El Poder Ejecutivo promulgó y publicó en el Boletín Oficial de este lunes 25, la Ley N° 14.292 que modifica varios artículos de Ley Orgánica del Poder Judicial -10.160- especialmente en lo que refiere al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

La norma aprobada con 34 votos en Diputados -pese a que ese día faltaron dos legisladores oficialistas, y por el oficialismo en el Senado- , eleva a siete el número de ministros de la Corte -hoy son seis- y determina fehacientemente en 75 años la edad del retiro de los integrantes, o bien necesitan un nuevo aval legislativo por cinco años.

La promulgación de la norma se da a pocas horas en que habrá dos vacantes en la Corte -este fin de semana se hace efectiva la renuncia de Mario Netri y existe una nueva banca- mientras que María Angélica Gastaldi se retirará el 2 de abril venidero.

La cobertura de las vacantes hoy parece no estar en el centro de la preocupación política del Ejecutivo donde se sigue con detenimiento el minuto a minuto de la discusión por la posible declaratoria de necesidad de la reforma constitucional.

"En diciembre o principios de febrero estarán los nombres para cubrir las vacantes" se dice en Casa Gris donde no descartan que las sean cuatro los sillones a cubrir a esa altura del año. En ámbitos de la política empiezan a trascender nombres de posibles candidatos pero que no confirman al lado de Maximiliano Pullaro. "Se compone con siete ministros/as y un/a procurador/a general, debiendo esa conformación procurar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar diversa procedencia regional", dice la nueva ley en la redacción del artículo 11 de la 10.160. Lograr equilibro entre los distintos sectores políticos del oficialismo y del justicialismo, más regionalización y paridad es la clave para conocer a los candidatos a cortesanos.

Otro artículo determina que "la Legislatura de la Provincia preverá en el procedimiento llevado adelante por la Comisión de Acuerdos, la instrumentación de una instancia abierta para incluir preguntas y observaciones de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, previo al dictamen necesario para la aprobación de los respectivos pliegos". Esta normativa hace prácticamente imposible que nuevos nombres se puedan discutir antes de fin de año teniendo en cuenta que las dos últimas semanas tienen jornadas no laborales y feriados por Navidad y fin de año. Todo parece indicar que pasará para febrero para que el tema abra el año legislativo. Unidos ha definido que serán centrales para la Extraordinaria de diciembre la finalización de la votación del Presupuesto 2025 y la Tributaria del año siguiente.

El Poder Ejecutivo, en tanto, debe determinar si sigue vigente el decreto del ex gobernador Jorge Obeid que establecía cómo se hacía pública la nominación de un postulante para la Corte ante la opinión pública.

La nueva norma dispone que "los/as ministros/as y el/la procurador/a general son designados conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Provincial. Cesan automáticamente en sus funciones al alcanzar los 75 años de edad. Dicho cese no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad". Después habilita la extensión por cinco años del mandato pero con nuevo acuerdo legislativo.

También la reforma propone audiencias públicas en la Corte "en todos los asuntos jurisdiccionales sometidos a su conocimiento, con el objeto de elevar la calidad institucional, profundizar el estado constitucional de derecho y acercar la labor del cuerpo al escrutinio público, la Corte Suprema puede convocar a audiencias públicas cuando así lo dispongan la mayoría de sus ministros".

En cuanto al funcionamiento del máximo tribunal, dispone que "la Corte Suprema de Justicia cuenta al menos con dos secretarías, una de Gobierno y otra Técnica, con asiento en la ciudad de Santa Fe, a las cuales les competen las funciones asignadas por la ley, por la Corte Suprema de Justicia y, en su caso, por la Presidencia del Cuerpo. Cada una de ellas dispone de la asistencia de una prosecretaría, las que deberán tener asiento una en la ciudad de Santa Fe y otra en la ciudad de Rosario, a las cuales se les podrán delegar las funciones asignadas a los Secretarios en los términos que establezca la reglamentación".

El nuevo texto legal determina que los todos los integrantes del Poder Judicial, incluso los ministros de la Corte y el Procurador General, deben: Observar una conducta irreprochable; guardar absoluta reserva respecto de los asuntos vinculados a sus funciones; formular, antes de asumir sus funciones, declaración jurada de no hallarse comprendidos en causal de inhabilidad o de incompatibilidades. Cualquier alteración en las situaciones denunciadas en la declaración jurada debe comunicarse a la Corte Suprema dentro de los treinta días de producida; presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días de asumido el cargo y del cese en sus funciones; asistir diariamente a sus despachos, cumpliendo el horario que determine la Corte Suprema. Además de ello, los secretarios y empleados deben asistir el tiempo que sea necesario para cumplir al día sus funciones.

