 0,5% mensual sobre saldo.

Después de largos años de desencuentros, Municipalidad y Cooperativa Eléctrica privilegiaron el diálogo en busca de acuerdos.

Si bien en los últimos tiempos existe una mayor predisposición de la Municipalidad (Departamento Ejecutivo y Concejo) y de la Cooperativa de Electricidad para conciliar el nuevo contrato de concesión del servicio, los últimos 15 meses estuvieron condicionados por la pandemia y, sin dudas, conspiraron contra un desarrollo más ágil de las conversaciones, aunque se recurrió también a la virtualidad. Hoy, a cuatro meses del vencimiento del contrato, la sensación es que el tiempo apremia, pero no sería la primera vez. También se debatió contrarreloj en 1999, cuando la CEVT solicitó la prórroga de la concesión por 30 años a partir de su vencimiento (octubre de 2003). Exigía un tratamiento urgente ante los rumores de privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la cual pasaría a manos extranjeras. El Concejo aprobó la extensión hasta el 21 de octubre de 2021, pero enseguida estalló un conflicto con la Intendencia, que pretendía cobrar un canon anticipado, y vetó la ordenanza. El contrapunto se extendió por más de tres años, incluyendo juicios cruzados entre Municipio y Eléctrica, hasta que en 2003 se zanjó con un convenio entre el intendente Scott y la empresa, luego refrendado por el Concejo, que dejó el hueco para que el viejo texto de octubre del ’83 -renovación del contrato original- continuara vigente “en forma transitoria” hasta la redacción de las nuevas cláusulas contractuales. Pero eso nunca se hizo. Y esa transitoriedad se volvió eterna. O casi, porque ahora sí se firmaría la nueva concesión.

Ademar Aznar, presidente de la Cooperativa Eléctrica.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica, Ademar Aznar, dijo a Sur24 que “se viene avanzando en las reuniones entre los asesores técnicos de ambas partes” y que el objetivo es “conciliar un documento único”.

“Sabemos que habrá obstáculos, pero el propósito es respetar la fecha del vencimiento, así que en breve estimamos tener a disposición ese documento final”, auguró Aznar. “Ya hay varios artículos elaborados y acordados”, confió, señalando que “se podría cerrar el núcleo principal del contrato y dejar pendientes los aspectos técnicos que a veces demandan un cierto lapso de evaluación”.

Entre las probables controversias incluyó la titularidad de los bienes, aunque citó que uno de los asesores técnicos del Municipio declaró, basado en la Ley de Cooperativas, que “los bienes son de los asociados”, con independencia de los cambios en la administración de la empresa.

Luego, sobre los controles del poder concedente, aclaró: “Nosotros no rechazamos los controles, pero sí pedimos que se respete la naturaleza de la Cooperativa de Electricidad, que tiene su propia vida interna, con sus asambleas”. Y en cuanto a la tarifa del servicio, ratificó que se trabaja sobre un mecanismo que “ataría la tarifa local a la evolución del precio del Kw-h de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), con un margen que nunca podrá traspasarse”.

Respecto de los servicios anexos, el abogado consideró que “las regulaciones estarán centradas en la distribución de la energía, y en relación con los servicios anexos también se van a establecer pautas, pero no queremos que la empresa pierda su independencia, como sucedería si el concedente estableciera una excesiva injerencia en ese campo”.

Más adelante, Aznar admitió que “no hay margen, tenemos octubre muy cerca y sentimos la obligación de llegar a un acuerdo y presentar un nuevo contrato de concesión a la ciudadanía”.

Cabe acotar que los asesores del poder concedente municipal son Jorge Gurmendi y Matías Castro, mientras que por el sector cooperativo se alistan el gerente de la CEVT, Alberto Corradini; el asesor técnico Fernando Alonso; y el asesor legal Miguel Murtagh.

Germán Casalino, gerente de la Fescoe.

Otro actor relevante es la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe), cuyo gerente Germán Casalino, oriundo de Venado Tuerto, participó el último viernes, junto al asesor legal Pedro Radovan, de la reunión con los ediles en el recinto legislativo.

“Estamos satisfechos con la charla, donde expresamos las particularidades del sistema cooperativo en el marco de la concesión de servicios públicos y, en especial, destaco la apertura de la Intendencia y el Concejo, y su voluntad política de mantener la prestación del servicio eléctrico en manos de una cooperativa, que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad”, subrayó el dirigente.

“Hoy la prioridad es definir un contrato marco entre la Municipalidad y la Cooperativa, donde se acuerden la propiedad de los bienes, la política tarifaria y el control del servicio, entre otros puntos centrales, mientras que podrían posponerse anexos técnicos, como reglamento de suministro, calidad de servicio, régimen de responsabilidades”, enumeró Casalino.