El ministro rosarino Mario Netri participa este martes del último acuerdo donde se elegirá el presidente para el año 2025 y desde el domingo dejará de integrar la Corte Suprema de Justicia.

Netri juró en la Corte el 12 de noviembre de 2001 junto a María Angélica Gastaldi y había sido juez de primera instancia y camarista civil y comercial en los tribunales de Rosario.

El Poder Ejecutivo, también en el Boletín Oficial, publicó la promulgación de la Ley ° 14293 de abordaje y prevención integral de la ludopatía, aprobada con el voto unánime de ambas cámaras.

El objeto de la ley es "brindar herramientas destinadas a prevenir, abordar y concientizar sobre los riesgos que existen para las personas en relación a los juegos de azar y apuestas, así como la promoción de la salud y el cuidado integral de las personas que atraviesan una situación de consumo problemático, estableciendo un marco regulatorio para la protección de los usuarios de juegos y apuestas en general", dice el artículo 1.

Con el número 19.194 fue promulgada por el gobernador Omar Perotti la ley que regula la actividad de las Ferias Multipunto, “también conocidas como Ferias Internadas, Cooperativas Comerciales o de Comerciantes, Saladas o Saladitas, estableciendo las pautas de habilitación, su autorización, instalación, ampliación, modificación y aspectos relativos a su funcionamiento”, según expresa el primer artículo de los 40 que posee la norma, divididos en cinco capítulos.

“A los fines de la presente ley, se entiende por Ferias Multipunto a aquellas que contemplan la instalación de cinco o más puntos dé venta en un mismo predio, parque o edificación, destinados al comercio de mercaderías de rubros autorizados, al por mayor o menor, ya sean explotados por sus propietarios, inquilinos y/o concesionarios y que, en su conjunto, se encuentren ligados contractual mente a un único responsable habilitante del predio, entendiéndose por tal a la persona humana o jurídica que sea titular de la habilitación municipal o comunal correspondiente”, indica el segundo. El tercero indica qué negocios no son alcanzados por la norma: “1) Los establecimientos bajo la forma de galerías comerciales; 2) Los establecimientos gastronómicos; 3) Las ferias de la economía social que organicen los municipios y las comunas”.

A principios de abril la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones que Diputados le hizo a un proyecto del senador Hugo Rasetto (UCR-Cambiemos-Iriondo) que desde hacía diez años venía impulsando periódicamente.

El expediente estuvo a punto de perder por enésima vez estado parlamentario pero fue sumado al temario habilitado por la Casa Gris para la Legislatura, con lo que hubo la chance de salvarlo del automático pase al archivo. El asunto se agregó tras un pedido personal de Rasetto a la minsitra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, que el propio legislador destacó al momento de la sanción de la ley.

El Poder Ejecutivo promulgó entre enero y diciembre del año pasado 120 leyes fruto de otras tantas sanciones realizadas por ambas cámaras legislativas, no incluyendo entre ellas la transformación en municipio de la comuna de Monte Vera ni la prórroga de la expropiación temporal de instalaciones bienes de Productora Alimentaria a beneficio de la Cooperativa de Trabajo Naranpol. Ambas normas fueron aprobadas en diciembre durante el período de Extraordinarias y aún no promulgadas por la Casa Gris.

En el repaso de los temas sancionados en el último año se da la particularidad de que haya dos leyes de Presupuesto general (2022 y 2023) así como dos respectivas normas tributarias. Es que los desacuerdos por el Presupuesto 2022 impidieron su sanción en diciembre y recién hubo aprobación en marzo. La ley Tributaria se aprobó en diciembre y recién fue promulgada en los primeros días de enero de este año.

Tras esa demorada aprobación del Presupuesto 2022, las partes tomaron una actitud diferente para la discusión sobre 2023 y la norma fue sancionada en noviembre. El ministro de Economía, Walter Agosto, dice que fue el presupuesto más discutido en la historia parlamentaria santafesina, producto de negociaciones que se iniciaron en septiembre entre esa cartera y bloques de ambas cámaras.