Uno de los puntos neurálgicos es el de las tarifas, y el referente de Fescoe se entusiasmó con la alternativa de evitar fórmulas polinómicas que no siempre reflejan la actualización adecuada, y además implican procesos engorrosos para un marco inflacionario. En cambio, “la opción de vincular la tarifa al precio del Kw-h de la Empresa Provincial de la Energía, como ya lo hacen muchas concesionarias, es un buen instrumento. Se podría tomar ese valor de referencia y fijar que no pueda exceder el 10 por ciento, ni por encima ni por debajo”, graficó, acotando que “hoy es una buena oportunidad porque la Eléctrica tiene tarifas muy parecidas a la EPE”.

En cuanto a la propiedad de los bienes, estimó que debiera ser “un punto de fácil resolución” y acotó que las viejas polémicas respondieron más que nada a conflictos políticos. En busca de simplificar, Casalino planteó que “la infraestructura es de la Cooperativa porque la compró la masa de asociados con sus aportes a través del tiempo. Además, es lo que se denomina un ‘capital hundido’, cuyo único fin es distribuir la energía eléctrica”.

Asimismo, consideró razonable la formación de un ente municipal de control de los servicios públicos, que incluya el eléctrico, pero diferenció entre el servicio objeto de la concesión, y los anexos, como telefonía o Internet, que aunque públicos, son de jurisdicción nacional y en ellos el Municipio no tiene injerencia. Y redondeó: “Estamos en buena situación para cerrar un contrato que colme las expectativas de todas las partes y, sobre todo, de la ciudadanía”.

“En muchos puntos ya hay acuerdos, así como hay otros más conflictivos, como la propiedad de los bienes, que siempre fue un obstáculo para progresar en la elaboración del nuevo contrato, pero confiamos en un consenso beneficioso para todos”, destacó el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini. Tras elogiar la “vocación de diálogo” de todas las partes, destacó que el viernes último el cuerpo legislativo local recibió a la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe) y el martes (por mañana) tendremos otro encuentro para abordar temas específicos”, acotando que la semana próxima recibirán al Centro Comercial. “El objetivo es dialogar con todas las entidades intermedias interesadas en opinar”, expresó. “La idea es seguir avanzando para cerrar el contrato con la CEVT, basados en un núcleo estructural que abarque desde las tarifas hasta los bienes, sin descartar que aspectos técnicos puedan postergarse para una discusión posterior, pero dentro de ciertos plazos”, advirtió.

La concejala opositora Liliana Rostom contó que “hoy nos pasa lo mismo que las otras dos veces que estuvimos cerca de hacer el contrato, ya que la titularidad de los bienes vuelve a ser el problema. Aunque algunos parece que se están convenciendo de lo contrario, yo insisto en que los bienes son de los asociados y no de la Cooperativa”, ratificó, tras lo cual sostuvo que desde la empresa no se incentiva la participación de los socios en las asambleas. “Desde afuera todos cuestionan a la Eléctrica y cuando están en el poder se hacen amigos por la necesidad de inaugurar obras de iluminación y otras mejoras”, reprochó. Y alertó que “hoy el escenario se complica porque estamos entrando en una campaña electoral y el contrato no tiene más prórroga”.

A menos de cuatro meses del vencimiento del contrato de concesión del servicio de distribución de la energía eléctrica en la ciudad, hoy en manos de la Cooperativa Eléctrica, las conversaciones entre el poder concedente y la  concesionaria se intensifican. Y si bien es unánime la voluntad de la Intendencia y el Concejo de continuar el vínculo con la empresa cooperativa de Mitre y Belgrano, y todos destacan el “buen diálogo” de los últimos tiempos, sobre todo a partir de la incorporación de asesores técnicos municipales, subsisten algunas discrepancias que habrá que solucionar en las próximas semanas.

Mientras todo eso ocurre, y el debate por la nueva concesión empieza a ganar espacio en la agenda mediática local, es oportuno recordar que en la actualidad rige un contrato extendido en forma transitoria por la ordenanza 2726/99, sancionada a fines de 1999, aunque con la reforma (en uno de sus artículos) acordada en 2003. Desde entonces se adeuda la redacción de un nuevo contrato que nunca se elaboró. Tanto es así que a menos de 120 días del vencimiento de esa prórroga de 18 años, ahora es imperioso acelerar las negociaciones (ver edición impresa de hoy de Sur24) para acordar un nuevo contrato, al menos en su núcleo principal.