Pero también en el listado de leyes aparecen las autorizaciones para dos endeudamientos externos para obras de infraestructura: 35 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento para obras de defensa de la ciudad de San Javier y 7.600.000 de dólares con el Fondo Kuwaití para el Fondo de Desarrollo Árabe para la primera parte de la obra del futuro acueducto a Córdoba.

Una de las normas más discutidas en el ámbito parlamentario y especialmente con sectores de la comunidad dio como fruto la llamada Ley de Víctimas para atender la problemática de ese sector y el rol del Estado ante ellos. Pero también hubo una modificación a la Ley 5110 para incluir dentro del sistema a familiares de determinadas víctimas.

En el paquete de normas hubo algunos vetos con textos alternativos refrendados por las cámaras, trámite que ahora espera en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Ficha Limpia con algunos cambios a normas electorales vigentes a la hora de definir precandidatos o candidatos.

Entre las normas sancionadas en el último año hay al menos dos docenas referidas a recordar determinadas fechas en el calendario santafesino, declaratorias protectivas de edificios históricos en la provincia y -como todos los años- varias de expropiaciones de inmuebles para determinados objetivos.

Más de un centenar de las 120 normas se originaron en proyectos de legisladores mientras que el Poder Ejecutivo tuvo iniciativas en Presupuestos, tributarias, endeudamientos y una serie de convenios enviados para su ratificación ante las cámaras.

Las principales normas en vigencia por la tarea parlamentaria en 2022:

El 31 de diciembre último caducó la vigencia de la Ley que dispuso la Emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario y el Poder Ejecutivo no solicitó prórroga alguna. La norma se originó en proyectos legislativos -especialmente de la bancada socialista de Diputados- y fue tomado por el ex ministro de Seguridad, Jorge Lagna.

El objetivo era el uso rápido de partidas para equipar a las fuerzas policiales y agilizar determinadas compras o contrataciones. Para la oposición la herramienta no fue usada en tiempo y forma por el Ejecutivo que fue a defender su uso ante la Cámara de Diputados con el nuevo ministro del área, Rubén Rimoldi y la secretaria de Administración Financiera, Ana Morel quien fue la protagonista excluyente de la reunión discutiendo con legisladores en forma continua y opacando la presencia del titular de la cartera. Lo concreto es que a la fecha de la reunión -octubre- la ejecución de partidas era mínima. El viernes, Morel se fue del cargo, después de más de dos meses de ese paso por Diputados.

Tres de las 120 normas sancionadas en el último año fueron para imponer el nombre del ex gobernador y ex presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, a una escuela y a dos tramos de rutas provinciales.

Lifschitz falleció el 9 de mayo de 2021 debido al Covid cuando ejercía la titularidad de la Cámara Baja.

Las tres normas que lo recuerdan:

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El Gobierno Nacional promulgó este jueves, de forma parcial, el Presupuesto 2023. Fue por una observación en uno de los artículos de la ley, referido a las tarifas de energía eléctrica. De esta forma, el Poder Ejecutivo vuelve a tener una norma de gastos e ingresos tras dos años en los que no hubo legislación de repartición de partidas por desacuerdos con la oposición.

A través del Decreto 799/2022, publicado en el Boletín Oficial que promulgó la Ley 27701. “Con la salvedad” de “observar el tercer párrafo del artículo 89 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.701”, el Presidente ordenó que “se cumpla, promulgue y se tenga por Ley de la Nación” aquella normativa.

En un párrafo artículo 89 de la Ley dice que: “Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un período no mayor a noventa (90) días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”.

Ese fragmento del artículo fue definido en el ámbito del Congreso Nacional y dado que ese párrafo “regula cuestiones vinculadas con los cuadros tarifarios, las cuales no se ajustan a los marcos regulatorios vigentes, la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía, resulta potestad del Poder Ejecutivo Nacional”.

Entre esos compromisos, figuraba que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito e implementará un plan de regularización de deuda de hasta noventa y seis (96) cuotas mensuales”.

Por ello, “en virtud de lo expuesto, y toda vez que podría ser considerado como una intromisión en el ámbito provincial, ya que la regulación en el sistema de distribución de la energía eléctrica es de competencia provincial/municipal, excediendo las facultades delegadas a la Nación, resulta necesario observar el tercer párrafo del artículo 89 del proyecto de ley sancionado”.

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