Alberto Turcato, ex concejal y presidente del Colegio de Abogados.

Una figura clave en el proceso de extensión contrarreloj del contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica fue el entonces concejal justicialista Alberto Turcato, quien ahora, más de 21 años después, ante la consulta de Sur24, recuerda las vivencias de esas apremiantesn jornadas: “El 10 de diciembre de 1999 había asumido como concejal y recuerdo que en esos días la Cooperativa Eléctrica ingresó un proyecto solicitando la prórroga de la concesión del servicio por 30 años a partir de su vencimiento, que operaba en octubre de 2003. Alegaban urgencia porque en cuestión de días se aprobaría la privatización de la EPE, incluso el rumor -reconoció- era que pasaría a manos extranjeras. Yo pertenecía a la agrupación ‘12 de Junio’ y luego de un discusión interna decidimos intervenir para que el Municipio no perdiera su poder concedente y se preservara como prestadora una empresa local como la Cooperativa Eléctrica”.

Y continuó: “El bloque radical iba a acompañar el proyecto de la Cooperativa tal cual había ingresado y el Ejecutivo tenía algunas exigencias, como el pago de un canon anticipado y ciertos requisitos técnicos previo a la formación de la Comisión Redactora. Si bien la pretensión del oficialismo no era ilegítima, y hasta se podía juzgar razonable, ante la urgencia yo priorizaba la prórroga de la concesión, pero reformulando las condiciones contractuales, sobre todo en la definición de tarifas e inversiones, y en el control de los servicios anexos. Así fue que ingresó mi proyecto, que proponía 15 años de prórroga, y luego se concilió con la UCR, que acompañó mi iniciativa, otorgando 18 años a partir de octubre de 2003. La comunidad valoró la decisión porque ante la ola privatizadora se priorizaban los intereses locales”, historió el actual presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial.

Luego añadió que dicha prórroga “no era irresponsable, sino que en el artículo 2 de la ordenanza 2726 (aprobada el 29 de diciembre del ’99) se disponía crear una Comisión Redactora para definir el nuevo contrato de concesión, integrada por delegados del Ejecutivo, el Concejo y la Cooperativa, en un plazo de 180 días. Y se hacía constar que la no aceptación por parte de la Cooperativa del nuevo contrato operaría como condición resolutoria de la ordenanza y la concesión otorgada, es decir que si no había nuevo contrato, la 2726 quedaba sin efecto y por ende no existía la prórroga”, detalló Turcato.

Sin embargo, disconforme con la ordenanza, que no contemplaba el suculento canon, la Intendencia la vetó y el Concejo rechazó el veto, por lo que se generó un clima hostil, jamás se formó la Comisión Redactora y se originaron juicios cruzados entre Municipio y Cooperativa. Ese escenario conflictivo se prolongó más de tres años, hasta entrado 2003, cuando ya acechaba el fin de la concesión (fines de octubre), pero el 4 de marzo el intendente Roberto Scott y el presidente de la Eléctrica, Marcelo Cacciurri, suscribieron un acuerdo que abarcaba el desistimiento de pleitos recíprocos; el reconocimiento municipal del derecho de la CEVT al uso gratuito de los bienes del dominio público afectados al servicio concesionado; el compromiso de la Eléctrica de abonar al Municipio la suma de 800 mil pesos; y las bases de un nuevo proyecto de ordenanza, promoviendo la derogación del artículo 2 de la 2726/99 -descripto más arriba- y la integración de una Comisión Redactora que “deberá constituirse a más tardar el 1 de marzo de 2003 (…) y concluirá su cometido a más tardar el 30 de junio de 2003…”.

También acordaron que “el nuevo régimen contractual de la concesión entrará en vigor a partir del día siguiente al de la conclusión del contrato de concesión hoy vigente…”, aclarando que “si a la fecha mencionada en el párrafo anterior no hubiere sido aprobado el nuevo régimen contractual, a partir del vencimiento del plazo originario del actual contrato de concesión permanecerán vigentes, en forma transitoria, todas las condiciones del contrato de concesión celebrado el 28 de octubre de 1983…”.

Estos documentos reflejan que el convenio entre Intendencia y CEVT no incluyó, como en el ’99, la condición resolutoria, sino que se dejó el resquicio para que “en forma transitoria” siguiera en vigencia el precario articulado del ’83, si por alguna causa no se redactaba el nuevo contrato. Sin embargo, ese mismo texto fue refrendado por el Concejo, en forma unánime, a través de la ordenanza 3076 aprobada el 7 de octubre de 2003.

Sin embargo, Turcato aclaró por enésima vez: “Mi voto del ‘99 no fue el que definió la prórroga, lamentablemente, porque de aprobarse la ordenanza originaria se hubiera elaborado un contrato de concesión, dejando sin efecto el de aquel entonces, que no es ni más ni menos que el que rige hoy. Pasaron casi 18 años desde que entró en vigencia la prórroga y en ese lapso hubo cambios en la Intendencia y se sucedieron distintas composiciones legislativas, pero nadie elaboró el nuevo contrato nuevo. Esta es la verdad, lo demás es ignorancia o malicia, así que jamás asumiría una culpa por un voto que, en definitiva, se volvió abstracto, un voto que no fue. Sólo puedo admitir una actitud ingenua cuando aprobé, junto con los otros ediles (Jorge Lagna, Miguel Pedrola, Noemí Rasello, Lisandro Enrico, Delfor Hernández, Esteban Stiepovich, Juan Moscoso y Roberto Meier), un convenio para salvaguardar a la ciudad de juicios millonarios, pero sin insistir en la inclusión de la condición resolutoria que hubiera dejado sin efecto la ordenanza si no se hacía el contrato en un cierto plazo. Claro que nunca supuse que esa transitoriedad se transformaría en una eternidad”, sentenció Alberto Turcato, quien asumió como edil en medio de los ardientes debates por la concesión, a fines de 1999, y completó el mandato un par de meses después de votar, en octubre de 2003, la ordenanza que convalidó el acuerdo entre la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica, y cuyos ecos aún resuenan.

El Gobierno prorrogará este viernes el DNU que fija restricciones para mitigar la segunda ola de coronavirus, con la idea de que se consolide la tendencia a la baja de contagios registrada en las últimas tres semanas, mientras analiza cómo podrían impactar las vacaciones de invierno en la futura situación epidemiológica y apuesta a sostener los controles migratorios para impedir el ingreso al país de nuevas cepas, como la Delta.

La idea es avanzar con cautela en eventuales nuevas aperturas, aún con el “optimismo” que impera en las autoridades nacionales por el descenso de casos y de camas de terapia intensiva ocupadas por Covid-19, a partir del avance del plan de vacunación y de la certeza que “dieron resultado” las medidas adoptadas a tiempo para limitar la circulación.

El presidente Alberto Fernández y su Gabinete tienen en análisis las advertencias formuladas semanas atrás por el Comité de Expertos sobre el peligro que podrían representar las dos semanas consecutivas de vacaciones de invierno y su posible correlato en una tercera ola de contagios.

Sin embargo, como el receso escolar se inicia recién el 19 de julio próximo, en principio el decreto, que tendrá vigencia durante las próximas dos o tres semanas, no contempla medidas referidas al turismo, como la reapertura de rutas interjurisdiccionales para las vacaciones de invierno, adelantaron voceros oficiales.

El DNU presidencial ya lleva dos prórrogas desde que, a principios de mayo, ingresara al Congreso la ley de Emergencia Covid: la primera fue el 22 de mayo y la segunda el 11 de junio último.

El texto de la norma establece un marco con parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario conocido como “semáforo sanitario”, con una estructura similar al proyecto de ley que tiene media sanción del Senado y está a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados, que en principio sería el martes próximo.

En tanto, el Presidente no tiene previstas rondas de asesoramiento con el Comité de Expertos porque los científicos mantienen “reuniones semanales” con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó un vocero, así como tampoco con gobernadores.

Es que la norma “tiene un piso de restricciones y, a partir de allí y eventualmente por la baja de casos y de ocupación en unidades de terapia intensiva (UTI), cada jurisdicción podrá determinar el modo de desarrollo de cada actividad”, indicaron las fuentes.

El DNU que será prorrogado este viernes “tiene el mismo texto que el proyecto de ley y no hay un escenario para aplicarle alguna medida excepcional”, agregaron.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Secretaría de Control Urbano y Convivencia informó que la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) dispuso extender nuevamente la resolución que prorroga la vigencia de los carnets de conducir en Santa Fe, más allá del vencimiento que figura en el plástico. Esta medida se enmarca en la situación epidemiológica imperante en el interior de la provincia, evitando de este modo la aglomeración de público en los centros emisores. En la resolución se destaca que la decisión administrativa rige sobre las licencias de conducir cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2021, extendiéndose la vigencia por 18 meses contados a partir de la fecha de vencimiento. – Las licencias de conducir cuyo vencimiento operó entre el 1º agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, será por el término de 12 meses. – Las licencias de conducir cuyo vencimiento esté entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de julio de 2021, se extenderá por el término de seis meses.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]